VALENCIA.- Lo contó Jesús Navarro, empresario que formó parte del consejo de
administración de Caja Mediterráneo (CAM). Los directivos de la entidad
llamaban a los consejeros, ya fueran designados por la Generalitat o por
los ayuntamientos, representaran a los impositores o a los
trabajadores, “aves de paso”, revela hoy 'El País'.
Por la comisión parlamentaria de las
Cortes Valencianas que investiga la intervención de la caja han
desfilado esas “aves” en desbandada. Acuciados por el expediente al que
han sido sometidos y por el pliego de cargos que ha redactado el Banco
de España, los consejeros de la CAM han exagerado, sin duda, su
desconocimiento de lo que ocurría en una entidad que fue intervenida en
julio de 2011 tras revelarse graves deficiencias en sus balances. Pero
han coincidido al describir un sistema de funcionamiento en el que los
órganos de gobierno sólo servían de cobertura formal a un poder que
emanaba del equipo directivo encabezado por Roberto López Abad y se
ejercía, o se negociaba, al margen del consejo.
Esta semana pasada llamó mucho la atención que una bailarina hubiera llegado
a formar parte de la comisión de control de la CAM.
Isabel Cambronero, profesora de danza clásica en Murcia, entró por
sorteo en la asamblea de la entidad por la cuota de los impositores y
fue incorporada a la comisión de control por los seguidores de Francisco
Camps, que hegemonizaban la representación durante los últimos años de
la caja.
Cambronero resumió su actitud al preguntarse: “¿Por qué dudar
de unos profesionales que están haciendo su trabajo? Es como si voy al
médico y no me creo lo que dice”. Su confesión sonó espontánea, pero no
era muy diferente de la explicación que ese mismo día ofreció ante la
comisión parlamentaria Francisco Grau Jornet, profesor de Matemática
Financiera en la Universidad de Alicante, que también fue colocado en la
comisión de control por los campistas en 2007. Grau Jornet, aparte de
no poder alegar desconocimiento de los procedimientos financieros, vino a
decir que ese organismo se limitaba a “convalidar” los acuerdos que
llegaban del consejo de administración.
Sin embargo, su paso por la CAM fue mucho menos fugaz que el de otras
“aves” que desfilaron por allí. Grau Jornet, persona muy próxima a
Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, entró en la
entidad en 1996 y de 1998 a 2007 fue nada menos que secretario del
consejo. Sólo se cayó del máximo órgano de gobierno cuando los
partidarios del sucesor de Zaplana, es decir, de Francisco Camps, lo
apartaron. También fue presidente de Incomed y vicepresidente de
Gesfinmed, dos empresas participadas por la CAM.
No respondió a ninguna pregunta concreta sobre las más que
sospechosas y millonarias operaciones de crédito de la caja con empresas
abrumadoramente alineadas con el sector de la construcción. Pero
reconoció, a preguntas de los diputados de la oposición, que fue uno de
los asistentes a lo que tanto el socialista Ángel Luna como Mireia
Mollà, de la Coalició Compromís, y Lluís Torró, de Esquerra Unida del
País Valencià, han venido en llamar “reuniones preconsejo”. Grau Jornet
dijo que hacia 2006 esas reuniones “dejaron de tener operatividad”, y
añadió que ignora si, tras su caída del consejo, siguieron
produciéndose.
La realidad es que así fue. Esas reuniones, que se celebraban el
mismo día del consejo o la víspera, y a las que asistían el presidente,
Modesto Crespo, el director general, López Abad, y miembros de su
equipo, los vicepresidentes, el secretario del consejo y algún otro
consejero escogido, era el lugar en el que se producía la auténtica
deliberación sobre la política de la CAM.
La otra fuente de poder era la Generalitat, pero en este punto el
cordón sanitario montado para proteger su responsabilidad es total.
