El Alto Consejo Consultivo elaborará informes previos a contratos para RTVV

VALENCIA.- El pleno de Les Corts ha acordado que el Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión Valenciana, Televisión y Otros Medios de Comunicación elabore informes previos a contratación de obras, servicios y suministros para la preparación de diferentes servicios que deben integrar el modelo público de RTVV.

Esos informes previos no serán vinculantes pero sí supondrán un requisito imprescindible antes de efectuar cualquier contratación, y serán ratificados por mayoría de dos tercios de los miembros del Alto Consejo, según el acuerdo alcanzado entre Ciudadanos, el PSPV, Compromís y Podemos, y al que se ha opuesto el PP.

El acuerdo contempla asimismo que el Alto Consejo Consultivo nombre a cinco de sus vocales a partir de las propuestas acordadas en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y el Espacio Audiovisual, por unanimidad "a primera instancia", y si no es posible por mayoría de dos terceras partes en segunda convocatoria, teniendo en cuenta los criterios de paridad.

El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela, grupo que ha presentado la proposición no de ley, ha manifestado que con esta propuesta se pretende conseguir medios audiovisuales "más profesionales, independientes y despolitizados", y que la "supuesta buena fe del Consell" debería ser suficientes para garantizar un mínimo de eficacia y un intento de "enderezar" el camino.

Subiela ha defendido asimismo la necesidad de "cerrar cuanto antes" el proyecto de la radiotelevisión pública que se quiere para la Comunitat, y ha insistido además en que es una necesidad urgente para el sector audiovisual valenciano ya que posibilitará la creación de empleo.

El portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, que ha defendido la enmienda conjunta que ha presentado su grupo junto al PSPV y Compromís a la proposición no de Ley de Ciudadanos, ha indicado que "hay que huir" de la imagen de que el Alto Consejo sea una "traslación mecánica" de acuerdos políticos, y que la propuesta alcanzada hoy por los cuatro grupos responde a este criterio.

Montiel ha señalado asimismo que el cierre de RTVV fue una decisión "equivocada" que se podía haber evitado, y ha manifestado que espera que el próximo 29 de noviembre, cuando se cumplirán tres años del cierre de RTVV, se celebre su reapertura.

Por su parte, Jorge Bellver (PP) ha recriminado a Ciudadanos que con la aceptación de su enmienda "no ha conseguido mayor unanimidad ni transparencia, sino que haya en el proceso un nuevo informe" y que quien vaya a contratar finalmente será el Gobierno valenciano, que "adjudicará lo que quiera y como quiera".

El Consell negocia mejorar el convenio con 'Bankia' sobre desahucios

VALENCIA.- La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha anunciado hoy que el Consell ha empezado a negociar la mejora del convenio con Bankia cuantitativa y cualitativamente para aumentar el número de beneficiados del plan para evitar desahucios.

En la sesión de control al Consell de esta tarde en el pleno de Les Corts, Salvador ha adelantado que ya se han mantenido las primeras reuniones con la entidad bancaria, que se ha mostrado receptiva a sus peticiones, según informa la Generalitat.

Con la modificación del convenio se ampliará el alcance para que las personas desahuciadas a las que se les ofrece una vivienda no sean solo clientes de Bankia como hasta ahora, sino también de otras entidades financieras.

Además, se pretende generar más oferta de viviendas, ya que se permitirá que las personas desahuciadas puedan permanecer en sus viviendas mediante un alquiler social, por lo que, según la Generalitat, "se amplía tanto el sujeto, con más beneficiarios, como el objeto, con más viviendas".

Salvador también ha señalado que los resultados que está dando este convenio de colaboración firmado en 2012 están siendo, de momento, "modestos".

Sin embargo, ha explicado que el actual gobierno valenciano "ha sabido rentabilizar mejor este convenio", ya que, en el primer semestre de 2015 el antiguo gobierno del PP solo entregó nueve viviendas mientras que en el segundo semestre el nuevo Consell ha conseguido que se entreguen diecinueve.

El Consell oferta 1.570 plazas para técnicos y gestores deportivos

VALENCIA.- La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte oferta 1.570 plazas para técnicos y gestores deportivos dentro del Programa de Formación Permanente de Escola de l'Esport 2016 con el objetivo de fomentar la formación de las personas vinculadas al sector deportivo.

La oferta se compone de 21 actividades formativas, siete cursos y catorce jornadas y talleres, tanto en modalidad presencial como semipresencial.

Para ello, Escola de l'Esport ha desarrollado un campus virtual con materiales docentes y herramientas interactivas, como complemento de las clases presenciales teóricas y prácticas que permiten la formación a distancia, haciéndola compatible con la actividad profesional.

Los cursos y talleres abarcan temas como "La preparación de los deportistas valencianos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río", "La integración e inclusión social y atención a la diversidad"o "Los valores en el deporte base", entre muchos otros.

Estos cursos están destinados a la formación permanente de los técnicos y profesionales del ámbito deportivo y pretenden la continua actualización y perfeccionamiento de los profesionales y técnicos del colectivo del deporte.

