El PSPV pregunta por los impagos y Fabra dice que el Consell "cumple y paga"

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Jorge Alarte, ha preguntado este jueves al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por los impagos y recortes, a lo que el jefe del Consell ha replicado que su gobierno "cumple, paga y va a hacer que podamos salir de la crisis".

   En la sesión de control de las Corts Valencianes, Alarte ha inquirido a Fabra sobre las consecuencias que tendrá para los valencianos "la situación de impago y las política de recortes" del Consell. "Ninguna", ha respondido el presidente.

   El síndic del PSPV, en su intervención, se ha referido a los 200.000 valencianos que "no tienen subsidio ni ninguna prestación" y a los 90.000 hogares de la Comunitat que no reciben ningún tipo de ingresos y a los que, en su opinión, "la Generalitat ha dejado en la estacada, al borde de la exclusión social".

   Para Alarte, el Ejecutivo valenciano "ha practicado los peores recortes posibles: menos dinero, menos derechos y menos sueldos para los trabajadores públicos". Además, ha denunciado que se ha producido "un recorte sistemático y estructural de todas las políticas sociales".

   Para cambiar esta situación, el portavoz del grupo socialista ha propuesto a Fabra "dejar de ser solidario con los 19.000 valencianos que tienen más de 700.000 euros" y cobrarles el impuesto sobre el Patrimonio.

   "¿Cómo pueden hablar de paro?. Ustedes son los reyes del paro", ha respondido Fabra refiriéndose a los socialistas, quien ha asegurado que los dirigentes del PSOE son "magos" ya que transformaron "una situación de prosperidad y desarrollo" en otra caracterizada por "la desilusión, la decepción y el paro".

   Asimismo, el jefe del Consell ha indicado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "recortó los sueldos de los funcionarios públicos un 5 por ciento", mientras que el PP "lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue incrementar un 1 por ciento la pensión a los pensionistas". Del mismo modo, desde el pasado mes de febrero, "los que no tenían ninguna prestación, volvieron a cobrar 400 euros", ha dicho.

   Del mismo modo, ha hecho hincapié en que el Gobierno valenciano "va a cumplir con sus obligaciones". Al respecto, ha indicado que entre enero y febrero, el Consell ha destinado 77 millones de euros a políticas sociales y más de 108 millones en materia educativa, así como más de 2.200 millones de euros para pagar a proveedores.

   La portavoz adjunta del PSPV, Cristina Moreno, ha denunciado que ayer, en el pleno, el PP "votó en contra del pago a dependientes", a lo que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, ha señalado que Rodríguez Zapatero, con la Ley de Dependencia, practicó una política de "yo invito y tú pagas".

   También ha intervenido la socialista Carmen Ninet quien ha criticado que "de la ristra inmensa de impagos hay uno muy notorio; el impago a 1.300 enfermos mentales que casi dejan en la calle". Sin embargo, el titular de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asegurado que el Consell "no ha reducido absolutamente nada las prestaciones sociales".

   Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha preguntado a Fabra sobre qué indicadores empleará el Gobierno para evaluar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y qué efectos tendrán las medidas adoptadas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la creación de empleo.

   El jefe del Consell ha destacado que el Gobierno central "ha puesto 35.000 millones encima de la mesa para poder responder a los proveedores", y ha subrayado que las medidas anunciadas por Rajoy son "la primera piedra" para "generar confianza y seguridad" y "empezar a crecer".

    Morera, en su segunda intervención, ha pedido a Fabra "ejemplaridad y transparencia", así como la creación una auditoría pública de la deuda de la Comunitat Valenciana para que los ciudadanos sepan "en qué se ha gastado el dinero".

   Alberto Fabra ha indicado que "la Fiscalía de Cuentas nos fiscaliza todos los gastos de la Generalitat", y ha añadido que "la única auditoría que es necesaria" es que se conozca el trabajo que lleva a cabo el Consell. En este sentido, ha invitado a Compromís a ir a "ver todo lo que se ha hecho y que los ciudadanos sepan que ha habido un gobierno que ha respondido a las necesidades de la Comunitat Valenciana".

   "Me resulta difícil ir a Nicaragua a ver lo que se ha hecho, pero si usted me acompaña, a lo mejor se le cae la cara de vergüenza y hace dimitir a su síndic del grupo parlamentario", ha manifestado la diputada de Compromís Mireria Mollà, en alusión a proyectos de cooperación de la extinta Conselleria de Solidaridad dirigida por Rafael Blasco, que están en cuestión.

Fabra dice que la Comunitat solo tiene que recortar 400 o 500 millones de los 2.700 requeridos

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves que la Comunitat Valenciana solo tendrá que recortar por importe de 400 o 500 millones de euros de los 2.700 requeridos para poder cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit marcado por el Gobierno central.

   Fabra ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el coloquio 'La economía valenciana: retos y oportunidades', en el marco de la jornada organizada en Valencia por Deloitte, ApD y Cierval, al ser preguntado por cómo deberá ser el ajuste en la Comunitat para reducir el déficit hasta el 1,5 por ciento.

   El jefe del Consell ha destacado que, en estos momentos, "todos debemos apretándonos el cinturón", y ha indicado que la Comunitat Valenciana "lo lleva haciendo desde el año pasado e incluso desde el anterior, siendo mucho más austeros en cuanto al gasto". En este sentido, ha recordado que los presupuestos de la Generalitat para 2012 han caído un 6 por ciento respecto a los del ejercicio anterior.

   Asimismo, ha explicado que a principios de este año se aprobaron una serie de medidas para disminuir en 1.050 millones de euros el gasto, lo que considera "una reducción muy importante", dado que las cuentas para 2012, aprobadas el pasado mes de diciembre, son de alrededor de 15.000 millones. Del mismo modo, ha incidido en que "en ningún caso se reducen las prestaciones sociales destinadas a los ciudadanos".

   Alberto Fabra ha señalado que para lograr el 1,5 por ciento de déficit "el Estado para este año va a tener la necesidad de recortar casi 27.000 millones de euros". Al respecto, ha puntualizado que si la Comunitat Valenciana supone alrededor del 10 por ciento de la población de España, "2.700 millones nos van a corresponder a los valencianos", lo que supondrá ser "2.700 millones más pobres porque vamos a tener que devolver ese dinero para poder conseguir que vuelva la credibilidad de los mercados exteriores hacia las medidas del Gobierno de España".

   No obstante, ha subrayado que "afortunadamente ya hicimos esos recortes", de modo que, ahora, con la nueva previsión que ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los recortes en la Comunitat solo tendrán que ser por importe de 400 o 500 millones de euros "porque en su día, a principio de año, ya hicimos ese recorte", ha reiterado.

   El presidente valenciano también ha destacado que desde el Consell están "aligerando mucho la estructura de la administración". Así, ha señalado que ya se realizó un plan de reduccion "importante" del sector público empresarial, además de otros ajustes en temas de gestion, sobre todo en materia sanitario.

   Sin embargo, ha hecho hincapié en el "compromiso" de la Generalitat de "no reducir los derechos a los ciudadanos", aunque ha insistido en que hay que ser "mucho más eficientes para poder conseguir no solo la reduccion de 1.050 millones, sino incrementarla en 400 o 500 millones de euros más".

   Preguntado por si se puede conseguir la reducción del déficit marcada por el Gobierno sin imponer el cobro de nuevas tasas por ejemplo en sanidad, Fabra ha respondido: "sí, pero entre otras cosas, porque no depende de las comunidades autónomas, es una ley basica del Estado".

   El jefe del Consell ha explicado que "dentro de la nueva versión de la administración y del concepto de Estado, todos los ciudadanos deben ser cómplices". En este sentido, ha señalado que "todo el mundo entiende que no podemos pagar una administación con unos servicios de 2012 y unos ingresos de 2004".

 "Eso es imposible", ha resaltado, ya que "la administración no tienen una maquina para poder pagar todos los recursos para los ciudadanos".

   Al respecto, ha destacado la necesidad de "hacer un buen uso de los recursos porque son de todos". "Cualquiera de nosotros seguro que tiene en casa un armario lleno de medicinas", pero "eso no puede ser", ha manifestado Fabra.

   "Al final, la factura de la farmacia que supone al mes para la Comunitat Valenciana es de 120 millones de euros, 20.000 millones de los antiguas pesetas todos los meses", ha precisado. De este modo, ha aseverado que "si todos somos un poquito mas pedagógicos a la hora de hacer un uso adecuado y racional de esos recursos, ayudaremos a rebajar el nivel de gastos que tiene la administración".

