viernes, 2 de diciembre de 2011

La diputada Valenciano se comporta como una verdadera demócrata e impide que el Gobierno socialista se despida con la Ley Sinde aprobada

MADRID.- Varios miembros de la dirección del PSOE, entre ellos las diputadas alicantina Elena Valenciano y la murciana María González Veracruz, que es además responsable de Nuevas Tecnologías en la Ejecutiva Federal, habían dejado claro su rechazo a que el Consejo de Ministros aprobase este viernes el reglamento que desarrolla la llamada Ley Sinde contra la piratería en Internet, como así ha sido. La diputada de nuestra tierra demuestra, así, ser una verdadera demócrata.

  "No puedo compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy el reglamento de la Ley Sinde, espero que el Consejo de Ministros lo pare", había publicado previamente González Veracruz en un comentario en la red de mensajes Twitter. "Yo no estoy de acuerdo con esta decisión", ha dicho también Valenciano en respuesta a preguntas de los internautas.
   Este rechazo es compartido otros dirigentes del PSOE. Según han relatado fuentes socialistas, el pasado sábado, una parte del Comité Federal del partido --su máximo órgano entre Congresos-- recibió con aplausos una intervención contraria a que el Consejo de Ministros en funciones aprobase el reglamento.
   La intervención la hizo el secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Gutiérrez, que pidió dejar en manos del próximo Ejecutivo el desarrollo de la polémica disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible.
   Gutiérrez defendió que un Gobierno en funciones no debería aprobar más medidas que las imprescindibles por la situación económica y pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que no ceda a las presiones de la industria y de Estados Unidos y al PSOE que, en este ámbito como en todos los que no son de urgencia, empiece a actuar ya en clave de oposición.
   "Ni indultos ni reglamentos", resumió el líder de JSE, según las fuentes consultadas. Sus palabras se produjeron un día después de que el Ejecutivo en funciones indultase al consejero delegado del Santander., Alfredo Sáenz.
   Otro miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, el secretario de Medio Ambiente y ex diputado Hugo Morán, ha dicho en Twitter que "en el Consejo de Ministros se reflexione en igual sentido que en el Comité Federal".
   Los dirigentes socialistas se han pronunciado así en la red después de que el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, haya confirmado en una entrevista en ABC Punto Radio que el Consejo de Ministros de este viernes llevaba "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el reglamento que desarrolla la 'Ley Sinde' con la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual contemplada en ella.

Blanco lo confirma

El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha admitido al término de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes que aunque la Ley Sinde "formó parte de la deliberación", finalmente "no se aprobó y quedó encima de la mesa".
   Esta misma mañana el ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, había adelantado que el Consejo de Ministros llevaría "en el orden del día" abordar, con el "acuerdo" del PP, el decreto que desarrolla la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), conocida popularmente como 'Ley Sinde', que autoriza el cierre de páginas web que enlazan contenidos protegidos por derechos de autor.
   Así lo manifestó Jáuregui en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que señaló que el PP había sido informado de este nuevo paso en la aprobación de la Ley Sinde y se ha mostrado "absolutamente" de acuerdo. Sin embargo, finalmente la Ley no salió adelante, tal y como ha informado Blanco.

jueves, 1 de diciembre de 2011

Los empresarios alicantinos piden que la CAM se adjudique a una única entidad financiera

ALICANTE.- La Cámara de Comercio de Alicante y la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) han pedido la noche de este jueves que Caja Mediterráneo "se adjudique a una única entidad financiera", según han informado ambos organismos en un comunicado conjunto.

   Ante la adjudicación de la caja a una entidad crediticia, por parte del Banco de España, ambos organismos han considerado que el "nuevo propietario debe mantener la vinculación de la entidad al desarrollo del territorio".
   En su opinión, Caja Mediterráneo "debería integrarse en una única entidad financiera", por lo que han rechazado la división de su estructura entre distintos bancos".
   Los empresarios de la provincia de Alicante piden además al adjudicatario que mantenga su "identificación y vinculación con el territorio en el que nació CAM, fundamentalmente las provincias de Alicante y Murcia, y que siga contribuyendo a su desarrollo económico y social".

