Castellano anuncia la constitución del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y subraya la "unión" del partido

VALENCIA.-   El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha anunciado este jueves la constitución del Comité de Derechos y Garantías del PPCV, que decidirá sobre los imputados 'populares' y sobre presuntas implicaciones de dirigentes del PPCV en casos de corrupción. Asimismo, ha subrayado la la "fuerza y unión" del partido tras los congresos regionales.

   Castellano ha comparecido en rueda de prensa tras la Junta Directiva Regional, a la que también han acudido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, el vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, el vicesecretario de estudios y Programas, Esteban González Pons, el exportavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, entre otros.

   Alfonso Rus ha salido de la reunión veinte minutos antes de su conclusión para presentar el nuevo plan de eco-ahorro en alumbrado público a los alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes en La Beneficència.

   El Comité de Derechos y Garantías estará presidido por Alfredo Castelló Sáez, el secretario será Juan Rodríguez Marín, y los vocales, Tania Ortiz, Felipe del Baño, José Joaquín Segarra, Paula Sánchez de León, Juan Bautista Roselló, José Antonio Peral, Rubén Ibáñez, Enriqie Vilart, Araceli Peris y Francisco Salavert.

   También se ha acordado el nombramiento de los 15 vocales de Nuevas Generaciones del PP para que formen parte de la Junta Directiva Regional de Nuevas Generaciones. Los vocales de la organización juvenil son Paula Garrido, Raquel Espinosa, Vicente Pla, Ignacio Carratala, Antonino Muñoz, Joaquín de la Morena Mendiola, Edgar Hidalgo, Luisma Pizana, Adrian Santos, Carla Ruiz, Pablo Roig, José Vicente Adsuara, Beatriz Giménez, Alberto Sanfelix, Gonzalo Bautista.

   Además se ha aprobado el nombramiento de José Juan Zaplana como secretario general de los 'populares' alicantinos, que dejará su actual cargo de responsable de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales en el PP de la Comunitat Valenciana. Este puesto lo desempeñará Raul Dalmau.

   Castellano ha valorado los congresos y ha destacado la "cohesión" del PPCV y que el partido "tiene mucho músculo y va a trabajar al 100% para que la Comunitat salga adelante y genere empleo".

   Durante su comparecencia, ha indicado que la Junta Directiva ha adoptado el compromiso de "explicar" todas las medidas que se están llevando a cabo desde el Gobierno y la Generalitat y hacerlo "desde la humildad, la solidaridad y la comprensión de los sacrificios que se está pidiendo a todos los ciudadanos", ya que entiende que se puedan sentir "molestos con algunas de las medidas", pero que ha dicho que son "necesarias" para salir de la crisis tras la "herencia envenenada del anterior Ejecutivo socialista".

   Para Castellano, son "momentos de mucha dificultad y sencillez y pese a que son medidas difíciles son absolutamente necesarias", por lo que ha subrayado que los populares van a seguir trabajando "con el mayor esfuerzo posible y estando al lado de la gente, porque es tarea de todos sacar la situación adelante".

 "Somos una gran comunidad y un gran partido y en momentos difíciles hay que demostrarlo", ha aseverado.

   En este sentido, ha apuntado que se ha marcado un periodo para la celebración de los congresos comarcales y locales, que deberán realizarse entre el próximo octubre y el mes de marzo de 2013. También se ha establecisdo la fecha del Congreso Regional de Nuevas Generaciones para el próximo 30 de septiembre y que la Escola Nacional d'Estiu se celebrará el 13, 14 y 15 de septiembre.

Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones para tramo sur del Corredor Mediterráneo

MURCIA.-   La Asociación Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones de euros para la ejecución del sector sur del Corredor Mediterráneo, esto es, desde Algeciras hasta Alicante, con una rentabilidad de 677 millones que podría llegar a elevarse a 750 en función del tráfico ferroviario, lo que haría amortizar el capital invertido en un plazo de 15 años.

   Así lo ha hecho saber el secretario general de la asociación empresarial Ferrmed, Joan Amorós, tras mantener una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a quien han presentado las conclusiones del estudio argumental y provisional sobre el sector sur del gran eje Ferrmed, es decir, el que transcurre desde Alicante a Algeciras.

   Amorós ha recordado que la parte sur del trayecto es una zona "estratégica" que, por no tener unas buenas conexiones ferroviarias, no puede explotar todo su potencial.

   Este estudio ha analizado los trazados de tres líneas nuevas, una primera que va de Monforte (Alicante) a Murcia y continúa hasta Lorca (Murcia) y Almendricos (Almería); una segunda línea que va desde Almendricos a Baza, Guadix y Granada, y una última que ya está en marcha, de alta velocidad y que va desde Alicante hasta Almería pasando por Murcia y que se da por estudiada.

   Asimismo, la asociación Ferrmed ha estudiado la línea de la costa en Andalucía, es decir, tener una alternativa a la línea del interior, por la costa, desde Almería a Motril y Málaga, entre otras localizaciones.

   Al ser preguntado por la posibilidad de que la Comisión Europea introduzca alguno de los tramos propuestos por Ferrmed, Amorós ha señalado que es una "historia que nunca acaba", pero ha manifestado que lo importante es tener en cuenta que se trata de un proyecto "rentable".

   En cualquier caso, ha señalado que la decisión final "depende mucho del Gobierno de España y, por eso, Ferrmed envió hace un mes a el documento a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y ha pedido también a Valcárcel que apoye la inclusión del proyecto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda que prepara el Ministerio".

   Si este Plan recoge la petición de Ferrmed, Amorós dice que "será mucho más fácil que la Comisión Europea apruebe el proyecto", probablemente, antes del final de año. No obstante, ha señalado que la Comisión "está muy a favor del Corredor Mediterráneo".

   Amorós ha señalado que el informe presentado a Valcárcel es un estudio previo que no examina todos los pormenores, pero que sí analiza los túneles que habría que hacer o los viaductos, por lo que las inversiones reflejadas son, a su juicio, "bastante fidedignas".

   En lo que respecta a la inversión prevista, Ferrmed no ha considerado los puestos de trabajo que se crearían ni el impacto en términos de PIB, porque sería más difícil de evaluar.

   La rentabilidad socioeconómica, evaluada en base al cambio de la carretera al ferrocarril y por tanto, el ahorro en energía y en mano de obra. Asimismo, ha tenido en cuenta el ahorro en tiempo y en costo al tener unas líneas y conexiones más cortas y eficientes, así como las consecuencias medioambientales.

   Las líneas, que están pensadas tanto para pasajeros como para pasajeros, arrojan en base a estos cálculos, una rentabilidad de 677 millones de euros al año, frente a una inversión de más de 10.000 euros, lo que considera que es "bastante bueno".

   Amorós ha señalado que Ferrmed también ha sido conservadora a la hora de calcular el tráfico ferroviario, que en España se sitúa actualmente en el cuatro por ciento. En el estudio se prevé el ocho por ciento, es decir, el doble, mientras que la media europea en el tráfico ferroviario de mercancías se sitúa en el 15 por ciento.

   El objetivo de este cálculo "conservador" es que la gente no pensara que esto no es una entelequia. De todas formas, si la cuota alcanzara la media europea, Amorós ha previsto que los 677 millones de retorno se elevarían a los 750 millones de euros.

   En todo caso, Amorós ha señalado que este estudio demuestra que el trazad sur del Corredor Mediterráneo "es rentable" y hay que ponerla en el mapa, así como la conexión del puerto de Cartagena con el centro de España pasando por Albacete de la forma más directamente posible.

   Y es que, según Amorós, el puerto de El Gorguel ofrece unas posibilidades de desarrollo "increíbles", porque será probablemente el puerto de mayor calado del Mediterráneo y admitirá portacontenedores enormes que no podrían acceder a otros puertos, y aunque muchas de las mercancías vayan a Europa, Cartagena "puede convertirse en un puerto significativo para Madrid".

   En este sentido, el estudio recoge la construcción de un tercer entre Murcia y Cartagena, para utilizar la línea de alta velocidad, aunque sea "de una forma precaria" para trasladar las mercancías hasta Alicante, utilizando a lo mejor dos locomotoras.

   Ha admitido que se puede discutir a Ferrmed las fechas y que, donde la asociación dice que la saturación tendrá lugar en 2015, a la hora de la verdad sea en 2017. En todo caso, el objetivo es que "esto se pinte en el mapa y se tenga en cuenta en las previsiones", ha añadido.

