La UE aborda cómo el comercio puede mejorar la democracia en el sur del Mediterráneo

BRUSELAS.- Los ministros europeos de Comercio analizaron hoy cómo potenciar las relaciones comerciales con los países de la ribera sur del Mediterráneo de manera que desarrollen más su democracia y su economía, a la luz de las reivindicaciones en favor de la libertad de la "primavera árabe".

"Podemos intentar acelerar las negociaciones comerciales a fin de reforzar la capacidad institucional", destacó en una rueda de prensa el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, al término del Consejo que los titulares del ramo celebraron hoy en Bruselas.

Los ministros intercambiaron sus puntos de vista a la espera de que la Comisión Europea presente, previsiblemente a finales de octubre, una propuesta de mandato para la negociación de zonas de libre comercio "más completas" con Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez.

Para ello, la Comisión propone un enfoque "lo suficientemente flexible" para llevar a cabo las negociaciones con los diferentes países cuando se den las condiciones económicas y políticas.

De Gucht confirmó que pondrá sobre la mesa una "plataforma común" de negociación con esos cuatro países juntos, aunque a continuación las negociaciones no sean "idénticas".

En mayo pasado, el Consejo de la UE pidió a la Comisión explorar medios suplementarios para desarrollar más los intercambios y las inversiones en la región, y en junio le instó a proponer recomendaciones para lograr un libre comercio "en profundidad".

Desde 2004, en el marco de su política de vecindad, la UE viene negociando acuerdos de asociación con los países de la ribera sur mediterránea, con la excepción de Libia.

"Con Libia necesitaremos un poco más de tiempo", dijo el comisario, y aludió a que será preciso empezar a negociar con ese país sobre una nueva base.

Los acuerdos que empezó a negociar entonces la UE incluían un nivel elevado de liberalización de los intercambios de productos industriales (apertura total del mercado europeo y supresión progresiva de las barreras por parte de los países socios), y una liberalización ambiciosa pero menos general del comercio de productos agrícolas (con cuotas para los productos sensibles).

En el nuevo marco común de negociación con Túnez, Marruecos, Egipto y Jordania, la Comisión quiere centrarse, sobre la base de los mandatos existentes, en la aceleración de las negociaciones sobre el acceso de los productos agrícolas, los servicios y las inversiones.

También en la homologación y aceptación de los productos industriales, la firma de una convención regional sobre las reglas de origen preferenciales euro-mediterráneas y la puesta en marcha de una herramienta de información sobre las condiciones para el comercio y las inversiones en el sur del Mediterráneo.

El Banco de España teme no obtener los recursos necesarios en próximas subastas para ampliar el FROB / Mª Jesús Pérez

El dinero se acaba. Y los intermediarios financieros no están dispuestos a seguir presentándose a todo lo que se tercie para seguir cubriendo las emisiones de deuda que insuflan liquidez al sistema. El entorno económico, plagado de incertidumbres que crecen semana tras semana, tampoco ayuda. El asunto es que si no hay recursos, la reordenación financiera española, que sigue su curso, no podrá cerrarse con éxito. Y en el seno del Banco de España lo saben. 

De momento, los números están sobre la mesa. Y el FROB —Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria— dispone de un colchón que, de momento, no cubriría todo lo que necesita para completar el proceso. De hecho, necesita... ¡más madera! 

Y las cifras son las que son. A día de hoy, el organismo dependiente del Banco de España dispone de una hucha de cerca de 7.000 millones de euros, para unas necesidades previstas en el futuro inmediato de 5.528 millones (ver gráfico adjunto). Un «gap» que podría estrecharse de conocer a ciencia cierta las necesidades definitivas de cada entidad. Pero eso requiere tiempo y, seguro, más capital.

Ahora bien, para llegar a esa cifra en concreto —6.884 millones exactamente— hay que retrotraerse a los primeros inicios del FROB. Así, el fondo —con una capacidad de endeudamiento de 27.000 millones, y puede aumentarlo hasta los 90.000 con la aprobación del Ministerio de Economía— nacía en junio del pasado año con un capital inicial de 9.000 millones, de los que 6.750 millones fueron con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y otros 2.250 millones procedían del Fondo de Garantía de Depósitos. 

Además, el FROB realizaba una emisión de deuda por importe de 3.000 millones en noviembre de 2009. En total, contaba con 19.750 millones de euros, insuficientes —según algunos expertos financieros— para atender a las futuras necesidades de las entidades.

Desde entonces, el FROB ha gastado 12.866 millones de euros, lo que implica que aún quedan 6.884 millones para seguir con la recapitalización de las cajas con las que el regulador ha comprometido ayudas: Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, Liberbank, Unimm y Banco Mare Nostrum, serán las próximas en percibir sus inyecciones apalabradas. 

Dudas por la CAM

En principio, las cuentas cuadran, pero la situación actual de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), hasta que se produzca su resolución, llena de dudas tanto a los mercados como al regulador. «En el Banco de España esperan que mañana se presenten varias ofertas por la CAM, si bien en esta fase se trata de ofertas no vinculantes por lo que los grandes bancos que han sido presionados por el supervisor responderán a la llamada inicial. Otra cosa es que esas ofertas pasen a la segunda fase vinculante si no existe un esquema de protección de activos (EPA) que garantice la cobertura con ayudas del FROB de todos los activos dudosos», asegura un analista financiero.

Fuentes consultadas consideran que si se produce este tipo de solución en el seno de algunas cajas de ahorros habrá cierto resquemor «por lo que en el mercado financiero español se considera una asimetría en el tratamiento de la reestructuración bancaria. Los procesos de consolidación llevados a cabo a partir de los SIP no se han visto insuflados por ayudas de tamaña naturaleza». Hablamos de los célebres 16.000 millones de euros que adelantaba ABC en sus páginas esta semana— como activos de dudoso cobro que, para el caso y para los potenciales ofertantes, se consideran como activos fallidos.

Mientras, el esquema de protección de activos que tiene previsto el Banco de España cubrirá el 80% de las pérdidas hasta 2.500 millones y el 90% del resto, lo que podría convertirse, según algunos expertos, en una pérdida de unos 500 millones que nadie estaría dispuesto a asumir. Esto podría obligar al gobernador Fernández Ordóñez a ampliar esa garantía hasta el 100% de las pérdidas.

Lo mismo sucede con la liquidez, que se ha convertido en la clave de la subasta: el cuaderno de venta contempla una línea de financiación del Banco de España de 2.500 millones, pero dado que la CAM tiene que afrontar unos vencimientos de deuda que nadie va a refinanciar a largo plazo de 1.413 millones en lo que queda de 2011 y de 5.925 en 2012, esa liquidez tendrá que ser mucho mayor.

Más liquidez

A todo ello se une la nueva oleada de crisis financiera que asola los mercados. De hecho, esta semana unas declaraciones del comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, hicieron saltar la alarmas. Barnier insinuaba en una entrevista que algunos bancos europeos podrían necesitar ayudas del Estado, aunque comentaba que sería mejor que se recapitalizaran «con medios privados».

Se trataría, según se precisaba más tarde en el «Financial Times», que cita fuentes francesas, de 16 entidades, siete de ellas españolas, las que pasaron con un simple aprobado las pruebas de resistencia del pasado julio, ya que sus ratios de capital superaban por poco el mínimo exigido del 5% en el peor de los tres escenarios que contemplaban las pruebas para 2012.

Las citadas pruebas, organizadas en julio por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) examinaron a 91 entidades, de las que sólo ocho las suspendieron, cinco de ellas españolas, que no llegaron al 5% mínimo, porque no se les permitió contabilizar como capital las provisiones ni los bonos convertibles.

