martes, 28 de enero de 2020

Bravo reclama una asignatura de Igualdad obligatoria en los colegios y un control "más estricto" de clubes de alterne

ALICANTE.- La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha reclamado, frente al veto parental a determinados contenidos pedagógicos, una asignatura de Igualdad obligatoria en los programas educativos de los colegios, al tiempo que ha exigido un control "más estricto" de los clubes de alterne que "sirven de acomodo para los traficantes y de refugio para todas esas mujeres cuya vida han secuestrado".

Bravo se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum europa. Tribuna Mediterránea' que ha tenido lugar en el Hotel Las Arenas. También ha dedicado parte de su discurso a la situación de la justicia y ha pedido al Gobierno central 40 nuevos juzgados "para compensar el déficit histórico que arrastra la Comunitat".
Sobre el veto parental propuesto por Vox, la consellera ha manifestado: "Ahora que ciertas fuerzas inmovilistas exigen un veto parental a determinados contenidos pedagógicos, yo reivindico una asignatura de Igualdad obligatoria en los programas educativos de las escuelas" para educar a los jóvenes en valores de igualdad y de combate contra la discriminación.
Desde 2015, ha añadido Bravo, el Consell "ha demostrado que el dialogo interno y externo, el respeto al otro y la constante búsqueda de consensos es el mejor instrumento para llevar a cabo políticas que mejoren la vida de las personas y que propicien el desarrollo económico sostenible". "Es -ha añadido- una receta válida para el resto de España, porque para llegar a acuerdos basta con compartir los mismos valores superiores como la libertad, la solidaridad, la igualdad, la justicia y el pluralismo".
"Vivimos momentos en los que nos alarma la expansión de opciones políticas que abogan de manera irresponsable por la exclusión del otro y la priorización del interés propio como mecanismo de seguridad. Por eso debemos de trabajar para proteger a la sociedad sin exclusión alguna y con instrumentos nuevos y consensuados", ha abogado.

Por otro lado, a Bravo se le ha preguntado por su opinión sobre la prostitución y su regulación, y ha manifestado que para luchar contra la explotación sexual se necesitan reformas legales, el compromiso de todos porque "ocho de cada 10 mujeres que hoy en día ejercen la prostitución, la mayoría, lo hacen obligadas", ha lamentado.
A su juicio, "debemos ser mucho más estrictos y rigurosos en el combate y se puede hacer mucho, empezando por ser mucho más estrictos en el control de todos los lugares de alterne que rodean las ciudades y que sirven de acomodo para los traficantes y de refugio para todas esas mujeres cuya vida han secuestrado", ha afirmado.
Y ha añadido: "Deberíamos empezar a controlar más qué se ejerce y a qué actividades se dedican y establecer una normativa mucho más estricta". Bravo se ha confesado abolicionista porque no es partidaria de legislaciones que den soporte a la liberación de la prostitución: "Yo quiero acabar con la prostitución y, para eso, debemos combatir todos conjuntamente", ha reclamado.

La consellera ha dedicado parte de su discurso a analizar la situación de la justicia y ha pedido al nuevo Gobierno un pacto por la justicia porque es "inaplazable". 
"Y éste solo será posible si hay voluntad de diálogo, altura de miras. Hay que recordárselo también a la oposición, a la que reprocho que es intolerable usar la justicia o bloquear cuestiones institucionales como arma arrojadiza en el debate político".
Así mismo, ha avanzado que pedirá al Ejecutivo la creación de 40 nuevos juzgados en la Comunitat "para compensar el déficit histórico que arrastra esta comunidad".
Junto a ello, Bravo ha indicado que el Consell ejecutará el plan de infraestructuras judiciales con una inversión de más de 200 millones de euros; pondrá en marcha el expediente digital; incorporará el nuevo sistema de gestión procesal; y aprovechará los modernos programas de inteligencia artificial para aplicarlos a la Administración de Justicia.
Además, seguirá apoyando a jueces y fiscales en su labor diaria contra la corrupción política y económica y ampliará el número de Oficinas de Atención a Víctimas del Delito, al pasar de 26 a 37. "Es y seguirá siendo la mayor red de oficinas de atención de todo el territorio español que diariamente asiste a 45 personas", ha recordado.

Bankia gana 541 millones en 2019, un 23% menos, por la caída de ingresos y el alza de provisiones

MADRID.- Bankia ganó 541 millones de euros en 2019, un 22,7% menos que un año antes. En el cuarto trimestre estanco, ha registrado pérdidas de 34 millones. El descenso se explica por el persistente descenso de ingresos que viene registrando el grupo, junto al incremento de las provisiones para acelerar el saneamiento del balance. 

Con todo, Bankia ha destacado la mejora de su actividad básica en el último año (resultado core), es decir, la suma del margen de intereses y las comisiones, menos los gastos de explotación. Esta partida ha alcanzado los 1.287 millones, un 3,8% más. El objetivo de la entidad para 2019 era registrar un aumento del 5%, si bien en los últimos trimestres ya había dejado entrever que el aumento podría ser finalmente menor.
"El beneficio se ha alcanzado tras estabilizar los ingresos recurrentes y reducir los gastos en mayor medida de lo que habíamos previsto, lo que nos ha permitido un aumento del 3,5% del resultado core, que es el que mide de forma más clara la evolución del negocio bancario", ha indicado José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. Esta partida se ha acelerado en la parte final del año, de manera que en el cuarto trimestre ha crecido a un ritmo del 12% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.
El margen de intereses alcanzó 2.023 millones, un 1,3% menos. Los tipos negativos siguen pasando factura al rendimiento de la cartera de crédito del banco, con un fuerte sesgo hipotecario. Las comisiones mejoran un 1,5%, hasta 1.081 millones. Los resultados por operaciones financieras (ROF) disminuyen casi un 28%, hasta 298 millones. En conjunto, los ingresos rozan los 3.250 millones, un 3,6% menos.
Por su parte, los gastos alcanzan 1.817 millones, un 2,9% menos. La entidad ha alcanzado ya sinergias de costes de 220 millones por la fusión con BMN, más de lo estimado (el grupo descontaba lograr ahorros de 190 millones en 2020). Pese a ello, la ratio de eficiencia (gastos sobre ingresos y es mejor cuanto más baja) empeora hasta el 56% desde el 55,5% de hace un año. 
Bankia cierra 2019 con una plantilla de 16.035 empleados, un 0,7% más que en 2018. Su red se ha reducido un 1%, hasta 2.275 oficinas.
La cuenta también se ve lastrada por el aumento de las provisiones. Ante la debilidad de ingresos, Bankia ha optado por acelerar el saneamiento de su balance como vía para mejorar su rentabilidad e intentar acercarse al cumplimiento de los objetivos de su plan estratégico 2018-2020. 
Las provisiones ordinarias crecen un 15,8%, hasta 482 millones y el resto de saneamientos se incrementan un 18,3%, hasta 190 millones. Con este esfuerzo, Bankia ha alcanzado ya el 94% del objetivo de reducción de activos improductivos previsto en el plan estratégico. Los saldos no rentables representan ahora el 6,4% del balance, cerca del objetivo establecido para 2020 (inferior al 6%).
El banco ha cerrado el ejercicio con una solvencia de máxima calidad del 13,02%, tras mejorar la ratio 63 puntos en el año. Su exceso de capital sobre su objetivo del 12% se sitúa en 795 millones. Bankia prevé repartir entre sus accionistas 2.500 millones de euros en superávit de solvencia hasta 2020.
"Con esta sólida posición de capital, podemos anunciar nuestra intención de mantener el dividendo y abonar un total de 355 millones de euros a nuestros accionistas. Damos así un paso más en la devolución de ayudas a los contribuyentes", ha señalado Goirigolzarri.
La retribución con cargo a 2019 será de 11,576 céntimos por acción, lo que supone mantener la cuantía por título y elevar hasta el 65% el reparto de beneficios entre los accionistas (pay-out) desde el 50% de 2018.
El Estado, a través del Fondo de Reestructuración (Frob), controla un 61,8% del capital de Bankia. De mantenerse esa participación en la fecha del pago del dividendo, el Estado recibirá 220 millones de euros, con lo que la cifra total retornada a los contribuyentes ascenderá a 3.303 millones de euros. 
Bankia y BMN recibieron ayudas públicas de 24.000 millones durante la crisis financiera. De los 3.303 millones reintegrados al Estado, 2.122 millones corresponden a las dos operaciones de venta de capital (en febrero de 2014 y diciembre de 2017) y los 1.181 millones restantes, a los seis dividendos distribuidos por el banco desde julio de 2015.
La rentabilidad sobre el capital (ROE) está en el 4,2% frente al 5,6% de hace un año. El retorno sobre el capital tangible (ROTE) está en el 4,3%, por debajo del 5,7% de finales de 2018. Bankia ya anticipó este verano que no alcanzaría los objetivos de rentabilidad previstos en su plan estratégico para 2020. Contemplaban lograr un beneficio de 1.300 millones con un retorno sobre el capital tangible superior al 11%.

