viernes, 17 de febrero de 2012

Potenciar la riqueza / Ángel Tomás Martín *

Si el principal sector económico, productor de riqueza y de puestos de trabajo, entra en crisis y arrastra al sistema financiero, a la par que el endeudamiento público alcanza niveles casi insoportables, y se origina un desempleo de altísimo riesgo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la política económica se ha gestionado sin previsión y sin control, y lo que es peor, ha tocado fondo. Se ha permitido durante muchos años dirigir la economía por líderes autodidactas que mezclaban en la gestión económica su personal filosofía política, olvidando o desconociendo que el liderazgo obliga a ceñirse a una buena gestión económico-política y no político-económica, cuyos errores se justificaban y las soluciones se aplazaban. 

El presupuesto nacional, no ha sido respetado ni controlado, y solo una carrera de inversiones faraónicas carentes de rentabilidad y no preferentes, explican el caos en que nos encontramos. A esta misma situación llegaron hogares, empresas, Corporaciones y Comunidades que se endeudaron con escasa posibilidad de la atención del servicio de la deuda.

Ante la morosidad generalizada, la generación de riqueza en regresión y la falta de ideas propias de todo mal gestor, solo se recurre a medidas de austeridad y recortes, necesarias sin duda, pero perjudiciales si no van acompañadas de una nuevas medidas de generación de fuentes de riqueza que permitan crear puestos de trabajo, recaudar impuestos y sanear el desequilibrio presupuestario.

La situación no permite dilación alguna; el círculo vicioso: más recortes, más impuestos y menos renta Nacional, no hace posible el crecimiento del consumo, y la inversión sin lo cual será inevitable el estado de insolvencia generalizado. Tampoco la Europa Comunitaria podría digerir la quiebra de un miembro de la importancia de España. Consuela saber que contaríamos con su ayuda, si somos capaces de unir austeridad con generación de riqueza.

Para ello, necesitamos previamente un sistema financiero sólido y con la liquidez suficiente para posibilitar el crecimiento al tejido empresarial. Un sistema sano y una reducción del gasto público están siendo objeto de regulación, aún incompleta, pero la creación y estímulo de sectores de riqueza que generen actividad, ni se ha proyectado ni se ha iniciado; si no se acometen con urgencia, el fracaso económico puede ser inevitable.

Centrémonos en las medidas imprescindibles para conseguir el crecimiento de la actividad económica, que junto con la austeridad y la eliminación del gasto inútil en época de crisis, constituyen el único camino que nos conducirá a la estabilidad, a la paz y a la recuperación de parte del bienestar social perdido.

En la actual coyuntura económica europea, no es posible potenciar nuevas fuentes de riqueza en España impulsadas desde el exterior. Una vez agotado el sector inmobiliario, solo se iniciará nuestra recuperación si sabemos analizar nuestras actuales posibilidades de riqueza territorial, y promover normas de desarrollo y política de inversiones para cada sector, basadas en modernas aplicaciones de los factores: capital (privado y financiero)-trabajo y productividad-trabajo; sin olvidar las complejas interdependencias entre las diversas actividades industriales, agrícolas y servicios. 

El único camino urgente es mejorar nuestra competitividad para con los países de la Unión a la pertenecemos, corrigiendo los defectos organizativos anticuados actuales, e implantando nueva técnicas y normalizaciones en relación con la tipificación regional de nuestro productos y servicios. En resumen propiciar políticas óptimas de inversiones que aumenten el consumo, favorezcan las exportaciones y creen empleo.

Las pequeñas y medianas empresas tienen mayor productividad que las grandes, sus relaciones capital-producto y capital-trabajo son menores al ser mayor el valor añadido por hora trabajada; cuestión a tener en cuenta al estudiar una política de inversiones adecuada por zonas geográficas especializadas y con experiencia tradicional a lo largo del tiempo. Estos condicionantes deben influir en la planificación de los estudios y en la confección de los inventarios de las unidades de bienes de que disponemos, sin olvidar las tendencias futuras. 

La interacción entre el análisis teórico y la investigación empírica componen la base auténtica del progreso y demuestran que "la productividad y precio, son los componentes de un proceso de desarrollo intensivo que permite la extensión de la mano de obra ocupada al crecer la productividad de ésta".

Por otro lado, la perfección a consecuencia de incorporar maquinaria, aumenta el producto neto del país sin disminuir el producto bruto, y mejora el bienestar de todas las clases sociales. La combinación de los factores productivos debe supeditarse a la utilización de los que estuviesen ociosos, y de que la inversión de capital está supeditada al ratio "salario real-interés real", puesto que el volumen de capital por trabajador muestra el grado de capitalización de una actividad productiva. La potenciación y utilización de la riqueza es clave.

Por riqueza entendemos el valor del conjunto de bienes de que dispone nuestra nación, y es el resultado de inventariar las unidades de bienes (que debe efectuarse por regiones para poder homogeneizarlas) y obtener el resultado de un proceso acumulativo, para posteriormente capitalizar sus rendimientos. Así definiremos la estructura de nuestra riqueza y comprobaremos su bajo coeficiente de utilización, indispensable para proceder a estudiar y aplicar las reformas, que nos conduzcan a la optimización de los resultados de explotación, con relación a nuestros competidores. 

Hemos, por tanto, de partir de lo que llamamos una auténtica radiografía de nuestra realidad económica, como base para un desarrollo armónico y efectivo.

Para esta tarea, única posible, necesitamos el esfuerzo conjunto del Ejecutivo, del sistema financiero, del tejido empresarial y del trabajo.

(*) Economista y empresario

jueves, 16 de febrero de 2012

El FROB limita en la CAM el acceso de datos internos a la comisión de control

ALICANTE.- Los administradores designados por el FROB para gestionar Caja Mediterráneo (CAM) han comenzado a limitar el acceso de la documentación interna a los miembros de la Comisión de Control, el órgano encargado de supervisar el funcionamiento de la caja alicantina.

Como ha informado 'Abc', la comisión de control aprobó el lunes un requerimiento en el que solicita a los administradores que le facilite copias autentificadas —en soporte digital y en papel— de abundante documentación de la entidad referida a los últimos cinco ejercicios. La solicitud incluye todas las actas de las reuniones del consejo de administración, de la asamblea general y de las distintas comisiones, así como de todas las comunicaciones que se han producido entre la caja, la Agencia Tributaria y el Banco de España, entre otros informes.
En su escrito, el presidente de la comisión, Juan Ramón Avilés Olmos, reclamaba que esta solicitud sea atendida en el menor plazo de tiempo posible para evitar que sus miembros queden en una situación de «indefensión» ante el expediente disciplinario que les ha abierto el Banco de España.
Los administradores del FROB respondieron ayer a este requerimiento, aunque sólo de forma parcial. En su respuesta, autorizan a los miembros de la comisión de control a consultar en la sede central de la CAM en Alicante parte de los documentos solicitados, aunque se niega a facilitarles copia de ninguno de ellos. Por tanto, los diez miembros de la comisión de control —quienes siguen ejerciendo sus funciones, pues no han sido destituidos— podrán examinar los documentos solicitados y tomar notas sobre su contenido, pero no podrán sacar ni un sólo papel de las instalaciones de CAM.
Los administradores del FROB justifican esta precaución argumentando que los miembros de la comisión no han solicitado dichos informes para realizar la labor fiscalizadora que tienen encomendada, sino para ejercer su defensa en el expediente abierto por el Banco de España. Y aún así, sólo han accedido a exhibir una parte de los documentos solicitados, pero no otros como el expediente disciplinario incoado a la ex directora general María Dolores Amorós o las comunicaciones remitidas a la Agencia Tributaria sobre la retribución que han cobrado en los últimos años los directivos y consejeros de la caja.
En el requerimiento aprobado el lunes, el presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, también reclama a los administradores del FROB que adopten medidas para defender los derechos de los cerca de 50.000 ahorradores que compraron cuotas participativas y ahora han perdido el dinero que invirtieron.
Por otro lado, la inmobiliaria de Banco CAM, Mediterranean, ha puesto en marcha una oferta de alquiler de pisos con opción a compra por 400 euros al mes en Seseña (Toledo), para dar salida a más de un centenar de inmuebles. Esta fórmula funciona como una hipoteca al cero por ciento de interés los 2 primeros años, ya que las cuotas de alquiler pagadas se descuentan del precio de compra.
Caja Mediterráneo intenta de esta forma desprenderse de una parte de los inmuebles que tiene en propiedad, fruto de los créditos a promotores impagados, al tiempo que facilita el acceso a la vivienda para familias y jóvenes en este municipio toledano.
Desde el punto de vista jurídico, el alquiler con opción a compra que Mediterranean oferta en Seseña libera de responsabilidades al cliente, ya que puede disfrutar de una vivienda en 2012 y pospone la firma de una hipoteca hasta 2014.
A nivel económico, el alquiler con opción de compra permite al cliente evitar el pago de impuestos y gastos de la compra, explicaron fuentes del grupo inmobiliaria Mediterrranean, ligado a la CAM.

