La comisión de investigación de la CAM estudirá documentación de la caja desde 2004

VALENCIA.- La comisión de investigación de la CAM ha aprobado este miércoles fija la petición de documentación de la caja a la propia entidad financiera, al Banco de España y al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desde 2004 hasta la actualidad para estudiar la responsabilidad de gestores y fiscalizadores en el proceso que ha llevado a la CAM a una situación como la actual en la que, incluso, "podría desembocar en la desaparición de la sociedad", según consta en la convocatoria de la comisión. Sin embargo, las peticiones de comparecencias de los grupos no se podrán sustanciar hasta el próximo mes de marzo. 

   De esta manera, los grupos --excepto Compromís, en protesta porque se ha votado por separado la petición de documentación y de comparecencias-- han fijado un calendario para la Comisión que establece que ésta se reunirá de nuevo el próximo 15 de marzo a las 10.30 horas. Esta comisión tiene una vigencia de seis meses, aunque podría darse el caso de que se prorrogara --pero debería aprobarse en el pleno de las Corts--.

   Previamente, el 29 de febrero se establece como fecha tope para recibir la documentación solicitada y el 12 de marzo como límite para presentar las propuestas de comparecencias y el 18 de mayo para que se sustancien. Será en el mes de junio cuando se elabore el dictamen de la Comisión y se someta al pleno de las Corts.

   Tanto EUPV como Compromís han lamentado que 'populares' y socialistas se hayan "olvidado" del "problema" de las cuotas participativas. En este sentido, el diputado de EUPV Lluís Torró considera que los dos partidos mayoritarios han "marginado" el asunto de las cuotas participativas en la comisión.

   El PP ha aceptado todas las propuestas de petición de documentación presentadas por los grupos de la oposición, salvo un informe sobre las personas, empresas o gobiernos involucrados en negocios con la CAM en el extranjero. Tanto 'populares' como socialistas lo han considerado "poco serio". Incluso, el socialista Ángel Luna ha llegado a ironizar sobre esta solicitud y ha preguntado si habría que pedir esta documentación al FBI.

   Tanto Compromís como EUPV han protestado porque la Mesa de la Comisión haya decidido aplazar hasta marzo la votación de las comparecencias. En este punto, la portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà, ha achacado esta decisión a un acuerdo entre PP y PSPV.

   "No es casual" este entendimiento --entre PP y PSPV-- para que las comparecencias --que incluyen a los expresidente de la Generalitat y responsables de la CAM, el Banco de España o el IVF-- sean en marzo, con el objetivo de "no interferir" en la compra de la entidad por parte del Banco Sabadell en ese mes. En su opinión, esto supone someter a las Corts a un "interés" externo al de la propia Cámara.

   Tanto el diputado socialista y vicepresidente de la Mesa, Ángel Luna, como el 'popular' David Serra, han criticado la intervención de Mollà y han justificado la petición de comparecencias en marzo. Se trata de estudiar primero la documentación y aprovechar así estas intervenciones "sabiendo de lo que hablamos" y solicitarlas así "con más rigor", han señalado.

   Luna ha opinado que el plan de Compromís pasa por "buscar titulares", en lugar de tomárselo con "seriedad", mientras que Serra ha afirmado -hasta en dos ocasiones- que Mollà "es un ejemplo de la 'generación NIP': "ni puñetera idea". Así, ha descalificado la intervención de la diputada de Compromís al considerar que actúa "sin conocimiento ni rigor". 

"No proponen nada serio", ha apostillado.

   La información requerida se divide en cuatro bloques. La que afecta al Banco de España y las inspecciones realizadas sobre la CAM, el requerimiento por parte del Banco de España a la propia CAM, de julio de 2011, de presentación de un nuevo plan de recapitalización y viabilidad y los escritos dirigidos al IVF sobre las inspecciones de la caja, así como la intervención del Banco de España.

   También se estudiará la estrategia empresarial de la caja de ahorros y la vinculación de la CAM con proyectos empresariales como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz; o la relación con empresas y proyectos inmobiliarios. También la relación contractual de los propios consejeros de la caja con la entidad y las retribuciones de los mismos, entre otros asuntos.

Cerca de 150 afectados por la CAM presentarán este jueves una demanda penal ante la Audiencia Nacional

MADRID.- La Plataforma CAM presentará este jueves una demanda penal ante la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) en nombre de cerca de 150 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada, según ha informado la plataforma en un comunicado.

   Los afectados, representados por el abogado Diego de Ramón, pedirán incorporarse como perjudicados a la causa abierta por el juzgado central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la caja alicantina por presunta estafa, delitos societarios y falsedad documental.

   Un portavoz de la Plataforma CAM ha explicado hoy que los contratos de los productos "colocados" a los clientes "prueban que fueron engañados, ya que se trataba de una compra de valores y no de un depósito, como figura en la documentación".

   Entre otras medidas, los afectados solicitarán al juez Fernando Grande-Marlaska que dicte embargos contra los antiguos gestores de la CAM para hacer frente a las pérdidas sufridas por los clientes como responsables civiles subsidiarios de la quiebra de la entidad.

   Además, los responsables de la plataforma exigirán a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados que reclamen la comparecencia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que explique la situación de los clientes atrapados en los productos tóxicos de la CAM.

   En este sentido, los afectados piden a Fernández Ordóñez que explique por qué permitió la emisión de las cuotas participativas a la CAM, a pesar de que ya existía una denuncia del abogado Diego de Ramón sobre la presunta adulteración de las cuentas de la entidad.

