jueves, 30 de junio de 2011

Felipe González insiste en la supresión de las Diputaciones provinciales

MADRID.- Felipe González ha insistido hoy en su reclamación de que se supriman las diputaciones --ya que los servicios que prestan pueden asumirlos las delegaciones de Gobierno-- y se fusionen ayuntamientos. Según González, reabsorbiendo a los funcionarios y reorganizando servicios en tres niveles (Gobierno central, autonómicos y ayuntamientos), además del europeo, se lograría un ahorro de casi un punto del PIB.

   "No podemos soportar 8.300 municipios, y en algunos de 700 habitantes, polideportivos como si tuvieran 10.000. Y como no vamos a poder hay que acabar con la fiesta y decir a los ciudadanos 'lo que tenemos que hacer es esto', y seguro que lo van a entender", ha manifestado.
   En este sentido, González ha dejado claro que él está a favor de la descentralización, pero no de la "centrifugación". 
"El problema no es cuanta descentralización se hace sino cuánta centrifugación se evita. Descentralizar es bueno, centrifugar es un desastre", ha advertido.
   A su juicio, lo que no se puede es romper la "unidad" de España --no una unidad "sagrada", sino la unidad de "espacio público"-- en el mercado y en la igualdad a la hora de prestar servicios. "Hay que descentralizar y coordinar aunque hay gente que se resiste a ser coordinada", ha añadido.

El Congreso pide por unanimidad incentivar la 'dación en pago'

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución al Debate sobre el estado de la Nación pactada por PSOE, PP y CiU para incentivar que la banca ofrezca la constitución de hipotecas denominadas de responsabilidad limitada, en las que la obligación garantizada se realiza únicamente sobre la vivienda, en la única modalidad de "dación en pago" que reconoce la actual legislación hipotecaria.

   También urge a analizar y supervisar las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios, a fin de evitar "cláusulas abusivas", con "especial atención" a las que limiten la variación mínima de los intereses variables en función de la evolución de los tipos.
   La resolución recoge la idea del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para elevará a un 50% sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el límite no embargable del salario en proceso de ejecución hipotecaria y un 30% adicional por cada miembro de la familia que no disponga de ingresos propios.
   De esta forma, la cuantía medía pasará de 641 euros a 961 euros para personas sin familiares a cargo y podría alcanzar los 1.350 euros para quien tenga a cargo dos familiares sin ingresos.
   Asimismo, se estudiará elevar el "exiguo" porcentaje de valoración del inmueble por el que el banco puede adjudicárselo en caso de ejecución hipotecaria, si la subasta queda desierta. Actualmente está fijado en el 50% por la Ley de enjuiciamiento civil.
   El objetivo es mantener el valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malabaratamiento de los bienes". Por ello también se propone que se acelere la introducción de las subastas judiciales electrónicas, para elevar el número de posibles postores.
   Estos acuerdo, que será elevado a la subcomisión parlamentaria contra los abusos hipotecarios, no incluye sin embargo la petición de otros grupos como ERC, IU-ICV y BNG, que pedían que la entrega de la vivienda pudiera saldar el préstamo también en caso de hipotecas ya vigentes en el caso de "deudores de buena fe", si bien esas formaciones han aceptado la transacción.
   Como complemento a estas ideas, y en colaboración con agentes sociales, económicos y financieros, se desarrollarán de sistemas de información, mediación y resolución de conflictos que permitan a las familias afrontar "con mayor seguridad" sus operaciones de crédito, ya sea en el momento de constitución o a lo largo de la vida del préstamo hipotecario.
   Además, se redefinirá la línea ICO moratoria de hipotecas, impulsar acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del 'stock' de viviendas vacías a preciso asequibles y revisar los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, de manera que se puedan reducir los trámites para el acceso a ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.
   Además, se impulsarán acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del 'stock' de viviendas vacías a preciso asequibles y revisar los estímulos a la rehabilitación de viviendas y edificios, de manera que se puedan reducir los trámites para el acceso a ayudas y ampliar el concepto fiscal de rehabilitación.

El retorno de los inmigrantes en paro a sus países es limitado

MADRID.- Una investigación del Real Instituto Elcano sobre la migración temporal entre Marruecos y España concluye que el retorno de los extranjeros que se han quedado en el paro a sus países de origen sería mayor si las normas españolas y europeas no fueran tan estrictas, ya que imponen que quienes se marchen, no podrán regresar en al menos tres años. 

   El estudio, firmado por la investigadora principal de Demografía, Población y Migraciones Internacionales de la institución, Carmen González, explica que "en este momento muchos de los inmigrantes desempleados, el 50% de los marroquíes, volverían a su país si las normas les permitieran retornar legalmente a España cuando aparecieran nuevas oportunidades laborales".
   "El plan de retorno actual, incorporado al nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, exige un período mínimo de estancia fuera demasiado largo, tres años, lo que obliga al migrante a hacer una apuesta incierta a largo plazo", señala la autora.
   Además, indica que "muchos" inmigrantes "optarían por volver a su país, donde la vida es más barata, si no fuera porque arriesgan perder su permiso de estancia en España si a lo largo de un año pasan más de seis meses fuera del país" y recuerda que incluso quienes tienen un permiso de larga duración se enfrentan a este problema, porque "las normas europeas les impiden pasar más de 12 meses seguidos fuera del espacio de la UE".
   "Hay indicios de que puede estar produciéndose una salida de esa migración desempleada hacia otros países europeos del espacio Schengen, en los que la ausencia de controles fronterizos permitiría a los migrantes pasar tiempo fuera sin que se detectase en España", afirma el estudio.
   El estudio critica que entre Marruecos y España no se producen flujos de ida y vuelta porque "las normas españolas lo dificultan", ya que, en general, "no favorecen que los inmigrantes puedan circular entre origen y destino de forma flexible de acuerdo con las oportunidades laborales o las necesidades vitales".
   En esta línea, la autora destaca que sólo existe un tipo de inmigración circular entre Marruecos y España, la estacional agraria regulada a nivel estatal, por el progresivo endurecimiento de las condiciones para entrar y permanecer legalmente en el país que se han ido imponiendo a los extranjeros.
   A juicio de la autora, esta es una de las razones por las que "el nivel educativo de los migrantes marroquíes en España es el más bajo" de entre los que se han afincado en Europa, "incluyendo países donde esta migración es reciente, como Italia", ya que quienes se desplazan al país son en su mayoría trabajadores del campo, mientras los licenciados, técnicos y emprendedores prefieren destinos como Francia.
   "Es difícil encontrar en España empresarios o profesionales marroquíes, lo que tiene un efecto negativo sobre la imagen de este colectivo y, por extensión, de Marruecos en España", explica el estudio, donde se señala además, que "la política de concesión de permisos de residencia para estudiantes no ha facilitado la presencia de universitarios marroquíes en España".
   Asimismo, critica "la discrecionalidad en la concesión de permisos de residencia a los que desean emprender alguna actividad económica por su cuenta en España", porque a juicio de la experta, "ha reducido a la nimiedad la entrada de inmigrantes por esa vía".
   La experta, que asegura que la comunidad marroquí es, de entre todas las nacionalidades extracomunitarias procedentes de países pobres, la que tiene menores porcentajes de irregularidad, apuesta por medidas como incentivar la inmigración de marroquíes cualificados, una política de becas para que ciudadanos del reino alauí puedan estudiar carreras con salida en el mercado de trabajo y abrir el sector turístico a la inmigración de temporada.
   "Se trata de utilizar la migración como un instrumento de avance en las relaciones hispano marroquíes y de cooperación al desarrollo, atraer una inmigración cualificada evitando a la vez la fuga de cerebros en Marruecos y permitir a los inmigrantes en paro el retorno a su país con la posibilidad de volver a España, aunque hayan pasado fuera más de seis meses al año, cuando encuentren oportunidades laborales", concluye.

