Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".

   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.

   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".

   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".

La FEMP ofrecerá su ayuda a los ayuntamientos por los desahucios

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha asegurado que, tras la "primera batería de medidas" adoptadas por el Gobierno "con carácter de urgencia" para frenar los desahucios y proteger a los deudores hipotecarios, es preciso seguir avanzando y "abordar las reformas legislativas" en materia hipotecaria "que sean necesarias para mitigar los desahucios".

   "En la parte hipotecaria, en la que el Gobierno ya ha dicho que tienen que tener su propia hoja de ruta, compartimos ese criterio, de que la cuestión de los desahucios requiere una reforma de la legislación hipotecaria", ha manifestado el también alcalde de Santander, para confirmar que la FEMP tratará "casi con total seguridad" el "drama" de los desahucios en su próxima Junta de Gobierno, que tendrá lugar el martes 27.

   Según ha explicado De la Serna, el objetivo es poner a disposición de los Ayuntamientos todos sus medios técnicos, organizativos y humanos "para tratar de buscar iniciativas viables" que frenen la "problemática social" de los desahucios y, aunque ha matizado que no hay ninguna propuesta ni resolución concreta en el orden del día de la próxima Junta, sí es su intención poder llegar a algún de tipo de acuerdo para "ofrecer la Federación a los Ayuntamientos" y sumarse así al esfuerzo que ya realizan otras instituciones.

   "Como Federación somos conscientes de que los procedimientos de desahucios están originando una sensibilización general que pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones urgentes e inmediatas a este drama", ha asegurado el también alcalde de Santander, para añadir que la idea es que la FEMP "sea una puerta a la que llamen los Ayuntamientos y se informen de cuál es la situación actual".

   En este sentido, ha explicado que su intención es ofrecer "asesoramiento técnico para explicar cuál es el alcance de la legislación actual, y cuáles serían las posibles implicaciones de otro tipo de medidas que se pudieran tomar".

   En esta línea, cabe la posibilidad de que la Junta de Gobierno de la FEMP acuerde la elaboración de "un documento razonable" que pueda ser trasladado a todos los Ayuntamientos "para explicar cuál es el problema, la situación desde el punto de vista legal y las medidas que se han adoptado".

   Aunque, tal y como ha apuntado, las medidas para frenar los desahucios no son una competencia municipal, De la Serna sí ha reconocido que existe por parte de los Ayuntamientos "una competencia de carácter moral y ético" ya que son estas las administraciones más cercanas a los ciudadanos. "Es verdad que somos la primera puerta de entrada a estas cuestiones", ha añadido.

   "Dentro de la voluntad política, de aportar soluciones, nosotros queremos proponer que se adopten medidas básicas, junto a lo que es la normativa, para aquellos casos más vulnerables; fórmulas viables para poder paralizar ese tipo de ejecuciones", ha señalado para añadir que ese "es el sentir común de los Ayuntamientos que se han puesto en contacto con la Federación".    

   No obstante, De la Serna ha aclarado que aunque es su intención adoptar un "marco general" en relación a esta "problemática" y reafirmar su "voluntad" de ponerse "a disposición de los Ayuntamientos para este tipo de asesoramiento", son conscientes de que deben respetar "la autonomía municipal" de cada uno y no "dictar" las medidas a seguir.

   "La Federación no tiene que ser el órgano que dicte lo que tiene que hacer cada Ayuntamiento, tiene que ofrecer su colaboración y si acaso marcar unas líneas de orientación. Luego, la línea que siga cada Ayuntamiento dependerá de la propia autonomía municipal que tienen. Eso es un principio básico que siempre hemos respetado", ha aseverado. Es por este motivo por el que el presidente de la FEMP no ha querido entrar a valorar las medidas ya propuestas por algunos alcaldes.

   Asimismo, ha señalado que, tras recoger "el sentir de los municipios que se han ido poniendo en contacto con la Federación", todos coinciden en que "las entidades financieras debieran agotar todas las posibilidades para evitar esa situación extrema de desahucio".

   Por otra parte, preguntado sobre si el Gobierno se ha puesto de nuevo en contacto con la FEMP en relación a su intención de limitar los sueldos de los alcaldes y los concejales, De la Serna ha señalado que de momento "no hay ninguna propuesta encima de la mesa" pero que la Federación está dispuesta a "llegar a un punto de encuentro" respecto a esta cuestión.

   "Si que es cierto que el Ministerio mantiene viva la idea de hacer una reflexión acerca de la necesidad de homogeneizar la retribución salarial de los alcaldes. Nosotros hemos dicho siempre que estamos abiertos para poder llegar a un punto de encuentro que podamos consensuar. Queremos participar de esa posible modificación", ha matizado.

Farmaindustria confía en el Gobierno para encontrar una solución a la deuda de las CCAA

MADRID.-   La nueva presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, se ha mostrado "esperanzada" de que el Gobierno "encuentre una solución" al retraso en el pago de las comunidades autónomas, que ya acumulan una deuda de más de 2.300 millones de euros con las compañías farmacéuticas por la compra de medicamentos de uso hospitalario.

   "Nos lo han prometido y creemos que la van a encontrar", según ha asegurado tras apuntar que, tras las conversaciones mantenidas con los ministerios de Hacienda y Sanidad, Servicios e Igualdad, la solución para acometer dicha deuda podría estar en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

   Sanz ha valorado "muy positivamente" cómo se resolvió "con eficacia" la deuda que las comunidades mantenían con la industria de años anteriores gracias al plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

   "Se resolvió un problema que empezaba a ser insostenible para nuestras compañías", según ha reconocido, ya que se debían más de 6.300 millones de euros con más de 500 días de atraso en muchos casos.

   Sin embargo, desde 2012 las comunidades han vuelto a demorar los pagos y la deuda vuelve a crecer, de ahí que exijan una respuesta del Ejecutivo que impida llegar a las cifras alcanzadas en 2011.

   "Todavía no tenemos certeza de que el pago sea posible, pero sí de que tienen una voluntad firme de hacerlo", ha aseverado la presidenta de Farmaindustria, quien considera que "sería una pena que, pese al esfuerzo que se hizo, volvamos a estar en una situación tan difícil para todos".

   Además, Sanz recuerda que este sector es "una fuente importante de empleo para el país", con empleo "de calidad" y una apuesta decidida por la I+D. De hecho, el 20 por ciento de la investigación privada que se realiza en España procede de este sector, que es el quinto en número de exportaciones.

   "Somos una industria que debemos aportar el punto de crecimiento que nuestra economía también requiere", ha defendido, al tiempo que advierte de que para ello necesitan una regulación "que salvaguarde sus intereses" y, "sobre todo, que asegure el acceso de los pacientes a la innovación al mismo nivel que el de otros ciudadanos europeos".

   La presidenta de Farmaindustria se ha mostrado comprensiva con la necesidad del Gobierno de tomar medidas "extraordinarias" ante circunstancias que "también lo son". Sin embargo, también recuerda que han sufrido cuatro Reales Decretos en dos años que han "cambiado de modo radical" su sector. "Todos hemos perdido mucha competitividad", ha advertido Sanz.

   Asimismo, Sanz también ha recordado la responsabilidad mostrada por las farmacéuticas, que siguen suministrando medicamentos pese a que las comunidades tardan en pagar.

   "Las compañías son libres de tomar cualquier medida en caso de que consideren que la situación de impago les sea insostenible", según ha reconocido, si bien asevera que desde Farmaindustria se recomienda mantener los suministros.

Fernando Pérez-Hickman entra de asesor en Banco SabadellCAM representando a Alicante

ALICANTE.- Empresarios de prestigio, altos ejecutivos de multinacionales y expertos universitarios, todos ellos relacionados de una u otra forma con Alicante, la Comunidad Valenciana o Murcia, formarán parte del futuro consejo consultivo de SabadellCAM que la entidad está ultimando estos días con la intención de ponerlo en marcha a principios del próximo mes, según adelanta 'Información'. 