Goirigolzarri confía en seguir pese a Podemos

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, confía en que el cambio de Gobierno no afecte a su posición en el banco y cree que el próximo año será él quien presente el nuevo plan estratégico de la entidad.  
"Yo me veo dentro de un año presentando los resultados en esta casa. Mi compromiso es absoluto con el proyecto, pero depende de la confianza de accionistas y consejo", ha respondido a preguntas de los periodistas tras presentar las cuentas del ejercicio 2019.
En este sentido, el veterano banquero vasco ha dicho no haber recibido ninguna noticia del consejo ni del Gobierno sobre un posible relevo y ha negado injerencias políticas por parte del Ejecutivo.
El Gobierno también ha respaldado hoy la gestión de la actual cúpula de Bankia y ha rechazado la propuesta de Podemos de convertir la entidad en un banco público.
La ministra de Hacienda y Portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la intención del gabinete sigue pasando por la privatización de la entidad, como exige Bruselas para recuperar en la medida de lo posible las ayudas públicas destinadas en su rescate. 
Eso sí, Montero precisó que la operación se realizará atendiendo a criterios de mercado y a "precios razonables".
En relación a su plan, el presidente de Bankia ha señalado que no contempla la opción de "ampliar el perímetro actual del banco". Es decir, que la entidad descarta a día de hoy cualquier fusión u operación con otra entidad como se ha especulado en los últimos meses. "No contemplamos ninguna operación. No está ni encima ni debajo de la mesa", ha respondido a las palabras de su homólogo en el Sabadell, Josep Oliu. 

El Obispado de Segorbe-Castellón reivindica a los capellanes de hospital, cuestionados por Compromís

CASTELLÓN.-Después de que el senador de Compromís Carles Mulet cuestionara la presencia de los capellanes en los hospitales, desde el Obispado de Segorbe-Castellón se ha anunciado la celebración de la primera jornada diocesana de pastoral de salud. El encuentro tendrá lugar el sábado 15 de febrero, en el Seminario Mater Dei, coincidiendo con la celebración de la festividad de Lourdes, el día 11. 

La Diócesis cuenta con ocho capellanes que realizan su misión en el General, el Provincial, La Plana, Rey Don Jaime, y La Magdalena.
 Con el objetivo de organizar la cita, la semana pasada se celebró en el Provincial un «encuentro fraterno» entre ellos.
«Es importante relanzar esta pastoral a nivel diocesano, para conocernos y ayudarnos mejor, y poder, así, dar un mejor servicio a nuestros mayores, a nuestros enfermos y a sus familias», señalaron desde el Obispado.
Este anuncio se produce en plena polémica después de que Mulet presentase recientemente dos preguntas escritas al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para derogar el acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos pues atenta contra la confesionalidad del Estado.
Sin embargo, la consellera portavoz, Mónica Oltra, también de Compromís matizó posteriormente las palabras de Mulet, abogando por extender la asistencia religiosa a todas las confesiones.
Así, la consellera Oltra añadió que, en el caso de la Comunitat, «antes de llegar el Botànic no había departamento alguno que atendiese cuestiones de libertad religiosa y ahora hay una instrucción que garantiza los derechos de todos». 

Alicante aprueba la contratación de 71 agentes interinos para la Policía Local

ALICANTE.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la contratación de 71 agentes interinos que se incorporarán de forma inmediata a la Policía Local, según ha informado el portavoz adjunto del bipartito, el popular Manuel Villar. Los contratos tendrán un plazo de vigencia de dos años, según ha concretado el edil de Recursos Humanos y Seguridad, el también popular José Ramón González.

El edil de Seguridad ha destacado que la contratación tiene carácter excepcional y urgente y se produce con el objetivo de "reforzar nuestra plantilla, mientras se están realizando los procesos de oposiciones para la cobertura en propiedad de estas plazas. Según González, esas plazas corresponden "a la mayor oferta de empleo de Seguridad convocada por el Ayuntamiento de los últimos 30 años". 
La contratación de los Policías se realiza tras la modificación de la Ley 17/2017, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, en la que se añade el artículo 41 bis, que establece de forma excepcional, la posibilidad de realizar las contrataciones cuando concurran motivos de urgencia y necesidad, y da la posibilidad de nombrar agentes con una duración máxima de dos años, no susceptibles de prórroga alguna desde la toma de posesión, según han concretado fuentes municipales a través de un comunicado.
Los nombramientos de los nuevos agentes cuentan con un presupuesto para su contratación de 3.011.934,31 euros, y el Ayuntamiento ya ha iniciado el proceso para la cobertura en propiedad de todas las vacantes, mediante los procedimientos para la provisión de 20 plazas del turno de Movilidad, 7 plazas del turno de consolidación y 62 plazas por el turno libre, encontrándose actualmente en período de presentación de instancias. 
González ha recalcado que la seguridad es prioritaria para el equipo de Gobierno, y ha añadido que desde el área de Recursos Humanos "se ha estado trabajando en estos meses para poder llegar a la mejor solución con el gobierno autonómico, que en cumplimiento de la normativa no permitía la contratación de interinos, hasta que se ha puesto en marcha esta nueva medida y la autorización del Ivaspe, que sí permite contratar a los 71 nuevos policías". 
Los nuevos agentes reforzarán las unidades Fox, de Ocupación de la Vía Pública, de Barrios y de Tráfico. Además, el número de agentes propuestos se corresponden a 59 agentes, que se acogieron al Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración Local y que motivó la ampliación de la Oferta de Empleo Público, y doce vacantes correspondientes a la OEP de 2019.