La patronal bancaria AEB reaccionó con rapidez y afirmó que las noticias que afirman que las entidades españolas Banco Popular, Bankinter, Bankia, Banca Cívica, NovacaixaGalicia, Banco Sabadell y Caixa Ontinyent necesitan más capital son «imprudentes», «injustas» y «sin fundamento».

Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró que las entidades españolas no necesitan capital adicional al inicialmente previsto, y consideraba que afirmar lo contrario genera incertidumbre y desconfianza. 

Ahora solo falta que la realidad sea esa y que si el FROB necesita más capital para ayudas pueda lograrlo a través de nuevas emisiones de deuda. La última, en principio, no fue precisamente un éxito. El pasado 6 de julio, el FROB solo logró colocar 1.750 millones de euros en bonos a cinco años, por debajo del objetivo de la subasta, fijado entre 2.000 y 3.000 milllones. Y lo hizo ofreciendo una rentabildiad del 5,5%, un interés once veces superior al de su primera emisión, en noviembre de 2009. 

Está por ver si lo logra mejorar. Ahora, la situación de los mercados no es la más adecuada para ello. Más bien todo lo contrario. La indecisión sobre el futuro de Grecia, que sigue pleneando de fondo, sacude una y otra vez a Italia y España y, según fuentes del sector, podría pasar factura a la capacidad de financiación del FROB.

http://www.abc.es/20110926/economia/abci-frob-madera-201109260928.html

Jueces para la Democracia aboga por la dación en pago y una ley que regule el sobreendeudamiento

VALENCIA.- La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha abogado este domingo por la regulación de la dación en pago, de modo que la entrega de la vivienda a las entidades bancarias salde la deuda hipotecaria, y ha resaltado la conveniencia de la aprobación de una ley que regule el sobreendeudamiento de familias y pequeños empresarios.

   En un comunicado hecho público el mismo día en que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y otros movimientos sociales han convocado manifestaciones en 41 ciudades españolas, entre ellas Valencia, para exigir la dación en pago retroactiva, el fin de los desahucios y la puesta en marcha del alquiler social.

   JpD ha expresado su "preocupación" ante los crecientes desalojos derivados de los procedimientos hipotecarios, que están dejando sin vivienda a "deudores de buena fe, que han perdido sus ingresos en el contexto de una crisis de la que no son responsables" y sin que desde las administraciones se hayan adoptado "medidas suficientes de protección".

   Por ello, ha resaltado la conveniencia de promulgar una ley que regule el sobreendeudamiento de particulares y pequeños empresarios, así como la adopción de medidas de amparo hacia las personas afectadas y medidas de aplazamiento de los pagos.

   Asimismo, sostiene la asociación que sería oportuno que los jueces pudieran moderar de forma equitativa las consecuencias jurídicas de los procedimientos hipotecarios, de manera similar a lo establecido en la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos.

   A su juicio, la crisis ha puesto en evidencia la existencia de una legislación en materia hipotecaria que "limita las posibilidades de defensa de los ciudadanos y representa una situación de ventaja procesal para las entidades bancarias".

   De hecho, recuerda que la jurisprudencia ha decretado en gran número de casos la existencia de cláusulas abusivas en los contratos bancarios, lo que evidencia la necesidad de poner en marcha una regulación más detallada de la materia "para evitar que la parte más fuerte en la contratación pueda prevalerse de su situación de superioridad".

   Para JpD, la responsabilidad universal establecida en la actual legislación provoca que los ciudadanos pierdan su hogar y que, además, las entidades bancarias todavía puedan reclamarles cantidades económicas importantes de elevada cuantía ante la deuda pendiente de amortización, lo cual resulta, a su juicio, "manifiestamente injusto".

   "Todo ello representa una situación de sobreprotección de los intereses de las entidades bancarias, que debiera modificarse a través de reformas procesales y sustantivas con la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos", ha argumentado.

   Según la asociación, aunque la estabilidad del sistema financiero "resulta importante en una situación como la presente, pueden limitarse los beneficios del sector bancario, sin que ello afecte a su estabilidad, para fortalecer intereses generales dignos de protección".

   Entre ellos, cita el derecho fundamental a la vivienda o la existencia de equilibrio procesal para que los afectados por las ejecuciones hipotecarias no se encuentren en situación de desventaja.

El Banco de España desconfiaba de Modesto Crespo y los directivos de la CAM antes de perder 5.000 millones

PALMA.-  ­Aunque los trámites pendientes se alargarán durante los próximos meses, será esta próxima semana cuando el Banco de España dé por concluido formalmente el proceso de recapitalización del sector financiero nacional, que ha supuesto la mayor reestructuración de la historia de las cajas de ahorros. Todas las entidades tienen ya más o menos claro su futuro -aunque éste sea ser subastada, como en el caso de la CAM– por lo que también resulta evidente quién ha salido reforzado en la partida y quién se ha quedado por el camino o lo ha perdido casi todo, según 'Diario de Mallorca'.

Probablemente, tanto los exsocios de la CAM, como el grupo liderado por Cajamurcia esperaban acabar el proceso de reestructuración con más tamaño. Sobre todo el asturiano Manuel Menéndez, uno de los ejecutivos en los que más confiaba el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La ruptura con la CAM frustró sus planes y ahora el nuevo grupo que han formado Cajastur, Cantabria y Extremadura ha solicitado una prórroga para conseguir los fondos que necesita para cumplir con la legislación sin recurrir al FROB. 

Exactamente en la misma situación se encuentra BNM, que también necesita capital adicional y tampoco quiere ni oír hablar de una inyección de dinero público. Las cantidades son reducidas, por lo que se prevé que lo consigan. 

Banca Cívica y Caja3 también salen reforzadas. La primera logró recapitalizarse al salir a Bolsa y la segunda, formada por tres entidades minúsculas, no ha necesitado reforzar sus recursos. Los perdedores CAM, pendiente de subasta La CAM se ha convertido en el ejemplo a evitar. Fue una de las que más apostó por el sector inmobiliario en los años de bonanza y, con la crisis, el ladrillo se convirtió en su lastre.

Huyendo de Caja Madrid, lo intentó con Caja Murcia, pero la torpeza de la Generalitat impidió el acuerdo. Tampoco fructificó con la BBK y al final acabó en brazos de Cajastur. La ambición del responsable de esta última, Manuel Menéndez, una inspección del Banco de España que obligó a reclasificar miles de créditos y deterioró sus cuentas, y la negativa de la cúpula de CAM a ceder poder acabaron con el proyecto de Banco Base. 

Los directivos de la alicantina se lanzaron a buscar un nuevo socio y descuidaron la gestión de la entidad, que perdió casi 5.000 millones de depósitos. Nadie quiso arriesgarse a una nueva fusión con la CAM y el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, tampoco confiaba ni en los directivos de la caja ni en su presidente, Modesto Crespo. El supervisor forzó una nacionalización de urgencia y nombró unos nuevos administradores, que han aflorado unas pérdidas de 1.136 millones y una morosidad del 19,5%. Ahora ha tenido que ofrecer todo tipo de facilidades para conseguir el interés de los posibles compradores.

Privatizar la CAM lleva de cabeza al Banco de España

MADRID.- La recta final del proceso de recapitalización de las cajas de ahorro españolas se complica con la adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que va a requerir una ingente cantidad de dinero público para convencer a los posibles compradores, y también con el debate sobre la necesidad de reforzar otra vez la banca ante la crisis de deuda y la amenaza de recesión. En este contexto tan hostil, todo apunta a que habrá una segunda oleada de fusiones cuando todavía ni siquiera ha culminado la primera. Y tampoco se puede descartar que en esta nueva etapa haya más intervenciones. 

