El PSOE ha ganado básicamente en las comunidades autónomas que reciben más subsidios de las administraciones públicas. Allí donde además –caso de Andalucía- el paro es todavía más grande que la ya de por sí astronómica media española. Se trata de 6 de las 8 provincias andaluzas, y de Asturias.En el sur, que es el territorio del PER, de las continuas aportaciones de fondos tanto del Estado como de la UE, y en el norte, donde se han producido grandes y necesarias ayudas para paliar lo que ha significado el desmantelamiento de su base minera e industrial. Donde el Estado se torna un agente paternalista, ese es territorio PSOE.
Este mismo miércoles ForumLibertas publica una información inédita de cómo se distribuye la inversión e infraestructuras en los cinco grandes ejes económicos españoles: el Mediterráneo, el del Sur, el del Ebro, el Central y el del Norte, con interesantes datos sobre lo que se deduce de esa distribución (ver artículo más abajo).
Ha ganado, asimismo, el PSOE en Barcelona y Tarragona, pero con un resultado mucho más ajustado, ya nada galáctico, a diferencia de los anteriores comicios. También lo ha hecho en dos de las tres circunscripciones vascas, Guipúzcoa y Álava, todavía con resultados más ajustados que en el caso anterior. Un notable éxito se apunta en dos provincias aragonesas en este caso, Zaragoza y Huesca, donde triunfan con más del 40% de los votos.
Esa es la radiografía exacta: el PSOE vive sobre todo a expensas de la España subsidiada. En el caso de Andalucía y Extremadura esto es todavía más evidente si se coteja el resultado de las grandes ciudades con la importante población rural. En las primeras la tendencia es favorable al PP, en las segundas al PSOE.
¿Qué casuística podemos deducir de todo esto? Primera, una política regional española que prima de manera extraordinaria a determinadas comunidades sin atender excesivamente a criterios de justicia y, sobre todo, de racionalidad económica ha permitido un nuevo caciquismo basado precisamente en la distribución de estas ayudas que convierte en prisioneros políticos a las familias que dependen de ellas.
También, el reciente escándalo que afecta al hasta hace poco presidente Chaves ha puesto de relieve algo por otra parte bien conocido: la existencia de filtros de contratación también en empresas privadas a cargo de responsables socialistas. Y es que la subvención lo condiciona todo. Naturalmente, todo esto no es bueno para nadie, aunque pueda parecer para muchos que viven esa situación lo contrario. No se trata de ayudar más o menos sino que la forma que se canalizan las ayudas no determine un condicionamiento partidista insuperable.
En el caso de las dos circunscripciones catalanas y vascas, la causa es muy distinta. Estas comunidades son las únicas donde el eje del voto, España-Cataluña o España-País Vasco, rompe lo que sociológicamente es el voto del PP en el resto de España (y ahora seria necesario añadir a la lista el caso de Navarra y la UPN).
Naturalmente todo esto es muy matizable, las formaciones de centroderecha específicas de estas CCAA tienen matices propios que también les diferencian del PP, pero si nos atenemos a la estructura pura y dura, la explicación fundamental es la división en dos bloques enfrentados.
Las circunscripciones aragonesas quedan, en este sentido, como una gran singularidad en las que quizás exista al menos en Zaragoza un “efecto Belloch,” el de una socialdemocracia mucho más centrada y dialogante que la que pueda encarnar Zapatero, Chaves o Montilla.
Esta situación hace que se admitan cosas a los portavoces de unas comunidades que no serían admitidas a otros. Por ejemplo, hace pocos días un portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía afirmó que no les gustaba la fusión entre Caja Murcia y CajaSur, y que por consiguiente dirán No “a que venga una caja de fuera por legítimo que sea” ¿Pero fuera de donde?
En un tiempo en que empresas de otros países europeos participan en grandes empresas españolas de manera mayoritaria, ¿es sensato decir que son de “fuera” los de Murcia en relación a Andalucía? Esto es cantonalismo del más viejo estilo, pero nadie ha elevado la voz. ¿Qué hubiera sucedido si esta misma declaración la hubiera hecho la Generalitat de Cataluña? Este ejemplo ilustra bien la subjetividad con que se contempla la política regional española.
La crisis económica presenta la necesidad y la ocasión de replantear esta política regional, para eliminar lo que ahora son flujos desmesurados de recursos dirigidos al clientelismo político. Ese y no otro es el problema en esta vertiente.
Eso y una determinada ideología que permite aceptar como normal que el eje que registra el mayor tráfico de toda España con Europa, el que une Alicante con Valencia, Barcelona y la frontera, tenga un tramo de ferrocarril con solo una vía, no exista ni tan siquiera proyecto de AVE y la carretera nacional sea prácticamente la única de toda España que no se ha convertido en autovía.
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