Advierten que se está en "estado de alarma roja" porque la parte sur del Corredor Mediterráneo no entrará

MURCIA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós,  aseguró anoche que, según los contactos "fidedignos en las altas instancias de la Comisión Europea" que tiene, la parte sur del Corredor Mediterráneo "no va a entrar en la red central europea, ya que no hay un compromiso por parte del Gobierno español de completar estas inversiones ferroviarias antes del año 2030".

   De ahí, ha alertado Amorós, que el estado actual es de "alarma roja", por lo que se ha dado traslado de la situación a los gobiernos autónomos, a los parlamentos regional y al Congreso y Senado.
   Al mismo tiempo, ha afirmado, se ha enviado una carta al ministro de Fomento, José Blanco, en la que se indica que se espera de su persona "una declaración contundente conforme a que el Ejecutivo español hará estas inversiones antes de la fecha límite que ha puesto la Comisión Europea y que instará a ésta para que incluya la parte sur del corredor".
   Al hilo, ha dejado claro que "no vale que el ministro haga una declaración verbal, sino que lo que tiene que hacer es una declaración firme por escrito dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, Siim Kallas, trasladándole todo esto". Se está barajando también la posibilidad de realizar un acto "potente" en Madrid, ya que es "ahora o nunca".
   Igualmente, desde Murcia el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, ha informado que se hará traslado a la Asamblea Regional de una declaración con respecto a este corredor al objeto de que "todos los grupos políticos la apoyen".
   En esta misma línea, solicitará una entrevista con el secretario general de Planificación e Infraestructuras, Victor Morlán, para transmitir la preocupación "porque no se estuviese contando la integridad de la línea hasta Algeciras".
   Y es que, según el secretario general de Ferrmed, "la parte sur del corredor no entrará en la red central europea, ya que no hay un compromiso del Gobierno español en completar estas inversiones ferroviarias antes del 2030".
   "Ésta es la situación y el corredor cumple perfectamente con los criterios europeos de corredores de primer nivel, pero lo que pasa es que la Comisión Europea dice que para que lo incluya debe haber un compromiso de los estados miembros en tener las obras pertinentes concluidas antes de 2030", ha manifestado Amorós.
   Radica en este punto el problema, ha reconocido, para después señalar que "parece ser que no hay un compromiso firme por parte del Ejecutivo central en tener concluido todo el Corredor Mediterráneo hasta llegar a Algeciras".
   La duda que se tiene es de dónde acabaría esta inclusión en la red central europea, ya que, ha apuntado, "pudiera ser que acabara esto en Valencia o hasta Cartagena, pero el tema está en que hay unas inversiones que hacer".
   Por su parte, el consejero murciano ha resaltado el apoyo de la sociedad murciana a este corredor en el que "cree como unidad fundamental de desarrollo socioeconómico de gran parte de España".
   De forma que ha asegurado que el Gobierno regional "va a seguir apoyando esta actuación, que supone una línea que entrando por Cataluña llegue hasta Algeciras y nos conecte con el centro de Europa; una línea ferroviaria como vía fundamental para el mantenimiento y promoción de la economía".
   "Creemos en un corredor íntegro y que su sentido como vía de transporte, logística, va desde una punta a otra de la Península", ha remarcado Sevilla.
   Amorós y Sevilla han hecho estas declaraciones momentos antes del encuentro que han mantenido con representantes de las organizaciones empresariales de la Región para analizar la actual situación del Corredor Ferroviario Mediterráneo y elaborar una 'Declaración de Murcia' acerca de la cuestión.
   Precisamente, el jefe del Ejecutivo murciano se reúne este jueves en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, ante quien reivindicará la posición de la Región de Murcia sobre esta infraestructura, con la intención de "hacer valer esa fuerza de representación que nos dan tantas y tantas voluntades que suman en torno al corredor ferroviario".

miércoles, 29 de junio de 2011

El PSPV exige a Camps que dé ayudas económicas a los ayuntamientos para que puedan pagar a los proveedores

VALENCIA.- El presidente del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes y portavoz de Administración Local, Óscar Tena, ha exigido este miércoles al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que genere líneas de ayudas económicas para que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, "asfixiados por los impagos y la deuda histórica del Consell", puedan pagar a los proveedores. 

   Tena, en un comunicado, ha anunciado que presentará una proposición no de ley en la que exigirá que el Consell complemente la línea de crédito, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por la que los ayuntamientos podrán acceder a préstamos con los que pagar facturas pendientes.
   El portavoz socialista de Administración Local ha concretado que van a proponer que sea el Instituto Valenciano de Finanzas (INE) quien, a nivel autonómico, ponga en marcha la línea de crédito de pago de las facturas pendientes de entidades locales que a nivel estatal, según anunció el martes el Gobierno, gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
   Una medida con la que, según Tena, "se aliviará la morosidad que padecen, especialmente, autónomos y pymes, agravada por los más de 3.300 millones de euros de deuda histórica que Camps debe a los ayuntamientos quiénes, además, se ven obligados a diario a asumir competencias que les son impropias y que corresponderían a la Generalitat Valenciana".
   Tena ha reclamado al director del IVF, Jorge Vela, que "no haga como los consellers que no quieren comparecer en el mes de julio" y "no espere y se ponga a trabajar hoy mismo para complementar desde el Consell la propuesta efectuada por el Gobierno central".
El portavoz socialista ha subrayado que "la situación de los ayuntamientos de la Comunitat es muy complicada", por lo que "las pymes, autónomos y proveedores no pueden esperar", ha concluido.

PwC muestra su apoyo decidido al Corredor Mediterráneo y al eje Valencia-Barcelona

VALENCIA.- PwC ha mostrado su apoyo decidido al Corredor Mediterráneo y ha declarado que el corredor Valencia-Barcelona "debe ser un eje de inversión prioritaria". En este sentido, subraya que "apoya y aplaude" la creación de esta infraestructura. 

   La consultora, en un comunicado a cerca de las informaciones publicadas sobre el informe elaborado por la firma, ha señalado que este documento "se limita a analizar como optimizar la red de transporte ferroviario de mercancías ya existente" y "en ningún caso, entra a valorar las infraestructuras pendientes de construir".
   Así, ha indicado que el objetivo central del estudio es "impulsar un transporte de mercancías más eficiente y medioambientalmente más sostenible en España", en los próximos ocho años, en línea con los objetivos del Ministerio de Fomento de incrementar del tres al 10 por ciento el transporte de mercancías por ferrocarril.
   Para ello, se han tenido en cuenta "exclusivamente las infraestructuras y redes de transporte ya existentes" que están "poco cargadas" como consecuencia de la migración del tráfico de viajeros a las nuevas líneas de ancho de alta velocidad. No obstante, "hay una salvedad que es el corredor Valencia-Barcelona que debe ser un eje de inversión prioritaria".
   Del mismo modo, apunta que el estudio "apuesta decididamente" por el Corredor Mediterráneo y "no cita su ampliación hacia el sur, la cual apoyamos, porque se limita a las redes de transporte ya existentes". 
Al respecto, ha agregado que, según su propuesta, "Valencia se convierte en un nodo clave, por su posición en el eje mediterráneo".