Diego de Ramón trata de evitar el juicio por el despido de Amorós de la CAM

ALICANTE.- El abogado que representa a la plataforma de afectados por Caja Mediterráneo, Diego de Ramón, se ha dirigido a la titular del Juzgado nº 4 de Alicante, (que el próximo viernes 24 de febrero celebrará el juicio por despido improcedente de la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós), para trasladarle las acciones penales que conoce el Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, según han informado desde la plataforma.

Con ello pretende conseguir que la magistrada suspenda la vista, si lo considera oportuno, por existir una "prejudicialidad penal sobre lo laboral", han añadido.
Asimismo, De Ramón ha contactado con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, para que se pueda personar en dicho procedimiento laboral y si lo considera oportuno suspender la vista, "por ser las causas de despido las mismas que pueden ser causa penal".
Por último, han explicado que el abogado de la plataforma pedirá la suspensión del juicio ya que son las mismas causas que se le imputa a Amorós en la Audiencia Nacional.
Según han manifestado, la Plataforma Cam "tratara de evitar que los responsables se salgan con la suya" e invitan a aquel que lo desee a unirse a ellos en señal de protesta el viernes 24 de febrero a las 10: 00 horas "para que se nos escuche".
La Plataforma ha anunciado además que el próximo martes, 21 de febrero, entregará las firmas recogidas a la Audiencia Nacional e incluirá en ese mismo acto la entrega del expediente admistrativo del Banco de España para que se una a la causa penal contra la cúpula de Caja Mediterráneo.
El portavoz del colectivo, Carlos Pena ha señalado que Amorós tiene un proceso abierto, aunque no está imputada, en la denuncia colectiva presentada por la citada plataforma en la Audiencia Nacional y ha considerado que esta causa penal debe prevalecer sobre la civil y laboral que solicita la exdirectora general de CAM en el juzgado de lo Social de Alicante.
"Amorós está reclamando una causa laboral por despido improcedente, pero está incluida en nuestra causa penal, por lo que pedimos que su vista oral se posponga hasta que se lleve a cabo la nuestra", ha explicado.
"No nos parece justo que con ella ya se haya iniciado todo el proceso (laboral) y que nosotros tengamos que esperar meses para que la denuncia (por vía penal) prospere", ha opinado.
El juicio sobre el procedimiento laboral de Amorós tendrá lugar el próximo día 24 en los juzgados de Alicante y está previsto que pida que su despido de la entidad financiera sea declarado improcedente.
En caso de conseguirse, podría conllevar una indemnización y que se respetase la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de CAM y que fue derogada posteriormente.
Amorós fue despedida el pasado 28 de septiembre por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención de la entidad financiera en julio por el Banco de España.
Si finalmente no se pospone este juicio, tal y como pide la plataforma, sindicatos y afectados se concentrarán a las puertas del juzgado para protestar, ha anunciado Pena.
La Fiscalía Anticorrupción ha detectado irregularidades en el cálculo de la pensión vitalicia concedida a la exdirectora general de CAM.
Según fuentes jurídicas, Anticorrupción trabaja ahora para aclarar si se trata de irregularidades administrativas o de delitos penales, es decir, si Amorós buscó el beneficio propio al determinar y calcular su pensión, la denominada previsión social complementaria.
Por otro lado, la plataforma CAM ha decidido aplazar la última entrega de firmas adhiriéndose a su denuncia colectiva para poder estudiar si es posible añadir a esta causa el expediente disciplinario abierto por el Banco de España a los exdirectivos de CAM.
De esta manera, la entrega de otras 140 firmas, que se sumarán a las 120 ya registradas el pasado 26 de enero, se realizará el próximo martes junto con los 6.000 euros de fianza que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha requerido para poder iniciar el proceso.

Buch dice que la salida a la crisis llegará "mucho antes de lo que algunos piensan"

VALENCIA.- El conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, ha lanzado este jueves un mensaje de optimismo al señalar que la salida a la crisis se producirá "mucho antes de lo que algunos piensan", una vez se restablezca la confianza de los mercados y se consiga la liquidez necesaria para hacer frente a los vencimientos de deuda.

   Así se ha pronunciado Buch durante la clausura de la Asamblea General de la Federación de Cajas Rurales de la Comunitat Valenciana, celebrada en el marco de la feria Forinvest, en la que ha estado acompañado por el presidente de la federación, Gerardo J. Puchol.
   En su discurso, el titular de Economía se ha calificado como un hombre "optimista" y ha indicado que la Generalitat está en un proceso de refinanciación de su deuda con el Gobierno central, que "está haciendo sus deberes" para que la Comunitat disponga "de la liquidez necesaria para hacer frente a los vencimientos".
   A su juicio, la recuperación de la confianza de los mercados será el "punto de inflexión" para iniciar la "senda de la recuperación", que se producirá "mucho antes de lo que algunos piensan".
   En este sentido, y en referencia a las cajas rurales y cooperativas de crédito, Buch ha apuntado que este sector "puede tener un gran protagonismo en la dinamización de la economía valenciana", al situarse "al servicio de la Comunitat Valenciana y su tejido productivo, al lado de proyectos capaces de generar riqueza y confianza".
   El conseller ha destacado el importante papel de las 35 cajas rurales existentes en la región, que representan el 46% del sector en el conjunto del país, aglutinan al 19% de los empleados y suponen el 18% de las oficinas. Además, el volumen de depósito de estas entidades supone más del 14% del total gestionado por las cooperativas de crédito españolas y su cuota de mercado es "muy superior a la que representan estas entidades en el ámbito nacional", ha agregado.
   Por ello, ha resaltado la capacidad que las cajas rurales y cooperativas de crédito tienen para hacer fluir el crédito hacia aquellas empresas con gran arraigo en la Comunitat Valenciana que precisan de recursos financieros para poder emprender sus proyectos.
   Asimismo, el conseller se ha referido también al proceso de reestructuración del sector y ha matizado que la integración de distintas entidades "no tiene por qué implicar la desvinculación territorial" de las cajas, y ha abogado por mantener esa "vinculación y proximidad al cliente" propia de este tipo de entidades financieras.
   Esta reestructuración, ha explicado Buch, tiene como objetivo aumentar la eficiencia e incrementar los controles internos de las entidades, aunque ha señalado que estos "criterios financieros puros" deben conjugarse también con otros como los de "proximidad y vinculación" de las cajas con los socios, clientes y la sociedad.
  "Somos todos parte de la solución y tenemos que trabajar todos juntos: administraciones públicas, cooperativas de crédito y sociedad civil", ha indicado el titular de Economía, que ha requerido "el compromiso de toda la sociedad para sacar adelante" la situación. "tengo plena confianza en las cajas rurales y cooperativas de crédito, podemos seguir contando con ellas para construir el futuro de la Comunitat Valenciana", ha concluido.
   Por su parte, el presidente de la Federación de Cajas Rurales de la Comunitat se ha referido también al proceso de reestructuración del sector y ha señalado que "hoy más que nunca" las cajas rurales y cooperativas de crédito caminan juntas en búsqueda de rentabilidad y viabilidad económica "para socios, clientes y para la sociedad en general".
   Ha aseverado que el objetivo es ser "cada vez más eficientes y eficaces" y hacer compatible esa viabilidad económica con la responsabilidad: "hoy más que nunca las cajas rurales se enfrentan a saber conjugar la vertiente financiera con la social". 
"En tiempos de bonanza lo hicimos y ahora también hay que demostrarlo", ha concluido Puchol.