    Respecto a las preferentes, la plataforma ha recordado que todavía no existe ningún acuerdo firmado ni escrito donde se especifique que el Banco Sabadell pagará las acciones, al tiempo que ha subrayado que las cuotas participativas "quedan fuera de toda negociación".

   El Banco de España intervino la CAM el pasado mes de julio y puso la gestión en manos de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras detectar que en marzo de 2011 se habían comunicado unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

   El pasado mes de diciembre el Banco de España adjudicó la CAM a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, operación que cuenta con una o varias ampliaciones de capital por importe de 5.249 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El PSOE recuerda la "responsabilidad política" de Camps

MADRID.- El PSOE ha expresado este miércoles su respeto por la sentencia absolutoria del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PP en esta comunidad Ricardo Costa por el conocido como 'caso de los trajes', pero ha apelado a la "responsabilidad política" del exmandatario autonómico y ha recordado que los tribunales aún están investigando la presunta financiación irregular del PP valenciano.

 

   Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso la dirigente socialista y diputada por Valencia, Inmaculada Rodríguez Piñero, quien ha subrayado que, pese al veredicto del jurado popular, el PSOE sigue manteniendo que Camps "no estuvo a la altura de las circunstancias" y que este caso no es más que "la punta del iceberg" de la trama Gürtel.

   Rodríguez Piñero ha querido dejar claro que su partido respeta "las decisiones y sentencias de los tribunales", pero ha hecho hincapié en que "hay que diferenciar las responsabilidades políticas de las penales".

   En este contexto, ha enfatizado que en opinión del PSOE, Camps "no estuvo a la altura de las circunstancias" y que ha sido "gran parte responsable" de que Valencia haya saltado a todos los titulares por "mala gestión, corrupción, despilfarro y obras faraónicas".

   "El caso de los trajes no es más que la punta del iceberg del entramado de corrupción mayor que se conoce hasta ahora, el caso Gürtel", ha agregado Rodríguez Piñero, para recordar a renglón seguido que en este caso se incluye "la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, donde se han despilfarrado millones de euros de todos los españoles, no sólo de los valencianos".

   Por todo ello, ha avisado a los 'populares' de que no deberían "echar las campanas al vuelo" y ha destacado que el juicio a Camps y Costa ha puesto de manifiesto, mediante las grabaciones que se han podido escuchar, la "camaradería" y el "compadreo" que existía entre el expresidente autonómico y Álvaro Pérez, apodado 'El Bigotes', uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel.

   "Y no hay que olvidar que el señor Correa sigue en la cárcel", ha añadido Rodríguez Piñero en referencia a Francisco Correa, al parecer, jefe de todo el entramado.

La sentencia absolutoria de Camps es recurrible ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía o el PSPV

MADRID.- La sentencia que absuelve al ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas Ricardo Costa en el denominado "caso de los trajes" de la trama "Gürtel", cuyo fallo ha sido adelantado "in voce" por el presidente del tribunal, Juan Climent, tras conocer el veredicto del jurado, se notificará en unos días y será entonces cuando empiecen a correr los plazos para que pueda ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

   La resolución, cuyo fallo es absolutorio por obligar a ello el veredicto del jurado, debe ser aún redactada, lo que puede tardar algo más de una semana, según fuentes jurídicas.

    Una vez tengan acceso a su contenido, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular, ejercida por el PSPV, podrán presentar un recurso directamente ante el Tribunal Supremo, puesto que los hechos han sido juzgados en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dada la condición de aforados de Camps y Costa.

   Ambos han sido declarado no culpables de haber recibido trajes como regalo de la trama Gürtel, por cinco votos a cuatro.

   Así lo ha decidido el tribunal del jurado que les ha juzgado durante casi siete semanas, por un total de cinco votos a cuatro. Al oír el veredicto del jurado popular, el público que llenaba la sala ha estallado en aplausos, lo que ha llevado al magistrado-presidente del tribunal, Juan Climent, a desalojar esta dependencia.

Camps y Costa, no culpables de haber recibido regalos de la trama por cinco votos a cuatro

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, han sido declarado no culpables de haber recibido trajes como regalo de la trama Gürtel, por cinco votos a cuatro.    

Así lo ha decidido el tribunal del jurado que les ha juzgado durante casi siete semanas, por un total de cinco votos a cuatro. Al oír el veredicto del jurado popular, el público que llenaba la sala ha estallado en aplausos, lo que ha llevado al magistrado-presidente del tribunal, Juan Climent, a desalojar esta dependencia.

El magistrado-presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, ha dictado este mismo miércoles una sentencia absolutoria del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y del exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, en relación al delito de cohecho impropio pasivo del que eran acusados en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'. 

   Climent ha pronunciado esta sentencia absolutoria 'in voce' tras la lectura de los 21 puntos del objeto del veredicto sobre el que han decidido los nueve miembros del tribunal popular --seis hombres y tres mujeres-- que, por cinco votos a cuatro, han declarado no culpables a los dos acusados. 

   Posteriormente, ha levantado la sesión de una vista que se inició el pasado 12 de diciembre y que se prolongó hasta el pasado viernes 20 de enero, a la que han seguido dos días de deliberación por parte del jurado.

La portavoz de EUPV en las Cortes y coordinadora de la formación de izquierdas, Marga Sanz, ha señalado este miércoles que la absolución del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' "no puede confundir la responsabilidad penal con la política". A su juicio, la absolución de Camps "no afecta a su inhabilitación política" que está "más que demostrada".