Para Magro, una causa tan "compleja" como el caso Brugal requeriría juzgados provinciales especializados

ALICANTE.- El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, ha asegurado que una causa "tan compleja" como la de Brugal "requeriría" la creación de "juzgados provinciales especializados en causas complejas, con independencia de que fueran sobre crimen organizado, delincuencia organizada o materia de corrupción".

   Vicente Magro ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa, donde ha sido preguntado por el comienzo de las primeras declaraciones en la pieza del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, sin que se haya resuelto la apelación a la anulación de parte de las escuchas ordenada por el titular del juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº 3 de Orihuela, Carlos San Martín.
   "Somos conscientes de que casos tan complejos como este, que se están llevando en un juzgado de Orihuela o Alicante, requerirían la aplicación de una medida que ya propusimos al Ministerio de Justicia hace tiempo, y que consiste en la creación de juzgados provinciales que tramitaran causas complejas, con independencia de que fueran crimen organizado, delincuencia organizada o materia de corrupción" ha señalado Magro.
   "Cómo se puede pensar que una causa como Brugal se puede llevar con un juez, un secretario y dos funcionarios" ha afirmado Magro, quien ha indicado que a pesar de los jueces de apoyo que se puedan poner, estas causas ralentizan el trabajo del juzgado y requieren de un órgano especializado que las lleve.
   El presidente de la Audiencia de Alicante ha indicado que "en un principio" se pensó en esta medida para "crimen organizado", y ha señalado que estos juzgados tendrían que "abarcar" también temas relacionados con delincuencia organizada y corrupción.
   "Las causas complejas ralentizan la tramitación de las demás" ha apuntado Magro, quien ha señalado que "un juzgado pequeño, o un partido judicial que tiene mucho trabajo, al que le toque una causa compleja" se ve "perjudicado, tanto en la tramitación de esa causa como en la de las restantes que lleve".
   Según Magro, sería necesaria la creación de 25 juzgados de este tipo en toda España, que llevarían entre 10 y 12 causas al año y evitarían que "los juzgados se colapsen" con temas complejos.

La Operación Paso del Estrecho registra en Alicante una caída del 15% en el tráfico de pasajeros

ALICANTE.- La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha registrado un descenso del 15 por ciento en el tráfico de pasajeros que han utilizado la terminal marítima a Orán del Puerto de Alicante entre el 3 y el 26 de junio, y una bajada del 13,4 por ciento en el tránsito de vehículos, según ha explicado la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares.

   Llinares ha explicado que este descenso de usuarios también ha motivado que el número de asistencias médicas baje un 73,2 por ciento, con un total de 11 atenciones sanitarias.
   El dispositivo de seguridad se ha adelantado este año con motivo de la celebración del Ramadán entre el 1 y el 30 de agosto, y prevé que la mayor afluencia de viajeros se produzca los días 24, 25, 26 y 27 de junio y 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, y 11 de julio.
   En esta operación, que hasta el momento se ha desarrollado sin incidencias, intervienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la Subdelegación, la Dirección General de Tráfico, el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria de Alicante y Protección Civil así como Cruz Roja.
   El dispositivo de este año, similar al establecido el pasado año, en que pasaron por el Puerto de Alicante 104.000 pasajeros con destino u origen a Orán, incluye nueve intérpretes y nueve asistentes sociales que prestarán su servicio por turnos las 24 horas del día.
   El objetivo de la OPE es dotar a los viajeros de los servicios sociales y sanitarios necesarios para dar respuesta a las incidencias que puedan presentarse; disponer de espacios suficientes de aparcamiento en los puertos, especialmente en el de Algeciras y Almería; y acondicionar las áreas de descanso e información en las rutas más importantes.
   Asimismo, el operativo pretende garantizar la fluidez del tráfico en las principales rutas y ofrecer un sistema de información dirigido a los viajeros mediante puntos informatizados en ruta, paneles móviles de la Dirección General de Tráfico y e internet.
   Llinares ha recordado que el Área de descanso e información ubicado en la autopista AP-7 a la altura de Villajoyosa está dotada de servicios de información y sanitarios.
   En este punto, los asistentes sociales y traductores que participan en el dispositivo facilitan información, en español y francés, sobre circunstancias generales de la OPE, recomendaciones, ofrecen datos de la situación portuaria y de las compañías navieras, así como otras informaciones referentes a situaciones meteorológicas y avisos en el caso de que se produzcan alteraciones importantes en el desarrollo de la operación.

La Unión Europea nombrará a Bernardino León enviado especial al Magreb

BRUSELAS.- La Unión Europea designará pronto al malagueño Bernardino León Gross, actual asesor del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como enviado especial al norte de África para afilar su política en la estratégica región e intentar mejorar su influencia en un momento de rápidos cambios políticos, dijeron el miércoles responsables comunitarios.

Los Veintisiete están deseosos de reforzar su poder internacional y forjar un enfoque más claro hacia el Mediterráneo sur, tras las críticas a la UE por ignorar en demasiadas ocasiones a los regímenes no democráticos de la otra ribera.
Si los estados miembros lo aprueban, León, secretario general de la presidencia del Gobierno, será designado para el cargo, que supondrá supervisar la situación en Túnez, Marruecos, Egipto, Libia y Argelia.
"Con los cambios trascendentales que están ocurriendo en el Mediterráneo sur, el nuevo representante especial tendrá un papel crucial role a medida que la UE aumenta su respuesta a las transformaciones en la región", dijo en un comunicado la jefa de política exterior de la UE, Catherine Ashton.
Este político de 46 años cuenta con el apoyo de Zapatero, que la semana pasada en Bruselas le calificó de "excelente candidato, perfecto conocedor de la política exterior de la UE".
León, trabajó en Oriente Próximo con el antiguo enviado de la UE y luego ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, entre 1997 y 2001, y cofundó la Fundación Barenboim-Said, que apoya una orquesta juvenil árabe-israelí que promociona la paz.
La UE ya ha dado pasos para definir una nueva política hacia sus vecinos del sur, comprometiéndose a vincular miles de millones de euros en ayudas al ritmo y la profundidad de los cambios democráticos, así como aumentar el dinero que ofrece a los reformistas.
En el pasado, los detractores han dicho que la Unión ha preferido la estabilidad a los cambios, apoyando durante décadas a líderes autocráticos como Hosni Mubarak en Egipto, así como al libio Muamar el Gadafi. Sin embargo, también hay divisiones que complicarían el intento de reforzar su credibilidad al nuevo cuerpo diplomático que representará León, y sus ambiciones globales.
Italia, España, Francia y Malta tienen fuertes lazos geográficos, comerciales o históricos con la región y no quieren ceder una influencia lograda durante años. También podría haber diferencias por la inmigración, ya que muchos gobiernos europeos quieren acuerdos con países como Túnez y Egipto para evitar una avalancha de inmigrantes, pero no está claro qué incentivos ofrecer para lograr su cooperación.
Diplomáticos han dicho que el papel de León también se centraría en impulsar los intentos de promocionar el dialogo entre las fuerzas laicas y religiosas en ambos países en sus transiciones.