Más de mil farmacéuticos expresan su "desencanto y enfado" por el incumplimiento del calendario de pagos

VALENCIA.- Más de mil farmacéuticos de la Comunitat Valenciana han expresado este jueves su "desencanto y enfado" por el "incumplimiento" del calendario de pagos acordado con el Gobierno valenciano en las asambleas simultáneas convocadas por los colegios de farmacéuticos de Castellón, Valencia y Alicante con el objetivo de adoptar nuevas medidas de presión para cobrar los 386 millones de euros que les debe la administración autonómica.

Así lo han señalado fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof), que ha reunido a cerca de 600 personas en un encuentro que se ha iniciado con la lectura de un informe de la presidencia y se han explicado las gestiones realizadas hasta el momento.
En la primera hora y media de reunión, todos las personas que han tomado la palabra en el turno de intervenciones han constatado la "situación critica" que viven las farmacias, así como el "malestar y desengaño" que sienten los boticarios por el incumplimiento del calendario de pagos acordado con el Consell. "La sensación de desencanto y enfado es generalizada", han subrayado las mismas fuentes.
Esas mismas impresiones son las que han trasladado los cerca de 500 asistentes a la asamblea convocada por el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante (Cofa), que a estas horas continúan reunidos y a la espera de decidir qué acciones emprenden para reclamar los 133 millones que adeudan a las farmacias de la provincia.
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, aseguró este miércoles que los farmacéuticos serán "los primeros en cobrar" la deuda que les deben, pero recalcó que "para eso tiene que entrar el dinero en la caja valenciana".
"En el momento en que entre el dinero en la caja valenciana, serán los primeros porque ellos han tenido siempre una prioridad absoluta por parte del Gobierno valenciano para recibir los pagos que se les deben", subrayó Rosado, quien garantizó que "siempre" van a "intentar conseguir" que a "todos lo proveedores se les pague el dinero que se les debe".
 "Pero para esto tiene que entrar el dinero en la caja valenciana", insistió.

Hosbec resalta que el Gobierno trabaja para poner en marcha una ley de financiación de municipios turísticos

ALICANTE.- La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha trasladado al presidente de Hosbec, Antonio Mayor, y a su vicepresidente, Francisco Antolí, que el Gobierno trabaja para poner en marcha una ley de financiación de municipios turísticos, según ha indicado la patronal hotelera de Benidorm y Costa Blanca en un comunicado. 

   En una reunión celebrada en Madrid con una "intensa agenda de asuntos interesantes para el sector turístico de Benidorm y de la Costa Blanca", la secretaria de Estado ha confirmado que su departamento "trabaja ya en una ley de financiación de municipios turísticos que esperan poder poner en marcha dentro de la presente legislatura".
   La intención es que se puedan "corregir desigualdades" en cuanto a la financiación que aporta el Estado, como sería, según Hosbec, el caso de Benidorm, precisamente por el carácter estratégico del turismo en la economía nacional y por la aportación que estos municipios hacen al Estado en concepto de impuestos".
   Además, Borrego también se ha comprometido a estudiar con Fomento el establecimiento de un porcentaje del Plan de Infraestructuras para que se destinen precisamente a los municipios turísticos.
   En el marco del apoyo para los destinos turísticos maduros, Antonio Mayor ha resaltado el caso específico de Benidorm calificándolo como "modélico en cuanto a reconversión industrial ya que los hoteles están muy actualizados y prácticamente toda la planta hotelera ha pasado por importantes reformas e inversiones".
   Este es, según Mayor, "un hecho diferencial a otros destinos maduros de las costas españolas e islas, donde la iniciativa privada no tiene el empuje necesario". Sin embargo, ha indicado Mayor  "la parte pública del destino se ha quedado atrás, y ahora es necesaria una reforma urbana agresiva".
   En su opinión, "una de las causas para esta situación es precisamente el déficit de financiación de los municipios turísticos que, con poblaciones de derecho inferiores, soportan servicios y dotaciones para poblaciones que triplican sus habitantes censados". Así, la aportación del Estado a un presupuesto como Benidorm es de un 13 por ciento, mientras que en otros municipios similares alcanza un 33 por ciento.  
   También ha reclamado a la Secretaría "apoyo para consolidar la imagen de Benidorm como imagen de destino turístico sostenible". Borrego, según la misma fuente, ha acogido "con entusiasmo" esta iniciativa y ha anunciado también "la inmediata puesta en marcha" de la nueva línea de préstamos del FOMIT para poder atender proyectos de sostenibilidad municipales.
   Mayor ha recabado de la Secretaria "el apoyo al mantenimiento y posible crecimiento del programa de vacaciones para mayores nacional --programa IMSERSO-- que actualmente maneja un millón de paquetes turísticos anuales y una dotación presupuestaria cercana a los 100 millones de euros. "Es un programa de éxito social y económico para los mayores, para el Estado y para el sector turístico", ha destacado el presidente de Hosbec.
   En esta línea, se ha puesto en la mesa también el futuro del Turismo Senior Europeo, y Borrego ha confirmado que la Comisión Europea y el comisario Tajani tienen intención de retomar el programa con financiación de la Unión Europea, centrados en los mercados emergentes del Este de Europa y en aquellos mercados emisores poco relevantes durante la temporada de invierno como Portugal o Francia.  Se espera por tanto un nuevo impulso a este programa para las próximas temporadas.
   En relación a la promoción internacional, la Secretaria de Estado ha prestado "toda su colaboración" a HOSBEC para "canalizar cualquier iniciativa de promoción internacional, sobre todo en aquellos mercados en los que Benidorm y Costa Blanca son marcas reconocidas y potentes".
   Ambas instituciones "también están de acuerdo en fijar Rusia como objetivo preferente para la captación de turistas, y están en marcha iniciativas para flexibilizar todos lo posible la exigencia de visados, y luna importante inversión promocional centrada sobre todo en el segmento vacacional".
   Finalmente, Borrego ha confirmado también que se ha puesto en contacto con Fomento y Aena para "procurar una solución rápida y beneficiosa para el sector a la problemática del aeropuerto de Alicante con las compañías de bajo coste".

El pleno de la Diputación aprueba por unanimidad los planes de Obras y Servicios de 2012

ALICANTE.- El pleno de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado por unanimidad los Planes de Obras y Servicio de 2012, que contarán con un presupuesto de 12,70 millones de euros destinados a la ejecución de actuaciones en 36 municipios de la provincia.

