ALICANTE.- El
expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP)
recurrirá el auto por el que ha sido procesado junto a otras trece
personas por una supuesta trama de corrupción relacionada con el plan
zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, han informado hoy
fuentes de su defensa.
La
titular del juzgado de Primera Instancia nº 3 de Orihuela notificó ayer a
las partes el auto de incoación de procedimiento abreviado sobre esta
pieza separada del 'caso Brugal'.
Tras
más de ocho años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen
indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a
la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y
negociaciones prohibidas.
No
obstante, ha archivado la investigación respecto de otras seis personas
al no apreciar indicios de su participación en los delitos
investigados.
Entre
los catorce procesados figuran, además de Ripoll, la que fuera
alcaldesa de Orihuela por el PP Mónica Lorente, el exportavoz del
PSPV-PSOE en la Diputación alicantina Antonio Amorós y los empresarios
Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
La
corporación provincial adjudicó en su día el plan zonal de gestión de
residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat Valenciana) a la
unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.
El
auto expone que ha quedado "indiciariamente acreditada la existencia de
una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su
hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory
Fernández.
Todos
ellos, según la juez, contaron con "la ayuda" y "la colaboración
directa" de "cargos políticos y técnicos" para "obtener favores" de la
Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada
"mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con
competencia o influencia" en contrataciones.
La
instructora ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y a
las acusaciones para que soliciten dentro de los próximos veinte días la
apertura de juicio oral contra los procesados y presenten sus
conclusiones o bien soliciten el sobreseimiento de las diligencias.
No
obstante, las defensas pueden recurrir la resolución tanto en reforma
(ante el propio juzgado) o en apelación, ante la Audiencia Provincial de
Alicante, como harán los abogados del expresidente de la Diputación de
Alicante, que fue detenido en julio de 2010 junto a otros sospechosos en
el marco de la 'Operación Brugal'.
El
expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP)
recurrirá el auto por el que ha sido procesado junto a otras trece
personas por una supuesta trama de corrupción relacionada con el plan
zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, han informado hoy
fuentes de su defensa.
La titular del juzgado de Primera Instancia
3 de Orihuela notificó ayer a las partes el auto de incoación de
procedimiento abreviado sobre esta pieza separada del 'caso Brugal'.
Tras
más de ocho años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen
indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a
la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y
negociaciones prohibidas.
No obstante, ha archivado la
investigación respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de
su participación en los delitos investigados.
Entre los catorce
procesados figuran, además de Ripoll, la que fuera alcaldesa de Orihuela
por el PP Mónica Lorente, el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación
alicantina Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel
Fenoll.
La corporación provincial adjudicó en su día el plan zonal
de gestión de residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat
Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.
El
auto expone que ha quedado "indiciariamente acreditada la existencia de
una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su
hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory
Fernández.
Todos ellos, según la juez, contaron con "la ayuda" y
"la colaboración directa" de "cargos políticos y técnicos" para "obtener
favores" de la Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de
la Horadada "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y
autoridades con competencia o influencia" en contrataciones.
La
instructora ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y a
las acusaciones para que soliciten dentro de los próximos veinte días la
apertura de juicio oral contra los procesados y presenten sus
conclusiones o bien soliciten el sobreseimiento de las diligencias.
No
obstante, las defensas pueden recurrir la resolución tanto en reforma
(ante el propio juzgado) o en apelación, ante la Audiencia Provincial de
Alicante, como harán los abogados del expresidente de la Diputación de
Alicante, que fue detenido en julio de 2010 junto a otros sospechosos en
el marco de la 'Operación Brugal'
- See more at:
http://noticias.sumadiario.com/medio-ambiente/desechos/el-expresidente-de-la-diputacion-de-alicante-recurrira-su-procesamiento-por-el-plan-de-residuos_1Vl0u9IeF4K4hxITA4mlI3/#sthash.Ggnx8yj7.dpuf
El
expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP)
recurrirá el auto por el que ha sido procesado junto a otras trece
personas por una supuesta trama de corrupción relacionada con el plan
zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, han informado hoy
fuentes de su defensa.