Todas las cifras empalidecen frente a lo que puede suponer reflotar la CAM, intervenida por el Banco de España el 22 de julio. La entidad alicantina es «un bicho muy grande y muy feo», que va a costar digerir, según advierte con sorna un ejecutivo de un conocido banco. El informe financiero del primer semestre, publicado esta semana, da una idea del agujero que esconde su balance debido a su exposición al 'ladrillo' y una pésima gestión marcada por la política, los dos grandes males del sector.

Hay que tener en cuenta que la CAM era una de las mayores entidades del país antes de que se iniciara la reestructuración, con más de 70.000 millones de euros en activos. Pues bien, según los datos conocidos estos días, sus préstamos a promotores se elevan a 12.677 millones de euros y de ellos más del 50% está en situación de impago. Este riesgo se dispara al 61% si se incluyen los créditos con alta probabilidad de entrar en mora. Y si se suma también el capítulo de las constructoras y las hipotecas a particulares de dudoso cobro, el agujero ligado al 'ladrillo' asciende a 8.800 millones. Todo eso a día de hoy, pues no hay duda de que en el futuro será mucho mayor.

No es lo único inquietante. La CAM debe, además, afrontar un calendario muy exigente de vencimientos de deuda. Unos 1.413 millones pendientes este año y casi 6.000 millones el siguiente. A todo ello hay que añadir una continua fuga de depósitos por la huida de clientes.

Nada más ser intervenida a finales de julio, el Banco de España tuvo que inyectar en la CAM 2.800 millones de euros de capital y abrirle una línea de liquidez de 3.000 millones de euros, de la que ya ha consumido 500.

Pese a estos números de vértigo, el regulador está decidido a resolver la subasta antes de las elecciones del 20 de noviembre. De hecho, querría adjudicarla a finales de octubre. Consciente de las dificultades que entraña encontrar comprador en las actuales circunstancias, está dispuesto a dar todo tipo de facilidades. Incluso ofrece que el FROB asuma todas las pérdidas que afloren en los próximos 10 años en los activos de riesgo. Hasta ahora, tanto en CajaSur como en Caja Castilla-La Mancha, el denominado Esquema de Protección de Activos (EPA) se limitaba a cubrir una cuantía fija. Con este cambio se extendería un cheque casi en blanco. En concreto, las primeras pérdidas se atenderían con las provisiones de la entidad. En un segundo tramo, hasta los 2.500 millones, el Fondo cargaría con el 80% y, a partir de ahí, con el 90%.

Pero puede que ni por esas. «No es solo el riesgo inmobiliario. Es que ahora, con los mercados de financiación cerrados y sin poder colocar ni un bono, a ver quién puede asumir los vencimientos pendientes», apunta una fuente del sector. Por eso se cree que las entidades medianas no tienen capacidad para acudir a la puja y está por ver si las grandes aceptan entrar y en qué condiciones. Santander, BBVA y La Caixa figurarán en la lista de los interesados que se debe cerrar este lunes, pero eso no les compromete a nada. Tan solo a estudiar la operación, y está claro que el Banco de España les ha instado a estar presentes en esta primera fase.

El asunto de la CAM suscita grandes incertidumbres. Para empezar, y dada la dimensión del problema, cabe preguntarse si el FROB tiene capacidad suficiente para afrontarlo. Dispone de unos recursos de 19.750 millones, pero ya tiene comprometidos más de 17.500, incluida la segunda ronda de recapitalizaciones. Es cierto que puede endeudarse más, aunque eso no es fácil para nadie ahora. «Tendemos a pensar que el Fondo es el primo de Zumosol que puede con todo, y no es así», advierte el consejero de una caja.

Otra cuestión es si van a surgir 'otras' CAM. Basta recordar que al cierre de esta etapa van a quedar tres grupos -NovacaixaGalicia, Catalunya Caixa y Unnim- en manos del FROB y con un horizonte complicado.

La Comunitat Valenciana alberga al 10,5% de la población reclusa del Estado

MADRID.- Los centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana albergaban al cierre del ejercicio 2010 a un total de 7.768 presos, lo que supone el 10,5% de la población reclusa de todo el Estado, según cifras del Ministerio del Interior.

   En el conjunto del Estado, al cierre de 2010 había un total de 73.929 reclusos, 2.150 internos menos respecto del año anterior, lo que supone un descenso del 2,8%.  

   Por comunidades, Andalucía concentra la mayor cifra de reclusos (17.215), seguida de Cataluña (10.526); Madrid (10.341); Comunitat Valenciana (7.768); y Castilla y León (6.877).

   A continuación se sitúan Galicia (4.410); Canarias (3.029); Aragón (2.587); Castilla-La Mancha (2.185); Baleares (1.865); Principado de Asturias (1.537); País Vasco (1.436); y Extremadura (1.427).

   Por debajo del millar, están los centros penitenciarios de la Región de Murcia (886); Cantabria (682); La Rioja (366); Ceuta (279); Melilla (278); y Navarra (235).

La Generalitat suprime la recepción oficial del 9 d'Octubre como medida de austeridad

VALENCIA.- La Generalitat celebrará el próximo domingo la festividad del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, con el acto institucional de entrega de las distinciones del Gobierno autonómico, pero ha decidido este año suprimir la tradicional recepción oficial a la sociedad civil y los actos lúdicos que se celebraban en las tres capitales de provincias como medida de austeridad, que supondrá un ahorro estimado en más de 200.000 euros. 

   En el marco del Plan de Ajuste que está realizando la administración autonómica, Presidencia de la Generalitat ha optado por no realizar la recepción oficial que se celebraba en el Palau de la Generalitat tras la Procesión Cívica, han informado fuentes del Ejecutivo regional.

   El Consell también ha optado por no celebrar los actos lúdicos que solía organizar a lo largo de este día festivo en la Plaza de Santa Clara de Castellón, en la Explanada de Alicante y en el cauce del río Turia de Valencia.

   Así, los actos de conmemoración del Día de la Comunitat se ceñirán a la entrega de las Distinciones de la Generalitat en reconocimiento a la trayectoria profesional y a la contribución cultural de entidades y personalidades de reconocido prestigio de la Comunitat Valenciana, un acto que estará presidido por el jefe del Consell y que comenzará a las 10.00 horas.

El PSPV dice que el mérito más importante de la hija de Alperi "son las imputaciones de su padre"

 ALICANTE.- El diputado socialista y portavoz de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en Les Corts, Francesc Signes, ha denunciado este sábado que el PPCV siga con su estrategia "clientelista" al nombrar a la hija del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, como directora territorial de Urbanismo de la provincia de Alicante. "Hasta el momento, lo único que conocemos del currículum de la nueva directora son las imputaciones de su padre" en el caso Brugal, ha apuntado.

   Así se ha pronunciado Signes en un comunicado, en el que ha criticado este nombramiento después de que la policía sitúe a Alperi "en el epicentro de una red de conexiones y contactos cuyo objetivo no era otro que controlar el urbanismo en la capital de la provincia".

   "Lo que hemos conocido por la prensa es un ejemplo más del nepotismo que el PPCV ha instalado en un Consell que antepone sus intereses partidistas a las necesidades de los valencianos y valencianas", ha lamentado el diputado, que ha recordado que hace unos días se conoció que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, utilizó el bufete de su hermano para la redacción del nuevo planteamiento del PGOU y ahora "parece ser que es Alperi quien parece que quiere tener a su hija cerca".

   Por ello, ha denunciado que esta forma de actuar demuestra que las vinculaciones familiares dentro del PPCV "funcionan bien para beneficiar a aquellos que tienen ciertos intereses y que saben como agradecer los favores".

   Por otra parte, el diputado socialista ha presentado en Les Corts una iniciativa parlamentaria para "solicitar al Consell la paralización de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y la devolución de todo el expediente al Ayuntamiento, retrotrayendo todas las actuaciones a la fase anterior a la exposición pública".