   Los Planes de Obras y Servicios comprenden el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS), el Plan Complementario a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (PCOS) y el Plan Especial de Infraestructuras Dotacionales.
   En un encuentro informativo previo al pleno extraordinario, la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha recordado que estos planes "priorizan las obras en los municipios de menor población de la provincia, con el objetivo de liberar a los consistorios de las cargas de aquellas obras necesarias para sus localidades y que requieren de una mayor aportación presupuestaria".
   El diputado de Infraestructuras, Planes y Obras, Manuel Pérez Fenoll, por su parte ha detallado que, del total de 12,70 millones de euros, la Diputación aporta 8,5 millones de euros --un millón y medio de ellos procedentes de subvenciones estatales--.
   Pérez Fenoll ha mostrado su satisfacción por que estos planes han contado con el apoyo "unánime" del grupo socialista en la oposición, y ha asegurado que "no se ha mirado el color político de ninguna ciudad".
  En este mismo sentido, el diputado socialista Jaume Pascual, durante su intervención en el pleno ha destacado el "clima de entendimiento" que ha marcado la negociación para seleccionar los municipios beneficiados este año. Así mismo, ha insta a que, en el remanente del 2011, se tenga en cuenta a los municipios que no se han visto beneficiados ahora.
   El POS para 2012 cuenta con aportaciones de la Diputación, del Ministerio de Administraciones Públicas y de los consistorios alicantinos, y comprende actuaciones en 18 municipios por un importe total de 3,3 millones de euros.
   Los municipios beneficiarios del POS serán los siguientes: Aïgues; Alcocer de Planes; Algorfa; Algueña; Beniardá; Benifallim; Benimantell; Cañada; Castell de Castells; Facheca; Gorga; Guardamar del Segura; la entidad local menor Jesús Pobre; La Vall d'Ebo; Llíber; L'Orxa; Planes y Sella.
   En cuanto a los proyectos a ejecutar por estos municipios, entre otras actuaciones se incluyen remodelaciones de alumbrado público; reparaciones de infraestructuras; ampliación y mejora de la red de agua potable y de la red de alcantarillado, pavimentación y mejora de firmes de espacios públicos o urbanizaciones de calles.
   Por su parte, el Plan Complementario a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, cuya financiación recae en la Diputación y en los ayuntamientos, acometerá en 2012 un total de 16 obras por importe de 8,9 millones de euros.
   En estas subvenciones se incluyen actuaciones de urbanización, ampliación de cementerios, colectores de aguas pluviales o mejoras de infraestructuras y equipamientos de las poblaciones de Almoradí; Banyeres de Mariola; Benissa; Callosa d'En Sarrià; Crevillente; Dénia; Elda; Ibi; L'Alfàs del Pi; Los Montesinos; Monóvar; Pilar de la Horadada; San Miguel de Salinas; San Vicente del Raspeig; Sant Joan d'Alacant y Santa Pola.
   Así mismo, el Plan Especial de Infraestructuras Dotacionales contará durante este ejercicio con una inversión de cercana a los 446.000 euros, de los que la institución provincial aportará el 95 por ciento del total para llevar a cabo dos obras en Alcoleja --la rehabilitación del centro social polivalente-- y en Benimassot --el soterramiento de la línea eléctrica de media tensión--.
   En este sentido, Manuel Pérez Fenoll ha señalado que "el 61 por ciento de las obras que se incluyen en los planes corresponden a actuaciones de urbanización de viales y pavimentaciones, mientras que el 22 por ciento son de trabajos de agua, luz y saneamiento, el 11 por ciento de centros sociocultuales y dependencias municipales y el seis por ciento de instalaciones deportivas, gestión de residuos e infraestructuras viarias".
   Por comarcas, la zona de la Montaña recibirá 10 de las 36 actuaciones previstas; mientras que a la Marina Alta corresponderán seis; cinco a la Marina Baja y otras cinco en la Vega baja; tres en l'Alacantí, y una en el Medio Vinalopó y el Baix Vinalopó y una en el Alto Vinalopó.
   Por otra parte, Manuel Pérez Fenoll ha adelantado que la Diputación destinará este año 1,7 millones de euros al Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial para realizar cinco actuaciones en Elche; Alcoleja; Planes; Alicante y Finestrat.
   Las obras consistirán en trabajos de refuerzo, ensanche y mejora de carreteras y consolidación de plataformas, así como en la mejora de la seguridad vial y el acceso peatonal, con una "especial atención a los usuarios de estos viales, como puedan ser los peatones y los ciclistas".

Hallan 13 caballos de particulares en las dependencias municipales de Orihuela

ORIHUELA.- El Gobierno local de Orihuela ha hallado 13 caballos de propiedad particular, todos en perfecto estado de salud, en unas cabellerizas municipales, cuyo uso carece de permiso o de régimen de alquiler.

Los propietarios de los equinos "llevan años" utilizando estas dependencias municipales sin ningún tipo de contraprestación, según ha explicado hoy el concejal de Medio Ambiente y Agricultura, Manuel Culiañez (Los Verdes), quien ha tildado de "caciquil" la política del PP al frente de este consistorio durante los últimos 25 años.
"Se creían que esto era suyo", ha dicho el edil, después de conocer, tras localizar y entrevistarse con los propietarios de los caballos, que el uso particular de estas caballerizas sin que exista permiso o concesión es "de toda la vida".
El consistorio oriolano dispone de estas cuadras porque la localidad acoge anualmente -de marzo a mayo- una parada de sementales del Ejército, unas de las más importantes de España.
A lo largo del resto del año estas caballerizas deberían estar vacías, según han señalado fuentes municipales.
Sin embargo, los propietarios de los caballos ahora hallados disponían de las llaves de acceso a la cuadras, "entraban sin control alguno y cuando querían".
Aunque el hallazgo de estos 13 caballos, así como de dos ponys, se produjo a finales del pasado mes de enero, ha sido hoy cuando ha finalizado el plazo dado por la corporación a los dueños de estos animales para que se los llevaran.
Fue un funcionario municipal quien informó al concejal de quienes eran los propietarios, han añadido las mismas fuentes, que han aseverado que en el Ayuntamiento "no hay ningún documento de préstamo, alquiler, cesión o papel que refleje la presencia de los caballos en cuestión en dependencias municipales".
Los animales presentan buenas condiciones, pues todo indica que eran alimentados y cuidados "casi a diario".
El concejal ha señalado que son "miles los euros" que hubiese costado durante años el alquiler y el servicio de unas cuadras de las "que se han beneficiado algunos privilegiados a costa de todos los oriolanos".
"Ellos no son responsables, pero sí quienes se lo han permitido", ha dicho Culiañez.

Camps y Costa no asistirán por "decisión personal" al Congreso Nacional del PP

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha confirmado este jueves que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y su antecesor en el partido y diputado en las Corts, Ricardo Costa, no asistirán por "decisión personal" al XVII Congreso Nacional del PP que se celebrará este fin de semana en Sevilla. 

  Al respecto, ha señalado que se trata de "una decisión absolutamente personal" de Camps y Costa, que fueron absueltos el pasado mes de enero por un jurado popular en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'.
   "Han decidido no ir, si hubieran decidido ir por supuesto que estaríamos encantados", ha asegurado Clemente en rueda de prensa, al ser preguntado por los medios por la asistencia de ambos al Congreso.
   Ricardo Costa ha confirmado que no irá al Congreso por motivos personales y ha agradecido la invitación del PP para participar en este encuentro, que se celebrará los próximos días 17, 18 y 19 en Sevilla y que servirá para elegir a una nueva dirección del partido. 
En cuanto a Camps, fuentes de la dirección nacional ya indicaron que descartaban que el ex-presidente valenciano viajara a Sevilla.

