GRANADA.- El que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga) el alicantino Francisco Javier de Urquía será juzgado del 17 al 27 de mayo, a lo largo de ocho días, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por ofrecer supuestamente favores a cambio de dinero a afectados e imputados en el caso 'Hidalgo', causa contra el blanqueo de capitales que comenzó a investigarse en dicho órgano por el ahora acusado, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel, 30 años de inhabilitación como magistrado y multa de más de ocho millones de euros.
Según informaron hoy fuentes del Alto Tribunal andaluz, De Urquía, al que se le imputan dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho, será enjuiciado en el Salón de Plenos del TSJA --donde ya fue juzgado y condenado en julio de 2008 por una causa procedente del caso 'Malaya'-- por un tribunal presidido por el magistrado de la Sala de lo Social del TSJA Manuel Mazuelos. La vista se celebrará concretamente los días 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26,y 27.
El fiscal le atribuye prevaricación judicial en relación con el auto de nombramiento de un administrador judicial y por el dictado de las resoluciones de libertad provisional de varios imputados en el caso 'Hidalgo', solicitando por cada delito sendas multas de 12 meses, con cuota diaria de 100 euros e inhabilitación para empleo o cargo de juez durante 10 años.
Además, según consta en el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, por los dos delitos de cohecho De Urquía se enfrenta, por uno de ellos a dos años de prisión, multa de 60.000 euros e inhabilitación como magistrado por 10 años y multa de ocho millones de euros y suspensión de empleo o cargo público por un año, por el otro.
También formula el fiscal acusación contra otras tres personas. Para uno de ellos --según el fiscal, amigo del juez--, Igor M.L., solicita multa de ocho millones por un delito de cohecho; y para otro --también amigo--, Arnaud F.A., pide la misma multa, más dos años de prisión por dos delitos de cohecho. Al cuarto acusado detenido por el caso 'Hidalgo' se le acusa de un delito de cohecho y se pide un año de cárcel y multa de 50.000 euros.
La Fiscalía sostiene que el juez, "aprovechando su competencia como instructor de la causa", se puso de acuerdo con los acusados Igor M.L. y Arnaud F.A., "con los que mantenía una estrecha amistad", para "obtener algún beneficio económico importante a cambio de ofrecer favores judiciales, conocedor De Urquía de que algunas personas afectadas por el procedimiento judicial --caso 'Hidalgo'-- eran conocidas por los otros acusados".
Según explica la acusación, el entonces juez había decretado medidas cautelares sobre bienes y el bloqueo de algunos productos financieros a empresas entre las que estaba Asesoramiento y Dirección de Hoteles, cuyo propietario preparaba una operación de venta sobre el hotel Puente Romano.
"Con la finalidad de llevar a cabo el plan urdido", De Urquía dictó un auto acordando la administración judicial de algunas empresas del mismo titular.
Además, "por decisión personal", estableció una comisión del uno por ciento del valor de cualquier acto de transmisión o enajenación de los activos de las empresas intervenidas "pese a no haber sido embargadas", situación que "podía representar un perjuicio notable para los intereses económicos" del propietario de dichas empresas, apunta el escrito.
"De hecho, la verdadera finalidad perseguida con esa resolución era la de conseguir del dueño una contraprestación económica a cambio del levantamiento o liberación de las medidas y cargas judiciales", según concluye el fiscal, quien precisa que los otros dos acusados antes mencionados intervinieron "haciéndole diversas propuestas". Para ello, ambos mantuvieron entrevistas bien con el hijo del propietario bien con personas que conocía.
En este punto, el documento relata que Arnaud F. contactó en abril de 2007 con Phillippe Junot, ex marido de Carolina de Mónaco, para que hablara con el dueño de las empresas, pidiéndole que le dijera que podría solucionárselo porque "conocía mucho al juez", lo que "tendría un costo de cinco millones de euros". También le solicitó que le diera un papel con autocopiado donde constaban datos de una parcela que se pretendía vender, "obtenidos de la causa que estaba secreta", para demostrar su conocimiento.
Junot habló en Londres con el propietario del hotel, que se negó a la propuesta y se quedó con el original que, posteriormente, dio al administrador judicial y fue destruido, según el escrito. En enero de 2009, Junot entregó la autocopia del original al administrador, quien lo llevó a la Guardia Civil. Esto dio lugar a que se reabriera esta parte de la causa, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había archivado provisionalmente.
El Ministerio Público explica, asimismo, que el otro acusado, Igor M., mantuvo numerosas reuniones con el hijo del responsable de ese grupo de empresas, solicitando distintas cantidades de dinero. Los encuentros fueron grabados con autorización del Juzgado número 11 de Málaga, tras denunciarse los hechos, además se acordó la intervención telefónica. En octubre de 2007, inhabilitado el juez, este acusado puso en un mensaje: "lo siento, no puedo ayudarte con tus problemas".
Según el fiscal, se produjeron "contactos reiterados entre Igor M. y De Urquía antes y después de las reuniones mantenidas por el primero" con el hijo del propietario del hotel; al tiempo que precisa que la Audiencia de Málaga anuló en noviembre de 2007 la resolución en la que se acordó el nombramiento del administrador judicial, del que no ha podido acreditarse que tuviera participación en los hechos.
Por otro lado, las conclusiones iniciales también relatan en otro apartado que el cuarto de los acusados, Azan K., tenía una orden de detención del Juzgado del que era titular De Urquía por el caso 'Hidalgo' y que cuando regresó, antes de entregarse, supo por Arnaud F. que para su mujer y su sobrino se había decretado prisión dentro de esta causa.
Entonces, según sostiene la Fiscalía, ese acusado le propuso al otro, "previamente concertado con Francisco Javier de Urquía", lograr la libertad a cambio de 60.000 euros.
El dinero se lo hicieron llegar a Arnaud F., quien lo comunicó al entonces instructor, que en mayo de 2007 dictó autos de libertad para los tres, en el caso del acusado en esta causa Azan K. "de oficio" por el juez, puesto que "ni siquiera se solicitó la libertad provisional".