Les Corts aprueban promover la lactancia "en cualquier espacio público"

VALENCIA.- El pleno de Les Corts ha aprobado hoy una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de Compromís para "reconocer el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos e hijas en cualquier espacio público".

La proposición ha sido aprobada con los votos a favor de los diputados del PSPV, Compromís y Podemos y ha contado con las abstenciones de los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos.

Compromís, que ya avanzó el pasado fin de semana la presentación de la proposición, considera "necesario" que se reconozca este derecho a las mujeres y a los menores.

Según su diputada Cristina Rodríguez, "hace falta" que, dentro de la normativa autonómica de Igualdad, "se reconozca como trato discriminatorio el impedimento o la prohibición de amamantar en público".

Rodríguez integra su propuesta dentro del "lactivismo" o "defensa del derecho del bebé, niño o niña a ser amamantado a demanda, en cualquier lugar, sin censura y hasta que el o la menor lo desee", tal y como lo ha definido.

"Nos encontramos con que la lactancia materna como activismo social transformador cuestiona nuestra idea sobre el ámbito público y el privado, poniendo de manifiesto que la casa y la calle pueden conjugarse. Y si dar el pecho no ha sido un asunto público hasta ahora es porque no lo hacían los hombres, sino las mujeres", agrega.

Rodríguez se refiere al "lactivismo" de algunos países nórdicos que, según ella, "avalan esta cuestión", como Suecia, que "presenta el número más alto a nivel internacional de mujeres en lugares de representación, y uno de los permisos de maternidad más largos del mundo".

La diputada añade que el vacío legal en cuestión de la lactancia "deja a las madres desprotegidas ante actos de discriminación" y que, por ello, "es urgente que, desde los diferentes ámbitos de gobierno, se actúe a favor de la normalización de la lactancia materna mediante leyes que defiendan el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos en lugares públicos".

Habrá exámenes de septiembre para los alumnos de las Escuelas de Idiomas

VALENCIA.- La dirección de Política Lingüística convocará por primera vez este curso 2015-2016 las pruebas extraordinarias de Certificación de las escuelas oficiales de idiomas en el mes de septiembre para su alumnado.

Según ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado, el objetivo es ofrecer una segunda oportunidad de aprobar la certificación a 31.764 alumnos de las escuelas oficiales de idiomas valencianas (EOI) que actualmente están matriculados en el segundo curso de los niveles básico, intermedio y avanzado, así como en los niveles C1 y C2.

Asimismo, se establecerá progresivamente esta prueba extraordinaria de septiembre, que permite a aquellos que no superen la convocatoria ordinaria de junio volver a presentarse en septiembre y sin tener que abonar nuevamente las tasas de derecho de examen.

Por lo tanto, este curso el alumnado oficial será por primera vez el que se beneficie de la medida y, posteriormente, la Conselleria ampliará las pruebas extraordinarias a quienes se matriculen en la Certificación por libre, es decir, sin necesidad de ser alumno oficial de segundo curso de cada uno de los niveles.

Del mismo modo, cabe destacar que por primera vez la Comunitat Valenciana convoca las pruebas de septiembre, tal y como ya venían haciendo la práctica totalidad de las comunidades autónomas, de modo que se evita que los estudiantes tengan que matricularse en otras autonomías para tener dos oportunidades.

Así, se ofrece la posibilidad de que si el interesado no supera la prueba de junio se puede presentar a la prueba de septiembre, sin tener que esperar todo un año.

Como ha indicado el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, se trata de dar respuesta a "una reivindicación histórica del alumnado" que realiza estas pruebas unificadas desde que se implantaron, en el curso 2007-2008.

El alumnado matriculado en las EOI durante el curso académico 2015-2016 podrá inscribirse vía telemática en estas pruebas de certificación del 14 al 23 de marzo, ambos inclusive, mientras que los estudiantes que no estén matriculados y quieran realizar estos exámenes se establecerá un plazo distinto.

Este plazo se publicará mediante una resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y está previsto que concluya el 13 de marzo.

De acuerdo con el calendario establecido, los exámenes para evaluar las competencias escritas correspondientes a la convocatoria ordinaria de estas pruebas de certificación tendrán lugar entre el 23 de mayo y el 27 de junio.

Respecto a las fechas en que se realizarán los exámenes de la convocatoria extraordinaria de septiembre, a la que podrán presentarse quienes no hayan superado la prueba en junio, comenzarán el 6 de septiembre y finalizarán el día 14 de septiembre.

En cuanto a los requisitos para presentarse a una prueba de certificación, es imprescindible tener 16 años cumplidos en el año natural en el que se celebra la misma, en este caso, en el año 2015.

Asimismo, la matriculación en la prueba de certificación se realiza en las propias EOI y no exige haber cursado enseñanzas previas en las mismas.

La geotérmica supondría un ahorro máximo de 500.000 tn de CO2/año en Alicante

ALICANTE.- El uso de la energía geotérmica supondría un ahorro potencial máximo de 500.000 toneladas de C02 al año en la provincia de Alicante, según un estudio presentado hoy por la Diputación Provincial y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

"El Potencial Geotérmico de la provincia de Alicante" es el título de este trabajo, que ha sido expuesto en el seno de unas jornadas técnicas celebradas en el Museo Arqueológico de Alicante (Marq), a las que han asistido el diputado de Agua y Ciclo Hídrico, Francisco Sáez; el subdirector del IGME, Juan José Durán, y el presidente del Club del Agua subterránea, Juan Antonio López.

