ALICANTE.- El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este lunes en sesión
extraordinaria, de forma definitiva, la ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, más conocida como el nuevo impuesto de basuras.
En
concreto, ha tenido el apoyo del PP y el rechazo de PSPV, Compromís y
EU-Podem --creen que la carga impositiva recae sobre las familias--,
mientras que Vox se ha abstenido y cambia de postura respecto a la
aprobación inicial --se opuso-- por un informe de la Secretaría General
que advierte de "responsabilidades personales" a los concejales que
voten en contra, según ha justificado el concejal Mario Ortolá.
Antes de entrar a debatir el punto, el secretario del pleno ha
trasladado a los concejales las conclusiones de ese dictamen, en las que
se indica que rechazar la norma "puede llevar a considerar que su
actuación es arbitraria, salvo que se justifique la existencia de alguna
irregularidad manifiesta".
Asimismo, se subraya que es de
"obligado cumplimiento" aprobar esta ordenanza "ajustada a la
legalidad", ya que no hacerlo "puede suponer la pérdida de
subvenciones". Este dictamen, según el alcalde Luis Barcala, se ha
emitido a petición de Alcaldía y del grupo Vox.
El primer edil
ha sostenido que este "tasazo" no estaba en el programa electoral del
PP, sino que ha pasado por pleno "porque obliga el Gobierno de España" a
su aprobación. Así, ha apuntado que "se ha interpretado de otra manera"
distinta a la del Ejecutivo central y que "se ha sacado adelante con
Vox".
Durante la defensa de la
propuesta, el concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha sostenido que el
nuevo impuesto "deja abierta la vía de actualizaciones si se obtienen
nuevos datos aplicables".
El edil ha incidido en que la tasa
"no viene impuesta por Europa, como ya dejó bien claro la Comisión
Europea (CE), sino que es lo que ha elegido el Gobierno de España".
"En
lugar de trabajar y optar por implicarse de verdad en mejorar el
tratamiento de residuos y el reciclaje en nuestro país, pasa la pelota a
los ayuntamientos para que le cobremos más a la ciudadanía".
Para Gallego, criticar la norma elaborada y finalmente aprobada en pleno
supone "atacar a los técnicos" municipales que la han desarrollado.
"La
ordenanza introduce herramientas tan importantes como el valor
catastral en su cálculo, algo que en la anterior no estaba, un
coeficiente reductor de más del 40 por ciento a las viviendas de valor
más bajo, o el descuento adicional de hasta el 20% por el uso adecuado
de los contenedores".
"El Gobierno no nos permite el uso de
remanentes de tesorería para cubrir el diferencial de ingresos y gastos,
cosa que aquí en Alicante se podría haber realizado sin ningún
problema", ha sentenciado el responsable de Hacienda.
Desde la oposición, el concejal socialista Raúl Ruiz cree que la
ordenanza es "injusta" y que "el tasazo se carga de forma miserable a
las clases medias y trabajadoras". Al mismo tiempo, ha criticado que no
se hayan aceptado alegaciones y que "tampoco se haya dialogado con
entidades sociales".
"Ni se les ocurre subir por igual este
impuesto a quienes viven con más privilegios o gravar a pisos
turísticos, como por otra parte recomendaba el estudio sobre estas
viviendas que presentaron hace un par de semanas", ha agregado.
Por parte de Vox, el concejal Mario Ortolá, después de explicar el
cambio de postura de su grupo, ha indicado que "sigue siendo un tasazo" y
considera que "la extrema izquierda arruina a familias y negocios,
imponiendo una extorsión a los municipios, histórica en democracia.
"Nos vamos a abstener con mucho dolor, pero sin ninguna culpa, pues
serán los alicantinos y el resto de españoles los que les pasen factura a
ustedes y a sus socios en las próximas elecciones generales, cuando
esta ley será derogada", ha añadido.
El edil de Vox ha afeado a los
'populares' que se abstuvieran en la aprobación de la ley de la que
parte este nuevo impuesto en los municipios: "Si la consideran tan
injusta, podrían haber recurrido la inconstitucionalidad, pero han
entregado el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) al PSOE".
De otro lado, el portavoz de
Compromís, Rafa Mas, cree que "el informe jurídico encargado por Barcala
intenta coaccionar y mermar el derecho constitucional a la
participación política que tienen los concejales".
"Nos ha
llegado a amenazar en incurrir en responsabilidad patrimonial si no
respaldamos esto. ¿Se las pedimos también a usted por su nefasta
gestión, negligente e ilegal? Deje de amenazarnos. No vamos a parar de
hacer dura oposición", ha apuntado.
Mas ha lamentado que el
nuevo impuesto no recoja el principio de "quien contamine más paga más",
ya que "el 82% cae sobre domicilios y el 17% sobre la actividad
económica".
El representante de la coalición ha afeado al PP y
a Vox --partido con el que los 'populares' han pactado los presupuestos
para 2025-- que con las nuevas cuentas "se llene la ciudad de radares y
se vayan a aprobar 8.000 plazas de zona azul", algo que, según ha
manifestado posteriormente el primer edil, "es absolutamente falso".
"Dicen a la ciudadanía que van a bajar el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) dos o tres euritos por cada domicilio, pero no dicen que
van a subir la tasa de basura cuatro veces más", ha expresado.
En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha calificado
de "teatrillo" la abstención de Vox, "la derechita cobarde que se ha
dejado coaccionar por un informe del secretario del pleno o secretario
de Barcala". Para el concejal, el dictamen es "sesgado e intimidatorio".
"Es cierto que existe un mandato legal a nivel central para ajustar
las tasas, pero esto no justifica la manera con la que se va a hacer en
Alicante", ha concluido Copé.
Igualmente, desde la Coordinadora Alicante Limpia (CAL), han mostrado
en un comunicado su rechazo a la nueva tasa, que consideran "ilegal"
por cuestiones como que "los datos oficiales de recogida y tratamiento
no cumplen con la ley; la ordenanza es incapaz de aplicar el principio
rector de quien contamina paga, e impide la bonificación real a la
ciudadanía que sí separa sus residuos, pues se bonificará a cualquiera
que abra el contenedor de materia orgánica".
Según esta
plataforma, el Ayuntamiento "no ha dado a conocer el informe técnico
económico" de la normativa. "El reparto de la carga económica es erróneo
e injusto porque se carga en los hogares sin ninguna justificación, y
el sistema actual impide obtener buenos índices de separación", ha
agregado.
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