   El presidente de la Generalitat ha advertido de que los ciudadanos "ayudan a hacer mucho más racional el mantenimiento de los servicios y prestaciones", o se tendrán que buscar "fórmulas para enseñar que esos recursos son recursos de todos".

El Banco de España despide a cinco altos directivos de la CAM

ALICANTE.- El Banco de España ha despedido a cinco altos  directivos de la CAM, tres de ellos del área de expansión de la entidad y los otros dos de los servicios centrales, según han indicado hoy fuentes financieras.

   Los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han decidido el despido de estos cinco directivos, con los que se ha llegado a un acuerdo.

   Según las mismas fuentes, se trata de una decisión tomada para "allanar el camino a los nuevos gestores" del Banco de Sabadell. Además, subrayaron que es "un paso, en buena medida lógico" y que persigue "dos objetivos: reforzar los mecanismos de control de la entidad y reimpulsar su actividad comercial".

   En concreto, los directivos despedidos son Pedro Torres, director de la Dirección Territorial Norte-Centro-Sur, Ricardo Camilleri, de la Dirección Regional Suroeste, y Javier Carrascosa, de la Dirección Regional Centro-Norte.

   En cuanto a los dos directivos de los servicios centrales que cesan en sus funciones son el director de Gestión de Activos y Participaciones, Francisco Javier Martínez, y el director adjunto de Intervención General de Banco CAM y director de Auditoría Interna de Caja Mediterráneo, Teófilo Sogorb.

   Estos despidos son interpretados por las fuentes financieras como una forma de "ir preparando el relevo" en la gestión del banco. El Banco Sabadell está a falta de recibir el visto bueno de Bruselas a la operación y no se espera que haya "ningún problema" para que sea así, según las mismas fuentes.

   Así, las previsiones o estimaciones que se manejan es que este visto bueno se produzca a finales del mes de marzo o durante la primera quincena del mes de abril.

La crisis económica es más profunda en el sur y este de España

MADRID.- Castilla y León fue la comunidad autónoma que experimentó un mayor crecimiento en 2011, con un incremento del PIB a precios de mercados del 0,97%, mientras que Extremadura fue la que menos creció, con un aumento del PIB del 0,11%, según apunta la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en el último número de sus Cuadernos de Información Económica.

   Así, la publicación remarca que todas las comunidades autónomas crecieron el pasado año, registrando un cambio de tendencia respecto a 2010, cuando todas experimentaron caídas, y fija la media española de crecimiento en 2011 en el 0,49%.

   El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha destacado que son las comunidades del Norte de España, junto con Madrid, las que mejor comportamiento mostraron en el último año, al contrario que el sur y la costa mediterránea, que sufrieron ajustes más intensos por la fuerte repercusión de la burbuja inmobiliaria.

   "Existe una dicotomía entre el Norte y el Sur. En el Norte crecieron todas por encima de la media a excepción de Aragón, mientras que en el Sur y Baleares lo hicieron por debajo de la media a excepción de Canarias y las ciudades autónomas", ha apuntado el editor de la publicación, Fernando Pampillón.

   Además, Pampillón ha destacado que Navarra, Madrid, País Vasco y Cataluña fueron las mejores comunidades autónomas en desarrollo económico entre 2008 y 2011, frente a Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Asturias y Castilla-La Mancha que registraron los peores resultados.

   Preguntado sobre si comunidades como Castilla-La Mancha serán capaces de alcanzar el objetivo de déficit del 1,5% en 2012, Ocaña ha reconocido que cuanto más déficit, mayor es la dificultad para alcanzar el objetivo, y ha apelado a conocer las medidas concretas que se adoptarán al respecto para hacer valoraciones.

   En cuanto al crecimiento que experimentarán las comunidades en 2012, el miembro del gabinete de Economía Regional de Funcas, Pablo Alcaide, ha puntualizado que las regiones con relativa importancia del sector turístico presentarán un comportamiento más positivo a lo largo del año.

   Respecto al endeudamiento público, Pampillón ha destacado que pese a las dificultades para obtener financiación, las comunidades autónomas fueron capaces de lograr 28.000 millones de euros.

   Asimismo, ha insistido en que en este apartado también existe un comportamiento dispar entre comunidades, ya que la media española se situó en el 12,6% y regiones como Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha superan el 16%.

   Por su parte, el miembro de la dirección de Estudios Financieros de Funcas, Francisco Rodríguez, ha remarcado que desde 2005 todas las comunidades autónomas mostraron un saldo neto positivo, por lo que poseen un mayor endeudamiento que ahorro financiero.

   Rodríguez ha destacado que Canarias, Andalucía y Baleares mantienen más del doble de créditos que de depósitos, por lo que su estado de apalancamiento financiero es mayor que el resto, seguidas de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Ceuta.

   Por otra parte, la publicación hace alusión a la reforma fiscal, centrándose en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así, destaca que esta reforma afectará a 13 millones de contribuyentes de los 19 millones actuales, que sufrirán un aumento medio anual de 388 euros por declarante en la factura fiscal.

   Pampillón ha cifrado el aumento de la recaudación en 5.000 millones de euros, de los que 1.000 millones procederán de rentas de capital, y 4.000 millones de rentas del trabajo, aunque ha subrayado que estas cifras podrían ser más bajas, puesto que muchos sujetos tienen capacidad para decidir si quieren percibir su renta como renta de capital o del trabajo.

   Del mismo modo, Rodríguez ha explicado que el pasado año el esfuerzo salarial destinado a la compra de una vivienda fue menor que en años anteriores, ya que mientras que en 2005 eran necesarios 10,1 salarios anuales para comprar un inmueble, el pasado año bastaba con 7,9.

   No obstante, ha insistido que esta media nacional varía en función de las comunidades autónomas, puesto que el esfuerzo es mayor si la vivienda se compra en País Vasco, Baleares o Madrid, que si se adquiere en Castilla y León o Extremadura.

   La publicación también apunta un aumento del salario medio anual por trabajador del 20,1% desde 2005 hasta 2011, pasando de los 18.034 euros hasta los 21.660 euros.

   Por último, la revista recoge la opinión pública de los españoles en cuanto al Estado de las Autonomías, una opinión que aunque mayoritariamente sigue siendo positiva, ha experimentado grandes caídas en los últimos tiempos.

   Así, apunta que mientras que en 2005 el 50% de los españoles consideraba que este sistema funcionaba bien o muy bien, el pasado año sólo el 30% lo valoraba de esa forma.

El Ayuntamiento de Elche propone a los sindicatos el despido o reducción de jornada de 29 interinos

ELCHE.- El Ayuntamiento despedirá o reducirá la jornada a 22 trabajadores interinos con el objetivo de lograr un ahorro de 500.000 euros anuales. A estos despidos se añaden los siete de la Estación Phoenix, dedicada a la investigación de la Palmera, que recibieron la pasada semana la carta de despido, según www.infoexpress.es

Esa medida está abierta a negociación con los sindicatos según ha destacado el teniente alcalde de Recursos humanos, Antonio Luis Martínez Pujalte. Aunque la fecha tope para llegar a un acuerdo será a finales de este mes. El objetivo es reducir en cuatro millones de euros el dinero que el Consistorio gasta de forma anual en el pago a los trabajadores. Un millón de euros de ahorro ya se ha conseguido tras la reducción de personal de confianza y cargos directivos. Los despidos serán otra vía que ha calificado de “ineludible”.

El resto del ahorro se conseguirá por la amortización de 70 plazas. Es decir puestos de trabajo que están creados pero que no cubre nadie por lo que no suponen despidos, por ejemplo no se cubrirán las jubilaciones. Por este concepto se quiere ahorrar otro millones y medio de euros.

Además el Consistorio dejará de pagar un 25% del sueldo a los trabajadores que lleven más de tres meses de baja. El resto lo cobrarán de la Seguridad Social. Además se realizarán medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Los funcionarios podrán elegir sus horarios siempre que cubran las 37 horas establecidas.  

La propuesta

Ajuste de plantilla. Se extinguirán de forma total o parcial 22 plazas, más siete de la Estación Phoenix y la amortización de otras setenta que no se ofertarán.

Horario flexible. Cada trabajador tendrá que cumplir 37'5 horas semanales pero tendrá libertad para distribuirse las que deba.

Bajas laborales. El Ayuntamiento no pagará el 25% que aporta a aquellos trabajadores que estén más de tres meses de baja.