Esta publicación es fruto del trabajo conjunto de profesionales de la corporación provincial y el IGME.

Sáez ha explicado que "el compromiso del gobierno provincial es colaborar, tanto desde el punto de vista económico como de conocimiento, para que la utilización de energías renovables sea una realidad en la provincia, contribuyendo así a la mejora sostenible y a la reducción de los niveles de CO2, tal y como nos exige el Pacto de los Alcaldes".

El libro se estructura en varias secciones. En la primera de ellas se desarrolla el estado actual de las tecnologías existentes para el aprovechamiento de este tipo de energía, que se obtiene de aprovechar el calor que almacena la corteza terrestre por la presencia de acuíferos subterráneos de agua caliente.

El manual incluye, además, un estudio cartográfico en el que se detallan las potencialidades geotérmicas de las diferentes comarcas alicantinas, junto a un análisis de viabilidad de posibles aplicaciones prácticas y casos reales.

El estudio revela que la provincia de Alicante cuenta con numerosas zonas favorables para las operaciones de media y baja temperatura, ideales para la producción de energía eléctrica y climatización.

Estas localizaciones se sitúan sobre todo en la Vega Baja y en la cuenca alta del río Serpis, las de media, y en la cuenca alta del Vinalopó, las costas de Benissa y Villajoyosa y el área de Xixona-Busot, las de baja temperatura.

Las estructuras de climatización de muy baja temperatura sirven para los sistemas de aire acondicionado y bombas de calor ya que, en lugar de intercambiar calor o frío con la atmósfera como hacen los equipos habituales, cuentan con unos intercambiadores enterrados en pozos en el subsuelo, mucho más eficientes dado la temperatura constante del mismo.

Las operaciones de baja y media temperatura se basan en la utilización directa de agua caliente extraída del subsuelo, sobre todo en circuitos de calefacción o como agua caliente sanitaria.

Este tipo de aplicaciones son interesantes para grandes edificios o viviendas de nueva construcción y para los que se prevé un alto consumo en climatización, ya que pueden suponer un ahorro de hasta un 40 % de energía.

Por ello, el estudio realizado por la institución provincial y el IGME contempla dos aplicaciones específicas demostrativas del ahorro energético y su rentabilidad, una en un centro asistencial de la Vega Baja y otra en una residencia de mayores en la comarca de L'Alacantí.

'Ryanair' abre una nueva ruta desde Alicante a Gatwick con seis vuelos semanales desde octubre

ALICANTE.- La compañía de bajo coste Ryanair ha anunciado una nueva ruta entre el aeropuerto de Alicante-Elche y Londres-Gatwick, que empezará a operar a finales de octubre con seis vuelos semanales.

La compañía ha indicado que ofrecerá asientos de esa ruta a partir de 24,99 euros para viajar en noviembre.

El directivo Jose Espartero ha comentado que esta nueva ruta coincidirá con diversas mejora en la compañía, como interiores de cabina reformados.

Elche y Elda impulsan un Foro de Alcaldes para promover el sector del calzado

ELCHE.- Los municipios de Elche y Elda impulsan un Foro de Alcaldes por el Calzado con la finalidad de poner en valor la importancia de este sector para la economía de la Comunitat, especial de la provincia de Alicante, y abordar sus necesidades en materia de formación y condiciones sociolaborales.

Así lo han anunciado hoy los alcaldes de Elche y Elda, Carlos González y Rubén Alfaro -este último también presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)-, tras la reunión mantenida en el ayuntamiento ilicitano donde se ha tratado de la "necesidad de una mayor y mejor financiación de los municipios valencianos" y cambios en la ley de haciendas locales.

Con este foro se pretende que los municipios reivindiquen la industria estratégica del calzado, que, según Alfaro, "en tiempos de crisis ha tirado del carro de las exportaciones" y ha sido capaz de generar empleo y riqueza.

Los tres ejes de actuación del foro se centrarán en formar mano de obra cualificada para concretos puestos del proceso productivo, abordar el problema de la economía sumergida que genera una competencia desleal a las empresas y perjudica a los trabajadores, y observar una planificación de suelo industrial que permita garantizar el crecimiento y la implantación de nuevas industrias.

Otro de sus objetivos será el de reunirse con el jefe del Consell, Ximo Puig, y el futuro presidente del Gobierno para dejar clara la importancia de este sector y ponerlo en valor.

"Este sector tiene futuro, si se hacen bien las cosas", ha recalcado Alfaro.

El calzado español exporta a 180 países de todo el mundo con un volumen que supera los 154 millones de pares de zapatos, según los datos de 2014 de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice).

Además de Elche y Elda, municipios zapateros emblemáticos, los alcaldes quieren que se sumen a este foro las poblaciones de Petrer, Aspe, Villena y Monóvar, e invitar a empresarios, sindicatos y expertos del sector.

