MADRID.- Isabel Celaá insiste en atacar y marginar a la educación católica (que
representa la mayor parte de la concertada, donde estudian uno de cada
cuatro alumnos). Y es que la ministra de Educación quiere aprobar su
proyecto de reforma educativa en breve, pues aunque
recibió el visto bueno del anterior Gobierno las elecciones del 28-A
pararon su tramitación, y este lunes se ha reunido con representantes de
la escuela pública para informarles sobre sus planes al frente del Ministerio, según revela Hispanidad.
En concreto, a esta cita han asistido: los sindicatos UGT, CCOO y STEs; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA); la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST); la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE); la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos (Fedadi); la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE); la Fundación educativa y asistencial Cives y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE)
-que ha sido la única representante de la privada o concertada de
titularidad privada-.
Sin embargo, una vez más, la patronal de colegios
concertados Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) han quedado marginadas, pues no sabían nada de dicha reunión.
No es la primera vez que desplanta a las organizaciones de la enseñanza concertada y católica: ya lo hizo el verano de 2018. Y a esto le siguió una burla posterior: las recibió cuando ya tenía la reforma educativa lista en enero del año pasado.
Claro que en todo esto se puede ver su incoherencia: ella misma llevó a sus hijas a un centro católico, concertado y, en ese momento, con educación diferenciada… perdón, ‘segregada’.
La ministra de Educación y Formación Profesional no ha cambiado nada de la llamada ‘ley Celaá’ y quiere que el Consejo de Ministros la apruebe en breve. Para agilizar el proceso, seguirá sin pasarla por el Consejo de Estado, y esta vez tampoco la remitirá al Consejo Escolar porque ya vio el proyecto hace un año.
Por tanto, Celaá insistirá en atacar a la educación católica: la asignatura de religión
será de oferta obligatoria, pero de elección voluntaria; evaluable,
aunque no contará para la media; y no tendrá una alternativa.
Y por si
esto no bastara, habrá una nueva asignatura en la ESO: Valores cívicos y éticos, que recuerda a la antigua Educación para la Ciudadanía, y donde no hay duda de que la ideología de género (y con ello, el lavado de cerebro de los niños) tendrá un gran papel.
Pero Celaá no apuesta por una educación de calidad, sino que más bien
premiará el mínimo esfuerzo. De hecho, se podrá obtener el Título de Bachillerato con una asignatura suspensa.
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