   "Camps está inhabilitado políticamente desde hace mucho tiempo, no sólo por los casos de corrupción por los cuales se ha visto salpicado, sino también por la desastrosa gestión que ha conducido a la ruina al País Valenciano", ha subrayado Sanz, quien ha destacado que, por ello, seguirán pidiendo su dimisión como cargo público "una y mil veces".

   La dirigente de EUPV ha señalado que la absolución de Camps "viene después de un juicio en el que se han conocido más detalles de la red de favores corrupta en favor de una camarilla de personajes que se lucraban y que presuntamente financiaban al PP".

   "Este es el fondo de la cuestión, al margen que la justicia absuelva a Camps y a Costa de un delito de soborno impropio. Que su conducta no sea punible penalmente no quiere decir que no sea despreciable política y éticamente", ha subrayado.

   Al respecto, Sanz ha indicado: "nos preocupa la distancia entre la ética, la política y la justicia, y que el modelo implantado de la corrupción se vea considerado como normal entre la ciudadanía". Por eso, considera que cualquier persona implicada o imputada en un caso de corrupción "tiene que estar apartada de los cargos públicos, y Camps y Costa tienen que ser los primeros".

Centros públicos y concertados valoran la orden de pago del Consell pero dicen que "solo es un primer paso"

VALENCIA.- Responsables de centros públicos y concertados de la Comunitat Valenciana han valorado el anuncio realizado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que se les va abonar parte de los gastos de funcionamiento pendientes pero, al mismo tiempo, han hecho notar que éste es "solo un primer paso" y que la situación en los colegios e institutos "no estará normalizada hasta que se regularicen todos los pagos". 

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que los centros educativos "hoy van a cobrar las deudas pendientes" de la Administración valenciana. "Hoy vamos a hacer frente a esos pagos", ha remarcado.

   En concreto, el Consell ha dado la orden de pago del segundo cuatrimestre de los gastos de los centros públicos de Secundaria, Primaria y Régimen Especial, así como el tercer trimestre de la concertada. En total, la cantidad que se va a satisfacer supera los 35 millones de euros.

   Al respecto, el presidente de la asociación de directores de Secundaria de la Comunitat Valenciana, Vicent Baguetto, ha manifestado hoy que los centros "saludan" la noticia pero son conscientes de que esto "no deja de ser un primer paso, ya que queda pendiente otro cuatrimestre". Igualmente, ha vuelto a reivindicar la elaboración de un calendario de pagos con el fin de que los directores puedan elaborar con antelación los planes de actuación en sus centros.

   Baguetto ha advertido además de que "la normalidad plena no llegará hasta que se regularicen los pagos" y ha recordado que hay institutos que no ingresaban nada desde el pasado verano. Por ello, ha apuntado que el dinero que ahora aportará el Gobierno valenciano servirá fundamentalmente para "tapar agujeros y saldar alguna deuda con proveedores".

   Precisamente, un centenar de directores de IES se han concentrado este martes ante la sede de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo para pedir que el Ejecutivo autonómico cumpla sus obligaciones con el centro. Debido al anuncio de este primer pago, el colectivo ha decidido suspender otro acto de protesta que había programado para el martes que viene y reemplazarlo por una asamblea que se llevará a cabo en el Instituto Luis Vives de la capital, ha adelantado Baguetto.

   En términos similares se ha pronunciado la presidenta de Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), Vicenta Rodríguez, quien ha dado "la bienvenida" a la orden de abono pero ha resaltado que el Consell "no descubre nada nuevo, puesto que ya la semana pasada había prometido este pago".    

   Rodríguez ha agregado que, aunque se "alegran" de que la consellera de Educación, María José Catalá, haya hecho efectiva su palabra, el dinero que ahora van a recibir las escuelas concertadas "ya se había gastado".

   De hecho, ha puntualizado que en algunos centros, como los que imparten Formación Profesional, la situación continuará siendo "de cierta gravedad" por lo que ha aseverado que será cada institución la que estudie si tiene necesidad de solicitar pagos a los padres.

   Finalmente, esta portavoz ha expresado su deseo de que la situación "se vaya regularizando en las próximas semanas" y los docentes "puedan dedicarse a la enseñanza y no a la economía".

Rosado dice ahora que en este semestre se hará frente a casi todas las deudas pendientes con proveedores

MADRID.- El conseller de Sanidad, el alicantino Luis Rosado, ha destacado este martes que a lo largo de este semestre la Generalitat hará frente a "casi todas las deudas" que se tienen pendientes con los proveedores sanitarios y ha señalado que habrá un calendario de pagos a partir de marzo.

   Rosado ha hecho estas declaraciones en respuesta a los periodistas, preguntado por la deuda contraída con los proveedores sanitarios, el conseller ha indicado que a no más tardar en el mes de marzo, "habrá un calendario de pagos" por medio de las líneas del ICO, que ha propiciado el Ejecutivo para dotar de mayor liquidez a las comunidades.

   Además, ha afirmado que le ha propuesto a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que se ponga en marcha lo que ha denominado una "cámara de compensación interterritorrial", para que se pueda compensar a las comunidades que acogen a visitantes de otras comunidades y utilizan sus servicios. En esta línea, Rosado ha considerado que esta propuesta "será tratada a lo largo de lo meses, ya que es una demanda de todas las comunidades", y ha aseverado que por parte del Ministerio esta medida ha sido valorada "positivamente".

   Preguntado por la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos de Valencia, que tendrá lugar mañana, el conseller ha indicado que entiende la pérdida de poder adquisitivo que pueden suponer las medidas puestas en marcha.

