VALENCIA.- Organizaciones sociales de la Comunitat Valenciana expresan su condena a
las "insinuaciones racistas" del 'president 'de la Generalitat, Carlos
Mazón, y piden una rectificación y que Fiscalía que actúe de oficio
"ante discursos que puedan constituir delitos de odio".
En un
manifiesto con motivo del Día Internacional contra el Racismo, más de 40
entidades valencianas muestran su rotundo rechazo a las declaraciones
de Mazón del pasado lunes, cuando anunció su acuerdo con Vox para
aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2025.
El jefe del
Consell y líder del PPCV dijo en Les Corts que la Comunitat Valenciana,
"como otras comunidades, tiene un problema con la inmigración ilegal", y
puso el foco en las "mafias que aprovechan para hacer negocio a costa
de generar una evidente inquietud social".
Las organizaciones
denuncian que "Mazón estigmatizara y criminalizara a las personas
migrantes al hacerse eco de los bulos de la extrema derecha que les
acusaba de cometer delitos en el contexto de la dana".
A su juicio,
estas manifestaciones "adquieren una especial gravedad cuando se
realizan en el marco de un discurso institucional".
Por el
contrario, en el manifiesto detallan hechos ocurridos durante la dana en
el que las victimas fueron personas migrantes o gitanas, colectivos que
"sufrieron todo tipo de discursos de odio en las redes sociales,
exclusión en las ayudas y en el reparto de alimentos, despidos
improcedentes...".
Además, se reportaron "múltiples paradas
policiales por perfil racial en las zonas afectadas, en contra
principalmente de personas magrebís y negras, con el supuesto objetivo
de prevenir posibles pillajes, lo que contribuyó a su criminalización
social".
"Los controles policiales basados en criterios
raciales o étnicos es una de las manifestaciones del racismo
institucionalizado; un problema endémico que es sistemáticamente negado
en el Estado español", denuncian las organizaciones.
Esta
práctica, advierten, afecta a la salud física y emocional de las
personas que la sufren, limita sus libertades y derechos humanos e
impacta en toda la sociedad, que "ve cómo una parte importante de sus
vecinas y vecinos son a diario criminalizados y estigmatizados".
Para las entidades, "el racismo en nuestro país es estructural y se
manifiesta en todos los espacios de la vida".
"Las consecuencias de este
racismo son las discriminaciones constantes que la población migrante,
el pueblo gitano, las personas negras y las musulmanas padecen en el
trabajo, en el acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad, al
padrón... Y son privadas de libertad por no tener permiso de residencia
en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)".
En
paralelo, denuncian la situación de las trabajadoras del hogar y los
cuidados, cuyo Día Internacional se conmemora el próximo 30 de marzo:
"La mayoría de ellas son mujeres migrantes, que a menudo sufren
explotación, agresiones racistas y son despedidas sin ninguna garantía
laboral. Una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza y una de
cada seis en pobreza extrema".
Por todo
ello, las organizaciones piden la regularización de todas las personas
migrantes afectadas por la dana, aceptando pruebas alternativas de
residencia al empadronamiento, y la aprobación de la iniciativa
legislativa popular (ILP) de Reguralización Ya.
También solicitan la
atención prioritaria de las personas que viven en situación de
chabolismo o infravivienda, junto a la realización de campañas de
sensibilización frente a los bulos y los discursos de odio.
Otra de sus peticiones es "el reconocimiento del racismo y sus múltiples
manifestaciones estructurales e institucionales por parte de
administraciones públicas, autoridades políticas y fuerzas y cuerpos de
seguridad".
En particular, subrayan, de "la existencia de perfilación
racial y étnica en paradas e identificaciones policiales, prácticas que
deben prohibirse por ley orgánica".
Y reclaman la derogación
de la Ley de Extranjería y de la Ley Mordaza, así como el cierre de los
CIE. Exigen al Ministerio de Justicia que ordene a los registros civiles
la inscripción con nacionalidad española de las niñas y niños nacidos
en Valencia, independientemente de la situación administrativa de sus
progenitores. Por último, piden unas condiciones laborales dignas para
las trabajadoras del hogar y los cuidados.
Suscriben el
manifiesto: ACOEC, AIPHyC, Amnistía Internacional, Aquarius
Supervivientes, ASOL, BDS-PV, Asoc. "Bombers Fénix", Camuma, Candombe,
Casa Camerún, Casa Marruecos, Casa Perú, CEAR-PV, CEDSALA, CESÁfrica,
CGT, CIM Burkina, CCOO-PV, Asoc. "Cumpliendo Sueños", Entreiguales,
Espai Obert Marítim, Federación Unión Africana, HOAC, Intersindical
Solidària, Intersindical Valenciana, Jovesolides, Médicos del Mundo,
Mesa de Entidades de Solidaridad con las Personas Migrantes, Plataforma
Movilízate, Mujeres Voces y Resistencias, Obrim Fronteres, Por ti Mujer,
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras, Regularización Ya, SJM, Terra de
Acogida, As. Tu Puerta Amiga, Uhuru, València Acull, València és
Refugi, Voces por Palestina.
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