   El objetivo, según ha apuntado, es "evitar que no se retrase indefinidamente su aprobación o que ésta se retrase tanto que paralice el normal desarrollo de Alicante".

EUPV vuelve a pedir la dimisión de la alcaldesa de Alicante e insta a Fabra a pronunciarse

ALICANTE.- La diputada de EUPV en las Cortes Valencianas Esther López Barceló ha vuelto a pedir este sábado la dimisión "inmediata" de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, presuntamente implicada en el 'caso Brugal'. Asimismo, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a que "se pronuncie sobre las aventuras de Castedo y su hermano con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante".

   Para López Barceló, "resulta intolerable la existencia de un informe contra el Fiscal anticorrupción de Alicante", lo que, a su juicio, demuestra que "Castedo y su clan" están diseñando "un contraataque dirigido a todo aquel que denuncie sus operaciones".

   La diputada de EUPV, en un comunicado, ha manifestado que resulta "sorprendente" que el jefe del Consell no se haya pronunciado sobre "los negocios oscuros de la alcaldesa y su hermano alrededor del PGOU".

   Según ha dicho Esther López Barceló, "no pueden hacer como si no pasara nada", ya que "están manchando las instituciones que representan".

"Quede como quede la investigación judicial, es una vergüenza que esta alcaldesa continúe representando los alicantinos", ha añadido.

Primera suspensión del pago de intereses por parte de la CAM

ALICANTE.- Caja Mediterráneo ha decidido suspender el abono semestral de intereses de las obligaciones subordinadas que emitió en septiembre de 1988 y que debía ingresar a los inversores mañana domingo 25 de septiembre, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El motivo es que el pago de esta remuneración estaba ligada a la obtención de beneficios por parte de la entidad en el semestre precedente, en el que la caja declaró unas pérdidas de 1.136 millones de euros, adelanta el diario 'Información'.

Es la primera vez que la entidad deja de atender el abono de intereses como consecuencia de la mala situación que atraviesa. No obstante, los inversores podrían recuperar hasta un tercio de estos intereses no pagados cuando la caja vuelva a registrar ganancias, según la nota remitida a la CNMV. Fuentes de la CAM aseguraron que los afectados por esta decisión serán pocos ya que el importe total de las obligaciones emitidas fue de sólo 18 millones de euros y una gran parte de ellas se ha ido amortizando a lo largo de estos 23 años.
Sin embargo, las citadas fuentes no supieron concretar qué ocurrirá con el abono del cupón de las participaciones preferentes que la entidad colocó en el mercado en el año 2009 y que también debe pagar la próxima semana, en concreto el jueves 29. En este caso los afectados serían muchos más ya que se emitieron 850 millones de euros.
En teoría, de acuerdo con el folleto de emisión, la CAM debería pagar este cupón porque está vinculado a los beneficios del ejercicio anterior, cuando la entidad sí declaró ganancias ya que todo el deterioro de su cartera crediticia lo cargó contra reservas. En agosto los nuevos administradores de la caja nombrados por el FROB optaron por abonar estos intereses.
Sin embargo, el folleto de las preferentes también contempla otra serie de motivos por los que se podría suspender el pago, como la insuficiencia de recursos propios para cumplir con los mínimos que establece la normativa.
La CAM emitió participaciones preferentes en los años 2001, 2002, 2005 y 2009 por un importe total de 1.400 millones de euros. 

Entidades interesadas en la CAM

Las estrategias y las preocupantes cifras de la morosidad más los enormes vencimientos pendientes de la Caja Mediterráneo (CAM) excluyen a muchos aspirantes. Aunque son variopintos los que han pedido la carta de interés, fuentes financieras consideran que, al final, solo dos entidades pujarán con fuerza en la subasta: BBVA y Santander, según 'El País'.

La Caixa, que también ha pedido la carta para acceder al detalle de las cuentas de la CAM, tiene dificultad para encajar las 936 oficinas de la entidad alicantina con las 5.200 que ya tiene. Demasiados huevos en una cesta. Las duplicidades de sucursales serían enormes. Además, CaixaBank está recién salida a Bolsa con una estrategia concreta y explicada a los inversores, a los que habría que dar explicaciones. Quizá más adelante, la entidad catalana aproveche otras oportunidades de menor tamaño. Si una de las tres grandes entidades se quedara con la CAM, cambiaría el mapa y se establecería un nuevo líder en banca comercial en España.

Pero hasta finales de octubre el guión puede cambiar, aunque las posibilidades son muy reducidas. La participación de entidades más pequeñas, (Banco Sabadell, Popular, cajas vascas, Ibercaja) pasaría por un reparto de la red de oficinas de la CAM. No es imposible, pero sí muy complicada. Un experto advierte de los riesgos: "Solo hay una cosa peor que se quede desierta la subasta para el prestigio de España. Es que la CAM acabe en manos de alguien que no pueda digerirla y vuelva el problema agrandado".

Las dificultades de cobro del 61% de los créditos inmobiliarios no es lo que más preocupa ya que el FROB será generoso al quedarse con créditos malos. El cuello de botella son los 7.400 millones de vencimientos hasta diciembre de 2012. "Si el FROB asumiera los vencimientos, aunque absorbiera menos impagados, la CAM tendría salida. No es fácil para el Tesoro, pero el precio de no dar viabilidad a la CAM puede ser enorme", dice un ejecutivo.

En EE UU cierran dos bancos más y son ya 73 entidades en bancarrota en lo que va de año

WASHINGTON.- Las autoridades reguladoras de Estados Unidos cerraron este viernes dos bancos en Virginia y California, con lo que ya suman 73 los que han sido declarados en bancarrota, en lo que va de año.

La Corporación Federal Aseguradora de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés) informó en un comunicado de los cierres del Bank of the Commonwealth, con sede en Norfolk, en el estado de Virginia, y del Citizens Bank of Northern California, localizado en Nevada City (California).

El primero tenía 985 millones de dólares en activos y 901 millones en depósitos, mientras que el segundo poseía 288 millones en activos y 253 millones en depósitos, de acuerdo con la FDIC.

Pese a estas últimas bancarrotas, en un informe difundido el mes pasado la FDIC reveló que el número de bancos con problemas en EE UU bajó por primera vez desde 2006 en el segundo trimestre de este año, un periodo en el que también disminuyó la cifra de entidades quebradas.

Los bancos con problemas pasaron de 888 entre enero y marzo a 865 de abril a junio, un trimestre en el que quebraron 22 entidades, frente a las 18 del anterior.

En 2010 las autoridades reguladoras de EE UU cerraron un total de 157 bancos, el mayor número en un año desde la crisis de ahorro de 20 años atrás.

PSPV y EU coinciden en pedir la dimisión de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi

ALICANTE.-  Los portavoces municipales del PSPV-PSOE, Elena Martín, y de EU, Miguel Ángel Pavón, han coincidido este viernes en pedir la dimisión de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, y del exprimer edil y también diputado, Luis Díaz Alperi, tras las últimas noticias de la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

 

   Ambos se han expresado en estos términos durante la inauguración del curso académico 2010-2011 en la Universidad de Alicante, preguntados al respecto por los medios de comunicación.

   En primer lugar, Elena Martín ha resaltado que la justicia sigue su curso y hay que se respetuosos", pero al mismo tiempo ha defendido que las "responsabilidades políticas se tienen que asumir y cuando uno no da explicaciones a la ciudadanía, lo que tiene que hacer, por dignidad, es irse".

   Así, respecto a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, Martín ha afirmado que también "sacaron la cara por Camps y acabó dimitiendo". A su juicio, que los "cargos del PP saquen la cara por sus diputados, imputados en graves casos de corrupción" es habitual y es una actitud en la que se demuestra que Fabra "deja mucho que desear".

