martes, 2 de octubre de 2012

Castedo confirma que dimitirá como diputada pero no aclara si tendrá que hacerlo como alcaldesa de Alicante

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, ha confirmado este martes que, tras su imputación en el 'caso Brugal', piensa dimitir como diputada en Las Cortes valencianas, pero que "nunca" se ha planteado dejar la alcaldía y de hecho ha afirmado que nadie de su partido se lo ha planteado. "En absoluto, al contrario", ha afirmado.

   Castedo ha señalado al respecto que cuando acuda a declarar el próximo día 19, por su imputación en la pieza del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, podrá, "por fin, dar todas las explicaciones que quieran".
   En ese sentido, ha señalado que tras su imputación "por supuesto que sí, sin ninguna duda" mantiene su intención de abandonar su cargo de diputada en las Cortes Valencianas y ha considerado además "absolutamente lógica" la decisión de su partido de abrirle un expediente informativo porque es "algo que queda recogido en los estatutos del partido".
   Sin embargo, preguntada por si piensa dejar también la alcaldía, ha señalado: "siempre he hablado, no me he callado, pero en este momento me han aconsejado que, por favor, sea muy comedida en mis declaraciones".
  "No voy a entrar a hacer ningún tipo de valoraciones, porque así me lo han aconsejado, y me cuesta mucho, de verdad, porque me gusta mucho hablar. Pero voy a hacer caso, y voy a ser comedida por lo menos hasta prestar declaración", ha incidido al respecto. No obstante, al volver a ser preguntada por los periodistas sobre si descarta su dimisión como alcaldesa, ha señalado que no se lo ha planteado "nunca".
 "Punto, ya está. No voy a decirlo más", ha recalcado.
   En ese sentido, preguntada sobre si hay alcaldesa para rato, ha mostrado su esperanza en que así sea, si bien ha indicado que es algo que no depende de ella, "sino de los alicantinos que vayan a votar". 
 "Hoy soy alcaldesa porque ellos, de manera abrumadora, lo decidieron, y parece ser que no sentó muy bien, con lo cual espero seguir siéndolo pero de manera un poquito menos abrumadora para que, a lo mejor, no haga tanto daño", ha añadido.
   Castedo, que ha señalado que su estado de ánimo tras conocer su imputaciones "muy bueno, de verdad que muy bueno", ha subrayado que se ha sentido "apoyada" por quienes "siempre" le "han apoyado", y ha mostrado su agradecimiento hacia aquellos que la han llamado y han hablado con ella.
   En esta línea, ha insistido en que va ha defenderse de los delitos que le imputan de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. "Me voy a defender porque creo que me lo merezco, yo y cualquier persona se merece el poder defenderse", ha manifestado.
   Sin embargo, ha lamentado que "no es lo mismo ser alcaldesa de la ciudad de Alicante que ser simplemente Sonia Castedo, la repercusión no es la misma".
 "Hoy salgo en todas las televisiones nacionales y ahí nadie pone en duda nada, pero por fin, voy a poder dar todas las explicaciones que quieran, todas", ha recalcado.
   Así, ha expuesto que ha pasado "dos años no de acusación, sino de condena, por parte de todos", pero que "por fin el día 19 me podré sentar a declarar". Por ello, ha argumentado: "aunque estar imputada nunca es una situación agradable, en este caso sí lo es porque es la única manera que tengo después de tantos años de poder defenderme".
   En esta línea, ha dado las gracias al TSJCV por "no haber alargado una agonía que ya se había alargado excesivamente en el tiempo", pero que ahora "por fin voy a poder dar las explicaciones que considero que tengo que dar y en el órgano competente".
   De este modo, preguntada por la posibilidad de demostrar su inocencia, ha incidido en que ya lo ha demostrado "todo" y que lo ha hecho, "además, a través de los medios de comunicación".
 "No sé qué documentación más entregar, no sé qué más decir y, sobre todo, cómo decirlo, pero ahora, por lo menos, voy a tener la oportunidad de hacerlo delante de quien lo tengo que hacer. Por lo menos, me van a escuchar, y sí, es lo que voy a demostrar", ha apostillado.

Obligados a controlar la CAM, aducen ahora falta de información y desconocimiento

VALENCIA.- El exvicepresidente de la CAM Antonio Gil Terrón lamentó ayer que, tras dedicar 17 años de su vida a Caja Mediterráneo, "con toda la ilusión" y "todo el cariño del mundo", al final "lo único" que se ha encontrado es "un cubo de basura encima" de su cabeza, pues ha acabado con un "mal sabor de boca" y no le ha quedado "nada", según la crónica de esta comparecencia que publica hoy el diario 'Levante'. 

Gil Terrón, quien entró en la CAM en 1993 y desde 1995 hasta enero de 2010 fue vicepresidente del consejo de administración y presidente del consejo territorial de Valencia, se pronunció así en la comisión de Les Corts que investiga la intervención de la CAM por parte del Banco de España. Lamentó la tardanza de la Audiencia Nacional en resolver el pliego de cargos formulado por el Banco de España contra 49 exmiembros de la CAM, una "espada de Damocles" que les hace estar en una "lista negra" que les invalida para poder trabajar en alguna sociedad, y que puede suponer sanciones de entre 150.000 y 500.000 euros.
Como expresidente de la comisión de retribuciones, defendió que las propuestas las formulaba "lógicamente" el equipo directivo, y la comisión vigilaba que las retribuciones estuvieran siempre "dentro de la media del sector" y no se hicieran "cosas extrañas", para lo cual recurrían a consultoras externas. Respecto a lo que cobraban, afirmó que "se es consciente del riesgo que se estaba asumiendo si no se hacían las cosas bien" y destacó que fue el director general el que propuso que el presidente cobrara dietas de 300.000 euros. Defendió que, durante los 17 años que estuvo en la CAM, "por supuesto" que se enteraba de lo que se hacía en la caja, porque "estaba encima" y aseguró que jamás oyó en ningún consejo de administración que hubiera "la más mínima salvedad negativa" sobre la gestión de la entidad. Según Gil Terrón, cuando él se fue de la CAM, a principios de 2010, el ejercicio daba beneficios y "se intuía" que había una "crisis importante", pero "jamás se habló de crisis de tesorería" o de problemas para el futuro inmediato. El exvicepresidente, quien admitió, a preguntas del socialista Ángel Luna, que la CAM dio un préstamo de 3,14 millones a una empresa suya mientras formaba parte del consejo, reivindicó sobre las cuentas que se les presentaban que "cada uno llega hasta donde llega", pero destacó que llegaban revisadas por la auditorías interna y externa, que nunca hicieron "la más mínima salvedad", y contaban con el control del Instituto Valenciano de Finanzas y el Banco de España.
Precisamente, el exdirector general de este instituto y exvicepresidente de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio aseguró ayer en el mismo foro que el conocimiento que este órgano supervisor tenía de la situación de la caja era "limitado", porque se le había "hurtado" una serie de información que habría sido "importante". Uncio señaló que la comisión de control solo puede actuar cuando existen pruebas "evidentísimas" de que se ha producido una actuación que pudiera "lesionar patrimonialmente a la caja", y no vale, añadió, "una clasificación genérica de que las cosas no se hacen bien". Sobre el IVF, afirmó que la función de supervisión de este organismo sobre las cajas valencianas era más un "desiderátum político que una capacidad real", y que nunca se le reclamó esa competencia, que "en términos efectivos y reales ha estado en el Banco de España".