La Defensora del Pueblo pide a la Policía medidas para "erradicar" identificaciones de inmigrantes

MADRID.- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Dirección General de Policía (DGP) para pedirle que adopte medidas tendentes a "erradicar" la "práctica policial detectada" por la que se realizan controles callejeros de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.

   La actuación se deriva de una queja elevada por el abogado y presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro. En la respuesta, la Defensora explica que tras escuchar las alegaciones de la DGP, le ha dirigido un recordatorio de deberes legales y dos recomendaciones por este asunto.
   En concreto, solicita a la DGP que se impartan "las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica policial detectada consistente en controles de identificación, basados en perfiles étnicos y raciales".
   En esta línea, recomienda que se arbitren "mecanismos de control a posteriori, que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".
   Asimismo, en otra de las recomendaciones, la Defensora del Pueblo solicita la modificación de la Circular 1/2010 de 25 de enero que pedía agilidad en la tramitación de los procedimientos sancionadores a inmigrantes sin permiso de residencia "a fin de que sean correctamente interpretados los supuestos de 'detención cautelar' y traslado a comisaría de ciudadanos extranjeros identificados".
   La Alta Institución recuerda a la DGP su "deber legal" de "no proceder a la detención y posterior traslado a dependencias policiales de ciudadanos extranjeros debidamente identificados si no se dan los presupuestos legales de una detención penal", de una retención en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o de una de las detenciones cautelares contempladas en la Ley de Extranjería.
   Conforme recoge el escrito, cuando la Dirección General fue preguntada por este asunto remitió un informe argumentando que las identificaciones no están vinculadas a la Ley de Extranjería ni a la Circular 1/2010, porque obedecen a "labores preventivas que afectan tanto a ciudadanos extranjeros como españoles'".
   Además, la DGP, dependiente del Ministerio del Interior, explicó que "el traslado a comisaría de un extranjero debidamente identificado pero en situación irregular en España encuentra amparo legal", tanto en la Ley de Extranjería como en la de Seguridad Ciudadana.  
   "Este organismo considera que la conducción del extranjero a comisaría, aún llevando consigo la oportuna identificación, es una 'interpretación integradora del ordenamiento jurídico basada principalmente en los textos citados", explica la Defensora del Pueblo.
   En su informe, la DGP recuerda que "es obligación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, y que la normativa atribuye al Cuerpo Nacional de Policía "las funciones previstas en la legislación de Extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión emigración e inmigración", obligación que, de no llevarse a cabo "podría ser objeto de responsabilidad disciplinaria por dejación de facultades o deberes".

El ministro Soria apoya una "reforma integral" de la Ley de Costas para impulsar el turismo

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mostrado su apoyo hacia una "reforma integral" de la Ley de Costas para dar impulso al sector turístico, ya que aunque aboga por o realizar una "utilización no abusiva" de las costas españolas, esta regulación debe ser compatible con incorporar "el valor" de las mismas, señaló durante su intervención en el Foro de Nueva Economía.

   Soria señaló que el sector necesita "impulso" para fidelizar el nivel de turistas registrados en 2011 ya que el aumento de la afluencia de visitantes extranjeros el año pasado se produjo principalmente por factores "exógenos", como el tipo de cambio libra-euro, la bonanza económica de Alemania y el desvío de turistas procedente de Egipto y Túnez por la denominada 'Primavera Árabe'.
   Es por ello que clamó por realizar reformas en el sector por el lado de la oferta, señalando que el 75% es de 'sol y playa', segmento en el que existe una gran competencia con otros países emisores y en el que no se debe competir a través de los precios, ya que por este camino se pierde "competitividad". "Los ajustes de precios no son la solución", declaró.
   La respuesta a la fidelización de clientes por el lado de la oferta tiene que venir de la mano de la parte alojativa, por lo que es necesario dotar de flexibilidad a los operadores, administraciones y resto de agentes implicados para que puedan "modernizar sin trabas". Además, el ministro se comprometió a "apoyar financieramente" estas iniciativas.
   Por el lado de la demanda, Soria apuntó a la existencia de una posición dominante de mercado de los touroperadores y atacó las prácticas de subvenciones a las 'low cost' por parte de ciertas comunidades autónomas. "Esto es pan para hoy y hambre para mañana", resaltó, ya que se trata de prácticas "discriminatorias" que "detraen recursos públicos" y deterioran la imagen del destino.

De Guindos eleva el saneamiento por activos inmobiliarios a 52.000 millones

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al 'ladrillo' a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. 

   "Es un esfuerzo muy sustancial", avisó el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. De Guindos defendió el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado 3 de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de "medidas profundas" para afrontar la "situación de emergencia" que sufre la economía.
   De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un "empeoramiento" de la economía y del mercado laboral. Para el ministro, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se verá reflejada en el mercado de trabajo. "Los datos son alarmantes, hablan por si solos", enfatizó.
   El titular de Economía aconsejó por ello acometer medidas "profundas" de forma "rápida y decidida", entre las que destacó también la reforma laboral.
   De nuevo en su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos avisó de que España es uno de los países donde más se contrae el crédito. "El sector financiero no ha conseguido cumplir con su papel canalizador del crédito", explicó.
   En este sentido, recordó que entre 2008 y 2011 la concesión del crédito se ha restringido un 6,5% hacia las empresas y un 3% hacia familias. "Si la caída del crédito se explica por la crisis, las cifras que estamos viviendo van más allá de lo razonable", subrayó.
   El ministro puso el acento en que las dudas en torno a los activos inmobiliarios lastraban la capacidad de las entidades financiera para acceder a los mercados mayoristas y por tanto a la economía.
   "El Gobierno actúa sobre la raíz del problema", aseguró, para después defender que el saneamiento persigue entidades "solventes y viables".
   De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una "cierta mejoría" tras la aprobación del decreto ley, como en las últimas colocaciones en los mercados y la "moderación" de los CDS.
   Por último, reiteró la intención del Ejecutivo de generar un "beneficio adicional", tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con "importantes descuentos".

Agricultores españoles recurrirán ante el TUE el acuerdo agrícola con Marruecos

MADRID.- Los productores españoles recurrirán el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis. 

