ALICANTE.- Los seis grupos políticos con
representación en la corporación municipal de Alicante (PP, PSPV-PSOE,
Ciudadanos, Unides Podem EU, Compromís y Vox) volverán a cruzarse otra
ensalada de propuestas de declaración institucional (acuerdos políticos
sin eficacia ejecutiva de obligado cumplimiento) en el pleno ordinario
del mes de febrero, según adelanta Alicante Plaza.
En esta ocasión, en el debate se pondrán sobre la
mesa asuntos con mayor o menor grado de conexión con la ciudad,
vinculados con el atasco en la concesión de ayudas públicas, con el uso
que se hace de ellas o con el desarrollo de proyectos urbanísticos
pendientes, sin que haya trascendido hasta ahora ninguna propuesta
relacionada con el conflicto catalán.
Eso sí, en esta sesión tampoco se someterá a debate el proyecto de presupuestos municipales para 2020, a la espera de que el departamento de Intervención avale la corrección solicitada respecto a la propuesta de provisión de fondos sobre el incremento salarial de los funcionarios.
Fuentes municipales incidieron este martes en que el beneplácito de
Intervención podría llegar esta misma semana, lo que daría pie a la
apertura de contactos formales con los grupos de la oposición antes de
que las cuentas se aprueben en Junta de Gobierno.
Así,
por lo que respecta a las iniciativas políticas, al margen de la
propuesta conjunta suscrita por PSPV-PSOE y Unides Podem EU (con apoyo
de Compromís) para impulsar medidas por la igualdad real entre hombres y
mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, del 8
de marzo, las tres fuerzas del eje progresista también han registrado
una segunda iniciativa conjunta (en este caso, una moción) en la que se
solicita al equipo de Gobierno (PP y Cs) la inclusión de una partida en
el presupuesto de 2020 con el propósito de limpiar los terrenos
liberados del paso del ferrocarril y de acondicionar la construcción de
un paso peatonal a nivel que permita interconectar los barrios separados
por las vías. Al menos, durante el tiempo en el que se demore la
construcción del llamado Parque Central.
Además, las dos fuerzas aliadas al frente del Ayuntamiento, PP y Cs, también han acordado una tercera declaración
institucional en la que se insta a la Generalitat a que resuelva "de
manera urgente los 1.140 expedientes que tiene bloqueados
correspondientes a las ayudas pendientes destinadas a la renta
valenciana de inclusión".
PP y Cs inciden en esa propuesta en que la
conselleria "debe resolver sobre la concesión de la renta de garantía,
en un plazo máximo de tres meses desde la entrada de la solicitud de un
informe –propuesta, de lo contrario la solicitud se estima como silencio
administrativo". En la declaración se solicita a
la Generalitat que proceda a abonar el millar de ayudas a las personas
que les hayan sido concedidas en Alicante y cumpla con el plazo de
resolución y pago en tres meses.
En la misma declaración se recalca que
"las familias alicantinas que solicitaron esta ayuda lo hacen para
superar su difícil situación económica y que con las demoras en su
aprobación se incrementa la situación de vulnerabilidad de personas en
riesgo de exclusión social".
Según han subrayado fuentes municipales a través de un comunicado, desde
que la Generalitat derivó a los ayuntamientos, en abril de 2018, la
gestión administrativa de dichos expedientes, el Ayuntamiento ha
tramitado 3.477 solicitudes, entrevistando a los demandantes y
elaborando los correspondientes informes, que fueron remitidos a la
Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas.
De igual modo, la portavoz del equipo de Gobierno, Mari Carmen Sánchez
(Cs), también confirmó este martes, durante su comparecencia para dar
cuenta sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, que el
bipartito también presentaría una propuesta al próximo pleno para instar
a la Generalitat, a través de la Conselleria de Transición Ecológica, a
incluir fondos para la reparación de los daños provocados por la
borrasca Gloria en las playas del término de Alicante, al no quedar
reflejada ninguna aportación en el listado publicado hasta ahora.
En
concreto, Sánchez (que también es edil de Turismo), apuntó que esos
daños fueron especialmente sensibles en las playas de El Postiguet y de
Urbanova.
E, igualmente, los dos
partidos también han promovido una cuarta declaración institucional en
la que se emplaza al Consell a que inste al Gobierno central a que
introduzca todas aquellas modificaciones necesarias en el Código Penal
"contra la ocupación ilegal de viviendas, castigar más
severamente esta práctica y facilitar a la autoridad pública el desalojo
de las viviendas que han sido ocupadas ilegalmente en el plazo máximo
de 12 horas".
En quinto y último lugar (entre las
iniciativas conocidas por ahora), el grupo municipal de Vox también ha
registrado otra propuesta de declaración institucional en la que trata
de promover mayor transparencia y publicidad en el uso de los fondos
asignados a los grupos políticos municipales para el desempeño de tareas
relacionadas con su labor en el Ayuntamiento, de un modo similar a los
sistemas que ya se han implantado en otras corporaciones como la de
Madrid, según Vox.
En concreto, la
declaración plantea que los grupos políticos municipales remitan a
Intervención, "al finalizar cada ejercicio y al expirar el mandato,
desglose y justificación de todos los gastos relativos al funcionamiento
ordinario del grupo que se hayan realizado con cargo a las asignaciones
percibidas".
Además, promueve que esa
relación de gastos se publique en el Portal de Transparencia Municipal
al finalizar cada ejercicio y al expirar el mandato y que esa
información siga siendo de acceso público al menos cuatro años desde su
publicación.
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