lunes, 1 de octubre de 2012

Sonia Castedo y Díaz Alperi son citados en el TSJCV como imputados en el 'caso Brugal', con la alcaldesa satisfecha


VALENCIA.- El instructor del 'caso Brugal' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha citado como imputada a la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, para declarar el próximo 19 de octubre a las 10.00 horas, según informa el TSJCV en su cuenta de Twitter. 

   Castedo declarará por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
   Asimismo, ha citado como imputado al ex primer edil alicantino y diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, el mismo día a las 12.00 horas para declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Doña Sonia, 'sin problemas'

Sonia Castedo, se ha mostrado "satisfecha" por su imputación, ya que, según ha indicado, "es la única manera" que tiene de defenderse.
  Tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia, la alcaldesa ha reconocido que "nunca" creía que "pudiera sentirse satisfecha de estar imputada, pero en este caso así es".
   "Es la única manera que tengo de defenderme, y agradezco al TSJCV que haya considerado mi escrito, en el que solicitaba ser citada de forma urgente a declarar, y le hayan dado una rápida respuesta".
   Al respecto, ha recordado que la condición de imputada es "la garantía" de su derecho a defenderse. "A partir de este momento todo lo he dicho y explicado, tendré la oportunidad de hacerlo de manera mucho más exhaustiva, y ante el órgano competente", ha avanzado, en alusión a la citación para prestar declaración el próximo 19 de octubre.

El PP abrirá expediente informativo a Castedo y Díaz Alperi tras su imputación

VALENCIA.- El PP abrirá un expediente informativo a la alcaldesa de Alicante y diputada en las Corts, Sonia Castedo, y a su predecesor en el cargo y también diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, tras su imputación en el 'caso Brugal', según han confirmado fuentes de la formación 'popular'. 

   Así, primero se tendrá que reunir la Comisión de Derechos y Garantías para tomar la decisión de abrir sendos expedientes informativos.
   Las citadas fuentes han mostrado su respeto a la presunción de inocencia y han apuntado que se actuará según marcan los estatutos del partido, que señalan que se abrirá expediente disciplinario a sus afiliados imputados cuando se abra el juicio oral, pero no se fallará ese expediente hasta que se haya producido una sentencia judicial.
   Castedo ha sido imputada por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho; mientras que Díaz Alperi lo ha sido por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

EUPV exige la dimisión "inmediata y urgente" de Castedo y Alperi por su imputación

ALICANTE.- La diputada de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, han exigido la dimisión "inmediata y fulminante" de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos también diputados autonómicos, por su imputación en el caso 'Brugal', según ha informado en un comunicado la citada formación.

   La imputación de Castedo y Díaz Alperi por la pieza que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en opinión de Sanz "agrava aún más su insostenible situación política, que sólo puede resolverse mediante su dimisión".
   "El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, debe pedirles hoy mismo su dimisión como diputados en las Cortes Valencianas si quiere tener alguna credibilidad en la lucha contra la corrupción", ha destacado Sanz, y ha añadido que "ya sólo falta Blasco para tener un quinto grupo en las Cortes, el de los once imputados".
   Por su parte, Miguel Ángel Pavón ha subrayado que el PP local "debe exigir a Castedo su dimisión como alcaldesa y forzarla mediante una moción de censura si se niega a dimitir, poniendo en el cargo a algún compañero o compañera de grupo que esté libre de cualquier sospecha de corrupción".
   En este sentido, el portavoz del grupo municipal de EUPV en el Ayuntamiento ha recordado que su formación ha pedido la dimisión de Castedo en varios plenos municipales, la última vez el pasado viernes.
   Pavón ha asegurado que Castedo "pretende obviar su responsabilidad política aferrándose al cargo de alcaldesa pese al daño que está causando a la imagen del Ayuntamiento y de la ciudad, una actitud irresponsable que pretende emular la de Camps en el caso de los trajes".
   "Castedo debería ahorrar a los alicantinos el denigrante espectáculo de ver a una alcaldesa de Alicante declarar por la presunta comisión de tres graves delitos de corrupción", ha destacado Pavón, en referencia a la citación de Castedo para declarar ante el TSJCV por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
   Al respecto el edil de EUPV ha insistido en que "declare para defenderse, pero sin ser ya alcaldesa". Tanto Pavón como Marga Sanz  además han pedido la "inmediata" suspensión de la tramitación del nuevo Plan General de Alicante, tanto en el Ayuntamiento como en la Conselleria de Infraestructuras.

Compromís asegura que Castedo "no puede seguir ni un minuto más representando a Alicante"

VALENCIA.- La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado este lunes que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, "no puede seguir ni un minuto más representando a Alicante" y "si sigue un minuto más representando Alicante estará faltando el respeto a la ciudadanía y demostrando que su prioridad no es el beneficio de este territorio, sino tratar de salvar su silla". 

   Mollà, en un comunicado, ha apuntado que Castedo "ya ha reconocido que tuvo amistades que son peligrosas y que tuvo actuaciones poco éticas, pero dentro de un discurso victimista en el que intenta hacer creer que no actuó con malas intenciones".
   En este sentido ha comentado que "parece que la alcaldesa olvida que se le imputa por los presuntos delitos tan graves como los de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, unas acusaciones que a quienes hacen peligrosa es a ella".
   La diputada de Compromís ha rechazado que la alcaldesa de Alicante "pueda desmentir estas acusaciones en sólo diez minutos, como le gusta presumir" y ha destacado que "este no es momento de defender orgullos propios, es el momento de reconocer errores, apartarse de la vida institucional y dejar que la justicia investigue sin que esto vaya en detrimento de la actividad política de una ciudad".
   A la vez, Mireia Mollà ha señalado que "ahora que Castedo y Alperi ya han sido citados como imputados, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya no puede seguir echando pelotas fuera y, si no les obliga a dimitir inmediatamente demostrará que su gobierno también sigue amparando las corruptelas".
   Por su parte, el coordinador de Compromís per Alacant, Ignasi Bellido, ha indicado que la imputación de Castedo y Alperi "es el resultado de un largo periodo de años en que han ido ganando los intereses de unos pocos y han ido perdiendo los intereses generales de Alicante, una situación que tiene que eliminarse de raíz" y ha añadido que "esta regeneración en las políticas y dinámicas sólo puede conseguirse si Castedo se aparta del cargo mientras dura la investigación judicial".
   "Los alicantinos y alicantinas estamos de enhorabuena porque finalmente va a ponerse luz sobre la redacción del documento de ordenación de la ciudad, un asunto sobre el que el PP siempre se ha negado a investigar, como demostró cuando rechazó que se creara en Les Corts la comisión de investigación que Compromís solicitó", ha concluido Bellido.

