MADRID.- La organización criminal que dirigía Francisco Correa diseñó una compleja estructura para sacar de España el dinero negro que manejaban los miembros de la trama a través de sociedades en territorios «offshore» (paraísos fiscales) como Antillas Holandesas o las Islas del Canal, revela 'Abc'.
Según apunta el sumario del «caso Gürtel», que las partes han conocido hoy tras el levantamiento del secreto, para sacar los fondos de nuestro país utilizaban los servicios de distintas personas encargadas de recibir el dinero y hacerlas llegar a dichos paraísos fiscales.
Una vez blanqueado, el dinero se reintroducía en España, donde se destinaba a inversiones en bienes muebles e inmuebles. Pero no todo regresaba a nuestro país. Una parte se mantenía en «líquido» en cuentas bancarias de Miami, Ginebra, Londres, Amsterdam, Antillas Holandesas, Islas del Canal y Mónaco, para que los miembros de la organización pudieran llevar un alto tren de vida.
El documento cita hasta 11 sociedades ubicadas en el exterior, algunas de ellas inactivas: Willow Investiments SA, Grosvenor Administration LTD, Grosvenor Secretaries LTD, Windrate LTD, Bladex Finance, Olinda Investment, Bellavita Holding BV (todas ellas ubicadas en Londres), Rustfield Trading Limited (Isla de Man), Pacsa Limited (Isla Nevis), Clandon BV y Lubag NV (ubicadas en Holanda).
El hombre de Francisco Correa en Suiza era Arturo Giancarlo Fasana, del despacho de Abogados Canónica en Ginebra (Suiza), quien tenía capacidad de disposición sobre fondos de la organización depositados en este país, mientras que en Miami (EE. UU) operaba Guillermo M. , que dirigía los movimientos en países sudamericanos y se coordinaba con Randy L. , del despacho de la misma firma en Nueva York.
El colaborador de Correa en Colombia era Román Villaescusa, socio del ex presidente de la Fundación Baleares Sostenible Pau collado, que participa en la estrategia de ocultación de fondos mediante actividades de reserva de hoteles y restaurantes para el resto de integrantes de la organización. En Colombia la trama se sustenta en el despacho de abogados de Gabriel Giraldo, mientras que en Panamá la colaboración le llega a Correa a través el empresario del sector inmobiliario Chema Porras, quien recibe fondos procedentes de Miami.
Tanto en Colombia y en Panamá como en Estados Unidos las sociedades de la trama están aún pendientes de concretar, según la investigación, aunque sí se detalla que "a través de ellas se realizan operaciones inmobiliarias y financieras". Lo que allí planeaba Correa, según el mismo documento, era invertir como socio tecnológico en sociedades como Energing, dedicada al sector energético.
En Reino Unido la trama "Gürtel" cuenta con la sociedad Rustfiel LTD, vinculada al paraíso fiscal de la Isla de Man, mientras que en Holanda funciona Bellavita BT; Clandon BV y LUBAG, remisoras de fondos a las sociedades patrimoniales en España y vinculadas al paraíso fiscal de las Antillas Holandesas.
En todos estos casos, las líneas de la investigación van encaminadas a acreditar la forma de captación de negocios (adjudicaciones directas o concertadas de contratos públicos por parte de los responsables políticos) y a descubrir patrimonio oculto gestionado por testaferros o sociedades.
En este documento se cita expresamente al empresario y ex socio de Alejandro Agag, Jacobo Gordón, al ex vicepresidente de Repsol YPF José Ramón Blanco Balín y al abogado Luis de Miguel Pérez como diseñadores de la estructura de blanqueo de la trama en el exterior.
Testimonios de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía incluidos en el sumario confirman la implicación en la trama del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. «Las declaraciones de todos y viendo que esta persona no es ajena a Francisco Correa [cabecilla de la supuesta red corrupta]» lleva a «pensar que no hay otra opción, que las siglas LB corresponden a la persona de Luis Bárcenas», asegura uno de los agentes que elaboró un informe sobre blanqueo de capitales en el tomo primero de las diligencias. La Fiscalía atribuye al ex tesorero del PP el cobro de 1,3 millones de euros en sobornos.
En este sentido, un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario apunta indicios de la participación de algunos cargos del PP, como el ex eurodiputado Gerardo Galeote o el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales. Este informe, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas "podría haber utilizado" para ello a la empresa RUSTFIELD TRADING LIMITED y que Galeote "se benefició" de la estructura de AWBERRY LICENSE.
"Se han encontrado indicios de utilización por parte de algunas de estas personas de la estructura de ocultamiento de los bienes de Francisco Correa", señala el informe realizado a partir de los documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa, que controlaba el dinero de la "caja B" de la trama.
Según la Agencia Tributaria, "algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore", entre ellos el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, que figuraba en un apunte de la "caja B" del 22 de mayo de 2007 como beneficiario de un reparto para su envío a América.
El informe, incluido en el tomo 24 de la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, apunta la posibilidad de que el destino de ese envío pudiera ser Miami, donde el cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, invertía parte de su beneficio. También señala que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega "pudiera ser" otra de las personas que participa en las estructuras de ocultamiento "off-shore".
Respecto de Bárcenas, el informe especifica que a partir de 2004 el ex tesorero del PP parece "desvincularse claramente" de la red, aunque todavía el 5 de junio de 2007 recibió una entrega de 72.000 euros anotada en esa "caja B", que el conglomerado empresarial de la organización tenía en Madrid. Además explica que la documentación incautada ha confirmado la existencia de una "tesorería oculta" que gozaba de un gran "secretismo" y que, probablemente, sólo era conocida por Correa, el ex secretario de organización del PP gallego y número dos de la red, Pablo Crespo, y José Luis Izquierdo.
En la investigación se ha apreciado que la trama fue aumentando paulatinamente la ocultación de las identidades de las personas que recibían pagos de esa "caja B" y que, mientras hasta 1998 se identifica con nombres y apellidos a quienes reciben ingresos, después de esa fecha comienzan a utilizar iniciales. Además, al principio las participaciones o acciones en empresas estaban en poder de personas físicas concretas con residencia fiscal en España, aunque a partir de 1999 se produce su transferencia "off-shore" y pasan a estar bajo la titularidad última de sociedades en paraísos fiscales.
Se trata de sociedades, según el informe, domiciliadas en la isla caribeña de Nevis, que encubren la titularidad real de las empresas españolas participadas por Correa. El informe ha constatado que los "donantes" conocidos de Correa fueron personas vinculadas a empresas como Fomento Construcciones y Contratas S.A, Tecnología de la Construcción, Constructora Hispánica o SUFI, entre otras, que han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de las comunidades de Madrid y Castilla y León.
La investigación de la Agencia Tributaria también concluye que existía un "grado elevado" de colaboración entre los beneficiarios de los repartos y una distribución paritaria del dinero entre cuatro o cinco personas, y cita entre ellas a Correa, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepulveda, Gerardo Galeote, el diputado del PP Jesús Merino y Luis Bárcenas.
Bárcenas, Galeote, Merino y Sepulveda podrían haber tenido también el papel de "intermediarios principales" de la organización de Correa, durante los años 2002 y 2003, según la Agencia Tributaria.
