VALENCIA.- La jueza que investiga la trama de cobro de comisiones a cambio de
adjudicaciones públicas supuestamente capitaneada por el expresidente
Eduardo Zaplana ha transferido los 6,7 millones decomisados a la red
delictiva a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga), según adelanta Las Provincias.
El organismo es relativamente reciente, apenas lleva cinco años en
funcionamiento. Se creó tras la reforma del Código Penal de 2015. La
idea de trasladar el dinero a esta oficina dependiente del Ministerio de
Justicia partió de la Fiscalía Anticorrupción. Se le dio traslado de la
propuesta a la defensa del expresidente, que no se opuso a esta medida
porque insiste en que el dinero no le pertenece.
Desde el arranque de la investigación judicial, Zaplana ha
defendido que él no tenía recursos económicos ni cuentas en el
extranjero. Con esta premisa elaboró su estrategia de defensa. Lo que
nunca imaginó es que su supuesto testaferro iba a confesar en un viaje
del propio fiscal a Uruguay siguiendo el rastro del dinero del
expresidente.
Así, la delación del abogado Fernando Belhot fue clave porque el
ideólogo del fraude situó al expresidente en el centro del entramado de
empresas y le atribuyó las principales decisiones en el manejo del
dinero.
Además, transfirió los 6,7 millones de una cuenta de Suiza al
juzgado de Instrucción número 8 que investigaba en secreto al exministro
de Trabajo.
La Orga actúa siempre a partir de una petición de la
autoridad judicial. Tiene fundamentalmente dos objetivos. Por un lado,
la averiguación patrimonial de los investigados. Anticorrupción ha
recurrido a este organismo para la búsqueda de bienes en poder del
expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.
Otra de las
funciones de la oficina especial, según se explica en la web oficial de
la entidad, la gestión de bienes embargados, incautados o decomisados «a
fin de evitar actuaciones antieconómicas y obtener el máximo beneficio,
dentro del respeto a la ley y con todas las garantías procesales».
El hecho de que el juzgado recuperara los 6,7 millones fue
determinante para que Eduardo Zaplana saliera de prisión tras siete
meses en los que permaneció en la cárcel de Picassent pese a su delicado
estado de salud.
Sin embargo, tanto la fiscalía, como la jueza
-respaldados por los magistrados de la Audiencia- lo mantuvieron privado
de libertad ante el riesgo de fuga. Precisamente, la existencia de esos
fondos en el extranjero -todavía no estaban decomisados- incrementaban
esa posibilidad al disponer de capital en el exterior.
El exdirigente del PP y también exministro de Trabajo se puso
en el foco de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a
raíz de unos documentos hallados en el registro del despacho del abogado
de Marcos Benavent.
El exgerente de Imelsa disponía de una
documentación que supuestamente había encontrado el inquilino de un piso
en el que vivió Eduardo Zaplana cuando era presidente de la
Generalitat.
Estos papeles describían la operativa para camuflar el
dinero en el extranjero, así como algunas empresas que han resultado
clave en las pesquisas.
La investigación del caso Erial vincula a Zaplana con el cobro de unas
presuntas comisiones que habría pagado la familia Cotino tras vender
algunas de las empresas adjudicatarias del plan eólico y de las ITV.
El
que fuera jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también
figura entre los investigados. Parte de las pesquisas, las relativas a
la investigación en el extranjero, continúan todavía bajo secreto en el
juzgado. 
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