El TSJCV confirma la procedencia del despido de Amorós de la CAM

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por la exdirectora de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, por despido improcedente, al entender que no se produjo indefensión en el proceso y considerar que queda probado que Amorós actuó de forma "contraria a la buena fe contractural", y "perjudicó gravemente los intereses que le habían sido encomendados".

   La resolución de la sala de lo social del TSJCV rechaza de este modo los argumentos presentados por la exdirectora general de CAM en su recurso de suplicación, y subraya que su despido sí fue procedente ya que "las conductas imputadas en la carta de despido han quedado acreditadas".
   Estas conductas imputadas a Amorós en su carta de despido hacían referencia a la existencia de irregularidades en la presentación de los resultados del segundo semestre de 2011 y en las cuentas anuales de 2010.
   En este último periodo, se le imputaban responsabilidades en la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados; el reparto de dividendos de la entidad por parte de las sociedades participadas; defectos de las dotaciones al fondo de prejubilación; en los gastos de abono de la paga de beneficios; aportaciones al Plan de pensiones e incentivos, y en asignación de una pensión vitalicia sobre la base de la prestación social complementaria en el marco de la situación previa a la intervención de la entidad.
   El TSJCV recuerda que estas conductas constituyen "actuaciones contrarias a los intereses encomendados y a los principios de las buenas prácticas bancarias", y entiende que la sentencia recurrida "aplicaba de forma correcta los preceptos cuya infracción se denuncia".
   Asimismo, subraya que los hechos declarados probados constituyen un "incumplimiento grave y culpable" susceptible de ser tipificado de acuerdo con lo previsto en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores.
   Además, recuerda que las alegaciones de Amorós sobre la presunta responsabilidad de otros miembros directivos en las decisiones que adoptó la entidad, "no excluyen las responsabilidades personales laborales que en su condición de directora general asumió".
   En esta línea, advierte la sentencia de que las obligaciones que tenía encomendadas la exdirectora general "no pueden desvincularse de los intereses generales y particulares cuya protección tenía encomendada, y que fueron gravemente lesionados".
   En consecuencia, la sala de lo social mantiene que el recurso de Amorós no puede prosperar, y que la sentencia recurrida "no infringe precepto sustantivo alguno". Ante esta decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
   Por su parte, la abogada de la Caja del Mediterráneo (CAM), Isabel Merenciano, del despacho Broseta Abogados, ha mostrado su satisfacción por esta decisión judicial, que ratifica la resolución "muy bien fundamentada y construida", adoptada por el juzgado nº 4 de lo Social, en marzo de 2012.

Mónica Lorente no responde a las preguntas en su declaración por las basuras de Orihuela dentro del caso Brugal

ORIHUELA.- La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, no ha respondido a las preguntas que se le han formulado este lunes en el juzgado de primera instancia nº 3, donde ha acudido para declarar en calidad de imputada por cinco delitos relacionados con la pieza separada del 'caso Brugal' relativa a la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) de la ciudad desde el año 2005.

   Lorente, que en declaraciones a los periodistas se ha declarado "inocente" de todos los cargos que se le atribuyen, está imputada por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, revelación de secreto o información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude.
   Así, la ex primera edil ha acudido al juzgado oriolano 15 minutos antes de la hora fijada para su declaración, prevista para las 11.30 horas, y a su salida, ha explicado a los medios de comunicación que ha ratificado el recurso de reforma presentado meses atrás por su defensa en el que recurre el auto sobre su imputación.
   Así, la exalcaldesa, que se ha presentado acompañada por los ediles 'populares' David Costa y Pepa Ferrando, ha subrayado no tener "nada que ver con el Brugal", y ha resaltado que su nombre no aparece en el informe policial de 2010 en el que se recogen las conclusiones del caso.
   Igualmente, ha indicado que tanto el alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad, Antonia Moreno, "han jugado un papel muy importante" en lo referente a su implicación en la causa, al haber colaborado con la Fiscalía, y ha señalado de ambos que han actuado como "promotores" del caso.
   "Esto será largo, dará la vuelta y descubriremos curiosidades. Veremos el gran papelón de Moreno en el sumario. Es una historia contada interesadamente", ha enfatizado Lorente, quien al mismo tiempo ha aprovechado para defender la inocencia de su hermano Jorge Lorente, quien a las 9.30 horas de este lunes también estaba citado para declarar por supuesto delito electoral, recibimiento de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.
   Las declaraciones de ambos se enmarcan entre las de un total de 29 personas que han sido citadas por la pieza del 'caso Brugal' en la que se investiga la adjudicación del concurso de recogida de residuos sólidos urbanos de Orihuela desde el año 2005.

El Consorcio de Compensación de Seguros cifra en 120 millones los daños producidos por las últimas lluvias

MADRID.- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha cifrado inicialmente en 120 millones de euros los daños producidos a personas y bienes asegurados por las inundaciones sufridas en el sureste de España en los últimos días de septiembre, que han originado, según los cálculos iniciales, cerca de 19.500 siniestros.