Clasificación de ofertas en el contrato de zonas verdes

La Junta de Gobierno también ha aprobado, por otra parte, la clasificación de las ofertas presentadas en el concurso sobre el servicio de mantenimiento de zonas verdes, en el que la empresa ‘STV Gestión’ se posiciona como mejor situada para asumir la prestación del Lote 1, una vez valoradas las propuestas técnicas y económicas, con una oferta de 17,6 millones de euros. 
La Mesa de Contratación celebrada la semana pasada también propuso a Eulen como preadjudicataria del Lote 2, que corresponde a las zonas forestales urbanas y periurbanas, y el Centro Especial de Empleo Alicantino Poda la Gran Vía y Benisaudet.
Igualmente, PP y Cs han validado la propuesta de adjudicación del concurso convocado para la organización del Carnaval Adulto del ‘Sábado Ramblero’ a Producciones Artísticas Orange S.L. que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa por 30.250 euros para las dos próxima anualidades, con posibilidad de dos prórrogas anuales.
Y, por último, en la misma sesión de la Junta de Gobierno también se ha aprobado el proceso de licitación para contratar las obras de adecuación de dos locales municipales, situados en la calle Sargento Vaillo, para la creación de un centro sociocultural. 
Las obras se dividen en dos lotes, tienen un plazo de ejecución de dos meses y cuentan con un presupuesto base de licitación de 152.080 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante el programa operativo de crecimiento sostenible para la programación 2014-2020 "una manera de hacer Europa".
El edil de Infraestructuras, José Ramón González, ha destacado la importancia de "poder recuperar los dos locales que actualmente están en desuso, con el objetivo de ponerlos en valor y crear en el barrio un espacio sociocultural, con diferentes salas que se van a poder llevar a cabo con estos dos proyectos".
El primer lote consiste en las obras de adecuación del local municipal de la calle Sargento Vaillo, 28 bajo, de Alicante, con un presupuesto de 66.826,19 €, para los tres años de duración inicial del contrato, admitiéndose proposiciones a la baja. 
El segundo Lote es para la adecuación de un local municipal situado en la calle Sargento Vaillo, 30, en Planta Baja, de Alicante, con un presupuesto de 85.254,61 €, para los tres años de duración inicial del contrato, admitiéndose proposiciones a la baja.

Celaá se lanza a liquidar la educación católica en España y sólo se reúne con la escuela pública

MADRID.- Isabel Celaá insiste en atacar y marginar a la educación católica (que representa la mayor parte de la concertada, donde estudian uno de cada cuatro alumnos). Y es que la ministra de Educación quiere aprobar su proyecto de reforma educativa en breve, pues aunque recibió el visto bueno del anterior Gobierno las elecciones del 28-A pararon su tramitación, y este lunes se ha reunido con representantes de la escuela pública para informarles sobre sus planes al frente del Ministerio, según revela Hispanidad.

En concreto, a esta cita han asistido: los sindicatos UGT, CCOO y STEs; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA); la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST); la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE); la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos (Fedadi); la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE); la Fundación educativa y asistencial Cives y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) -que ha sido la única representante de la privada o concertada de titularidad privada-. 
Sin embargo, una vez más, la patronal de colegios concertados Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) han quedado marginadas, pues no sabían nada de dicha reunión.
No es la primera vez que desplanta a las organizaciones de la enseñanza concertada y católica: ya lo hizo el verano de 2018. Y a esto le siguió una burla posterior: las recibió cuando ya tenía la reforma educativa lista en enero del año pasado
La ministra de Educación y Formación Profesional no ha cambiado nada de la llamada ‘ley Celaá’ y quiere que el Consejo de Ministros la apruebe en breve. Para agilizar el proceso, seguirá sin pasarla por el Consejo de Estado, y esta vez tampoco la remitirá al Consejo Escolar porque ya vio el proyecto hace un año.
Por tanto, Celaá insistirá en atacar a la educación católica: la asignatura de religión será de oferta obligatoria, pero de elección voluntaria; evaluable, aunque no contará para la media; y no tendrá una alternativa. 
Y por si esto no bastara, habrá una nueva asignatura en la ESO: Valores cívicos y éticos, que recuerda a la antigua Educación para la Ciudadanía, y donde no hay duda de que la ideología de género (y con ello, el lavado de cerebro de los niños) tendrá un gran papel.
Pero Celaá no apuesta por una educación de calidad, sino que más bien premiará el mínimo esfuerzo. De hecho, se podrá obtener el Título de Bachillerato con una asignatura suspensa.


El alcalde de Elche y el edil de Seguridad supervisan el aeropuerto del Altet tras la borrasca

ELCHE.- El alcalde, Carlos González, y el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, han acompañado al delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Fulgencio y la subdelegada, Araceli Poblador, en su visita al aeropuerto Alicante-Elche con la finalidad de supervisar la vuelta a la normalidad del aeródromo después de la borrasca Gloria y de que una semana permaneciera cerrado al tráfico a causa del incendio de una de las cubiertas de la zona de embarque. 

González ha agradecido "el esfuerzo y la actuación impecable durante estos días de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos y los servicios sanitarios y de emergencias que demostraron una vez más su vocación devolviendo la normalidad lo antes posible al aeropuerto".
La terminal ya opera al cien por cien pese a que hay algunos puntos cerrados al tránsito de pasajeros a causa de los daños sufridos y, para ello, se ha procedido a la ejecución de trabajos de adecuación.
El aeropuerto de Alicante-Elche es el quinto de España en número de pasajeros tras cerrar 2019 con más de 15.000 millones de viajeros.

Todos los colegios deberán ofrecer 25 plazas en la admisión de alumnos

VALENCIA.- La Conselleria de Educación ha renunciado, por el momento, a la opción de bajar el número máximo de alumnos por aula de manera extraordinaria en municipios con poca natalidad, medida que ha funcionado desde el curso 2017-2018 en una treintena de localidades. El motivo está en la medida cautelar que estableció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat el pasado verano a petición de la organización Escuelas Católicas, una de las patronales de la red concertada, que en los últimos años ha recurrido las diferentes normas que han recogido esta posibilidad, informa hoy Las Provincias