   Igualmente, ha reiterado la petición de su grupo de que el PGOU "se paralice y se suspenda en la Conselleria, que se devuelva a la ciudad y que vuelva a tramitarse con luz y taquígrafos y que al final de toda esa tramitación sea revisada por una comisión de expertos formada por colegios profesionales de abogados, arquitectos, urbanistas, gente de la universidad".

   Todo ello, ha dicho, con el fin de que "no tengamos que volver a pasar por la vergüenza de ser conocidos por casos de corrupción".

   Por su parte, Miguel Ángel Pavón también ha pedido la dimisión de Díaz Alperi y de Sonia Castedo y ha extendido la petición a la hija del exalcalde, Elisa Díaz, que está al frente de la comisión territorial de urbanismo.

   En su opinión, las últimas informaciones sobre el caso Brugal son "una evidencia más del fraude que supone el PGOU de Alicante, que parece que está en manos de personas presuntamente corruptas".

   El portavoz de EU ha expresado sus "sospechas" de que Castedo "acabará dimitiendo también, todo dependerá de si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la imputa o no y de si se produce antes de las elecciones generales, que perjudicará a la estrategia del PP en todo el país".

   Respecto a las palabras de Alberto Fabra, ha indicado que el presidente del Consell "ha sacado la cara por ambos, precisamente porque el PP tiene un problema en ese sentido y no actúa conforme a esos supuestos criterios de honestidad que anunció a la ciudadanía, no actúa conforme a ese código ético, que deben tener guardado en algún cajón".

Castedo se muestra nerviosa

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha restado importancia este viernes a las peticiones de dimisión realizadas por el PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, al considerar que "no ha habido ni un solo grupo municipal socialista que no haya pedido la dimisión".

   Con motivo de la inauguración del curso académico en la Universidad de Alicante, la alcaldesa se ha referido, de este modo, preguntada por los medios de comunicación, sobre las peticiones de dimisión, tras la publicación del informe policial sobre el 'caso Brugal' en relación con el despacho de su hermano, José Luis Castedo, y su socio, Javier Gutiérez.

   A este respecto, ha dicho que su dimisión ya "la han pedido muchas veces". "No ha habido ni un solo grupo municipal socialista que no haya pedido la dimisión", ha zanjado.

Rodríguez Piñero, Ximo Puig y Leire Pajín lideran las listas del PSPV al Congreso

VALENCIA.- La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente, Inmaculada Rodríguez Piñero, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y el coordinador de campaña del PSPV, Ximo Puig, liderarán las listas de los socialistas valencianos al Congreso por Valencia, Alicante y Castellón, respectivamente, en las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.

   Los comités provinciales han aprobado en la tarde de este viernes sus propuestas de candidaturas, que deberán ser aprobadas el próximo 8 de octubre por el Comité Federal. En cuanto a las listas al Senado, Carmen Alborch repetirá por Valencia, mientras que la candidatura de Alicante estará encabezada por la subdelegada del Gobierno en la provincia, Encarna Llinares, y Enrique Navarro liderará la lista castellonense.

   En la lista al Congreso por Valencia, acompañan a Rodríguez Piñero Ciprià Ciscar, José Luis Ábalos, Carmen montón, Antoni Such, Josep Antoni Santamaría, Talia Roselló, Arcadi España o Roger Cerdà, entre otros. El Comité Provincial ha aprobado la propuesta por "amplia mayoría" y con tan sólo dos abstenciones, según han detallado fuentes socialistas.

   Por Alicante, siguen a Leire Pajín el Secretario de Organización Provincial Federico Buyolo, el abogado alicantino Javier Echávarri en el número tres, Herick Campos, Patricia Blanquer en el puesto número cinco y la actual diputada nacional Vicenta Tortosa en el número seis.

   Asimismo, en Castellón, acompañan a Puig en la lista, que ha contado con una abstención, Susana Ros, Pep Lluís Grau, Iolanda Porcar y Ruth Sanz.

Compromís propone crear un parque de viviendas con el 'stock' de IVVSA y CAM

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha propuesto la creación de un parque público de viviendas con el "stock" del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y de los pisos que tiene la Caja Mediterráneo (CAM) de embargos para ofrecerlos a los ciudadanos con alquileres accesibles.

Según un comunicado, se trata de una iniciativa planteada al Consell en forma de proposición no de ley en Les Corts para facilitar el acceso a la vivienda y evitar la especulación urbanística.

Según ha explicado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "la gestión urbanística de los últimos años, el elevado precio de la vivienda, los numerosos desahucios que están produciéndose, así como la imposibilidad de mucha gente de tener una vivienda digna está directamente relacionado y tiene que ver con una misma política equivocada".

Concretamente Compromís plantea la constitución de un parque público de viviendas valenciano que esté constituido por las numerosas viviendas que tiene el IVVSA, debido a que muchos adjudicatarios no han podido comprarlas por falta de financiación.

También incluiría las viviendas de que dispone la CAM de embargos a ciudadanos que no han podido hacer frente a su hipoteca y construcciones que se han quedado sin finalizar por la quiebra del constructor o promotor y que el Consell podría recuperar.

Este parque se ofrecería a la ciudadanía en forma de alquileres accesibles establecidos en función de la renta de los solicitantes, de forma que se facilitara el acceso a la vivienda y se cumpliera con el mandamiento constitucional del derecho a la vivienda digna, a la vez que evitar los movimientos especulativos de esos pisos.

El rector de la UA advierte de que las demoras en el pago de la Generalitat creará problemas de tesorería

ALICANTE.- El rector de la Universidad de Alicante (UA), Ignacio Jiménez Raneda, ha destacado que las demoras en algunas mensualidades comprometidas por la Generalitat van a someter a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana a unos "problemas de tesorería considerables".

   Durante su intervención este viernes en el acto de inicio oficial del curso, al que han acudido el conseller de Educación, Formación y Empleo, José Ciscar, y el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, entre otras autoridades, Jiménez Raneda ha lamentado que este retraso en algunos pagos les obligará a contraer endeudamientos a corto plazo que comportan "gravosos costes financieros y a severas dificultades" para el pago a proveedores.

   No obstante, se ha dirigido al conseller para insistir en que, como él "bien conoce", según ha dicho, las demoras que las universidades públicas han experimentado y que experimentarán en la recepción de alguna de las mensualidades comprometidas "han sometido y las van a someter a unos problemas de tesorería considerables".

   "Ello está dando lugar a endeudamientos a corto plazo que comportan gravosos costes financieros y a severas dificultades en el cumplimiento de nuestras obligaciones de pago con nuestros proveedores".

   Según ha remarcado, "estas tensiones están siendo mucho más acusadas como consecuencia del nuevo aplazamiento de las anualidades comprometidas para 2011 y 2012, que tienen su origen en los convenios suscritos en mayo de 2008 derivados de la deuda histórica hasta entonces acumulada".

   "No puede ponerse en duda que las universidades somos y seremos solidarias con todas las instituciones, especialmente con la Generalitat valenciana, y con nuestra sociedad, pero no puedo dejar de decir que nuestra tesorería se encuentra en una situación cercana al límite", ha lamentado.

   El rector ha defendido que las universidades han cumplido siempre sus obligaciones y ha avanzado que continuarán haciéndolo en el futuro, por lo que ha apuntado a Císcar que "no debe dudar del rigor con el que, en estas circunstancias tan adversas, se van a comportar las universidades".

   "Por ello, estoy en condiciones de poder afirmar a toda la comunidad universitaria, y a toda la sociedad, que la Universidad de Alicante va a poder hacer frente a todos nuestros compromisos de pago", ha concluido.