C's pedirá el reconocimiento y protección del pantano de Elche

ELCHE.- El grupo de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Elche elevará al pleno municipal del próximo lunes una moción en la que pide que la acequia mayor y el pantano sean reconocidos como Bien de Interés Cultural (BIC) y reciban la protección y mantenimiento necesario como espacio natural.

El concejal de C's Juan Antonio Sempere ha dicho hoy que la presa del pantano de Elche es "la segunda más antigua de España y la primera en forma de arco de Europa, reconocida por la Unesco, "aunque se encuentra deteriorada debido a la falta de mantenimiento".

Sempere ha destacado la importancia de dar el reconocimiento adecuado a la acequia mayor, al sistema de regadío del palmeral histórico y al área del pantano de Elche.

Ha propuesto reactivar el acuerdo por el que se solicitó el expediente de BIC a la Generalitat o, en su caso, empezar de nuevo esas gestiones.

Además, C's ha demandado que se inicien los contactos dirigidos a crear un convenio de colaboración con la Comunidad de la Acequia Mayor para que el Ayuntamiento de Elche, usufructuario del pantano y de la presa, permita que "el espacio tenga el mantenimiento adecuado por una cuestión de potenciación del turismo en la zona" y al objeto de "ofrecer una mayor seguridad a los visitantes".

Según esta formación política, la zona del pantano y la presa de Elche se hallan en un área "descuidada y carente de medidas de protección".

Rafael Catalá pide no incriminar a nadie hasta que no haya sentencia judicial

LOGROÑO.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recomendado hoy a todos "prudencia, moderación" y "no incriminar ni dar por supuesta la responsabilidad penal de nadie hasta que no haya una sentencia judicial" y le parece "peligrosísima" esta situación, porque "hoy es Rita Barberá, mañana no sé quién será".

Así ha respondido Catalá en una rueda informativa en Logroño al ser preguntado por la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá en relación con una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

Ha añadido que "se está en una fase de investigación judicial muy inicial" y a él no le consta que haya ninguna acusación concreta y formal contra Barberá, aunque "llevamos no sé cuánto, dos, tres semanas, diciendo si tiene que dimitir, si ha hecho esto, si ha hecho aquello".

Cree que se está entrando en una circunstancia "peligrosísima" para la democracia y para los derechos de todos los españoles porque "hoy es Rita Barberá, mañana no sé quién será".

Ha precisado que "se está insinuando, se le está imputando anticipadamente o injustificadamente, incluso, algún tipo de conducta que no se acredita con actuaciones judiciales", pero "el derecho al honor, a la intimidad, a la presunción de inocencia valen mucho en una sociedad democrática" y todos deberían comprometerse en la defensa de esos derechos.

"Me parecen muy importantes el derecho a la información y a la comunicación y el derecho a la presunción de inocencia", ha dicho Catalá, para quien, "antes de que haya un proceso, nos preguntan ustedes si no tiene que asumir consecuencias", pero se ha preguntado "en relación con qué, en relación con alguna actuación suya, con una responsabilidad de ámbito general".

También le preocupa "notablemente" leer o escuchar en los medios de comunicación que "fuentes de la investigación dicen" cuando esta está sometida a secreto del sumario, dado que "la revelación de secretos es un delito".

A ello ha sumado que le preocupa que se esté entrando en este momento con esta proliferación de información y entiende perfectamente la demanda de los ciudadanos por conocer todos los casos judiciales, por luchar por la transparencia.

El PPCV pedirá las actas a los imputados cuando se levante el secreto de sumario

VALENCIA.- El PP de la Comunitat Valenciana pedirá el acta a todos los cargos públicos que mantengan la condición de investigados (antes imputados) una vez se levante el secreto de sumario del conocido como caso Imelsa sea "concejal, diputado, senador o presidente de la escalera".

Así lo ha afirmado la coordinadora general del partido, Eva Ortiz, en los pasillos de Les Corts, donde ha insistido en que la exacaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá debe dar explicaciones "cuanto antes" por esta causa y su pieza separada por blanqueo en el grupo municipal de Valencia.

Ha indicado que la situación de Barberá es competencia del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, pero ha dicho que el PPCV pedirá el mismo criterio para todos los que estén imputados cuando se levante el secreto de sumario, previsto para el próximo 14 de marzo.

Ortiz ha defendido la "tolerancia cero con la corrupción" y que "quien la haya hecho la pague", pero ha pedido que se deje trabajar a la justicia porque ésta no va a avanzar más rápido o a cambiar por el hecho de que los dirigentes del PP comparezcan todos los días ante los periodistas.

"Entiendo la situación y la prisa", ha manifestado la coordinadora general del PPCV, y ha indicado que la situación mediática, política y judicial ante este tipo de casos "nos lleva a esquizofrenia colectiva".

Respecto a la situación del diputado popular Miquel Domínguez ha indicado que la información según la cual el juez investiga el caso Imelsa ha dirigido un escrito a Les Corts en el que pide que acredite la condición de diputado de Domínguez para determinar si es competente para investigarle, "es errónea".