El grupo ha decidido replicar de esta forma la misma estructura organizativa que ha desarrollado con éxito con el Banco Herrero en Asturias, el Atlántico en Andalucía o el Urquijo en Madrid y que le ha permitido mantener el arraigo de todas estas entidades en sus territorios de origen a pesar de su incorporación al Sabadell.
Su función será la de trasladar a los responsables del banco las necesidades y las inquietudes de los empresarios y clientes de las distintas zonas y también asesorar sobre las estrategias que puede desarrollar la entidad para crecer al mismo tiempo que contribuye al crecimiento económico de estos territorios. Sobre todo, teniendo en cuenta que el actual consejo de administración del Banco CAM desaparecerá en el momento en que se produzca su absorción por el Sabadell y ya no exista como sociedad independiente.
Para presidirlo, la entidad ha apostado por un hombre que ya conoce perfectamente la casa: el presidente de Porcelanosa, Héctor Colonques, quien también es miembro del consejo de administración de Banco Sabadell desde el año 2001 y uno de sus principales accionistas. Colonques representaría, además, la cuota valenciano-castellonense del consejo ya que el grupo ha tenido muy en cuenta el peso de las distintas provincias en el negocio de SabadellCAM a la hora de confeccionar la lista.
Así, otro de los empresarios de renombre que ya habrían aceptado formar parte de este organismo sería el murciano Tomás Fuertes, propietario del Grupo Fuertes, el conglomerado que controla el gigante de la alimentación El Pozo, que emplea a más de 5.500 trabajadores. Titulado en Alta Dirección de Empresas, en el año 2011 recibió la Medalla al Mérito en el Trabajo que otorga el Gobierno.
La cuota alicantina la cubrirán cuatro nombres muy diversos. Por un lado, el empresariado más tradicional de la provincia estará representado por el histórico Joaquín Arias, el presidente del Grupo Vectalia (antiguo Subús), que gestiona buena parte del transporte de pasajeros por carretera en la provincia, Albacete o Perpiñán, entre otras zonas. También tiene negocios de limpieza, restauración, seguridad o estaciones de servicio.
Por la rama de expertos, formará parte del consejo el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, Joan Llopis Taverner. Autor o coautor de una decena de libros, también ha sido asesor en recursos humanos en ayuntamientos como los de Benidorm, Dénia o Santa Pola, por lo que conoce a la perfección toda la provincia.
Aunque ha desarrollado toda su carrera profesional fuera, también es alicantino el expresidente de Telefónica Media y exconsejero delegado de Antena 3, Juan José Nieto, que ocupará otro de los asientos del órganos consultivo de SabadellCAM. Tras iniciar su carrera en Goldman Sachs y Bankers Trust, en la actualidad es consejero de Uralita y de la multinacional Service Point.
El cuarto representante de la provincia será un hombre de la casa: el presidente del Sabadell United, la filial norteamericana del grupo, Fernando Pérez-Hickman (en la imagen). Hijo del prestigioso traumatólogo del mismo apellido, es otro caso de alicantino que triunfa en el exterior. No hay que olvidar que Estados Unidos es la gran apuesta del Sabadell para crecer fuera del mercado español.

Ejecutivos del grupo
Por último, la entidad también ha querido incluir a los dos máximos responsables de SabadellCAM: su director general, Miquel Montes, que ha dirigido todo el proceso de integración de la antigua caja alicantina en el grupo; y el director territorial, Jaime Matas, su máximo responsable comercial y el que tendrá que tratar directamente con los empresarios y organizaciones de su ámbito de actuación.
La entidad baraja varias fechas para la celebración del primer encuentro de este consejo consultivo entorno al puente de diciembre. La fecha no es casual. Hay que recordar que el próximo 7 de diciembre se cumplirá el primer aniversario de la adjudicación de la CAM al Sabadell y, sobre todo, se producirá la plena integración de las redes y los sistemas informáticos para ser una sola entidad.

La CAM deja de estar intervenida

Un año y cuatro meses después de decretarla, el Boletín Oficial del Estado publicó la resolución del Banco de España por la que el supervisor bancario pone fin a la intervención de Caja Mediterráneo (CAM), lo que deja a la entidad -ya desposeída de su negocio financiero- en manos del Gobierno autonómico para su liquidación final y el traspaso de los bienes de la Obra Social a una nueva fundación que continúe esta labor. Para ello, la Generalitat nombrará en los próximos días una comisión gestora cuya composición todavía está negociando con los partidos de la oposición, principalmente con el PSPV, y también con el Ejecutivo regional murciano, según confirmaron fuentes oficiales.
Además, esta comisión también será la encargada de amortizar definitivamente las cuotas participativas de la CAM ya que, a pesar de que perdieron todo su valor en diciembre del año pasado, al reducirse a cero el capital de la caja para enjugar las pérdidas, los administradores designados por el FROB se marchan sin haber completado el trabajo de darlas de baja. 
Sin duda, la negativa de José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz a amortizar estos valores a 4,77 euros, tal y como aprobó el último consejo de administración de la caja antes de su destitución, será recordada como su decisión más polémica en estos 16 meses ya que provocó que más de 54.000 pequeños ahorradores no pudieran recuperar el dinero invertido.
Hasta que la gestora esté operativa, los tres representantes del FROB seguirán en sus puestos de forma interina para evitar el vacío de poder aunque sólo podrán tomar decisiones sobre "asuntos corrientes" del funcionamiento de la CAM -que mantiene su programación cultural y sus actividades-, según señalaron fuentes del Banco de España.
La decisión del supervisor se produce después de que la semana pasada entrara en vigor el nuevo decreto de órganos de gobierno de las cajas de ahorros, que implica la disolución automática de estas entidades una vez transcurridos cinco meses desde la pérdida de control de su negocio financiero, un plazo que la CAM ya había sobrepasado con creces. La medida, introducida a última hora y casi a escondidas por el PP para salvar a Rodrigo Rato del escarnio público que hubiera supuesto la celebración de la asamblea general de Caja Madrid, también supondrá la disolución automática de Bancaja el próximo martes.
En cualquier caso, la entidad alicantina ya se encontraba en proceso de liquidación desde que el 9 de julio su asamblea general se negase a amortizar las cuotas a cero euros, como pretendían los administradores del FROB, lo que provocó que estos diesen por concluido el cónclave sin dar lugar a la votación que hubiese transformado directamente la caja en una fundación, evitando estos últimos meses de incertidumbre.
Según las últimas cuentas presentadas por los administradores provisionales, Caja Mediterráneo acumula todavía 137 millones de euros de patrimonio, de los que 136 millones corresponden al Fondo de la Obra Social, su único activo real después de que el negocio financiero fuera segregado y adjudicado al Sabadell en diciembre del año pasado. De esta cantidad, unos 80 millones corresponde a dinero disponible en tesorería, la mayoría en depósitos a plazo, y el resto al valor de los edificios y obras de arte de su propiedad.
Además de las distintas "aulas" de cultura que posee repartidas por todo su territorio de actuación, la Obra Social de la CAM también es dueña de la Casa Museo Modernista de Novelda o del Museo Azorín de Monóvar, entre otros bienes culturales emblemáticos. Además, mantiene una plantilla de 38 personas, de las que 35 son indefinidas.
La misión de la gestora será transferir todos estos bienes a una nueva fundación. El gran problema será buscar fuentes de financiación alternativas para este nuevo organismo ya que el Sabadell ha rechazado formar parte de la misma como patrono al considerar que estará demasiado politizada. Así, el banco catalán ha puesto en marcha su propio comité de patrocinios y mecenazgos para desarrollar su programa de responsabilidad social corporativa.
El Banco de España ordenó la destitución del consejo de administración de la CAM el 22 de julio de 2011 ante la incapacidad del mismo para redactar un plan que garantizase la viabilidad de la caja. Tras la intervención, los administradores afloraron unas pérdidas de 2.700 millones de euros en 2011 debido, sobre todo, a los desmanes de sus inversiones inmobiliarias. 
En la actualidad, cinco exaltos cargos de la entidad, entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, están imputados en la causa que instruye la Audiencia Nacional por los supuestos delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa.