   El rector ha recordado al conseller de Educación que "las universidades deben formar parte de las prioridades sociales", y que "aportar recursos a la universidad no es gastar", sino "invertir en formación superior y en generación de nuevos conocimientos y una excelente manera de favorecer a las generaciones futuras".

   En esta línea, ha calificado como "una buena noticia" el anuncio de que la contracción presupuestaria que va a afectar a distintos programas de gasto no va a afectar a los compromisos contemplados en el nuevo Plan Plurianual de Financiación. "Sin duda, ello es una prueba de que las universidades continuamos estando entre las prioridades de la Generalitat", ha agradecido.

   Durante el acto de inauguración del curso académico se ha procedido a la investidura de dos nuevos doctores honoris causa, José Luis García Delgado --catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas--, propuesto por la Facultad de Económicas, y Eusebio Leal Spengler --doctor en Ciencias Históricas e Historiador de la Ciudad de La Habana, Cuba-- a propuesta del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.

   Durante el transcurso del acto también se ha entregado la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante a Francisco Javier Sogorb Guerra, quien fuera gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).

   El Consejo de Gobierno decidió concederle la Medalla de Oro de la institución en reconocimiento por su estrecha colaboración y apoyo a la UA para la gestión y elaboración de un Plan Especial de reserva de suelo rotacional público, ya aprobado, destinado al desarrollo del Parque Científico de Alicante impulsado por la Universidad de Alicante.

   En el transcurso del acto también se ha procedido a la lectura de la Memoria del curso 20010/2011 a cargo de la secretaria general, Nuria Fernández. La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, María Teresa Soler Roch, por su parte ha ofrecido la lección inaugural 'Deber de contribuir y derecho de propiedad en el ámbito de protección de los derechos humanos'.

   Así mismo, se ha hecho entrega de una distinción de la Universidad de Alicante a título póstumo a la familia de Ángela Inmaculada Crespo Marco, --personal de administración y servicios fallecida el pasado curso--, y de distinciones al personal que ha alcanzado la edad de jubilación y a los trabajadores que cumplen 25 años al servicio de la institución.

   Al acto también han asistido, entre otras autoridades, la presidenta de la Diputación de Alicante y alcaldesa de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor; la subdelegada del Gobierno, Encarna Linares; la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; el director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, José Miguel Saval y el embajador de Cuba en España, Alejandro González Galiano.

La obsesión de Castedo con el fiscal Briones parece rozar el paroxismo

ALICANTE.- "Mi casa es legal, perfectamente legal. ¿Cómo no va a serlo? Tengo una situación como para tener una vivienda ilegal, ya no como fiscal sino como ciudadano". Molesto aunque tranquilo respondió al diario 'Información' el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, a las cuestiones que le planteó sobre el informe hallado en el disco duro del ordenador que el hermano de la alcaldesa tenía en el despacho de abogados Salvetti, el bufete que comparte con el exedil socialista Javier Gutiérrez. 

La Policía Nacional descubrió en el ordenador de Castedo varios archivos informáticos sobre el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que denotan que el fiscal que ha dirigido las pesquisas del caso Brugal fue investigado a raíz de que se hicieran públicos en octubre de 2010 detalles del presunto tráfico de influencias y cohecho durante la tramitación del PGOU de Alicante. Los documentos sobre Briones los contienen tres archivos denominados "Notas informe fiscal" e incluyen una serie de datos sobre su vivienda familiar y unas supuestas irregularidades urbanísticas de la casa.

 El documento, al igual que el localizado también en el ordenador de José Luis Castedo sobre los presuntos "intereses urbanísticos" del exalcalde y diputado autonómico Ángel Luna, no está incorporado al sumario tras estimar el juez la petición de la defensa de los dos socios de Salvetti para que no se adjuntaran a la causa.

"Mi casa es legal, acabo de pagar 1.400 euros de IBI, pago mis basuras... es como decirle a una madre que su hijo no es suyo", precisó Briones de su vivienda, un chalé ubicado en el entorno de Alicante que construyó sobre un suelo adquirido hace un cuarto de siglo.
"Compré el terreno en el 87 y luego me hice la casa. En todas estas zonas, para ir adaptándose a la legislación y ver qué servicios faltan, es normal que los vecinos hablen con los técnicos municipales, que son los que suministran los datos de cómo están las parcelas, y con el concejal. Son reuniones a las que he asistido junto con mis vecinos y de las que hay actas así como alegaciones por escrito. Eso es la historia de los planes parciales. Ahora estamos intentando obtener la figura de la consolidación para lograr el alcantarillado que no tenemos", explicó el acusador público.
"Si lo que pretenden decir es que he hecho algo ilegal, que lo digan, aunque no puedo hacer nada porque si lo hago van a alegar que ya no puedo estar en la causa", precisó el representante del ministerio público en el caso Brugal, quien añadió que "me han investigado a mí como a otras personas que están interviniendo en este proceso", de las que declinó dar sus nombres.
"¿Quién cree que me puedo permitir algo tan grotesco? Y no sólo por ser fiscal sino como ciudadano. Llevó viviendo aquí 25 años. ¿A quién le cabe en la cabeza que con toda la legislación que hay, por muy fiscal que sea, un alcalde, la oposición o la Policía Local iban a permitir una casa ilegal? Me están dando una importancia que no tengo. Que se plieguen todos en mi caso y en el todos mis vecinos", concluyó.
Como miembro de Consejo Político de IU, a la altura de Curiel, Sartorius, Iglesias o Tamanes, situaban al fiscal Felipe Briones tres escritos difundidos anónimamente en plena precampaña electoral de 2007. Los documentos iban encabezados con el logotipo de IU junto a la palabra "Confidencial". Tanto los dirigentes de la formación como el propio fiscal confirmaron que Briones nunca había militado en IU (ni en ningún otro partido ). Aquello se interpretó como un "burdo montaje" para desprestigiar al fiscal en plena investigación sobre si el Ayuntamiento (con Alperi a la cabeza y Castedo en Urbanismo) había beneficiado a Ortiz en la construcción de tres aparcamientos. El caso lo archivó el TSJ tras ser elegido Alperi diputado.

A dos meses de las elecciones, el PP de Alicante parece necesitar una catarsis

ALICANTE.- Mientras todo hace suponer que el pacto de la dirección nacional del PP y de Alberto Fabra radica en la cada vez más próxima salida de Ripoll de la presidencia provincial del partido, no existe, según diversos datos obtenidos de fuentes próximas a la dirección regional del, un referente claro y explícito que ordene el camino y el rumbo del nuevo PP provincial de Alicante, se escribe en www.alicanteactualidad.es. 

¿Qué es lo que está acaeciendo, se preguntan algunos diputados nacionales, senadores y parlamentarios autonómicos entre otros? El sigilo más llamativo, al parecer, se ha instalado en el seno interno del PP de Alicante y donde, según diversas fuentes, a estas alturas, cuando quedan menos de dos meses para la celebración de las elecciones, cada uno intenta hacer su guerrilla particular y acercarse a los puestos más sólidos de las listas mediante la relación personal con Alberto Fabra y con miembros de la dirección nacional.

Mientras tanto se da por segura la presencia de Federico Trillo como cabeza de lista, en una candidatura en la que parecen contar de modo firme Macarena Montesinos, Miguel Campoy, que según diversas informaciones lucha por la Subdelegación del Gobierno si es que el PPCV consigue la victoria,  Gerardo Camps, con  codazos de otros candidatos y con la casi segura presencia de Agustín Almodobar, que ha llevado a cabo una señalada labor en pro del turismo alicantino y a nivel nacional como portavoz popular en la Comisión de Industris y Turismo del Senado.