No obstante, ha indicado que en caso de ser imputado se le aplicarán los mismos criterios que al resto, y ha señalado que como responsable del PP de la Comunitat Valenciana no tienen nada que decirle a la dirección nacional del partido.

Preguntada por la rueda de prensa del expresident de la Generalitat Francisco Camps, ha señalado que dio las explicaciones que estimó convenientes, y sobre la posibilidad de que Camps se presente a las primarias para dirigir el partido, ha afirmado que le parece "fenomenal" que se presente todo aquel que quiera hacerlo.

Eva Ortiz ha asegurado no haber recibido mensajes amenazantes ni de Rita Barberá ni de nadie, y ha dicho desconocer los mensajes que recibe la presidenta del regional del partido, Isabel Bonig.

Rechazan pedir que se mantengan y amplíen unidades en los centros concertados

VALENCIA.- Les Corts han rechazado hoy una propuesta del PP para instar al Consell, entre otras cosas, a mantener las unidades educativas concertadas "respetando la libertad de elección de centro por parte de los padres" y a habilitar las unidades necesarias "donde haya más demanda de plazas que oferta".

La iniciativa, apoyada por Ciudadanos, que había presentado una enmienda que había sido aceptada por los populares, ha sido rechazada con los votos en contra del PSPV, Compromís y Podemos.

La anécdota la ha protagonizado la socialista Eva Alcón, quien ha defendido el voto en contra de su grupo en el hemiciclo, pero que por equivocación ha votado a favor, algo que ha pedido que constara en acta.

La popular Beatriz Gascó ha acusado a los grupos que sustentan al Consell de haber votado "no a la libertad, al respeto, a la eficiencia y a la tolerancia" y ha criticado que el Gobierno valenciano trabaje en "un modelo único" de educación donde la protagonista es "la inmersión lingüística".

"No vamos a permitir que vayan en contra de la libertad de las familias", ha advertido Gascó, quien ha asegurado que el objetivo de esta propuesta es "defender la libertad por encima de todas las cosas", una libertad que, a su juicio, "el tripartito no solo no está defendiendo, sino que está atacando".

La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha apoyado la iniciativa del PP y ha denunciado el ataque del Gobierno valenciano a la escuela concertada, al tiempo que ha reclamado un pacto por la educación "sin ideologías".

Eva Alcón (PSPV) ha dicho no compartir la idea que tiene el PP sobre la libertad de elección, y ha destacado que con el sistema actual no todas las familias pueden elegir centro, ya que no todas pueden hacer frente a los gastos que piden los concertados, y no se mitigan las desigualdades sociales.

Desde Compromís, Josep Nadal ha asegurado que tratarán a la concertada "con la dignidad que merece" y no dejarán que sea menos, pero tampoco que sea más ni que tenga privilegios, pues, según ha defendido, los centros concertados "están para cubrir lugares donde no llegan los públicos".

Sandra Mínguez (Podemos) ha afirmado que luchan por la educación "como herramienta para acabar con las desigualdades" y ha preguntado si libertad es matricular solo en centros públicos a aquellos niños con necesidades especiales, pues, a su juicio, los padres de esos alumnos "no tiene libertad de elección".

Por otra parte, Les Corts han acordado por unanimidad pedir al Consell que siga trabajando en la creación de una mesa negociadora del personal de las universidades públicas en la que se pueda negociar la concreción de la carrera profesional, así como desarrollar el reconocimiento de sus derechos laborales desde la negociación colectiva.

Puig aboga por reformular el papel de las Diputaciones provinciales

VALENCIA.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado hoy por una "reformulación" de las Diputaciones para que sean organismos "diseñados para apoyar a los ayuntamientos" y coordinados con la Generalitat para evitar duplicidades.

Según ha manifestado Ximo Puig a los periodistas, las Diputaciones, "concebidas como en el siglo XIX, ya no tienen sentido".

"Lo que no tiene mucho sentido es que haya dos espacios de representación, uno que es del siglo XIX, que son las diputaciones, y otro que son las comunidades autónomas", ha añadido.

Según Puig, "este es un país identificado con una realidad federal o como quieran llamarla, pero es así, no es un invento. El año que viene hará 600 años de la creación de la Generalitat Valenciana. No es ningún invento. La realidad autonómica existe. Por lo tanto, tiene que ser la base con la que se conforme el Estado".

Le preguntan si no le parece mal que las diputaciones puedan desaparecer:

"No tiene ningún sentido el que permanezcan unas instituciones en un diseño que ya está superado por la historia", ha concluido el president de la Generalitat.

Les Corts aprueban pedir al Gobierno la derogación de la "ley mordaza"

VALENCIA.- El pleno de Les Corts ha aprobado hoy, con el voto de todos los partidos excepto del PP, una proposición no de Ley de tramitación especial de urgencia presentada por el grupo socialista para la derogación de la conocida como "Ley mordaza" de protección de la seguridad ciudadana.

La diputada socialista, Ana Barceló, encargada de defender la proposición, ha manifestado que esta ley "conculca los derechos y libertades" de los ciudadanos, y para cuya aprobación, a su juicio, "no existía justificación".