En la práctica implica que todos los centros valencianos ofertarán en la próxima admisión de alumnos el número máximo de puestos escolares posible -25 por regla general- y no 23, que era el tope fijado por Educación para los centros públicos y concertados -283- de la treintena de municipios beneficiados de la medida. 
Sí cabrán reducciones especiales por otros motivos, como que el espacio total de un aula no permita llegar a 25. Y sin olvidar que todos los centros tienen puestos reservados previamente por si es preciso escolarizar a alumnos con necesidades especiales.
La pasada semana la administración presentó a los sindicatos de la mesa sectorial el borrador de las instrucciones que regirán el arreglo escolar del curso que viene, es decir, los criterios de planificación de la oferta de puestos. 
En el documento desaparece la citada opción excepcional en el apartado referido a las ratios máximas a aplicar, omisión que fuentes de la conselleria vinculan con la medida cautelar vigente.
 La decisión judicial, señalan, «impide incluir en la planificación para el próximo 2020-2021 la posibilidad de bajar las ratios en los municipios con poca natalidad hasta que no haya una sentencia firme del Supremo favorable a esta medida». 
Cabe recordar que el departamento autonómico recurrió el auto, y también la primera sentencia contraria a la bajada extraordinaria, derivada de un recurso de la patronal contra la orden que sirvió para aplicarla en el ejercicio 2017-2018. 
El fallo llegó con el curso ya terminado, por lo que no tuvo efectos prácticos. Para el siguiente (2018-2019) se procedió igual, aunque todavía no hay sentencia del TSJCV, y lo mismo sucedió con la última normativa sobre la bajada a 23 alumnos, que a diferencia de las anteriores no sólo daba cobertura al curso 2019-2020, sino también a los sucesivos.
Este último recurso se acompañó de la petición de medida cautelar citada, que se aceptó una vez la admisión ya se había cerrado, por lo que obligó a rehacer las listas de alumnos admitidos en muchos centros. 
Es decir, al suspenderse la decisión de que en 34 municipios el máximo fuera de 23 niños se volvió automáticamente a 25, por lo que los niños que se habían quedado fuera por poco -puestos 24 y 25 de la lista- tuvieron finalmente la opción de entrar en el centro elegido.
En cuanto a la próxima admisión, desde Educación todavía confían en una pronta resolución de su último recurso ante el Supremo para levantar la cautelar y que dé tiempo a poder aplicar la bajada extraordinaria. 
Si no llega, lo que es más probable, será el primer procedimiento de escolarización desde el de 2017-2018 en que no se aplique la minoración, que la administración justifica en que mejora la calidad al haber menos niños por unidad.
Además, teniendo en cuenta que se aplicaba en municipios donde se ha producido una drástica caída de la natalidad, se favorecía el mantenimiento de aulas, en el sentido de que se reducía el riesgo de no alcanzar el mínimo de niños que exige Educación para no eliminar unidades, situación que se da sobre todo en escuelas con menor demanda. 
Desde la concertada nunca vieron con buenos ojos esta vía de reducir ratios, apostando por otras alternativas como potenciar los desdobles. 
Además, para justificar su rechazo alegaron que no se había negociado en los foros adecuados y alertaron de que podía provocar trasvases de alumnos, en el sentido de que los centros más demandados, tradicionalmente concertados, perdían dos niños cada curso que acabarían escolarizados en otras escuelas con plazas libres. 
La única sentencia conocida hasta la fecha, la referida al curso 2017-2018, tumbó la medida alegando que Educación invadió una competencia estatal, por lo que no podía modificar el tope máximo de 25 alumnos por aula. 

Ley del juego, derecho civil valenciano, subvenciones y deuda, a debate la próxima semana en el pleno de Les Corts

VALENCIA.- El primer pleno de Les Corts del presente periodo de sesiones, que se celebrará los días 5 y 6 de febrero, abordará la Ley del Juego, que deberá superar la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP para continuar su andadura parlamentaria, así como el dictamen sobre la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano y dos comisiones planteadas por Unides Podem y Vox, para abordar la deuda pública y las subvenciones a "entidades catalanistas", respectivamente.

Así consta en el orden del día que ha quedado fijado tras la reunión de la Mesa de Les Corts y la Junta de Síndics de este martes. En esta ocasión, se cambia el día para la sesión de control al presidente al miércoles por la mañana por motivos de agenda, ya que Ximo Puig tiene previsto un viaje institucional.
El portavoz de Ciudadanos (Cs), Toni Cantó, ha celebrado que Puig "tenga a bien después de dos meses someterse al control parlamentario" y la de Vox, Ana Vega, ha criticado que no haya sido incluida en el orden del día su proposición no de ley en la que defienden implantar el conocido como 'pin parental' en la Comunitat Valenciana.
La diputada responsable de Educación, Llanos Massó, ha criticado que el orden del día ha salido de la Mesa con interpelaciones y comisiones "para que la proposición del pin no pudiera estar". 
"A los partidos del Botànic cuando les vas a hablar de libertad les da bastante miedo y lo suelen rechazar, y a PP y Cs les da miedo tener que definirse claramente", ha agregado.
Desde el Botànic, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que había mociones subsiguientes y comisiones que había que tramitar por una cuestión de plazo para cumplir el reglamento y ha destacado que no hay ninguna proposición no de ley: "Por eso esas iniciativas y no otras".
Además de las citadas iniciativas, Cs se interesará por el reparto de publicidad institucional, por las infraestructuras dañadas por el temporal 'Gloria', por la exención del valenciano en la Vega Baja y por la situación económica de À Punt
Unides Podem, por su parte, preguntará sobre el proceso de reversión de los hospitales, ha avanzado su portavoz adjunta, Beatriu Gascó.
La síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, ha explicado que en el pleno también se designarán nuevos miembros para la asamblea de Caixa Ontinyent, aunque Cs ha renunciado al que le corresponde y hay un plazo de 24 horas para volver a presentar nombres.

También ha explicado que han presentado al resto de grupos una proposición en la que se exige al Gobierno central el pago de los 281 millones correspondientes al IVA de diciembre de 2017 y que señala que en el caso de que no se abonen en tres meses se emprenderán acciones legales contra el Ejecutivo.
Compromís ha indicado que ya incluyeron esa petición en su lista de demandas al Gobierno central, ha recordado que ese pago lo dejó pendiente Mariano Rajoy y se ha mostrado abierto a negociar una propuesta más amplia que hable también de infraestructuras y especialmente de medidas urgentes en las Cercanías.
Desde el PSPV Mata ha destacado el "morro" del PP al exigir ese pago que data de época de los 'populares' y ha subrayado que figuraba en los presupuestos de 2019 que rechazaron. Ahora, ha dicho, el Gobierno lo pondrá en los de 2020: "Montoro los quitó con una ley y hace falta una ley que nos lo devuelva".

Desde PP, Cs y Vox han criticado también que los portavoces de PSPV, Compromís y Unides Podem no estuvieran presentes en Orihuela en la constitución de la comisión de estudio sobre los efectos de la DANA de septiembre en la Vega Baja, que ha llegado a calificarse como "falta de respeto".
Unides Podem ha replicado que estuvo la portavoz adjunta y miembro de la comisión, Compromís ha destacado la "sensibilidad" demostrada al sacar de les Corts esta comisión y el PSPV ha calificado de "irrelevantes" esas ausencias. "Había más gente del Botànic que de otros partidos", ha añadido Mata.
Precisamente la 'popular' Eva Ortiz ha criticado, asimismo, la "falta de sensibilidad" que supone plantear desde el Consell que no se reconstruyan paseos afectados por el último temporal, ya que "no es la solución". Ha remarcado que esa decisión debe ser técnica.
Desde Compromís, Aitana Mas -quien preside la comisión sobre la DANA- ha instado a afrontar el futuro del litoral desde la sostenibilidad: "No se trata de jugar al lego y montar y desmontar".