Control del absentismo. Se deberá aportar justificante médico desde el primer día de baja. Aquellos que no lo hagan podrán ser sancionados con rebajas salariales. Las bajas de más de tres meses no recibirán el 25% del sueldo que aporta el Consistorio.
 

Ya empezó la negociación entre equipo de gobierno y sindicatos. Sobre la mesa, los cuatro millones de euros de ahorro en el capítulo de personal y varias propuestas para hacer viable este objetivo.

La primera de ellas es la intención del Ayuntamiento de eliminar 29 plazas de funcionarios de forma parcial o total. En este cupo entran 22 trabajadores interinos de diferentes áreas municipales y los siete operarios de la Estación Phoenix, que cesan su actividad a final de mes, a esta «extinción» de plazas habría que sumar otras setenta que serán «amortizadas», es decir, setenta puestos de trabajo que tienen plaza asignada pero que no se ofertarán ni serán cubiertas.

En el cupo de medidas se pretende también crear un reglamento interno de horarios y jornada de trabajo. La idea final es conseguir que los trabajadores tengan una jornada de trabajo flexible pero que cumplan con sus 37 horas y media semanales. Para ello, el Ayuntamiento ha propuesto a los sindicatos que cada trabajador pueda entrar una hora antes de lo habitual o salir más tarde un día para recuperar lo que haya perdido durante otra jornada. Así, si un trabajador tiene un horario de 8.30 a 14.30 horas, podrá entrar una hora antes o salir a las 16 horas si durante otro día no ha cumplido con su jornada laboral.

Uno de los puntos que más preocupa al equipo de gobierno es el absentismo. En este sentido, se exigirá justificación médica desde el primer día de baja, y el Ayuntamiento no pagará el 25% que le corresponde a aquellos trabajadores que estén más de tres meses de baja. De esta forma, los funcionarios que estén más de 90 días de baja solo percibirán el 75% de su sueldo, al que hace frente la Seguridad Social.

Además, las jornadas de asuntos propios habrá que pedirlos con cinco días de anticipo y el complemento de productividad, del 2%, no se va a presupuestar este año. Este acuerdo correspondía al convenio con los sindicatos para el periodo 2008-2011, que no se renovará, pero se estudiará incorporar este complemento para el próximo ejercicio.

Las propuestas ahora tendrán que ser estudiadas por los sindicatos, que darán su valoración a los responsables de Recursos Humanos el próximo viernes en una nueva reunión.

El plan tiene que estar cerrado el 1 de abril, aunque el Ayuntamiento va a dar tiempo a los sindicatos para que analicen todas las medidas, según 'La Verdad'.

Oposición sindical

Más de 300 trabajadores acudieron a la primera asamblea convocada tras la medida anunciada por el gobierno local.

De rechazo total y unánime a la intención del Ayuntamiento de extinguir, de forma parcial o total, hasta 29 puesto de trabajo, se puede calificar el sentir puesto de manifiesto ayer en la asamblea que las centrales sindicales con representación en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Elche (Sindicato de Empleados Públicos SEP-CV, CSIF, CCOO, UGT y SPPLB) convocaron en las antiguas dependencias de la Policia Local y que contó con la asistencia de más de 300 trabajadores municipales.

Los representantes de los sindicatos se reunían previamente para preparar la asamblea y facilitar toda la información de que disponen sobre la medida anunciada por el concejal de Recursos Humanos, si bien pusieron de relieve su malestar "porque no se nos informa debidamente de lo que se está preparando. Está claro que no queremos ningún despido, pero ni siquiera sabemos cuáles son los trabajadores afectados, a qué secciones pertenecen, nada de nada. Esperamos que mañana viernes, en la reunión prevista con el concejal, se nos facilite más información. En todo caso, en la asamblea se ha expuesto de forma unánime que rechazamos estos despidos y que vamos todos a una".

Estamos dispuestos a negociar, pero sin despidos", comentaba Javier Valera, el presidente de la Junta de Personal en representación del CSIF al término de la asamblea.

Miembros de la Policía Local y trabajadores de talleres y oficinas fueron los que acudieron mayoritariamente a esta asamblea, según el diario 'Información'

Las importaciones de vino crecen un 42% en España

MADRID.- Las importaciones de vino crecieron en España en 2011 un 42,2% en términos de volumen y un 69,1% en facturación, gracias al aumento de las compras de vinos aromatizados originarios de Italia, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino.

En menor medida, también destacó el año pasado el crecimiento de las importaciones de vino con denominación de origen a granel y en envases de más de dos litros.

Por su parte, las exportaciones españolas de vino también alcanzaron cifras récord en 2011, cuando se dispararon un 26,3%, hasta 2.230,9 millones de litros, impulsadas por el crecimiento del producto a granel (+43,2%) y del amparado en denominaciones de origen (+18,3%).

El sector apícola estima pérdidas de 100 millones de euros si no remite la sequía

MADRID.- El sector apícola podría perder en la primera parte de campaña de miel y polen de primavera 98,1 millones de euros si no llueve con regularidad antes de que finalice el mes de marzo, según cálculos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). 

   La organización agraria ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que apruebe "de inmediato" un paquete de ayudas y medidas fiscales para poder hacer frente a una situación que "ya es catastrófica" en la mayor parte de las regiones productoras de miel.

   En concreto, en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón la floración de la miel de romero "está al borde de perderse totalmente", e igualmente está afectado el almendro, así como "una buena parte de las floraciones de miel de tomillo y de mil flores en la mayoría de las regiones productoras".

   La floración de azahar, según COAG, tiene también una "pésima previsión" en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, porque a la sequía se han añadido las heladas y se ha agravado su situación.

   La organización agraria ha lamentado que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) no asumiera una "profunda revisión" en 2011 del seguro contra la sequía en apicultura, que es "un clamoroso fracaso por la escasa demanda de los apicultores profesionales".

Zoido reconoce que hay municipios "muy pequeños" que tendrán que fusionarse

SEVILLA.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, ha reconocido que hay "muchísimos municipios que son muy pequeños" que habrá que fusionar porque "quizás no tenga sentido se mantengan" como tal en el "Estado moderno que hay hoy en España".

   En este sentido, Zoido ha señalado que será necesario llevar a cabo un "estudio detallado" sobre la viabilidad de las localidades más reducidas. "Hay municipios pequeños que tienen que fusionarse", ha recalcado en una entrevista en la Cope.

   Por otra parte, ha manifestado que "el futuro de las diputaciones provinciales debe quedar despejado" porque, aunque "son necesarias sobre todo para prestar servicios en los municipios pequeños, que de no ser por las diputaciones difícilmente se pueden prestar, tienen que ser redimensionadas".

 "No cabe la menor duda", ha apostillado.

   Asimismo, se ha referido a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada ayer y ha valorado positivamente las medidas que está desarrollado el Gobierno de Mariano Rajoy "para afrontar los problemas que tienen los ayuntamientos" y "para acabar con las deudas que asfixian a muchos pequeños y medianos empresarios y sobre todo a los autónomos".

   Sobre este asunto, ha afirmado que, en lo que se refiere al pago de facturas por parte de los ayuntamientos a sus proveedores, éstos "no tienen por qué hacer ninguna quita".

 "Vamos a seguir como es lógico la antigüedad en las facturas para saldar aquellos proveedores que llevan más tiempo esperando", ha explicado.

Bruselas ultima su visto bueno a la venta de la CAM

ALICANTE.- El Banco de España confía en que la Comisión Europea apruebe esta misma semana la venta del Banco CAM al Banco de Sabadell al precio simbólico de un euro. La operación fue adjudicada por el regulador el pasado 8 de diciembre, si bien está pendiente todavía del visto bueno de la Comisión de Competencia de la Unión Europea, según recuerda hoy 'Abc'.

Culminará así el proceso de saneamiento de Caja Mediterráneo iniciado el pasado 22 de julio, cuando el consejo de administración de la caja de ahorros dimitió en bloque para que la entidad pudiera recibir los 2.800 millones de euros comprometidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB).

Al día siguiente, la gestión de la caja fue asumida por los tres administradores designados por el FROB, que durante estos meses han llevado a cabo una labor de saneamiento de su balance. A pesar de que el equipo directivo encabezado por Modesto Crespo y María Dolores Amorós declaró beneficio en el primer semestre de 2011, el ejercicio se cerró con unas pérdidas de 2.700 millones una vez el FROB completó la supervisión de su balance.

