ALICANTE. -
Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ratifican su apuesta por un
modelo de gestión privada en el servicio de transporte público en
autobús de Alicante. Los dos partidos aliados en la gestión municipal
prevén elevar al pleno de febrero la propuesta de acuerdo que resulta
necesaria para poder impulsar su licitación, a la vista del informe
elaborado por los técnicos de la Concejalía de Transportes y del estudio de asesoría externa encomendado a Broseta Abogados e Ingartek Consulting.
Como avanzó Alicante Plaza, dicho estudio externo concluye
que el modelo de gestión indirecta (concesional) sería el que mejor se
ajustaría a las condiciones y necesidades de una ciudad del tamaño de
Alicante, tanto por coste como por eficacia, tras evaluar los
modelos públicos y privados existentes en una decena de grandes ciudades
españolas.
Así, la propuesta sobre la
privatización del servicio se debatirá en primer término en la comisión
de Servicios prevista para el próximo lunes, día 24. A priori, todo
parece indicar que PP y Cs podrían conseguir el respaldo de Vox para que
el acuerdo quede dictaminado favorablemente. Y esa posición podría
repetirse durante la votación del acuerdo en el pleno. Como mínimo, no
parece probable que los dos ediles del partido de Santiago Abascal
vayan a votar en contra en una hipotética alianza con PSPV-PSOE, Unides
Podem y Compromís, de modo que se decantarían entre el 'sí' y la
abstención.
En el caso de que el
acuerdo prospere, el bipartito tendría el camino despejado para redactar
el nuevo pliego de condiciones del servicio y convocar el concurso para
regular su prestación antes de que concluya la prórroga de dos años
concedida a Masatusa (grupo Vectalia) en 2018, después de que venciese
su contrato de explotación, por un plazo de 50 años.
La nueva contrata, eso sí, se licitará por
un periodo más corto, que podría oscilar entre los 8 y 12 años de
concesión. Sobre el futuro servicio solo ha trascendido que se apostará
por la racionalización y reorganización de las líneas, por la paulatina
renovación de la flota de vehículos para tender a que el 100% de ellos
sean no contaminantes y por la introducción de nuevas tecnologías en
aspectos como los sistemas de pago o el control de frecuencias, así como
en la mejora de la accesibilidad.
Sin
embargo, no ha trascendido todavía si se introducirán modificaciones en
el sistema de tarificación actual, en el que el ayuntamiento paga una
cantidad variable en función del número de kilómetros recorridos al
margen de cuál sea su cifra de usuarios. El servicio de transporte
público en autobús pasa por ser uno de los contratos de mayor coste
económico para el Ayuntamiento junto al contrato de limpieza viaria y
recogida de residuos. Solo para los dos años de prórroga del servicio
acordados en 2018 se calculó un gasto global de 23 millones.
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