Por otra parte, los grupos se han pronunciado también sobre las palabras del presidente, Ximo Puig, que ha abogado por la abolición de la prostitución en España y ha anunciado que el encargo de un informe a la Abogacía de la Generalitat para ser "todo lo contundente que permita la ley" y lograr "una tierra que ponga fin a la explotación sexual de las mujeres".
El PSPV ha destacado que es un debate "social y también jurídico" en el que "el Código Penal es muy importante", al tiempo que ha instado a atajar el problema cultural y de educación, ya que "si no hubiera clientes no habría prostitución". 
"La prostitución cero es un objetivo razonable", ha indicado el síndic.
Para Ferri habría que poner el foco no en la víctima de esa explotación, la mujer, sino en los promotores de la trata. "Es un tema de largo recorrido", ha agregado. Desde Unides Podem han incidido en ese largo camino y han apuntado que ya desde el Ministerio de Igualdad se ha anunciado que se va a trabajar contra la trata de mujeres como prioridad.
El PP ha recordado que el Pacto contra la Violencia de Género ya contempla medidas, Cs ha pedido acciones concretas porque "uno ve prostíbulos sin que nadie haga nada", y Vox ha afirmado que aunque su partido aún no ha definido la posición oficial estarán en contra de "todo lo que sea cosificar a las personas".

El Síndic de Greuges llevará a Fiscalía a los representantes públicos que no faciliten información

VALENCIA.- La Sindicatura de Greuges trasladará a la Fiscalía el comportamiento de aquellos representantes públicos, sobre todo alcaldes, que “se niegan sistemáticamente a colaborar” y a facilitar información a esta institución, y buscará su inhabilitación. 

Así lo ha anunciado el síndic de Greuges, Ángel Luna, en las Cortes Valencianas, donde ha comparecido en la comisión de Peticiones para presentar el informe anual de gestión de la institución correspondiente al año 2018.
”No es posible que algo que es tan sencillo como facilitar la información de la que se dispone, alguien se considere en una situación de privilegio de que la información es suya y que no tiene porque compartirla”, ha afirmado Luna. 
Ha dicho que en pleno siglo XXI esto, que no cuesta dinero, “no es de recibo” y por ello, la Sindicatura empezará a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 402 de Código Penal y recurrirá a la Fiscalía para denunciar esos comportamiento y buscar la inhabilitación los responsables públicos que no colaboren.
Ha asegurado que el derecho a la transparencia y a la participación es un asunto que les preocupa mucho, pues entre 2017 y 2018 se han incrementado en más de un 40 % las quejas por falta de transparencia en toda las Administraciones Publicas. 
El síndic ha situado a la pobreza, los menores y las mujeres víctimas de violencia de género como unas de sus principales preocupaciones, y ha destacado que aunque las quejas por cuestiones relacionadas con la dependencia han disminuido un 14 %, sigue habiendo un problema en este ámbito.
En este sentido, ha afirmado no saber si es responsabilidad de los ayuntamientos o de la Conselleria de Igualdad pero lo cierto es que “un ciudadano que tiene derecho a tener un programa individual de atención en materia de dependencia en seis meses, pasan dos años y no lo tiene”.
Luna también ha destacado que aun siguen esperando en la Sindicatura el Plan de Estrategia Inicial de la Infancia y la Adolescencia, pues la ley no especifica fecha para su desarrollo, y ha criticado que el regalo que se ofrece a los menores tutelados por la Generalitat cuando cumplen 18 años sea “ponerlos en la calle”. 
Otra de las preocupaciones del síndic es la puesta en marcha de la ley de la Función Social de Vivienda, pues, según ha constatado, los avances “siguen siendo muy escasos”.
Por otra parte, el síndic ha señalado que el 80 % de las quejas en educación son colectivas y la mayoría está relacionada con la finalización de conciertos educativos, aunque ha señalado que ninguna ha tenido resolución de la Sindicatura al haberse abierto al mismo tiempo actuaciones judiciales.

Denia cifra en 1,2 millones de euros los daños ocasionados por 'Gloria' en bienes públicos

DENIA.- El Ayuntamiento de Denia ha valorado en 1,2 millones de euros los daños ocasionados por la borrasca Gloria en bienes de titularidad pública.

El alcalde, Vicent Grimalt, ha indicado, este martes, en un comunicado, que se trata de la primera estimación enviada por el consistorio a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para que ser estudiada en el Consejo de Ministros.
Al respecto, ha precisado que las playas del municipio han sido las más afectadas por el temporal, especialmente las de Les Marines, en el litoral norte de la ciudad, y se valoran daños por importe de 827.000 euros.
Según el informe técnico de la Oficina de Playas, con carácter general las playas están llenas de restos de posidonia, cañas, troncos y restos de objetos diversos arrastrados por las corrientes y los fuertes vientos.
El concejal del área, Pepe Doménech, ha explicado que ha sido necesario subcontratar a dos empresas externas para ayudar en las tareas de desescombro, separación de residuos y devolución de la arena al mar.
Además, en el resto de la playa de Les Rotes, han sufrido desperfectos rampas, pasarelas y muros y se espera que todo esté limpio antes de finalizar la semana.
En el litoral de Les Marines se ha actuado ya en los accesos principales: el Entrador de Llobell, el Assagador de Sant Pere y el del Palmar, la propia carretera de Les Marines y el camí del Bassot, en la zona de Les Deveses. 
Según ha indicado Doménech, entre esta semana y la próxima se espera retirar toda acumulación de arena en estos accesos principales.
También han sufrido desperfectos los servicios e infraestructuras de las playas: papeleras, pasarelas, casetas-vestidores, paneles informativos y tuberías. El 90% de estas últimas ha sido dañado por el temporal y, en el caso de los lavapiés que instala Turisme Comunitat Valenciana, muchos de ellos han sido sepultados por la arena.
Asimismo, han incidido en que la "polémica" pasarela de madera que unía la playa de Albaranas con Bassetes ha quedado prácticamente destruida "y no se va a volver a colocar".
Pepe Doménech ha señalado que para la temporada de Semana Santa las playas estarán en buen estado, la arena habrá sido repuesta y también las pasarelas, aunque no los lavapiés.

