Nuevas proyecciones económicas de España para 2012

MADRID.- España anunció este viernes el techo de gasto y las proyecciones macroeconómicas y de déficit público que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos (actualmente prorrogados) de 2012 que previsiblemente aprobará el Gobierno el 30 de marzo.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que ya había aprobado un ajuste de 15.000 millones de euros a finales de diciembre, estableció un límite del gasto público de 116.295 millones de euros (en términos homogéneos), con un descenso del 4,7 por ciento en términos sobre el techo de gasto del año pasado. 

El techo de gasto previsto por el anterior Gobierno socialista para 2012 ascendía a 117.353 millones.

A continuación, las principales magnitudes previstas por el Ejecutivo de Rajoy para el año que viene.

CUADRO MACROECONÓMICO (**)

2011 ant 2012 ant

PIB real 0,7 1,3% -1,7 2,3%

Consumo final -0,7 0,9% -4,0 1,4%

Consumo AAPP -2,2 -1,3% -11,5 -0,8%

Formación Bruta Capital Fijo -5,1 -1,3% -6,9 2,7%

Demanda Nacional -1,8 0,0% -4,6 1,3%

Exportación Bienes/Servicios 9,0 8,3% 3,4 7,9%

Importaciones de ByS -0,1 3,0% -5,9 4,1%

Aportación exterior* 2,5 1,3% 2,9 1,0%

Empleo -2,0 0,2% -3,7 1,4%

PIB nominal (Variación %) 2,1 2,6% -0,8 3,8%

(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) Previsiones realizadas teniendo en cuenta una "ligera depreciación" del euro y un precio del petróleo prácticamente a 120 dólares por barril, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Tasa de paro: pasa del 21,6 por ciento de 2011 a una previsión de una media del 24,3 por ciento de la población activa.

Necesidad de financiación: pasa del -3,4 por ciento de 2011 al -0,7 por ciento del PIB en 2012.

Gasto de los ministerios pasa de 66.249 millones de euros en 2011 a 57.978 millones de euros en 2012.

Nota: Los datos anteriores corresponden al Cuadro macro presentado el 24 de junio de 2011 bajo el anterior Gobierno socialista.

PREVISIONES DEFICIT/SUPERÁVIT ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

%/PIB 2010 2011 ant 2012

Administración Central -5,66 -5,1 -4,8 -4,0

Comunidades Autónomas -2,83 -2,94 -1,3 -1,5

Corporaciones Locales -0,40 -0,38 -0,3 -0,3

Seguridad Social -0,24 -0,39 +0,4 0,0

DÉFICIT TOTAL AA.PP. -9,3 -8,51 -6,0 -5,8

CCAA y ayuntamientos recibirán 35.000 millones para pagar a proveedores

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5% para pagar las facturas pendientes a proveedores, con un periodo de carencia de dos años. 

   Así lo anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a los titulares de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. 

   "Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente las obligaciones. Será la tónica general", explicó la vicepresidenta, quien argumentó que este plan de pago a proveedores es "clave" para dar confianza, y defendió esta medida como "estímulo" para la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos.

   De Guindos, quien concretó que el interés será el que paga el Tesoro (en el entorno del 3,5%) más un diferencial de 115 puntos básicos, aseguró que prácticamente todos los bancos españoles participarán en el préstamo sindicado, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

   "Se inyecta liquidez en un momento de estrangulamiento del crédito, lo que supondrá un alivio importantísimo que tendrá su impacto en el crecimiento", explicó el titular de Economía, quien agregó que la emisión estará avalada por el Tesoro y contará con el "contraaval" de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales. 

   "Las administraciones tienen que pagar a sus proveedores", enfatizó la vicepresidenta, para después agregar que persigue erradicar la morosidad, que se ha llevado por delante a "muchas" empresas y puestos de trabajo.  

   El Gobierno anunció la semana pasada que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.

   Según avanzó la Sáenz de Santamaría, este plan se hará extensible a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará el próximo martes 6 de marzo.

   Por su parte, Montoro coincidió en la "importancia" de este préstamo, al considerar que abre "una gran ventana" para acometer la reforma de los servicios públicos. "Poner las cuentas al día es la manera para hacer viables los servicios públicos", concluyó.

El Gobierno español aprueba la ley de Estabilidad Presupuestaria

MADRID.- El Gobierno español ha aprobado el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y lo ha remitido a la Cámara Alta para su convalidación.

   Una vez que el Congreso dé 'luz verde' al texto y se introduzcan las enmiendas correspondientes, el proyecto de ley será enviado al Senado para recibir también el visto bueno de la Cámara Alta. Finalmente, volverá de nuevo al Congreso para ser aprobado de forma definitiva.

   La nueva ley introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, y obliga a todas las administraciones públicas a presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.

   Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

   Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

   Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

   Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

   El proyecto de ley contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.

   El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

   En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

   En realidad, se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos.

   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.

   Según el Gobierno, ésta es una de las grandes reformas estructurales que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.

El fiscal general del Estado declara la guerra a la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha adelantado hoy que piensa ser "extremadamente beligerante" con la "corrupción política, social y económica", hasta el punto de que ha dado  instrucciones a los responsables de la Fiscalía Anticorrupción para que se muestren "extremadamente vigilantes en esta cuestión". 

   A su entender, la corrupción es "un cáncer social" que "mina elementos esenciales de la convivencia, lastra recursos necesarios para la propia convivencia y establece un clima de enorme desconfianza en instituciones importantes para la convivencia social y el Estado de Derecho".

Organizaciones cristianas piden proteger el domingo como día festivo

MADRID.- Doce organizaciones cristianas de España han pedido a las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales del conjunto del Estado español que protejan el domingo como día de descanso laboral en la futura legislación nacional y comunitaria relativa al calendario de trabajo, con el fin de "mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras y la conciliación de la vida laboral y la vida familiar".

   Estas organizaciones son la Federación de movimientos de Acción Católica --integrada por Acción Católica General (ACG), Juventud Obrera Cristiana (JOC), Juventud Estudiante Católica (JEC), Mujeres Trabajadoras Cristianas (MTC), Profesionales Cristianos (PX), Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos (MJRC), Movimiento Rural Cristiano (MRC), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de España (Frater)--, la Comisión General de Justicia y Paz (JyP), Acción Católica Obrera (ACO) y las Hermandades del Trabajo (HHTT).

   De esta forma, se suman a la jornada de acción en defensa del 'Domingo Libre' del próximo 4 de marzo, convocada por la Alianza Europea por el Domingo Libre de Trabajo, que reúne a más de 65 organizaciones civiles, sindicales y eclesiales --incluida la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) y la Conferencia de Iglesias Europeas (KEK)--.

   En esta jornada, se pedirán medidas legislativas y políticas "que permitan una mejor conciliación de la vida privada y profesional" y una regulación "más humana" del tiempo de trabajo. En este sentido, reivindicarán el domingo libre porque, a su juicio, permite el encuentro con la familia y con los amigos, así como tomar conciencia de las cuestiones fundamentales de la vida.

   Además, las organizaciones animan a todas las entidades, especialmente del ámbito eclesial, a que "difundan y den visibilidad a esta Alianza, que pretende garantizar el descanso dominical" ya que, según recuerdan, es "lo que recuerda la Iglesia insistentemente en su magisterio".