   Sin embargo, ha asegurado que "la situación crítica" por la que atraviesa la Comunitat implica que "todos tengamos que hacer una serie de esfuerzos temporales" y ha indicado que esta situación que conlleva estos esfuerzos "que mis compañeros profesionales, en algunos casos, sabrán entender".

La Unió pide a los eurodiputados españoles que se posicionen en contra del acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos

VALENCIA.- La Unió de Llauradors ha reclamado a los eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo que suscriban este miércoles el informe contrario al protocolo agrícola del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.

   El secretario general de la Unió, Ramón Mampel, en un comunicado, ha asegurado que confía en que todos los eurodiputados españoles se posicionen este miércoles y en siguientes ocasiones "en contra de un acuerdo que ocasionaría graves pérdidas al sector hortofrutícola de la Comunitat Valenciana y que también perjudicará a la economía y el empleo de nuestra comunidad autónoma en unos momentos donde el paro sigue creciendo de forma alarmante y además con unas perspectivas aún si cabe peores".

   Mampel ha indicado que "entramos ya en una fase decisiva y nuestros eurodiputados con sus votos a favor del acuerdo serán cómplices del abandono de numerosas explotaciones agrarias con la consiguiente pérdida del tejido familiar agrario, que en la Comunitat Valenciana vive directa o indirectamente de la producción y comercialización hortofrutícola".

   La Unió considera que el acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos "puede acabar de hundir a los productores de frutas y de hortalizadas de la Comunitat Valenciana, ya muy afectados por los bajos precios que perciben que se han visto agravados este año desde la crisis de la bacteria E-coli".

   El eurodiputado francés José Bové será el responsable del informe que este miércoles estudiará en Bruselas la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, que es la encargada de emitir el dictamen o informe sobre el acuerdo agrícola de Asociación UE-Marruecos.

   Este dictamen incluirá también las opiniones de las Comisiones de Agricultura y de Pesca del Parlamento Europeo que ya se han mostrado contrarias al mismo y en base a este el pleno del Parlamento Europeo emitirá su opinión posteriormente sobre el acuerdo, probablemente el 12 de febrero.

   "Marruecos vulnera continuamente los contingentes de importación, tal y como ha reconocido la Oficina Europea de Lucha contra el Fraudes", ha asegurado La Unió, quien ha añadido que este nuevo acuerdo "no supondrá un mayor desarrollo económico para los agricultores marroquíes, sino más bien ventajas para las grandes empresas de allí o de otros países europeos como España que han invertido mucho dinero para lograr enriquecerse aún más si cabe con las exportaciones".

   Del mismo modo, entiende que este acuerdo "crea una fuerte distorsión de la competencia en cuanto a las normativas de producción en materia de seguridad alimentaria, de protección de la salud de los agricultores o de impacto ambiental que se exigen en uno u otro sitio, con un claro diferencial de costes".

   "Los consumidores europeos deben saber que en Marruecos existen unas condiciones de producción laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarias mucho menos exigentes que las que son demandadas por la Unión Europea a sus productores", ha subrayado la entidad agraria.

Concluye sin veredicto la segunda jornada de deliberación del jurado en la causa de los trajes

VALENCIA.- La segunda jornada en la que los miembros del jurado del juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por el conocido como 'caso de los trajes', ha concluido sin acuerdo y, por tanto, sin veredicto sobre la culpabilidad o no de los dos acusados de un delito de cohecho pasivo impropio.

   Los seis hombres y las tres mujeres que forman parte del tribunal del jurado han estado reunidos todo el día, desde las 9.30 horas, y a las 19.45 horas, tras no alcanzar un acuerdo, se han retirado hasta el hotel en el que se alojan custodiados por la policía. Ayer por la tarde tuvieron su primer encuentro para deliberar, y tampoco hubo resultados.

   El jurado recibió este lunes el objeto del veredicto, es decir, el cuestionario sobre hechos probados al que debe responder, después de que el magistrado presidente, Juan Climent, lo debatiera durante cinco horas --más tiempo del que se suele destinar a este asunto-- junto a las demás partes del procedimiento --ministerio fiscal, acusación popular (PSPV), y las defensas--.

   Climent entregó al jurado el objeto del veredicto y le dio instrucciones sobre cómo emitir un veredicto en el que se declaren probados o no los hechos justiciables. Lo primero que les dijo fue que debían actuar con arreglo a los principios de "independencia, responsabilidad y sumisión a la ley".

   Tras pronunciar esta frase y dar más instrucciones sobre la deliberación, Climent les recordó que sobre lo que deben debatir es sobre si Camps y Costa recibieron regalos en consideración a su cargo de presidente de la Generalitat y de diputado de las Corts, todo ello de acuerdo con el tipo penal del artículo 426 del Código Penal.

   Para condenar a los acusados, se necesitan siete votos de los nueve del jurado; mientras que para declararles no culpables, se requieren un mínimo de cinco votos de nueve. De no llegar a un acuerdo tras tres votaciones, el magistrado disolverá el jurado, convocará a uno nuevo y se repetiría el juicio.

   Asimismo, transcurridos dos días desde el inicio de la deliberación --que en este caso sería este miércoles a mediodía--, si el jurado no ha entregado el acta de la votación, el magistrado podrá convocarle a una comparecencia para ver si necesita ayuda o tiene algún tipo de ayuda.

   La votación del jurado será nominal, en voz alta y por orden alfabético. Y ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar. No obstante, si alguno insistiera en abstenerse, será sancionado por el magistrado con 450 euros de multa. En todo caso, la abstención se entenderá como voto a favor.