España, puesto 30 en corrupción de una lista de 183 países

MADRID.- España obtiene una nota de 6,3 en el índice de percepción de la corrupción que le sitúa en el puesto 30 de una lista de 183 países, según el trabajo de Transparency International. El estudio refleja que el mapa mundial de la corrupción es "muy negro" y son necesarias medidas urgentes internacionales para atajar este problema, que según han advertido los miembros de la organización, está muy ligado al desarrollo económico.

   El informe presentado este jueves analiza a través de diferentes parámetros y mediante encuestas públicas el índice de percepción de la corrupción en cada país y revela que más de dos tercios de los analizados obtuvieron una puntuación inferior a cinco, lo que demuestra que "el mundo sigue igual de mal" que en anteriores estudios.
   Nueva Zelanda obtuvo la primera posición, seguida por Finlandia y Dinamarca. En el último lugar se ubican Somalia y Corea del Norte, que participa por primera vez en el índice. Además, el estudio sitúa a la mayoría de los países parte de la denominada primavera árabe en la mitad inferior de la tabla, con una puntuación por debajo de cuatro.
   Por su parte, España se sitúa en el puesto 30 con una nota de 6,3 puntos, similar a la de anteriores estudios y que la colocan en un lugar "mediocre", según el catedrático de la Universidad Autónoma Jesús Lizcano. A su juicio, el país debe poner en marcha urgentemente cauces para mejorar esta situación.
   Para Antonio Garrigues (en la imagen), patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, Mariano Rajoy tiene ahora la oportunidad de reformar la situación gracias a la legitimidad que le ha dado su victoria en las urnas, que le sitúan en clara diferencia con los presidentes "impuestos" de Italia o Grecia.
   Garrigues ha insistido de esta forma en animar a Rajoy a combatir la corrupción porque "es posible" y sólo es necesaria voluntad política y social. Para los encargados del informe, el primer paso debe ser la redacción de la ley de transparencia que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública.
   "La transparencia per se no elimina la corrupción, pero cuanta más transparencia, la lucha contra la corrupción es más fácil", ha sostenido a la vez que ha asegurado que, además, la corrupción está estrechamente ligada con la situación económica.
   Este mensaje lo ha apoyado el director general de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, que ha avisado de que "una parte importante" de la crisis de la deuda tiene su causa en la corrupción.
   En este contexto, los autores del informe han asegurado que, durante los años que lleva elaborándose, no se han apreciado diferencias motivadas por el color político del Gobierno y han recordado que tanto socialistas como 'populares' manifestaron su deseo en la pasada legislatura de redactar una ley de transparencia.

Fomento destina 730.218€ para restaurar el Castillo de la Atalaya, en Villena, a cargo del 1% cultural

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha firmado este jueves un convenio de colaboración para la de recuperación de patrimonio histórico en la Comunitat Valenciana, con cargo a los fondos que se generan para el 1 por ciento cultural por la contratación de obra pública. En concreto, se otorgarán 730.218 euros para restaurar el Castillo de la Atalaya, en Villena.

   La Ley de Patrimonio Histórico establece que el 1% del presupuesto total de ejecución de las obras públicas se destine a financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad. Las actuaciones se realizan en inmuebles declarados de interés cultural o similares.
   Los proyectos, presentados por las entidades locales, son aprobados en la Comisión Mixta del 1% Cultural, en la que participan los Ministerios de Fomento y de Cultura.
   El ministro ha rubricado este jueves 22 actuaciones en toda España en las que el Gobierno invertirá 19.508.182,52 euros. En total, estos proyectos conllevarán un presupuesto total de 26,9 millones de euros, al estar cofinanciados por las entidades solicitantes.

El Banco de España podría evaluar trocear la CAM

LONDRES.- El Banco de España podría evaluar trocear la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) si opta por no adjudicarla al Banco Sabadell, el único que presentó una oferta vinculante para adquirir la entidad alicantina, según publica hoy el diario 'Financial Times' (FT).