   Por comunidades afectadas, los daños en la Comunidad Valenciana ascienden a 62,7 millones de euros; los de Andalucía oriental a 42 millones y los de Murcia, a 15 millones, según se desprende de la primera evaluación realizada por el CCS, publicada en su página web.
   En concreto, en la Comunidad Valenciana, las principales inundaciones se han producido en Valencia, afectando a 5.000 viviendas, 1.200 comercios e industrias y 2.000 automóviles. Las indemnizaciones rondan los 51 millones de euros aunque el CCS puntualiza que se trata de "un importe orientativo" ya que los peritos no han podido acceder a muchas naves de los polígonos, que se encontraban cerradas por ser fin de semana.
   En Alicante también se han producido daños, sobre todo en Orihuela. En conjunto, en esta provincia se han producido siniestros en 900 viviendas, 230 comercios e industrias y 60 automóviles, con un coste aproximado de 1,2 millones de euros.
   El CCS añade que asumirá los daños producidos por tornados muy localizados, producidos en Gandía y Xeraco, que han afectado sobre todo a instalaciones del recinto ferial, algunas naves industriales, establecimientos hoteleros, viviendas y automóviles, calculando alrededor de 300 siniestros con un coste de 10,5 millones de euros.
   Mientras, en Andalucía oriental se han contabilizado 5.455 siniestros, siendo las provincias donde se han producido más daños las de Málaga, Almería y, en menor medida, Granada. En el caso de Málaga, las zonas más afectadas han sido las de Nororma --destacando las de Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco--, la comarca de Antequera y el valle del Guadalhorce, es especial, Álora. Según el CSS, se estiman daños en 700 viviendas, 105 comercios e industrias y 150 automóviles, por un importe total de 15 millones de euros.
   En Almería, los daños se han producido en las zonas de Huércal-Overa, Vera, Cuevas de Almanzora y Pulpí. Las primeras estimaciones, según el CCS, rondan los 26 millones de euros, que corresponden a 3.400 viviendas, 200 comercios e industrias y 750 automóviles dañados. Por su parte, en Granada, las pérdidas se sitúan en un millón de euros por un centenar de viviendas, 40 comercios e industrias y 10 automóviles con daños.
   Por último, en Murcia se han producido daños en 3.460 viviendas, 495 comercios e industria y 405 automóviles. Las zonas más dañadas corresponden a Puerto Lumbreras, Lorca y Totana.
   Los asegurados afectados por las inundaciones deberán comunicar los daños directamente o a través de su entidad de seguros o del mediador de seguros, mediante una llamada al centro de atención telefónica del CCS o por internet, a través de su página web.
   La comunicación del daño dará lugar al simultáneo registro informático del expediente y a la asignación por el CCS de un perito tasador de seguros, que se pondrá en contacto con el asegurado para visitar el lugar dañado y valorar las pérdidas producidas, según especifica el CCS.

Cruz Roja atiende en Alicante a más de 1.930 personas mayores en situación de pobreza

ALICANTE.- Las personas mayores son un colectivo prioritario en los programas de atención de Cruz Roja Española. En la provincia de Alicante, en lo que llevamos de año la Institución ha atendido ya a más de 23.600 personas mayores de 65 años a través de distintos proyectos que potencian su autonomía personal, y la permanencia en el domicilio y entorno habitual, así como combaten la soledad y el aislamiento.

En el actual contexto de crisis socioeconómica, las personas mayores constituyen uno de los colectivos más vulnerables. Por esta razón, Cruz Roja Española ha lanzado por primera vez en su historia un llamamiento de ayuda “Ahora + que nunca” para ampliar su intervención con las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Entre estas personas se encuentra el grupo de mayores con responsabilidades familiares sobrevenidas por la precarización familiar (además de familias con todos sus miembros en paro; niños que viven en hogares pobres; personas paradas de larga duración; personas sin hogar, y jóvenes en paro).

Y es que, cada vez más, la crisis golpea con mayor fuerza a más personas, y entre ellas el colectivo de personas mayores es cada vez más numeroso.  Precisamente el porgrama Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Cruz Roja, que atiende a personas afectadas por la crisis, ha atendido en lo que va de año en la provincia de Alicante a más de 1.930 personas mayores. Se trata de personas que han requerido ayudas para la alimentación, medicamentos, pagos de luz, agua, entre otras ayudas de emergencia.

 “Aproximádamente un 9% de las personas en situación de pobreza que reciben ayudas desde Cruz Roja tienen más de 65 años”, apunta Sagrario Sampere, Responsable Provincial del Programa Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Cruz Roja en Alicante. “De ellas, un 61,34% son mujeres y 70% son de nacionalidad española”.

Respecto al perfil de la persona mayor que recibe este tipo de prestaciones en Cruz Roja destacan dos perfiles, según Loly Pujante, trabajadora Social de la Organización en Alicante: “por una lado nos encontramos con casos de personas con una vida normalizada y que ahora tiene que ayudar a sus hijos y nietos, y otros casos de personas con edades entre los 60 y 65 años, que no disponen de pensión contributiva, que aun estando en edad de trabajar tienen muy dificil insertarse en el mercado de trabajo,  y que usualmente suelen adolecer problemas de salud que agravan su ya de por si precaria situación”

Uno de los principales proyectos de Cruz Roja dirigido a las personas mayores es la teleasistencia domiciliaria, un servicio de atención telefónica ininterrumpido que conecta a las personas con la central de alarmas de Cruz Roja. Esta central, ubicada en la Sede Provincial de Cruz Roja en Alicante, atiende a más de 27.000 personas mayores en la Comunidad Valenciana.

Precisamente, cada vez con mayor frecuencia, este servicio  está constituyendo uno de los canales a través de cual Cruz Roja está detectando situaciones de vulnerabilidad en las personas mayores.

“A través del contacto que la Teleasistencia nos proporciona con estas personas, los operadores de Cruz Roja están detectando situaciones de precariedad en muchas de ellas, lo que nos permite derivar estos casos a otros proyectos y complementar así la ayuda”, apunta Loly Pujante. “Si a través de la Teleasistencia detectamos que la persona tiene dificultades económicas para alimentarse podemos ayudarla con ayudas de alimentación, con el pago de medicamentos, etc”.

La respuesta global de Cruz Roja a las necesidades que se van detectando son siempre posibles gracias a amplia red local de la Organización Humanitaria, que en el caso de la provincia de Alicante comprende 27 asambleas Locales de Cruz Roja con actividad y presencia en más de 90 municipios de la provincia.

La CAM, obligada a devolver 300.000 euros a un cliente afectado por las preferentes

ALICANTE.- La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado una sentencia que condenaba al Banco CAM al pago de 309.000 euros a un matrimonio que adquirió con esta entidad participaciones preferentes del Royal Bank of Scotland, al considerar que los afectados recibieron información "deficiente o incompleta", y "equívoca en muchos aspectos" sobre el producto financiero que estaban contratando, según ha difundido hoy Radio Alicante, de la Cadena SER.