   Por todo ello, confían en que la sociedad civil reconozca "que el día del Señor es también el día de descanso del trabajo" para que sea posible "liberarse de las actividades laborales sin sufrir por ello perjuicio alguno". En esta línea, recuerdan la exhortación apostólica de Benedicto XVI del 22 de febrero de 2007 'Sacramentum Caritatis', que proclama que "es indispensable que la persona no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida".

Buch: "no hay ningún motivo para pensar que no vamos a hacer frente a los pagos"

VALENCIA.- El conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, ha asegurado este jueves que "no hay ningún motivo para pensar que España no va a hacer frente a sus pagos, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas porque es lo mismo". "España es España", ha resaltado.

   Buch ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), preguntado por la rebaja de los 'ratings' de largo y corto plazo de la Comunitat Valenciana por parte de la agencia de calificación crediticia Standard&Poor's (S&P).

   El titular de Economía ha señalado que desde el Consell elaborarán un informe en el que explicarán que no están de acuerdo en los dos motivos alegados por S&P para la rebaja. El primero apuntado por la agencia de calificación se refiere a las dificultades de la Generalitat a la hora de hacer frente a sus pagos.

   Sin embargo, el conseller ha negado que sea cierto porque, según ha recordado, tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el de Hacienda, Cristóbal Montoro, "han dicho en repetidas ocasiones que no van a dejar caer a ninguna comunidad, que todas van a contar con la administración central".

   Respecto a la opinión de S&P de que el Consell podría no cumplir sus objetivos presupuestarios, Buch ha indicado que se trata de "una cuestión de números". 

"Vamos a presentar números y proyecciones y adoptar nuevas medidas en la recamara", ha manifestado, ya que ha señalado que si la caída del Producto Interior Bruto (PIB) es superior a la prevista "hay que tener alguna medida adicional de ahorro para contrarrestar".

   El conseller ha incidido en que la Comunitat Valenciana va a "cumplir los objetivos de déficit que se nos marquen", porque se trata de algo "fundamental para la credibilidad de España y para que salgamos adelante". Asimismo, ha dicho que trabajarán para que las agencias les suban la calificación "y hagan justicia a esta comunidad".

   Máximo Buch se ha referido a los préstamos ICO "que están ya vehiculizados", a las medidas para el pagos a proveedores y a los 'hispanobonos', que son "los sustitutos de los de la Generalitat y de las demás comunidades autónomas, y que se emiten a un precio mucho más bajo".

   Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, quien también ha atendido a los medios, ha dicho que no cree "en absoluto" en las sociedades de calificación.

   "No se quién las vigila, no se quién las controla y no se quién la forma, con lo que me pueden decir que se ha convertido en amarillo o en azul marino", ha puntualizado. "¿Esa agencia de calificación es la misma que le dio la triple A a Lehman Brothers un mes antes de que quebrara?", ha preguntado Boluda.

   Boluda ha señalado que "después de los recortes y los ajustes hay que relanzar la economía", y ha destacado que la Conselleria de Economía, Industria y Comercio "es la que tiene que dirigir toda esta reactivación".

   Inquirido por si cree que se puede aplicar una política de recortes, pagar a proveedores y al mismo dinero tomar medidas de impulso a la economía, el presidente del AVE ha señalado que "muchas medidas no son económicas".

   En su opinión, "son mucho más importantes otro tipo de medidas para fomentar, para ayudar y para facilitar que traducidas económicamente no son importante, no tienen coste", pero que requieren "mucha voluntad".

   Por su parte, Buch ha destacado que "quien tiene que impulsar las iniciativas y orientar hacia donde debe ir la economía valenciana es la sociedad civil", mientras que desde la administración deben ser es "facilitadores y apoyadores de ese camino que nos indique la sociedad".

EUPV lamenta que la documentación sobre la CAM remitida a las Corts es "insuficiente, incompleta y decepcionante"

VALENCIA.-   El portavoz adjunto de Esquerra Unida (EUPV) en las Cortes, ha lamentado que la documentación sobre la CAM remitida a la Comisión de Investigación de las Corts es "insuficiente, incompleta y decepcionante". Así, ha criticado que ni el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ni el Banco de España ni la CAM "han atendido los requerimientos de documentación" de la Comisión. 

   Torró, en un comunicado, ha explicado que ha expirado el plazo para recibir la documentación solicitada por los diferentes grupos "sin que haya llegado la inmensa mayoría de ésta".

   "El balance es sumamente decepcionante", ha remarcado el diputado, quien ha explicado que sólo disponen de la documentación remitida por la consultora KPMG y por el IVF, que resulta "incompleta y redundante".

   Hay que remarcar que el IVF, a pesar de ser la única institución pública que ha facilitado algunos documentos, "no ha cumplido completamente ni siquiera con la documentación solicitada por el propio PP".

   De esta manera, ha insistido en que ni el Banco de España, ni la CAM "han enviado ninguno de los documentos que se habían solicitado". 

 "Ni actas, ni informes internos, ni informes sobre la supervisión", ha lamentado Torró.  

   "Nos encontramos ante la paradoja de que los medios de comunicación disponen de más información, el famoso informe redactado por los técnicos de la Dirección general de Supervisión del Banco de España, que los diputados de Las Cortes", ha señalado.

   Torró ha criticado que el mes de espera fijado como plazo ha sido un "mes perdido" puesto que la documentación "no ha aportado ninguna novedad reseñable".

   Esta situación es "especialmente condenable" en el caso del IVF que es un organismo dependiente de la Generalitat y, por lo tanto, sometido a la fiscalización de Las Cortes.

   En este sentido, ha recordado que el PP exigía los informes semestrales de la Comisión de Control (Arte. 42.1.a de la Ley de Cajas) y las propuestas de suspensión de la eficacia de los acuerdos del Consejo de Administración (Arte. 42.1.e de la Ley de Cajas). "Evidentemente, este extremo resulta una cuestión más a aclarar a las imprescindibles comparecencias de los diferentes directores del IVF".

   Esquerra Unida asegura que la documentación remitida por el IVF "no cumple los requerimientos de la comisión".

 "De hecho, aquello que es realmente novedoso son los informes de los auditores, puesto que el resto de la información que ha facilitado es accesible a todo el público a través de la red".

   El portavoz de EUPV ha subrayado que hay informes de auditoría duplicados, "no sólo por haber sido remitidos por KPMG y el IVF, sino que el propio IVF los ha enviado redundantes, puesto que las auditorías de la CAM y las entidades dependientes ya los incluyen. Curiosamente, hay que remarcar que entre la documentación aparecen todas las auditorías, a excepción de las entidades dependientes de 2007", explica.

   Para Torró, estos informes de los auditores "aportan muy poco sobre el estado real de la entidad. Tan sólo permiten ver cuál era la situación que los gestores de la CAM presentaban ante los organismos de supervisión".

   "Se limitan a dar el visto bueno al documento contable presentado por la entidad sin que, aparentemente al menos, haya ningún tipo de contraste real de los datos con otras fuentes o que se cuestione de alguna manera los criterios empleados", ha agregado.

   Por este motivo, ha señalado que su formación ha reclamado los informes internos de viabilidad de las inversiones de la CAM en Terra Mítica, México, Polaris World o Seseña.