Ninguno de los consejeros propuestos a iniciativa del PP lo ha
reconocido explícitamente ante la comisión parlamentaria, todos han
desmentido haber recibido indicaciones o sugerencias políticas. Los
responsables del Instituto Valenciano de Finanzas han preferido asumir
que no tenían competencias sobre el sistema financiero y el portavoz
popular, el diputado David Serra, uno de los imputados en el caso
Gürtel, se ha ocupado de reiterar que el volumen de créditos de la
Administración valenciana y las inversiones en proyectos del Gobierno
autonómico, como Terra Mítica, apenas tuvieron relevancia en las cuentas
de la caja, hoy convertida en entidad bancaria y propiedad del Banco de
Sabadell.
El devaluado papel de los órganos de gobierno llega hasta el extremo
de que, de las comparecencias ante la comisión, se deduce que el grave
requerimiento del Banco de España a la CAM de diciembre de 2010, en el
que se señalaba una elevada morosidad, excesiva concentración en el
sector inmobiliario, desequilibrio en la estructura financiera y
necesidades adicionales de saneamiento, fue explicado de mala manera por
la entonces directora general, María Dolores Amorós, aunque el acta del
consejo lo recoja literalmente.
Como quiera que Amorós, la única directiva que aceptó responder a
preguntas de los diputados, —ya que su predecesor López Abad y el
responsable de proyectos inmobiliarios, Daniel Gil Mallebrera, se
acogieron al derecho de no declarar—, tampoco dijo gran cosa, no se ha
acabado de esclarecer si las actas fueron falseadas.
De momento, los únicos que han asumido ante los diputados de las
Cortes Valencianas que fueron propuestos por un partido han sido los
consejeros a iniciativa del PSPV-PSOE: Jesús Navarro, empresario de
Carmencita, primera firma del sector de las especias y los condimentos
de alimentación, y Martín Sevilla, catedrático de Política Económica y
exconsejero de la Generalitat en la época de Joan Lerma. Ambos siguieron
en el consejo de la CAM en buena medida por presiones de la cúpula de
la propia caja pese a que Camps decidió en 2009, en pleno escándalo del
caso Gürtel, excluir a los socialistas de la representación
correspondiente a la Generalitat Valenciana en las entidades de ahorro.
Ni Navarro ni Sevilla quisieron pasar por ineptos ante la comisión
parlamentaria, si bien el primero se ubicó en una posición claramente
más crítica. Todo lo contrario que los consejeros promovidos por el PP,
como el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique
Garrigós, un empresario del turrón de Xixona, que llegó a afirmar: “No
estoy preparado y no tengo tiempo para revisar los balances”.
"¿Has estado en la mesa?"
La pregunta sólo podían formularla los más puestos en el
funcionamiento interno de la CAM. “¿Has estado en la mesa?”. No se
refería a órgano alguno de los previstos en la estructura institucional
de la entidad, pero sí al ámbito donde se cocían las decisiones, a
menudo alrededor de una mesa para comer y siempre antes de que se
celebrara una reunión del consejo de administración. Tal vez porque
existía esa reunión informal, a la que asistían los directivos y un
grupo escogido de consejeros con el presidente, Modesto Crespo, al
frente, la comisión ejecutiva de la CAM era un órgano prescindible. Se
reunía minutos antes de los consejos para dar trámite a los asuntos de
manera rutinaria.
Nada de esto se ha explicado de una manera ordenada en las
comparecencias que se desarrollan ante la comisión parlamentaria de las
Cortes Valencianas, en las que sí que ha habido retazos y alusiones que
permiten entrever lo que ocurría. “El control efectivo de la caja
radicaba en un reducido grupo de personas”, dijo Juan Pacheco, que formó
parte del consejo solo durante los años 2010 y 2011 en representación
de los impositores de Murcia. Hay cajas “presidencialistas”, señaló, por
su parte, Jesús Navarro, pero “en la CAM históricamente han mandado los
directivos”. Si Francisco Grau Jornet asumió haber asistido a las
reuniones “preconsejo” durante años, Navarro reconoció haberlo hecho
solo algunas veces. Era un termómetro de lo cerca que se estaba del
núcleo duro de la CAM.