La demanda, que en su día fue interpuesta por un hombre, fontanero de profesión, y su mujer, dependienta en un comercio, ya fue estimada íntegramente por el juzgado de primera instancia nº 9 de Alicante en septiembre del año pasado. La CAM, en su recurso alegaba que los clientes estaban informados de que el producto estaba sujeto al riesgo y, además, no existía obligación legal de entrega del denominado "folleto informativo".
La Audiencia Provincial de Alicante estima, sin embargo, que los demandantes, pese a haber realizado algunas inversiones previas con la entidad, no se encontraban por sus condiciones ni trabajos, bajo el perfil de grandes inversores como pretende la CAM.

Ranking de Presupuestos Generales del Estado por Provincia

RankingProvinciaPresupuestoHabitantesEuros por habitante
1Vizcaya1000316011557728,654959629
2Las Palmas de Gran Canaria13334340109698012,15549964
3Guipúzcoa1337852070960718,85342168
4Baleares24099900111311421,65088212
5Santa Cruz de Tenerife23695880102978923,01042252
6Barcelona135981560552909924,59380091
7Álava834286031922726,13456882
8Navarra2474236064205138,53644025
9Almería2841594070281940,43137707
10Valencia113191480257871943,89446078
11Alicante88526290193412745,7706707
12Castellón3527791060434458,37388971
13Málaga101249040162582762,27540815
14Córdoba5358145080585766,49002242
15Huelva3713213052196871,13870965
16Murcia119449620147006981,25443091
17Gerona6532438075681086,31542924
18Pontevedra8600494096351189,26202192
19Cádiz111962040124351990,036453
20La Coruña104094570114712490,74395619
21Sevilla177661080192896292,10190766
22Madrid616681890648968095,0250074
23Badajoz75544640693921108,8663407
24Ourense38870100333257116,6370099
25Ceuta983762082376119,4233757
26Zaragoza135635550973325139,3527856
27Salamanca50616760352986143,395942
28Cantabria85626790593121144,3664783
29Valladolid77891450534874145,6257922
30Lleida67025410442308151,5356041
31Melilla1210876078476154,2988939
32Tarragona125574140811401154,7621213
33Ávila26830240172704155,3539003
34Zamora31391890193383162,3301428
35Léon81060870497799162,8385553
36Ciudad Real100766860530175190,0633942
37Asturias2075288701081487191,892154
38Albacete80770120402318200,7618849
39Granada186337880924550201,5444054
40La Rioja66329430322955205,3828862
41Segovia34364950164169209,3266695
42Guadalajara53936710256461210,3115483
43Jaén143651270670600214,213048
44Palencia38990990171668227,1302165
45Cáceres105762380415446254,5755164
46Toledo186690900707242263,9703242
47Burgos112312440375657298,976034
48Teruel51538650144607356,4049458
49Cuenca86357300219138394,0772481
50Lugo168060030351530478,0816147
51Soria7351568095223772,0370079
52Huesca193423560228361847,0078516

domingo, 30 de septiembre de 2012

Sesenta lenguas minoritarias europeas luchan por sobrevivir

BRUSELAS.- «En ocasiones, la gente me pregunta si los idiomas importan de verdad en la era de la globalización. Mi respuesta es simple: el día en el que, en Europa, se dejen de hablar todas sus numerosas lenguas será el día en que Europa, como idea y como proyecto, deje de existir». 

 La frase es de la comisaria europea de Multilingüismo, Androulla Vassiliou, con motivo del Día de las Lenguas, que la UE acaba de celebrar. La realidad es muy distinta. Las lenguas minoritarias de Europa luchan por su reconocimiento contra muros sociales, culturales y políticos.
Más allá de las 23 lenguas que la UE reconoce como oficiales, hay 46 millones de europeos, cerca del 10 por ciento, que hablan 60 lenguas consideradas «minoritarias o regionales». Algunas de estas lenguas gozan de un nulo reconocimiento por los propios Estados-nación. Sólo 9 Estados de la Unión consideran cooficial una o más lenguas distintas a la nacional: Italia, España, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo o Malta. Si bien es cierto, en Bélgica más que cooficialidad lo que existe es una división político-lingüística que puede acabar con la división real de Bélgica en dos países.
Francia, Bulgaria, Grecia y Polonia son los Estados más restrictivos con el multilingüismo y no aceptan la oficialidad de ninguna de las lenguas minoritarias que se hablan en sus territorios estatales. La Unesco cifra en 30 las lenguas minoritarias europeas que corren serio peligro de quedar extinguidas en no muchos años. Algunas de ellas ya están en estado vegetativo. Como el romaní, lengua del pueblo gitano que sufre la misma estigmatización que la etnia gitana. Sólo en Finlandia es oficial el habla del pueblo gitano.
Esta misma situación de agonía vive el yidis que hablan las comunidades judías de Centroeuropa. El extermino de los nazis contra los judíos acabó también con la lengua de los judíos centroeuropeos. El lombardo, lengua minoritaria de la región italiana de Lombardía, también agoniza ante la total desprotección del Estado italiano. Además de España, en otros tres Estados de la UE está reconocido el multilingüismo. El inglés comparte oficialidad con el gaélico en Irlanda y con el maltés en Malta; Luxemburgo reconoce tres idiomas oficiales, luxemburgués, francés y alemán; y en Finlandia los finlandeses se pueden dirigir a sus instituciones nacionales en finés, finlandés o sueco.
Sólo 6 lenguas minoritarias superan el millón de hablantes, siendo la más hablada el catalán. Más de 7 millones de personas se comunican en catalán en España, Francia o en la pequeña ciudad de Alghero situada en la isla italiana de Cerdeña. La UE considera al catalán como «lengua de comunicación» y cualquier ciudadano puede dirigirse y ser respondido en catalán por las instituciones comunitarias, pero no todas las lenguas regionales gozan de la misma fortuna. Cataluña es la única región de la UE que cuenta con una Oficina de Información del Parlamento Europeo que difunde contenidos informativos europarlamentarios exclusivamente en catalán.
El gallego es usado por casi 2,5 millones de europeos. El occitano, lengua de los trovadores medievales, lo practican a diario más de dos millones de personas entre España, Italia o Francia. El gaélico, herramienta de entendimiento de 500.000 europeos es la lengua oficial de Irlanda y Escocia aunque no son lenguas mayoritarias en sus territorios. El sardo, lengua romance autóctona de la región italiana de Cerdeña, lo utilizan más de 1.300.000 de europeos. En Italia también se habla el siciliano, lengua de la isla de Sicilia descendiente del latín vulgar y con influencias del griego, árabe, francés, provenzal, catalán y español. El siciliano no es oficial ni está protegido y su cada vez más reducido uso se concentra en los sicilianos de mayor edad.
Existen lenguas minoritarias con más hablantes que algunas lenguas nacionales y oficiales de la UE. El caso maltés, una de las 23 lenguas oficiales en la UE, es paradigmático al ser sólo hablado por 400.000 personas. El euskera, en España; el galés, en Reino Unido; el bretón, franco-provenzal o el corso, en Francia; el frisón, en Países Bajos; el mirandés, en Portugal; o el albanés, armenio, macedonio, tártaro o ruteno, en Rumanía, son también lenguas europeas que perviven en Europa con mayor o menor protección.
España es un Estado ejemplar para los defensores del multilingüismo, aunque existen lenguas o dialectos en España que no disfrutan de ninguna protección oficial y están en riesgo de desaparición. Como le ocurre al asturiano, aragonés o la fala extremeña, lengua galaico-portuguesa hablada en los pueblos de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, en el extremo noroeste de Extremadura.
En los países bálticos las lenguas no sirven para entenderse. El miedo al separatismo es la causa que subyace en una inmisericorde política lingüística que ha sido sancionada por el Consejo de Europa por vulnerar los derechos lingüísticos de la minoría rusa. Ningún país de las repúblicas bálticas –Lituania, Estonia y Estonia-, exrepúblicas de la Unión Soviética, ha firmado aún la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, firmada en 1992 para garantizar la promoción y defensa de las lenguas minoritarias.
El 45 por ciento del conjunto de los habitantes de Estonia, Lituania y Letonia son rusófonos aunque están obligados a dirigirse a sus instituciones estatales en estonio, lituano o letón, respectivamente. La división lingüística en estos territorios es motivo de enfrentamientos entre los hablantes de uno u otro idioma. La política lingüística restrictiva de Estonia o Letonia llega a tal extremo que para conseguir la ciudadanía –derecho a voto- es obligatorio, incluso para los nacidos en territorio estonio o letón, dominar las lenguas nacionales. 250.000 estonios y 525.000 letones rusoparlantes tienen el estatus jurídico de «no ciudadanos» o «inmigrantes ilegales».
Las innumerables llamadas de atención del Parlamento Europeo a la Comisión Europea, consiguió que la UE celebre cada 26 de septiembre, desde el 2001, el Día Europeo de las Lenguas para «sensibilizar, cultivar la diversidad lingüística y cultura y promover el aprendizaje fuera del contexto de la enseñanza». Sin embargo, las entidades de defensa de las lenguas minoritarias alertan a la Comisión de que «sólo con políticas de declaraciones de intenciones» no se protegen los derechos lingüísticos de casi el 10 por ciento de ciudadanos europeos que no ven reconocida su lengua por los Estados que forman parte de la misma UE que se jacta de que los europeos estamos «unidos en la diversidad».