El TC dice que es constitucional la reforma del Estatuto de Aragón en su capítulo de reserva hídrica del Ebro

LOGROÑO.- El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia de 22 de junio de este año ha resuelto que no es inconstitucional la reserva del caudal hídrico del Ebro que recogía el Estatuto Autonómico de Aragón, en su reforma. El recurso de inscontitucionalidad lo interpuso el Gobierno de La Rioja, y ahora queda rechazado.

   En concreto, se presentó contra los artículos 19, 72 y disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
   El Tribunal Constitucional en su sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera, ha decidido declarar que no es inconstitucional la disposición adicional quinta recurrida, siempre que se interprete que no establece una reserva sobre el caudal hídrico del Ebro que obligue al Estado, desestimando el recurso en todo lo demás.
   Indica que la regulación de fijación de caudales hídricos en las cuencas intercomunitarias corresponde al Estado, por consecuencia, resulta inconstitucional la determinación unilateral por el legislador autonómico de dichos caudales.
   La sentencia ha recibido el voto particular concurrente formulado por el Magistrado Luis Ignacio Ortega Álvarez.

El BBVA pide "no estropear" el mercado hipotecario por "presiones populistas"

MADRID.- El consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha afirmado que es necesario proteger "a toda costa" el mercado hipotecario español y no adoptar medidas que "puedan estropearlo" por presiones populistas.

   "Responder a presiones populistas está bien, pero hay que tener cuidado de no estropear un mercado hipotecario de referencia a escala mundial", dijo Cano al término de su discurso en la escuela de negocios Esade.
   Cano respondía de esta manera al ser preguntado por el anuncio que realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados sobre la próxima aprobación de medidas de protección para las personas que afrontan una ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.
   El consejero delegado de BBVA sostuvo que, a falta de conocer el desarrollo específico de la iniciativa, es fundamental proteger la seguridad jurídica en el mercado hipotecario español y respetar lo acordado por las partes en este tipo de contratos.
   "Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica", porque esto podría provocar una falta de confianza adicional en la economía española, dijo el 'número dos' del BBVA, para quien "hay que evitar esto a toda costa".
   Cano incidió en que España es el país desarrollado que cuenta con los menores precios y las mejores prácticas en el mercado hipotecario, y que la protección jurídica del cliente y de la entidad hacen que este sistema sea "sólido".
   El consejero delegado de BBVA recalcó que el mercado hipotecario español es "muy fiable" y una referencia a escala internacional.
   En cuanto al mercado de la vivienda, consideró que se podrían registrar caídas adicionales de precio en los próximos años de entre el 5% y el 10%, si bien insistió en que la evolución es muy diferente en función de la región geográfica de que se trate, ya que en 15 provincias el precio de la vivienda ya ha empezado a subir.
   Cano sostuvo que los bancos han registrado una caída media de los precios de los activos inmobiliarios que tienen en balance del 30%, y que podría haber un descenso adicional del 10% en los próximos años.
   A medida que se produzca el deterioro de activos se liberarán más provisiones, recalcó Cano, para quien la cuantía total podría elevarse a entre el 3% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
   El consejero delegado resaltó en este punto que BBVA realiza una "rabiosa" valoración de activos a precios de mercado.

El PSOE carga contra los "abusos" en los embargos que "malbaratan" las viviendas

MADRID.- El PSOE plantea en sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación un paquete de medidas en materia hipotecaria que amplían las detalladas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluya medidas que garanticen el mantenimiento del valor real de los bienes en los procedimientos de ejecución hipotecaria, "evitando cualquier posibilidad de abuso sobre el deudor o de malbaratamiento de los bienes".

   Los socialistas abogan por tener en cuenta la situación económica y familiar del deudor en los procesos de ejecución, elevando el límite de inembargabilidad con carácter general y adicionalmente por cada miembro del núcleo familiar sin ingresos propios.
   No obstante, remarca que es necesario por mantener la "solvencia general" del sistema hipotecario español evitando "reformas indiscriminadas" que trasladen al conjunto del sistema la responsabilidad de los deudores que no se encuentran en situaciones de necesidad.
   Aun así, se compromete a impulsar las medidas que puedan derivarse de las propuestas de la subcomisión parlamentaria de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, "especialmente aquellas que permitan aliviar el riesgo de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar" en "casos extremos" y siempre en un procedimiento judicial que permita evaluar las circunstancias de deudor y su excepcionalidad.  
   Asimismo, insiste en potenciar el "mercado de alquiler" y la vivienda protegida para promover un mercado más equilibrado y que garantice, además, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, "especialmente a los más desprotegidos".

Inmigrantes 'sin papeles' con hijos menores de nacionalidad española podrán regularizar su situación

MADRID.- Los inmigrantes que se encuentren 'sin papeles' en España y sean padres de menores de edad con nacionalidad española podrán solicitar la regularización de su situación a partir de mañana, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que contempla esta posibilidad al desarrollar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España vigente desde enero del año pasado. 