 "Sin esta documentación el trabajo de la comisión se verá seriamente comprometido", ha advertido Torró.

El Consell revisará los expedientes de las ONGs investigados por Anticorrupción

VALENCIA.- El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha dado la orden al secretario autonómico de Familia y Solidaridad, Enrique Navarro, de que inicie un proceso "de revisión" de todos los expedientes relacionados con las fundaciones que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.

   Jorge Cabré ha destacado que el informe de conclusiones de esta revisión "será puesto a disposición de la Administración de Justicia y de todos los grupos políticos representados en las Corts", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

   De esta manera, el conseller pretende "contribuir desde el principio de máxima transparencia" por tratarse de fondos destinados a la cooperación y al desarrollo, "un sector por el que sentimos un insondable respeto y al que consideramos ejemplar por su trayectoria en una sociedad tan solidaria como la valenciana".

   Jorge Cabré ha reclamado que "en ningún momento debe ponerse en duda la gran labor que realizan las ONGs". 

"Si las investigaciones judiciales y la revisión que vamos a realizar determinasen alguna irregularidad, estaríamos ante un caso aislado y concreto y no debe ni puede dañar la imagen de numerosas fundaciones y ONGs que desarrollan una labor excepcional y maravillosa en nuestra Comunitat y en innumerables países donde existe un gran sufrimiento y necesidad", ha precisado.

   El titular de Justicia y Bienestar Social se ha ratificado en sus declaraciones en als que ha pedido que la investigación judicial que se sigue en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia --que ha llegado a detener a 15 personas, entre ellas el director geenral de Cooperación, Josep maria Felip-- "llegue hasta el final de este asunto para que se sepa si ha habido o no alguna irregularidad o delito porque el Gobierno de Alberto Fabra es el primer interesado en saber lo que ha sucedido".

   Igualmente, el conseller ha pedido "respeto a la presunción de inocencia de las personas que están implicadas".

 "Estamos hablando de ciudadanos que están en plenitud de sus derechos y que gozan de la plena presunción de inocencia", ha manifestado.

La Audiencia de Alicante valida los registros realizados en el curso de investigación del 'Brugal'

ALICANTE.- La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante ha validado los registros realizados en el curso de la investigación del caso 'Brugal', que investiga la parte relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según recoge el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   El tribunal de la sección séptima ha desestimado el recurso de apelación presentado por uno de los imputados, el empresario oriolano Ángel Fenoll, al que se adhirieron las representaciones legales de  Antonio Amorós Sánchez y de Jorge Sanz Sánchez.

   La sección séptima utiliza los mismos argumentos en este auto que los empleados en la resolución adoptada el pasado 23 de febrero para validar parte de las intervenciones telefónicas de la investigación, al considerar como extemporánea la declaración de nulidad de las resoluciones y actuaciones judiciales impugnadas por las partes en fase de diligencias previas.

   Para ello, además alude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS) en cuestión de nulidad de actuaciones, e incluso recuerda el criterio adoptado por la Audiencia Provincial de Alicante en anteriores ocasiones.

   Así, recuerda que el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 4 de marzo de 1986 y 12 de mayo de 1987, recoge que la nulidad de actuaciones procesales "constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone, tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal".

   De igual modo, apunta que, en el procedimiento ordinario por delitos --sumario--, según criterio constante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "es en el acto del inicio del juicio oral, mediante el planteamiento de cuestión previa de nulidad de actuaciones por haberse producido vulneración de derechos fundamentales, cuando debe plantearse la misma".

   El auto remarca que hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuya doctrina unitaria marca que, cuando se pretende obtener la nulidad de determinadas actuaciones por entender que se han producido con violación de derechos fundamentales, el planteamiento de la cuestión debe reservarse para el juicio oral.

PwC presenta la oferta económica más barata para diseñar el ERE de RTVV

VALENCIA.- La empresa Pricewaterhouse Coopers (PwC) ha presentado la oferta económica más barata --por un importe de 112.500 euros-- para adjudicarse el diseño del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana (RTVV). La propuesta de esta firma es inferior a la de las otras dos entidades que optan, Garrigues Abogados, de 125.000 euros, y Broseta Abogados, de 160.000. 

   Así se puede ver en un vídeo grabado este miércoles y colgado en Youtube --y que ha sido facilitado por los sindicatos-- durante el acto de apertura de las ofertas económicas para hacerse con el servicio de asesoramiento jurídico en apoyo a la dirección del ente público RTVV para la negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar su viabilidad.

   En el vídeo se puede ver cómo uno a uno se van abriendo los sobres que contienen la documentación referente a cada una de las empresas. En primer lugar se da a conocer la propuesta de Broseta, de 160.000 euros; posteriormente, la de Garrigues, que, aunque en un principio se anota como de 147.500 se corrige y se deja finalmente en 125.000 y, por último, se señala que la de PwC es de 112.500.  

   En el audiovisual, titulado 'Protesta por la apertura de plicas para el ERE de RTVV' se puede observar también las quejas que decenas de trabajadores protagonizaron ayer durante el transcurso del acto. Los empleados, según explican fuentes sindicales, exigieron la dimisión del director del ente, José López Jaraba, por el ERE que "pretende echar a la calle centenares de trabajadores".

   De hecho, la apertura de las plicas se llevó a cabo "en medio de los gritos de protesta" de los trabajadores que exigían "respeto" a sus derechos laborales, por lo que "fue imposible la audición de las diferentes ofertas presentadas".

   Según explicaron fuentes de RTVV, una vez llevada a cabo la apertura de las plicas técnicas y económicas, ahora la mesa de contratación tendrá que decantarse entre las tres aspirantes y elevar su propuesta a la Dirección General del ente.

La Diputación pide al Gobierno medidas para agricultores y ganaderos afectados por el acuerdo agrícola de la Unión Europea

ALICANTE.- El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este jueves dos mociones conjuntas presentadas por el equipo de Gobierno y el grupo socialista, por las que pide al Gobierno central medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos de la provincia afectados tanto por las últimas heladas registradas en la Comunitat Valenciana, como por el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos sobre la liberalización del comercio de productos agrícolas y pesqueros. 

    Así, la Diputación ha acordado solicitar al Gobierno Central instrumentos de compensación para los agricultores y ganaderos que han sufrido los efectos de las últimas heladas como la aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF y la puesta en marcha de créditos bonificados.

   Los 'populares' piden, asimismo, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos a todos aquellos municipios de la Comunitat Valenciana donde se hayan registrado heladas, que han afectado a amplias zonas agrícolas de la Comunitat Valenciana, y han comprometido muchos cultivos y repercutiendo de forma importante en las rentas agrarias de agricultores y ganaderos.

   "Ante estas circunstancias, entendemos que es una responsabilidad compartida por la administración municipal, autonómica y estatal favorecer la puesta en marcha de aquellos instrumentos que contribuyan al mantenimiento de una actividad que constituye la piedra angular sobre la que se sustenta buena parte de la economía y la realidad sociocultural de nuestros pueblos", destaca el texto.

   La otra moción conjunta denuncia los efectos negativos del acuerdo de la Unión Europea (UE) con Marruecos sobre la liberalización del comercio de productos agrícolas y pesqueros y reclama, entre otras medidas, que se revisen las condiciones de aplicación de contingentes y precios de entrada, así como mecanismos compensatorios a los agricultores afectados.