Cerca de medio millar de personas rodean las Corts en señal de "solidaridad" con los manifestantes de Madrid


VALENCIA.- Cerca de medio millar de personas se concentraron en la tarde de ayer sábado frente a la sede de las Corts Valencianes, en la calle Navellos, de Valencia, como señal de "solidaridad" y apoyo a la protesta que la Coordinadora 25S había convocado a la misma hora en Madrid con el objetivo de volver a rodear el Congreso por tercera vez esta semana, pedir la dimisión del Gobierno y el inicio de un proceso constituyente.

   Los manifestantes, convocados a través de las redes sociales, formaron una cadena humana que consiguió rodear la sede de las Corts, que permanecieron protegidas por efectivos de la Policía Nacional. En la misma habían participado personas de todas las edades, desde jóvenes hasta integrantes del grupo autodenominado como 'iaioflautas', que habían repetido consignas en favor de la "soberanía popular".
   Así, algunos de ellos habían hecho referencia a los altercados registrados el pasado martes en Madrid y defendido que "violencia es secuestrar la soberanía popular", según informó una de las asistentes a la manifestación.
   Por su parte, fuentes de Delegación del Gobierno han confirmado que los manifestantes no habían informado sobre la convocatoria, de acuerdo con los cauces legales, y destacado que no se ha producido ningún incidente.

El PSPV pregunta a Fabra qué medidas va a tomar para evitar el "éxodo" de jóvenes valencianos

VALENCIA.- El secretario de Integración del PSPV, Wilson Ferrús, ha preguntado este domingo al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sobre las iniciativas que tiene previsto poner en marcha para evitar el "éxodo" de jóvenes valencianos de entre 25 y 35 años que se ven obligados a "buscar oportunidades de empleo en otros países", al tiempo que le ha instado a reforzar la ayuda e información que se ofrece a los valencianos residentes en el exterior.

   A través de un comunicado, Ferrús ha asegurado que el Consell debe explicar "qué está haciendo con estos jóvenes, así como con los nietos de españoles que se fueron hace tiempo y que tienen nacionalidad española, y con los miles de valencianos que residen en el extranjero y que el Gobierno del PP olvida".
   Así, ha criticado que el PP "muestra una indiferencia y un desprecio absoluto hacia estos valencianos, ya que ni tan sólo plantea incentivos y acciones para evitar el éxodo rural y para reforzar la administración exterior". Ferrús ha recordado que hay más de 70.000 valencianos en el extranjero, una cifra que, según ha aventurado, se incrementará con la salida de jóvenes que ya se está produciendo.
   Por ello, la Secretaría de Integración del PSPV trabaja en la defensa del Estatuto de la Ciudadanía Exterior que los socialistas aprobaron en 2006 y que recoge "toda una serie de derechos en materia de prestaciones económicas por vejez, asistencia sanitaria, educativa y cultural que están siendo eliminadas o disminuidas drásticamente por el Gobierno del PP sin que a nadie parezca preocuparle y sin que este gobierno autonómico mueva ni un dedo".
   "Los socialistas valencianos estamos al lado de nuestros conciudadanos; por eso hemos iniciado una ronda de contactos con las distintas asociaciones en el exterior y estamos poniendo en marcha una serie de redes sociales para recoger propuestas, hacerles llegar nuestras iniciativas y atenderlos directamente", ha remarcado el socialista, que ha mostrado también su preocupación por la situación en que se encuentran los inmigrantes.
   Así, ha recalcado su apuesta por la integración y ha asegurado que los socialistas no consentirán que el PP "prive a los inmigrantes de derechos fundamentales como el acceso a la sanidad", por lo que apoyarán a los sanitarios que ejerzan "en conciencia" y no les nieguen "la atención que necesitan".

La Comunitat tiene un desfase de 1.150 millones de euros entre las cotizaciones y el gasto en pensiones

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana tiene un desfase entre los ingresos por cotización a la Seguridad Social y lo que paga en pensiones de 1.150 millones de euros, ya que recauda 8.848 millones y paga un total de 9.998 millones.