   En concreto, la organización agraria COAG presentará dicho recurso al considerar que la ratificación del acuerdo es un "duro mazazo" para el campo español, ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año.
   "No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquís cultivados con sueldos de miseria, con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad", ha afirmado el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora.
   El informe jurídico que están ultimando los Servicios Técnicos de esta organización recoge la vulneración de la normativa comunitaria, en materia de derechos fundamentales de los consumidores, al tiempo que atenta contra la legalidad internacional, en lo referente a la inclusión de los territorios del Sáhara Occidental.
   Por su parte, UPA ha considerado que la cámara europea asesta con esta decisión un "duro golpe" a los productores españoles de frutas y hortalizas, que "vuelven a ser usados como moneda de cambio y verán peligrar sus explotaciones por causa de un acuerdo injusto que perjudicará a muchos y beneficiará a unos pocos".
   Por ello, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha exigido compensaciones para los agricultores más afectados por el nuevo acuerdo. "Somos los paganos de esta decisión europea, y es de justicia que seamos compensados por el perjuicio tan grave al que se verán sometidas nuestras explotaciones", ha afirmado.
   Ramos ha lamentado que una mayoría de eurodiputados haya hecho "oídos sordos" a sus reivindicaciones tras "años de trabajo y negociaciones" y ha considerado que el Parlamento justifica la aprobación del acuerdo en temas que "nada tienen que ver con la cadena agroalimentaria".
   Por su parte, Asaja también exigirá a la UE el establecimiento de compensación destinadas a paliar las pérdidas que sufrirán los productores españoles, así como el "máximo rigor y vigilancia extrema" para que las importaciones procedentes de Marruecos cumplan con todas las condiciones fijadas para acceder al mercado comunitario.
   Según Asaja, se trata de un "inmerecido castigo" a las producciones españolas, que ven como anualmente este acuerdo supone pérdidas para el sector de 2.240 millones de euros (un 16% de su facturación).
   Fepex ha señalado que el Parlamento Europeo no han tenido en cuenta las "graves consecuencias" que el actual acuerdo ya tiene en las zonas de producción españolas, ni los "reiterados incumplimientos" del protocolo en vigor por parte de Marruecos.
   "Hoy es un día triste para el sector hortofrutícola que afronta, ahora, un nuevo marco de competencia", ha afirmado Fepex.
   Una vez adoptado el acuerdo, Cooperativas Agroalimentarias ha indicado que "sólo queda minimizar sus consecuencias negativas" sobre el sector hortofrutícola. Para ello, ha apremiado a las autoridades comunitarias a reformar el régimen de precios de entrada "para impedir cuanto antes que los operadores eludan, como hasta ahora, pagar las tasas aduaneras".
   Asimismo, ha demandado a la Comisión que se implique "inmediatamente" en los procedimientos aduaneros para que los controles sobre los productos procedentes de Marruecos "sean rigurosos y eficaces".
   El valor de la producción de frutas y hortalizas en España en 2011 ha caído un 11% con relación al año anterior, pasando de 15.269 millones de euros a 13.616 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura. Las frutas y hortalizas representan el 60% de la producción agraria española.

Rabat, satisfecho de la aprobación del acuerdo agrícola con la Unión Europea

RABAT.- El Gobierno marroquí se ha mostrado satisfecho de que  el pleno del Parlamento Europeo haya dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de productos del país norteafricano y ha considerado que permitirá relanzar las relaciones bilaterales.

   El ministro de Agricultura y Pesca, Aziz Akhannouch, ha señalado en declaraciones a la agencia oficial MAP que tras la adopción de este acuerdo las "históricas" relaciones que mantiene Marruecos con la UE experimentarán una "dinámica nueva y positiva".
   "Todas las instancias europeas han comprendido que Marruecos y el lugar de los intercambios bilaterales deben ser objeto de un tratamiento muy positivo", ha subrayado el ministro. "Estamos satisfechos de los resultados logrados hoy", ha agregado, recordando que Marruecos se había movilizado a todos los niveles para lograr este  acuerdo.
   Por su parte, el presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural (COMADER), Ahmed Ouayach, ha calificado de "señal fuerte" la enviada hoy por la Eurocámara a Marruecos y ha considerado que el acuerdo "abre una nueva página" en las relaciones y consolida la confianza entre ambas partes.
   Asimismo, ha considerado que el acuerdo "va a insuflar una nueva dinámica" a la agricultura marroquí y al sector de frutas y hortalizas en particular, que seguirá modernizándose.
   El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles de los distintos grupos anunciaron que votarían en contra.
   Los eurodiputados han aprobado el acuerdo por una mayoría de 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones. Sin embargo, han rechazado una enmienda promovida por la socialista española Josefa Andrés que reclamaba compensaciones para los agricultores europeos. Todos los eurodiputados españoles han votado en contra del pacto, aunque por distintos motivos.
   Su entrada en vigor no se producirá antes del 1 de mayo ya que debe cumplirse un procedimiento formal en el Consejo, según han explicado hoy fuentes comunitarias, que han apuntado que tendrá una duración "de unos diez años", si bien las partes podrían retomar los contactos antes de que expire tal plazo.
   El nuevo régimen comercial para productos agrícolas y pesqueros ofrece una liberalización casi total para la mayoría de mercancías, pero prevé volúmenes más reducidos o contingentes arancelarios para una lista de producciones consideradas "sensibles" para la Unión Europea. Estas condiciones específicas valen para el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

AENA dejará de regular los derechos de vuelo o 'slots'

MADRID.- El Gobierno aprobará en los próximos meses un real decreto para separar de AENA a la autoridad responsable de adjudicar los derechos de vuelo ('slots'), regulador que quedará adscrito al Ministerio de Fomento, según anunció este jueves la ministra, Ana Pastor. 

   En rueda de prensa, tras reunirse en Fomento durante dos horas con las principales compañías y representantes del sector aéreo, Pastor calificó de "fundamental" esta medida, reclamada también desde el sector, y defendió que tiene "todo el sentido", ya que "supone separar la regulación del órgano proveedor". Además, explicó que se realiza siguiendo las recomendaciones de la UE.
   Asimismo, anunció la constitución de varios grupos de trabajo internos para avanzar en temas que preocupan al sector como la puntualidad, la seguridad o el cese de actividad, además de tratar con todos los implicados los derechos de los pasajeros.
   En este punto, como ya hiciera durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento, tras el cese de Spanair, reiteró que se definirán los requerimientos tanto para el inicio de actividad como para la suspensión, siempre garantizando los derechos de los usuarios.
   "Queremos que nuestros aeropuertos sean seguros, es uno de nuestros objetivos más importante, y facilitarles a los ciudadanos las cosas", afirmó, para lo que se pondrán en marcha medidas que eviten que "tengan que perder el tiempo" por los retrasos, ya que "pagan impuestos y billetes" para ello.
    En cuanto a una posible revisión de las tasas aéreas, Pastor afirmó que "está en estudio en este momento" y recordó que el régimen de tasas y su modificación tiene que ver con la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
    Ante la pregunta de si desde Fomento se ha constatado un incremento de los precios por parte de las compañías especialmente en las islas tras el cierre de Spanair, Pastor apuntó que su Departamento no puede intervenir de forma directa, pero sí garantizar los servicios públicos.
    Pastor citó hoy en la sede del Ministerio a los principales representantes del sector aéreo --compañías aéreas, patronales y asociaciones-- para analizar la situación que atraviesa el sector, con temas fundamentales sobre la mesa como la puntualidad y la suspensión de actividad de Spanair, y la planificación de su departamento en esta materia para los próximos meses.

Mazazo del Parlamento Europeo a la agricultura alicantina

ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo aprobó hoy jueves el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre la liberalización de los intercambios de productos agrícolas y pesqueros, que el sector hortofrutícola español teme que le perjudique de forma directa.

Este acuerdo, firmado en diciembre de 2010, prevé una liberalización del 55% de los derechos de aduana impuestos a los productos de la Unión Europea, frente al 33% actual, y del 70% de los derechos que afectan a los productos marroquíes, frente al 1% actual.
El acuerdo fue aprobado en Estrasburgo a pesar de la oposición de la comisión de Agricultura, que teme una competencia desleal para los productos del sur de Europa debido a los bajos costes de mano de obra en Marruecos.
El francés José Bové, del grupo de Los Verdes y ponente del dictamen del Parlamento, abogó él mismo por rechazar el acuerdo, por temer también un efecto devastador sobre las estructuras agrícolas de Marruecos, alegando el riesgo de que los pequeños agricultores marroquíes se vean despojados de sus terrenos por grandes grupos exportadores.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, respondió a Bové señalando que Marruecos no era "un socio como los demás".
"Es un socio importante en términos políticos y económicos, pero también en el plano humano". Subrayó que el país se había comprometido a "alinear su política agrícola con el acervo comunitario", sobre todo en materia medioambiental.
Recordó que algunos productos, como las fresas, tomates, calabacines, pepinos, el ajo y las clementinas, no estaban cubiertos por el acuerdo.
"En el contexto político de la primavera árabe, nuestra asociación tiene vocación de profundizarse aún más para fortalecer el impulso democrático, con un mayor apoyo político y económico", agregó.
Desde España, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) dijo que el acuerdo suponía perdidas para el sector de 2.240 millones de euros y que la Eurocámara no había tenido en cuenta aspectos como "las irregularidades aduaneras y la falta absoluta del más mínimo principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta".
"El Pleno del Parlamento Europeo ha ignorado por completo las consideraciones del Informe Bové, donde además del conflicto del Sahara Occidental, se pone de manifiesto la falta del preceptivo estudio de impacto económico", dijo en un comunicado.