   El portavoz del equipo de Gobierno, César Augusto Asencio, ha señalado que este acuerdo agrícola supone "una mala noticia para el campo español y valenciano ya que consolida una situación de competencia desleal".

   Ante esta situación, la Diputación insta al Gobierno y a la Unión Europea a que se vigile el cumplimiento de las condiciones del acuerdo para que no se repitan situaciones del pasado en cuanto a las violaciones de los cupos y precios de entrada de productos marroquíes en la Unión Europea.

   Asimismo, piden que se establezca en la Política Agrícola Común un marco normativo que exija las mismas condiciones de producción a los alimentos obtenidos en los Estados Miembros que a los procedentes de países terceros para su comercialización en Europa y que se revisen las condiciones de aplicación de contingentes y precios de entrada, así como mecanismos compensatorios a los agricultores afectados.

   Durante la sesión plenaria de marzo, el Pleno ha rechazado con los votos mayoritarios del PP, la moción presentada por el grupo socialista, para condenar la actuación policial en la manifestación de estudiantes contra los recortes en educación ante el Instituto Luis Vives.

   En esta propuesta, los socialistas también reclamaban la dimisión de la subdelegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y del Jefe Superior de Policía en la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno, por la actuación policial en la manifestación de estudiantes contra los recortes en educación ante el Instituto Luis Vives.

   En el debate de este punto, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, han remarcado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero deben pedir autorización previa para que la Policía pueda salvaguardar la seguridad".

   Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, César Augusto Asencio ha subrayado que "no es posible que el derecho a manifestarse implique actuaciones ilegales y violentas, como cortes de calles y ataques a la policía".

   El portavoz socialista, Alejandro Soler, ha considerado que "justificar que la policía le pegue a los estudiantes es una actitud fascista y antidemocrática", y ha asegurado que "nunca hay ningún tipo de justificación ni de disculpa" ante esta situación.

   Así mismo, el equipo de gobierno también ha votado en contra de la petición de los socialistas de instar al Gobierno Central a la retirada del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Almudena de Arteaga gana el Premio Azorín de Novela

ALICANTE.- La escritora Almudena de Arteaga ha resultado ganadora en la XXXVI edición del Premio Azorín de Novela con su obra 'Capricho', ambientada entre finales del siglo XVIII y principios del XIX y en la que presenta una historia sobre las tres musas del pintor Francisco de Goya.

   El fallo se ha dado a conocer este jueves en el transcurso de una gala celebrada en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). De Arteaga había presentado su obra bajo el pseudónimo de 'Micaela' y el lema 'Las fuentes de una musa'. Ese texto gira en torno a las tres musas de Goya y, según la propia autora, es una obra "con mucha intriga y mucha feminidad".

   Almudena de Arteaga, marquesa de Cea y autora de una biografía sobre 'La princesa de Éboli', entre otras, y de 'Ángeles Custodios', sobre el médico alicantino Francisco Javier Balmis, ha definido su novela como "histórica, aderezada con toques de intriga".

   El argumento gira en torno a tres mujeres, musas de Goya, por "las cualidades que representan": la Duquesa de Alba, que representa "la belleza y la seducción"; la Duquesa de Osuna, que representa "la inteligencia"; y la Condesa de Chinchón, esposa de Godoy, y que representa la "ingenuidad". Como unión o "anclaje", según De Arteaga, una cuarta mujer, Michelle, una sombrerera huida de la Revolución Francesa, que es "el único personaje inventado".

   Estas mujeres y la sociedad del momento, según la autora, vivían en un momento de prosperidad y las aristócratas tenían "un capricho detrás de otro capricho". En este sentido, el título de la obra, 'Capricho', se debe a este modo de vivir, truncado por la invasión napoleónica, así como por el nombre de los grabados de Goya, la lujosa finca de la Duquesa de Osuna y por "el capricho de Godoy" de conseguir los cuadros de las majas, lo que lo llevó a "hacer lo que fuera por conseguirlos".

   Así, la intriga viene de la mano de estos "misteriosos" cuadros, que en su momento se "desconocía si eran uno o dos, si estaba desnuda o vestida" y que llegaron a "desaparecer". En torno a estos cuadros, según De Arteaga, "se tejen robos, asesinatos, presidios e Inquisición".

   Según ha resaltado, "todos los detalles utilizados son reales, todos, hasta los pasteleros y las calles que aparecen" e incluso la trama en relación a los cuadros, en los que se recoge la "desaparición real de un mandadero de Goya", junto con los cuadros que transportaba.

   Así, en la novela aparecen "un conjunto de caprichos de todos los personajes, hasta que lo perdieron todo en la invasión francesa", así como los intentos por "recuperar aquello que tuvieron y la posibilidad de que finalmente sea así".

   En esta situación, la escritora ve "un paralelismo involuntario" con la situación actual, en la que ha habido "un cambio en los valores" que imperaban cinco años atrás. Según ha dicho, empezó la novela "de forma muy alegre, con fiestas, toros, mesas francas y todo eso se rompe".

   En la novela, cuando llega la guerra, según ha dicho, "no hay diferencias sociales, los que tenían todo y un capricho detrás de otro, ven que su orden de valores varía". Igualmente, en la actualidad, "nos preocupan cosas que no nos hubieran ni pasado por la mente hace cinco años", ha zanjado.

Rebajan a una multa y diez años de inhabilitación la condena por prevaricación al alicantino juez Urquía

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado la multa impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al que fuera titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella (Málaga) el alicantino Francisco Javier de Urquía por un delito de prevaricación en la 'Operación Hidalgo' pero le mantiene las penas de prisión de dos años e inhabilitación durante 17 que le fueron impuestas por el tribunal andaluz por este mismo delito y otro de cohecho.

   En la sentencia, el alto tribunal anula parcialmente la dictada por el TSJA en cuanto a que no ve que la actuación prevaricadora de De Urquía tuviera una "continuidad delictiva". Así, le rebaja la sanción económica de cien euros al día durante 18 meses a una de 25 euros al día durante doce meses pero mantiene la inhabilitación por diez años.

   Con respecto al delito de cohecho, el Supremo mantiene lo dictado por el TSJA, es decir, una pena de dos años de cárcel, el pago de una multa de 60.000 euros y la inhabilitación para el cargo de juez o magistrado por tiempo de siete años.

   Durante la vista celebrada la pasada semana en el Supremo, la Fiscalía había pedido que se rechazasen los recursos presentados contra la sentencia andaluza y se mantuviesen las condenas por prevaricación continuada y cohecho al considerar que el juez se puso de acuerdo con un amigo para pedirle 60.000 euros a uno de los imputados en la operación a cambio de decretar los autos de libertad provisional para él, su mujer y su sobrino.

   Sin embargo, la Sala de lo Penal del TS ha estimado algunos de los motivos argumentados por la defensa del juez para señalar que no se puede apreciar un delito continuado ya que la decisión de poner en libertad a esos tres imputados se "adoptó en una única acción y un solo acto de voluntad".

   En este sentido, reconoce que el delito continuado exige varias acciones u omisiones y, en el caso del recurrente dictó el mismo día los tres autos acordando la libertad de los tres imputados. "Es claro que pudo haberlo hecho en una sola resolución, por lo que el que haya optado por hacerlo separadamente, dadas las demás circunstancias concurrentes, no permite apreciar la existencia de acciones autónomas dotadas de individualidad suficiente", recoge.

