ALICANTE.- La Coordinadora Alicante Limpia (CAL) ha rechazado "en su totalidad",
por "ilegal" a la luz de la ley 7/22 de 8 de abril de residuos y suelos
contaminados para una economía circular, la nueva Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos
sólidos urbanos, tal y como ha justificado en la reclamación presentada
ante el Ayuntamiento de la ciudad, de acuerdo al edicto de aprobación
inicial de dicha ordenanza.
Según ha indicado la CAL en un
comunicado los datos oficiales de recogida y tratamiento de los residuos
"no cumplen con lo establecido por la ley, como queda establecido en el
informe realizado por la entidad a tal efecto".
"La
ordenanza que regula la tasa es incapaz de aplicar el principio rector
de la ley: quien contamina paga, pues no se ha previsto un sistema de
recogida que lo posibilite", han denunciado, al tiempo que han agregado
que "impide la bonificación real a la ciudadanía que sí separa sus
residuos, pues se bonificará a cualquiera que abra el contenedor de
materia orgánica (máximo una vez al día)".
Desde la CAL han
lamentado que "no se ha dado a conocer el informe técnico económico, que
debe formar parte inexcusable del expediente de aprobación, según lo
especificado en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales".
Igualmente, han subrayado que la
propuesta de reparto de la carga económica de la tasa es "errónea" e
"injusta" pues "se carga a los hogares, sin ninguna justificación, el
82,28 por ciento del coste del servicio".
"En Alicante, la generación de
residuos del sector servicios es prácticamente igual a la del conjunto
de los hogares", han recalcado.
"El sistema actual de recogida
impide obtener buenos índices de separación, de forma que las decenas
de millones de euros que se invierten en la mejora de las instalaciones
de tratamiento se tiran literalmente a la basura", han criticado.
En este sentido, han resaltado que "se pierden millones de kilovatios
hora (kWh) anuales en electricidad que no se ha producido, además de
que el destino final de la mayoría de los residuos es el vertedero
(gases efecto invernadero, y cientos de miles de euros en los impuestos
correspondientes)".
Por todo ello, la CAL ha exigido al
consistorio que "cumpla con sus obligaciones, tanto legales como
morales, y establezca las medidas necesarias, incluidos los incentivos
económicos que marca la ley, para que la participación de la población y
de los productores de biorresiduos en general, sea la mayor posible".
"Todos los hogares deben tener una tarjeta de acceso con la
información suficiente y adecuada al sistema de recogida de residuos y a
los beneficios recogidos en la legislación", ha concluido.
El Pleno del Ayuntamiento de Alicante dio luz verde, en la sesión
ordinaria del martes 5 de noviembre, a la aprobación inicial de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de recogida, transporte y
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos --nuevo impuesto de basuras-- y
la de Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
La primera salió adelante
con el voto de calidad del alcalde Luis Barcala, tras haberse producido
un empate entre los concejales del PP --14 a favor-- y de casi toda la
oposición, conformada por PSOE, Vox, Compromís y EU-Podem --14 en
contra--, ya que el concejal de Vox, Mario Ortolá no pudo asistir a la
sesión por paternidad.
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