ALICANTE.- El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de forma definitiva la
nueva ordenanza de limpieza viaria y gestión de residuos, que contempla
un "refuerzo" de inspecciones y multas, que a partir de ahora oscilan
entre los 300 y los 3.000 euros. Además, regula "por primera vez" la
recogida selectiva. Ha contado con el respaldo de 25 ediles de 28
presentes de PP (13), PSPV (8) y Vox (4), mientras que los dos ediles de
Compromís y el portavoz de EU-Podem han votado en contra.
Esta norma, que sustituye a la de 2016, pasa de 63 a 86 tipos de
sanciones, tipificadas como leves, graves y muy graves, por ejemplo, por
el depósito de papeles, bolsas, colillas o chicles en la vía pública
fuera de contenedores y papeleras, bajar la basura fuera del horario
establecido o dejar enseres y voluminosos en espacios públicos sin
avisar al servicio de recogida. También por micciones o defecaciones de
personas en la vía pública, hasta el punto de triplicar el importe de
las multas en algunos casos.
Desde el consistorio insisten en
que la Policía Local ha reforzado la vigilancia del cumplimiento de la
ordenanza, aumentando las sanciones en 2024 en un 80 por ciento hasta
las 647 multas, frente a las 360 de 2023.
Antes de debatir la
votación de la ordenanza, y en representación de la Coordinadora
Alicante Limpia (CAL), Federico Zaragoza ha preguntado a la corporación
"qué medios se han previsto y presupuestado para que la ordenanza se
implemente" y que el incremento de multas está "aún muy lejos de servir
para conseguir el cambio de mentalidad y actitud de la ciudadanía".
Durante la defensa de la propuesta, el vicealcalde y concejal de
Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, ha explicado que la norma
es la misma que la aprobada inicialmente en el pleno ordinario de
noviembre --con los mismos apoyos-- ya que el pasado viernes en la
Comisión de Servicios se rechazaron todas las enmiendas, presentadas por
Ecovidrio, Recyclia y Ecoembes.
Y ha agregado que "el
incremento de las sanciones no es lo único", sino que la norma contempla
"mucho más", ya que "implementa las reglas de conducta activas y
pasivas que deben tener los ciudadanos, las empresas y otras entidades"
en cuanto a limpieza y gestión de residuos en la ciudad, y establece "de
qué manera los alicantinos deben actuar en su actividad privada y en
los ámbitos doméstico y público" para "fomentar la economía circular,
sostenibilidad y la protección del medioambiente".
"Esta es una de las
ordenanzas más avanzadas de España, tal vez la que más", ha apuntado.
Igualmente, el concejal socialista Raúl Ruiz ha insistido en que la
ordenanza vaya "acompañada de recursos" porque sin ellos "es muy difícil
o imposible que se cumpla".
"Por eso es necesario incorporar agentes y
promover el conocimiento de esta ordenanza, pero que no hayan
suficientes policías no es motivo para que no se apruebe", ha matizado.
Desde Vox, el edil Óscar Castillo ha aseverado que para su grupo la
ordenanza está "bien redactada" y ha resaltado el "endurecimiento de
sanciones" para "aquellos incívicos que, lamentablemente, no respetan el
espacio público".
"No podemos permitir que una minoría de
irresponsables deterioren la imagen y el bienestar de nuestra ciudad",
ha añadido.
Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo
Copé, ha calificado el texto como "lleno de carencias" y cree que "deja
en el aire su aplicación real".
En este punto, se ha remitido a la
intervención de Zaragoza (CAL) al señalar que la norma "sin los recursos
adecuados va a ser papel mojado".
Copé ha incidido en que la
ordenanza, "para colmo", la ha respaldado Vox, "que niega el cambio
climático y que desprecia las políticas ambientales". Asimismo,
considera que está hecha "sin participación y sin consenso" porque "no
se ha trabajado con los organismos ciudadanos".
"La
responsabilidad recae en los ciudadanos, pero no en las grandes
empresas", ha reprochado Copé, para posteriormente afirmar que la nueva
norma "prioriza la imposición de multas sobre la educación ambiental".
De otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha avanzado durante
su intervención el voto en contra de su grupo: "No vamos a apoyar una
nueva ordenanza de limpieza cuando el 80 por ciento de la anterior no se
cumplía".
Mas también ha hecho hincapié en "auditar" a la
empresa adjudicataria del servicio de limpieza y ha acusado al equipo de
gobierno municipal de "blanquear" el "recorte en políticas ambientales"
y su "pésima gestión de las partidas rurales, colapsadas de residuos,
contaminación y especulación, peligrando las ramblas".
Durante su intervención, Ruiz (PSPV) también ha resaltado que el
consistorio ha tenido que retirar cartelería fascista del mobiliario
urbano de Alicante y ha pedido a Villar (PP) que "inicie el pertinente
expediente sancionador contra las Juventudes de Falange".
"Si
retiraron ustedes esa publicidad por la ordenanza de limpieza, entiendo
que no tendría demasiada lógica que no los sancionen, y menos el mismo
día que regalan ustedes un sueldo a asesores ex falangistas", ha agregado
el concejal socialista.
Al respecto, el vicealcalde le ha
replicado: "La contrata quita todas las pintadas: las fascistas, las de
extrema derecha, las de extrema izquierda e incluso, porque hay que
hacerlo, las que van contra el PSOE y el presidente del Gobierno. Es
nuestra obligación y tenemos que hacerlo con todos".
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