   Otros potenciales compradores como Santander, BBVA, Caixabank, Ibercaja, Barclays y JC Flowers optaron por descolgarse de la puja final tras examinar en detalle los libros de la CAM, sostiene el rotativo.
   El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, que sigue estudiando si Sabadell cuenta con potencial suficiente para absorber la CAM, podría rechazar finalmente su oferta.
   En este caso, los activos y negocios de la CAM podrían ser ofrecidos por piezas separadas a potenciales compradores como Caixabank y JC Flowers, sostiene FT.
   Según recoge FT, el Banco de España podría acordar la venta de la CAM al Sabadell mañana viernes, a pesar de que la entidad que preside Josep Olui ha presentado una propuesta de compra que incorpora "la inyección de capital de cientos de millones de euros" de recursos públicos.
   El Banco de España intervino la CAM el pasado 22 de julio y le ha inyectado 2.800 millones de euros de capital, al tiempo que le ha concedido una linea de crédito por importe de 3.000 millones de euros para garantizar su liquidez.
   CAM ha registrado pérdidas de 1.731 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio y una morosidad del 20%, y sus 1.000 sucursales se concentran en la costa del Mediterráneo, donde la burbuja inmobiliaria se infló significativamente, dice.

Mañana es el día
El Banco de España podría resolver la adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) mañana viernes 2 de diciembre, después de recibir la 'luz verde' del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según fuentes conocedoras del proceso.
   La adjudicación de la caja alicantina intervenida por el supervisor financiero el pasado 22 de julio podría recaer en el Banco Sabadell, la única entidad que ha presentado una oferta vinculante de compra y que tiene vía libre tras el repliegue del resto de candidatos iniciales.
   No obstante, las fuentes consultadas inciden en que la falta de interés de Santander, BBVA, La Caixa, Barclays, Ibercaja y el fondo JC Flowers no garantiza que el banco que preside Josep Oliu adquiera finalmente la CAM.
   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuenta con un plazo máximo de diez días para evaluar la capacidad financiera y de gestión de las eventuales ofertas vinculantes, pero desea resolver la subasta con premura.
   Según las fuentes consultadas, en el hipotético caso de que Sabadell no se hiciera finalmente con la CAM el Banco de España no sería proclive a trocear la caja alicantina y venderla por partes, dado que esta solución podría suponer un mayor coste de recursos.
   El progresivo deterioro financiero de CAM, que registró pérdidas por 1.731 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio 2011 y una morosidad del 20%, ha congelado el interés comprador de Santander, BBVA y la Caixa.
   Aunque desde el Sabadell no confirman que hayan presentado una oferta en firme por la CAM, las fuentes apuntan a que su interés reside en la cobertura ofrecida por el Banco de España en materia de deterioro de activos y liquidez.
   Asimismo, comprar la CAM ayudaría al Banco Sabadell a ganar tamaño y acercarse a Popular, su más directo competidor, que le desplazó recientemente de la última operación corporativa en la banca al hacerse con el Banco Pastor.
   Por el momento, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha inyectado 2.800 millones de capital en la CAM y le ha otorgado una linea de crédito de 3.000 millones para garantizar su liquidez.

El PP en las Corts rechaza la creación de una comisión de investigación sobre el PGOU de Alicante

VALENCIA.- El pleno de las Corts ha rechazado este jueves --con los votos en contra del PP y a favor de los tres grupos de la oposición-- una iniciativa parlamentaria de Compromís en la que pedía la creación de una comisión no permanente de investigación para aclarar las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que se investigan en una parte del 'caso Brugal'.