Una parte de este «agujero» se debe a la inadecuada clasificación de los riesgos. Los administradores del FROB constataron que el anterior equipo directivo declaró como riesgos sanos créditos «tóxicos» que habían resultado dudosos o impagados por importe de 2.832 millones de euros. Esto ha obligado a la entidad aprovisionar 727 millones de euros para hacer frente a esos riesgos.

Una vez Bruselas dé su visto bueno definitivo a la venta de la caja, el Banco de Sabadell se convertirá en el titular único de Banco CAM, al que ha sido transferido todo su negocio financiero. Los responsables del Sabadell ya han anunciado que durante 2012 mantendrán toda la plantilla y la red de sucursales de la CAM, aunque el próximo año llevará a cabo una reestructuración que supondrá el cierre de oficinas de ambas entidades, en aquellas zonas en las que se solape su presencia. Del mismo modo, los nuevos titulares de la caja han mostrado su disposición a mantener, al menos a corto y medio plazo, la marca «CAM».

Paralelamente al proceso de saneamiento de la caja, el Banco de España ha instruido un expediente disciplinario a 48 de sus ex consejeros y directivos, a los que acusa de mala gestión, de aprobar unas cuentas que no respondían a la situación real de la entidad, así como de asignarse pensiones de prejubilación en condiciones muy superiores a las del resto de la plantilla de empleados.

Los afectados por la CAM piden una fianza de 4,6 millones a los antiguos gestores

MADRID.- La Plataforma CAM ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una fianza de 4,42 millones de euros a los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) para cubrir las pérdidas sufridas por 300 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada, según la querella presentada ayer martes.

   La querella acusa a los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes con una venta "planificada y sistemática" de estos productos utilizando la información "falsa" de que "podían retirar sus inversiones en todo momento" y de que la entidad tenía beneficios, cuando al cierre de 2011 registró unas pérdidas de 2.700 millones de euros.

   El abogado Diego de Ramón, representante de los afectados, solicita a la Audiencia Nacional que, en caso de que no depositen la fianza, dicte embargos sobre los bienes de una decena de antiguos gestores de la caja alicantina, así como a las compañías de seguros contratadas por la entidad.

   Entre ellos, piden la comparecencia de la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, y del expresidente de la caja alicantina Modesto Crespo.

   En noviembre de 2011, el entonces titular del juzgado central de instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, admitió a trámite la denuncia presentada por De Ramón y abrió diligencias de investigación en las que participa la Fiscalía Anticorrupción.

   Por otro lado, los afectados piden al juez que embargue los depósitos constituidos por la CAM en las sociedades domiciliadas en las Islas Caimán, así como las participaciones empresariales en más de 100 sociedades en Ginebra, Luxemburgo, Gibraltar, Polonia, México, Marruecos.

   Además, el abogado pide la paralización de los depósitos que tiene la caja alicantina en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y los fijados como garantía de varios préstamos en la entidad financiera Citigroup.

   Por otro lado, los querellantes solicitan el embargo a Banco CAM, resultante de la compra de la caja alicantina por parte de Banco Sabadell, de los derechos de cobro de las deudas hipotecarias y las participaciones de las sociedades que componen su patrimonio y activos financieros existente.

   Los afectados piden a la Audiencia Nacional que reclame toda la documentación sobre las actuaciones sobre la CAM llevadas a cabo por los servicios de inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Servicio Especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

   La querella pide que se investigue la falsedad en las cuentas anuales de balances de activos y pasivos, una información que se utilizó para "dar la seguridad financiera" de que la entidad "daba beneficios para poder emitir los productos de inversión" vendidos a los clientes.

Los consejeros de la CAM proponen vender su patrimonio, valorado en 186 millones, para pagar a los cuotapartícipes

ALICANTE.- El presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés Olmos, ha convocado para mañana jueves una reunión de este órgano supervisor, a instancias de los administradores del FROB, con el fin de analizar la situación actual de la Obra Social y debatir su «futuro inmediato».

Durante la reunión, está previsto que uno de los tres administradores de la CAM designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) presente el último informe de gestión de la Obra Social, así como su presupuesto para 2012 y su plan estratégico de actuación. Asimismo, el orden del día de la convocatoria incluye un punto para analizar el expediente disciplinario abierto por el Banco de España a 48 ex consejeros y directivos de Caja Mediterráneo, entre los que se encuentran los diez miembros de la propia comisión de control.

Juan Ramón Avilés ha adelantado a Abc su intención de plantear durante la reunión de hoy su propuesta —desvelada por este diario el pasado día 25— de vender el patrimonio de la Obra Social para saldar, al menos en parte, la deuda contraída por la CAM con los 52.000 inversores que compraron sus cuotas participativas, cuyo valor ha quedado reducido a cero.

Según su último balance, los bienes de la Obra Social están valorados en 186,5 millones de euros y constituyen en este momento, prácticamente, el grueso del patrimonio de Caja Mediterráneo, una vez su negocio financiero ha sido transferido al Banco CAM. Enajenar este patrimonio permitiría saldar una parte de la deuda contraída por la CAM con los cuotapartícipes, que supera ampliamente los 200 millones de euros.

La otra alternativa que permite la legislación autonómica es transformar la Obra Social en una fundación cultural, aunque quedaría privada de su principal vía de financiación una vez la caja de ahorros se ha transformado en banco.

La Obra Social de CAM manejó el año pasado un presupuesto de 44 millones de euros, de los cuales 26 millones se destinaron a la organización de actividades, 5,4 millones a gastos de personal y casi 4 millones a gastos generales y de mantenimiento de su estructura. Según su memoria anual, 4,4 millones de personas se beneficiaron de sus acciones culturales y prestaciones sociales.

De acuerdo con su plan estratégico, el 50% del presupuesto de actividades se destinó al área de solidaridad y desarrollo social (un total de 12,9 millones), otro 25% al área de arte y cultura (casi 6,5 millones) y el 24,8% restante a la de medio ambiente y sostenibilidad (con una dotación de 6,4 millones de euros).

Las principales inversiones acometidas en el último ejercicio por la Obra Social fueron la climatización del Aula de Cultura de Murcia, el acondicionamiento del Centro de Arte de Alcoy —con un presupuesto de 6 millones de euros— y la mejora del almacén de la Colección CAM de Arte Contemporáneo. En lo que respecta a su patrimonio, según su último balance, la Obra Social posee inmuebles valorados en un total de 28,5 millones de euros y otros bienes, incluyendo obras de arte, que suman un valor de 45 millones.

El patrimonio de la Obra Social incluye inmuebles de un indudable valor cultural, ligados a la historia de la provincia, como la Casa Museo Azorín de Monóvar —que fue adquirida por CAM en 1965—, la Biblioteca Gabriel Miró y la Casa Modernista de Novelda. Este último inmueble, que data de principios del siglo XX, fue comprado por la caja de ahorros en 1975 y alberga el legado del científico Jorge Juan Santacilla.

La Obra Social y Cultural de la CAM cuenta también con una extensa Colección de Arte Contemporáneo, compuesta por 215 obras de artistas como Gordillo, Barceló o Tàpies. Una parte de esta colección se exhibe en la sala de exposiciones de la Lonja, de Alicante.

A lo largo de las últimas décadas, la Obra Social ha atesorado el legado de destacadas personalidades del mundo de la cultura como el dramaturgo Carlos Arniches o el escritor Gabriel Miró. Además del Centro de Legados y Donaciones en el que se encuentran más de 180.000 documentos y libros, la CAM gestiona los espacios Camon de Alicante, Murcia y Madrid, así como aulas de cultura en Alicante, Elche, Benidorm y Murcia.

El Banco de España rehúsa facilitar información a la Comisión de Investigación de la CAM de las Corts

ALICANTE.- El Banco de España ha remitido a las Corts Valencianes un escrito en el que rehúsa aportar la información que la Comisión de Investigación de la CAM, formada en esta cámara, al entender que el parlamento valenciano "sólo ejerce sus competencias de control y fiscalización en un ámbito autonómico".

   En el escrito, el Banco de España contesta así a la petición de información que la comisión había realizado al regulador, para que les hiciera llegar, entre otras cosas, el escrito de requerimientos de inspección del Banco de España dirigidos a la CAM; los documentos de trabajo de inspección en la caja y al Instituto Valenciano de Finanzas, relacionados con la CAM.

   A esta petición, realizada a finales del pasado mes de enero, el Banco de España ha contestado de forma negativa y para ello se refiere al Real Decreto Legislativo 1298/1986 de 28 de junio, que regula las solicitudes de información realizadas por comisiones parlamentarias de investigación.