   Ferrmed está traduciendo el documento al inglés, y lo presentará en Bruselas en el que prevé contar con la presencia de Valcárcel como presidente del Comité de las Regiones (CDR), y también prevé presentarlo al Comité de Transportes del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

   Sevilla ha señalado que este plan "recoge 10.000 millones de euros de inversión, lo que es una cantidad respetable pero muy adecuada al mundo ferroviario", mientras que la rentabilidad, calculada con patrones "conservadores", haría recuperar esa inversión "en 15 años".

   Sin embargo, el consejero manifiesta que estos cálculos no han tenido en cuenta "ni los avances que supondrían para el transporte, el sector agroalimentario e industrial", al tiempo que ha puesto en valor que esta infraestructura "daría servicio a 11 millones de residentes".

Más de 200 organizaciones rechazarán el sábado la reforma de la Ley de Costas con acciones en playas de toda España

MADRID.- La plataforma 'No a nuestra costa', integrada por más de 200 organizaciones, realizará distintas actividades en playas de toda España para reivindicar la defensa del litoral y manifestar su rechazo a la modificación de la Ley de Costas, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio.

   Así, convocan el 'Día de Acción Global en defensa del litoral y contra la reforma de la Ley de Costas', durante el que realizarán embarques con ciudadanos, limpiezas de playas, performances y paseos en kayak para conocer los valores de la costa.

   Concretamente, las actividades se desarrollarán en playas como la del Palmeral (Almería), el Saler y la Malvarrosa (Valencia), Valdevaqueros, Tarifa (Cádiz), Cala Blanca, Andratx (Mallorca), Marina de Cope (Murcia), El Médano (Tenerife), la Concha (San Sebastián); Barceloneta (Barcelona), Matalascañas (Huelva), Mataleñas (Santander), entre otras. Las actividades y playas donde se organizarán pueden consultarse en la página de Internet http://www.noanuestracosta.org/mapa

   La plataforma 'No a nuestra costa' se presentó el pasado mes de abril ante la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a principios de año. La iniciativa surgió de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF. Hasta la fecha, más de 200 organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos, abogados, sindicatos, empresarios y cofradías de pescadores se han unido para reivindicar la protección del litoral, la vigencia de la actual Ley de Costas y que retroceda lo que pretende la norma.

El déficit valenciano sube al 1,09% en el segundo trimestre del año

MADRID.- El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha adelantado que el déficit de la región en el segundo trimestre del año se sitúa en el 1,09 por ciento, un 0,39 por ciento más del valor que registró en los tres primeros meses de 2012 y que, según ha afirmado, indica que la Comunidad "va por el buen camino" para cumplir con el 1,5 por ciento total acordado con el Estado.

   "Si el primer trimestre nuestro déficit era del 0,7 por ciento, en estos momentos es del 1,09 por ciento", ha detallado Fabra durante su intervención en los Desayunos Autonómicos de Abc, donde ha explicado que la subida durante los últimos tres meses no ha sido muy elevada por las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo que preside en la comunidad.

   Durante su intervención, el presidente valenciano ha reconocido la dificultad de la situación económica y ha enmarcado dentro de la normalidad la decisión de la Comunidad Valenciana de acudir al fondo de liquidez puesto en marcha por el Gobierno para comunidades autónomas, aunque no ha querido detallar la cifra que solicitará hasta conocer cuántas autonomías pedirán acogerse a este mecanismo de financiación.

   "Con el mismo realismo con el que fuimos los que más dinero pedimos en el plan de pago a proveedores, acudimos fondo liquidez. No tenemos nada que esconder", ha sostenido el presidente de la Generalitat antes de recordar que ahora más comunidades están avanzando su intención de pedir esta ayuda al Gobierno, que sin embargo ha rechazado calificar de rescate.

   La Comunidad Valenciana es la única que, junto a Murcia, tiene una renta per cápita inferior a la media española, está por debajo de la media de financiación y tiene una balanza fiscal negativa, según ha denunciado su presidente.

   A pesar de esta situación, ha explicado que la Comunidad no se quiso "conformar" e hizo una "sobreaportación" para financiar muchos servicios para atender a los ciudadanos, como colegios, hospitales, órganos judiciales o infraestructuras.

   En este contexto, Fabra ha repasado las medidas que está aplicando la Comunidad Valenciana para reducir gastos de la administración, como la reducción de empresas públicas, altos cargos o gastos supérfluos, y ha remarcado la necesidad de tomar medidas para fomentar la actividad privada, eliminando trabas a los empresarios.

   Además, se ha erigido como defensor del Estado autonómico, que sin embargo necesita "una reorganización" para adecuarlo a la situación actual y "saber estar a la altura de las circunstancias y lo que exige la sociedad".

 "Ya no vale el manual tradicional, tenemos que ser imaginativos, decididos y firmemente convencidos de nuestra potencia, capacidad y esfuerzo", ha animado.

   Fabra ha defendido que los últimos treinta años han sido los de "más prosperidad" para los ciudadanos gracias a las autonomías y por ello ha rechazado que se ponga en duda este sistema ni que se tengan que devolver competencias al Estado. "Queremos tener los ingresos adecuados del Estado y luego que nos dejen hacer, lo único que pedimos es igualdad de trato y que nos dejen hacer", ha reclamado.

  Sin embargo, no ha querido culpar a la Comunidad Valenciana del anterior Ejecutivo autonómico, liderado por Francisco Camps, y ha insistido en que el problema de la región se debe a la mala financiación que sufre del Estado.

El juez desestima los recursos de Ortiz, Castedo y Gutiérrez contra el envío de la causa del PGOU al TSJ

ALICANTE.- El titular del juzgado nº 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha desestimado los recursos presentados por el empresario Enrique Ortiz, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio Javier Gutiérrez --imputados en el proceso-- contra el envío de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según han confirmado fuentes judiciales.

   El magistrado Manrique Tejada envió el pasado 5 de julio el sumario al TSJCV debido a la condición de aforados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos, para los que Tejada pedía la imputación en el caso.

   El sumario, además, imputaba a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz, que a cambio de dádivas habría resultado favorecido con la tramitación del PGOU, así como el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores SL Javier Gutiérrez.

   Tanto Enrique Ortiz, como José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

   En el caso de Enrique Ortiz, su defensa presentó el pasado 6 de julio un recurso de reforma contra el auto de inhibición en el que exponía que "la remisión de la causa en el actual estado procesal supone, entre otras infracciones de orden legal y constitucional, dar por concluida esta parte de la instrucción sin practicar las diligencias acordadas mediante resoluciones judiciales firmes".

   Este punto hacía referencia a la petición, aún por atender, del magistrado, para que le fuera entregado el material intervenido en los registros practicados en la vivienda, oficinas y en el yate del empresario.

   Por su parte, el hermano de la alcaldesa y su socio alegaron en su recurso que, antes de dar traslado al TSJCV, el magistrado debería pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento libre elevada por estos dos imputados, según han señalado fuentes cercanas al caso.

   No obstante, en una resolución emitida hace unos días, el magistrado Manrique Tejada ha rechazado los distintos argumentos planteados por los imputados, al considerar que todos los trámites realizados en la instrucción se han producido en el momento procesal "oportuno".

   Además, indica que el TSJCV continuará con la instrucción de la causa y se pronunciará sobre los trámites pendientes, según han explicado fuentes judiciales cercanas al caso.

Escrivá calcula que en Navidad puede haber un nuevo gestor para los estudios de Ciudad de la Luz

ALICANTE.- El director general de los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz, José Antonio Escrivá, ha estimado que para la próxima Navidad los platós alicantinos podrían tener un nuevo gestor que "atraiga producciones y consiga que tengan un impacto" tanto en la ciudad como en el tejido industrial, si bien ha subrayado que se trata de un "proceso laborioso".

   Escrivá ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras la presentación este miércoles de los nuevos logotipos de las oficinas de captación de rodajes en la provincia, denominadas 'film offices', donde ha estado acompañado por el gerente del Patronato Municipal de Turismo, Agustín Grau, y al ser preguntado sobre el proceso de venta del complejo audiovisual, ubicado en terrenos de la zona de Agua Amarga.