La titular del juzgado de Primera Instancia
3 de Orihuela notificó ayer a las partes el auto de incoación de
procedimiento abreviado sobre esta pieza separada del 'caso Brugal'.
Tras
más de ocho años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen
indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a
la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y
negociaciones prohibidas.
No obstante, ha archivado la
investigación respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de
su participación en los delitos investigados.
Entre los catorce
procesados figuran, además de Ripoll, la que fuera alcaldesa de Orihuela
por el PP Mónica Lorente, el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación
alicantina Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel
Fenoll.
La corporación provincial adjudicó en su día el plan zonal
de gestión de residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat
Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.
El
auto expone que ha quedado "indiciariamente acreditada la existencia de
una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su
hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory
Fernández.
Todos ellos, según la juez, contaron con "la ayuda" y
"la colaboración directa" de "cargos políticos y técnicos" para "obtener
favores" de la Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de
la Horadada "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y
autoridades con competencia o influencia" en contrataciones.
La
instructora ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y a
las acusaciones para que soliciten dentro de los próximos veinte días la
apertura de juicio oral contra los procesados y presenten sus
conclusiones o bien soliciten el sobreseimiento de las diligencias.
No
obstante, las defensas pueden recurrir la resolución tanto en reforma
(ante el propio juzgado) o en apelación, ante la Audiencia Provincial de
Alicante, como harán los abogados del expresidente de la Diputación de
Alicante, que fue detenido en julio de 2010 junto a otros sospechosos en
el marco de la 'Operación Brugal'
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El
expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP)
recurrirá el auto por el que ha sido procesado junto a otras trece
personas por una supuesta trama de corrupción relacionada con el plan
zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, han informado hoy
fuentes de su defensa.
La titular del juzgado de Primera Instancia
3 de Orihuela notificó ayer a las partes el auto de incoación de
procedimiento abreviado sobre esta pieza separada del 'caso Brugal'.
Tras
más de ocho años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen
indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a
la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y
negociaciones prohibidas.
No obstante, ha archivado la
investigación respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de
su participación en los delitos investigados.
Entre los catorce
procesados figuran, además de Ripoll, la que fuera alcaldesa de Orihuela
por el PP Mónica Lorente, el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación
alicantina Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel
Fenoll.
La corporación provincial adjudicó en su día el plan zonal
de gestión de residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat
Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.
El
auto expone que ha quedado "indiciariamente acreditada la existencia de
una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su
hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory
Fernández.
Todos ellos, según la juez, contaron con "la ayuda" y
"la colaboración directa" de "cargos políticos y técnicos" para "obtener
favores" de la Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de
la Horadada "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y
autoridades con competencia o influencia" en contrataciones.
La
instructora ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y a
las acusaciones para que soliciten dentro de los próximos veinte días la
apertura de juicio oral contra los procesados y presenten sus
conclusiones o bien soliciten el sobreseimiento de las diligencias.
No
obstante, las defensas pueden recurrir la resolución tanto en reforma
(ante el propio juzgado) o en apelación, ante la Audiencia Provincial de
Alicante, como harán los abogados del expresidente de la Diputación de
Alicante, que fue detenido en julio de 2010 junto a otros sospechosos en
el marco de la 'Operación Brugal'
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expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP)
recurrirá el auto por el que ha sido procesado junto a otras trece
personas por una supuesta trama de corrupción relacionada con el plan
zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, han informado hoy
fuentes de su defensa.
La titular del juzgado de Primera Instancia
3 de Orihuela notificó ayer a las partes el auto de incoación de
procedimiento abreviado sobre esta pieza separada del 'caso Brugal'.
Tras
más de ocho años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen
indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a
la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y
negociaciones prohibidas.
No obstante, ha archivado la
investigación respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de
su participación en los delitos investigados.
Entre los catorce
procesados figuran, además de Ripoll, la que fuera alcaldesa de Orihuela
por el PP Mónica Lorente, el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación
alicantina Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel
Fenoll.
La corporación provincial adjudicó en su día el plan zonal
de gestión de residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat
Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.
El
auto expone que ha quedado "indiciariamente acreditada la existencia de
una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su
hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory
Fernández.