El Ivvsa presentará un ERE para garantizar su "futura viabilidad"

VALENCIA.- El Instituto Valenciano de Vivenda (Ivvsa) presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que le permita garantizar su "futura viabilidad" y "adecuar el personal laboral a la nueva organización de la empresa". Este expediente se aplicará como consecuencia del Plan de Viabilidad que el centro está redactando, según ha informado la Generalitat en un comunicado. 

   La gerente del Ivvsa, Inmaculada García, se ha reunido esta tarde con el Comité de Empresa de este instituto para comunicarle que la empresa pública "va a impulsar una reestructuración organizativa encaminada a reorientar su labor a su objeto más social".

   De esta manera, "pasan a un segundo plano las actuaciones de urbanización de suelo, que en estos momentos no tienen una demanda adecuada en el mercado, y las de edificación de nuevas viviendas protegidas por el mismo motivo", ha señalado.

   García ha explicado que el alcance exacto del ERE no está determinado a día de hoy, y las cifras definitivas del mismo variarán en función del cierre del Plan de Viabilidad que el propio IVVSA está finalizando en estos momentos.

   Los datos que aporten los estudios que incluye este Plan de Viabilidad, junto con la redefinición de la organización, estructura y actuaciones prioritarias con las que continuará operando este Instituto, serán los que marquen el alcance final del ERE, que se comunicará también al Comité de Empresa del Ivvsa en el momento en que se cierren definitivamente los datos, han asegurado desde el Consell.

   En este sentido, el Gobierno valenciano considera que la aplicación de esta medida "permitirá mejorar la situación de la empresa pública, mediante una adecuada organización de sus recursos que favorezca una posición más competitiva en el mercado y dar una mejor respuesta a las exigencias de la demanda social que actualmente se da".

   La política de vivienda del Ivvsa se centrará en la mejora y gestión de los cerca de 16.000 inmuebles que componen el parque público de la Generalitat y que están destinados a familias con riesgo de excusión social y que apenas presentan recursos económicos.

   El trabajo e inversión económica del Ivvsa en esta materia es "notoria", ya que actualmente más de 14.000 familias se encuentran residiendo en una de estas viviendas a un coste de alquiler mensual muy por debajo del precio del mercado. De la misma forma, centenares de familias están trabajando en alguno de los comercios ubicados en bajos comerciales de este parque público de viviendas.

   La empresa pública lleva más de dos años aplicando una política de "restricción de gastos", ya que "la crisis económica y la crisis en el sector de la construcción especialmente han afectado de manera notable las expectativas de ventas de parcelas de suelo destinadas a nuevas viviendas protegidas así como a la propia venta de viviendas protegidas propias del Ivvsa", han resaltado desde la Generalitat.

Bastidas (FVMP) advierte de que unos 80 ayuntamientos de la Comunitat "podrían entrar este año en quiebra"

VALENCIA.- La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, ha advertido este martes de que unos 80 ayuntamientos de la Comunitat "podrían estar este año en quiebra" ya que la mala situación económica ha puesto a los consistorios "en una situación desoladora".

   Así lo ha indicado en una entrevista en el programa Bon Matí de Ràdio Nou, de la que la radio autonómica ha informado en un comunicado. La también alcaldesa de Alzira ha pedido la creación de una ley de Gobierno Local "que pueda clarificar las competencias de los diferentes niveles de la Administración, porque se podría ahorrar mucho".

   Según Elena Bastidas, en estos momentos el 30 por ciento de los recursos de los ayuntamientos van destinados a solucionar competencias que no son propias de los consistorios. Paralelamente, también ha pedido con "carácter urgente" una reforma del sistema de financiación local "porque está prácticamente intacto desde la Constitución del 78, y un cambio en este punto nos permitiría poder cumplir los compromisos con los proveedores".

   La presidenta de la FVMP ha alertado de que el plazo de pago ha pasado de un máximo de tres meses a estar entre los seis meses y tres años. "Eso está perjudicando gravemente a muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas", ha advertido.

   En cuanto al debate abierto sobre la conveniencia o no de las diputaciones provinciales, Elena Bastidas ha señalado que se trata de una reflexión "de futuro".

"Ahora es necesario tenerlas al lado, porque nos ayudan a desarrollar proyectos, programas e iniciativas que de otra manera no podrían llevar adelante", ha manifestado. 

La alcaldesa de Alzira también ha apuntado la posibilidad de mancomunar servicios entre ayuntamientos, cosa que ya hacen algunas localidades de la Comunitat.

Alumnos del IES Serra Mariola acuden con mantas y abrigos en el primer día sin calefacción

ALCOY.- Alumnos del IES Serra Mariola, de Muro de Alcoy, han acudido este martes con mantas y abrigos a clase, después de que este lunes se acabara el gasóleo para la calefacción, según han indicado fuentes sindicales, quienes han apuntado que los alumnos del Ciclo Formativo de Turismo no han acudido a clase.

   El IES Serra de Mariola terminó ayer las reservas de gasóleo para  la calefacción del centro, por lo que algunos alumnos han acudido con mantas a clase, y tanto los estudiantes como los profesores llevaban la ropa de abrigo, chaquetas, gorros y guantes, dentro de las aulas.

   Por su parte, tal y como anunciaron este lunes, los alumnos del Ciclo Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística han decidido no ir a clase por considerar que no se reúnen las condiciones necesarias y han indicado que no volverán hasta que no se restablezca la normalidad. Además, según fuentes sindicales, estos alumnos reciben la formación en una de las alas más frías y que está "totalmente sin calefacción".