   En concreto, el Reglamento, que llega con un año de retraso, crea la figura del arraigo familiar, por la que podrán regularizar su situación las personas sin permiso de residencia y con hijos menores si tienen nacionalidad española. No obstante, se mantiene la regularización por arraigo laboral --dos años de residencia y un contrato de trabajo--, por arraigo social --tres años de residencia, vínculos familiares y contrato laboral--, y por razones excepcionales o de índole humanitaria.
   Además, a partir de este 30 de junio las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que empezar a redactar informes para acreditar el "esfuerzo de integración" y la "adecuación de la vivienda" de los extranjeros que deseen regularizar su situación por arraigo, renovar la autorización o acceder a una reagrupación familiar. Este "esfuerzo", según la norma, "podrá ser alegado como información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos" para el trámite de que se trate.
   Este informe deberá contener la certificación "de la participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia".
   En cuanto a la reagrupación familiar en particular, se denegarán las solicitudes cuando "de forma indubitada" se determine que el inmigrante no podrá mantener sus ingresos durante el año siguiente, para lo que analizará la "evolución" de la renta que ha percibido durante los seis meses previos a la petición. Esta renta deberá ser equivalente al 150% del IPREM y un 50% adicional por cada miembro de la familia si está formada por más de dos personas.
   El Reglamento contempla en su disposición transitoria segunda que las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento se resolverán con el procedimiento que estuviera vigente en ese momento, salvo que el afectado pida que se le aplique la nueva normativa y cumpla los requisitos para ello.  
   Otra de las novedades incluidas en el Reglamento es la posibilidad de que los extranjeros acogidos a un programa de retorno voluntario puedan recuperar si vuelven a España la antigüedad del permiso de residencia que tenían antes de marcharse. No obstante, una vez estén en su país de origen, deberán esperar al menos tres años para poder regresar, aunque tendrán prioridad para acceder al contingente y la contratación en origen.
   Uno de los asuntos que ha suscitado más debate público es la protección de las víctimas de violencia de género o trata que se encuentren en situación irregular cuando acudan a denunciar. Aunque la Ley de Extranjería establece que se paralizaría el expediente de expulsión abierto a estas mujeres por no tener papeles, los grupos parlamentarios impulsaron una reforma para que esta sanción no fuera si quiera incoada. Esta iniciativa, reformada en el Senado, está pendiente de ser refrendada en el Parlamento.
   En paralelo, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración introdujo esta previsión en el Reglamento, para especificar que si el expediente de expulsión "no se hubiese iniciado en el momento de presentar la denuncia, la decisión sobre su incoación será pospuesta hasta la finalización del proceso penal", es decir, hasta que exista una sentencia o un informe del fiscal que acredite que la afectada ha sido víctima de los delitos denunciados. Mientras tanto, tanto ella como sus hijos tendrán acceso a permisos temporales de residencia y/o trabajo.
   Sobre las personas que colaboren con las autoridades en la lucha contra las redes de trata de personas, el Reglamento reconoce a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las distintas provincias la competencia de decidir si el inmigrante en situación irregular que contribuye con la investigación está exento de responsabilidad en el hecho de encontrarse 'sin papeles'. Si así lo concluye, se paralizará el expediente sancionador que se haya incoado o la expulsión que se hubiese acordado.
   Si estos colaboradores son además, víctimas de trata, accederán a una autorización temporal de residencia y trabajo cuya validez se extinguirá cuando se constate con una resolución judicial que la denuncia era fraudulenta, "desaparezcan las circunstancias que sirvieron de base a su concesión", su titular "reanude de forma activa, voluntaria y por iniciativa propia las relaciones con los presuntos autores del delito" o cuando "su titular deje de cooperar" con las autoridades.
   En materia de menores extranjeros no acompañados, el Reglamento marca que quienes habiendo estado tutelados por la administración pública cumplan la mayoría de edad sin estar documentados, podrán acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales por recomendación de la entidad que ostentase su tutela, guarda o custodia, si han "participado adecuadamente en las acciones formativas y actividades programadas por dicha entidad para favorecer su integración social".
   Asimismo, estas personas tendrán que acreditar para conseguir 'los papeles' que mantienen unos ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 532 euros al mes en 2011, o un contrato laboral o que reúnen los requisitos para acceder a un permiso de trabajo por cuenta propia. No obstante, "en el marco del procedimiento se tendrá en especial consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española", marca el Reglamento.

El ICO pagará la deuda de los ayuntamientos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado la puesta en marcha de una línea de crédito ICO a las entidades locales para el pago de facturas pendientes a 31 de abril de 2011 a empresas y autónomos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la entidad colaboradora oportuna, hará el pago directamente a los proveedores de las empresas de aquellas facturas reconocidas por el ayuntamiento incluidas en la línea de crédito, dijo el jefe del Ejecutivo durante el debate del estado de la nación.

El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del estado, que constituirá la garantía final del préstamo.

El Gobierno ha encargado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que instruya sobre esta línea al ICO, que actuará en función del volumen y de las facturas pendiente y la morosidad.

martes, 28 de junio de 2011

Zapatero se arrepiente de no "haber intentado pinchar" antes la burbuja inmobiliaria española

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que "si se arrepiente de algo" es de no haber "pinchado o intentado pinchar antes la burbuja inmobiliaria" con la que su Gobierno convivió durante "dos o tres años" e hizo que se multiplicara por ocho el endeudamiento y que el crédito de ese sector creciera veinte puntos por encima de la media europea. 

   Durante su réplica al presidente del PP, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, Zapatero ha espetado al líder 'popular' que si le parece una "buena herencia" de los gobiernos de José María Aznar que la inversión en vivienda y el endeudamiento en el sector creciera el doble respecto a Europa. "No es una buena herencia", ha remachado.
   Zapatero ha asegurado que su Ejecutivo puso en marcha la reforma de la Ley del Suelo para intentar modificar un modelo que se generó, desarrolló y creció desde 1996 a 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, y que continuó hasta 2007, cuando ya gobernaba el PSOE y empezó a declinar por culpa de la crisis económica.  
   "Ahí está el problema de lo que ha pasado en la etapa de crecimiento", ha aseverado Zapatero, quien ha exigido a Rajoy que tenga la "honestidad intelectual" de reconocer que lo sucedido es una "responsabilidad colectiva".

La industria farmacéutica trabaja con Gobierno y CCAA para que la deuda "no vaya a más"

MADRID.- El presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, ha anunciado este martes que están trabajando con el Gobierno central y las comunidades autónomas para "buscar una solución" a la deuda que éstas últimas mantienen con la industria farmacéutica en España, que asciende a más de 5.200 millones de euros, y "evitar que vaya a más".

   Según ha reconocido el presidente de la patronal de la industria farmacéutica en España tras la celebración de su Asamblea General Ordinaria, "hay que dar salida a un problema que está enquistado y conlleva una gran gravedad, porque hay algunas compañías que están sufriendo mucho el no cobro de las comunidades", que tardan una media de 400 días en pagar.
   Para ello, están trabajando "intensamente" con el Gobierno, las comunidades autónomas "y alguna empresa independiente que proporciona distintas posibilidades" para solventar el problema, si bien reconoce que  "no se sabe cuál va a ser el límite".
   Y es que, como apunta Ramentol, la progresiva subida de los tipos de interés hará que la deuda aumente, "no sólo por el coste sino por los intereses de la misma".
   "Esto no es aceptable", ha lamentado el presidente de Farmaindustria, sobre todo para aquellas compañías pequeñas o medianas que "no tienen músculo financiero" y, por tanto, no pueden hacer frente al retraso en los pagos de muchas comunidades, ya que en algunos casos asciende a más de 700 u 800 días.
   Ramentol se ha mostrado comprensivo con las comunidades y entiende que estén "desesperadas" porque "el sistema sanitario está infrapresupuestado", pero reconoce que "si no se aborda conjuntamente el problema" se corre el "riesgo de perder mucha calidad y se acabe haciendo una medicina social, pero de menor nivel del que teníamos".
   "Si sólo actuamos reduciendo, al final lo que vamos a gestionar es la pobreza", apunta, pidiendo a los políticos que encuentren "la fórmula, no sólo de reducir costes, sino de aumentar ingresos". "Y eso significa que las empresas prosperen, se creen puestos de trabajo y se puedan financiar los servicios sociales", asegura.
   Asimismo, apunta que ya se está viendo "una merma importante de la calidad" en todos los ámbitos, en el de la prestación de servicios y en la introducción de innovaciones terapéuticas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
   "Si queremos solucionar el problema del paro en su conjunto, hay que apostar por el tejido productivo y la innovación, y si hay un sector donde se apuesta por ello es en el sector farmacéutico", apunta, recordando que "es una falacia decir que con menos vamos a mantener la calidad".

El trazado del Corredor Ferroviario del Mediterráneo por Alicante parece estar en el aire

MADRID.- La ejecución del Corredor Ferroviario del Mediterráneo en su vertiente este-sur, desde Valencia por el litoral hasta Algeciras, está en el aire. Así lo ha denunciado el 'lobby' Ferrmed, que pugna desde hace ya unos cuantos años para que se materialice esta infraestructura, que pretende dar cobertura a las necesidades que, en materia de transporte de viajeros y de mercancías, tendrá todo el litoral mediterráneo peninsular durante varias décadas.