   En la petición de la comisión de investigación, Compromís explica que un informe policial "desvela que el bufete de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante y diputada del PP, Sonia Castedo, y un exconcejal socialista, contratado por el ayuntamiento para realizar el PGOU, realizaban alegaciones de empresas privadas al plan general, que ellos mismos estimaban después, a través de una sociedad, lo que les proporcionó cuantiosos ingresos de manera ilegal".
   Asimismo, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha criticado las "centenares de conversaciones cómplices" que se han dado a conocer "donde se cambiaba información privilegiadas sobre el plan", por lo que considera que Castedo tiene "una agencia de colocación".
   En su opinión, "no se puede consentir ni tolerar que esto pase impunemente por las Corts", y ha lamentado que los diputados estén acompañados en el parlamento valenciano, "la casa de todos los valencianos", por personas de la "talla moral" de la primera edil alicantina.
   Mollà ha destacado que la finalidad que buscan con esta comisión de investigación es que de ella "salga una decisión contundente para frenar la corrupción generalizada instalada en las instituciones donde ustedes --en referencia a los miembros del PP-- son los líderes".
   En este sentido, la parlamentaria de Compromís ha instado a los diputados 'populares' a que "voten en contra si quieren, pero digan que van a paralizar inmediatamente el PGOU porque les da vergüenza lo que han sido capaz de hacer con el planteamiento urbano de Alicante".
   Por su parte, la diputada del PP y alcaldesa, Sonia Castedo, ha tildado de "absolutamente falso" que el Ayuntamiento de Alicante "contratara a un bufete concreto de abogados para realizar el PGOU de Alicante", y ha destacado que ese trabajo fue contratado al arquitecto Jesús Quesada. En esta misma línea, ha explicado que "solo los técnicos municipales y el equipo redactor tienen potestad legal para resolver las alegaciones
   "Todo el mundo lo sabe excepto ustedes", ha dicho Castedo dirigiéndose a los diputados de la oposición, y ha criticado que no se hayan "molestado nunca en solicitar información alguna al respecto".
   Sonia Castedo ha asegurado que pone a disposición de todos los grupos parlamentarios todo el PGOU de Alicante; todas las alegaciones presentadas junto a las contestaciones; y todos los informes técnicos que acompañan al plan general.
   La alcaldesa ha aseverado que el equipo investigador del 'caso Brugal' ha tenido siempre a su disposición los diversos documentos del PGOU de Alicante, pero ha lamentado que "no ha consultado íntegramente esa información, lo ha hecho sesgadamente". Asimismo, ha indicado que los investigadores han "omitido" cuatro informes.
   Para la primera edil, "el investigador de este caso partió de un veredicto predeterminado y adapta sus investigaciones para que le lleven a este veredicto". Del mismo modo, ha incidido en que se trata de una investigación "sesgada, tergiversada e interesada".
   También ha criticado que incluso la hayan "señalado" por mantener reuniones con empresarios en el Ayuntamiento. "¿Es que me tengo que trasladar a una gasolinera de carretera para celebrar mis reuniones?", ha preguntado Castedo, a lo que Mireia Mollà ha respondido: "no, al mar, a Ibiza, que tanto le gusta, que entre fiesta y fiesta negociaba el plan general".
   La diputada de Compromís ha resaltado que "la vergüenza política que acompañó a Camps --expresidente de la Generalitat-- usted ya la ha padecido", y ha augurado que "la estrategia del rey sol" de Castedo, que está "por encima del bien y del mal, tendrá una consecuencia: que la dejarán caer y esa caída será muy dolorosa".
   Mollà ha asegurado estar "harta" de que los 'populares' "utilicen esta institución --en referencia a las Corts-- para protegerse jurídicamente", y ha preguntado a Castedo: "¿qué amistades tiene usted y cuál es el precio de su silencio?", así como "¿cuánto nos cuestan sus amistades peligrosas?".
   A su juicio, "nadie quiere acompañarla en esta estrategia", porque "nadie duda de que usted ha sido la promotora de esta caso de corrupción, un caso vergonzoso que ha ensuciado el nombre de Alicante y de sus instituciones".
   Sobre este asunto, Sonia Castedo ha respondido: "a este atril me subo porque lo pedí yo, no porque nadie me lo haya dicho", y ha resaltado que tiene "la suficiente valentía para decir lo mismo en un sitio y en otro y para dar la cara".
   Castedo ha criticado que ninguno de los grupos de la oposición haya pedido el PGOU "para comprobar si las filtraciones eran mentira", y les ha advertido de que "la documentación es muy voluminosa y muy compleja". Asimismo, les ha acusado de "buscar un enseñamiento, un juicio paralelo, mediático y político". "No quieren una comisión de investigación, sino una comisión de ensañamiento", ha apostillado.
   Por su parte, el diputado socialista Javier Macho, en su intervención, ha destacado que "el Consell tiene mucho que decir" sobre este asunto, y ha indicado que una comisión de investigación parlamentaria "busca establecer la responsabilidad política, especialmente la de aquellas personas que habiendo recibido la confianza de los ciudadanos, la hubieran traicionado en su beneficio".
   Macho también ha señalado que "nadie ha podido explicar cómo documentos que eran secretos acabaron en manos de empresarios conocidos de la ciudad de Alicante". En su opinión, "queda mucho por saber, queda todo por explicar".
   Por parte de EUPV la diputada Esther López ha hecho hincapié en que es "obligatorio que desde las instituciones se haga lo posible para despejar dudas sobre la legalidad" del PGOU de Alicante. Así, también ha destacado que se debe "esclarecer cuanto antes" la actuación de Castedo.
   Para López, hay que "acabar con la idea de que todos los políticos somos unos corruptos,", puesto que "no todos lo somos". Del mismo modo, considera que "por ética" la primera edil de Alicante "debería haber dejado sus responsabilidades políticas" o el PP "se lo debería haber pedido".