Según Barceló esta Ley se aprobó con el argumento de que "había una demanda creciente de seguridad" por parte de la ciudadanía cuando la preocupación en ese momento era "el paro y la corrupción", y que lo que pretendía era "silenciar" las protestas ante la "falta de argumentos" mediante un "ataque a las libertades y derechos" de los ciudadanos.

El gobierno del PP, ha indicado Barceló, consideró que la protesta se estaba convirtiendo en "un problema para su imagen" y "pasó a controlar el espacio público, la calle, y sancionar a los ciudadanos que protestaban restringiendo sus derechos fundamentales", como la dignidad, intimidad, integridad física y los derechos de reunión y manifestación reconocidos en la Constitución Española y por el Tribunal Europeo.

El grupo socialista han argumentado en su proposición no de Ley que los organismos internacionales alertaron al Gobierno de España de que la ley contenía aspectos contrarios al derechos internacional por "cercenar" la libertad de expresión y "criminalizar" la protesta social, y advertían asimismo que las "devoluciones en caliente" contradecían el derecho internacional.

La proposición contempla también instar al Gobierno valenciano a que se dirija al Gobierno central para que derogue la Ley orgánica de protección de seguridad ciudadana.

La diputada del PP, Verónica Marcos, ha reprochado a los socialistas que presenten esta proposición no de Ley cuando su gobierno, en 1992, aprobó la "Ley Corcuera", conocida como "la patada en la puerta", que fue declarada inconstitucional porque permitía a los policías entrar en los domicilios sin permiso judicial.

Del mismo modo, ha justificado que la ley de protección de seguridad ciudadana es una "mordaza para los violentos" para "aquellos que revientan las manifestaciones que libremente realizan los ciudadanos", y ha advertido a los socialistas que su grupo "no va a tolerar" que se les den lecciones de libertad.

Para el diputado de Compromís, Francisco García, esta Ley, que a su juicio es una "ley de represión", solo la aprovechan "una minoría de hombres de negro", que utilizan el peso del estado para "silenciar la voz de un pueblo", con el apoyo del PP y del ministro del Interior.

El diputado de Podemos, Antonio Estañ, por su parte, considera que la "ley mordaza" es un "símbolo de cómo un proyecto y políticas, cuando no tienen capacidad de convicción, solo pueden reprimir", y ha indicado que su derogación servirá de "homenaje" a movimientos como la "primavera valenciana" o las mareas blancas o verdes.

Según el diputado de Ciudadanos Alexis Marí, aunque ha precisado que su grupo apoya la derogación de la Ley, considera que "no toda es mala", y ha defendido que "lo inteligente es saber gestionar la seguridad sin restringir la libertad de los ciudadanos", y sin "invalidar" las decisiones judiciales.

El pleno ha aprobado también hoy la propuesta de resolución del grupo parlamentario Comromís de emprender todas las acciones necesarias para reconocer el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos en cualquier espacio público, así como habilitar espacios públicos que aseguren a las madres esta opción, y promover campañas que den a conocer el derecho de las mujeres a la lactancia.

El exceso de alumnos provoca síndrome de 'quemado' en profesores de Secundaria

VALENCIA.- Un estudio liderado por la Universitat de València sobre el síndrome de estar quemado por el trabajo o 'burnout' en docentes de Secundaria demuestra que el exceso de alumnos por aula o de tareas de gestión reducen la capacidad laboral del docente, provocan problemas de salud e incrementan el absentismo.

Según ha informado la Universitat de València (UV), la investigación ha sido dirigida por el profesor de Psicología de la UV Pedro Gil-Monte, y se ha publicado en la "Revista de Psicodidáctica" de enero de 2016.

Los resultados revelan que la culpa desarrollada por actitudes y comportamientos negativos e inadecuados hacia el trabajo y hacia los alumnos y familiares son clave en el desarrollo del síndrome, y contribuyen al deterioro de la salud del profesorado.

Como segunda conclusión, el estudio apunta que la sobrecarga de trabajo de los docentes de Secundaria y la falta de claridad en su rol profesional "contribuyen a la aparición del síndrome de quemarse por el trabajo" y al desarrollo "de sentimiento de culpa por no poder realizar bien su trabajo", según Gil-Monte.

El estudio, titulado "El papel de la culpa en la relación entre el síndrome de quemarse por el trabajo y la inclinación al absentismo de profesores de Enseñanza Secundaria", es para la UV un punto de referencia importante para médicos y terapeutas, ya que facilita el diagnóstico y el tratamiento de diferentes tipos del síndrome, según sus autores.

El profesor Gil-Monte afirma que los niveles elevados de riesgos psicosociales en el trabajo "deterioran la contribución de los profesores a la sociedad y a la formación de las generaciones futuras".

La investigación se desarrolló con una muestra de 120 docentes de Secundaria, de los cuales un 68,5 % eran mujeres y un 31,5 % hombres, y los resultados indican que los sentimientos de culpa dan lugar a dos perfiles profesionales diferentes.