   En el último pedido que se hizo, el AMPA del centro aportó parte del dinero que costaba el combustible, pero ese pedido que se hizo ya se ha consumido y no hay dinero para poder efectuar otro, ya que conselleria les adeuda dos cuatrimestres para gastos del centro, lo que representa una cantidad que asciende a 74.000 euros.

AIVCAM dice al Sabadell que las cuotas son "una piedra en el camino que todos han de estar interesados en superar"

ALICANTE.- La Asociación de Impositores Valencianos de Caja Mediterráneo (AIVCAM) ha indicado al Banco de Sabadell que las cuotas participativas "son una piedra en el camino" de integración de la caja que todos "han de estar interesados en superar" y ha pedido a los accionistas que "faciliten el trabajo" a Miguel Montes, encargado por el banco de dirigir la integración, y sepan que para "recoger antes hay que sembrar".

   En una carta, dirigida al presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, el presidente de la asociación, Víctor Baeta, ha pedido que desde el Banco Sabadell "se envíe un mensaje para parar la fuga de fondos de aquellas personas, familiares en su mayoría de personas con cuotas, que nada les ata a la entidad".

   Según Baeta, "las cuotas participativas son una piedra en el camino que todos hemos de estar interesados en superar" y, por ello, "los accionistas deben facilitar el trabajo Miquel Montes porque el éxito de la persona que debe dirigir la integración del Banco CAM será el éxito de todos".

   En este sentido, Baeta reconoce que Oliu "se debe a los accionistas", pero le ha sugerido que los accionistas también "deben de ser conscientes de que para recoger, antes hace falta sembrar" y para ello el Sabadell-CAM debe ser "una institución que no defrauda a sus clientes".

Holcim reduce a 141 los trabajadores afectados por el ERE, pero mantiene el cierre de 23 plantas

MADRID.- Holcim España ha reducido desde 151 hasta 140 el número de empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en España, que representarán así al 40% de la plantilla total, en virtud del acuerdo alcanzado con los represantes de los trabajadores.

   El ajuste diseñado por el grupo para su actividad en España mantiene, no obstante, el cierre de 23 plantas de hormigón, del total de 56 con que cuenta en el país, según informaron fuentes sindicales.

   Holcim indemnizará a los afectados por el ERE con treinta días por año trabajado (frente a los veinte días que inicialmente ofreció la empresa), con un máximo de 22 mensualidades. Además, lo complementará con una paga lineal de 2.000 euros para formación y reciclaje de estos empleados.

   El ajuste de la filial española del grupo suizo queda ahora pendiente del pertinente examen de la autoridad laboral correspondiente.

   El grupo suizo Holcim atribuye su decisión al descenso de la demanda de hormigón en España como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.

   No obstante, el ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).

El Gobierno argelino autoriza la creación de diez nuevos partidos políticos

ARGEL.- El Gobierno argelino ha autorizado este martes la creación de los primeros nuevos partidos políticos en más de una década, cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias, en el marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Abdelaziz Buteflika para evitar la propagación al país de protestas como las vividas en otros países de la zona.

   En un comunicado, el Ministerio del Interior ha informado de que se ha autorizado a diez nuevas formaciones políticas a celebrar su congreso constitutivo, una vez se haya promulgado la nueva ley orgánica relativa a los partidos políticos.

   Según el documento, recogido por la agencia oficial APS, las formaciones autorizadas son el Movimiento de los Ciudadanos Libres (MCL), la Unión para la Democracia y la República (UDR), el Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), el Frente de la Justicia y el Desarrollo (FJD - El Adalá), Jil Jadid (JJ), Frente Nacional para la Justicia Social (FNJS), Frentre de la Nueva Argelia (FAN), Frente El Moustakbal (FM), Partido de los Jóvenes (PJ) y Partido El Karama (PK).    

   No obstante, el Ministerio del Interior ha advertido de que la autorización definitiva de los nuevos partidos "está subordinada al estudio de la conformidad" de los respectivos congresos constitutivos con la nueva ley en la materia.

   Por otra parte, Interior ha precisado que el examen de las nuevas solicitudes para la creación de partidos políticos se abordará "con diligencia y tan rápido como sea posible a medida que los dosieres sean concluidos por los miembros fundadores, con los que los servicios del Ministerio están en contacto".

   "Hemos actuado de tal manera que el máximo número de partidos pudiera conseguir el visto bueno", ha asegurado el ministro del Interior, Daho Ould Kablia, según informa la agencia APS. Esta es la primera vez desde que Buteflika llegó al poder en 1999 que se autoriza la creación de nuevos partidos.

   Según la agencia, las nuevas formaciones autorizadas incluyen a varios grupos islamistas moderados. Los críticos con el Gobierno argumentan que muchas de las nuevas formaciones son en realidad próximas al Ejecutivo si bien una de ellas, el islamista Frente de la Justicia y el Desarrollo de Abdalá Djabalá, es un opositor declarado.

   En estos momentos, el Parlamento argelino está controlado por una alianza que integran el Frente de Liberación Nacional, que ha dominado la vida política argelina desde la independencia de Francia, y la Unión Nacional para la Democracia, del primer ministro Ahmed Ouyahia.

Antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

   Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha precisado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.

   "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha defendido la 'número dos' del Gobierno.

   En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".

   Según ha dicho, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente" respondan ante los ciudadanos y "si es necesario, ante la justicia".

   Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones".

   En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que ha fijado en la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de "sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley".

   La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".

   Por ello, ha defendido que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que ya se ha comenzado a trabajar sobre el texto y han comenzado las consultas con la sociedad civil. En concreto, ha asegurado que ha habido reuniones "con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno".