   Además, ha estimado parcialmente otro de los motivos argumentados por la defensa, sobre la cuantía de la multa impuesta por ese delito. Y es que, en este sentido, el TSJA fijó una cuota diaria de cien euros (3.000 al mes) atendiendo al hecho de que el recurrente ejerce como profesional de la abogacía pero "nada demuestra" que por ello la situación económica del juez sea buena.

   Así las cosas, el Supremo reconoce que esa actividad profesional "puede ser un ejercicio económicamente exitoso o no serlo", ya que no se aporta ningún dato "esclarecedor" que garantice esa supuesta buena posición económica, por lo que establece finalmente la cuota diaria en 25 euros.

   La defensa de De Urquía había pedido la absolución argumentando que la puesta en libertad de los tres imputados era "la única opción posible porque no se podía prolongar la detención" y que "no fue una solución discrecional". 

Asimismo, había calificado de "el absurdo más absurdo" que la sentencia del TSJA basase la existencia del cohecho en la prevaricación y que vea este delito solo en la intencionalidad mientras que la doctrina del Supremo pide que para demostrar prevaricación es necesario que haya un tipo objetivo.

Fabra dice que el Gobierno tiene que ayudarles con su deuda porque no obtendrán confianza hasta que paguen a proveedores

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha manifestado este miércoles que el Gobierno central "tiene que ayudarles" a resolver sus problemas de pago a proveedores e instituciones porque no obtendrán la "confianza necesaria" de éstos y de los inversores extranjeros hasta que no salden su deuda con los proveedores.

   Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de inauguración de la Feria Egética, Expoenergética, Ecofira, Novabuild y Green Up, al ser preguntado por la rebaja de S&P de la calificación de la deuda de la Comunitat por debajo del umbral del grado de inversión debido precisamente a las "incertidumbres" sobre el apoyo del Ejecutivo estatal a la hora de atender su deuda.

   Al respecto, Fabra ha achacado esa bajada de los 'ratings' de largo y corto plazo de la Comunitat a que se ven "arrastrados por una rebaja también que se ha hecho a nivel de Reino de España" y ha reivindicado que dados los "momentos de extrema dificultad" que atraviesan todas las autonomías y administraciones, el Gobierno tiene que ayudarles a resolver sus problemas de pago.

   De hecho, ha asegurado que esa fue una de las cuestiones que comentó este martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que éste le transmitió una garantía "absoluta" de que les ayudarían en este sentido.

   El jefe del Consell ha insistido en que la ayuda estatal "tiene que ir destinada en estos momentos a pagar a los proveedores y a ayudar a las administraciones a generar esa confianza necesaria de los países extranjeros".

   "Hasta que no generemos ese pago a proveedores no vamos a conseguir la confianza necesaria tanto de las instituciones y de los proveedores como también de inversores extranjeros", ha remarcado Fabra, quien ve "fundamental" cumplir esos compromisos para recuperar "esa confianza que luego se reflejará seguro en la valoración que puedan hacer esas agencias". "Y en eso estamos", ha dicho.

   En cuanto a las garantías que le ofreció Rajoy al respecto, ha asegurado que "absoluta" y ha recordado que la pasada semana "ya salió la ayuda a los ayuntamientos y esta semana en un principio saldrá también la ayuda de las comunidades autónomas".

   Según Fabra, "el concepto que transmite el Estado es de colaboración con el resto de administraciones, y eso es fundamental" dado que "todos somos parte del Estado y tenemos que ayudar a generar esa confianza necesaria que nos ayude a todos" y que "haga que los mercados exteriores, la Unión Europea y otros países inversores, tengan la confianza necesaria para poder venir a nuestro país".

   Así, ha subrayado que "la colaboración tiene que ser conjunta de todas las administraciones" y ha enmarcado en esa afirmación la "idea que tiene el Gobierno de ayudar a todos, tanto a los ayuntamientos la semana pasada como esta a las comunidades autónomas, para que podamos pagar a proveedores y ganar confianza de dentro y de fuera".

Alrededor de 300 alumnos de secundaria se manifestan en Alicante contra los recortes

ALICANTE.-   Alrededor de 300 estudiantes se han manifestado este miércoles en la ciudad de Alicante en protesta por los recortes en educación y donde se han escuchado alusiones a la acción policial en las marchas estudiantiles celebradas en Valencia. La manifestación se ha desarrollado de manera pacífica bajo vigilancia de efectivos de las Policías Nacional y Local.

   La manifestación de estudiantes ha partido sobre las 11.00 horas de la escalinata del IES Jorge Juan y ha discurrido por las céntricas avenidas de General Marvá y Federico Soto, para continuar hasta la sede del Consell en Alicante, en la avenida Doctor Gadea de Alicante. Los participantes portaban pancartas en las que podía leerse 'España también es campeona en recortes', 'No recortéis nuestro futuro, que se recorten ellos los trajes'.

   Además, junto a las pitadas, los jóvenes recordaban a gritos que los alumnos no son gasto "sino inversión", proponían a los políticos que "si quieren recortes, que empiecen por las Cortes" y hacían alusión a la acción policial en las protestas llevadas a cabo en Valencia con la frase Què valents que peguen als xiquets!.

   Llegados a la confluencia de las avenidas Federico Soto y Maissonnave, los estudiantes han decidido desviarse del itinerario inicialmente previsto --que les llevaba a la plaza de la Montañeta, donde iban a coincidir con una manifestación de delegados de CCOO y UGT contra los recortes en los servicios públicos--, y han optado por realizar una sentada en un parque situado junto a la sede del Consell en Alicante, en la avenida Doctor Gadea.

El Presidente de Cantabria aboga por reformular Estado de las Autonomías

SANTANDER.- El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, del PP, ha opinado este miércoles que habría que "repensar" el Estado de las Autonomías, del que, sin embargo, se ha declarado "partidario", porque, a su juicio, "se han dado muchas transferencias" a las comunidades que actualmente "no son sostenibles".

   En una entrevista en ABC Punto Radio,  Diego ha apuntado que no se trata de un "problema" sólo de Cantabria sino de "todas" las comunidades autónomas.

   Tras poner como ejemplo las transferencias realizadas a Cantabria en materias como la Sanidad --en la que ahora hay que reconocer ante el Parlamento 260 millones de euros de deuda farmacéutica porque el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) "no pudo pagar" las facturas o "no quiso hacer el esfuerzo"--, o la Justicia --a su juicio "mal negociada"--, Diego ha opinado que algunas se han convertido en un "problema añadido" porque "no son sostenibles" en las condiciones en que se hicieron.

   Sin embargo, y aunque ha precisado que habría que "reformular" el Estado de las Autonomías, el presidente regional ha reconocido que en sus 30 años de existencia en España este modelo de Estado "ha posibilitado avances importantes", "progreso" y "calidad de vida" para los ciudadanos.

   Diego también fue cuestionado anoche en relación a este asunto en una entrevista en 'La Brújula', de Onda Cero, en la que ha negado que "en absoluto" se trate de una "oleada de centralismo".