   Así, ha señalado que el proceso de venta de los platós se encuentra "bajo los acuerdos de Bruselas" y se está intentando "solucionar lo antes posible".

 "Me he puesto Navidad para estar con la nueva velocidad de crucero", ha apuntado.

   Igualmente, al ser cuestionado sobre los recursos que tanto el Gobierno central como la Generalitat Valenciana presentaron contra la resolución de la Unión Europea en la que determinaba que las ayudas públicas concedidas a los estudios eran "ilegales" y que, por tanto, tenían que ser devueltas, ha manifestado que continúan su trámite.

   Además, y en referencia nuevamente a la venta del complejo, ha incidido en que para finales de este año o comienzos de 2013, "en Navidad", habrá un nuevo gestor de los platós.

   "Para entonces se habrá encontrado un comprador para Ciudad de la Luz que vuelva a atraer producciones y conseguir que tengan impacto en Alicante y que dejen un gasto local espléndido para la ciudad, los trabajadores y el tejido industrial. Es un proceso laborioso", ha resaltado.

El TSJCV condena a Novelda a pagar 3,1 millones a FCC por la deuda de las basuras

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Novelda a pagar 2,5 millones de euros, más 622.883 euros en concepto de intereses de demora, por la deuda que el consistorio mantenía desde febrero de 2008 con la empresa FCC por el servicio del recogida de basuras.

   En un auto fechado en abril de 2012, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado así el recurso de apelación interpuesto por FCC contra la anterior resolución de septiembre de 2011, en la que también se daba la razón a la compañía pero se cifraba la deuda en 2,1 millones de euros.

   Con este último fallo, el TSJCV eleva de 2,1 a 2,5 millones el total a pagar, más los intereses de demora, que a 31 de diciembre de 2007 ascienden a 622.883 euros, con lo cual el Ayuntamiento de Novelda deberá pagar a la anterior concesionaria del servicio de recogida de basuras un total de más de 3,1 millones de euros.

   Esta segunda sentencia, que es firme y no deja posibilidad de recurso, eleva la cantidad cifrada en la dictada en septiembre de 2011 al entender que el juez de instancia "yerra claramente" al valorar la prueba aportada por el Ayuntamiento, en referencia a un listado de tesorería "sin fecha ni firma alguna" que cifraba la deuda pendiente en 1,5 millones de euros.

   En los fundamentos jurídicos del fallo, el tribunal considera que "la cuestión debatida" pretende determinar "si la reclamación del actor es la señalada en su escrito de demanda --que solicitaba el cobro de 2,5 millones-- o es la señalada por la sentencia de instancia --que lo cifraba en 2,1 millones--".

   Al respecto, la sentencia de instancia de septiembre de 2011 debía establecer si, en base al convenio de febrero de 2008, la deuda existente era de 4,5 millones de euros más los intereses --que a 31 de diciembre de 2007 ascendían a 622.883 euros--. El listado de tesorería del Ayuntamiento, por otra parte, cifraba la deuda en 1,5 millones.

   Al respecto, el tribunal concluyó en el fallo de septiembre de 2011 que "la deuda real es el resultado de restar" a los 4,5 millones de euros los 622.883 de los intereses y los 1,5 millones del listado de tesorería. Esta operación da como resultado 2,35 millones y no los 2,1 millones de la sentencia de septiembre de 2011, hecho que esta resolución se atribuye a "un error aritmético al realizar la resta".

   Por tanto, este fallo no pretende "realizar un nuevo examen de la cuestión litigiosa", y afirma que "sentado lo anterior, es obvio que el juez de instancia yerra claramente al valorar la prueba aportada por el Ayuntamiento", en referencia al listado de tesorería sin firma ni fecha.

   En ese sentido, el tribunal entiende que "la cantidad reclamada asciende a los plazos impagados más los intereses devengados, según las propias cláusulas del convenio", por lo que "la apelación debe ser estimada, y como consecuencia estimada la demanda", de modo que FCC cobrará los 2,5 millones que solicitaba en un principio.

El nivel B2 de lengua extranjera será obligatorio para los docentes de la Comunitat en el curso 2013-14

VALENCIA.- La Conselleria de Educación exigirá, a partir del curso 2013-14, un nivel de conocimiento equivalente al B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas, tanto a los docentes de Infantil y Primaria como a los de Secundaria, para impartir materias en otros idiomas como el inglés. 

   Esta es una de las principales novedades del proyecto de orden elaborado por la Conselleria de Educación por la cual se regulan las nuevas condiciones que un docente de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional tiene que cumplir para obtener la capacitación para impartir clases en cualquier lengua extranjera.

   El objetivo --han explicado el departamento de Campanar en un comunicado-- es ajustar la normativa al nuevo decreto de Plurilingüísmo, por el cual todos los centros docentes dependientes de la Generalitat tendrán que comenzar a vehicular contenidos en inglés en Educación Infantil durante el próximo curso, e ir avanzando en las distintas etapas de escolarización hasta el curso 2020-21.

   En el curso 2020-21 el plurilingüismo estará presente todos los niveles y se impartirá como mínimo, un área, materia o módulo no lingüístico en una lengua extranjera

   En la nueva orden, Educación modifica los requisitos lingüísticos que un docente necesita para impartir una materia o módulo no lingüístico en una lengua extranjera de cara al próximo curso.

   Además, incorpora un calendario de planificación con el objetivo de que, en tan solo cuatro años, el profesorado haya adquirido las competencias necesarias como para garantizar el funcionamiento y la continuidad del modelo plurilingüe.

   La primera novedad de la orden es que, con la entrada en vigor del nuevo decreto de Plurilingüismo, en el curso 2012-13, Educación flexibilizará los requisitos que tiene que tener el profesorado de todas las etapas para impartir clase en una lengua extranjera, como el inglés.  

   En este sentido, se exigirá al docente de Infantil y Primaria acreditar un nivel B1 de conocimiento del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y no un certificado de capacitación como hasta ahora.  

   El objetivo de esta medida es facilitar la implantación progresiva del plurilingüismo en la Comunitat y dar facilidades a los profesores para formarse paulatinamente en el conocimiento de lenguas extranjeras, de cara a los próximos cursos escolares.

   El segundo aspecto novedoso es que, a partir del curso 2013-14, Educación exigirá un nivel de conocimiento equivalente al B2 del Marco Común Europeo de las Lenguas, tanto a los docentes de Infantil y Primaria como a los de Secundaria. Sin embargo, no necesitarán el certificado de capacitación expedido por la universidad o por el Servicio de Formación del Profesorado de la Conselleria.  

   Hasta el momento, los docentes de Infantil y Primaria solo tenían que acreditar un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas para impartir docencia en lengua extranjera y el cambio implica que, a partir de dicho curso, tendrán que haber obtenido un nivel B2.

   Finalmente, en el curso 2016-17 todos los docentes que impartan clases en lenguas extranjeras, en cualquier etapa, tengan también, además del B2, un certificado de capacitación, que obtendrán tras la superación de una prueba específica.

   Educación pretende así conceder tiempo a los  docentes para que se formen para presentarse a esta prueba organizada por el Servicio de Formación del Profesorado de la Conselleria, que les otorgará la capacitación lingüística y que tendrán que tener todos en el curso 2016-17, además del título de conocimiento de B2.

   En este sentido, la Conselleria formará a cerca de 3.000 docentes cada año en las Escuelas Oficiales de Idiomas y será la responsable de certificar que los docentes tengan los conocimientos suficientes como para garantizar la calidad y la continuidad del sistema de enseñanza plurilingüe.

   El modelo plurilingüe que la Conselleria tiene previsto poner en marcha durante el próximo curso escolar, supondrá un importante salto de calidad en los planes de estudio de los alumnos de la Comunidad Valenciana.

   El objetivo del Consell es "preparar a los alumnos para afrontar los retos de un futuro global, donde deberán ser competitivos y versátiles para incorporarse al mercado laboral europeo", han explicado.

Los municipios valencianos limítrofes podrán mancomunar los servicios de Policía Local

VALENCIA.- Los municipios de la Comunitat Valenciana limítrofes y que no sumen más de 40.000 habitantes podrán mancomunar servicios de Policía Local para mejorar la seguridad que ofrecen a los ciudadanos, según se contempla en un convenio suscrito este miércoles por el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas.