Todos ellos, según la juez, contaron con "la ayuda" y
"la colaboración directa" de "cargos políticos y técnicos" para "obtener
favores" de la Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de
la Horadada "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y
autoridades con competencia o influencia" en contrataciones.
La
instructora ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y a
las acusaciones para que soliciten dentro de los próximos veinte días la
apertura de juicio oral contra los procesados y presenten sus
conclusiones o bien soliciten el sobreseimiento de las diligencias.
No
obstante, las defensas pueden recurrir la resolución tanto en reforma
(ante el propio juzgado) o en apelación, ante la Audiencia Provincial de
Alicante, como harán los abogados del expresidente de la Diputación de
Alicante, que fue detenido en julio de 2010 junto a otros sospechosos en
el marco de la 'Operación Brugal'
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expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP)
recurrirá el auto por el que ha sido procesado junto a otras trece
personas por una supuesta trama de corrupción relacionada con el plan
zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, han informado hoy
fuentes de su defensa.
La titular del juzgado de Primera Instancia
3 de Orihuela notificó ayer a las partes el auto de incoación de
procedimiento abreviado sobre esta pieza separada del 'caso Brugal'.
Tras
más de ocho años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen
indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a
la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y
negociaciones prohibidas.
No obstante, ha archivado la
investigación respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de
su participación en los delitos investigados.
Entre los catorce
procesados figuran, además de Ripoll, la que fuera alcaldesa de Orihuela
por el PP Mónica Lorente, el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación
alicantina Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel
Fenoll.
La corporación provincial adjudicó en su día el plan zonal
de gestión de residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat
Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.
El
auto expone que ha quedado "indiciariamente acreditada la existencia de
una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su
hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory
Fernández.
Todos ellos, según la juez, contaron con "la ayuda" y
"la colaboración directa" de "cargos políticos y técnicos" para "obtener
favores" de la Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de
la Horadada "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y
autoridades con competencia o influencia" en contrataciones.
La
instructora ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y a
las acusaciones para que soliciten dentro de los próximos veinte días la
apertura de juicio oral contra los procesados y presenten sus
conclusiones o bien soliciten el sobreseimiento de las diligencias.
No
obstante, las defensas pueden recurrir la resolución tanto en reforma
(ante el propio juzgado) o en apelación, ante la Audiencia Provincial de
Alicante, como harán los abogados del expresidente de la Diputación de
Alicante, que fue detenido en julio de 2010 junto a otros sospechosos en
el marco de la 'Operación Brugal'
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El
expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP)
recurrirá el auto por el que ha sido procesado junto a otras trece
personas por una supuesta trama de corrupción relacionada con el plan
zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, han informado hoy
fuentes de su defensa.
La titular del juzgado de Primera Instancia
3 de Orihuela notificó ayer a las partes el auto de incoación de
procedimiento abreviado sobre esta pieza separada del 'caso Brugal'.
Tras
más de ocho años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen
indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a
la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y
negociaciones prohibidas.
No obstante, ha archivado la
investigación respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de
su participación en los delitos investigados.
Entre los catorce
procesados figuran, además de Ripoll, la que fuera alcaldesa de Orihuela
por el PP Mónica Lorente, el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación
alicantina Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel
Fenoll.
La corporación provincial adjudicó en su día el plan zonal
de gestión de residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat
Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.
El
auto expone que ha quedado "indiciariamente acreditada la existencia de
una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su
hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory
Fernández.
Todos ellos, según la juez, contaron con "la ayuda" y
"la colaboración directa" de "cargos políticos y técnicos" para "obtener
favores" de la Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de
la Horadada "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y
autoridades con competencia o influencia" en contrataciones.
La
instructora ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y a
las acusaciones para que soliciten dentro de los próximos veinte días la
apertura de juicio oral contra los procesados y presenten sus
conclusiones o bien soliciten el sobreseimiento de las diligencias.
No
obstante, las defensas pueden recurrir la resolución tanto en reforma
(ante el propio juzgado) o en apelación, ante la Audiencia Provincial de
Alicante, como harán los abogados del expresidente de la Diputación de
Alicante, que fue detenido en julio de 2010 junto a otros sospechosos en
el marco de la 'Operación Brugal'
- See more at:
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