VALENCIA.- La Sindicatura de Greuges trasladará a la Fiscalía el
comportamiento de aquellos representantes públicos, sobre todo
alcaldes, que “se niegan sistemáticamente a colaborar” y a facilitar
información a esta institución, y buscará su inhabilitación.
Así lo ha
anunciado el síndic de Greuges, Ángel Luna, en las Cortes
Valencianas, donde ha comparecido en la comisión de Peticiones para
presentar el informe anual de gestión de la institución correspondiente
al año 2018.
”No es posible que algo que es tan sencillo como facilitar la
información de la que se dispone, alguien se considere en una situación
de privilegio de que la información es suya y que no tiene porque
compartirla”, ha afirmado Luna.
Ha dicho que en pleno siglo XXI esto,
que no cuesta dinero, “no es de recibo” y por ello, la Sindicatura
empezará a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 402 de
Código Penal y recurrirá a la Fiscalía para denunciar esos
comportamiento y buscar la inhabilitación los responsables públicos que
no colaboren.
Ha asegurado que el derecho a la transparencia y a la participación
es un asunto que les preocupa mucho, pues entre 2017 y 2018 se han
incrementado en más de un 40 % las quejas por falta de transparencia en
toda las Administraciones Publicas.
El síndic ha situado a la pobreza,
los menores y las mujeres víctimas de violencia de género como unas de
sus principales preocupaciones, y ha destacado que aunque las quejas por
cuestiones relacionadas con la dependencia han disminuido un 14 %,
sigue habiendo un problema en este ámbito.
En este sentido, ha afirmado no saber si es responsabilidad de los
ayuntamientos o de la Conselleria de Igualdad pero lo cierto es que “un
ciudadano que tiene derecho a tener un programa individual de atención
en materia de dependencia en seis meses, pasan dos años y no lo tiene”.
Luna también ha destacado que aun siguen esperando en la Sindicatura
el Plan de Estrategia Inicial de la Infancia y la Adolescencia, pues la
ley no especifica fecha para su desarrollo, y ha criticado que el regalo
que se ofrece a los menores tutelados por la Generalitat cuando cumplen
18 años sea “ponerlos en la calle”.
Otra de las preocupaciones del
síndic es la puesta en marcha de la ley de la Función Social de
Vivienda, pues, según ha constatado, los avances “siguen siendo muy
escasos”.
Por otra parte, el síndic ha señalado que el 80 % de las quejas en
educación son colectivas y la mayoría está relacionada con la
finalización de conciertos educativos, aunque ha señalado que ninguna ha
tenido resolución de la Sindicatura al haberse abierto al mismo tiempo
actuaciones judiciales.
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