   En este sentido, indica que en este decreto, concretamente en su artículo 6.4, "no cabe entender incluidas las solicitudes realizadas por comisiones creadas a nivel autonómico". Por ello, según argumenta el Banco de España, "no es posible atender la solicitud de información requerida por esta cámara".

   Así, indica que según el Consejo de Estado, "esas comisiones sólo ejercen sus competencias de control y fiscalización sobre los órganos de gobierno y administración de su propio ámbito competencial y territorial, sin que puedan alcanzar a otros órganos ajenos a su ámbito de competencias, como son los órganos de la Administración General del Estado, o demás instituciones con ámbito competencial estatal, como el Banco de España".

   Tras conocer esta negativa, la diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà, la ha calificado como "ocultación" de información, algo que ha calificado como "inaceptable". En su opinión, "con esta actitud está vulnerando el derecho que tiene el parlamento valenciano a investigar sobre la quiebra de una de las principales cajas de ahorro del territorio, un hecho que afecta a toda la ciudadanía", según ha informado la coalición política en un comunicado.

   En este sentido, la diputada de Compromís ha explicado que la CAM "era una caja de ahorros alicantina, contaba con un Consejo de Administración escogido en buena parte por Les Corts y estaba económica, política y socialmente ligada al territorio valenciano, por lo tanto, esta cámara tiene que tener conocimiento de toda la gestión que hiciera el Banco de España en esta entidad financiera".

  "No nos sirven de nada las argucias legales del Banco de España, pues esta institución tiene que explicar en sede parlamentaria cuáles eran sus obligaciones de control en la CAM para que los diputados valoremos su responsabilidad en la quiebra de la caja", ha apuntado Mollà.

   Desde su punto de vista, "con este oscurantismo el Banco de España induce a pensar que lo que quiere es esconder su posible culpabilidad en este asunto".

Buch asegura que el Consell "no tiene intención de implantar el copago" para llegar al 1,5% de déficit

VALENCIA.- El conseller de Economía, Máximo Buch, ha asegurado este martes que el Consell "no tiene intención de implantar el copago" para alcanzar el 1,5 por ciento de déficit en el PIB que este martes se aprobó durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que el ejecutivo valenciano había previsto un 1,3 por ciento de déficit en su presupuesto para este año.

   El conseller ha realizado estas manifestaciones tras participar en el coloquio 'Internacionalización, motor de crecimiento' organizado por el Banco Urquijo, ante casi un centener de empresarios en un hotel de Valencia.

   Buch ha explicado a los medios de comunicación que el Consell tenía aprobado un presupuesto de 1,3 por ciento de déficit, y ahora se ha situado el objetivo común en el 1,5 por ciento de déficit. "En teoría se podría gastar más, pero no es cierto del todo", ha indicado el conseller porque el escenario macroeconómico es "algo peor por la recesión, con lo cual se ingresará algo menos de impuestos, pero no será una diferencia muy significativa".

   El titular de Economía ha señalado que trabajar para conseguir el 1,5 por ciento de déficit es "fundamental" para España porque se establecen "las bases de credibilidad que permitirá despegar". Además "inyectar 35.000 millones de euros --con el pago de la deuda a los proveedores-- es la mejor noticia para activar la economía".

   Buch ha insistido en que para cumplir el acuerdo del 1,5 por ciento de déficit "se va a intentar no recortar, sino ser más eficientes". Ha puesto como ejemplo el gasto en medicamentos "si se consigue que cuesten menos, porque ahora la factura farmacéutica es tremenda".

 "Se hará todo lo que suponga una mejora en la eficiencia que no afecte al ciudadano en calidad de servicios", ha destacado.

   Además, el conseller cree que hay "muchas posibilidades" para ganar eficiencia y mejorar costes, como por ejemplo que los medicamentos de alto coste sean sustituidos por genéricos o eliminar duplicidades de estructuras por servicios que ya presta el Estado.

   Tanto el acuerdo de situar el déficit autonómico en el 1,5 por ciento y el hecho de afrontar el pago a los proveedores, "atraerá inversores extranjeros porque se recuperará el descrédito". Buch considera que "no es lo mismo que una empresa trate de internacionalizarse cuando se es un país serio y que hace los deberes, que si no es así".

   El titular de Economía considera que es un día "histórico y un hito más de un Gobierno que ha hecho más en tres meses que otro en ocho año". Buch ha resaltado que el hecho de que cobren los proveedores tiene un efecto "muy positivo" en el déficit porque la capacidad de compra de la Generalitat "mejorará".

 "Al pagar con puntualidad, los precios que se paguen por muchos de los servicios que se contraten pueden ser más bajos, porque habrá más proveedores interesados en trabajar con la Comunitat", ha explicado.

   La Generalitat empezará a hacer frente a las deudas el próximo 1 de mayo, aunque Buch no ha podido dar cifras exactas de la cantidad que se destinará a la Comunitat, de los 35.000 millones que ha aprobado el Gobierno. "No va por cuotas, pero se pagarán todas las deudas hasta 2011", ha matizado. "No sabemos con que cadencia se va a abonar", pero a partir de esa fecha las empresas podrán descontar las cantidades "con cualquier entidad bancaria", ha adelantado.

   Buch ha recordado que no es que se haya destinado un presupuesto del Estado, sino que los bancos son los que lo van a financiar. "Se pagará algo menos del 5 por ciento de interés, pero eso lo asumirán las Comunidades Autónomas", ha aclarado.

   Durante la charla coloquio organizada por el Banco Urquijo, a Buch se le ha preguntado si la Comunitat debe ser la 'Florida' de los grandes eventos o la 'California' de la tecnología. "Tenemos la plataforma para ser la 'California' de Europa", ha afirmado.

   El conseller ha explicado que la Comunitat tiene que seguir siendo un destino turístico "atractivo", con una variedad de oferta "interesante", pero tiene la plataforma para ser la 'California', que "tiene las mismas playas que Florida, pero luego es un 'cluster' tecnológico".

   Buch considera que la Comunitat cuenta con una base a partir de la cual se puede construir porque "se tienen universidades, cantera de formación, institutos y empresas tecnológicas". "Además, hay una buena infraestructura que mejorará con el Corredor Mediterráneo", ha agregado.

   El conseller cree que el éxito de California es tener un entorno universitario y de vivero de empresas con "buen clima".

 "Cuando alguien monta allí una empresa no se quiere ir y eso es lo que tenemos que hacer aquí, atraer conocimiento de todo el mundo y que se queden aquí", ha finalizado.

La oposición asegura que el Consell debe recortar 2.500 millones para cumplir los objetivos de déficit

VALENCIA.- Los portavoces del PSPV y Compromís en las Corts, Jorge Alarte y Enric Morera, respectivamente, han asegurado este miércoles que el Consell deberá realizar un recorte de 2.500 millones de euros en la Administración valenciana para el próximo ejercicio para poder cumplir con el objetivo de reducción de déficit acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En conjunto, la oposición ha criticado la actitud "servil" y "sumisa" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ante las exigencias del Gobierno central.

   Alarte, en declaraciones en los pasillos de las Corts, ha explicado que este año y el anterior no se han cumplido los objetivos de déficit en la Comunitat, fijados en el 1,3 por ciento, ha dicho. Para este ejercicio, ha apuntado que la Generalitat "está reconociendo un déficit del 3,7 por ciento" pero los socialistas consideran que superará el cuatro por ciento por las "facturas en el cajón" de la sanidad, que mantiene un "déficit estructural" de 400 euros al año, ha dicho.

   De esta manera, ha remarcado que será necesario un recorte de cerca de 2.500 millones para pasar de más de un cuatro por ciento al 1,5 por ciento de déficit del CPFF Por ello, se ha preguntado qué derechos va a ajustar Fabra para "recortar 2.500 millones de euros", si para recortar 578 millones "han arremetido con la motosierra contra la sanidad, la escuela pública y los derechos de los trabajadores".

   Por otro lado, ha tildado de "débil" y "servil" la actitud de Fabra ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además de "irresponsable" porque considera que el Consell debería haber votado que no a las decisiones adoptadas en el CPFF y haber pedido "más flexibilidad", ya que estas decisiones supondrán "más sacrificio, más esfuerzo" a los valencianos.  

   El síndic de Compromís, Enric Morera, ha calificado de "temeridad" la decisión del CPFF porque la reducción del déficit "supone un recorte de 2.500 millones".