   Castellano ha explicado que entre los requisitos que deberán cumplir los municipios que deseen asociarse se encuentran ser localidades limítrofes, sumar sus poblaciones menos de 40.000 habitantes y carecer separadamente de recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local o no tenerlos.

   El convenio también contempla la elaboración de un manual para responsables políticos municipales como guía y orientación para mantener la calidad del servicio público y establecer protocolos y dispositivos de actuación para los Cuerpos de Policía Local para mejorar la protección y la seguridad de los ciudadanos.

   Asimismo, a través del Centro de Investigación de Seguridad y Emergencias (CISE) ubicado en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) se difundirá información jurídico-legal para que los agentes estén al día en este aspecto.

   El acuerdo, además, recoge actividades de formación, especialización y profesionalización para los policías locales puesto que, según ha subrayado el conseller de Gobernación, "lo que distingue un servicio público es la profesionalización de sus integrantes".

   Serafín Castellano, en una rueda de prensa tras la firma del convenio, ha comentado que la Generalitat propone nuevas fórmulas y nuevas vías para colaborar y ayudar en la seguridad de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sin que ello suponga un coste económico para los ayuntamientos, "optimizando los recursos existentes debido a la delicada y difícil situación económica que atraviesa el país".

   "En los tiempos que corren desde el punto de vista económico y de afrontar los servicios públicos de cara a la población, la colaboración entre las diferentes administraciones es absolutamente básica", ha destacado.

   El conseller considera que con el convenio firmado este miércoles "hacemos un ejercicio de responsabilidad, de sensatez para aunar esfuerzos entre todos los ayuntamientos y la Generalitat para seguir mejorando y colaborando en la seguridad ciudadana a través de los Cuerpos de Policía Local".

   El titular de Gobernación ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con 280 Cuerpos de Policía Local, más de 10.400 agentes de los que el 46 por ciento corresponde a municipios de menos de 5.000 habitantes que no están obligados a contar con Policía Local, lo que, a su juicio, "pone de manifiesto el esfuerzo y el compromiso de los pequeños municipios de la Comunitat con la seguridad ciudadana".

   Por su parte, Elena Bastidas ha destacado que este año se cumplen cinco años del actual equipo directivo de la FVMP y ha valorado que sea ahora cuando "nos hacemos eco del sentir mayoritario de los alcaldes de tender lazos entre la Generalitat y el municipalismo valenciano".

   La presidenta de la FVMP ha hecho hincapié en la importancia de "optimizar recursos" dado el "contexto complicado" actual. Al respecto, ha asegurado que las administraciones locales están viviendo "momentos extraordinariamente complicados" y, por ello, "todo lo que sea optimizar, mejorar lo que se tiene es muy bien venido".

Císcar advierte de que habrá "bastantes más" ERE en empresas públicas

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha advertido de que "desgraciadamente" se van a producir "bastantes más" Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en empresas del sector público de la Generalitat y, en este sentido, ha asegurado que algunos podrían iniciarse este mes de julio.

   Císcar ha explicado que el Consell está ultimando los estudios de viabilidad y de saneamiento referentes a cada una de las empresa públicas. "Lo único que podemos avanzar es que desgraciadamente van a venir bastantes más ERE", ha manifestado.

   El vicepresidente ha indicado que la mayoría de ERE del sector público empresarial comenzarán a concretarse a partir de septiembre u octubre, aunque "no descartamos que en el mes de julio pueda llegar ya algún ERE". Así, ha señalado que dado "lo avanzados" que están los trabajos puede haber alguna empresa que inicie el ERE este mismo mes.

   El también conseller de Presidencia ha incidido en que el Gobierno valenciano está llevando a cabo un proceso de ajuste de la administración, "fundamentalmente en lo que es el sector publico empresarial", y ha precisado que este proceso finalizará el próximo 31 de diciembre.

   "Ya hemos presentado y aprobado la reducción de nuestro sector público empresarial a seis áreas de actividad y, a partir de ahí, en lo que estamos trabajando es en un proceso que jurídicamente es muy complejo, porque comporta liquidaciones, fusiones, absorciones de empresas y reducciones de plantillas a través de ERE", ha explicado.

   José Císcar ha destacado que "desgraciadamente una parte importante de la reestructuración son los ERE", algunos de los cuales ya están en marcha "y otros se van a hacer antes de que acabe el año". Al respecto, ha subrayado que "las circunstancias nos imponen tener que reducir las plantillas de ese sector público empresarial entre el 40 y el 50 por ciento".

   Preguntado por si cree que dirección y sindicatos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) llegarán a acuerdos sobre el ERE en el ente, Císcar ha resaltado que esto sería "lo deseable".

 "En este momento lo único que podemos hacer es dejar que esa negociación se realice, que las partes hagan un esfuerzo por llegar algún tipo de acuerdo", ha apostillado.

Piden al juez que el CNI averigüe quién cobró 7,8 millones de CAM en Suiza

ALICANTE.- El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), ha solicitado oficialmente al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que requiera la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para averiguar quién cobró una comisión de 10,3 millones de dólares -alrededor 7,8 millones de euros- abonada en Suiza por Valfensal, el grupo hotelero participado por la caja de ahorros alicantina, según 'Abc'.

El informe encargado por el FROB a la auditora Deloitte acreditó este pago, que se hizo efectivo en marzo de 2005 mediante dos transferencias bancarias: una de un millón de dólares en la cuenta número CH0408661395025010000 del Rothschind Bank AG de Zurich (Suiza) y otro de 9,3 millones de dólares en la cuenta CH0408661395025090000 de la misma entidad.

Siempre según el informe de Deloitte, la titular de ambas cuentas es la empresa Caribbean Holiday Investment Corp, con sede en Panamá, si bien se desconocen quiénes fueron los beneficiarios finales de la transacción.

Caja Mediterráneo, dirigida en aquellos momentos por Roberto López Abad, aprobó en septiembre de 2004 la concesión de un crédito de 16,5 millones de dólares a Valfensal -grupo en el que poseía una participación del 30% de su accionariado- para construir un complejo turístico de 5 estrellas, con 700 habitaciones, en Playa Bávaro, en Punta Cana (República Dominicana).

Valfensal formalizó la compra de los terrenos cinco meses después, el 30 de marzo de 2005, por un precio de 5,2 millones de dólares. Pero tan sólo 24 horas antes, una de las filiales de Valfensal, JacksonPort Corporation, con sede en las Antillas Holandesas, había abonado otros 10,3 millones de dólares en concepto de «opción de compra» sobre los mismos terrenos, a través de las dos cuentas de Suiza.

Aunque este pago se declaró como «opción de compra», Deloitte lo define en su informe como una «comisión por intermediación en la compra de los terrenos». En consecuencia, Valfensal pagó 15,5 millones de dólares por unos terrenos cuyo precio oficial había sido fijado en la tercera parte, 5,2 millones.

Como ha informado este periódico, el apoderado de Valfensal, Juan Ferri, opuso numerosos reparos a la petición de los auditores para llevar al régimen de transparencia fiscal la mercantil JacksonPort Corporation, que fue precisamente la sociedad instrumental utilizada para efectuar el pago en Suiza. En un correo electrónico dirigido el 3 de octubre de 2007 al director general Roberto López Abad, el director de inversiones inmobiliarias de CAM, Daniel Gil afirmaba: «He hablado con Juan Ferri, que está en México, y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque podría hasta ir a la cárcel (han sido sus palabras)». 

 Dicho correo electrónico está recogido en el informe de Deloitte.

En su escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, el abogado Diego de Ramón solicita al magistrado que requiera la colaboración del CNI y de las agencias estatales de Suiza y de Panamá para averiguar quien retiró los 10,3 millones ingresados en Rothschind Bank AG de Zurich y para identificar a los responsables legales de la sociedad instrumental Caribbean Holiday Investment Corp, teórica destinataria de esta transacción.

El letrado, que representa los intereses de cerca de 500 inversores que perdieron sus ahorros en las cuotas participativas de la CAM, también solicita al juez Gómez Bermúdez que investigue otras operaciones financiadas por la caja, como los créditos otorgados por valor de 450 millones de euros al constructor Enrique Ortiz -imputado en los casos Brugal y Gürtel- pocas semanas antes de la intervención del Banco de España, o el crédito sindicado por valor de 1.200 millones de euros otorgado al grupo Polaris World.