Joan Amorós, secretario general de Ferrmed, ha afirmado que lo que está en riesgo en estos momentos es la inclusión de todo el trazado ferroviario –que discurre desde Murcia hasta Algeciras tanto por el interior de Andalucía, a través de Granada y Antequera, como por el litoral mediterráneo, mediante la unión de Valencia con Alicante, Cartagena, Almería, Motril y Málaga–, en la Red Ferroviaria Prioritaria Transeuropea. 

Ahora se especula con una conexión entre Valencia-Alcázar de San Juan-Algeciras como alternativa auspiciada por la Junta de Andalucía cerca del Ministerio de Fomento en detrimento de la continuidad de esta avanzada infraestructura por el sur del litoral mediterráneo español.

Y está en riesgo porque, según Amorós, el Ministerio de Fomento «no ha comprometido expresamente esta parte del trazado en las reuniones bilaterales mantenidas con responsables de la Comisión Europea». En concreto, con el comisario de Transportes encargado de estos asuntos y vicepresidente de la Comisión, Siim Kallas.
 
El problema es que el tiempo corre en contra de los intereses de alicantinos, murcianos, almerienses, granadinos y malagueños. Es más que probable que a finales de julio o ya en septiembre, la Comisión Europea y después el Parlamento, decidan sobre el Corredor. Y si la parte final del mismo - entre Valencia y Málaga - no ha sido incluida por España, quedaría fuera de las ayudas.

El lobby empresarial e institucional Ferrmed -el grupo de presión que más ha trabajado por el corredor mediterráneo- mostró su indignación con la propuesta ferroviaria de la consultora PricewaterhouseCoopers.

El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, asegura al diario 'Levante' que el trazado por el centro de la Península que propone el grupo de Jordi Sevilla es "gravísimo" para los intereses de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Andalucía.

"Es inadmisible que se corte el corredor mediterráneo por Valencia como un callejón sin salida y queden descolgados Alicante, Cartagena, Murcia y Almería. Es una situación muy grave y nos pondremos en pie de guerra para evitar que Europa decida impulsar este trazado", aseguró Amorós.

Según anunció en marzo el ministro de Fomento, José Blanco, el Estado hará una inversión global de 51.300 millones de euros, de los que ya se han destinado 8.400 millones en el Corredor Mediterráneo para que esté listo en 2020.

El PSPV apuesta por una reforma de las diputaciones que reduzca sus competencias

VALENCIA.- El socialista José María Ángel, candidato a senador por la Comunitat Valenciana, ha expresado este martes su apuesta por una reforma de las diputaciones que reduzca sus competencias. A su juicio, las corporaciones provinciales deberían centrarse en "dar equidad" a los municipios y en "resolver los problemas que pueblos pequeños no pueden" solucionar.

   El secretario de Política Municipal del PSPV y alcalde de l'Eliana ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts, cumpliendo así la Ley de Designación de Senadores de la Comunitat, que establece que los candidatos a senador territorial comparecerán antes de su designación.
   José María Ángel, quien ha explicado que en los últimos 33 años ha estado trabajando "en defensa de la cosa pública y de la democracia", ha lamentado que se esté viviendo una "crisis económica, de confianza, de actitudes y de valores que supera lo político y que aumenta cada vez más el interés individual frente al interés del bien común".
   El dirigente socialista se ha comprometido a defender en el Senado el Corredor Mediterráneo y los recursos hídricos, así como los municipios. Al respecto, ha lamentado que, en la actualidad, los ayuntamientos asumen "servicios impropios". Por ello, ha apostado por revisar las competencias locales y los fondos de financiación de los municipios.
   Por su parte, el diputado del PP Eduardo Ovejero ha pedido a Ángel que "sienta pasión" por la Comunitat y le ha explicado que la gente "necesita que todos los representantes políticos, sean del signo que sea, luchen, y si puede ser juntos, para salir cuanto antes de la crisis".
   Ovejero, quien ha dicho que nadie "duda" del "talante" de Ángel, le ha preguntado si intentará "recuperar la buena imagen de la Comunitat" en materia de urbanismo "que otros intetaron socavar" y si pondrá "todo su esfuerzo en colaborar para que todas las propuestas, provengan de donde provengan, generen ocupación e innovación".
   "Además de ser socialista soy valenciano", ha respondido José María Ángel, quien ha incidido en la necesidad de que "todos los que representamos a la Comunitat Valenciana tengamos un denominador común en aquello que nos identifica como pueblo".
   Ángel ha destacado que la Comunitat Valenciana tiene que "aumentar su participación en los fondos del Estado" ya que, en su opinión, "es insuficiente la financiación que tenemos para una comunidad como la nuestra".
"Queda mucho por hacer y es un camino común", ha subrayado.
   El diputado socialista Rafael Rubio le ha interpelado acerca de qué propuestas plantea para que "la crisis de confianza" de los ciudadanos en las instituciones "vaya desapareciendo de manera paulatina". También le ha preguntado sobre si considera que hay que redifinir el papel de las diputaciones, a lo que Ángel ha respondido que se deberían reformar las instituciones provinciales para reducir sus competencias.
   La parlamentaria de Compromís Mireia Mollà, por su parte, ha criticado las medidas económicas puestas en marcha por el Ejecutivo central y le ha preguntado si apoyará al Gobierno socialista.
   Al respecto, el candidato a senador ha expresado su "firme convicción" de que con "políticas públicas y de transparencia" se podrá salir de la actual crisis económica. "Desde lo local podemos solucionar mucho estas circunstancias", ha manifestado, y, asimismo, ha destacado la necesidad de "sumar todos, a pesar de lo que nos pueda diferenciar".
   Por parte de EUPV, Ignacio Blanco, ha criticado que los cinco candidatos a senadores por la Comunitat son hombres. Asimismo, ha preguntado a Ángel por su visión del Senado, por su valoración sobre la "pérdida de soberanía popular" y por cómo valora la financiación económica que recibe la Comunitat del Gobierno central.
   Ángel, durante toda su intervención, ha recalcado la necesidad de revisar las competencias de los municipios, ya que, según ha asegurado, el 30% del gasto de los ayuntamientos se dedica a temas que no son competencias municipales.

Compromís dice que la entrada de un socio privado en la CAM "confirmará la pérdida de la caja para los alicantinos"

ALICANTE.- La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà ha asegurado este martes que la entrada de un socio privado en el accionariado de Caja Mediterráneo "confirmará que la caja perderá de manera definitiva su razón de ser como entidad de interés social, así como cualquier posibilidad de convertirse en una banca pública con fines sociales", según ha informado la coalición en un comunicado.