   La vicepresidenta ha adelantado que con esta ley y otras medidas que abundarán en el mismo camino el Gobierno quiere que España forme "parte activa" de la propuesta que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Brasil, Dilma Rousseff, impulsaron en julio de 2010 en Nueva York, conocida como 'Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto'.

   Para ello, ha explicado que España deberá suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento del proyecto, además de cumplir con "estándares mínimos" en asuntos como transparencia fiscal, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos y participación de los ciudadanos.

   Sáenz de Santamaría también ha avanzado otros cambios que el Gobierno quiere impulsar en aras de la transparencia, a través de la Ley en la que ya trabaja. En concreto, ha anunciado que se creará un 'Portal Digital de la Transparencia' al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información.

   Según ha dicho, será "una verdadera ventanilla de información de la Administración General", que sólo tendrá como limitaciones de acceso una "lista cerrada" de asuntos relacionados con cuestiones como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.

   A través de este portal, ha dicho, los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos".

   En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno quiere "armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos", de manera que sean "las máximas" para todos.

   Además, ha avanzado cambios en el Boletín Oficial del Estado y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia.

   Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados".

   Respecto al CIS, ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social" y ha precisado que, para ello, se ampliarán las bases de datos del centro y se incorporarán "estudios de otros centros o institutos.

Rosa Díez: al Gobierno le interesa más "evitar tensiones" que controlar el déficit

MADRID.- La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que parece que al Gobierno "le interesa más evitar tensiones con sus barones territoriales" que controlar el déficit en las comunidades autónomas porque lo "primero" que debería de haber hecho es pedirles "sus presupuestos".

   "En la legislatura pasada no se tomaron las decisiones que se debían de tomar pero es que en esta tampoco. El primer Consejo de Ministros que se celebró lo primero que tenía que haber decidido es pedir a las comunidades que desviaran los presupuestos. Parece que le importa mas evitar tensiones con sus barones territoriales que responder a la necesidad de 47 millones de ciudadanos", ha denunciado hoy en una entrevista en TVE.

   En este sentido, Díez se ha preguntado por qué el Gobierno no hace lo mismo que hace la Unión Europa con sus Estados miembros, es decir, "controlar el presupuesto antes de que se apruebe y pedir permanentemente un control y un cumplimiento".

"Parece absurdo y es completamente necesario. La primera decisión debía haber sido pedir a las autonomías los presupuestos", ha señalado.

   Según Díez, el Gobierno actual es igual de responsable que el anterior de no abordar el cumplimiento del déficit de manera efectiva, ya que aunque fue Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que, a su juicio, no tomó decisiones y no alertó a los ciudadanos de la situación, "a sabiendas de lo que se estaba produciendo", el de Mariano Rajoy tampoco está tomando decisiones "para enfrentarse de verdad con el problema".

   No obstante, ha aclarado que aunque los ciudadanos tienen interés en saber "quién tiene la culpa" y que "está bien hacer el diagnóstico para evitarlo y que no se vuelva a producir", lo importante , a su parecer, es "tomar medidas" para solucionar el problema, algo que, ha apuntado, no está haciendo el PP.

   Asimismo, ha señalado que aunque son las comunidades autónomas "las que más déficit han generado", esto se ha debido a que "no se les ha impedido que lo generaran". 

"Si desde el Gobierno se hubieran controlado los presupuestos antes de que se aprobaran y si no se les hubiera dado más dinero en anticipos que lo que se sabía que iban a recaudar, no hubiéramos llegado a esta situación", ha afirmado.

   Preguntada sobre si hay que rebajar el cumplimiento del objetivo de déficit, Díez ha asegurado que "si se revisan las expectativas de crecimiento, también hay que revisar el déficit y el plazo para cumplirlo", al tiempo que ha advertido de los costes que puede suponer cumplir con dichas exigencias, algo que, tal y como ha recordado, el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que tiene previsto hacer.

   "La pregunta es cuánto nos va a costar cumplir en términos de más destrucción de empleo y de más recesión. El Gobierno ha dicho que se va a cumplir sí o sí, el problema es a qué precio. Gobernar es decidir, y va a haber que decidir", ha aseverado.

   Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso ha matizado que para atajar esta situación, además de controlar el techo de gasto en las comunidades autónomas, es preciso "garantizar una cierta redistribución", porque están haciendo recortes "sin ningún tipo de control", lo que lleva, ha alertado, "a que se profundice cada vez más en la desigualdad"

. "Además del techo hay que garantizar una cohesión para que los derechos fundamentales estén garantizados para todos los españoles", ha defendido.

   Por ello, Díez ha abogado por "repensar el modelo territorial del Estado, con un criterio nacional y general, y pensando en el interés de todos los ciudadanos", ya que, aunque "ha servido para mucho durante todos estos años", hoy ha demostrado ser, a su juicio, "inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico".

   "Eso hay que repensarlo. Por eso nosotros venimos sosteniendo que España necesita reformar su modelo territorial. No creo que se trate de que las Comunidades que no tienen dinero para gestionar competencias las devuelvan. Hay que caminar hacia un modelo Federal Cooperativo en el que el Gobierno tenga competencias que hoy no tiene como la Educación y la Sanidad, como competencias exclusivas e indelegables", ha explicado.

   En esta misma línea, ha manifestado que es necesario llevar a cabo un proceso de "fusión de municipios" porque muchos de ellos son pequeños y al no tener capacidad para prestar servicios, obligan a mantener las Diputaciones provinciales, las cuales, según su criterio, "hay que suprimirlas todas".