Generalitat y Alcoi homenajean a Paco Aura, último superviviente de Mauthausen y ejemplo de la lucha contra el nazismo

ALCOY.- La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alcoi  han homenajeado, este martes, a Paco Aura Boronat en el 75 aniversario de la liberación de los 22 alcoyanos y alcoyanas recluidos en campos de concentración y exterminio nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Paco Aura fue uno de los miles de presos españoles que pasaron por los numerosos campos del horror y después de haber sobrevivido a la barbarie dedicó su vida a contar su experiencia, principalmente a colegios e institutos, para que no se perdiera nunca la memoria de las víctimas del holocausto. 
Aura falleció en 2018 poco antes de cumplir los 100 años y fue el último superviviente valenciano del campo de concentración de Mauthausen.
Precisamente, en el marco de la conmemoración, la consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, y el alcalde de Alcoi, Toni Francés, han visitado las instalaciones del IES Andreu Sempere que acoge la exposición 'Imágenes de la Memoria Democrática: el cómic como recurso didáctico'.
El centro ha descubierto una placa de adhesión a la red 'Mai Més' en recuerdo de todas las víctimas de los campos de concentración nazis.
A ese respecto, la consellera ha destacado que la educación es "imprescindible" para que los jóvenes conozcan "la verdadera historia, como paso previo para avanzar y asentar nuestra democracia".
Pérez Garijo y Toni Francés, junto al director de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico, han participado en los actos de homenaje a Aura, celebrados en el puente alcoyano que lleva su nombre.
La consellera ha incidido en que "son precisamente los más jóvenes los que tienen que conocer la historia para que no se pervierta y se cuente de maneras que no son ciertas", y ha añadido que si no se conoce "perfectamente lo que pasó en ese momento tan oscuro de nuestra historia puede volver a repetirse".
"Por eso es tan importante que los jóvenes estén hoy aquí para no olvidar ejemplos como Francisco Aura y mantener viva su memoria, saber que hubo hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la democracia que tenemos ahora", ha mantenido.
Pérez Garijo ha subrayado: "Los derechos que tenemos hoy no son inamovibles, hay que defenderlos cada día, para que no se pierdan y no se vuelva a repetir una historia tan dolorosa como la vivida en Europa y en este país".
Y ha señalado que "durante estos años no se había hecho la justicia, memoria y reparación que correspondía, situación que estamos cambiando a través de iniciativas como 'Construim Memòria', en reconocimiento de las 627 personas víctimas del holocausto nazi".
La consellera de Calidad Democrática ha afirmado que se quiere imponer "el recuerdo de las mujeres y hombres que lucharon por nuestra libertad y democracia, como garantía de futuro".

El Gobierno espera pagar en cuatro meses desde el 7 de febrero los 71 millones en daños causados por 'Gloria'

MADRID.- El Gobierno espera poder pagar en unos cuatro meses la mayor parte de las compensaciones por los daños causados por el temporal 'Gloria' durante la semana pasada, que según las estimaciones provisionales del Consorcio de Compensación de Seguros ascienden a 71 millones de euros en unos 10.000 siniestros, según un informe presentado al Ejecutivo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha informado que la intención del Gobierno es empezar a pagar a partir del 7 de febrero para en el plazo de cuatro meses tener desembolsadas las compensaciones de entorno al 80 por ciento de siniestros y ha mostrado la voluntad del Gobierno a que "el resto" se abone "en el menor plazo posible".
Así, ha dicho que las ayudas previstas por la Ley de situaciones causadas por emergencia de Protección Civil llegarán "en el mayor plazo de tiempo posible" porque el Real Decreto aprobado el pasado mes de septiembre con motivo de la DANA que afectó al Mediterráneo. "Es una buena noticia", según valora Montero, que este Real Decreto suponga un "canal adecuado" para ahora "canalizar todas estas nuevas ayudas".
La ministra portavoz ha destacado la "elevada" preparación técnica, profesional, capacidad de respuesta y coordinación de España ante las emergencias por fenómenos climáticos adversos como 'Gloria' o sobre cuestiones de salud pública, como por ejemplo la provocada por el coronavirus en China.
En ese sentido, ha incidido en que las distintas partes implicadas en emergencias han dedicado "muchas horas" para revisar protocolos, tener a punto la formación de profesionales y, por tanto, tener todo listo para actuar en caso de necesidad. "Muchas veces este esfuerzo es invisible, pero es imprescindible y fundamental", ha valorado la ministra, que ha elogiado los resortes del Estado para dar una "respuesta ágil y eficaz", ya que es en ocasiones como esta cuando se demuestra la fortaleza y solidaridad.
"El estado es fuerte, con músculo para actuar donde sea necesario. La administración es la mejor solución para dar respuesta a los problemas de las ciudadanía", ha insistido Montero, que ha dicho que el Gobierno sigue analizando "de forma exhaustiva y pormenorizada" los daños provocados por la borrasca 'Gloria'.
En este contexto, ha lamentado que 'Gloria' ha dejado 14 fallecidos, 83 heridos y dos desaparecidos, así como cuantiosos daños en toda la Península, que han sido comprobados en terreno por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado que también lo harán los ministros que tengan competencias en las cuestiones afectadas por la borrasca.
"Reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, con todas las personas afectadas y la disposición del Gobierno de poner cuando sea posible las medidas para restaurar los daños", ha añadido.
Asimismo, la ministra ha señalado que el Consejo de Ministros ha conocido informes preliminares que confirman que en la emergencia causada por Gloria participaron un total de 355 efectivos y 107 vehículos de la Unidad Militar de Emergencia, 1.800 guardiaciviles y un número similar de policías.
Al mismo tiempo, ha añadido que Cataluña activó el sistema Copernicus de observación satelital para obtener mapas de las zonas afectadas y garantizar la vigilancia de las zonas afectadas, especialmente en los ríos Ter y Llobregat.
También ha destacado la labor de los servicios sanitarios que están "volcados" en la recuperación de los heridos por 'Gloria' y de la labor de los servicios de rescate que trabaja de forma "incesante" en la búsqueda para encontrar a los dos desaparecidos.
Por último, ha afirmado que frente a los problemas reales de la gente es necesario que el Gobierno esté "activo" y adopte decisiones "en el menor tiempo posible" y esa "resolutivo" y esa es la instrucción que ha dado el presidente del Gobierno "frente a maniobras de distracción que empañan la vida política".
 "Estamos en ser un Gobierno útil para los ciudadanos, que pueda actuar en situaciones de catástrofe", ha defendido.

El Constitucional obliga al Gobierno a cambiar parte del decreto del alquiler

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra el real decreto ley de 1 de marzo de 2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, declarando nulas dos disposiciones adicionales, entre ellas la que pretendía movilizar suelo público para promover vivienda en alquiler social mediante la colaboración público-privada.

En concreto, según un avance de la sentencia, el Tribunal anula la disposición adicional primera, que pretendía reorientar el Plan Estatal de Vivienda para apoyar exclusivamente el disfrute de vivienda en régimen de alquiler y alcanzar acuerdos con las administraciones para agilizar la licencias urbanísticas.
Asimismo, esta disposición barajaba la modulación de los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda con el fin de promover los mecanismos público-privados para atender las necesidades de alquiler social y asequible, particularmente mediante la cesión de derecho de superficie sobre suelo público.
Por su parte, el Constitucional también anula la disposición adicional tercera de convenios en materia de infraestructuras cuyo objeto sea la ejecución de obras de transporte terrestre, aéreo y marítimo. La disposición contemplaba que tendrán la duración que corresponde al programa de ejecución o financiación de estas infraestructuras y que deberán incorporarse como anexo a la memoria justificativa del convenio, cuyo plazo inicial no podrá superar los diez años.
Sin embargo, el Tribunal ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP en todo lo demás, por lo que permite al Ejecutivo elaborar un sistema estatal de índices de referencia de precios para viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte a medidas de carácter fiscal.
El decreto, aprobado en marzo de 2019 y convalidado un mes más tarde en el Congreso con los apoyos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís y EH-Bildu, los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de UPN, también limitaba las subidas anuales del precio durante la duración del contrato firmado al incremento del IPC.
Asimismo, ampliaba a cinco y siete años la duración de los contratos, en función de si el propietario es una persona física o jurídica, respectivamente, y establecía la notificación sistemática de los procedimientos de desahucio a los servicios sociales, ofreciendo más tiempo para analizar las posibles situaciones de vulnerabilidad.
En el recurso interpuesto por el PP, admitido a trámites dos meses después de la convalidación del decreto, la formación alegaba que la norma no respeta el presupuesto habilitante establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, que exige la extraordinaria y urgente necesidad ni las materias vedadas a los decretos leyes, por afectar al deber de contribuir.
Los 'populares' cuestionaron la utilización de "porcentajes descontextualizados" y la ausencia de una "verdadera estadística" en las justificaciones del Gobierno sobre la urgencia para aprobar este decreto.