La oposición acusa al Consell de "liquidar" el sistema financiero

VALENCIA.- La oposición en las Corts ha acusado este jueves al Consell de haber "liquidado" el sistema financiero valenciano, mientras que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado que desde el Gobierno autonómico van a colaborar con el Banco de España "para poder ayudar a encontrar la mejor solución" a las entidades valencianes y que "tanto los depositarios como las personas que están trabajando" en ellas "puedan tener la confianza del sistema financiero", sabiendo que "fluye el crédito y que se pueden generar las condiciones necesarias para seguir creciendo y generando empleo".

   Alberto Fabra ha realizado estas declaraciones en la sesión de control en las Corts, en respuesta a preguntas de los grupos socialista y EUPV sobre el sistema financiero valenciano. En concreto, el síndic del PSPV, Jorge Alarte, le ha preguntado en qué medida la situación del sistema financiero puede afectar a la evolución del crédito hacia empresas y familias en la Comunitat.
   Al respecto, el jefe del Consell ha respondido a Alarte que "conoce o debería conocer" la situación del sistema financiero valenciano porque "gran parte de esa responsabilidad la tienen ustedes, por no decir toda".
   En esta línea, ha manifestado que el Banco de España ha hecho "dejación de funciones" ya que es el organismo que tiene una "labor de tutela y de regulación". Así, ha responsabilizado a este banco de haber puesto "a los pies de los caballos a entidades financieras de toda España".
   "¿Usted cree que todos los males que se producen en España y en el mundo son provenientes de la Comunitat Valenciana?", ha ironizado Fabra, quien ha destacado: "tenemos una gran repercusión internacional, pero no somos capaces de cambiar la situación financiera del mundo". "Todo llegará", ha añadido.
   Por su parte, Alarte ha asegurado que entre los años 1983 y 1995 "la sociedad valenciana, las cajas de ahorro, los empresarios y los gobiernos de la Generalitat" llevaron a cabo un "gran esfuerzo para contar con un sistema financiero valenciano", y ha lamentado que en los últimos seis meses el actual Consell "ha liquidado ese sistema".
   Por ello, el representante socialista ha hecho hincapié en que exigirán "responsabilidades políticas, que son muchas", pero también "civiles y legales". Fabra, en su turno de réplica, ha hecho hincapié en que la "preocupación" de su Ejecutivo es que "haya entidades que puedan suministrar crédito a las empresas y a las personas".
   Asimismo, el presidente de la Generalitat ha incidido que no ha sido el PP el que ha "propiciado dar dinero a los bancos".
"Ha sido el PSOE. Más de 10.000 millones de euros ha dado en participaciones preferentes destinadas a las entidades financieras", ha apostillado, y ha subrayado: "son sus poderosos".
   Además, Fabra ha dicho que están "muy orgullosos" del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dado que ofrece mecanismos para que las empresas "cuenten con instrumentos para crear empleo y riqueza".
   También ha intervenido en el pleno la diputada socialista Cristina Moreno, quien ha preguntado a Fabra por los motivos de la eliminación de la figura del defensor del cliente de las cajas, y le ha instado a que responda él y a que "no se esconda detrás de ningún conseller".
   No obstante, ha respondido el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, quien ha dicho que se ha eliminado la figura del defensor del cliente "porque lamentablemente ya no tenemos cajas de ahorro valencianas", pero ha hecho hincapié en que "va a seguir existiendo a disposición de los ciudadanos valencianos".
   Posteriormente, la síndica de EUPV, Marga Sanz, en su turno de intervención, ha preguntado a Fabra qué han hecho desde el Consell para defender el sistema valenciano. El presidente de la Generalitat ha respondido asegurado que siempre han sido "respetuosos con la independencia de las decisiones de las entidades bancarias". Asimismo, ha reiterado que el Banco de España "no ha cumplido su cometido".
   Sanz ha lamentado que el Banco de España intervino la CAM el 22 de julio y el Banco de Valencia el 21 de noviembre, y ha añadido que, en total, inyectó "8.800 millones de euros de dinero público". "Ahora están en manos del Banco de España y se venderán al mejor postor", ha lamentado.
   Sin embargo, Alberto Fabra ha hecho hincapié en que las entidades "se quedan aquí". "Se han saneado lo que son sus cuentas, pero al final lo que se buscará es que esas entidades puedan tener un comprador que siga ejerciendo la labor de prestación de ayuda y dé créditos a las empresas y familias de la Comunitat Valenciana", ha explicado.
   También ha subrayado la necesidad de "proximidad, de atender los problemas de los ciudadanos, de generar oportunidades, de que puedan tener la posibilidad de préstamos ciertos para poder desarrollar sus proyectos empresariales y familiares".
   En otro momento del pleno Jorge Alarte, dirigiéndose a Fabra, le ha indicado: "que no le hagan ningún traje sin pagarlo", y ha recordado que el actual jefe del Consell no se presentó a las elecciones generales del 20 de noviembre ni a las autonómicas del 22 de mayo.
   Tras estas palabras, el presidente de la Generalitat ha instado a Alarte  a que "asuma lo que dijo no una vez, sino dos", en referencia a que si no obtenía mejores resultados que su antecesor en el PSPV, Joan Ignasi Pla, dejaría el cargo.