El primer perfil se corresponde con docentes para los que las estrategias de afrontar el estrés laboral sin implicarse en el trabajo ni en la atención al estudiantado son eficaces para hacer frente al desgaste psíquico, y el segundo es el desarrollado por docentes que se sienten culpables por sus actitudes no adecuadas para el trabajo y presentan índices de absentismo laboral.

Los 120 profesionales participantes en el estudio publicado en enero de 2016 pertenecían a dos tipos de institutos, el primero correspondiente a centros con más de 24 unidades de enseñanza autorizadas, y el segundo con entre 12 y 24 unidades.

El síndrome de quemarse por el trabajo es una respuesta psicológica al estrés laboral crónico que se caracteriza por un deterioro cognitivo consistente en la pérdida de ilusión por el trabajo, un deterioro afectivo, y la aparición de actitudes y conductas negativas hacia los usuarios y hacia la organización.

La Confederación de Asociaciones de Vecinos lamenta la retirada de su subvención

VALENCIA.- La junta directiva de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana CAVE-COVA ha lamentado hoy la retirada de una subvención que aportaba la Generalitat por poner "en riesgo" su labor de asesoría jurídica y urbanística.

En un comunicado, esta asociación ha expresado su "decepción" con la Conselleria de Transparencia que no les ha convocado "para nada, sino para unas jornadas de participación vacías de contenido y repletas de retórica de buenas intenciones".

Asimismo, se ha informado del "malestar" existente por la "retirada de una mal llamada subvención nominativa".

Esto, aseguran les "equipara a la red de clientelismo político de la anterior Administración" y "pone en riesgo el mantenimiento de nuestra sede y un puesto de trabajo administrativo (a jornada parcial)".

Además, desde CAVE-COVA se denuncia que se dificulta así "la oferta de asesoría jurídica y urbanística a las entidades asociadas y la ejecución de proyectos sociales en marcha".

Ximo Puig: 'Rajoy debe pedir responsabilidades a Barberá, salvo si es como Camps'

VALENCIA.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está "en la deriva campsista" deberá reconocer la responsabilidad política de la exalcaldesa Rita Barberá en la supuesta trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento de Valencia.

Puig ha valorado así ante los medios de comunicación las palabras de Rajoy, quien esta mañana ha defendido que su partido no tome medidas contra Barberá hasta ver "si se le acusa de algo".

Puig ha argumentado que si todos los concejales de la exalcaldesa en el Ayuntamiento "están imputados" y hay "una situación como la que se vive" es porque existe "responsabilidad política", y ha mantenido que Rajoy debe reconocerla porque Barberá "ha sido la líder del PP en esta ciudad y en el Ayuntamiento de Valencia durante un cuarto de siglo".

Además, Puig ha explicado que esa responsabilidad se traslada "a la gestión del expresidente Francisco Camps", y ha asegurado que aunque no sabe "si él ha participado en el robo sistemático" producido "en las finanzas de la Comunitat", sabe que es "el responsable político de lo que ha pasado" en la autonomía valenciana.

"No tengo ninguna cuestión negativa ni contra él ni contra Barberá, pero el resultado final de su gestión ha sido 1.000 millones de sobrecostes en Ciegsa, 1.200 millones de euros de deuda en la RTVV, 1.000 millones en Feria de Valencia, o 500 millones en Ciudad de la Luz", ha proseguido Puig.

El president de la Generalitat ha recordado que Camps todavía forma parte del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat, y por ello le ha pedido "respeto a las instituciones de la Generalitat" porque él es miembro de una de ellas.

La revisión del catastro afectará a 900.000 inmuebles en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El plan de regularización catastral para localizar construcciones no declaradas en los últimos años incluye 107 municipios valencianos y un total de 911.132 inmuebles, 78.061 de ellos en Castellón, 383.767 en Valencia, y 449.304 en Alicante.

Según ha informado la empresa Impuestalia, dedicada a la optimización impositiva tanto en la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, el motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de nueva legislación al respecto.

Concretamente se trata de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), introducida por el apartado tres del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas.

En dicha Disposición se regula incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad.

Se prevé que al menos en un 10 % de inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias, con lo que sus propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones.

La previsión del gobierno es que casi toda España haya pasado la inspección a finales de 2016, pero la nueva publicación en el BOE estima como fecha de finalización para estos nuevos municipios julio de 2017.

Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, al menos en el 7 % de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir equivocaciones.

"En caso de discrepancias con la valoración de la administración, el beneficio para el titular del inmueble supondrá un ahorro vitalicio", ha advertido.

Este escrutinio masivo, que se está llevando a cabo en toda España (salvo País Vasco y Navarra), comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 3.025 en 2014.

Según figura en los Presupuestos Generales del Estado, durante el año pasado se envió a 1,5 millones de inmuebles su correspondiente notificación de regularización para dar conocimiento a los propietarios de los errores catastrales de sus inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015.

Para 2016, se estima que se habrán revisado 1.412 municipios más a mediado de año, los cuales harán un total de 4.613 dispuestos para ser regularizados desde 2013, sin contar los que se comuniquen a partir de ahora para 2017, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios y plazos, según las mismas fuentes.