   De hecho, Diego ha asegurado que significa "todo lo contrario" y se trata de que "cada uno", cada comunidad autónoma, "asuma su responsabilidad".

   "Ahora lo fácil sería renunciar a nuestras competencias y recurrir al centralismo", ha dicho el presidente regional, quien, en cambio, ha opinado que lo que las comunidades autónomas tienen que hacer es reconocer su responsabilidad en la gestión y "cooperar" con el Gobierno central para corregir el déficit de España.

   Según ha explicado, se puede hacer si, "uno a uno", los responsables de las comunidades autónomas adoptan medidas y toman decisiones, algunas "no gratas", que sirvan para "corregir el camino" emprendido en años anteriores "sin esperar" a que el Estado les "inste" a ello.

   Durante la entrevista en el programa 'La Brújula', de Onda Cero, Diego ha explicado que el Gobierno de España aún no les ha trasladado el "máximo" de déficit público que se va a autorizar a las comunidades autónomas este año, un dato para el que aún no dispone con una "cifra exacta".

   Sin embargo, ha explicado que tendrá que tener en cuenta las "exigencias de Bruselas" para el déficit de España, porque el de las comunidades autónomas "computa" dentro de él.

   Durante su entrevista en ABC Punto Radio, y cuestionado por las exigencias de Bruselas a España para rebajar el déficit, el presidente regional ha explicado que "le gustaría pensar" que se suavizarán pero ha reconocido que, poniéndose en el lugar de los responsables económicos de la UE y con lo ocurrido con Irlanda, Portugal y Grecia y con los últimos datos del Ministerio de Economía sobre el déficit de las CC.AA, sería "muy reticente" a dar flexibilidad.

   En Onda Cero, y a preguntas del entrevistador, Diego ha afirmado que si el Gobierno de Cantabria no cumple este año los objetivos que se le marquen a la comunidad, entre otros aspectos en el del déficit, "asumirá la responsabilidad".

   El presidente del Gobierno de Cantabria ha afirmado que "asume el compromiso" de hacer lo mismo que se les ha pedido a los responsables de las empresas públicas: cumplir los objetivos para hacerlas viables ya que, de lo contrario, podrían ser despedidos.

   "No tengo inconveniente en hacerlo", ha dicho Diego, al ser cuestionado sobre si él mismo tomaría la decisión de dejar el Gobierno regional si, al cierre de 2012, no cumple los objetivos para la comunidad autónoma. "Tendré que hacerlo, por más que el objetivo sea complicado porque se ha acabado la fiesta".

   Diego ha subrayado que, de las cuatro comunidades autónomas más incumplidoras en el déficit, tres de ellas (Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura) fueron gobernadas el pasado año por el PSOE.

   Sin embargo, ha confiado en que Cantabria "podrá sobreponerse" de la situación dejada por un Gobierno PRC-PSOE "absolutamente irresponsable" gracias al Plan de Ajuste planteado por el actual Ejecutivo regional (PP).

   En relación a estas medidas de ajuste, y en una entrevista en la Cope, Diego ha reconocido que "quiere pensar que va a ser suficiente" con las medidas anunciadas.

   "Vamos a trabajar para que sea suficiente", ha garantizado el presidente de Cantabria, quien ha asegurado que, a través de la gestión de los gastos y del ahorro que se puede hacer "en muchísimas partidas presupuestarias" sin que se "resientan" los servicios a lo ciudadanos --"una cuestión vital que tiene que estar por delante de cualquier otra razón", ha dicho--, se va a conseguir que "sean suficientes".

Montoro anuncia que se definirán las competencias de las diputaciones provinciales

MADRID.-   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que la reforma de las administraciones públicas que plantea el Gobierno para cumplir su idea de una administración, una competencia, será rápida y afectará a las diputaciones, cuyo "importante" papel se tiene que aclarar para que asuman competencias que están ejerciendo los municipios más pequeños "en condiciones no óptimas".

   Montoro ha comparecido en la comisión de Entidades Locales del Senado para explicar sus planes de trabajo. Ha asegurado que el país está "en condiciones" de reformar el mapa administrativo para aclarar las competencias de cada cual y lograr unas administraciones públicas "lo menos costosas posibles". El Gobierno quiere llevar a cabo esta reforma "con bastante rapidez" porque de no ser así, ha sentenciado, "no será posible" terminar con el déficit público.

   En lo que atañe a los ayuntamientos, supondrá reformar la ley de gobierno local para asegurar qué competencias son propias de los municipios y también su financiación. Cristóbal Montoro ha subrayado que se quiere "evitar" las llamadas competencias impropias, aquellas que ejercen los consistorios pero que corresponden a otra administración, y aclarar la financiación de cada servicio que se presta, lo que afecta también al Estado y a las Comunidades Autónomas.

   Esta reforma paralela de la financiación municipal, para que cada competencia sea financiada "correctamente", supondrá estudiar cómo se distribuyen los tributos y abordar también una mayor "autonomía financiera", lo que no deberá traducirse en más impuestos para los ciudadanos, ha agregado.

   El rediseño del mapa administrativo supondrá, según ha precisado hoy el ministro, reformar el papel de las diputaciones; lejos de plantear su desaparición, Cristóbal Montoro ha explicado que estas instituciones tienen un "importante papel que jugar" y que es necesario especificar su trabajo, porque pueden asumir competencias que ahora ejercen los ayuntamientos más pequeños "en condiciones no óptimas".

   "Necesitan una reforma que especifique sus actividades claramente y que conlleva una simplificación de las competencias que están ejerciendo los municipios de menor tamaño en condiciones no óptimas", ha subrayado.

   Cristóbal Montoro ha defendido el compromiso de su gobierno con los ayuntamientos y el respeto por su autonomía, como también por el autogobierno de las comunidades. "Este Gobierno pretende profundizar y mejorar ese Estado de las autonomías, no al contrario", ha dicho, aunque ha reconocido que dado el "agobio financiero" exista la "tentación" en algunas administraciones "de entregar las llaves" y devolver competencias. "Nos han votado para hacer lo contrario", ha sentenciado.

   El portavoz del PSOE, Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, le ha "confesado" al ministro que el "aliado natural" de los ayuntamientos es el Gobierno y viceversa, "independientemente del color político", y ha subrayado que los municipios tienen mejor relación con el Ejecutivo que con los gobiernos autonómicos.

   El alcalde y senador ha lanzado una batería de propuestas al ministro sobre las entidades locales, como una quita en la devolución que deben hacerle al Gobierno de los adelantos de 2008 y 2009, o convertir las tasas en impuestos y ponerles un suelo, un mínimo, para aproximarlas "al coste real de los servicios".

   Belloch ha exigido sobre todo que se termine con la existencia de las competencias impropias y ha asegurado que el déficit estructural de los ayuntamientos se terminaría sólo con que cobraran lo que les deben otras administraciones por ejercerlas. Como Montoro, ha reconocido que en algunos casos se está cerca de la quiebra técnica

Montoro sitúa "próximos a la quiebra técnica" a algunos ayuntamientos

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido que la "gravedad" de la crisis ha mermado "con virulencia" la solvencia de las corporaciones locales y ha llevado a algunos ayuntamientos a "situaciones próximas a la quiebra técnica", con "enormes e inaceptables" retrasos en el pago a proveedores y en las nóminas de los trabajadores. 

   Durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Montoro ha considerado "inaceptable" la situación, por lo que ha resaltado la necesidad de conocerla y corregirla con diferentes medidas que mejoren la liquidez de las corporaciones locales y la situación de las empresas en España.

   En este sentido, el ministro ha resaltado la necesidad de sanear las cuentas para facilitar el objetivo común de generación de crecimiento económico y empleo y se ha referido al mecanismo que implementará el Gobierno para que las administraciones públicas puedan hacer frente a los pagos pendientes con proveedores.

   De hecho, ha repasado las líneas generales del anteproyecto de ley y el real decreto ley aprobado el pasado viernes, que posibilitará la creación del mecanismo que se desarrollará para hacer frente a estas deudas y que, según Montoro, en ningún caso elevará el déficit público.

   Este mecanismo, según Montoro, será una "gran operación financiera" y se cerrará "bien pronto", de forma que esté vigente a lo largo de 2012 y habilite las condiciones necesarias para que las administraciones puedan cumplir con sus obligaciones pendientes.  

   Además, Montoro ha justificado esta medida al decir que no solo facilitará el pago de las deudas a las administraciones, sino que también promoverá la inyección de un gran volumen de dinero sobre la economía real, los autónomos, las pymes y las grandes empresas.

   "No se debe entender esta operación como una relajación o flexibilización", ha señalado Montoro, tras recordar que el objetivo es "sanear y clarificar" las cuentas y comprometerse con el principio de estabilidad presupuestaria.  

   El titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la necesidad de trabajar en "acuerdos políticos y consensos" porque hay que "hacer de la necesidad virtud" y convertir la crisis en una "oportunidad" para sacar adelante reformas estructurales "útiles" para favorecer la salida de la crisis.  

   En este sentido, ha asegurado que la política del Gobierno se fundamenta en la consolidación fiscal y en un "amplio" programa de reformas. "Las metas son claras", ha dicho, tras recordar que el objetivo principal es conseguir el saneamiento del sector público y generar un escenario de confianza para poder crecer y crear empleo.

   Así, el ministro ha repasado algunas de las medidas implementadas por el Gobierno desde que llegó a La Moncloa, sobre todo aquellas que afectan a comunidades autónomas y ayuntamientos, como el anticipo del 50% de las liquidaciones del año 2010 o el aplazamiento de las devoluciones de las liquidaciones de los años 2008 y 2009.

   De la misma forma, ha resaltado la intención del Gobierno de no exigir la licencia previa en los comercios y aplicar criterios "más efectivos de control, al tiempo que ha resaltado la necesidad de llevar a cabo este tipo de medidas en todas las administraciones de forma que se puedan coordinar en todo el territorio.  

   Finalmente, se ha referido al anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que actualmente está en el Consejo de Estado, y ha asegurado que es uno de los grandes proyectos del Gobierno para recuperar la confianza frente a los socios europeos y los acreedores.

   "Muy pronto estaremos en condiciones de enviarlo a las Cortes", ha dicho Montoro, quien ha insistido una vez más en la "importancia" de los acuerdos políticos en esta materia porque se trata de una ley orientada a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, fortalecer la confianza y reforzar los compromisos adquiridos por España.

   Montoro ha resaltado la novedad que supone que todas las comunidades tengan que elaborar techos de gasto, algo que no ocurre en otros países y que aporta mucho más "transparencia" y más compromiso democrático porque permite a las Cortes participar en todo el proceso previo a la elaboración a los Presupuestos.

Dos tercios de asistidos por Cáritas están derivados de los servicios sociales

MADRID.- El secretario general de Cáritas en España, Sebastián Mora, ha afirmado que el 65 por ciento de las personas que acceden a los recursos de atención primaria de Cáritas están derivados por los servicios sociales municipales y ha reconocido que, a pesar del deseo de la organización, "están sustiyendo alguna acción del Estado, entendido como administración pública".

   En declaraciones a RNE, Mora ha afirmado que desde la organización se está tratando de "estirar" lo máximo posible para ayudar porque "ni pueden, ni deben, ni sería conveniente sustituir al Estado".  

   En este sentido, ha explicado que han recibido tanto donaciones en especie como donaciones dinerarias y que en el último año "han crecido en 17 millones de euros de los cuales todo el crecimiento ha sido de donativos privados, de personas y de empresas e instituciones".  

   "Ha decrecido la ayuda de los gobiernos municipal, autonómico y central y sin embargo ha crecido mucho la ayuda de las donaciones privadas entre ellas las de empresas, restaurantes que donan tanto en especie como en dinero", ha añadido.

   Mora ha afirmado que un fenómeno que se está dando en España es el de los trabajadores pobres, "gente que está trabajando a jornada completa pero que sigue por debajo del umbral de la pobreza" y ha explicado que "un 14 por ciento de los trabajadores no pueden sacar a sus familias adelante a pesar de trabajar ocho o diez horas al día".

   En este sentido, ha señalado que en España hay dos redes asistenciales importantes, "la red familiar, que sigue sustentando a muchas personas" y las redes asistenciales entre las que se encuentra Cáritas.

   De este modo, Mora ha afirmado que "en los últimos años se han incrementado mucho a Cáritas las peticiones de ayuda para necesidades básicas como la alimentación, vestido, pagar la luz, pagar el gas, pagar un uniforme del niño o la compra de los libros para los niños".

 "Tras una necesidad básica hay una necesidad de desarrollo personal y tras una petición de alimentación hay una petición de autoestima, de escuha, de empleo, de una vivienda minimamente digna; de ser un ciudadano normal", ha explicado.

   Por ello, la organización diocesana realiza su labor en cuatro líneas de trabajo. Una primera de acogida, que significa "acoger a todas las personas que llegan a su servicio" y aunque "no solucionan todo, tratan al menos de escuchar a todas las personas".

   También, ofrecen ayuda, que puede ser "dineraria, en forma de talleres de formación, ayuda psicológica o de asesoría legal" y;  programas de desarrollo de las de empleo, vivienda, derechos sociales, en los que "tratan de recomponer lo que está descompuesto".

   Por último, Mora ha explicado que realizan la "denuncia pública de lo que ocurre", donde tratan de ser "el amplificador de la voz de las personas más pobres".

   El secretario general de la organización, ha explicado que el año pasado se atendió en Cáritas "a 1.500.000 personas y este año se prevé que ese número ascienda entre un 20 y un 17 por ciento".

   Así, ha señalado que se ha producido una importante "erosión de las clases medias y medias bajas" donde se encuentran familias en la que ambos cónyuges tenían trabajo y una vida normal y se va erosionando por diferentes factores, lo que ha producido, según ha explicado Mora, una "incorporación masiva de más de un millón de personas a vivir por debajo del umbral de la pobreza".

   Por ello, ha afirmado que a Cáritas le preocupa, "la fractura, la brecha y la desigualdad que se está generando en la sociedad", donde "los que tienen cada vez tienen más y los que no tienen cada vez tienen menos y, además, cada vez son más los que tienen menos".  

   No obstante, Cáritas "cree que este aumento se puede detener" con una "concienciación ciudadana amplia, una concienciación empresarial amplia y con una política distintas".

   En este sentido, Mora ha afirmado que tienen encuentros con "la mayoría de partidos en los que presentan estudios, propuestas, se reflexiona y existe una receptividad importante en el trato aunque luego no se vea aplicado en políticas concretas.