Hasta la semana próxima, probablemente, continuará ese goteo de nombres que casi nadie se atreve a barajar y mucho menos a facilitar. Una situación que, al menos, causa extrañeza en un partido que presenta, como colectivo,  una esperanzada victoria en las próximas elecciones.

Las fuentes consultadas por alicanteactualidad.es dejan constancia de que ahora mismo no hay un referente claro en la estructura provincial del PP en la provincia de Alicante que, hoy por hoy, cuenta con una dirección amortizada. Y se subraya que Joaquín Ripoll no podrá seguir al frente del partido por su presidencia en la Autoridad Portuaria, mientras la secretaria provincial, Mónica Lorente, destacada ripollista y portavoz de esta sensibilidad en la concentración de protesta llevada a cabo por los mismos en contra de Gerardo Camps por la lista autonómica de Alicante, y dos de los actuales Vicesecretarios, Jorge Sedano y Celia Lledó, sufrieron señaladas derrotas en las pasadas elecciones municipales y apostaron de forma enérgica por el ripollismo más radical hasta rivalizar en confrontación directa contra el campsismo.

De este modo permanecen sin resolver las delicadas situaciones que atraviesa el partido en Benidorm, en Calpe, en Campello, en Villena y en Alcoy o en otros lugares donde también existen señaladas divergencias como en Alfás del Pí,  lo que contrasta con el poder referencial de Alfonso Rus que acaba de proclamar tres gestoras en Valencia.

Por otra parte hay un sector de nuevos rostros del PP, en el figuraría entre otros Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, que podrían estar pidiendo a gritos a Alberto Fabra un pronunciamiento claro sobre la carencia de ese referente en Alicante.                                                             

Fiscalía de Valencia abre diligencias para investigar una denuncia de Cercle Obert sobre la gestión de la CAM

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada por Cercle Obert de Benicalap sobre la gestión de Caja Mediterráneo (CAM), intervenida el pasado mes de julio por el Banco de España, según han informado fuentes próximas al caso.

   El colectivo presentó una denuncia ante el ministerio público en agosto en la que cuestionaba la contabilidad de la entidad alicantina; la concesión de préstamos sin garantía; los sobresueldos satisfechos a determinados miembros del Consejo de Administración --en concreto, los ex directivos--; y operaciones de concesión de préstamos hipotecarios de alto riesgo a políticos.

   Tras recibir esta denuncia, Fiscalía de Valencia ha decidido abrir diligencias de investigación para, en primer lugar, comprobar si algún juzgado ya ha abierto diligencias sobre este asunto, lo que le obligaría a remitirse al mismo y enviarle toda la documentación que tiene.

   Esta denuncia se suma a las ya presentadas por el mismo asunto en Alicante --por parte de Vecinos por Alicante y el Movimiento 15-M-- y en Madrid --del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias--, con lo que, pese a que la CAM tiene su sede en Alicante, este asunto podría finalmente investigarse en la Audiencia Nacional al operar la caja en todo el territorio nacional.

   Además, y paralelamente a este aspecto, los órganos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) todavía no han determinado cuál es la responsabilidad penal, con lo que no se puede llevar a cabo una investigación a fondo por parte del ministerio público.

   Manos Limpias presentó una denuncia en agosto ante la Audiencia Nacional contra la última cúpula directiva de la CAM y contra el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario.

   En concreto, su denuncia se dirige contra los expresidentes de la entidad, Vicente Sala y Modesto Crespo; los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; así como el ex director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil; el ex director general de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez; el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés Olmos. Amplían la denuncia contra aquellas otras personas que pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen.

   Según argumenta en su escrito Manos Limpias, la intervención de la CAM por parte del Banco de España se produjo como causa y consecuencia de una gestión claramente perjudicial por parte de sus órganos directivos a los intereses generales de más de tres millones de impositores y que han dejado a la CAM al borde la quiebra.

   Entre los argumentos sobre la mala gestión, el sindicato aludía a la concesión de créditos y préstamos a consejeros y altos directivos, y en concreto a la cifra de 171 millones de euros concedidos al interés del 0%.

Alrededor de 70 familias son desahuciadas cada día en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Cada día más alrededor de 70 familias son desahuciadas de sus casas en la Comunitat Valenciana, una situación que ha aumentado en los últimos tiempos un ritmo "vertiginoso" y que a nivel estatal alcanza la "obscena" cifra de 240 desahucios diarios. 

Así lo ha dado a conocer la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que ha advertido que esta "sangría en expansión está afectando ya a todas las capas sociales" y, según datos del primer trimestre de 2011, ya hay más de 16.000 familias valencianas que han sido obligadas a abandonar sus viviendas, 350.000 en toda España desde que comenzó la crisis.

   Ante esta situación de "emergencia habitacional", la Plataforma ha presentado este jueves la campaña 'Por el derecho a la vivienda. Dación en pago (retroactiva). Moratoria desahucios. Alquileres sociales' que arrancará este viernes con un concierto solidario a las 20.00 horas en el parque de Alaquàs en el que actuarán Obrint Pas, Apolo (24K), Los Chikos del Maíz, Orxata Sound System y la Rana Mariana.

   El domingo 25 continuará con una gran manifestación en más de 40 ciudades de toda España a la que se han adherido colectivos sociales como Democracia Real Ya o el Movimiento 15-M, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos. En Valencia, partirá desde la Plaza San Agustín a las 18.00 horas y finalizará en la rebautizada 'Plaza 15 de Mayo' (Plaza del Ayuntamiento).

En Alicante, Elche, Benidorm y Gandía también han convocado movilizaciones, todas ellas, con el objetivo de ganar simpatizantes a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Plataforma presentó hace 6 meses en el Congreso y que ya ha superado su trámite por el Senado.

   En ella, se solicita la dación en el pago de las hipotecas con carácter retroactivo para "dar una amnistía a las 350.000 familias desahucidas desde que empezó la crisis, más de un millón de personas que han perdido su vivienda pero que tienen esa deuda de por vida"; una moratoria de los desahucios durante 3 años; permanencia en estas viviendas 5 años en régimen de alquiler social, pagando un máximo del 30% de sus ingresos; y la creación de un parque de alquiler social con ese millón y medio de viviendas vacías que existen a lo largo de todo el Estado.

   Ahora, la ILP ha vuelto al Congreso y desde la Plataforma esperan que "en pocas semanas" la Junta Electoral le dé luz verde. Será entonces cuando la entidad cívica inicie un proceso de recogida de firmas a lo largo de 9 meses en el que confía superar las 500.000 mínimas necesarias para, al menos, "obligar al Congreso a debatir" la posibilidad de reformar la ley hipotecaria, hoy por hoy "injusta".

   Así lo ha asegurado este jueves en rueda de prensa una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Yolanda Prats, quien ha defendido que mientras las Administraciones llevan a cabo "el rescate de las entidades financieras con dinero público", la Plataforma quiere ayudar al "rescate de los ciudadanos". En el acto ha participado la también portavoz Rosana Montalbán, la responsable del grupo de apoyo, Montse Luque, el psicólogo Roger Muñoz, y Fernando, uno de tantos afectados.

   Para Prats, la actuación de las Administraciones Públicas en este sentido es una "burla" hacia los ciudadanos, se comportan como "verdugos", además de "criminalizar y perseguir" a los activistas que protestan contra los desahucios. Sin ir más lejos, ha ejemplificado, la Plataforma tiene "sanciones administrativas" por su papel en desalojos de Valencia y Sagunto. Aún así, sigue llamando a la "desobediencia civil pacífica", ha reivindicado.

   En la Plataforma hay un grupo de apoyo que informa, les acompaña al banco y asesora jurídicamente a los afectados. Luque ha explicado que llegan sumidos en un "caos", en el que sobre todo necesitan "información". El banco no les da soluciones sino que les insta a "endeudarse más" e incluso "cuanto más indefensos les ve, peor les trata", ha asegurado.