La alcaldesa de Alicante solicita a las entidades bancarias que aplacen los desahucios de las familias vulnerables

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha remitido un escrito a un total de 22 entidades bancarias de la ciudad para solicitar el aplazamiento de los desahucios de las familias vulnerables de la capital alicantina, "al menos hasta el momento en que se definan definitivamente las medidas para su protección".

   En la misiva, dirigida a los responsables bancarios y firmada tanto por la primera edil como por el concejal de Hacienda, Juan Seva, Castedo hace referencia al Real Decreto/Ley de medidas urgentes para "reforzar la protección de los deudores hipotecarios, norma que suspende el lanzamiento de sus viviendas de colectivos de ciudadanos especialmente vulnerables", sgeún ha informado el consistorio.

   No obstante, la primera edil señala que esta "solución no alcanza a un importante" número de personas, "también especialmente vulnerables, que no se encuentran incluidos entre los supuestos que la ley señala y que se encuentran a la espera de ser lanzados" de sus inmuebles.

   En este sentido, indica que, "manifestada la sensibilidad del Congreso de los Diputados ante estas situaciones", está previsto un procedimiento legislativo "urgente", que amplíe las medidas de protección aprobadas, "extendiéndolas a un mayor número de ciudadanos".

   Igualmente, apunta que las nuevas medidas "protectoras" que "rápidamente" se adoptarán, "pueden, no obstante, resultar ineficaces ante la severa y ejecutiva aplicación" de la legislación hipotecaria "todavía vigente", de manera que aquellos que "resulten protegidos" por la nueva legislación "ya hayan sido lanzados de sus viviendas cuando entren en vigor".

   "Por ello, le rogamos encarecidamente que, apelando a la solidaridad tan necesaria en estos momentos, la entidad bancaria a la que usted representa aplace los desalojos de las familias vulnerables, al menos hasta el momento en que se definan definitivamente las medidas para su protección", resalta en la carta.

Fabra traslada su "confianza" en Sonia Castedo y se muestra convencido de que podrá "demostrar su inocencia"

ALICANTE.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha mostrado su "confianza" en la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y se ha declarado "convencido" de que va a poder demostrar "su inocencia" en el 'caso Brugal', en el que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proceso que según ha dicho, "al final va a quedar en nada".

   Fabra hizo estas declaraciones durante su visita esta semana a Alicante.

   A preguntas sobre el futuro político de la alcaldesa en el caso de que se abra juicio oral, Fabra ha afirmado que está "convencido" de que la alcaldesa de Alicante "podrá demostrar que su trabajo siempre ha ido en la línea de ayudar y generar mejor calidad de vida a los ciudadanos de Alicante". Por ello, se ha mostrado "convencido" de que el supuesto planteado "no se va a producir".

   "Yo, las decisiones que tenga que tomar, cuando me afecten a mí, las diré, (pero) en este caso estoy analizando lo que es una compañera de partido que está en un proceso en el que, como cualquier otra persona, lo que debemos velar es para que haya un proceso transparente, donde haya una presunción de inocencia hacia cualquier persona que esté implicada ahí", ha indicado al ser interrogado sobre si comparte la opinión del portavoz y vicepresidente del Consell José Císcar, quien el pasado viernes afirmó que si él fuera Castedo dejaría todos sus cargos.

   "Los que conocemos a la alcaldesa estamos convencidos de que este proceso al final va a quedar en nada, y que la alcaldesa va a poder demostrar que su actuación dentro de toda esta tramitación del PGOU, fue una tramitación transparente y siempre buscando sólo el beneficio de la ciudad de Alicante".

   En esta línea, ha dicho que tiene "plena confianza en las personas del partido, conozco a Sonia Castedo desde hace tiempo y la verdad es que a mí me genera confianza, a mí y a muchos ciudadanos de la ciudad de Alicante, que le dieron su apoyo mayoritario en las últimas elecciones".

   "Creo en las personas porque estoy convencido de que aquellos que tienen unos valores firmes, que han sabido transmitir a los ciudadanos lo que es su propuesta o su proyecto en este caso de ciudad, los que trabajan todos los días para sacar adelante los problemas que tiene una administración, creo que merecen todo el respeto y también en este caso la presunción de inocencia: yo confío en Sonia Castedo y espero, y estoy convencido, de que va a poder demostrar su inocencia".

   En cuanto al contenido de las conversaciones entre el empresario Enrique Ortiz --imputado en el caso-- y la alcaldesa, reproducidas durante el interrogatorio judicial realizado el pasado mes de octubre, Fabra ha remarcado que no va "a entrar a valorar ni esas escuchas ni cualquier otra". "Creo que una conversación privada, al cabo del tiempo y luego expuesta a lo que es el juicio público, no sé si cualquiera de nosotros la podría aguantar", ha señalado.

Fabra se gasta 338.800 euros en sondeos electorales

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana tiene el triste honor de ser líder en deuda, déficit e impagos, pero el Gobierno que preside el 'popular' Alberto Fabra no ve en ello impedimento alguno para poder gastarse en los dos próximos años 338.800 euros en ocho sondeos electorales, unos estudios que hasta ahora han venido negándose sistemáticamente a la oposición con la escusa de que son “instrumentos de trabajo” de la Administración, según www.elplural.com

El gobierno valenciano adeuda 1.400 millones de euros a las empresas proveedoras de la sanidad, no tiene fondos con que satisfacer los 450 millones que debe a las farmacias, no paga desde hace seis meses a las familias que atienden a más de 1.600 menores en situación de desamparo, ni desde hace un año a las empresas suministradoras de los comedores escolares y mantiene una deuda de 660 millones con las cinco universidades públicas… Son solo ejemplos de la situación de quiebra en que vive desde hace meses la Administración autonómica denunciados durante esta semana por los sectores afectados. La misma semana en la que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana licita un concurso por el que el Consell que preside Alberto Fabra se gastará 338.800 euros en ocho sondeos electorales durante los dos próximos años.
Pese a que las encuestas de opinión se realizarán durante los dos próximos años, la Generalitat ha publicado ahora la convocatoria para poder burlar la ley, ya que una disposición incluida en los Presupuestos de la Generalitat para 2013 impide la tramitación de nuevos contratos de servicios en encuestas de opinión y consultorías externas, salvo “casos excepcionales”, que no parece que sea este el caso. Así, el Consell hará caso omiso de la ley que él mismo ha promovido, ya que no se le aplicará durante el próximo año ni tampoco durante la prórroga prevista de otra anualidad.
La convocatoria del concurso para la realización de las encuestas se publicó el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en el pliego de condiciones se señala que cada uno de los estudios trimestrales a realizar, que tendrán un coste de 42.350 euros, incluirá dos mil entrevistas distribuidas entre las tres provincias valencianas, que se corresponden con las circunscripciones electorales.  ”La finalidad principal de las encuestas -según se señala- es conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad y coyuntura social, económica y política, así como conocer sus valoraciones, preocupaciones y prioridades”.
Hasta ahora, la Generalitat ha venido negando la petición de los grupos de la oposición de que los estudios electorales que realiza la Administración autonómica tengan un carácter público, tal como sí ocurre con los sondeos que efectúa el Centros de Investigaciones Científicas (CIS), organismo que depende del Ministerio de la Presidencia, o los del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña. Con la excusa de que se trata de “un instrumento de trabajo” de la Administración, la Generalitat siempre se ha negado a compartir con la oposición unas encuestas que le han permitido al Partido Popular conocer en exclusiva los derroteros por los que se mueve la opinión pública valenciana y poder diseñar así su estrategia electoral.
“Es una barbaridad que en una época de crisis como la actual y ante tanto recorte se realice este gasto”, declaró el diputado socialista Rafael Rubio, que denunció que se mantenga el carácter secreto de los estudios. “No tiene nombre que con dinero público se realicen unas estudios electorales que solo conoce el Partido Popular. Si quieren sondeos, que se los paguen ellos”, afirmó el diputado socialista, que anunció que su grupo parlamentario presentará una propuesta en las Corts para, por una parte, pedir que se reduzca el número de sondeos y, por otra, para que tengan carácter público y estén al alcance de todos los grupos parlamentarios.