 "El Gobierno Camps-Fabra nos ha dejado en una situación de insolvencia y ese objetivo es imposible" de conseguir si no se recorta "de forma drástica" el estado de bienestar. "Es inviable", ha advertido.

   Morera ha reclamado "plantarse ante Madrid para pedir la deuda histórica y una financiación más justa" para los valencianos. "No queremos un presidente --de la Generalitat-- sumiso a las decisiones de Madrid, sino uno que defienda los intereses de los valencianos", ha subrayado.

   Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha criticado la actitud de un Consell "sumiso y sometido a los dictados de Rajoy porque tiene una situación de quiebra fiscal", que es lo que le lleva a "no rechistar ante los nuevos recortes" que deberá plantear para cumplir el objetivo del CPFF. El Consell está "intervenido" y "se ha sometido por la quiebra fiscal y la falta de liquidez" que padece, ha subrayado.

   "El Consell se tendría que haber rebelado y haber dicho no, como han hecho otras autonomías" y "en estos momentos nadie sabe de dónde van a salir los 1.500 millones de recortes para el presupuesto de 2012", ha advertido.

   Sanz ha advertido de que estos recortes "van a ir a los servicios públicos" porque en el Decreto de reducción de déficit del pasado 5 de enero, el Consell "dejó la puerta abierta para despedir al 20 por ciento del personal temporal de la administración pública" y "tienen abierta la puerta al copago en las universidades y sanidad", algo que "ya han empezado a deslizar".

Los ayuntamientos aceptan limitar su déficit al 0,3% este año

MADRID.- Los ayuntamientos han aceptado limitar su déficit al 0,3 por ciento este año, según ha acordado este miércoles la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) a partir del nuevo programa de estabilidad presupuestaria. Además, las corporaciones locales podrán disponer de aproximadamente 18.000 millones de euros para pagar a sus proveedores de los 35.000 millones que acordó el Gobierno para repartir con las comunidades autónomas.

   Así lo han anunciado en rueda de prensa el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, tras la reunión, un día después de que las autonomías aceptaran también reducir su déficit hasta el 1,5 por ciento y aprobaran por unanimidad el mecanismo de pago a proveedores.

   Para Montoro, las reuniones de los últimos días que han establecido un objetivo de déficit para las administraciones autonómicas y locales demuestra que todas estas corporaciones están "comprometidas con la estabilidad presupuestaria", mientras que Zoido ha resaltado que la contención del déficit es "un compromiso" que los ayuntamientos asumieron "el primer día", por lo que aceptan "perfectamente" que se sitúe en el 0,3 por ciento en 2012.

   La reunión de la CNAL también ha servido para concretar que los ayuntamientos dispondrán de en torno a 18.000 millones de euros de los 35.000 previstos por el Gobierno para pagar las facturas pendientes a sus proveedores.

   Para Zoido, se trata de algo "muy positivo" porque permitirá "luchar contra el desempleo y dinamizar la economía", mientras que el ministro ha destacado que con esta medida los proveedores "empezarán a cobrar a partir del 1 de mayo" al tiempo que se ofrecerán "planes de viabilidad futuros para que no se repita esta situación".

   Sobre el tipo de interés al que las administraciones deberán devolver los créditos, el presidente de la FEMP ha dicho que aún está por clarificar, aunque el Gobierno la semana pasada anunció que rondaría el 5 por ciento. En este sentido, ha subrayado que "no cabe duda de que si se va a poner a disposición de los ayuntamientos un crédito para pagar en diez años y con una carencia de dos años, es indudable que hay que tener un interés un interés proporcional".

   A la pregunta de si primará el pago de las facturas que los proveedores acepten con quita, ni Montoro ni Zoido han descartado completamente esta medida, si bien el presidente de la FEMP ha afirmado que esto "no puede significar un criterio de preferencia", por lo que "no va a ser ni la nota ni el criterio dominante". Por su parte, el ministro ha reconocido que el mecanismo "sigue abierto", pero que el pago de facturas se hará preferentemente "en función de la antigüedad" de las mismas.

   Además, en la reunión de la CNAL también se ha acordado que el Gobierno apruebe en un próximo decreto el visto bueno al pago a los ayuntamientos del 50 por ciento de la liquidación positiva de las entregas a cuenta correspondiente a los Presupuestos del ejercicio 2010, lo que equivale a unos 1.000 millones de euros.

   Zoido ha dicho sentirse "muy satisfecho" con este compromiso del ministro de Hacienda, junto con la ampliación de cinco a diez años del plazo para que los ayuntamientos devuelvan al Estado los casi 6.000 millones de euros por las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

   Para el también alcalde de Sevilla, todas estas medidas demuestran que el Gobierno de Rajoy está dando a las corporaciones locales el "mismo trato que a las comunidades autónomas", algo que, según ha destacado, no se había producido antes. Por ello, se ha felicitado de que, con un Ejecutivo que no ha cumplido todavía tres meses, la CNAL ya se haya reunido dos veces y haya habido "agilidad" a la hora de "resolver el problema de financiación y deuda" de los ayuntamientos.

Cerca de 300 afectados por la CAM presentan una demanda ante la Audiencia Nacional

MADRID.- La Plataforma CAM ha presentado este martes una demanda ante la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en nombre de cerca de 300 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada, que reclaman pérdidas por valor de cinco millones de euros, según informó la plataforma en un comunicado.

   El abogado Diego de Ramón (en la imagen), que representa a los perjudicados, depositó también los 6.000 euros de fianza que le solicitó el juez Fernando Grande-Marlaska para personarse como acusación popular contra los antiguos gestores de la caja alicantina por presunta estafa, delitos societarios y falsedad documental.

   En noviembre de 2010, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia presentada por De Ramón contra los gestores de la CAM. El pasado 23 de febrero, Grande-Marlaska fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que todavía se desconoce quien asumirá la investigación.

  Un portavoz de la Plataforma CAM ha explicado que los contratos de los productos "colocados" a los clientes "prueban que fueron engañados, ya que se trataba de una compra de valores y no de un depósito, como figura en la documentación".

   Además, los demandantes basan sus acusaciones en el informe del Banco de España en el que se acusa a la cúpula directiva de la CAM de maniobrar para enriquecerse, utilizar artificios contables para falsear los resultados con el objetivo de enmascarar pérdidas y obviar los riesgos del negocio de una entidad de crédito, entre otras prácticas inadecuadas.

   En este sentido, acusa de las irregularidades a la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, y al expresidente de la caja alicantina Modesto Crespo, entre otros.  

   Entre otras medidas, los afectados solicitan a la Audiencia Nacional que dicte embargos contra los antiguos gestores de la CAM para hacer frente a las pérdidas sufridas por los clientes como responsables civiles subsidiarios de la quiebra de la entidad.

   Por otro lado, la Plataforma CAM ha remitido el expediente del Banco de España a varios eurodiputados con el objetivo de que se estudie el caso en la Eurocámara. Además, también se está instando a los afectados extranjeros, entre los que se encuentran ciudadanos ingleses, italianos y suizos, a que pidan a sus respectivos embajadores que reclamen explicaciones al Gobierno español sobre la actuación de la CAM.

Vela anuncia que a partir del 1 de mayo los proveedores de la Generalitat cobrarán sus deudas

MADRID.- El conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat valenciana, José Manuel Vela, ha destacado este martes que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ha llegado a un "acuerdo histórico" sobre el pago a los proveedores en el que todas las comunidades han estado de acuerdo. Así, ha anunciado que a partir del 1 de mayo los proveedores del Consell van a recibir los pagos que se les adeudan.

   Así lo ha manifestado momentos después de asistir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne esta tarde en Madrid a los consejeros autonómicos del ramo y que preside el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

   En concreto, ha indicado que, en atención al calendario que se les ha trasladado desde el Gobierno, será a partir de esta fecha cuando los proveedores de la Comunitat empiecen a percibir la deuda que tienen contraída con ellos.

   Para el conseller, este asunto es de "vital importancia" ya que el pago a proveedores es uno de los asuntos más relevantes que preocupan a las comunidades. De hecho, ha destacado que este acuerdo ha sido unánime entre todas las regiones.

   Así, ha destacado que el Gobierno pondrá "encima de la mesa" el dinero para que las comunidades puedan "hacer frente a sus pagos", y para que "por fin" se pueda efectuar el pago a los proveedores. Según ha indicado, este acuerdo, en la Comunitat les hace salir de la reunión "muy satisfechos".