   No obstante, por primera vez, después de contar con el apoyo de la Plataforma y gracias la "presión mediática", Fernando ha conseguido que el banco le conceda una dación del pago, algo que no había logrado en un año luchando solo. Aun así, llega la segunda parte, sin trabajo, con familia y obligado a dejar su casa, es "difícil que alguien te alquile un piso", ha advertido. En su caso, lo ha conseguido con el aval de un familiar.

   Precisamente para enfrentarse a esta situación de "pérdida, tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida", desde Valencia se ha creado un grupo psicólogos que atiende gratuitamente a los afectados por los procesos hipotecarios. Como especialista, Muñoz ha señalado que la "pérdida de los sustentos básicos afecta a las relaciones con la familia y a la autoestima", cosas que este grupo ayudará a tratar.

   En el sistema público sanitario español hay 4 psicólogos cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea, con lo que no pueden recibir una asistencia de calidad, ha lamentado. Por ello, desde la Plataforma "no les vamos a dejar naufragar, no vamos a dejarlos lanzados a la desesperación".

   Además, han recabado el apoyo del Colegio Oficial de Psicólogos donde se dará formación a los interesados. "Vamos a cambiar las cosas" ha asegurado Muñoz, para quien movimientos como el 15M han demostrado que "por fin se ha recuperado la esperanza y la esperanza se ha transformado en compromiso", ha concluido.

El 82% de los valencianos cree que la economía española está mal o muy mal y el 64% ve negativa la de la Comunitat

VALENCIA.- El 81,7 por ciento de los valencianos cree que la economía española está mal o muy mal, mientras que, en el caso de la de la Comunitat Valenciana, la ve de este modo el 64 por ciento. Respecto a la política, el 71,3 por ciento considera negativa la del conjunto del país y el 52,2 por ciento la de la Comunitat.

   Así se desprende de la encuesta post-electoral de las elecciones autonómicas y municipales 2011, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente a la Comunitat Valenciana.

   Por áreas en las que la Generalitat ha trabajado durante los últimos cuatro años, los valencianos ven de forma más negativa la creación de empleo --el 41 por ciento cree que la gestión del Ejecutivo de la Comunitat en esta materia ha sido 'muy mala'-- y la vivienda. En el lado contrario, se sitúan las infraestructuras puesto que el 5,7 por ciento de los valencianos puntúan como 'muy buena' la labor del Consell en carreteras y ferrocarriles.

   A la pregunta de cómo lo hubiera hecho el PSPV si hubiera estado al frente de la Generalitat desde 2008, el 45,8 por ciento opina que igual; el 27,3 por ciento, que peor y el 11 por ciento, que mejor. El 15,9 por ciento restante no sabe o no contesta.

   Por otro lado, respecto a la campaña electoral, la del PP es calificada como 'buena' o 'muy buena' por el 30,1 por ciento de los encuestados; ha sido 'mala' o 'muy mala' para el 20,2 por ciento; y 'regular' para el 25,6 por ciento.

   La campaña del PSPV es vista de forma positivo por el 10,8 por ciento de los valencianos y de modo negativo por el 33,7 por ciento, mientras que otro 30,5 por ciento se sitúa en una escala intermedia y la califa como 'regular'.

   En cuanto a la de EUPV, ha sido 'mala' o 'muy mala' para el 21,8 por ciento y 'buena' o 'muy buena' para el 7,9 por ciento, mientras que la campaña electoral de Compromis es calificada positivamente por el 12 por ciento de los encuestados y de modo negativo por el 17,2 por ciento.

   En las pasadas elecciones autonómicas, el 69,5 por ciento tenía decidido votar a una candidatura en concreto; el 6,7 por ciento dudó entre varios partidos o coaliciones; el 2,5 por ciento no tenía claro si votar a una candidatura o abstenerse; el 3,2 por ciento se planteaba votar a un partido o coalición o hacerlo en blanco; y el 3 por ciento dudó entre votar en blanco y abstenerse. Por su parte, el 3,8 por ciento de los electores tenía decidido votar en blanco y el 10,8 por ciento tenía claro que se abstendría.

   A la hora de decidir el voto, lo que más interesa al 50,1 por ciento de los valencianos son los temas de la Comunitat Valenciana, mientras que para el 22,5 por ciento lo importante son los asuntos concernientes a España.

   Respecto a la valoración de los líderes políticos, entre mayo y julio --cuando se realizó esta encuesta del CIS--, el 0,3 por ciento no conocía a Francisco Camps (PP); el 32,4 por ciento desconocía a Jorge Alarte (PSPV); el 57,4 por ciento no sabía quien era Enric Morera (Compromís); y el 58,6 por ciento no conocía a Marga Sanz (EUPV).

Luna dice que el informe hallado en el bufete de José Luis Castedo revela que la alcaldesa preparaba su defensa

VALENCIA.- El vicepresidente segundo de la Mesa de las Corts Valencianes, el socialista Ángel Luna, ha asegurado este jueves que el informe sobre él encontrado en el bufete del hermano de la alcaldesa de Alicante es "una prueba evidente de la falta de limpieza con la cual han estado afrontando los problemas de corrupción en la Comunitat Valenciana algunos destacados dirigentes del PP", entre otros "y singularmente" Sonia Castedo, que revela con esta actitud que "tenía también un interés personal en preparar la defensa de sí misma porque ella sabía, seguramente, la que se le venía encima".

   Luna se ha referido en estos términos en los pasillos de las Corts al informe sobre su persona encontrado entre los documentos hallados en los dos ordenadores incautados durante el registro de Salvetti Abogados, el bufete del exedil socialista Javier Gutiérrez y del hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo.

   En este sentido, ha asegurado que "esto forma parte de los ataques que he tenido que venir soportando a lo largo de estos últimos años por denunciar las prácticas de corrupción en la Comunitat Valenciana en distintas instituciones".

   Así, ha indicado que "estas prácticas de extorsión, que son similares a las que producen algunas organizaciones mafiosas fuera de España, son habituales en los comportamientos, al parecer, de algunos políticos".

   No obstante, ha advertido de que con él "han pinchado en hueso" porque, ha garantizado, "no tengo ni he tenido jamás intereses urbanísticos, nunca", ya que posee la vivienda que heredó de sus padres en Madrid y otra en Alicante, que son las que figuran en su declaración de bienes.

   También ha recordado que siempre ha trabajado como abogado a sueldo de las empresas que le contrataban o cobrando honorarios por parte de las empresas a las que asesoraba en el despacho que tenía, de forma que "nunca" ha participado en negocios urbanísticos.

   Luna ha alertado de que "pueden seguir buscando lo que quieran", pero sí ha indicado que convendría "que dieran algún tipo de explicación sobre lo que ellos han estado haciendo" y en este sentido, ha asegurado que el informe hallado es "una prueba evidente de la falta de limpieza con la cual han estado afrontando los problemas de corrupción en la Comunitat Valenciana algunos destacados dirigentes del PP", entre otros "y singularmente" la alcaldesa de Alicante.

   Ha recordado que esto se suma a "alguna conversación que hemos tenido oportunidad de leer también de la alcaldesa de Alicante con algún constructor también de Alicante buscando por cielo, tierra, mar y aire en Alicante, en Murcia y en todas las provincias que yo he trabajado como abogado cosas con las que me pudieran atacar a mí para defender entonces al expresidente del Consell Francisco Camps".

   En este punto, ha señalado que "al parecer, la alcaldesa de Alicante tenía también un interés personal en preparar la defensa de sí misma porque ella sabía, seguramente, la que se le venía encima".