VALENCIA.- El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha comparado el 'caso Montoro', que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por supuestamente haber impulsado regulaciones para favorecer a empresas, con las «leyes a la carta» aprobadas por el Consell de Carlos Mazón para, según ha denunciado, «beneficiar a lobbies y empresas» de sectores como el juego, la energía nuclear, las residencias de mayores o la construcción.
Así lo ha trasladado a los periodistas al anunciar la presentación de una proposición de ley para recuperar la distancia mínima entre casas de apuestas y colegios, junto a una iniciativa parlamentaria para que las empresas nucleares vuelvan a pagar el impuesto por el que le han perdonado 14 millones de euros en la Comunitat Valenciana.
«En la Comunitat Valenciana, la ramificación del BOE a la carta tiene lugar con Carlos Mazón. Desde el principio hemos denunciado que había leyes que se estaban aprobando a la carta de determinadas empresas por los intereses de una serie de empresas que han visto beneficiadas o que se han visto beneficiadas por esas leyes aprobadas por Mazón», ha manifestado.
Según ha apuntado Muñoz, uno de los sectores beneficiados sería «la construcción de viviendas de protección oficial, que es más cara desde que gobierna Mazón porque hay constructoras que están interesadas en que esto sea así».
«Es evidente que se está permitiendo construir en zonas inundables y se ha eliminado la limitación de construir cerca de la costa porque hay constructoras que han querido que esto sea así», ha advertido.
También ha sostenido que «Mazón ha eliminado impuestos contaminantes a las empresas que contaminan porque hay empresas que están interesadas en esto», así como «Mazón está disminuyendo el número de plazas públicas en residencias porque hay empresas que les interesa que esto sea así».
Como «caso flagrante» ha destacado las medidas aprobadas por el Consell para eliminar la prohibición de que hubiera casas de apuestas a menos de 850 metros de colegios y centros de salud.
Al respecto, ha subrayado que «los lobbies del juego están directamente conectados tanto con Montoro como con exministros del Gobierno del PP como es el propio (Rafael) Catalá, que estuvo al frente de la empresa Codere, que ha sido beneficiada de una manera clara por Mazón con su legislación».
Además, el síndic socialista se ha quejado de que los cambios aprobados por PP y Vox a la Ley de Transparencia «hacen que sea imposible saber si hay lobbies que presionan o influyen» o si la Generalitat «legisla a su favor».
«Se está favoreciendo a una pequeña élite empresarial que ve beneficiada mientras el resto de valencianos vemos como se carga sobre nuestras espaldas una menor recaudación y por tanto un debilitamiento progresivo de los servicios fundamentales», ha insistido, al tiempo que ha instado a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, a explicar cuántos impuestos se han perdonado a los lobbies desde que gobierna Mazón y cómo ha perjudicado a las arcas valencianas.
Preguntado por si podría haber una responsabilidad judicial en esta situación, Muñoz ha indicado que hay empresas que aparecen en el 'caso Montoro' que «han sido beneficiadas directamente por legislación aprobada por Mazón; sin ir más lejos, las empresas del juego».
Tras remarcar que el PSOE es «respetuoso con los tiempos» judiciales, ha garantizado: «Si en algún momento existe esa ramificación valenciana del BOE a la carta durante los gobiernos del PP, ya sea con Camps que tampoco nos sorprendería, o especialmente con Mazón, nunca descartaremos personarnos en una acusación popular».
Por otro lado, cuestionado por las críticas de la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, de que fue el anterior gobierno del Botànic quien redujo el impuesto de sucesiones a las empresas que facturan más de diez millones, el síndic del PSPV ha replicado que fue una medida decretada para las empresas familiares, algo que «entiende cualquier persona», y ha criticado las «lagunas de memoria» de la también consellera de Servicios Sociales.
Por su parte, preguntada por las declaraciones de José Muñoz, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha señalado que «el impuesto que él le llama regalo a las centrales nucleares no es regalo, es una parte de la política fiscal de este Consell» y «se ha hecho muy conscientemente».
La titular de Hacienda ha defendido la intención del Consell de «favorecer un sector estratégico detrás del cual está el bienestar energético o eléctrico de los ciudadanos» y ha subrayado que la central nuclear de Cofrentes «aporta un tercio o más del suministro eléctrico».
A esto se suma, según ella, las circunstancias del apagón de abril y el «incremento exponencial de su fiscalidad» en los últimos años. La consellera ha cuantificado la supresión de la conocida como ecotasa en 11 millones el primer año y 22 millones de euros el segundo año.
Según Merino, en el Consell están «muy alejados de esa visión que tiene el PSOE de estar haciendo regalos a los ricos o a las energéticas».
«Para nada, lo que tenemos es una hoja de ruta muy clara y este es uno de los aspectos en los que apoyamos este tipo de empresas».
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