EU presenta una moción al pleno para reprobar a Castedo por mantener el cargo tras pedirse su imputación

ALICANTE.- El grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado una moción al próximo pleno de la ciudad, previsto para el día 31, en la que solicita la reprobación de la alcaldesa de la capital alicantina, Sonia Castedo, del PP, por mantener su cargo pese a la petición de imputación remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por parte del juez que instruye la causa derivada del caso Brugal que investiga posibles irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

   A través de un comunicado, el portavoz de EU en el consistorio alicantino, Miguel Ángel Pavón, ha presentado esta moción en la que, además de la reprobación, la formación de izquierdas "incide" en pedir la dimisión de la primera edil así como la suspensión de la tramitación del PGOU de la ciudad.

   De este modo, el concejal ha considerado que Castedo "no sabe distinguir entre responsabilidad política y penal al intentar justificar su mantenimiento como alcaldesa en su presunta inocencia", y ha explicado que la petición de su grupo está basada en el hecho de que la primera edil "se aferre" al cargo pese a la petición de imputación efectuada por el juez que investiga el "presunto amaño" del PGOU "por la presunta comisión de tres graves delitos de corrupción, como los de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho".

   En opinión de Pavón, que Castedo continúe al frente de la alcaldía de la ciudad "daña gravemente la imagen institucional del Ayuntamiento y la imagen" de Alicante, "además de ofrecer una preocupante inacción política y falta de credibilidad en relación a la lucha contra la corrupción", ha agregado.

   Igualmente, ha subrayado que la permanencia de Castedo en la alcaldía es una "grave irresponsabilidad por el perjuicio que causa a la ciudad que el Ayuntamiento esté presidido por una alcaldesa bajo grave sospecha de corrupción urbanística".

   A su juicio, la primera edil 'popular' "no puede seguir representando a la ciudad", y ha incidido en que la alcaldesa "debe dimitir de modo que quede apartada de la vida pública mientras se resuelve el proceso penal que le afecta".

Díaz Alperi se persona en la causa que investiga presuntas irregularidades en el PGOU

ALICANTE.- El diputado autonómico y exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se ha personado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del 'caso Brugal', según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El titular del juzgado de instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, encargado a la investigación, en sus conclusiones imputó a un total de 16 personas por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

Además pedía la imputación de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. Debido a la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, a principios del presente mes envió el sumario al TSJCV.

Aunque el TSJCV aún no ha resuelto si asume este caso, sí ha continuado con los trámites previstos y ha emplazado a que las partes que lo deseen se personen en la causa, opción que Díaz Alperi, pese a no estar imputado, formalizó este lunes.

Hasta el momento, algunos imputados ya se han personado, entre ellos el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio en Salvetti Abogados y Consultores SL, Javier Gutiérrez,

Citan a declarar como imputada a la exalcaldesa de Redován por el sobrecoste de una escuela municipal

ORIHUELA.- Un juez de Orihuela ha citado a declarar en calidad de imputados a la exalcaldesa de la localidad alicantina de Redován, Leticia Bas, y al exconcejal de Urbanismo Joaquín Pozuelo, por un supuesto caso de sobrecoste en la construcción de una escuela infantil en la población, según han informado hoy fuentes judiciales.

   Según se recoge en el escrito del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, tanto Bas, del PSOE, como Pozuelo, de Izquierda Unida, han sido citados a declarar "en calidad de imputados con instrucción de sus derechos y asistencia letrada", el próximo 20 de septiembre.

   La decisión judicial se produce en respuesta a una querella presentada por el Ayuntamiento de Redován contra ambos por un presunto "sobrecoste" producido en la edificación de una escuela infantil en la población del sur de Alicante, que el consistorio ha calculado en un 50 por ciento sobre el presupuesto estimado.

   Igualmente, se ha citado para tomarles declaración como testigos al representante legal de la empresa a la que se adjudicó la construcción del centro educativo, a la secretaria general del Ayuntamiento, y a un arquitecto, en una comparecencia fechada para el 24 de septiembre.

   Contra la resolución, con fecha 18 de julio, y que no es firme, cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado en un plazo de tres dias.

Alicante subirá un 16% la zona azul y cobrará a los residentes por aparcar

ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante no sólo ultima una nueva ordenanza que pretende abrir la puerta a convertir en zona azul cualquier barrio de la ciudad, sino que además pretende actualizar las tarifas para aumentar su recaudación. El concejal de Tráfico (también de Hacienda), Juan Seva, se reunió hoy con varias asociaciones de vecinos para comunicarles que el consistorio pretende subir un 16% las tarifas, lo que supone un incremento de diez céntimos en lo que se paga por una hora de estacionamiento (de 0,60 euros se pasará a 0,70), según 'El Mundo'.

Aunque Seva no informó sobre el resto de precios, si se aplica el criterio de proporcionalidad en todos los tramos los 90 minutos costarán 1,35 euros (en lugar de 1,20) y los 120, el máximo permitido en Alicante, dos euros (hasta ahora era 1,80). Tráfico aseguró que estas tasas no se tocan desde el año 2003, por lo que arrastran un importante déficit. En principio la nueva ordenanza fiscal entrará en vigor cuando venza el contrato de la ORA, el 1 de enero de 2013.

La ordenanza no sólo contempla incrementos de precios en la zona azul. El Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha una nueva zona naranja para residentes que no será gratuita. Los vecinos que quieran hacer uso de este servicio tendrán que pagar por una tarjeta cuyo mantenimiento será de seis euros al año, según informaron las asociaciones vecinales. Además, cada día el usuario abonará 30 céntimos por tener el coche aparcado en su barrio. Lo curioso es que la alcaldesa, Sonia Castedo, comentó en el pleno de junio que sólo se implantarán estas nuevas zonas en aquellos lugares «donde haya consenso con los vecinos», por lo que en teoría serán los propios residentes los que soliciten al consistorio pagar por estacionar en su calle.

La nueva ordenanza de la ORA amplía la posibilidad de implantar la zona azul en prácticamente todo Alicante. Seva justifica esta medida con una queja vecinal ante el Síndic de Greuges que pide más plazas para residentes, aunque no había comentado hasta ahora que tendrán un coste fijo diario.

La medida ha resultado muy polémica entre la mayoría de las entidades vecinales de la ciudad. Sólo en el barrio de El Pla ya han reunido más de 4.000 firmas contra la nueva ordenanza. La presidenta de la asociación de vecinos de La Florida, Felicidad Sánchez, comentó que en su barrio también se han recogido «un número muy importante de apoyos», y criticó el ánimo recaudatorio del Ayuntamiento de Alicante «en estos tiempos tan difíciles».

Bruselas ve "suficiente" el fondo de liquidez para CCAA

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dicho este martes que el fondo de 18.000 millones de euros para las comunidades autónomas puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy tiene una dotación "suficiente" y se ajusta a las recomendaciones de la UE porque impondrá más ajustes a las regiones que se acojan.

   La activación de este fondo es uno de los pasos "muy significativos" que ha dado España contra la crisis porque "aliviará los problemas de liquidez de algunas regiones autónomas", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Antoine Colombani.

   El Ejecutivo comunitario niega que el fondo se vaya a quedar corto como sostienen algunos analistas y sostiene que su dotación "es suficiente para abordar cualquier problema de liquidez que las regiones puedan tener".

   Además, la iniciativa "se ajusta a las recomendaciones para España", que reclamaban una "aplicación estricta" de la ley de estabilidad presupuestaria y "la adopción de medidas fiscales fuertes a nivel regional".

   "El uso de esta facilidad lleva aparejadas condiciones y esta medida se ajusta plenamente a nuestras recomendaciones", ha afirmado Colombani.

   De momento, sólo la Comunidad Valenciana (que podría solicitar 2.500 millones de euros) y Murcia (que reclama hasta 300 millones) han confirmado oficialmente que se acogerán a esta medida.

El Gobierno habilitará una línea ICO de 266 millones de euros para empresas turísticas

PALMA.- El Gobierno habilitará una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 266 millones de euros, que irá destinada empresas turísticas, según ha anunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Consolat de Mar, tras la firma de un convenio entre la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) y el Instituto de Turismo de España (Turespaña).

   En rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha detallado que ésta se llevará este viernes al consejo de Ministros para su aprobación. La línea ICO "facilitará crédito blando a las empresas del sector hotelero, tanto alojamientos, empresas de restauración, o agencias de viajes", ha dicho.