   Por ello, el conseller ha agradecido el "gran esfuerzo" del Ejecutivo por acoger esta medida, ya que "en dos meses ha avanzado más que el anterior Gobierno en las legislaturas anteriores", ha subrayado.

   Con respecto al déficit, ha manifestado que la Comunitat se ha mostrado "favorable" a este déficit marcado en el 1,5 por ciento, que considera "razonable", y que "se va a poder cumplir en el marco actual".

   Asimismo, ha indicado que, aunque ha habido comunidades que han solicitado que se flexibilizase este objetivo, como la comunidad andaluza, según ha indicado el conseller, "no se trata de ver qué comunidad tiene más déficit o menos, sino de cumplirlo".

   Por otro lado, ha destacado que aún no se ha cuantificado si habrá recortes para cumplir con el déficit, ya que hay que esperar a los Presupuestos Generales del Estado, para "evaluar el recorte adicional que se va a hacer".

   Sin embargo, el conseller ha adelantado que habría que adoptar medidas paralelas a la contención del gasto, ya que han podido comprobar que "la causa del déficit ya no son los gastos, sino la caída de ingresos".

   Preguntado por si estas otras medidas que se podrían valorar serían, por ejemplo, subidas de impuestos, el conseller ha apuntado que no irían en esta línea, sino a "aspectos de dinamización económica, como medidas de política industrial".

   "No subidas de impuestos, pero sí medidas de dinamización económica que permitan que aumente la recaudación", ha concluído.

El CGPJ ejecuta la sentencia del Supremo e inhabilita al juez alicantino De Urquía durante 17 años

MADRID.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ejecutado este martes la sentencia del Tribunal Supremo contra el que fuera titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella (Málaga), el alicantino Francisco Javier de Urquía por los delitos de prevaricación y cohecho y ha hecho efectiva su inhabilitación para 17 años.

   Según han explicado fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces, en aplicación a la sentencia dictada por el alto tribunal, De Urquía estará apartado de la carrera judicial por un tiempo de 17 años, diez por la condena por prevaricación y siete por el delito de cohecho.

   La pasada semana el Tribunal Supremo confirmó las dos penas de inhabilitación impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al juez en lo que se refiere a los delitos de prevaricación y cohecho, después de que aquel se pusiera de acuerdo con un amigo para pedirle 60.000 euros a uno de los imputados en la 'operación Hidalgo' a cambio de decretar los autos de libertad provisional para él, su mujer y su sobrino.

   Además, confirmó la pena de dos años de carcel por el cohecho pero rebajó la multa impuesta por el delito de prevaricación al considerar que esa actuación prevaricadora de De Urquía no tuvo una "continuidad delictiva".

El 'aval' del Sabadell no logra frenar la estampida de los fondos de inversión de la CAM

VALENCIA.- Sigue la estampida inversora de los fondos de Caja Mediterráneo, cuya gestora Gestimed volvió a estar entre las diez que más patrimonio perdió durante el mes pasado -concretamente en el sexto puesto-, según los datos provisionales de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), y que recoge www.valenciaplaza.com

Pese a contar con el 'aval' del Banco Sabadell fueron 6,8 millones de euros los que salieron de los fondos de inversión de la entidad alicantina, la séptima mayor de un ranking que engloba a cerca de una centena de fondos. 

Con estos números Gestimed redujo su patrimonio hasta los 441,72 millones de euros, situándose en el puesto 34 del ranking y ya siente el aliento de Credit Suisse Gestión, cuyo patrimonio provisional de febrero se situó en los 431,91 millones.

Ni que decir que fueron más los partícipes -'accionistas' de fondos- que reembolsaron que los que suscribieron, lo que provocó unos reembolsos netos por valor de 16,10 millones de euros, la octava gestora que peor balance presentó.

Concretamente los reembolsos -ventas- totalizaron 22,88 millones frente a unas suscripciones -compras- por valor de 6,78 millones de euros. En cuanto al número de partícipes la caída fue de 429, totalizando a 29 de febrero 21.330.

La Policía desaloja a más de un centenar de personas que vivían en 28 apartamentos abandonados de Benidorm

BENIDORM.- Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Benidorm han desalojado a más de un centenar de personas de distintas nacionalidades que residían en manera irregular en un bloque de 28 apartamentos abandonados situados en la calle Lepanto de Benidorm, según han indicado fuentes cercanas al caso.

   Este inmueble, propiedad de un empresario de la localidad, permanecía desde hace años en estado de abandono y habían sido ocupado principalmente por ciudadanos extranjeros, la mayor parte de ellos procedentes de Rumanía, algunos de los cuales vivían allí junto a sus familias.

   A primera hora de la mañana de este martes, mediante orden judicial, las fuerzas de seguridad han procedido al desalojo de los residentes, que se ha desarrollado de manera pacífica, según las mismas fuentes, quienes han precisado que algunos de los afectados ya iniciaron este lunes por la noche el traslado de sus enseres fuera del edificio.

   Entre los ocupantes de los apartamentos había algunos menores de edad, que no se encuentran aún en edad escolar, y personas de origen magrebí, así como indios y paquistaníes. Personal de los Servicios Sociales municipales y de Cruz Roja también han estado presentes en el desalojo para comprobar la situación de los afectados.

   El comité Local del Sindicato Unificado de Policía de Benidorm ha recordado que la ocupación de estos apartamentos había causado problemas "de insalubridad e inseguridad", y había provocado numerosas quejas entre los colectivos de comerciantes, de establecimientos de hostelería y del sector del taxi de la zona, según ha informado en un comunicado esta organización sindical.

   En este sentido, el sindicato ha destacado que algunos de los ocupantes de los apartamentos cuentan con antecedentes policiales por hurtos, robos con violencia, así como prostitución y venta de sustancias estupefacientes.

   Por ello, la organización sindical se ha felicitado por esta intervención y ha celebrado que, "con este desalojo, se elimina un 'punto negro' de inseguridad ciudadana en Benidorm y se consigue igualmente que finalice el efecto llamada".

Hosbec dice que Aena y Ryanair "deben ajustar algunas de sus decisiones en tiempos de crisis"

ALICANTE.- El presidente de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunitat Valenciana (Hosbec), Antonio Mayor, ha considerado que la solución ante el conflicto que mantienen Aena y Ryanair por el uso de las pasarelas telescópicas "no es fácil, pero ambas partes deben ajustar algunas de sus decisiones a los momentos de crisis" actuales, según ha informado en un comunicado Hosbec. 

   Tras la reunión mantenida este martes con el presidente de la aerolínea irlandesa, Michael O'Leary, los representantes de la patronal hotelera de Benidorm han remarcado que en estos tiempos, la sociedad "no se puede permitir el lujo de perder ningún empleo".

   En este encuentro, Ryanair ha solicitado expresamente el apoyo del sector turístico de la provincia de Alicante para crecer en el aeropuerto de Alicante, en el que la 'low cost' ha reducido su tráfico en Alicante como medida de presión para conseguir que Aena le autorice a continuar con el embarque y desembarque de pasajeros a pie.

   Estos recortes incluyen la cancelación y reducción de frecuencias en los vuelos que motivarán una caída de 1,5 millones de pasajeros al año en este ejercicio. Esta disminución, además de una menor recaudación en tasas para el aeropuerto, supondrá "un menor volumen de ingresos por ventas en tiendas y restauración de la propia terminal", según las mismas fuentes.

   Por el contrario, de alcanzar un acuerdo con Aena, Ryanair ampliaría sus planes en el Altet, donde baraja un horizonte de cinco millones de pasajeros en los próximos años, "lo que contribuiría al crecimiento del empleo y del negocio turístico de forma decisiva".

   En este sentido, Hosbec ha recordado que más del 80 por ciento del tráfico de Ryanair es "vacacional", directamente vinculado con Benidorm y la Costa Blanca como destinos turísticos de alta demanda en los mercados europeos conectados por esta compañía.

   Por ese motivo, desde la patronal se han cifrado en varios miles los puestos de trabajo vinculados con el turismo que pudieran crearse o mantenerse, y han subrayado que, en estos tiempos, la sociedad "no se puede permitir el lujo de perder ningún empleo".

   Hosbec se ha manifestado "siempre contraria a la subvención pública que se ha venido otorgando en diversos destinos a las compañías aéreas", pero, según Mayor, "el aeropuerto de Alicante es una gran infraestructura, y la situación económica actual es muy diferente a la que existía cuando se diseñó".