Castedo, preguntada por si dimitirá: "no hablo de futuribles y ni voy a dar más morbo"

ALICANTE.-   La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado esta semana, al ser preguntada por si se plantea dimitir en el supuesto de que se abra juicio oral por el 'caso Brugal' en el que está imputada, que no habla "de futuribles" y tampoco quiere dar "más morbo".

Interrogada por los medios de comunicación sobre si piensa dimitir en el caso de que se abra juicio oral, Castedo a su vez ha preguntado: "¿Y si me atropella ahora un coche cuando salga del Ayuntamiento?, ¿qué pasará?. Os lo dije en una ocasión y os lo vuelvo a decir: de futuribles, lo primero, no hablo, y lo segundo, no voy a dar más morbo".

   Preguntada también sobre si ha hablado estos días con personas del partido, ha insistido en que no va a "entrar en eso", ni va "a dar más morbo". 

"Lo siento, estoy trabajando y tengo muchos proyectos para esta ciudad, que llevan muchísimo tiempo, 24 horas al día, y eso es lo que me ocupa y me preocupa", ha recalcado.

   "A esta ciudad no le interesa (el morbo), esta ciudad lo que quiere y lo que tiene que hacer es moverse, y yo soy la responsable de mover esta ciudad y a eso es a lo me dedico, me he dedicado y me pienso seguir dedicando", ha añadido.

   En esta línea, la primera edil ha detallado que tiene "muchas cosas que hacer en esta ciudad", como "reuniones muy importantes para el futuro de esta ciudad" que tiene previstas, a las que ha asegurado que dedicará "todas las horas que sean necesarias".

   "Tengo grandes proyectos para esta ciudad y tengo un trabajo que realizar día a día y minuto a minuto, no pierdo el tiempo en ninguna otra cosa. Lo siento, no voy a entrar en ese juego, porque en ese juego, si yo entro, me ganarán por experiencia otros", ha remarcado.

   En el encuentro con los periodistas, la alcaldesa además ha recordado que a lo largo de su vida política, que es "amplia y extensa", ha "vivido muchas situaciones incómodas".

   Preguntada asimismo por las palabras del vicepresidente del Consell y presidente provincial del PP José Císcar, --quien días atrás afirmó que si él fuera Castedo dejaría todos sus cargos--, la alcaldesa ha señalado que conoce las declaraciones del portavoz del Gobierno valenciano y no tiene "nada" que decir sobre ellas.

   De igual modo, se ha referido a lo que hará cuando vea a Císcar. "Le daré dos besos, como he hecho siempre, es mi compañero de partido", ha explicado.

La Diputación analizará en pocos días la situación hídrica de la provincia de Alicante en la Mesa del Agua

ALICANTE.-   La Diputación de Alicante ha convocado para el próximo jueves la denominada Mesa del Agua, un foro al que acudirán representantes de la administración, agricultores, empresarios, universitarios, sindicatos y expertos en la materia para analizar la situación hídrica de Alicante, según ha informado en un comunicado la institución provincial. 

   La Mesa del Agua, que se celebrará en el Palacio Provincial, estará presidida por Luisa Pastor, mientras que la diputada de Ciclo Hídrico, Mónica Lorente, correrá a cargo de la vicepresidencia. Además, en la misma participarán también tres diputados provinciales del PP y otros dos del PSOE, además de una representación de la Confederación Hidrográfica del Segura y del Júcar.

   Del mismo modo, también acudirán expertos de las universidades de Alicante (UA) y de la Miguel Hernández (UMH) de Elche, además de representantes de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

   También están convocados para que participen en esta Mesa del Agua los alcaldes de Benidorm, Torrevieja, Elche, Villena y Alicante, así como representantes de la Cámara de Comercio, de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), de sindicatos agrarios, y de varias comunidades de riego.

   Pastor ha reiterado su "compromiso por trabajar sobre la base de la solidaridad" entre cuencas hidrográficas con la premisa de que "el agua es un bien común que debe aprovecharse al cien por cien". Además se ha mostrado favorable a la recuperación del consenso entre todas las partes implicadas.

EUPV acusa a la dirección de RTVV de actuar "como un patrón déspota e insensible" en el ERE

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha tachado de "sumamente cruel" que la comunicación de los despidos a los 1.198 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radio Televisión Valenciana (RTVV) se vaya a realizar mediante correo electrónico. A su juicio, la dirección del ente está actuando "como un patrón déspota e insensible".

   En un comunicado, el diputado ha insistido en que esta actitud es "cobarde" y ha apuntado que "lo más grave es que es el presidente (Alberto) Fabra quien está dictando detrás estas ideas, porque es el último responsable de la muerte y la sangría a RTVV".

   Por ello, ha exigido al Consell que actúe "de inmediato" y "frene esta locura", ya que los trabajadores del ente público de radiotelevisión que van a ser despedidos "se merecen un mínimo de respeto".

   "Se han vulnerado todos sus derechos y están recibiendo un trato, cuanto menos, indigno. Han sufrido la injusticia de pagar el saqueo de la televisión pública por parte del PP, la persecución por ejercer su derecho en la protesta y, ahora, el castigo más insensible del despido y de su notificación, ha lamentado Blanco, quien ha calificado este comportamiento como "sencillamente rastrero".

   Las salidas de trabajadores comenzarán el próximo 30 de noviembre y corresponderán a aproximadamente 25 personas --en torno al 1,5 por ciento de la plantilla-- que se han acogido voluntariamente al proceso de despido colectivo, según comunicó el ente al comité de empresa este mismo viernes.

  Posteriormente se iniciará el proceso en el ente y en la radio pero sin una fecha concreta, "aunque lo previsto es en las primeras semanas de diciembre" y el despido se comunicará a través de un e-mail y después se informará también al comité.

La Generalitat incluye en la renta de 2013 la deducción fiscal por compra de material escolar

VALENCIA.- La Generalitat incluirá por primera vez en la Declaración de la Renta de 2013 la deducción fiscal por la adquisición de material escolar y libros de texto en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

   Así se recoge en el borrador de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2013, donde se establece el incremento de las deducciones por familia numerosa y la nueva desgravación por compra de material escolar y libros de texto, según ha informado el Consell en un comunicado.

   Esta última deducción tendrá un importe de 100 euros por cada hijo, siempre que se encuentren escolarizados en un centro público o privado concertado de la Comunitat Valenciana, tanto en Educación Primaria, como Educación Secundaria Obligatoria o en unidades de Educación Especial.

   Los límites de renta establecidos para la aplicación de esta deducción son los mismos que los previstos para el resto de deducciones de la Generalitat, de modo que se podrán beneficiar de la medida las familias con rentas bajas y medias. Además, uno de los padres que conviva con el menor deberá encontrarse en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo en un Servicio Público de Empleo.

   Los umbrales máximos de renta para el acceso a las ayudas para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático en los niveles de enseñanza obligatoria prestados en centros públicos y concertados se han establecido en función del número de miembros de las familias de los alumnos. No obstante, la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro no podrá ser superior a 24.000 euros, en tributación individual, o a 38.800 euros, en tributación conjunta.

   El objetivo, según la Generalitat, es "ayudar a las familias con padres desempleados que han visto cómo se reducían drásticamente sus ingresos y que, a pesar de ello, tienen que seguir sosteniendo los gastos de la educación de sus hijos".

   Esta deducción se suma a las existentes por gastos de escuelas infantiles y por conciliación de la vida familiar y laboral de las madres trabajadoras con hijos pequeños, "dado que la protección de las familias, constituye uno de los principales ámbitos de fomento de la política fiscal del Consell", han agregado.

El PPCV advierte de que los "tripartitos a la catalana" tienen "finales trágicos" como el de Alcoy

VALENCIA.- El vicesecretario general del PPCV, César Sánchez, ha advertido que los "tripartitos a la catalana" tienen "finales trágicos" como el de Alcoy y ha criticado que el PSPV "vaya a rebufo de los partidos minoritarios independentistas ante el vacío de propuestas en la Comunitat". 