Las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura aumentan 13 hectómetros cúbicos en la última semana

MURCIA.- Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 390 hectómetros cúbicos, ocho más que la semana pasada, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los embalses del Segura disponen de 121 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha de año anterior pero 90 menos que la media que suele almacenar en esta época del año (480 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 34,2 por ciento de su capacidad total.
A nivel nacional, la reserva hidráulica española está al 56,3 por ciento de su capacidad total ya que los embalses almacenan actualmente 31.307 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, al aumentar en la última semana en 329 hectómetros cúbicos (el 0,6 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
Esta semana, las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela, con 11,3 litros por metro cuadrado (l/m2).
Por ámbitos, en el Cantábrico Oriental la reserva se encuentra al 89%; en el Cantábrico Occidental, al 89%; en Miño-Sil, al 89,3%; en Galicia Costa, al 90,4%; en las Cuencas internas del País Vasco, al 100%; en el Duero, al 66,9%; en el Tajo, al 48,9%; en el Guadiana, al 40,5%; y en Tinto, Odiel y Piedras, al 75,5%.
Mientras, en Guadalete-Barbate está al 49,5%; en Guadalquivir, al 45%; en la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 49,6%; en el Segura, al 34,2%; en el Júcar, al 40%; en el Ebro, al 79,5%; y en las Cuencas internas de Cataluña, al 64,1%.

Estas son las 14 zonas con mayor riesgo de inundarse en España


BARCELONA.- Ocho de las catorce zonas calientes (‘hotspot’) de la geografía costera española señaladas con alta probabilidad de inundarse con alto riesgo para los ciudadanos se han visto afectadas de gravedad a los pocos meses de la última alerta lanzada en noviembre por el Observatorio de Sostenibilidad y el Consejo General de Colegio de Mediadores de España.

Según han indicado a Vivo Seguro desde el Observatorio, los puntos comprendidos en estas zonas de costa y donde se han registrado siniestros especialmente graves en áreas barridas por la borrasca ‘Gloria’, se centran en Gijón, Bajo Urumea, Empuriabrava-Santa Margarida, Vinaroz-Peñíscola, Alaquàs-Catarroja, Gandía-Oliva, Marina Alta, San Javier-Los Alcázares, Cartagena, Bajo Andarax y Bajo Guadalhorce.
En su informe ‘Población en riesgo de Inundación en España en la franja de los primeros 10 kilómetros de costa’, el Observatorio y el Consejo destacan áreas donde fenómenos de gota fría “producen episodios de inundaciones con consecuencias que localmente pueden llegar a ser catastróficas”.
La investigación proyecta en los 10 primeros kilómetros de costa las láminas de inundación de 10, 100 y 500 años publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la cartografía de ocupación de suelo más precisa y actualizada del Instituto Geográfico Nacional.
La localización de las catorce superficies urbanizadas en los primeros 10 kilómetros con mayores riesgos de inundación abarcan estos puntos: Isla Cristina-Ayamonte (Huelva), Palmones-Guadarranque (Cádiz), Bajo Guadalhorce (Málaga), Bajo Andarax (Almería), Cartagena (Murcia), San Javier-Los Alcázares (Murcia), Costa de Marina Alta (Alicante), Gandía-Oliva (Valencia), Alaquàs-Catarroja (Valencia), Vinaroz-Peñíscola (Castellón), Empuriabrava-Santa Margarida (Gerona), Palma de Mallorca (Baleares), Gijón (Asturias), Bajo Urumea (Guipúzcoa).
Las provincias (en su franja costera) más afectadas porcentualmente para el periodo de 10 años son Cádiz, Gerona y Valencia. En términos absolutos: Valencia, Barcelona, y Gerona.
En el último año algunas de estas zonas ya han sufrido siniestros: San Javier-Los Alcázares (Murcia), Costa de Marina Alta (Alicante), Gandía-Oliva (Valencia), Gijón (Asturias).
Especial preocupación por su nivel de exposición a las inundaciones suponen campings, poblaciones vulnerables e infraestructuras críticas. 
En concreto, se observa que en la provincia de Valencia el 100% de los campings en la zona de los 10 km de costa se encuentran en áreas inundables. Se cita que en toda la Comunidad Valenciana hay tan solo 29 de estas instalaciones fuera de las láminas de inundación frente a un total de 90 existentes.
Los cálculos de los expertos recogidos en este análisis señalan, tal y como ha recogido La Vanguardia, que España tiene casi un millón de personas viviendo en zonas de inundación recurrente con el agravante especial a efectos de recuperación de los daños, que el 30% de los hogares españoles carecen de seguro de Vivienda.
La denuncia de los especialistas remarca que en muchas áreas turistificadas de la costa de Levante, Baleares y Andalucía, se han producido importantes desarrollos urbanizadores en áreas con claro riesgo de inundación. Por ello, instan a revisar todas estas situaciones y a “corregir el planteamiento territorial actual y futuro” para minimizar el riesgo de inundación.
Para dar dimensión a la gravedad de la situación, se observa que ninguna provincia costera del Mediterráneo o Atlántico sur puede considerar que su exposición al riesgo de inundación es reducido en términos de extensión de superficie afectada por la actividad humana. Solo las provincias costeras gallegas pueden “presumir”, señala el estudio, de tener una baja exposición superficial de las superficies artificiales a las inundaciones, para las láminas con los diferentes periodos de retorno.
En cuanto a afección en superficies absolutas, las provincias más afectadas son Valencia, Barcelona, Alicante, Málaga y Tarragona. El tramo con mayor acumulación de riesgo sobre las áreas urbanizadas costeras se extiende entre el sur de la ciudad de Valencia y el Cabo de la Nao, con más de 1.500 hectáreas de superficie artificial situadas sobre láminas de inundación en un tramo de costa de unos 100 km.
Como medidas urgentes, el propio Consorcio de Compensación de Seguros viene recomendando desde 2017 actuaciones urgentes para la construcción de colectores de agua pluvial de gran capacidad, la adecuación de los sistemas de alcantarillado a lluvias intensas, la construcción de depósitos pluviales, la construcción de espacios públicos inundables y de control, mejorar y los sistemas de alerta a la población.
Desde la perspectiva del sector asegurador, se hace hincapié en los riesgos y los costes del cambio climático, que obligan al seguro a adaptarse a la nueva realidad. Los estragos causados por los desastres naturales han aumentado en el mundo un 900% desde 1980. En España los daños provocados en las costas tras el paso de la última DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el mes de septiembre ascendieron a 435 millones de euros

La computación cuántica cambiará el mundo / Guillermo Herrera *

El Banco Bilbao Vizcaya, de España, que parece ser ahora el banco digital más adelantado del mundo, ya lleva seis meses hablando discretamente de la computación cuántica aplicada al sistema financiero, y nosotros sin enterarnos, a través de su sitio web de información corporativa de computación, informática y desarrollo, destinado a la educación financiera de la sociedad.