   Así se desprende de los datos de la Seguridad Social desagregados por regiones y provincias, que revelan que los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en el resto de las autonomías
   Según estos datos, sólo ocho provincias aportan al sistema más de lo que reciben para pagar las pensiones. Se trata de Almería, Córdoba, Las Palmas, Tenerife, Guadalajara, Gerona, Madrid, Álava y las Baleares. En el análisis de estas cifras se pueden ver paradojas como el hecho de que Almería realiza una aportación neta al sistema de Seguridad Social, pero tiene una de las pensiones medias más bajas de España, 672,5 euros.
   Sin embargo, el País Vasco, cuya recaudación en cotizaciones sociales no cubre sus pensiones desde más siete años y en 2011 registró un déficit de 1.422 millones, tiene las pensiones más altas de todo el país. Los pensión media de jubilación de las tres provincias supera los 1.000 euros de media al mes.
   Los vascos aportaron al sistema en 2011 por cotizaciones sociales 6.124 millones y recibieron 7.547 millones para pensiones. Alava es la única provincia de esta CCAA que aporta a la Seguridad Social más de lo que recibe de ésta para pagar a sus jubilados, 1.011 millones frente a 994, con una pensión media de 1.033 millones.
   Guipúzcoa y Vizcaya, por el contrario, aportan menos de lo que reciben. En el primer caso son 2.013 millones frente a un coste global de sus pensiones de 2.489 millones de euros, siendo su pensión media mensual de 1.000, 23 euros. Vizcaya aporta 3.099 millones y recibe 4.062 y la pensión media se iguala a la de Alava con 1.033 millones.
   Estas cifras, que forman parte de la caja única de la Seguridad Social, han cobrado especial interés en su forma desagregada por CCAA tras la polémica suscitada por la reivindicación soberanista del Gobierno catalán y sus acusaciones continuas de que sus problemas económicos provienen de España y de que esta CCAA aporta más de lo que recibe a la solidaridad nacional.
   En el caso concreto de las cifras de la Seguridad Social, estas reflejan que, desde el año 2010, inclusive, las cotizaciones sociales que se pagan en Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas catalanes.
   Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de 18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos fueron de 19.541 millones.
   Si las cifras se analizan por provincias, sólo Gerona tiene un saldo positivo --ingresa 1.560 millones de euros y recibe 1.548--, el resto reciben más de lo que aportan para sus jubilados. Es el caso de Barcelona, con una aportación de 14.317 millones y un coste total de sus pensiones de 15.291; lo mismo sucede en Lérida, donde las cotizaciones suman 878 millones y las jubilaciones cuestan 971 y en igual situación está Tarragona, con 1.616 millones aportados al sistema en 2011 y 1.728 millones recibidos.
   La pensión media también varía, siendo la provincia de Barcelona la que tiene jubilaciones más elevadas en esa CCAA, 886 euros de media al mes, frente a los 715 de Lérida; los 744 de Gerona y los 794 de Tarragona.
  Por CCAA, los saldos positivos que aportan Madrid, Baleares y Canarias a la caja única de la Seguridad Social son los que ayudan a equilibrar los ingresos y los gastos del sistema de pensiones. De hecho, Madrid aporta al sistema 17.293 millones de euros y los pensionistas de la CCAA cuestan 14.241, con lo que el saldo positivo para las arcas de la Seguridad Social con esta región es de 3.052 millones, a pesar de tener una de las pensiones medias más altas de España, después del País Vasco, 979 euros.
   Lo mismo sucede en Canarias, donde los ingresos netos para la caja única ascienden a 465 millones, después de que las cotizaciones recaudadas en esta CCAA ascendieron a 3.525 millones en 2011 y los pagos por pensiones supusieron 3.060 millones. Aquí, la pensión media es de 782 euros en Las Palmas y 782 en Tenerife.
   Baleares es la tercera CCAA con superávit en este sentido, ya que recauda por cotizaciones 2.251 millones y gasta en sus jubilados 1.878 millones, con un remanente para la Seguridad Social de 373 millones de euros en 2011, siendo su pensión media de 756 euros.
   Si el análisis se hace por provincias, son un total de ocho las que aportan más de lo que reciben. Un caso paradójico es el de Almería y Córdoba. Las dos provincias andaluzas que cuentan con pensiones medias entre las más bajas de España --no llegan a los 700 euros-- y sin embargo, contribuyen a pagar las del resto del país.
   En el caso de Almería, con 672 euros de pensión media, la aportación en 2011 al sistema de pensiones fue de 1.061 millones, pero sus jubilados sólo gastaron 952 millones, con lo que el remanente para la Seguridad Social fue de 109 millones de euros. Y el año anterior, fue de 136 millones.
   Lo mismo ocurre en Córdoba, provincia en la que los jubilados tienen una paga media de 695 euros, pero también contribuyen a pagar la de otros pensionistas, ya que las cotizaciones suman 1.881 millones y los pagos en pensiones en esta provincia ascienden a 1.668 millones, es decir, 213 millones de remanente para la caja única.
   No obstante, Andalucía gasta más de lo que ingresa para las pensiones: 13.271 millones frente a 15.230, siendo Cádiz la provincia con la pensión media más alta en esta región, 849 euros mensuales, frente a los 708 de Granada; los 703 de Jaén, los 774 de Málaga, o los 782 de Sevilla y Huelva.
   En Aragón, las cotizaciones ascienden a 2.918 millones y también son deficitarias, ya que el gasto asciende a 3.527 millones. La pensión media más alta de la región es la de Zaragoza, con 895 euros y la más baja, la de Teruel, con 777.
   Asturias cuenta con la quinta pensión media más alta del país, 982 euros. Esta CCAA, además, recibe casi el doble de lo que aporta, 4.189 millones frente a 2.231. Cantabria tampoco equilibra las cuentas ya que sus pensionistas cuestan 504 millones más de lo que se recauda en la región, cuya pensión tienen un coste medio de 861 euros al mes.
   En Castilla-La Mancha, el desfase es de 447 millones --3.348 de ingresos, frente a 3.929 de gastos--; aunque Guadalajara --con la pensión media más alta, 873 euros-- aporta más que recibe --468 millones frente a 464--.
   Galicia cuenta con uno de los mayores desfases por regiones, 2.275 millones de euros, pues recauda 5.136 millones y gasta 7.411 millones, a pesar de que Orense y Lugo son las provincias con las pensiones medias más bajas de todo el país, 605 y 617 euros.
   El déficit de Castilla y León también está entre los más altos, 2.092 millones, ya que recauda por cotizaciones 4.773 millones y paga en pensiones 6.865. La pensión media más alta es la de Valladolid, 925 euros, y la más baja, la de Zamora, 692. Extremadura también tiene un desfase de 759 millones; el de La Rioja es de 92 millones; el de Murcia, de 49 millones; en Navarra, de 22; en Ceuta, de 96 y en Melilla, de 93.