   La línea ICO "facilitará crédito blando a las empresas del sector hotelero, tanto alojamientos, empresas de restauración, o agencias de viajes", ha dicho. Según han afirmado desde el Gobierno, para acceder a la misma, las zonas de reconversión tendrán trato preferente.

   Soria ha firmado este martes el convenio de colaboración la ATB y (Turespaña), el cual permitirá el intercambio de información para la coordinación entre ambas instituciones y el fomento de la marca España, como paraguas para las autonomías.

   Por otra parte, el ministro ha reconocido que "cuando se pueda bajar el IVA, lo bajaremos ya que no está en nuestro ideario político" y ha admitido que se ha tenido que tomar esa decisión por "responsabilidad".

   "Al Gobierno no le gusta subir las tasas aéreas y las hemos subido, al Gobierno no le gusta subir el IVA y lo hemos subido" pero debe hacerse "por responsabilidad".

   Así, ha reincidido en que "toda la política económica está centrada en el cumplimiento del déficit público" porque --ha completado-- "mientras no se cumpla ese objetivo va a ser muy difícil que se restablezca la confianza en la economía".

   Durante su estancia en la capital balear, Soria ha participado en una reunión de trabajo en el Consolat de Mar, a la que han asistido el consejero de Presidencia, Antoni Gómez, el consejero de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, y, los presidentes de los consejos insulares, Maria Salom (Mallorca), Tadeo Florit (Menorca), Vicent Serra (Ibiza), y Jaume Ferrer (Formentera).

De Ramón quiere ver ante el juez al 'cerebro' de los "nuevos productos financieros" de la CAM

MURCIA.- La acusación popular representada por el abogado murciano Diego de Ramón en el caso de las cuotas participativas y partipaciones preferentes ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que tome declaración al especialista en ciencias económicas y sociología, el alicantino Carlos Rosser, por haber asesorado a los empleados de la CAM a la hora de vender nuevos productos financieros mediante persuasión y manipulación.

En un escrito, el abogado de la plataforma de afectados de la caja, Diego de Ramón, ha asegurado que Rosser, autor del libro "Cómo vender a clientes resistentes", asesoró a la CAM en la venta de productos de inversión en Bolsa, cuotas participativas, preferentes y demás productos de inversión.

Mediante técnicas como la "intrusión en la mente del cliente, la persuasión subliminal, el traslado del lenguaje hipnótico a la venta comercial, la apelación al inconsciente o la manipulación de la mente ajena", la CAM trató de vender en el mercado minorista productos de inversión complejos, según ha apuntado en su escrito.

En consecuencia, la caja murciano-alicantina acudió al mercado minoritario utilizando métodos propios de "selección de personas con poca capacidad de entendimiento y conocimiento para poder tomar libremente" una decisión sobre sus ahorros.

El resultado de estas operaciones, que el abogado califica de "imprudencia financiera", es la ruina de numerosos clientes, fundamentalmente personas mayores, extranjeros y jóvenes "sin ningún tipo de instrucción", ha insistido.

Por otro lado, el abogado también ha pedido a la Comunidad Valenciana y a Murcia si han subvencionado con ayudas públicas los cursos de formación de los empleados de la CAM sobre la emisión de cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada.

Sobre el papel del ex director general Roberto López Abad en la caja, intervenida por el Banco de España en julio de 2011, De Ramón ha indicado que tras la ruptura del SIP -la alianza con la que la entidad se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas-, el exdirectivo siguió beneficiándose de sus condiciones retributivas y del acceso a su prejubilación, de 5,6 millones de euros.

Asimismo, ha denunciado las operaciones con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales así como los créditos sin garantías otorgados al proyecto inmobiliario Polaris World, al constructor Enrique Ortiz, implicado por los casos Brugal y Gurtel, a Terra Mítica y a la mejicana Crédito Inmobiliario.

S&P mantiene en 'bono basura' la nota de Valencia

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha determinado mantener la nota de solvencia a largo plazo de la Comunidad Valenciana en 'BB' con perspectiva negativa, dentro del grado especulativo o 'bono basura', después de conocerse la intención del Gobierno valenciano de adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica.

   "Ya habíamos tomado en consideración esta petición dentro de nuestro escenario base", explicó la agencia, que considera que su actual calificación "ya incorpora la expectativa de que Valencia accedería en 2012 a una línea de liquidez del Gobierno central con el fin de cumplir con las obligaciones del servicio de su deuda".

    En este sentido, S&P apunta que si esta línea de crédito funciona sin problemas y el Gobierno aprueba el acceso a la misma de la Comunidad Valenciana, esto debería permitir a la región acer frente a cualquier problema de liquidez en la segunda mitad del año.

El nuevo comité de ética del PP "valorará conductas" pero no "situaciones jurídicas"

ALICANTE.- El nuevo comité de ética del Partido Popular en la provincia de Alicante "valorará conductas" y velará por el correcto cumplimiento del código de buenas prácticas del PP, según ha explicado el secretario general provincial, José Juan Zaplana, quien ha aclarado que este nuevo órgano "no valorará situaciones jurídicas" ni "sancionará" a los afectados.

   Tras la primera reunión del consejo de dirección y del comité ejecutivo que preside el recién elegido José Císcar, José Juan Zaplana ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el vicesecretario regional, César Sánchez, y la vicesecretaria provincial, Eva Ortiz.

   El comité de ética "valorará la acción de las personas que ostentan cargos públicos, y si en algún caso se produce cualquier tipo de anomalía en su conducta, se le llamará, se hablará con él, se le pedirá explicación de porqué pasan estas cosas, y llamará al orden si es necesario, pero no tendrá capacidad sancionadora, ni abrirá expediente", ha detallado.

   Preguntado por las funciones del nuevo comité de ética, Zaplana ha recordado que "valorar situaciones jurídicas es competencia de otro órgano ya existente, el Comité de Derechos y Garantías del PP", por lo que el comité de ética "sólo valorará conductas".

   Además del presidente y secretario de este órgano, el alcalde de Petrer Pascual Díaz y Andrés Ferrer, respectivamente, el comité de ética estará compuesto por el edil de Torrevieja y diputado provincial Joaquín Albaladejo, por el alcalde de la Vall d'Alcalá, Juan José Sendra y por la edil de Elda y senadora, Virginia Romero.

   José Juan Zaplana también ha hecho hincapié en la importancia de que los ciudadanos recuperen la confianza en la clase política, a la que, según ha recordado, "ven como el tercer problema más importante de este país".

 "No queremos ser el problema sino la solución, y para ello lo que hay que cambiar son las políticas a desarrollar", ha señalado.

   Por otra parte, el comité ejecutivo en esta primera toma de contacto ha ratificado la composición de la comisión jurídica, otro nuevo órgano creado por Císcar en su equipo. Además de su presidente, Luis Barcala, completan esta comisión el secretario Emilio Fernández, Francisco Maestre, el edil Óscar Payá y el abogado de Dénia José Sala Ballester.

   Zaplana además ha adelantado que el nuevo equipo a frente del Partido Popular en la provincia de Alicante, desplegará en los próximos meses una actividad dirigida a "conseguir una mayor cercanía y atención a los ciudadanos".

   Para ello, la propia organización provincial del PP incorporará iniciativas para ampliar la participación ciudadana en la estructura del partido, con la creación de comisiones sectoriales sobre educación, sanidad y turismo, y sus correspondientes mesas sectoriales, en las que podrán participar personas de la sociedad civil.

   Así mismo, en el encuentro mantenido este lunes, el equipo directivo del PP ha acordado crear un nuevo departamento de análisis, estudios y programas para "crear argumentos dentro de las líneas políticas que sirvan de base a las estructuras del partido", aportando información "veraz" sobre los temas de actualidad que impliquen al PP.

El fiscal plantea investigar las cuotas de CAM como estafa

ALICANTE.- El representante de la Fiscalía Anticorrupción considera que, de entrada, puede tipificarse como estafa la comercialización por parte de directivos de la CAM de las cuotas participativas, un producto financiero lanzado por la desaparecida caja de ahorros en 2008 y que ha dejado un saldo de 55.000 damnificados, todos aquellos que confiaron en esta fórmula de inversión y que tres años después han visto cómo perdían todo el dinero que destinaron a la compra de estos títulos, según los revela el diario 'Información'.