   Ante las informaciones que apuntan a negociaciones de la caja alicantina con otras entidades, Compromís ha considerado que la CAM  "ha llegado a esta situación a causa de su subordinación a los intereses partidistas de los dos grandes partidos, que la han sumergido en actividades especulativas y arriesgadas, como hicieran también con Bancaja".  
   En su opinión, "esta búsqueda de inversores a la desesperada por parte de la CAM, posiblemente a cualquier precio, certifica el fracaso de la gestión a la que la entidad se ha visto sometida durante los últimos años y, por tanto, requiere que los dirigentes y el consejo de administración asuman sus responsabilidades, que son más que evidentes".
   Además, Mireia Mollà ha indicado que "tampoco su nacionalización a través del FROB supone una solución recomendable, si el objetivo de ésta es sanearla para después regalársela a una entidad privada". 
Compromís ha recordado que ha apostado "siempre de manera clara y decidida por una CAM pública, al servicio de los ciudadanos y que, junto a Bancaja, hubiera liderado un sector financiero potente que se rigiera por los intereses de las personas y no por los juegos especulativos".
   "Este proyecto ya no es posible con Bancaja, entregada a Caja Madrid, pero la coalición no cejará en su empeño de defender una CAM para los alicantinos", ha afirmado la diputada.

El juez llama a declarar a 11 imputados por la trama de las basuras de Calpe

DENIA.-  El juzgado de Instrucción nº 1 de Denia ha levantado el secreto de sumario de la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto fraude en la facturación del tratamiento de basuras en el Ayuntamiento de Calpe y ha citado en septiembre a declarar a 11 personas en calidad de imputados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   Dentro del caso Brugal, que investiga presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, se encuentra la pieza separada que instruye este juzgado de Denia, que ha citado a declarar el 20 y 21 de septiembre a 11 personas, de las que una está pendiente de cómo le puede afectar la anulación de las escuchas decretada por el titular del juzgado de instrucción y primera instancia nº 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que investiga la parte del caso relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, y que podría quedar fuera de la causa por esa nulidad de las intervenciones.

   Entre los 11 imputados citados a declarar por el juzgado de Instrucción nº 1 de Denia se encuentra el exalcalde de Calpe, Javier Morató --ahora concejal de Alternativa Popular--, varios ediles del PP, un par de técnicos del consistorio calpino, así como el empresario Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll, tal y como han señalado fuentes judiciales.

EU pide al Consell declarar BIC la finca de Petrel que acogió el último gobierno de la II República

ALICANTE.- Esquerra Unida ha pedido al Consell declarar BIC la finca de Petrel que acogió el último gobierno de la II República, por la importancia esencial del lugar, el cual adquirió protagonismo histórico en los últimos momentos de la Guerra Civil, acogiendo la residencia de Negrín y el último gobierno de la II República", según ha informado en un comunicado la formación de izquierdas.

   El edificio, conocido como 'El Poblet' o 'La Posición Yuste', se encuentra al término municipal de Petrel. Esquerra Unida ha presentado una proposición no de ley en Las Corts, con la intención de declarar Bien de Interés Cultural este edificio, que acogió la residencia de Negrín y el último gobierno de la II República", ha explicado la diputada autonómica de EUPV, Esther López Barceló.
   La finca, con un alto grado de conservación, permanece prácticamente igual que en la época de la estancia del presidente del Gobierno de la II República, el doctor Negrín.
   "En parte fue construido durante la contienda bélica para ser empleado como hospital de sangre, posteriormente se utilizó como alojamiento para niños evacuados y, finalmente, coma residencia de las tropas al servicio del presidente de la República", ha recordado López Barceló.
   En este sentido, ha añadido que esta finca sirvió como residencia de Negrín, aproximadamente entre el 26 de febrero y el 6 de marzo de 1939. Según la diputada alicantina, "exiliado ya en Francia el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, 'El Poblet' pasó a ser la residencia de la primera autoridad de facto de la II República".
   Allí, según apunta, "se celebraron los dos últimos Consejos de Ministros, también fue donde Negrín recibió noticias de importancia fundamental para el desenlace final de la guerra, como por ejemplo la dimisión del presidente de la República o el reconocimiento, ese mismo día, del Gobierno de Franco por parte de Francia y Reino Unido, e incluso donde mantuvo su famosa conversación telefónica con el coronel Casado".
   Por todo ello, para Esquerra Unida "el valor histórico y patrimonial de El Poblet es indiscutible", por eso han expresado su deseo de que el Consell "se pronuncie a favor de esta petición de BIC y que se establezca, además, un acuerdo con el Ayuntamiento de Petrel para posibilitar la financiación necesaria para la restauración y mantenimiento del Jardín Histórico y del BIC, así como el potencial museístico de la finca y su entorno".

Benicassim y el parque natural de Sierra Helada, en el punto de mira de Ecologistas en Acción

MADRID.- La playa de La Barceloneta (Barcelona), La Manga del Mar Menor (Murcia) y la Costa del Sol (Andalucía), desde Marbella hasta Estepona, son las zonas costeras más degradadas de España, según se desprende el informe 'Banderas Negras 2011. Esto es una barbaridad', presentado por la organización Ecologistas en Acción.

   Los motivos por los que estas zonas ocupan los primeros puestos de este ranking son "que el primer kilómetro de la playa está urbanizado, las deficiencias de las depuradoras, la intrusión marina por parte de la construcción y que todos los municipios de la zona de La Manga vierten aguas residuales directamente a la costa", según ha precisado el coordinador del área de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez.
   Así, Sáez ha concretado que la ONG ecologista ha colocado banderas negras en zonas a lo largo de toda la costa española debido a la degradación costera provocada por el urbanismo, vertidos orgánicos, obras en la costa, puertos, deficiencia en la depuración del agua y contaminación industrial.
   Según ha comentado Sáez, el número de banderas negras "se mantiene" con respecto al informe anterior", excepto en el caso de las banderas colocadas por obras en la costa, ámbito en el que han aumentado "a pesar se ha invertido menos dinero". Al mismo tiempo, ha advertido de que "la mayor consecuencia del urbanismo costero es la erosión de las costas".
   Por otro lado, ha criticado el dinero destinado a la regeneración de playas ya que, como ha añadido, en la playa de La Barceloneta "se han utilizado 550.000 metros cúbicos de arena para abastecer a terrenos privatizados". En este sentido, critica que la Ley 48/2003, de Régimen económico de puertos del Estado, abre la puerta a la privatización, como en el caso de La Barceloneta, donde se ha cambiado el suelo de uso marítimo por suelo de dominio público portuario.
   Según ha manifestado Sáez, Ecologistas en Acción llevará a los tribunales el caso de los vertidos residuales de Benicàssim (Castellón de la Plana). En este sentido, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por los vertidos de aguas residuales en 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes, "que han aumentado en un diez por ciento".
   Igualmente, Sáez ha destacado el caso del Parque Natural de la Sierra Helada, en la Comunidad Valenciana, "donde los excrementos van a parar directamente a la playa". También ha concretado que un 90 por ciento de las depuradoras situadas en zonas costeras "están mal planificadas" porque durante el verano ser vierten "más residuos de los que reciben".
   Por otro lado, la organización denuncia que las comunidades autónomas "incumplen sistemáticamente la Directiva Marco de Agua (DMA) porque ninguna depura y reutiliza sus aguas tal y como estipula la ley". Además, la coordinadora del área de Costas de la ONG ecologista, Natalia Martín, ha asegurado que existe una "total falta de planificación" en materia portuaria porque, a su juicio, "no se estudian globalmente las necesidades y se apuesta por construir puertos con grandes impactos sobre las costas".
   Asimismo, Martín ha criticado que "hay zonas de alta peligrosidad como consecuencia de los vertidos industriales, como Gibraltar, Alborán y Huelva", al tiempo que ha añadido que después del vertido del Prestige en la costa gallega "se concedieron muchas licencias de construcción mientras la población disminuía", como en el litoral de Fisterra. Según Martín, este hecho demuestra que "el interés para otorgar licencias queda supeditado al interés de los inversores y de los propietarios del suelo".
   Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha reclamado la puesta en marcha de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático este fenómeno medioambiental "está teniendo consecuencias tremendas en la costa".