   En un comunicado, Sánchez ha criticado que los socialistas, "ante la incapacidad de tener la confianza de los ciudadanos a través de las urnas, busquen pactos antinaturales" como el de Alcoy cuando el resultado es "un agravio para los intereses de los ciudadanos".

   Se ha preguntado, en este sentido, "cómo pueden el partido socialista defender a los valencianos cuando, para mantenerse en el poder, tiene que ceder a las aspiraciones independentistas de los partidos minoritarios que sólo buscan dividir en vez de unir" y les ha reprochado que "en vez de trabajar por atender las necesidades de los ciudadanos, buscan gobernar a cualquier precio".

   Sánchez ha lamentado las "ansias de poder" del PSPV y ha recalcado que "los tripartitos a la catalana son experimentos que salen mal porque cada fuerza política defiende su interés partidista y personal y no el general" y, a modo de ejemplo de ese "fracaso de tripartitos en la Comunitat", ha aludido a la "reciente ruptura en Alcoy, que ha puesto en pie de guerra al PSPV y Compromís".

   El vicesecretario general de los 'populares' valencianos  ha criticado que el PSPV "renuncie a ser el principal partido de la oposición porque es incapaz de trabajar por lo que de verdad le interesa a los ciudadanos de la Comunitat" y ha subrayado que "en estos momentos, delante del PP sólo hay crispación, división, oportunismo y falta de ideas para el futuro de nuestro territorio".

   Por otro lado, en cuanto a las declaraciones del vicesecretario y portavoz del PSPV, Francesc Romeu, acerca de que los valencianos pagan "la absoluta descoordinación y el desgobierno que impera en el PP", que esta semana ha intentado "entretenerles" con "batallas internas", Sánchez ha replicado que "la única preocupación y ocupación" del partido "son los ciudadanos" y que "así lo demuestra cada día gobernando para resolver la situación crítica que ha dejado el PSOE".

   Así, ha defendido que el PP es "el primero que ha tomado medidas para solucionar el problema de los desahucios, ha puesto en marcha mecanismos de liquidez para que las autonomías puedan pagar a sus proveedores" y "va a acabar con la discriminación en el modelo de financiación", mientras el PSPV "ha estado escondido durante los años de gobierno socialista" y ahora "pretende mostrarse como la solución cuando no es más que una marioneta de los partidos minoritarios".

Benidorm colabora con 15 entidades bancarias para evitar el desahucio de 14 familias del municipio

BENIDORM.- El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha llegado a un acuerdo con un total de quince entidades bancarias de la localidad para trabajar "conjuntamente y evitar" los desahucios en los que exista riesgo de exclusión social para los afectados, situación en la que actualmente se encuentran 14 familias del municipio, según ha informado en un comunicado el citado Ayuntamiento.

   Para ello, el alcalde y la primera teniente, Gema Amor, han mantenido ya una reunión con representantes de una quincena de entidades bancarias de la localidad para pedir su colaboración en la creación de una oficina de mediación para este tipo de desahucios.

   Así, Navarro ha explicado que la vista ha sido "positiva" y que los responsables de las entidades se han mostrado "colaboradores con la idea y predispuestos a trabajar codo con codo con la persona de contacto, un asesor financiero, que trabajará en la oficina".

   Igualmente, ha resaltado que se ha llegado a un acuerdo con los representantes para trabajar "conjuntamente y evitar" los desahucios.

   "Se ha conseguido una garantía de moratoria para que el consistorio tenga tiempo de buscar soluciones", entre las que ha destacado la cesión temporal de pisos de propiedad del Ayuntamiento, la búsqueda de alquileres "muy baratos, cuyo gasto asumiría Bienestar Social", ha indicado el alcalde.

   Navarro también ha explicado que se ha llegado a un acuerdo con las entidades bancarias para trabajar conjuntamente y evitar los desahucios, y en los casos en los que sea imposible impedirla, "se ha conseguido una garantía de moratoria para que el Ayuntamiento tenga tiempo de buscar soluciones".

    Entre las posibilidades propuestas, el primer edil ha destacado la cesión temporal de pisos propiedad del Consistorio, la búsqueda de alquileres muy baratos, "cuyo gasto asumiría Bienestar Social", así como la búsqueda de empleo para las personas afectadas, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

   Así, a partir de este jueves el Consistorio se pondrá en contacto con las familias afectadas, en total catorce, y mediará para que los bancos busquen las soluciones existentes.

   Por su parte, la oficina de mediación se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de diciembre y contará con personal de la Concejalía de Bienestar Social, que emitirá informes para determinar los casos en los que el lanzamiento de la vivienda suponga un desarraigo para los afectados y que no puedan ajustarse a la Ley anunciada hace unos días por el Gobierno.

   El nuevo servicio contará con un asesor financiero, que será el que trabaje directamente con las entidades financieras, un jurista y un trabajador de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

Calpe convoca a los directores de banco de la localidad para fijar un protocolo en caso de desahucios

CALPE.- El alcalde de Calpe, César Sánchez, ha convocado a directores de las entidades bancarias de la localidad para mantener una reunión la próxima semana en la que establecer un protocolo de actuación en caso de desahucios y poder garantizar la comunicación al Ayuntamiento para que pueda intervenir la Concejalía de Bienestar Social, según ha informado el consistorio en un comunicado.

   Durante el encuentro, programado para el próximo martes, Sánchez pretende tratar con los responsables de las sucursales "un tema de gran sensibilización social y paliar sus graves consecuencias todo lo que se pueda". En este sentido, abordará la posible creación de un protocolo para que el Ayuntamiento esté informado de "cada una" de estas acciones para poder "intervenir" con las familias afectadas.

   De este modo, el primer edil busca "soluciones" para que las familias puedan "estar apoyadas" por el consistorio, y sean "ayudadas en esa dramática situación".

Benidorm otorga la Medalla Corporativa a los exministros Eduardo Zaplana y Leire Pajín

BENIDORM.- El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha acordado esta semana por unanimidad conceder la Medalla Corporativa de la ciudad al exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, y a la exministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, coincidiendo con la celebración del acto conmemorativo del 34º aniversario de la Constitución Española que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, según ha informado en un comunicado el citado consistorio.

   Durante la sesión ordinaria, todos los miembros de la Corporación han coincidido en la elección de ambos por ser "personalidades insignes en la actividad publica al servicio de la Constitución desde los diferentes cargos públicos que han ejercido", según recoge la moción presentada.

   Eduardo Zaplana ha sido alcalde de Benidorm, presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y portavoz del Gobierno. Además, se ha destacado su "dedicación al servicio de los ciudadanos y su amor por Benidorm".

   Por su parte, Leire Pajín ha sido Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, "puestos en los que ha demostrado su defensa por los valores constitucionales, sobre todo en bienestar social y trabajando por los sectores públicos más desfavorecidos", según las mismas fuentes.

   El acto de entrega de las distinciones se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el marco de las celebraciones del 34º aniversario de la Constitución Española, según han indicado las mismas fuentes.

Castedo pide a la Audiencia que aplace desahucios para colectivos especialmente vulnerables

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha solicitado al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, que aplace los desahucios que afecten a ciudadanos de colectivos especialmente vulnerables, según han informado fuentes municipales.

   En un escrito dirigido por la primera edil este jueves al órgano judicial, la alcaldesa hace referencia al Real Decreto/Ley de medidas urgentes aprobado para "reforzar la protección de los deudores hipotecarios, norma que suspende el lanzamiento de su vivienda de colectivos de ciudadanos especialmente vulnerables".

   La primera edil remarca que esta solución "no alcanza a un importante número de ciudadanos, también especialmente vulnerables, que no se encuentran incluidos entre los supuestos que la ley señala, y que se encuentran a la espera de ser lanzados de sus viviendas".

   Al respecto, también recuerda que está previsto un procedimiento legislativo urgente para ampliar las medidas de protección aprobadas, para hacerlas extensivas a un mayor número de ciudadanos.

   Castedo considera que estas nuevas medidas "pueden, no obstante, resultar ineficaces ante la severa y ejecutiva aplicación de la legislación hipotecaria todavía vigente, de modo que los ciudadanos que resulten protegidos por la nueva ley, ya hayan sido lanzados de sus viviendas cuando entre en vigor".