Un rey castigado busca la redención, por España y por su monarquía

NUEVA YORK.- Con España sumida en una recesión económica, muchos españoles se están cuestionando su rey, durante mucho tiempo reverenciado por su papel en la democratización de la nación, pero ahora objeto de escrutinio por su lujoso estilo de vida y su opaca fortuna, se escribe en el diario de referencia mundial 'The New York Times'.
"La monarquía continuará mientras la gente quiera una monarquía", dijo el rey en su gira por Nueva York la semana pasada, parte de una estrategia de palacio para reunirse con los principales líderes de opinión para ayudar a promover la confianza en España.
El rey es muy valorado en los círculos empresariales por actuar como embajador económico y atraer contratos para su país, pero la forma en que ha amasado su considerable fortuna personal permanece en secreto. La riqueza de la familia real española se ha estimado en 2.300 millones de dólares, una suma que sus partidarios afirman que está inflada por la inclusión de bienes del Estado.
Los partidarios y asesores de palacio insisten en que el rey no recibe comisiones por los contratos en los que media o promociona.
España vivió sin rey durante 38 años después de que la rama española de los Borbones fuera enviada al exilo en 1931 y expropiadas sus propiedades. Franco, dictador desde el final de la Guerra Civil española desde la década de 1930 hasta su muerte, eligió al rey en 1969 para que le sucediera.
Antes de acceder al trono, el rey se vio favorecido por asesores financieros que crearon una campaña de suscripción cuando se casó para ayudar a crearle un colchón financiero. Durante ese período, el futuro rey "se obsesionó con la creación de una fortuna personal", dijo José García Abad, autor de dos libros sobre el monarca.
En sus viajes, el monarca puede aceptar regalos en nombre del Gobierno español, pero no hay una lista pública de los regalos. A lo largo de los años, ha recibido yates, una isla con una casa y los automóviles de lujo para sumar a su gran colección de coches, provocando cáusticos mensajes de Twitter como: "Los españoles van en zapatillas y su rey con 70 coches".
"El control sobre las actividades del rey y su familia es absolutamente cero", dijo Joan Tardà, diputado nacional de Esquerra Republicana, partido catalán que quiere que España celebre un referéndum sobre la monarquía.
En la expedición había una princesa alemana, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 47 años, su joven hijo y ex marido. La prensa española del corazón dijo que se trata de la amante del monarca desde hace mucho tiempo -lo que ella negó en una entrevista. También negó haberse beneficiado de ninguna manera de su asociación con Juan Carlos a través de un fondo de inversión hispano-saudí ya desaparecido.
"El rey es un tesoro nacional", según ella. "Cuando entra en una habitación, irradia calidez y carisma y conecta con todo el mundo. Nadie se salva. "

El Gobierno pide a las CC.AA. que "se centren" en el Estado del Bienestar

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha pedido a las comunidades autónomas que "reduzcan gastos innecesarios" y centren sus políticas en el mantenimiento del Estado de Bienestar, ya que "el resto, sobra".

   En una rueda de prensa en la sede del PP en Madrid, Beteta ha recordado la obligación de cumplir con los compromisos en Sanidad, Educación y servicios sociales, toda vez que entiende que el Gobierno ha destinado la "financiación suficiente" para garantizarlas junto a la revalorización de las pensiones.
   A pesar de reconocer que varias comunidades autónomas han pedido una financiación superior a la recibida, Beteta ha aclarado que la crisis económica ha obligado a reducir las cuantías. "Es obvio que cuando el traje se vuelve estrecho, todo el mundo quiere que sea más ancho, pero había que priorizar y no procedía a dar algunas financiaciones solicitadas", ha señalado.
   En este sentido, ha resaltado que gracias a la financiación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, los entes locales recibirán 15.932 millones de euros, un 7% por encima de lo recibido este ejercicio.
   Asimismo, ha destacado que el conjunto de la financiación territorial supera los 100.000 millones de euros. "No se pueden analizar unos Presupuestos sin tener en cuenta estas cifras que se gastan los ciudadanos con cargo a los impuestos", ha apuntado.
   A su entender, las cuentas presentadas por el Ejecutivo "tienen credibilidad, son rigurosas y serias, puesto que se basan en el conocimiento de la realidad". En este apartado, ha resaltado la reducción "importante" del gasto ministerial como una de las claves para conseguir "financiación suficiente".
   Beteta ha mantenido una reunión con los miembros de la dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Antes de su intervención, el portavoz del partido en la comisión de presupuestos, Antonio Gallego, ha recordado que las cuentas del Estado "están lastradas por la herencia nefasta" recibida por el actual Gobierno.
   Así, ha apuntado que la deuda se ha doblado en los últimos cinco años hasta destinar 40.000 millones de euros para pagar los intereses, lo que supone, según Gallego, aportar uno de cada cuatro euros a este apartado.
   "Son unos presupuestos creados en un contexto de crisis, que tienen como objetivo la reducción del déficit y lograr ganarse la confianza de socios europeos", ha concluido.

Lombardía propone reducir a tres las regiones en Italia y a la mitad los diputados y senadores

ROMA.- El presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni, ha propuesto la abolición del actual sistema de organización territorial para "reducir el coste de la política" y crear tres grandes áreas: Norte, Central y Sur. Además, apuesta por reducir a la mitad el número de diputados y senadores en Italia.
   En una conferencia, Formigoni ha abierto la caja de Pandora, siendo el primer alto cargo político en Italia en realizar una propuesta concreta para la reorganización territorial.
   "Para rebajar el coste de la política, es el momento de poner la atención en la reorganización de las regiones. Son demasiadas y demasiado pequeñas. Hay que tener menos regiones y más grandes", ha sugerido Formigoni.
   A raíz de esta reforma, el presidente de Lombardía ha asegurado que se suprimirían 331 conserjerías regionales de un total de 1.111 que existen a día de hoy, según ha recogido el diario italiano 'Corriere della Sera'.
   "El Parlamento debería seguir nuestro ejemplo. Es el momento de reducir a la mitad el número de diputados y senadores", ha añadido Formigoni, quien ha admitido que esta sería una reforma "radical".
   Sobre esta propuesta ya ha opinado el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, quien ha apelado a la moderación y ha afirmado que "hay que valorar todos los aspectos en las diversas instituciones y no solo centrarse en la parte negativa" de la organización territorial italiana, según ha informado el periódico italiano 'La Repubblica'.