En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización.

Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos.

PSPV, Compromís, Podemos y C's piden 89 comparecencias en la 'comisión Savia'

VALENCIA.- El PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos proponen la comparecencia de 89 ex altos cargos de la Generalitat en la comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes en los centros del grupo Savia.

Los cuatro grupos han presentado hoy en el registro de Les Corts su propuesta de plan de trabajo de la comisión, que se reunirá el próximo 1 de marzo, y que incluye entre los comparecientes a los exconsellers de Bienestar Social, Juan Cotino, Rafael Blasco, Alicia de Miguel, Angélica Such, Jorge Cabré y Asunción Sánchez Zaplana, y al empresario Enrique Ortiz.

La comisión investigará la adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes del Grupo Savia, formado por diez constructoras, entre las que figuraban Sedesa, de la familia Cotino y Ortiz.

Esta empresa resultó adjudicataria del 40 % de las plazas del "macroconcurso" de plazas de residencias que hizo la Conselleria de Bienestar Social con Rafael Blasco de conseller, y que luego modificó Juan Cotino como conseller del ramo.

La iniciativa, presentada por el grupo socialista, ha sido apoyada por todos los demás grupos a excepción del PP, que se abstuvo en la votación en el pleno de Les Corts que aprobó la creación de la comisión, el pasado 21 de octubre.

La diputada socialista, Concha Andrés, ha manifestado hoy en rueda de prensa su satisfacción porque después de quince años se pueda investigar este "negocio" que supuso la adjudicación de más de 6.600 plazas, "la mayoría vinculadas a empresas relacionadas con la familia del exconseller Juan Cotino".

El objetivo de la comisión, ha añadido, es esclarecer si hubo algún "trato de favor" hacia estas empresas, con un volumen de negocio "superior a los mil millones de euros"; si no se cumplió con el derecho de las personas mayores a elegir dónde querían ser atendidos; y si en caso de incumplimiento de los pliegos se realizaron los expedientes sancionadores correspondientes y se cobraron.

Por su parte, el diputado César Jiménez, de Podemos, ha señalado que se ha pedido un extenso expediente de información sobre los contratos, número de plazas afectadas, revisiones de los precios y plazas, denuncias presentadas por el sector de la dependencia, sindicatos, trabajadores y particulares, y expedientes y sanciones derivadas de estas denuncias.

Respecto a las comparecencias, ha indicado Jiménez, la lista es muy extensa, 89 personas, para "escuchar a todas aquellas con responsabilidad en la adjudicación de las plazas", como exconsellers, directores generales, directores territoriales y responsables de comisiones de contratación y valoración, que puedan dar "luz a una supuesta extorsión".

La diputada de Compromís, Mónica Álvaro, ha destacado asimismo que los cuatro grupos han unido esfuerzos para esclarecer unos hechos hasta ahora "opacos y oscuros", al tiempo que ha expresado su convicción de que políticamente "no se han depurado todas las responsabilidades" necesarias.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, David de Miguel, ha informado de que el plan de trabajo presentado por los cuatro grupos pretende ser "una herramienta útil para esclarecer cómo y de qué manera se llevaron a cabo las adjudicaciones".

La comisión, ha indicado De Miguel, será extensa, y aunque la periodicidad inicial prevista era quincenal, por el número de comparecientes solicitados podría ser semanal, y el calendario se establecerá en la reunión que mantendrá el próximo 1 de marzo.

El Gobierno entregará 951,63 millones del FLA a la Comunitat Valenciana

MADRID.- El Gobierno ha aprobado la distribución de algo más de 6.100 millones de euros entre las autonomías para el primer trimestre de 2016 -de ellos 951.6 millones para la Comunitat Valenciana- con cargo a los fondos de Facilidad Financiera y Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León y las de régimen foral (País Vasco y Navarra), se han adherido a estos fondos.

Los recursos previstos para el primer trimestre del año 2016 del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas ascienden a 6.113,61 millones de euros, de los que 5.834,30 millones corresponden al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico y otros 279,31 son del de Facilidad Financiera.

Cataluña será la más beneficiada con estos fondos y recibirá 2.041,82, aunque el desembolso de los recursos a esta comunidad, con cargo al FLA, se realizará al menos en dos tramos mensuales.

Andalucía, por su parte, recibirá 1.247,17 millones, en tanto que la Comunidad Valenciana tendrá 951,63 millones.

Sólo dos comunidades (Canarias y Galicia) están adheridas al Fondo de Facilidad Financiera.

Todas las operaciones formalizadas en 2016 con cargo a estos fondos tendrán un mismo tipo de interés fijo, equivalente al rendimiento medio de la deuda pública del Estado a plazo equivalente.

Los préstamos tendrán una duración de 10 años, con un periodo de carencia de dos.

Además, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno ha acordado modificar el calendario de tramos mensuales que fijó el pasado 20 de noviembre.

La citada comisión delegada ha decidido que siguen siendo aplicables en 2016 las condiciones adicionales previstas en el acuerdo del 20 de noviembre para garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña, hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general o se considere necesario para garantizar dichos servicios públicos.