Estas son algunas de las principales conclusiones que se extraen del informe 'Crisis a Toda Costa 2024. Análisis de la situación del litoral ante los riesgos de la emergencia climática', donde realiza una radiografía del estado de los más de 8.000 km de costa española ante las amenazas que vienen.
Esta radiografía revela que «no hay región costera española --y la Comunitat Valencia no es una excepción-- que no esté expuesta a riesgos por exceso de urbanización e infraestructuras, contaminación, la construcción de barreras artificiales (como diques, espigones, paseos marítimos o puertos deportivos), el despilfarro de recursos naturales y el encauzamiento, soterramiento y desvíos de cauces fluviales».
Todas estas actuaciones, alerta la organización ecologista, han provocado «desequilibrios que se traducen en el retroceso y la pérdida de las playas, y con ellas, su función de barrera protectora, lo que supone un riesgo para millones de personas residentes en el litoral».
A estas «malas prácticas» hay que sumar las debidas específicamente al cambio climático: la subida del nivel del mar, el aumento en frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos (como olas de calor, sequía, lluvias torrenciales, temporales, huracanes, incendios e inundaciones), el incremento constante de la temperatura de mares y océanos y la pérdida de oxígeno disuelto en el agua, que dispara de forma exponencial los riesgos.
La subida del nivel del mar, según las previsiones de la NASA, ocasionará la pérdida de playas en la totalidad del litoral. Cabe recordar que, según la regla de Bruun, de media se estima que por cada centímetro que suba el nivel del mar, la costa retrocederá un metro. La NASA ha estimado que, tras Barcelona y el Golfo de Cádiz, la costa valenciana será la más afectada, alerta.
De hecho, Greenpeace asegura que, si no se frenan las emisiones de CO2 para 2030, el mar subirá 12 centímetros en el Golfo de Valencia, lo que supondrá que las playas pierdan una docena de metros de ancho.
Los puntos que presentan mayor riesgo --de acuerdo al informe-- serán Moncofa, El Grao de Castellón, Nules, Xilxes y Els Estanys d'Almenara en Castellón; Marjal dels Moros, Puçol, El Saler, L'Albufera, El Perellonet, El Perelló, Tavernes de Valldigna y Gandia en Valencia y en el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, Santa Pola y Torrevieja en Alicante.
Por otra parte, Greenpeace recalca que el agua más caliente se evapora más y esto provoca la formación de DANA y ciclones más potentes y peligrosos, aumentando los daños por inundaciones.
En la costa de Alicante ya están identificados los tramos de costa en mayor situación de riesgo frente a los temporales: Guardamar, Santa Pola, El Pinet de Elche, la Playa de San Juan y de Muchavista, la zona de Les Marines y Les Deveses en Dénia.
«Durante décadas hemos deformado la costa a nuestro antojo, pero eso ya no funciona más. Ya no llegamos a anticiparnos al problema, porque ya está aquí, pero las soluciones tienen que ponerse en marcha con urgencia. Todo retraso resultará en mayores costes económicos y humanos», explica, en un comunicado, la responsable de Costas en Greenpeace España, María José Caballero.
A pesar de los claros avisos que reclaman precaución, «el afán urbanizador» sigue presente en normativas y proyectos, recalcan desde la entidad.
En este sentido, comentan que el anteproyecto de ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana plantea acabar con la protección de las 7.500 hectáreas de costa que todavía permanecían sin urbanizar y rebajar de 1.000 a 500 metros la distancia a la línea de costa de la construcción de viviendas. Los planes de construcción, apuntan, «siguen tratando de llenar de cemento y ladrillo los pocos espacios que quedan sin urbanizar».
Varios de estos proyectos han sido denunciados ante la Comisión y el Parlamento Europeo recientemente, como el PAI de Cala Mosca (Orihuela), el PAI de la Serreta (La Nucia), el PAI Medina de Llíber en la Marina Alta (Alicante) o el PAI del Puig.
Desde Greenpeace recalcan que esta «desprotección» afectará a los planes urbanísticos de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suponen la construcción de 18.000 nuevas viviendas en el litoral valenciano. Asimismo, resaltan que la turistificación también afecta a la ciudad de Valencia especialmente.
Para la organización, es «urgente» hacer frente a estos riesgos. En este punto, afirman que tan sólo con una reducción moderada de las emisiones de gases de efecto invernadero se podría evitar el 40% del retroceso de las playas de todo el mundo. Cada nuevo temporal destruye las costosas intervenciones artificiales que no atienden a la raíz del problema. Sólo entre 2016 y 2020 se gastaron cerca de 60 millones de euros en la reposición artificial de arena en las playas.
«Las soluciones han de ser locales, porque cada tramo de litoral tiene características propias, pero deben ser acordadas por las administraciones y participadas por la ciudadanía de forma urgente. Proteger y conservar las playas supondría un beneficio 150 veces superior a dejar que sigan deteriorándose», argumentan.
Para revertir la situación actual, consideran imprescindible aplicar «políticas ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y normativas de adaptación y protección de la costa de acuerdo con lo que marca la ciencia», devolver la calidad ambiental a los espacios costeros para tener sistemas naturales estables que protejan de los peores riesgos y acabar con la contaminación que empobrece la calidad de las aguas y nos supone el pago de cuantiosas multas a la Unión Europea.
Igualmente, abogan por «poner coto a la turistificación masiva a través de medidas como la limitación de vuelos y cruceros, el establecimiento de tasas por pernocta que repercutan en la mejora de los servicios públicos y la regeneración de ecosistemas o la limitación de alojamientos turísticos y la participación ciudadana en la planificación turística».
Por último, piden introducir las previsiones sobre el cambio climático en la planificación urbanística y de infraestructuras; impedir la construcción de infraestructuras y la urbanización que generen barreras artificiales; conservar y facilitar la expansión hacia el interior de marismas y humedales; revisar los deslindes (la delimitación) que determinan el dominio público marítimo-terrestre (100 metros en zona no urbanizable y 20 en zonas urbanizables), que constituye la zona mínima de protección frente a DANAS, temporales y la subida del nivel del mar; recuperar las zonas inundables y promover la investigación científica.