Su objetivo es impulsar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, a través de programas propios y en colaboración con terceros, con el fin de lograr un mayor conocimiento de conceptos financieros y un cambio de comportamiento en la toma de decisiones financieras.

No se trata de pedir a los bancos que se conviertan de repente en hermanitas de la caridad, sino simplemente de que sean transparentes e informen sin complejos del sistema financiero cuántico QFS que ya se está implantando en la banca disimuladamente para adaptarse a un reinicio financiero mundial que es inevitable, por mucho que traten de retrasarlo u ocultarlo.

El último de los artículos dedicado a este tema se publicó hace una semana, es decir el lunes 20 de enero. y se titula ¿Cómo puede afectar la computación cuántica a la inteligencia artificial? Otro artículo se publicó hace seis meses, el 7 de agosto de 2019, y su título es muy elocuente: ¿Qué puede aportar la computación cuántica al sistema financiero? Más claro que el agua. Nos lo explican a las claras y nosotros sin enterarnos. Si quieres esconder algo, ponlo delante de todos para que lo vean.


CARRERA CUÁNTICA

La carrera por la computación cuántica ya está en marcha. Millones de euros se destinan para desarrollar máquinas que podrían obsoletos dejar a los actuales ordenadores. La estandarización cuántica no aparecerá hasta que los ordenadores tengan las capacidades idóneas para trabajar con esta tecnología ya que requieren mucha energía y una climatización óptima.

La computación cuántica aplica a la informática los principios de la mecánica cuántica que se basan en la superposición de estados de la materia. Es la observación la que determina el estado, y por lo tanto es posible detectar a cualquier observador no autorizado.

VENTAJAS

La mecánica cuántica aplicada a la informática ayuda a personalizar los productos financieros y mejora la precisión de los estudios financieros para evitar el riesgo de los inversores. La simulación de operaciones es un elemento capital para el sector financiero, y la computación cuántica requiere menos tiempo para resolver fórmulas complejas y las resuelve con un nivel mayor de aciertos.

El uso de algoritmos cuánticos en técnicas de inteligencia artificial permitirá a las máquinas aprender de manera más acelerada. Su aplicación mejorará el desarrollo, entre otros, de sistemas de predicción, incluidos los del sector financiero. En concreto, la ventaja cuántica estriba en la posibilidad de construir modelos que serían muy difíciles de implementar en un ordenador convencional.

El uso de estos algoritmos permitiría añadir nuevas variables a los cálculos, como la sostenibilidad, para crear productos más adaptados a las necesidades de los clientes y con un impacto positivo en el futuro, reduciendo el tiempo necesario para hacerlos de días a horas.

CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad también se verá beneficiada por el despegue de esta tecnología. Para el sector financiero es capital mantener a salvo datos, inversiones y todo tipo de productos sensibles. Las organizaciones deben actuar para adoptar técnicas criptográficas que protejan la información tanto en computadoras clásicas como cuánticas.

Por ejemplo, se están explorando algunos tipos de criptografía basada en redes que resisten a los ataques informáticos cuánticos. Hasta ahora, ningún algoritmo ha roto estos métodos de codificación, lo que puede ayudar a la protección contra amenazas futuras y presentes.

ACUERDO

En España, una parte de estos avances se explorarán gracias al convenio firmado entre el BBVA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para estudiar el potencial de la tecnología cuántica.

El uso de estos algoritmos permitiría añadir nuevas variables a los cálculos, como la sostenibilidad, para crear productos más adaptados a las necesidades de los clientes y con un impacto positivo en el futuro, reduciendo el tiempo necesario para hacerlos de días a horas.

El aprendizaje automático, o ‘machine learning’, y las tecnologías de inteligencia artificial son los dos principales ámbitos de investigación en la aplicación de algoritmos de computación cuántica. Una de las características de este sistema de cálculo es que permite representar múltiples estados al mismo tiempo, lo que resulta particularmente adecuado en el uso de técnicas de inteligencia artificial.


 (*) Periodista

lunes, 27 de enero de 2020

El Gobierno abordará este martes las ayudas frente a los daños causados por 'Gloria'


MADRID.- El Consejo de Ministros debatirá este martes la evaluación de los daños provocados por la tormenta Gloria en el litoral mediterráneo y en Baleares y las posibles medidas de respuesta, explicó este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Tras una primera reunión sobre ese tema celebrada el pasado viernes, que estuvo presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes van a tener una discusión “en relación con la evaluación de daños y la respuesta a dar”, dijo Planas.
En particular, el Consejo de Ministros adoptará este martes “decisiones” y se verán también los instrumentos mediante los cuales se dará respuesta, indicó el ministro, que no precisó si el Ejecutivo estudia recurrir a la Unión Europea para solicitar ayuda.
El ministro dijo que tiene previsto desplazarse esta semana para hablar con los agricultores afectados de Almería, por los invernaderos que han sido afectados.
“No es el único sector ni la única situación”, señaló Planas, que indicó que, aunque tienen “instrumentos como los del seguro agrario”, habrá que ver qué otros instrumentos ponen también al servicio para responder a esta situación que es “excepcionalmente dura” para todos los productores”.
El pasado viernes se constataron los daños humanos y materiales causados por el temporal y se solicitaron informes preliminares a los respectivos ministerios, que serán analizados este martes, para poner en marcha cuanto antes las ayudas dependientes de la Administración del Estado.

El gobierno local de Alicante inicia la tramitación de los presupuestos para 2020

ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha firmado y entregado el proyecto de presupuestos municipales para 2020 al departamento de Intervención del Ayuntamiento, con lo que se inicia el procedimiento de su tramitación, según un comunicado del Consistorio.

Una vez elaborado el informe de Intervención, las cuentas se llevarán a Junta de Gobierno para su aprobación y comenzarán los contactos con los grupos de la oposición en busca de un acuerdo que haga posible su validación en el pleno.
Los grupos del PP y de Ciudadanos (C's), que forman el actual equipo de gobierno local, pactaron el proyecto presupuestario, cuyo montante "asciende a 261.846.879,70 euros, lo que supone un incremento de más de cuatro millones de euros sobre las cuentas de 2019, lo que se traduce en una subida del 1,62 %", indica la nota de prensa.
Las cuentas elaboradas por el ejecutivo local "mantienen la reducción del IBI aprobada el año pasado", lo que implica "un ahorro de cerca de cinco millones de euros para las familias alicantinas", afirma el comunicado.