El PSOE iza en el Ayuntamiento de Alicante la bandera del colectivo LGBT


ALICANTE.- Los socialistas han solicitado hoy a la alcaldesa de Alicante, la conservadora Sonia Castedo, que se izase en el balcón principal del Ayuntamiento la bandera del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales con motivo del Día del Orgullo Gay. Al no conseguirlo lo han hecho ellos mismos desde la ventana de las dependencias del Grupo Municipal Socialista.

“ Desde el Grupo Municipal Socialista, pedimos a la Alcaldesa Sonia Castedo, que hoy día del Orgullo LGBT, ize la bandera de este colectivo en el balcón del Ayuntamiento”, ha dicho Ana Paula Cid, Concejala del Grupo Municipal Socialista, responsable de las Áreas de Acción Social, Educación y
Cultura.
“Es una fecha señalada para millones de personas que luchan por su dignidad. En nuestro país, gracias al Gobierno socialista, están reconocidos sus derechos, pero todavía existen muchos países en el mundo que niegan la libertad y el derecho a vivir sus emociones a las personas LGBT, e incluso, que son víctimas de persecución”.

La bandera LGBT ha podido ondear hoy, durante unos instantes, desde los balcones del Grupo Municipal Socialista. Queremos que Alicante sea una ciudad conocida por su tolerancia y su respeto a la diversidad y, por tanto, que en la fachada del Ayuntamiento, luzca, junto a las banderas oficiales, la bandera de este “Día Internacional del Orgullo LGBT”.

La crisis en la Generalitat paraliza en Alicante las obras de la Vía Parque

ALICANTE.- Para la Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, las reacciones vecinales ponen de relieve lo que el Grupo Municipal Socialista ya manifestó el pasado día 24 al conocer la decisión de la Consellería de suspender las obras para completar la Vía Parque: Que esta es una decisión que rompe con las expectativas de los vecinos de Alicante de contar, de una vez por todas, con una conexión ágil y segura entre los barrios de Alicante y los distintos accesos de la ciudad.

Con esta decisión se condena a multitud de vecinos de los barrios mas populosos de Alicante a internarse diariamente en vías saturadas de tráfico en una ciudad, cuyo Gobierno está permitiendo que se retrase inexplicablemente el desarrollo de sus vías de comunicación interna, dificultando la vida ciudadana y el desarrollo de los barrios.

Por su parte, el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, ya ha presentado una pregunta sobre la suspensión de la contratación de esta y otras infraestructuras en la Ciudad de Alicante y su provincia, según ha afirmado la Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.

Para Elena Martín, “la alcadesa debe cumplir su palabra y su compromiso electoral de anteponer los intereses generales de la ciudad de Alicante a los suyos y los de su partido y reclamar por todos los medios a Camps y al Gobierno valenciano las inversiones anunciadas, para acompeter las infraestructuras que esta ciudad necesita, como la Vía Parque y el Centro de Congresos”, asegurando que, en ese caso, “podrá contar con todo el respaldo del Grupo Municipal Socialista.

Zapatero anuncia nuevas medidas de protección para los que afrontan ejecuciones hipotecarias

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que en las próximas semanas se aprobarán nuevas medidas de protección para las personas sujetas a procedimientos de ejecución hipotecaria por la imposibilidad de atender a sus compromisos.

   Durante su discurso sobre el Estado de la Nación, el líder del Ejecutivo ha afirmado que estas medidas de protección "serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias".
   Zapatero sostuvo que el Gobierno es consciente de la coyuntura "especialmente difícil" a la que se enfrentan las familias que pierden su  vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca.
   En este sentido, aclaró que por ello en abril de 2010 se aumentó la cantidad mínima de ingresos de las familias que no puede ser embargada. "Pero vamos a hacer un nuevo esfuerzo en este sentido", enfatizó el presidente del Gobierno en el Congreso.
   Zapatero subrayó que se va a completar el proceso de reformas con nuevas iniciativas que responden a compromisos ya asumidos y que, entre otras cosas, supondrán una nueva regulación del silencio administrativo para convertirlo en positivo en un buen número de procedimientos.
   Asimismo, se incluirán medidas de protección para los sometidos a ejecución hipotecaria, normas para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, y nuevas medidas a favor de los emprendedores y para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, pymes y autónomos ante las entidades locales.

lunes, 27 de junio de 2011

El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión de los recursos de la SEPI por parte del último Gobierno de Aznar

MADRID.- El Tribunal de Cuentas pone en cuestión la gestión de los recursos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la última etapa de Gobierno de José María Aznar, que en algunos casos llegaron a destinarse a hacer frente a compromisos de la Administración General del Estado y a otorgar financiación a entidades "que no tienen carácter de públicas".

   Las críticas se recogen en las recomendaciones finales del informe de fiscalización sobre las "Principales aplicaciones de recursos realizadas por SEPI en el periodo 2001-2004",  y que el presidente del organismo, Manuel Núñez, llevará a la Comisión Mixta de las Cortes para las relaciones con el Tribunal, que este miércoles se reúne en el Congreso.
   En este documento, el máximo órgano fiscalizador plantea que las funciones de la SEPI se limitan a cancelar a su vencimiento las obligaciones del Instituto Nacional de Industria (INI) y todas aquellas que asuma en el ejercicio de su actividad, pero no las de la Administración, como ocurrió con la privatización de Santa Bárbara y el traspaso de los títulos de Minas del Almadén y Arrayanes.
   Asimismo, reclama que las aportaciones para reintegros patrimoniales que lleve a cabo SEPI en sociedades participadas se circunscriban a las pérdidas que éstas puedan acumular, formalizándose las demás aportaciones de capital mediante ampliaciones de capital, tal y como establece la Ley de Sociedades Anónimas.
   El organismo que presiden Manuel Núñez también recomienda que los valores de traspaso de las participaciones accionariales de SEPI se actualicen antes de llevarse a cabo dicha trasmisión, cuando el valor neto contable de los títulos sea inferior a su valor de adquisición.
   Por otro lado, llama la atención sobre la gestión de los excedentes de tesorería, que debería ser objeto de una regulación destinada a garantizar la obtención de los mayores rendimientos de los recursos financieros disponibles, limitando el porcentaje de inversión en deuda privada y, sobre todo, su plazo máximo de colocación.
   Por último, aboga por que se determine "de una manera clara" el concepto de "sociedad participada", a fin de evitar que la SEPI, que carece de habilitación legal para operar como entidad financiera, otorgue créditos a sociedades que no tienen el carácter de públicas.
El presidente del Consejo Consultivo para las reprivatizaciones era a la sazón  el ex diputado de UCD por Alicante, el catedrático Luis Gámir.