El rector augura "recortes inevitables" en la Universidad de Alicante

ALICANTE.- El rector de la Universidad de Alicante (UA), Ignacio Jiménez Raneda, ha afirmado este jueves que va a haber "muchas dificultades" y que "inevitablemente habrá recortes" en la institución por la reducción de "en torno a un 13%" de los ingresos en el presupuesto de 2012, aunque ha destacado que en este panorama la "prioridad fundamental es el capital humano de la Universidad: las personas, la docencia y la investigación".

   Tras la lectura pública del artículo 1 de la Constitución Española, con motivo del ya tradicional acto que celebra la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad, Jiménez Raneda se ha referido así a la reducción de unos 18 millones en los ingresos de la institución académica alicantina.
   "Va a haber muchas dificultades porque son en torno a 18 millones de euros la reducción de ingresos de la Universidad, en torno a un 13 por ciento, es una cifra muy importante, sin duda alguna, y lleva, inevitablemente, a que tengamos que hacer recortes", ha dicho el rector.
   No obstante, Jiménez Raneda ha resaltado que la "prioridad fundamental es el capital humano: las personas, y la docencia y la investigación". Según ha explicado, "esto dará lugar a que se tenga que reducir determinado tipo de actividades" pero ha asegurado van a "preservar la calidad de la docencia, la calidad de la investigación y sobre todo tenemos que conseguir que el equipo humano de la universidad esté en condiciones de poder mejorar todavía la calidad de prestación de los servicios, dentro incluso de estas malísimas circunstancias".
   También se ha referido a la comunicación del conseller de Educación, José Císcar, en la que manifiesta su intención de establecer "las consideraciones necesarias relativas al presupuesto previsto para las universidades en el próximo ejercicio 2012, así como de dirimir las cuestiones relativas al diferencial que pudiera existir como consecuencia de la aplicación del Plan Plurianual de Financiación acordado".
   El rector ha indicado que están "esperando que se constituya la comisión paritaria mixta de seguimiento del plan plurianual de financiación". Ha precisado que la carta del conseller "decía justamente que iba a convocarla en breve".
   En esta línea, ha añadido que en "el seno de esta comisión habría que clarificar todo un conjunto de cosas, entre las que se encontraría cuál puede ser la cantidad con la que las universidades deberíamos ser compensadas una vez que se verifique que el incremento por la recaudación de tasas obtenido no alcanza el recorte de 5,4 millones de euros que aparece en la Ley de Presupuestos".
   La Universidad de Alicante ha presentado al Consejo Social los criterios que guiarán la elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012.
   El presupuesto de la Universidad de Alicante estará "marcado por la situación internacional de crisis", así como por la "disminución en las transferencias corrientes a las universidades públicas valencianas que la Generalitat ha contemplado en su proyecto" de cuentas y por los "problemas derivados de tesorería" por demoras en pagos de las anualidades anteriores, según la institución académica en un comunicado.
   Según la institución docente, el presupuesto estará marcado, además de por la situación global de crisis económica, "por la disminución en las transferencias corrientes a las universidades públicas valencianas que la Generalitat ha contemplado en su proyecto de presupuestos, los problemas de tesorería derivados de las demoras en los pagos procedentes de la Generalitat y el nuevo aplazamiento de las anualidades 2011 y 2012, correspondientes al Convenio de Colaboración subscrito entre la Conselleria de Educación y la Universidad de Alicante en mayo de 2008".
   "Los importantes recortes que respecto a las transferencias comprometidas, según el Plan Plurianual de Financiación de 2010, contempla el Proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno valenciano, conllevan una importante disminución en los ingresos de la UA previstos para 2012 y supone una reducción de aproximadamente un 12 por ciento sobre lo que estaba acordado", ha explicado.
   Ante esta" difícil situación económica", la Universidad de Alicante propondrá "unos presupuestos que supondrán importantes recortes en algunas partidas".