   Por ello, la alcaldesa ruega a Vicente Magro que, en la medida en que se lo permite la ley, "aplace los desalojos de las familias vulnerables hasta el momento, al menos, en que se determinen definitivamente las medidas para su protección".

El PSPV amplía la Comisión Ejecutiva con la inclusión de Ángel Luna, Juan Antonio Román y Ángel Cano

ALICANTE.- El PSPV de Alicante ha incluido a tres nuevos miembros en su comisión ejecutiva municipal de "dilatada trayectoria" en la agrupación, como son Ángel Luna, Juan Antonio Román y Ángel Cano, quienes presidirán un consejo cada uno que servirá de órgano asesor para la dirección del partido, según ha informado en un comunicado la formación.

   La comisión ejecutiva, que se ha reunido en la tarde de este lunes, ha acordado que Ángel Luna esté al frente del consejo de personalidades, Juan Antonio Román, del Consejo de Política Municipal y Ángel Cano, del Consejo de Mayores. Los tres, que son "importantes referentes" dentro del partido, formarán parte de la comisión ejecutiva municipal con "voz pero sin voto".

   En la reunión también se han abordado las visitas a los barrios de la ciudad de Alicante, así como el plan de trabajo coordinado entre el grupo municipal y la ejecutiva previo a todos los plenos que se desarrollará con reuniones en el partido, según han destacado.

Bonig plantea la creación de una Agencia de Disciplina Urbanística para solucionar los temas de viviendas ilegales

ALICANTE.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha planteado la posibilidad de crear una Agencia de Disciplina Urbanística como un órgano independiente con la finalidad de solucionar los temas de viviendas ilegales que afectan a los municipios, según ha informado el PP de la provincia de Alicante en un comunicado.

   Bonig ha realizado estas declaraciones durante su participación en el acto de Política Territorial de los 'populares' alicantinos, en el que ha expuesto algunas de las líneas principales de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje que impulsa el Consell. Al acto han acudido, entre otros, el vicesecretario provincial de Política Territorial, Bernabé Cano, y del director general de Urbanismo, Juan Giner.

   En el encuentro, la consellera ha planteado la posible creación de una Agencia de Disciplina Urbanística como órgano independiente con el objetivo de solucionar los temas de viviendas ilegales que afectan a los municipios.

   "La nueva legislación urbanística establece que todos los planes municipales pasen a ser aprobados de manera definitiva por los ayuntamientos, de modo que desaparezca el procedimiento bifásico de la ley actual", ha explicado.

   En este sentido, ha apuntado que "esto será posible gracias a que la intervención autonómica se canalizará a lo largo de todo el proceso de elaboración de planes con relevancia ambiental significativa, a través del órgano ambiental y territorial de la propia Conselleria".

   Así, ha indicado que las competencias autonómicas y la "adecuada" coordinación entre los municipios quedan establecidas en la Memoria Ambiental y Territorial que fija, "con carácter vinculante", las determinaciones estructurales "que habrá de contener el plan antes de proceder a la aprobación municipal de su versión final".

   La reunión que ha mantenido la consellera en Alicante ha estado incluida en el marco del Plan de Participación Pública en el que se encuentra el anteproyecto de ley, y en el que diferentes municipios, universidades, colegios profesionales y otros agentes económicos y sociales están realizando aportaciones y sugerencias al nuevo texto.

   Por otra parte, Bonig ha explicado que la nueva legislación urbanística tendrá una "importante trascendencia" para la actividad y la ordenación del territorio, ya que, tal y como ha expuesto, reduce "casi" en un 80 por ciento el número de disposiciones normativas sobre urbanismo, ordenación del territorio y el paisaje en la Comunitat Valenciana, pasando de unos 1.200 artículos a 273.

   "La reforma legislativa impulsada por el Consell pretende, en un contexto de crisis como el actual, agilizar y simplificar la actividad urbanística en un marco legislativo claro, seguro y sostenible, así como favorecer la dinamización socioeconómica y la generación de empleo en el conjunto del territorio", ha manifestado.

   La nueva normativa "refunde" cinco leyes y deroga las de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje, Suelo no urbanizable, Urbanística Valenciana, Reguladora de los Campos de Golf y la Ley de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actividades Territoriales Estratégicas.

   Unas medidas que, a juicio de la consellera, "reducirán extraordinariamente los plazos para las aprobaciones de los planes generales municipales de los 3 ó 5 años actuales, a poco más de un año, y permitirá una interlocución única y accesible para el inversor, promotor, Ayuntamiento, o particulares".

El Gobierno central asegura que no se baraja un nuevo trasvase del Ebro

MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha señalado que "no se baraja" un nuevo trasvase del Ebro y que no es "una prioridad" para el Gobierno porque "hay muchas cosas que resolver antes".

   Ramos ha explicado que el Ministerio ha recogido "una herencia difícil" y antes que pensar en el trasvase "se necesita hacer otras cosas".

 "Hemos hablado del Plan Hidrológico Nacional y un gran Pacto Nacional sobre el Agua y primero hay que terminar con los planes de cuenca", ha indicado.

   Precisamente, en relación a los planes de cuenca, Ramos ha indicado que el compromiso que adquirió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es que estén listos en diciembre de 2013. Según ha explicado, "luego se podrán mejorar" pero hay que entregarlos en dicha fecha "para que España pueda incorporarse a la segunda fase del proceso" sin cuentas pendientes.

   En este sentido, el secretario de Estado ha apuntado que "es triste" que en la última visita del comisario europeo de Medio Ambiente a España les asegurara que "no entendía como un país pionero en materia de agua y al que se le había tenido como ejemplo en muchas decisiones sea ahora tan incumplidor". 

"Este es el mensaje que nos dejó el comisario y el departamente hará todo lo posible para volver a la cabeza otra vez", ha apuntado.

   Del mismo modo, ha señalado que su departamento trabaja para que "España no sea el país al que siempre sancionan".

 "Estamos comprometidos", ha indicado Ramos, quien ha añadido que, al mismo tiempo, son "realistas" y saben que "España tiene por delante mucho desarrollo". A su juicio, está pendiente que el país mejore en fiscalidad verde y en buscar políticas que sean "más eficaces para proteger al ciudadano".

   Además, ha destacado que "la economía verde genera puestos de trabajo cualificados" y que es "un sector de futuro como demuestra que es el que menos destrucción de empleo ha sufrido en los años de crisis".

   Al respecto ha resaltado el trabajo realizado con el borrador de la Ley de Aguas, que el Gobierno espera tener listo en diciembre y que, según ha indicado, intentará fijar "un marco estable y seguro para que la inversión privada entre en agua".

La pobreza infantil se dispara un 45% en España por la crisis

BARCELONA.- El Observatorio Social de España (OSE) ha detectado que la pobreza infantil se ha disparado un 45 por ciento desde el inicio de la crisis en 2007, lo que ha provocado nuevos escenarios de pobreza relacionados con la malnutrición, la desescolarización y las dificultades para acceder a la sanidad.

   Así lo concluye el estudio 'El impacto de la crisis en las familias y en la infancia' entre 2007 y 2009, realizado por el OSE y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), y financiado por la Obra Social La Caixa que se ha presentado este martes en Barcelona.

   El profesor de Sociología de la UPF Sebastià Sarasa, uno de los autores, ha alertado de que la situación se ha agravado porque las políticas sociales en España no han sido reorientadas en los primeros momentos de la crisis, y continúan beneficiando a las clases medias con acciones orientadas a "cubrir mínimos".

   La poca eficiencia de las transferencias para paliar la pobreza infantil ha dibujado nuevas necesidades como la malnutrición, ya que muchos niños "no tienen cena"; la dificultad de acceder a la sanidad, que afecta sobre todo a inmigrantes por la obligatoriedad del empadronamiento, y la desescolarización.

   Este último factor, que tiene relación con el primero, se produce, en parte, por la reducción de las becas comedor en las escuelas, que provoca que algunos menores vayan a comer a casa y muchas veces ya no vuelvan a la escuela, ha indicado la coordinadora del estudio, Mónica Clua-Losada que ha añadido que también provoca un "marcado fracaso escolar".