Precarizando la precariedad: una reforma contraria a los derechos de los trabajadores / Adoración Guamán *

El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mayor mutilación de derechos laborales, individuales y colectivos de nuestra historia. Con un vergonzante ejercicio de cinismo y fabulación en la justificación de la norma, que se afirma como garante de la estabilidad en el empleo, el Partido Popular ha sometido absolutamente a nuestro ordenamiento laboral al dictado de las exigencias de la patronal y de los mercados desbocados.
Con el Real Decreto Ley 3/2012 el Gobierno ha impuesto una reforma que dinamita el principio de estabilidad en el empleo y ataca a los pilares fundamentales de la regulación de las relaciones laborales, situando al empresario en el centro del sistema y multiplicando sus capacidades de decisión unilateral sobre las condiciones de trabajo, prescindiendo del interés de los trabajadores, precarizando a los precarios y amputando gran parte del contenido del derecho al trabajo así como cercenando espacios de decisión propios de la acción colectiva de los trabajadores para someterlos al poder empresarial.
Pero la brutalidad de la reforma no nos resulta del todo desconocida. De hecho, la misma comparte con las reformas anteriores, llevadas a cabo por el PSOE, tanto las irregularidades de forma y justificación como las aberraciones de fondo, aun cuando el nivel de barbarie sea más alto. 
En cuanto a la vía para la realización de la reforma, y al igual que las anteriores, el Real Decreto Ley constituye un claro ejercicio del autoritarismo normativo del Gobierno del PP, acogiendo la idea del Profesor Baylos, que ha prescindido de la opinión del Parlamento y de los agentes sociales y que carece de justificación suficiente para acometer por “urgencia y necesidad” las profundas modificaciones que contiene. Por añadidura, siguiendo la ya práctica habitual, la norma se justifica con argumentos falsos, claramente manipuladores de la realidad normativa europea e internacional. Así, no puede afirmarse simplemente que esta norma nos “acerca a la realidad europea” al rebajar la cuantía de la indemnización o al eliminar la autorización de la Administración en los procesos de despido colectivo. Los sistemas de regulación de las relaciones laborales son productos complejos que no resisten la comparación por segmentos estancos. Allí donde hay indemnizaciones más reducidas suelen haber procedimientos más complejos o garantistas para la extinción del contrato, igualmente, donde no hay autorización suelen existir mayores garantías de recolocación de los trabajadores y de control de la decisión empresarial.  
 Igualmente, y como ocurriera en las dos reformas que la han precedido, la de 2010 y la de 2011, el gobierno pretende diluir su responsabilidad afirmando que actúa atendiendo a una continua reclamación de “todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego”,  para ceder absolutamente a las presiones de la Patronal, que ha obtenido un texto entregado a sus intereses. 
El fondo de la reforma también sigue con una senda pergeñada por las reformas acometidas por el gobierno del PSOE. Así, aun siendo la reforma más agresiva de la historia del derecho del trabajo español en democracia, no se trata de una contra-reforma sino de una profundización en la senda de involución de los derechos laborales, compartiendo con las reformas anteriores un punto fundamental de partida: utilizar las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción, vinculando la creación de empleo con la desregulación normativa del mercado de trabajo, la bajada de los salarios y la práctica eliminación del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo.
Pero, sobre estos mimbres, el gobierno del PP ha traspasado las líneas rojas del ordenamiento laboral desestabilizando el mismo y rompiendo los últimos vestigios de potencial reequilibrador del mismo. Dos cuestiones fundamentales, la devaluación del coste de la mano de obra (abaratando despido y sobretodo salarios) y la exaltación del poder empresarial individual sobre las decisiones colectivas convierten a esta reforma en una suerte de refundación del derecho del trabajo, que pasa a convertirse en una mera regulación del mercado de trabajo, perdiendo su potencial equilibrador y tuitivo.
En estos momentos, más allá de los argumentos de rechazo en conjunto de la reforma, es necesario descender, poco a poco, en el contenido de las medidas concretas, para ir destilando de cada una de ellas el elenco de derechos que las mismas vulneran. De entre las medidas que conculcan claramente los derechos de los trabajadores y que van a provocar un ascenso todavía mayor de precariedad, temporalidad y un retroceso de los salarios de los segmentos ya precarizados de la clase trabajadora (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) deben destacarse por su especial brutalidad los siguientes:
1. En cuanto a la destrucción del principio de estabilidad en el empleo y el ataque al derecho al trabajo
- La reforma facilita el despido de manera general: abarata la indemnización por despido improcedente, de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas; elimina los salarios de tramitación, retomando lo dispuesto en el Decretazo de 2002, que fue ampliamente contestado con la Huelga General del 20J y declarado posteriormente inconstitucional, permitiendo al empresario recurrir sin necesidad de consignar la indemnización al despido improcedente sin causa, derivando el pago hasta la sentencia judicial sin verse penalizado por ello; amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) y elimina el vínculo entre este despido y la reducción de puestos de trabajo, convirtiendo así el despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo; elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.
- La reforma crea un nuevo contrato para “indefinido” para “emprendedores” con despido libre durante un año e incentivos fiscales y bonificaciones si se suscribe con colectivos ya precarizados, como son los jóvenes, mujeres o mayores de 45 años: pese al nombre utilizado, no puede llamarse indefinido a un contrato con un periodo de prueba, de despido libre, de un año de duración. Con este contrato se invierte la lógica del derecho del trabajo que atendía a las características de los trabajadores o de la prestación a realizar a la hora de diseñar contratos de trabajo, ahora se diseñan en función de las supuestas necesidades de los empresarios según el número de trabajadores que tenga la empresa, sin atender ni al capital de la misma a la hora de otorgar bonificaciones ni a las características de los trabajadores que son contratados por esta modalidad.
- La reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. A partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos.
- La reforma facilita la modificación de las condiciones de trabajo por voluntad del empresario, incluyendo el salario y la jornada: el empresario tendrá que alegar causas, más concretas y sencillas, pero no justificar la razonabilidad del cambio, sea geográfico, funcional o de condiciones de trabajo, por lo que el control judicial de la causa queda limitado.
- La reforma impone al trabajador una “flexibilidad”, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, que permitirá una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.
2. Dada a la inclusión de múltiples incentivos fiscales y bonificaciones, lo que la reforma va a producir de facto es una transferencia de las prestaciones sociales para provecho del empresario.
3. En cuanto a la mutilación de espacios propios de los convenios colectivos y el ataque a la libertad sindical:
- La reforma permite el descuelgue en la empresa sobre cualquier condición de trabajo pactada en un convenio colectivo, incluyendo jornada. Las causas para justificar esta modificación a la baja en el ámbito empresarial se aligeran y por añadidura se impone un arbitraje obligatorio para el caso de que no se alcance un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores.
- La reforma impone la prioridad de la aplicación del convenio de empresa sobre los de nivel superior, sin que pueda modificarse esta prioridad por acuerdos interprofesionales, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa carecen ya por tanto de aplicabilidad asegurada en este ámbito, es decir, no regularán de facto las relaciones de trabajo.
- La reforma elimina la ultractividad normativa de los convenios colectivos, pasados dos años desde la finalización del convenio éste perderá vigencia, pasando a aplicarse los convenios superiores si los hubiere o, en su defecto, los mínimos del Estatuto de los trabajadores.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, por la falsedad de las razones que justifican la medida, por su ataque frontal a los pilares fundamentales que configuran el derecho del trabajo, por el contenido contrario a los derechos a los derechos de negociación colectiva y huelga (art. 37 y 29 CE), y por las medidas contrarias a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, no nos cabe otra salida que la movilización social continuada hasta conseguir la retirada del texto. 
Junto con las movilizaciones, y en apoyo de las mismas, los juristas críticos debemos agotar todas las vías posibles para conseguir que la reforma sea objeto de control constitucional, así como mantener una denuncia documentada y formativa constante para evidenciar día a día las mentiras que fundamentan la invasión bárbara que ha acabado con lo poco de tuitivo y reequilibrador que tenía nuestro derecho laboral.
(*) Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo, Universitat de València