   Dicho esto, ha subrayado que es "urgente" iniciar un debate sobre esta cuestión, ya que si se abordara podría conseguirse un ahorro que ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, "que podrían dedicarse al déficit, además de a prestar mejores servicios a los ciudadanos".

El PSPV pide los informes que aconsejaron a la CAM entrar en Terra Mítica

VALENCIA.- El grupo parlamentario socialista en Les Corts ha pedido una copia de los informes que aconsejaron a Caja Mediterráneo (CAM) entrar en el accionariado del parque temático Terra Mítica para que se analicen en la comisión parlamentaria que investiga a esta entidad alicantina.

 

El diputado socialista Ángel Luna ha explicado que toda la documentación requerida por su grupo servirá para "conocer la realidad" de la caja y "cómo ha evolucionado en los últimos años" hasta llegar al punto de ser intervenida por el Banco de España.

Los socialistas también han solicitado el resultado completo de la auditoría realizada por KPMG, la copia de los escritos de supervisión del Banco de España o los informes que sobre la CAM haya realizado el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Además, también han reclamado que se analice en la comisión el detalle de operaciones de riesgo concedidas por la CAM a los miembros de su consejo de administración o su comité de dirección, y a los familiares de primer rango de todos los directivos de la entidad.

Luna ha mostrado su confianza en que los miembros de la comisión puedan tener acceso a toda esa información, puesto que supondría "un primer paso" para esclarecer la situación que llevó a la CAM a ser intervenida.

También pedirán los contratos suscritos desde 1998 por miembros de los órganos de gobierno y el detalle, en su caso, de "blindajes", planes de pensiones, seguros de cualquier naturaleza o beneficios sociales.

Otra información requerida es el detalle de las operaciones de riesgo concedidas a cualquier administración pública, así como información sobre las inversiones de la CAM en proyectos en los que haya tenido representantes en los órganos de gestión o administración.

En cuanto a las comparecencias, el grupo socialista no ha especificado aún cuáles serán sus peticiones, si bien han pedido una relación de las personas que formaban parte de los órganos de dirección y gestión de la CAM para identificar "responsabilidades".

El próximo 25 de enero la comisión se reunirá para aprobar un plan de trabajo y las solicitudes de documentación y el 24 de febrero se cerrará el plazo para la recepción de esa información.

Más tarde se decidirán las comparecencias y a partir del 26 de marzo comenzarán a pasar por la comisión las personas relacionadas con la investigación.

Buch dice que "vamos a pasarlas canutas"

VALENCIA.- El nuevo conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, ha reconocido este lunes que "vamos a pasarlas canutas", por lo que intentará "transmitir siempre optimismo e ilusión" y ha instado a sus "amigos empresarios" a "trabajar juntos, hablar y ver qué planes" ponen en marcha "sin autoflagelación y con orgullo, que somos valencianos y somos de lo mejor que hay en España".

"Somos de las mejores tierras del mundo y tenemos que ir sacando pecho y yendo al extranjero como ya lo hemos hecho en tiempos anteriores en que éramos una comunidad admirada y volveremos a serlo muy pronto", ha augurado.

   Así lo ha señalado en su primera intervención pública tras recibir sus nuevas competencias de manos de su antecesor, Enrique Verdeguer, quien ha valorado su "extraordinario" perfil y su "grandísima capacidad de trabajo" y le ha deseado "toda la suerte del mundo".

   Este ingeniero industrial valenciano de ascendencia alemana y con gran conocimiento del tejido empresarial de la Comunitat y del mundo de la exportación, se ha comprometido a "ir aterrizando lo más rápidamente que pueda" y a hablar "con todo el mundo".

"Soy una persona de equipo, abierta y abierta a las críticas", ha aseverado.

   En su opinión, en fundamental "seguir trabajando en piña" al considerar que "los gobiernos no arreglan una comunidad autónoma", sino que únicamente pueden "facilitar las cosas", brindar su ayuda, "manejar el poco dinero" que tienen y distribuirlo "sabiamente" para, entre otras cosas, "intentar pagar a los proveedores". 

"Lo principal, antes que cualquier otra cosa, es que nuestros proveedores cobren y ahí nos vamos a afanar porque si matamos a nuestros propios proveedores, lo tenemos muy complicado".

"Nos vamos a desvivir todos para conseguir que esto salga adelante", ha garantizado Buch.

   Como reto en esta nueva etapa, se marca "intentar mantener" el nivel mostrado por Verdeguer, del que ha resaltado su amabilidad, su honestidad, las "facilidades" que le ha dado y que es "un magnífico gestor" que ha "trazado un camino" del que espera aprender y, además, poder seguir contando con sus "consejos".

   Buch ha agradecido a los miembros del Consell que le hayan "recibido con los brazos abiertos" y ha subrayado que "son una piña muy cohesionada que lo está haciendo muy bien", con un presidente al frente al que ha "conocido en los últimos días" y del que ha dicho que es "una persona excelente". "Estamos en buenas manos con nuestro presidente" y "yo espero no defraudar a nadie", ha agregado.

   En ese primer discurso como conseller, ha abogado por despojarse rápidamente del "pequeño complejo de inferioridad" que sienten los valencianos en la actualidad. Al respecto, ha remarcado: "Somos muy buenos, somos líderes en muchas cosas, hemos liderado la exportación durante más de un siglo en España, hemos hecho las cosas muy bien, ahora nos han pillado a contrapié porque la crisis nos ha pillado a todos a contrapié", pero "debemos ser optimistas".