   Así, España se sitúa a la cabeza de los países de la UE donde los menores están más expuestos a la pobreza "severa", especialmente las familias monoparentales de inmigrantes extracomunitarios, lo que convierte a las mujeres como principales sustentadoras.

   En el mismo sentido, el director del Observatorio y catedrático de Ciencias Políticas de la UPF, Vicenç Navarro, ha indicado que el gasto público social por niño en España es el más bajo de la UE de los 15, y Sarasa ha añadido que la situación ha empeorado entre 2009 y 2012: "Los que ya eran pobres, son mucho más pobres".

   El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB) Jorge Calero ha destacado que ha incrementado tres puntos el riesgo de exclusión social en los últimos dos años, pasando de 16,7% al 19,8%, mientras que en los hogares con hijos se ha producido un incremento del 26%.

   En el capítulo sobre la reducción del gasto familiar, la profesora de Sociología de la UPF María José González ha observado que, si bien en 2007 las familias redujeron el consumo de ropa para adultos y el servicio doméstico, en 2008 lo hicieron en el ocio y en 2009 en alimentación y, lo que afecta a la infancia.

   Han apuntado que las políticas implementadas por las administraciones públicas son "insuficientes", ya que se ven superadas por una avalancha de demanda que también queda desbordada en las entidades del Tercer Sector, afectadas por los recortes presupuestarios.

SabadellCAM tendrá que hacer 300 despidos forzosos por falta de voluntarios para el ERE

ALICANTE.- El periodo de adhesión voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto en marcha en SabadellCAM finalizó ayer con cerca de 300 plazas sin cubrir, lo que obligará a la entidad a realizar un número similar de despidos forzosos para cumplir con la reducción de personal impuesta desde Bruselas a cambio de autorizar la adjudicación de la antigua caja alicantina al grupo catalán, adelanta hoy el diario 'Información'.

En total, el ERE contempla un recorte de 1.250 puestos de trabajo, de los que 599 son prejubilaciones que se completaron en los primeros días del proceso -sólo en la primera jornada se registraron alrededor de 600 solicitudes-, a las que hay que sumar otras 111 de los trabajadores que estaban en "jornada especial", la denominación que se da a los primeros prejubilados de la CAM que seguían siendo formalmente empleados de la misma y que ahora se desvincularán definitivamente de la entidad. El problema ha llegado con las 540 bajas incentivadas y suspensiones temporales de contrato que se ofrecían, de las que más de la mitad han quedado vacantes, según las fuentes consultadas aunque aún se desconocía la cifra definitiva.
Desde la entidad, no obstante, calificaron de "alto" el nivel de adhesiones logrado, ya que más de las tres cuartas partes de los afectados se marcha voluntariamente, y recordaron el esfuerzo realizado para reducir la cifra inicial del ERE, que era de 1.751 personas. Además, también señalaron que estas bajas forzosas tendrán un impacto "prácticamente nulo" en la provincia de Alicante gracias a que el grupo mantendrá un importante centro administrativo regional en la ciudad y, además, también ubicará en la provincia una gran parte de su nueva unidad de gestión de activos, la especie de "banco malo" particular que ha creado para desprenderse del ladrillo acumulado como consecuencia de la crisis.
Igualmente, recordaron el plan de recolocación pactado con la plantilla, que ofrece facilidades de financiación a las empresas que accedan a reubicar a los exempleados de la entidad y también a aquellos afectados que apuesten por crear su propio negocio.
Por su parte, las dos principales organizaciones sindicales con representación en SabadellCAM, Sicam y UGT, reconocieron que la cifra de vacantes es mayor de lo que hubieran deseado y lo atribuyeron a la coyuntura económica. "El problema es que en estos momentos no hay alternativas y, aunque la indemnización sea buena, la gente tiene miedo de no encontrar otro trabajo, lógicamente", apuntaba ayer el secretario general de Sicam, Manuel Navarro. No obstante, los representantes de los trabajadores aún confían en que la cifra final se reduzca algo si se producen nuevas bajas en el banco catalán.
En cualquier caso, la lista definitiva de los afectados aún puede tardar unos días en llegar porque primero SabadellCAM tiene que ver cómo resuelve los traslados que también debe aplicar para reorganizar el trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 7 de diciembre quiere cerrar de golpe más de 300 oficinas para completar de una vez todo el ajuste de la red.
En cuanto a la indemnización prevista para los despidos forzosos, según el acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre en Barcelona, los afectados recibirán inicialmente una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades y un mínimo de 10.000 euros. Si en los siguientes dos años la entidad no les ofrece la readmisión, al finalizar este periodo se les abonará la parte correspondientes hasta completar la indemnización máxima prevista en la legislación para los despidos improcedentes. Si les ofrece un puesto que implica un traslado podrán solicitar marcharse con 35 días por año trabajado.

UPyD pide explicaciones por fichajes de familiares del PP en Ministerios

MADRID.- La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja pidiendo al Gobierno explicaciones sobre el fichaje de diversos familiares de altos cargos del PP para los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo.

   Se trata de hijos, sobrinos y hermanos de, entre otros, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, del exministro de Trabajo y exportavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana o del actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

   En su texto, la formación magenta denuncia que la selección de personas de confianza, como altos cargos o cargos de libre designación, que han realizado el PP y el PSOE en el Gobierno ha sido una "constante" en los diferentes niveles de las administraciones públicas, y apunta que el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy "no ha sido menos".

   Así, asegura que la sobrina de De Guindos, Leticia de Guindos Talavera, ha sido fichada por el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. Según algunos medios, ocupa una agregaduría en la embajada española en Washington.

   También indica que a Manuel Pablos López --hermano de la actual secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos López-- se le encargó el pasado mes de mayo ocuparse de la jefatura de sección de seguros agrarios en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y ahora ha sido seleccionado como Consejero de Agricultura en la Organización de Naciones Unidas (ONU), un puesto reservado hasta ahora para directores generales con más de veinte años en la Administración Pública.

   Además, prosigue UPyD, un hijo de la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Andrés Porras Soriano, fue seleccionado también como cargo de libre designación para asesorar en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.

   La lista la completan un hijo de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, que se ha sumado al equipo del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (ex secretario general de FAES), en el que también ha sido reclutada la hija del exministro Zaplana, María Zaplana Barceló. Los dos como cargos de libre designación.

   Así las cosas, Rosa Díez quiere saber los criterios profesionales que ha seguido el Gobierno para seleccionar a las personas nombradas como altos cargos de los citados Ministerios, y si existe otras contrataciones de personas con parentesco familiar de algún otro partido como altos cargos o cargos de libre designación en otros departamentos ministeriales o entidad dependiente de éstos.

   En este sentido, UPyD también reclama al Ejecutivo del PP que se pronuncie sobre si la contratación de personas, como altos cargos, que poseen una relación de parentesco familiar con importantes directivos de un partido político contribuye a dar "una imagen positiva" de la clase política.

Ryanair dice que AENA no ha respondido a su propuesta para El Altet y amplía el plazo hasta el día 26

ALICANTE.- La aerolínea de bajo coste Ryanair ha informado este domingo que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) no ha respondido a su oferta para traer 600.000 nuevos pasajeros al aeropuerto de El Altet y crear 600 nuevos puestos de trabajo a partir de abril a cambio de realizar nuevamente el embarque y desembarque a pie en todos sus vuelos. Una vez expirada la fecha límite, la compañía irlandesa ha decidido extender el plazo hasta el 26 de noviembre.

   Según ha informado Ryanair en un comunicado, la decisión de extender el plazo, que se cumplía el pasado 15 de noviembre, se realiza "por el interés del turismo local, la creación de empleo y el crecimiento en El Altet". Así, ha hecho un llamamiento a AENA "para que acepte la propuesta de crecimiento o confirme que no quiere este incremento de tráfico ni los puestos de trabajo, los cuales serán creados en otro destino con costes de aeropuerto menores".