   Por ello, ha opinado que "sería deseable que se dieran todas las facilidades a las compañías aéreas, en estos momentos francamente delicados también para ellas. Las cosas son diferentes ahora y requieren soluciones diferentes", según las mismas fuentes.

   "No puede haber ni vencedores ni vencidos en esta cuestión. El único éxito para todos es que el aeropuerto crezca en pasajeros, el turismo crezca en actividad económica, el empleo se recupere y Ryanair mantenga Alicante como tercera base en España, después de Madrid y Barcelona", ha señalado Hosbec.

   La entidad ha subrayado que O'Leary ha recalcado la importancia de su tráfico aéreo en los periodos medios en la actividad turística, la primavera y otoño, donde Benidorm y la Costa Blanca "gozan de excelentes condiciones climáticas y de una oferta turística de primer orden para garantizar un volumen de tráfico creciente en los próximos años".

   Por ese motivo, Hosbec y Ryanair se han comprometido en seguir apoyándose mutuamente y trabajar con el objetivo común de consolidar el turismo de la Costa Blanca. A la reunión también han asistido el vicepresidente de Hosbec, Javier García, y representantes de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante.

O'Leary destaca que el Aeropuerto de Alicante será "el único" en el que Ryanair reduzca su actividad este año

ALICANTE.- El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, ha destacado este martes que el aeropuerto alicantino de El Altet será "el único" de todo el territorio nacional en el que la compañía de bajo coste irlandesa reducirá su presencia este año, --por el conflicto que mantiene con Aena por el uso de las pasarelas telescópicas--, mientras que en otros puntos como Girona, Barcelona y Palma de Mallorca aumentará su actividad.

   En un encuentro informativo ofrecido en Alicante, Michael O'Leary ha insistido en reclamar a Aena que ceda ante las pretensiones de la compañía 'low cost' y permita el embarque y desembarque de pasajeros a pie, tal y como venía realizando hasta la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de pasajeros de El Altet el pasado año.

   En caso contrario, Ryanair mantendrá los recortes en El Altet, de modo que esta base perderá seis aviones, 18 rutas, 1,5 millones de pasajeros y 1.500 puestos de trabajo a lo largo del presente año. La base de Ryanair da empleo directo a 250 personas en El Altet, y supone unos 3.000 trabajos indirectos, según los cálculos de la compañía.

   La retirada de frecuencias y aeronaves llevada a cabo por la compañía irlandesa durante este invierno, según ha dicho, "ya ha tenido repercusiones sobre la actividad del aeropuerto alicantino, con una caída del 11 por ciento en el tráfico el pasado mes de enero".

   Por el contrario, Ryanair prevé aumentar su presencia en los aeropuertos de Girona, Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca. "Si Aena cambiara de postura, podríamos operar entre Barcelona y Alicante con cinco o siete frecuencias diarias, porque creemos que hay negocio", ha ofrecido el presidente de la aerolínea.

   Durante su estancia en Alicante, O'Leary ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación Empresarial de Hoteles de Benidorm y de la Costa Blanca (Hosbec) y de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (Apha), a quienes ha asegurado que el impedimento de seguridad alegado por Aena para realizar los embarques a pie, "no tiene sentido", porque en invierno sí pueden realizar el 50 por ciento de las operaciones por esta vía.

  "Los empresarios hoteleros están muy preocupados por la caída de pasajeros y su repercusión sobre la ocupación, y tienen razón para estar preocupados, pero el que está bloqueando el conflicto es Aena", ha manifestado O'Leary.

   Por todo ello, y a "dos o tres semanas" de conocerse la resolución judicial del conflicto que ambas partes mantienen por el uso de las citadas pasarelas, O'Leary ha hecho "un nuevo llamamiento a Aena para que cambie de postura y permita que los vuelos vuelvan a embarcarse y desembarcarse a pie".

   "Si el veredicto en el tribunal de apelación de Alicante es favorable a Ryanair, ésta revertirá todos los recortes planeados para la temporada de invierno 2012/2013 volviendo a operar las rutas y el número de vuelos cancelados, así como los puestos de trabajo perdidos", ha asegurado.

   Por otra parte, preguntado sobre la futura viabilidad del aeropuerto de Castellón, el presidente de la aerolínea irlandesa ha indicado que ya han mantenido conversaciones en torno a la posibilidad de que Ryanair opere allí, y que esta decisión estará sujeta a las condiciones económicas de las nuevas instalaciones.

Castedo dice que se ha sentido "muy sola" en el partido durante la investigación del caso

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado este martes que se ha sentido "muy sola" en su partido con motivo de la investigación del llamado 'caso Brugal', en el que no está imputada, aunque sí ha aparecido en los informes policiales, al tiempo que ha asegurado que "nunca" ha pensado en dimitir.

Sonia Castedo ha hecho estas declaraciones en el programa 'Hoy por hoy' de Radio Alicante, preguntada por si se ha sentido maltratada por su partido, a raíz de las investigaciones del 'caso Brugal'. "No me siento maltratada, si usted me pregunta cómo me he sentido, me he sentido muy sola", ha dicho Castedo.

"Para mí es muy duro tener que estar sufriendo lo que estoy sufriendo durante un año y medio porque me afecta profesionalmente, sin duda, pero personalmente también", ha reconocido.

La alcaldesa ha asegurado que "nunca" ha pensado en dimitir, pese a que algunos han dicho que lo haría. "Cuando gané, escuché que primero iba a dejarlo octubre, era octubre y seguía siendo alcaldesa, luego escuché noviembre, después en enero, ahora que estamos en febrero, acabo de escuchar en mayo", ha dicho.

En este sentido, ha considerado que la Policía y la Fiscalía tienen interés en acabar con su carrera política. "Sí, no es la primera vez", ha dicho Castedo, preguntada al respecto. Según la alcaldesa, no puede "luchar mediáticamente contra policía y Fiscalía porque siempre se les va a creer a ellos", pese a que, en su opinión, "hay interpretaciones en las conversaciones" telefónicas. Por ello, considera que "sí es un tema mediático" y se muestra "segura de que cuando se llegue al final" se verá que "no es verdad".

Según la primera edil, "si mañana lo archivan, ya está, qué más da, mi imagen ha quedado tocada, es muy difícil quitar estigma. No me acusan de quedarme con dinero, es verdad, me da exactamente igual, están intentando hacer ver que yo he cometido un delito pero no es verdad".

A este respecto, y preguntada por si cabría la posibilidad de que el código ético del PP le impusiera dimitir en caso de que sea imputada, ha aclarado que esta norma de su partido "marca que si una persona del partido que sea imputada, el partido lo que hará es abrir un expediente informativo y cuando se abra juicio oral, en caso de que exista una sentencia condenatoria, abrirá un expediente disciplinario".

La razón, según la alcaldesa, es que para "juzgar están los jueces y no vamos a intentar juzgar antes de que un juez lo haga". A su modo de ver, "parece justo que cuando hay una condena el partido tome cartas en el asunto, pero no antes, porque ¿y si se demuestra que no ha hecho nada?; esa persona ha sido maltratada socialmente y también por su partido".

Castedo ha reconocido que es "amiga de Enrique Ortiz, como de otros muchos empresarios" y ha asegurado que lo es "a cambio de nada". Sin embargo, ha subrayado que Ortiz "jamás" ha recibido información privilegiada por su parte ni por parte de ningún funcionario. Preguntada por si sabe si el exalcalde, Luis Díaz Alperi, le dio información privilegiada, Castedo ha dicho: "no me consta".

Por otro lado, preguntada por su relación con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, Sonia Castedo ha dicho que es "muy buena". La alcaldesa ha reconocido el "importante bagaje" de Fabra, que ha sido alcalde mucho tiempo, y ha considerado que esta experiencia "le ha servido para intentar afrontar lo que ha tenido que afrontar en muy poquito tiempo".

Desde su punto de vista, "en el próximo congreso regional, en el que saldrá evidentemente elegido presidente, va a ser un refuerzo muy importante para él y puede hacer un buen trabajo en la Comunitat Valenciana".

En cuando a su apoyo al expresidente del Consell, Francisco Camps, al acudir a acompañarlo en sus declaraciones antes de ser juzgado, Castedo ha indicado que "ejercer de palmeros lo sabemos hacer todos", pero "apoyar cuando alguien lo está pasando mal es más difícil, más aún si eres político y si te puedes ver salpicado".

Castedo ha indicado que acudió porque pensaba que era "muy injusto el tratamiento mediático que recibió" y que estaba "sobredimensionado".

 "Consideraba que tenía que ir", ha dicho.