Pérez Fenoll emplaza al alcalde de Benidorm a devolver retribuciones tras dos sentencias judiciales

BENIDORM.- El concejal y diputado provincial del Partido Popular, Manuel Pérez Fenoll, ha considerado que la justicia "deja en evidencia a Agustín Navarro" y le emplaza a "devolver las retribuciones", en virtud de dos sentencias judiciales, en las que se les declara concejales no adscritos y en las que declara nulos los acuerdos por los que se dotaban de determinados recursos al grupo y de sueldos en calidad de los cargos que desempeñan.

  Pérez Fenoll se ha referido a las dos sentencias que acaba de emitir el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Alicante, estimando los recursos que el Grupo Municipal del Partido Popular presentó hace más de dos años.
   A su juicio, "vienen a demostrar que el gobierno que constituyó Agustín Navarro desde el 22 de septiembre, fecha de la moción de censura, y que se ha mantenido hasta el pasado 22 de mayo, estaba basado y sustentado en la más absoluta ilegalidad".
  De este modo, ha resaltado que los tribunales "han venido a darle la razón al PP cuando en octubre de 2009 alertaba que las resoluciones adoptadas por Agustín Navarro tras la moción de censura, podrían ser ilegales".
  "Entonces no lo decíamos sólo nosotros, también opinaban así muchos expertos del Derecho porque no había más que leerse la Ley de Bases de Régimen Local. Sólo faltaba que lo dijera un juez y eso es lo que ha ocurrido ahora. Agustín Navarro ha recibido su primer garrotazo judicial, pero van a venir más", ha dicho.
   Las dos sentencias emitidas por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Alicante declaran la nulidad, entre otras cuestiones, de todas las resoluciones administrativas "por ser contrarias a Derecho", adoptadas por Agustín Navarro tras la moción de censura del año 2009.
   En concreto, las resoluciones son: nombramientos de miembros de Junta de Gobierno Local; delegación de atribuciones de Agustín Navarro a favor de la Junta de Gobierno Municipal; nombramiento de representantes en órganos colegiados; retribuciones e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Corporación; creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes y delegación de atribuciones del Pleno a la Junta de Gobierno Local.
  Según los 'populares' de Benidorm, "el juez echa por tierra la constitución del equipo de gobierno que surgió tras la moción de censura de 2009, así como las retribuciones que se asignaron, al tiempo que en la otra sentencia "declara como 'no adscritos' a los exconcejales del PSOE  de la anterior corporación".
   La sentencia subraya "la imposibilidad jurídica de que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benidorm pueda ostentar derechos económicos y políticos y ser beneficiario de recursos materiales y humanos con cargo al Presupuesto Municipal", lo cual implica, entre otras cosas, "el derecho a formar parte de las Comisiones Informativas; el derecho a participar en la Junta de Portavoces y el derecho a percibir retribuciones e indemnizaciones por asistencia a Comisiones Informativas permanentes".
   Entre otros fundamentos de derecho, la sentencia establece "la obligación del Ayuntamiento de Benidorm de cuantificar la totalidad de los recursos económicos aplicados para el pago de las retribuciones mensuales por dedicación exclusiva a Alcaldía y Concejales con Delegación de Alcaldía así como las cantidades satisfechas por Indemnizaciones por Asistencia a órganos colegiados: Junta de Gobierno Local y Sesiones de Consejos, Fundaciones, Juntas y tribunales de Selección de Personal desde el día 29 de septiembre".
  Además, apunta que, tras "dicha cuantificación, proceda a reclamar la cantidad resultante a los concejales no adscritos que hubieren sido beneficiarios de dichas cantidades". La sentencia afirma que los "derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".
   La sentencia es recurrible en el plazo de 15 días a partir de su notificación, admisible en un solo efecto y para su resolución por la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
   Así, Pérez Fenoll ha emplazado a Agustín Navarro "a que cumpla, aunque sea por primera vez, la Ley" y que ordene "el inicio de las actuaciones por los servicios jurídicos y económicos de este Ayuntamiento con el objeto de devolver a las arcas municipales lo que nunca debió salir de ellas con la máxima inmediatez en cuanto la sentencia sea firme".
   Finalmente, ha advertido de que "si no se cuantificaran por parte del Ayuntamiento estas cantidades y no fueran exigidas a quienes las cobraron indebidamente y de forma ilegal, nos veremos obligados a acudir a la Jurisdicción Contable o lo que es lo mismo, el Tribunal de Cuentas".
 