Enrique Martín presenta su renuncia a la presidencia de Coepa y anuncia que no se presentará a la reelección

ALICANTE.- El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Enrique Martín, ha presentado este martes su renuncia al cargo, y ha anunciado que no se presentará a las elecciones el próximo día 22 de marzo, ni tampoco formará parte de ninguna candidatura, según ha informado en un comunicado la patronal alicantina. 

   Martín ha dado a conocer su decisión este martes por la tarde, en el transcurso de la Junta Directiva Extraordinaria celebrada en la sede de la Confederación, y ha recordado que el pasado mes de noviembre, cuando tomó posesión del cargo, ya adelantó su intención de no concurrir a la reelección "si había otra candidatura que aglutinase el suficiente consenso".

   Con ello, según ha indicado, pretende "preservar el principio de unidad empresarial que siempre ha defendido, y que en las circunstancias actuales de la Confederación es más importante que nunca", según las mismas fuentes.

   Martín, en el momento de su despedida, ha asegurado que en los cuatro meses que ha estado al frente de la Confederación ha centrado todos sus esfuerzos en resolver la delicada situación económica y financiera que sufre la organización.

   Gracias a esta labor, en las últimas semanas se han cerrado operaciones que han aportado recursos suficientes para afrontar los próximos meses "con cierta tranquilidad", hasta que la Generalitat Valenciana presente a las organizaciones empresariales un Plan de Pagos para cubrir la deuda que, solo con Coepa, ronda los 7,5 millones de euros.

   El vicepresidente primero y presidente de Hosbec, Antonio Mayor, asume la presidencia temporalmente, con el objetivo de liderar la organización hasta la celebración de las elecciones a presidente el próximo día 22 de marzo.

Más información de la Comunidad Valenciana en:

 http://valenciaconfidencial.blogspot.com

Ripoll reclama para Alicante la terminal de contenedores ferroviaria 'La Serreta'

ALICANTE.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), José Joaquín Ripoll, ha considerado "fundamental" que Alicante cuente en su término municipal con el denominado centro logístico de La Serreta, que incluye una terminal de contenedores ferroviaria, y ha advertido que, de lo contrario, "Alicante podría quedar desabastecida y en un segundo nivel respecto a otras ciudades".

 Ripoll ha recordado que la decisión definitiva de la ubicación de esta terminal compete a Adif.

   "Ahora todas las decisiones ferroviarias dependen de la financiación de la entrada del AVE, y de la ubicación de la terminal de contenedores de Alicante", ha comentado.

   Al respecto, ha aclarado que "la línea del AVE parece que ya no va a tener ningún inconveniente, y ya se ha solucionado el tema de la estación provisional, y los tiempos que se manejan son diciembre de este año".

   Por ello, en la actualidad, el Puerto está a la expectativa de la decisión de Adif sobre la ubicación del llamado centro logístico de La Serreta, que incluye una terminal de contenedores ferroviarios definitiva".

   Preguntado sobre los trámites para continuar con las obras de acceso sur de la ciudad de Alicante, ha comentado que, "en base a la decisión que (Adif) adopte, de si tiene que ver con la estación de Murcia o no", las gestiones relacionadas con el acceso sur de la ciudad "se agilizarán".

   Ripoll ha mostrado su disposición de "no poner ninguna objeción, sino todo lo contrario". 

"En estos tiempos de crisis, cuanto antes se ponga en valor esos terrenos, si podemos sacar alguna rentabilidad económica, mejor, y cuanto más ayudememos a la ciudad a que se defina la entrada sur, mejor".

   Por otra parte, el Puerto de Alicante proyecta volver a abrir una línea de pasajeros y mercancías con Ibiza y Mallorca, dado que la línea marítima establecida entre Valencia y Baleares "no tiene la suficiente rentabilidad".

   Ésta es una decisión, según ha comentado el presidente del Puerto, que "hay que madurar y que hay que ver los rendimientos económicos", porque la actual crisis económica obliga a estudir "la rentabilidad a semanas o a meses". 

No obstante, ha precisado que los datos del Puerto de Alicante del mes de febrero en número de toneladas les dan "otra vez la puerta a la esperanza".

El Gobierno da luz verde al reconocimiento de la profesión de palmerero

ELCHE.- La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, ha anunciado que el gabinete de la ministra de Empleo, Fátima Bañez, ha dado luz verde al reconocimiento del perfil profesional de palmerero, y con ello "por fin se ha dado respuesta a una reivindicación histórica de los palmereros", según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento ilicitano. 

   La primera edil ha detallado que este martes el Ministerio de Empleo se ha puesto en contacto con el teniente alcalde de Relaciones Institucionales, Antonio Luis Martínez Pujalte, para informarle de que esta profesión se incluirá dentro del certificado profesional de actividades forestales.

   "Este colectivo nos expresó su preocupación y desde el Ayuntamiento nos hicimos eco y nos comprometimos a estudiar este importante asunto y aportar soluciones", ha recordado.

   Por ello, el equipo de Gobierno del PP presentó una moción al pleno de este lunes pasado, que se convirtió en declaración institucional con el fin de solicitar este reconocimiento, y que en menos de 24 horas "ya ha obtenido respuesta y compromiso firme del ministerio en reconocer la profesión de palmerero".

Un contrato «confidencial» parece avalar la prejubilación de López Abad en la CAM

ALICANTE.- Tras romper la «fusión fría» que habían pactado, el entonces presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, firmó el pasado 6 de abril un «contrato confidencial» por el que se hacía efectiva la salida de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura del Banco Base que habían constituido conjuntamente las cuatro cajas.

Dicho contrato, al que ha tenido acceso Abc, incluye una cláusula según la cual si algún alto cargo del Banco Base reclama una compensación económica tras abandonar la entidad, será abonada por la caja de ahorros de la que procede.

En esta situación se encontraba Roberto López Abad, quien en noviembre de 2010 cesó a petición propia como director general de CAM, para asumir el mismo cargo en el Banco Base. Tras romperse la fusión, López Abad se reincorporó a Caja Mediterráneo y, tan sólo un mes antes de que la caja fuera intervenida por el Banco de España, se prejubiló el 29 de junio de 2011. La CAM le pagó una prejubilación de 5,5 millones de euros, en atención al cargo de director general que había desempeñado.

El expediente disciplinario que el Banco de España ha abierto a 48 ex directivos de la CAM indica que «existen dudas razonables de que la adhesión de Roberto López Abad al programa de prejubilaciones se llevase a cabo dentro del plazo establecido al efecto, aunque formalmente es así».

Y añade que, al igual que otros cinco miembros del comité de dirección, se benefició de condiciones económicas «mejores» que el resto de la plantilla de CAM acogida al Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

En su descargo, López Abad aportó un dictamen de la firma Sagardoy Abogados según el cual tenía derecho a acogerse el ERE y a beneficiarse de las «mejoras establecidas vinculadas a su condición de director general», a pesar de que ya no ocupaba dicho cargo en el momento de la prejubilación.

 En su expediente, el Banco de España cuestiona este extremo y destaca que el ex directivo se embolsó 212.430 euros entre 2008 y 2010, a través de la prima establecida para el cumplimiento de objetivos.