Así lo recoge el fiscal en un escrito remitido al magistrado Javier Gómez Bermúdez dentro de procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional para determinar si existe responsabilidad penal en la debacle de la caja por parte de los que eran sus gestores. Un proceso que se abrió gracias a la querella presentada en noviembre del año pasado por el abogado de Murcia, Diego de Ramón, quien representa a medio millar de perjudicados por la compra de las cuotas por un montante total que ronda los 12 millones de euros.

El fiscal entiende que esta especie de acciones se vendieron «sin haber proporcionado a los adquirientes una información veraz sobre la verdadera naturaleza del producto y sin haberles advertido de los riesgos que conllevaba su comercialización (...) una conducta que podría ser constitutiva de un delito de estafa» del que la CAM sería responsable civil subsidiaria, según puntualiza.

Considera también el acusador público que aunque los otros hechos presuntamente delictivos que también se están investigando en esta causa (la falsificación de las cuentas, el cobro supuestamente indebido por parte de algunos empleados y directivos de determinadas cantidades en concepto de prejubilaciones así como el incremento de la prima de un seguro que garantizaba las prestaciones) podrían tener una instrucción judicial más rápida, todo deben ser investigado conjuntamente. Y se explica. 

 «Mientras la investigación de los hechos relativos a la emisión y adquisición de cuotas participativas puede resultar extremadamente compleja y derivar en una instrucción excesivamente prolongada en el tiempo, la claridad con que los otros hechos aparecen descritos en el expediente sancionador del Banco de España y en el informe de PWC aportado por la CAM, permite augurar que en este caso la instrucción puede ser menos compleja y estar concluida en un lapso mucho menor de tiempo», expone en su escrito al magistrado en el que precisa a continuación que «teniendo en cuenta que existe una clara relación entre ambas conductas y que sus presuntos autores serían en parte coincidentes, resulta procedente mantener su instrucción como delitos conexos».

Hechas estas matizaciones, el fiscal plantea que el procedimiento tenga una «pieza principal que se contraería a los hechos presuntamente delictivos detectados y denunciados por el Banco de España y la propia CAM en la cual, sin perjuicio de la personación de diferentes personas en concepto de acusación particular, la única acusación particular sería la propia CAM». Y «una pieza separada de cuotas participativas en la que la CAM tendría la condición de responsable civil subsidiaria y en la que, también sin perjuicio de la personación de diferentes personas en concepto de acusación popular, estarían personadas como acusaciones particulares los titulares de dichas cuotas que lo han hecho hasta la fecha y los que lo puedan hacer en un futuro».

Para el fiscal, «la instrucción hasta ahora practicada ofrece ya abundantes indicios de responsabilidad penal en algunas personas».
Visto el conjunto de los hechos objeto de la investigación judicial matiza el fiscal el doble papel que en este proceso juega la caja de ahorros. «Respecto a los delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal, la CAM sería la principal perjudicada y por tanto su personación como acusación particular sería la correcta». Y continúa: «Respeto al presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de las cuotas participativas, por el contrario, la entidad no sólo no sería perjudicada sino que sería responsable civil subsidiaria».

Una edil del PP de Rafal se enfrenta este martes al desahucio de su vivienda

ALICANTE.- La edil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rafal, María José Gómez, se enfrenta este martes al desahucio de su vivienda, con la que avaló a una persona de su confianza, según ha explicado una portavoz del colectivo Stop Desahucios Torrevieja, que tratará de frenar el desalojo.

   La concejal, que forma parte de la corporación municipal desde la oposición, es una mujer casada y con una hija menor, de 17 años, ha dedicado las últimas semanas a intentar negociar, sin éxito, con la entidad bancaria un alquiler de su vivienda.

   "María José estaba como avalista y ahora la entidad quiere echarla de su casa, después de estar días en negociaciones con dicha entidad, intentando dicho alquiler", han precisado las mismas fuentes.

   La comisión judicial acudirá a las 12.00 horas de este martes a su domicilio, situado en el número 3 de la calle Comunidad Europea de Rafal. Stop Desahucios ha hecho un llamamiento para que sus miembros y simpatizantes acudan también a esa hora a intentar frenar la operación.

¿Buscan Policía y Guardia Civil al ex director general de la CAM, Roberto López, por riesgo objetivo de fuga?

ALICANTE.- ¿Buscan ya Policía y Guardia Civil al ex director general de la CAM, el alcoyano Roberto López Abad, por nuevo riesgo objetivo de fuga? ¿Ha entregado ya su pasaporte, tal como le ordenó el juez Gómez Bermúdez el pasado jueves 19 de julio en la Audiencia Nacional, ante ese riesgo de fuga sugerido en su momento procesal por la acusación popular personificada en el letrado murciano Diego de Ramón, absolutamente creíble para el magistrado?

Diego de Ramón ha dirigido un nuevo escrito al titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional (sabiendo que Roberto López posee una segunda residencia en el Caribe mejicano y que el magistrado le advirtió de que, en caso que intentase abandonar España con su DNI camino de la Unión Europea, sería repatriado por la Europol), para que oficie al comisario jefe de Policía de Alicante, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia y juez decano de la ciudad de Alicante para que informen si el susodicho Roberto López ha entregado ya su pasaporte en el plazo de 24 horas a partir de la tarde del día 19 de julio, por ser Alicante donde consta su domicilio, sin perjuicio de los recursos que se puedan presentar.

Convencido el letrado murciano de que el señor López puede intentar esa fuga tras presenciar la advertencia de palabra del juez Gómez Bermúdez, le insta a verificar dicho extremo de entrega del pasaporte en su plazo ordenado por si "se estaría a lo preceptuado en el artículo 468 del Código Penal sobre quebrantamiento de condena (de una medida cautelar en este caso) como así también a la desobediencia a la autoridad judicial del artículo 556 del mismo Código Penal".

En caso de haber incumplido, De Ramón solicita a Gómez Bermúdez la inmediata apertura judicial del correspondiente expediente "con nuevas medidas más restrictivas (¿prisión preventiva o fianza tras prisión provisional?) a adoptar para conseguir el resultado judicial incumplido", notificado 'in voce' delante del imputado Roberto López durante su comparecencia en la Audiencia Nacional la pasada semana y en presencia de su abogado defensor, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Javier Boix.

Las prejubilaciones de los directivos de la CAM fueron infladas con balances falsos

MADRID.-  Las prejubilaciones cobradas por los exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) fueron infladas de forma fraudulenta debido a que su cálculo se basaba en los resultados de las cuentas de la entidad que, según apunta la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, presentaron irregularidades contables durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. 

   El Ministerio Público refleja en su escrito las conclusiones aportadas por la auditora PriceWaterhouseCoopers y el Banco de España respecto a la gestión de la caja y asegura que "la falsedad se habría producido al presentar las cuentas anuales de la CAM correspondientes al año 2010" y en los estados financieros cerrados a 31 de marzo de este mismo año y ampliados en una posterior propuesta cerrada hace solo unos días, a 30 de junio, presentada por el director de Planificación y Control.

   La Fiscalía agrega que el pliego de cargos del expediente sancionador del Banco de España refiere, además, "otras prácticas contables irregulares desarrolladas por la CAM que han tenido como efecto alterar su realidad financiera y patrimonial durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

  El escrito señala como principales prácticas ilícitas para el falseamiento de estos balances "el indebido pase a fallidos de determinados activos o la incorrecta rehabilitación de activos fallidos y dudosos".

   En este sentido la Fiscalía destaca que las irregularidades contables están estrechamente relacionadas con el cobro por parte de algunos empleados y directivos de determinadas cantidades en concepto de prejubilación que "en la medida en que su cálculo se basaba en los resultados reflejados en las cuentas de la entidad, no deberían haberse pagado".

  Anticorrupción también asegura que los altos cargos de la entidad cobraron, además una denominada "Prestación Adicional Asegurada" que infló más aún las cantidades percibidas por la directiva de la caja.

   Cinco altos ejecutivos de la CAM se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de la ex directora general de la entidad, María Dolores Amorós. Entre ellos se encuentran el exdirector general entre los años 2001 y 2010, Roberto López Abad y el exdirector general de Recursos, ambos imputados en la causa que investiga el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional. 