Los exconsejeros de la CAM pactan su defensa común ante el expediente y dicen que los directivos les engañaron

ALICANTE.- Los antiguos consejeros de Caja Mediterráneo que han sido expedientados por el Banco de España preparan con sus abogados una defensa común ante las graves acusaciones que se vierten en el informe remitido por el órgano supervisor. Algunos de los que fueron integrantes del máximo órgano de gobierno de la entidad alicantina presentarán las actas de los consejos de administración para argumentar que «fueron engañados», de acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico 'Abc'.

El medio centenar de exconsejeros dispone, al igual que la anterior cúpula de la CAM que ha sido objeto del expediente informativo, de un plazo de veinte días que comenzó a contar el pasado lunes para presentar sus alegaciones. Con tal fin han comenzado a recabar las actas de las sesiones. Uno de los consejeros involucrados explicó a este periódico que en la última sesión a la que asistió, los directivos presentes expusieron unos resultados en los que se atribuían beneficios a la entidad cuando, en realidad, acumula pérdidas millonarias, como ha revelado la documentación que afloró tras la intervención de la caja por parte del Banco de España el 22 de julio del pasado año.
Entre las irregularidades plasmadas en el expediente elaborado por el organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez figuran los préstamos concedidos por la propia entidad a miembros de su consejo a intereses irrisorios. Algunos de los implicados preparan la documentación que demuestra que sus préstamos fueron devueltos a precios de mercado. Algunos exconsejeros señalan, además, que su retribución mensual como tales apenas alcanzaba los 1.000 euros anuales en concepto de dietas.
Los miembros del consejo de administración destituido el pasado 22 de julio por el Banco de España mantuvieron ayer una reunión con abogados del despacho Cuatrecasas para preparar el contenido de las alegaciones que presentarán al expediente disciplinario.
Entre los expedientados se encuentran también los actuales miembros de la comisión de control de la CAM— presidida por el empresario murciano Juan Ramón Avilés Olmos—, que no han sido relevados en sus funciones. Con el fin de preparar su defensa, los miembros de la comisión aprobaron el pasado lunes un requerimiento en el que piden a los administradores designados por el FROB que les faciliten abundante documentación interna de la caja, incluyendo todas las actas de la asamblea general, del consejo de administración, del comité de dirección y de las distintas comisiones desde el ejercicio 2007. Del mismo modo, la comisión de control ha requerido a los administradores designados por el Banco de España los resultados de todas las auditorías de la CAM y de sus sociedades participadas, desde ese mismo año.
La comisión de control sigue ejerciendo sus funciones de supervisión de la caja por lo que, según las fuentes consultadas, los administradores del FROB no le pueden negar el acceso a esta documentación.
El presidente de la comisión de control de la entidad indicó declaró a 'Abc' que el expediente disciplinario elaborado por el Banco de España contiene «graves inexactitudes, que en un informe elaborado por funcionarios públicos pueden constituir un presunto delito de falsedad documental», por lo que en sus alegaciones exigirá al órgano regulador que rectifique las acusaciones, que considera infundadas.
Avilés añadió que emprenderá acciones penales contra los responsables del Banco de España o contra los autores del expediente disciplinario para defender su honor si la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no accede a esta petición.
El expediente disciplinario acusa a los miembros de la comisión de control de haber cobrado de dietas como consejeros de sociedades participadas por CAM, sin haber informado de ello a la asamblea general. Al respeto, Avilés explicó que él mismo informó personalmente a la asamblea sobre el cobro de estas dietas —aunque sin especificar su cuantía— en la sesión celebrada en diciembre de 2007, tal como consta en el acta de la reunión, a la que ha tenido el periódico 'Abc'.

miércoles, 15 de febrero de 2012

El ICO cubrirá todos los vencimientos de deuda de la Generalitat

VALENCIA.- El conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, ha asegurado este miércoles que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) "va a cubrir todos los vencimientos de deuda" de la Generalitat valenciana, entre ellos el que vence el 24 de febrero por importe de 500 millones de euros.

   Al respecto, ha explicado que "a partir de ahora" se llevará a cabo un "un sistema coordinado con las demás comunidades autónomas y con el Ministerio de Economía, de forma que a través del ICO se vayan atendiendo los vencimientos que vayan teniendo todas las comunidades autónomas con distintas instituciones financieras o acreedores".
   Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras firmar un convenio en el marco del V Foro-Exposición Internacional de Productos y Servicios Financieros, Inversiones, Seguros y Soluciones Tecnológicas para el Sector (Forinvest) que se celebra hasta el viernes en Feria Valencia.
   A preguntas de los medios por esta cuestión, ha señalado que "se está trabajando" en las dos líneas ICO que ha lanzado el Tesoro, una para cubrir los vencimientos de deuda financiera y otra para pago a proveedores y que, de hecho, "lo más probable es que a finales de febrero o comienzos de marzo esté todo estructurado y en marcha".
   Así, ha manifestado que los pagos a proveedores "comenzarán en cuanto esté firmado" y que, por tanto, espera que se inicien "a finales de este mes o a comienzos del próximo". El conseller ha explicado que en la actualidad están confeccionando el calendario de vencimientos en las distintas reuniones con el Tesoro, de modo que "a medida que haya vencimientos, se irán cubriendo" a través del ICO.
   En cuanto a si existe un límite para la cantidad que atenderá el ICO, ha indicado que "en eso se está trabajando ahora mismo" y que "hay que definir" todavía "cómo se va a estructurar" la atención de esos vencimientos porque "aparte del ICO, va a haber también una línea de hispanobonos".
 Ha precisado, en este sentido, que "a corto plazo, que es los vencimientos próximos, sí que está ya definido", mientras que el resto de compromisos "se irán definiendo a medida que se trabaje con el Ministerio".

El frenazo del consumo en la Comunidad Valenciana hace retroceder el IPC

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,8 por ciento el pasado mes de enero en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior por efecto de las rebajas de invierno en el vestido y el calzado, con lo que la tasa interanual se sitúa en el 1,9 por ciento, gracias a la estabilidad de los precios del tabaco y de la electricidad, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

  En la Comunitat Valenciana las rúbricas que más han descendido han sido Vestido y calzado, un 13,3 por ciento; Comunicaciones, un 2,1 por ciento; Ocio y cultura, un 2 por ciento; Menaje, un 1,6 por ciento, mientras que se mantuvieron invariable tanto Enseñanza como Hoteles, cafés y restaurantes.   
 Por contra, las que más subieron fueron Transporte, un 2,6 por ciento; Vivienda, un 1,6 por ciento; Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,2 por ciento y Bebidas alcohólicas y tabaco, un 0,1 por ciento.