   El portavoz de la aerolínea, Stephen McNamara, ha indicado que Ryanair "se ha ofrecido a ayudar a Alicante a recuperar gran parte del millón de pasajeros perdidos en 2012 como resultado de la equivocada política del uso obligatorio de las pasarelas telescópicas".

 "Ryanair ha mantenido siempre que volvería a crecer en Alicante cuando se le permitiese realizar nuevamente el embarque y desembarque a pie", ha insistido.

   La compañía ha precisado que actualmente El Altet solo permite el embarque y desembarque a pie de aproximadamente un 50% de los vuelos de Ryanair. "Si AENA Alicante permite este procedimiento en todos los vuelos de Ryanair, el aeropuerto de Alicante reanudaría rápidamente el crecimiento del tráfico de pasajeros a partir de abril de 2013", han indicado las mismas fuentes.

   Según la compañía, en una reunión mantenida con los hoteleros de Alicante, en Londres, a principios de noviembre, éstos "mostraron todo su apoyo a la propuesta de crecimiento de Ryanair".

El PSPV advierte de que el desabastecimiento de medicamentos es "un problema de salud pública"

VALENCIA.- El portavoz socialista de Sanidad en las Corts, Ignacio Subías, ha alertado este domingo de que el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias que, a su juicio, se está produciendo como consecuencia de la huelga indefinida de boticas, es "un problema de salud pública". 

   En un comunicado, Subías ha indicado que se están viendo "colas impresionantes en las farmacias, paseos y peregrinajes de farmacia en farmacia hasta intentar encontrar la medicación", lo que provoca entre otras consecuencias, el desabastecimiento de medicamentos, con lo que "de seguir así se pondrá en riesgo a los pacientes al no tomarse la medicación".

   "Sabemos que hay medicaciones como tratamientos neurológicos que están teniendo problemas, los diabéticos se quejan de que no tienen suficientes tiras para poderse controlar la cifras de glucemia, fundamental para su tratamiento, y que en algunos sitios está habiendo ya problemas para encontrar la insulina", ha apuntado el diputado, para quien esta situación supone "un riesgo para la salud de estas personas y para la salud pública".

   Además, ha resaltado que esta situación pone también en riesgo "la subsistencia de las propias farmacias y el despido de trabajadores" y ha lamentado que "los impagos del Consell están llevando a la ruina a muchos colectivos, a asociaciones de enfermos, a asociaciones del tercer sector y, sin duda, a las farmacias".

 "Están poniendo en riesgo el modelo actual con graves consecuencias para todos, sobre todo para las zonas más periféricas, para los pueblos más pequeños", ha agregado.

   A su juicio, la responsabilidad recae directamente en el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la Conselleria de Sanidad, por lo que los socialistas presentarán mociones para "pedir soluciones y exigir el pago de los medicamentos, para poder garantizar la dispensación de los mismos a los enfermos", dado que de lo contrario, "serán responsables de los problemas de salud de los ciudadanos".

La Audiencia Nacional suspende el juicio por la demanda colectiva de CCOO y CGT contra el ERE de RTVV

VALENCIA.-   La Audiencia Nacional ha acordado suspender el juicio sobre la demanda colectiva interpuesta por CCOO y la CGT contra Radio Televisión Valenciana (RTVV) por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla el despido de 1.198 trabajadores, previsto para el 26 de noviembre, tras la cuestión de competencia planteada por la empresa, que pedía que este órgano judicial se declarara incompetente para asumir el caso.

   Según el documento presentado por RTVV, el ente defiende que, tal y como consta en la Ley de Jurisdicción Social, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional es competente en los procesos de despido colectivo cuando extiendan sus efectos a un ámbito superior al de una comunidad. De lo contrario, la competencia recae en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

   En este sentido, precisa que el ERE planteado por el ente público "se extiende a un ámbito no superior al de la Comunidad Valenciana" por cuanto "se pretende extinguir contratos de trabajo correspondientes únicamente" a centros de trabajo ubicados en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

   "El procedimiento de despido colectivo no afecta en absoluto a centros de trabajo ubicados fuera de la Comunidad Valenciana", continúa exponiendo RTVV en el documento, donde insiste en que "los centros de trabajo de Madrid y Barcelona se van a mantener y no van a quedar afectados sus trabajadores por el procedimiento de despido colectivo".

   Además, justifica su pretensión en que la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de Valencia "ha dado trámite al procedimiento de despido sin que de ningún modo haya dado traslado del expediente al órgano competente en el ámbito de la Administración General del Estado".

   En este sentido, el auto de la Audiencia Nacional recoge que la Dirección General de Empleo comunicó el pasado 2 de noviembre que no obra en dicho organismo el ERE de RTVV "al ser competente la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Valenciana".

   El auto, fechado el 6 de noviembre y que, según han informado fuentes sindicales, fue trasladado a las partes el pasado viernes, da un plazo de tres días a las partes para que tanto sindicatos como la empresa y el Ministerio Fiscal presenten sus alegaciones.

   Esta es la segunda vez que se suspende un juicio relacionado con el ERE de RTVV, después de que la vista prevista para el 6 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se suspendiera tras admitir la Audiencia Nacional otras dos demandas.

   En concreto, CCOO y CGT plantearon la demanda colectiva ante la Audiencia, al entender que los despidos podrían extenderse a las sedes del ente en otras autonomías, mientras que Intersindical Valenciana y UGT interpusieron una demanda por el mismo asunto pero ante el tribunal valenciano, que acordó dejar sin efecto el señalamiento a la espera de resolverse la competencia sobre el mismo.

   Desde Intersindical Valenciana han mostrado su deseo de que la Justicia "se pronuncie cuanto antes sobre esta cuestión" ya que "hace 16 meses que se conoce la voluntad de la empresa de despedir a 3 de cada 4 trabajadores y tres meses desde que se aprobó el ERE". Asimismo, han indicado que los trabajos de "PwC, Garrigues y RTVV han sido de todo menos eficaces, transparentes y adecuados a la legalidad, tal y como los tribunales demostrarán cuando podamos exponer nuestros argumentos".

Rajoy "no ha recibido retribución alguna" por su condición de registrador de la propiedad de Santa Pola

MADRID.- El Gobierno ha detallado en una respuesta parlamentaria que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "no ha recibido retribución alguna" por su condición de registrador de la propiedad (de Santa Pola), ya que no trabaja directamente desde hace décadas, cuando empezó a dedicarse a la política y a ocupar sucesivos cargos públicos. 

   Según la respuesta escrita que el Gobierno remitió el pasado jueves a Cayo Lara, después de que el coordinador federal de IU y presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA registrara en septiembre una pregunta parlamentaria sobre esta cuestión, "el titular del registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), Rajoy, se encuentra en situación de servicios especiales con reserva de plaza, según la legislación hipotecaria".

   Así, el Ejecutivo explica que el motivo de dicha situación administrativa de servicios especiales es su designación como miembro del Gobierno o su acceso a la condición de miembro de las Cámaras, cargos que, de acuerdo con la legislación vigente, implican el pase a dicha situación administrativa.

   "En dicha situación se perciben las retribuciones del cargo que se desempeña y por tanto Rajoy no ha recibido retribución alguna por su condición de registrador en el tiempo señalado", ha afirmado.

   Lara había expuesto en su pregunta que el presidente del Gobierno,  entre la opción de solicitar la excedencia de su registro o la de mantenerse como titular del Registro de Santa Pola, había optado por la segunda, manteniéndose "siempre" como registrador de la propiedad titular de Santa Pola gestionándose desde ese momento por un registrador sustituto.

   "¿En caso de que Mariano Rajoy fuera el titular del Registro de Santa Pola, cuáles son los motivos por los que no ha solicitado la excedencia pese a no ejercer como tal en los últimos 20 años?", preguntaba el líder de IU.

   Sobre esta cuestión, la contestación remitida desde el Ejecutivo del PP "no incluye especificación alguna" .

 "La dedicación exclusiva de los cargos públicos y el régimen de percepción de su salario se encuentran debidamente reconocidos y regulados en las distintas normas sectoriales aplicables, entre ellas, las relativas a incompatibilidades, a función pública, a régimen electoral o la hipotecaria", responde el PP.