A la espera de una nueva “semana negra” / José Oneto *

El Gobierno, desbordado por las protestas ciudadanas contra loa ajustes y los recortes, sorprendido de que todas las encuestas, especialmente las publicadas este fin de semana por los periódicos “El Mundo” y “El País” estén radicalmente en contra de su actual política de lucha contra el déficit, que ha provocado una agudización de la recesión económica, y asustado por la inacción de Bruselas y del Banco Central Europeo (BCE) ante la situación de emergencia económica del país y de una prima de riesgo insostenible, que nos lleva hacia el “gran rescate”, se prepara para vivir un nuevo “Lunes negro”, e incluso una “semana negra”, si en las próximas horas , no hay un cambio radical de situación. Algo improbable, según expertos comunitarios.

Si hay algún cambio será, en todo caso, para peor, si se confirma que, además de Valencia y Murcia, alguna otra Comunidad Autónoma pide el rescate del Estado, ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos económicos y financieros. Valencia y Murcia están gobernadas desde 1995 por el Partido Popular, por lo que es difícil refugiarse en la difícil situación heredada para explicar la quiebra de dos Comunidades ricas que han sido puestas de ejemplos de sucesivas mayorías absolutas del PP.

La Comunidad Valenciana es, en estos momentos la Autonomía donde se están investigando más casos de corrupción, la Autonomía donde ha quebrado todo su sistema financiero regional de gran fortaleza (la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), lo peor de lo peor, según el ex gobernador del Banco de España Fernández Ordoñez, Bancaja , una Caja que , en realidad se había convertido en un promotor inmobiliario y que bastante ha tenido que ver con el hundimiento de Bankia , y  Banco de Valencia, rescatado por el Estado después de descubrirse un agujero de 800 millones de euros) , y la Autonomía con mayores construcciones fantasiosas y planes faraónicos, que han esquilmado todos sus recursos económicos.

Desde el Parque de Atracciones Terra Mítica, quebrado y vendido por la sexta parte de lo que costó, hasta el aeropuerto de Castellón, pasto de los conejos, sin permiso de navegación ni aviones, pasando por el Gran Premio de Fórmula 1 en el que se han invertido más de 300 millones de euros o unos Juegos Europeos inexistentes, pero que han servido para el enriquecimiento personal de Iñaki Urdangarin Duque de Palma.

Por eso, la petición de rescate el viernes por parte de la Comunidad Valenciana, sin que el Gobierno estuviese informado previamente, fue el elemento último para que la prima de riesgo se colocara en los 610 puntos, el bono a diez años en el 7,29 por ciento y que saltasen todas las alarmas. Alarmas lógicas para los mercados y los inversionistas, si se tiene en cuenta que. según la Agencia Moody´s , las Autonomnias volverán a incumplir sus objetivos de déficit este año en, al menos, 10.000 millones de euros.

Estas sucesivas peticiones de rescate de las Autonomías, complican, aún más, la situación de emergencia económica en la que se encuentra el país y desembocan en lo que ya parece inevitable: el rescate del país, a lo que parece que está apostando , claramente , Alemania, al no permitir que el Banco Central Europeo, a pesar de las peticiones desesperadas de Rajoy, de sus ministros e, incluso, de la oposición socialista, compre deuda en el mercado secundario , como ha hecho en otras ocasiones. Por ni quedara alguna duda, la semana pasada el presidente del Banco Central alemán, el Bundesbank, Jens Weidman, uno de los colaboradores de confianza de la canciller Merkel y, probablemente, el hombre que más influencia tiene sobre el presidente del BCE, Mario Draghi, recomendaba a España que pidiese el rescate total, y no solo el rescate bancario. Según él, ese era el único camino para que el mercado de la Deuda reaccionara positivamente.

(*) Periodista

http://www.republica.com/2012/07/22/a-la-espera-de-una-nueva-semana-negra_525409/ 

Sanz (EU) dice que le "asusta" la "improvisación" del Consell ante el "rescate" a la Comunitat

VALENCIA.- La portavoz de EUPV en las Corts Valencianes y coordinadora de esta formación, Marga Sanz, ha asegurado que le "asusta" la "improvisación" del Gobierno valenciano ante lo que ha considerado el "rescate" de la Comunitat Valenciana, después de que el Consell haya solicitado al Gobierno central la adhesión al mecanismo de liquidez autonómica aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio.

   Así, Sanz ha mostrado, en un comunicado, su "preocupación" por las declaraciones del conseller de Economía, Máximo Buch, este sábado al respecto y ha criticado que se considere que se necesitarán más ayudas. Ha censurado que el conseller diga que "el dinero del rescate procedente del Gobierno central no será tampoco suficiente".

   "Nos asusta la improvisación que detectamos en el Consell. Fabra conduce un barco sin ningún tipo de autonomía, va totalmente a la deriva, arrastrado simplemente por la corriente del Gobierno central, el cual tampoco tiene un timón propio, sino los dictámenes que le marcan desde Europa".

   EUPV ha destacado que reclama "explicaciones urgentes" en las Corts Valencianes sobre este rescate. A este respecto, la portavoz de esta formación ha indicado que con ello pretende "que el Consell nos muestre la radiografía completa de la situación de las arcas públicas, de la deuda e impagos, porque parece ser que no sabemos toda la verdad del caos que hay".

   "Tenemos una sensación de angustia transversal, porque la situación de crack ya afecta a todo. Vivimos con un gobierno intervenido que cada día nos despierta con una noticia peor que la del día anterior. Asistimos, encima, a la incapacidad de gestores de la Generalitat que asumen que no pueden hacer nada, y que lo que hacen -perdiendo nuestro autogobierno- tampoco es suficiente", ha argumentado Sanz.

   La parlamentaria ha considerado que el Consell "está absolutamente maniatado por Rajoy, y éste por Merkel". "Lo que está ocurriendo es fruto del caos. No puede ser que el Consell pida el rescate y no explique a las Corts la situación existente. Pedimos a Fabra que comparezca urgentemente para dar información detallada", ha manifestado.

   Sanz ha agregado que el gobierno valenciano "ya ha perdido toda la confianza de los ciudadanos" y ha apuntado que "Fabra es una simple marioneta de Rajoy". 

"La negativa una y otra vez a convocar un referéndum para que la ciudadanía hable sobre los recortes y medidas que está imponiendo es determinante para que pidamos la disolución del Consell y la convocatoria de elecciones anticipadas", ha dicho.

El puerto de Alicante se ofrece de ejemplo a Beirut pese a sus pérdidas

ALICANTE.- El puerto de Alicante, fuertemente afectado por la crisis desde hace varios años -uno de sus principales tráficos era el relacionado con los materiales de construcción-, atraviesa uno de sus peores momentos. Tras la caída del número de cruceristas, el próximo 17 de agosto perderá a la mayor naviera del mundo, Maersk, que aporta casi el 20% del tráfico de contenedores. El año 2011 se cerró con 1,6 millones de euros de pérdidas -aunque el dato supone mejorar en 400.000 euros la estimación del presupuesto, que preveía unos «números rojos» de dos millones-, según revela 'Abc'.

Pese a todo, la Autoridad Portuaria de Alicante considera que puede servir de ejemplo para los puertos del norte de África, y contribuir así a la mejora de las relaciones comerciales entre este continente y Europa. Así, el puerto alicantino participará en el proyecto «Custom Med», formado por socios del norte de África y de Europa, que persigue ejorar la eficiencia del comercio entre la Unión Europea y Medio Oriente. La terminal alicantina colaborará así con los puertos de Beirut (Líbano) y Aqaba (Jordania).

La Autoridad Portuaria y la Fundación Puerto de Alicante se encargarán de llevar a cabo el análisis DAFO y la identificación de Buenas Prácticas del puerto para la elaboración de la Hoja de Ruta en los citados puertos orientales, así como la identificación de herramientas y soluciones TIC y la organización de cursos de formación para funcionarios aduaneros y operadores de transporte.

El proyecto está formado por los dos países del norte de África, y por España, Grecia e Italia. La definición de una Hoja de Ruta para la adopción y la aplicación de procesos aduaneros compartidos que se hagan extensibles a otros países del norte de África y de Oriente Medio.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll, está a punto de cumplir su primer año al frente de la terminal. En este tiempo, el puerto había logrado iniciar una tímida tendencia al alza en el tráfico de mercancías, mientras las escalas de cruceros caían en picado. La marcha de Maersk y la posible pérdida de la línea con África amenazan ahora la única magnitud que tenía un comportamiento positivo.