MADRID.- A las 10.30 del 6 de febrero de 2009, un impresionante ático de lujo de Sotogrande (Cádiz) estaba lleno de policías que habían acudido a detener a Francisco Correa Sánchez. Se lo llevaban a la Audiencia Nacional, en Madrid. Correa estaba viviendo allí con su hija de cuatro años, recuerda hoy 'El País'.
A esa hora, la policía le hizo firmar un documento llamado Acta de entrega del menor. En él daba su permiso para que la niñera, una mujer filipina de 40 años, se quedara a cargo de su hija. Desde entonces está en la cárcel. A las 11.42, la agencia Efe distribuyó a toda España un teletipo con este titular: "Varios arrestos en una operación contra la corrupción urbanística en Boadilla".
Hubo una vida antes de aquel fin de semana, del que ahora se cumple un año. Regalos, comisiones y adjudicaciones amañadas hacían rodar una bola que arrastraba a unas cien personas, según el número de imputados en este año. El 23 de diciembre, Correa estaba ordenando pagar unos azulejos de Porcelanosa para una mansión en Ibiza. En el centro de esta orgía había políticos que hasta ese 6 de febrero operaron con toda naturalidad durante las últimas semanas antes de que Gürtel cambiara la cara para siempre al PP. Hoy son políticamente parias.
En diciembre de 2008, Francisco Camps, presidente valenciano, está en la cumbre de su poder. Mariano Rajoy le debe la vida como presidente del PP y se ha situado en primera fila de cualquier rumor sucesorio. Sólo tiene dos preocupaciones. Una es hacerse una foto con Barack Obama. La otra es imponerse en el reducto rebelde, el PP de Alicante. En los dos asuntos está metido Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de una empresa que organiza los actos del PP llamada Orange Market, una sucursal de Correa.
Camps y Pérez son íntimos amigos desde hace años y el presidente cuenta con él para todo. Tanto, que Pérez no da crédito cuando se entera de que Camps va a viajar a Santa Fe (Nuevo México) el 16 de diciembre para hacerse una foto con el gobernador de Nuevo México (segunda opción, tras la de Obama) sin avisarle. El 14 de diciembre, en Orihuela, a pesar de que Pérez promete mandar furgones de la policía para llevarse a los enemigos de Camps del congreso regional si hace falta, el candidato de Camps pierde. El Bigotes lleva días confesando en privado, aunque no al PP, que lo veía venir.
Pelillos a la mar. En Reyes, la familia Camps recibe unos regalos tan espectaculares de parte de Pérez que la esposa de Camps amenaza con devolver el suyo.
Mientras, Pérez le está echando una mano a otro buen amigo, Ricardo Costa, el secretario general del PP. Costa tiene el capricho de cambiar de coche. Tiene un Mercedes y quiere un todoterreno de marca Infinity, un coche de lujo que cuesta 80.000 euros y se ve muy poco en España. Pérez hace todas las gestiones para conseguirle uno igual que el de su jefe en Madrid, Pablo Crespo. Costa lo compra finalmente en enero.
A finales de ese mes, el día 22, el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana publica que el pabellón valenciano en Fitur 2009 lo hará Orange Market por 916.000 euros. El 30 de enero, el presidente Camps se pasea por Fitur 2009 en Madrid. Lleva un traje azul marino, con un elegante corte que resalta el cuello de la camisa, y corbata oscura con rayas finas amarillas. Le preguntan por los alarmantes datos de paro en su comunidad y Camps dice que "los grandes eventos" palian la crisis.
El lunes 9 de febrero, Pérez es detenido. El 20 de mayo, Camps declara como imputado por cohecho ante el TSJPV. Hoy está fuera de la carrera sucesoria en el PP, en su partido se da por hecho que no volverá a ser presidente y el Tribunal Supremo estudia sentarlo en el banquillo. Costa fue destituido de todos sus cargos y suspendido de militancia en el PP.
Un mes antes, en el número del mes de enero de 2009 de la revista Vive Pozuelo, el alcalde, Jesús Sepúlveda, responsable de actos electorales del PP en la época de José María Aznar, firma un artículo para sus vecinos titulado El reto de un 2009 difícil. No se imagina cuánto. Su amigo Correa, que trabajaba con él en los actos del PP hace diez años y le conseguía coches de lujo, opera sin freno en la Comunidad de Madrid.
Otro alcalde, Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, gobierna cómodamente y cobra 85.000 euros al año. En el número de febrero de la revista Boadilla Actual anuncia a sus vecinos que el pueblo acogerá una urbanización de 300 "viviendas ecológicas". Tras él, en las fotos, sonríe Esperanza Aguirre.
Panero guarda un secreto. Su antiguo amigo Correa, el principal contratista del pueblo, le chantajea. Le ha grabado cobrando comisiones. El saqueo de Boadilla es su principal negocio en Madrid.
Sin embargo, Correa se queja de que hay un tipo todavía más golfo que él. Es el consejero de Deportes, Alberto López-Viejo, mano derecha de Esperanza Aguirre. Se lleva "un pellizco" de todos los actos que se organizan en Madrid. López-Viejo no sólo contrata a su amigo, sino que lo recomienda a todo el Gobierno, porque es la referencia para las otras consejerías a la hora de organizar actos, incluidos los de Aguirre. La presidenta lo destituye el 9 de enero, tres días después de la detención de Correa, cuando apenas se conocen detalles de esa relación y el sumario es secreto.
López-Viejo y otros dos diputados del PP están expulsados del Grupo Parlamentario Popular por cobrar comisiones de Correa. Los dos alcaldes citados, junto con el de Arganda del Rey, fueron obligados a dimitir.
El 26 de noviembre de 2008, el senador Luis Bárcenas no acude a votar una moción del Grupo Mixto a primera hora de la mañana. Disciplinado y discreto, no ha faltado a ninguna de las 24 votaciones anteriores desde el inicio de la legislatura. El 17 de diciembre volvería a faltar a primera hora de la mañana. Ocupa desde hace cinco años un escaño por Cantabria, a pesar de que es de Huelva y reside en Madrid. La mayoría de sus compañeros no ha cruzado una palabra con él. Los que no tienen cargos orgánicos incluso desconocen que se sientan junto al tesorero del partido.
Tampoco saben que vive una vida de millonario. Tiene una casa enorme en una zona exclusiva de Madrid, un apartamento en la mejor urbanización de Marbella y otro en Baqueira, que disfrutará esas Navidades. Pero a finales de enero su nombre aparece en los periódicos. Desde el entorno de Esperanza Aguirre, furiosa por el caso de los espías, se le acusa de presionar para que se contrate a determinadas empresas en municipios de Madrid. El 16 de febrero, 'El País' publica que Correa presumía de haber llevado 1.000 millones en comisiones a Bárcenas.
Siete meses después, el Senado dio permiso al Tribunal Supremo para imputar delito fiscal y cohecho al cerebro de las finanzas del PP. Junto a él, imputó al diputado Jesús Merino, un discreto y respetado organizador del Grupo Popular en el Congreso. Estos dos son la cara amable de la historia. Bárcenas es un cargo clave de Mariano Rajoy. Merino fue un cargo clave de José María Aznar. No han caído en desgracia.