Pago a proveedores
El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha lamentado este jueves el "poco sentido común y el poco sentido de ciudad" que tienen los ediles del grupo municipal popular, al votar en el pleno de este miércoles en contra de la solicitud de un crédito por importe de 2,8 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar a las empresas proveedoras, según ha informado en un comunicado el consistorio benidormí.    "Gracias a la insensatez del PP muchas empresas, de aquí a Navidad, van a cerrar sus puertas. Y es así de crudo", ha indicado Navarro en un encuentro informativo ofrecido este jueves. "¿Cómo van a decir ahora que ellos quieren que la gente cobre; si hace dos años hicieron el mismo préstamo, pero por 28 millones de euros y ahora nos lo tumban a nosotros?".
   Según Navarro, la negativa del PP a la solicitud de este préstamo responde a la "necesidad de la oposición de ahogar a este alcalde, dándole una patada, pero se la han dado a los proveedores". El crédito de 2,8 millones de euros se iba a destinar, según ha recordado, a abonar un total de 261 facturas, pendientes de pago desde el año 2007 algunas de ellas.
   "Estos proveedores, autónomos y gente que sirve al Ayuntamiento ya no van a cobrar de forma rápida antes de Navidad, por culpa del PP", aunque, según ha añadido, "eso no significa que dejen de cobrar, pero no tan rápido como esperaban". Por ello, Navarro ha informado de que enviará una carta a cada una de las 261 empresas afectadas "para que sepan lo que hubieran cobrado en 15 días".
   El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento cuenta con vías de financiación suficientes, a través del cobro de impuestos y tasas, para mantener los pagos de nóminas y seguir abonando facturas a proveedores.
   "El PP lo va a pasar mal porque este Ayuntamiento va a pagar, a pesar de la maldad del comando radical que han formado con ex ediles y ex sindicalistas. Y vamos a salir adelante, pues hay buenas perspectivas, si pasamos el año de dificultades que nos viene".
   Al respecto, ha puntualizado con rotundidad que va a autorizar la apertura de un centro comercial en Benidorm, lo que ha dicho "generará licencias de apertura y empleo".
   También ha informado de la reunión que mantendrá este viernes, junto a la responsable de Hacienda, Natalia Guijarro, con el concejal del grupo Liberales, Vicente Juan Iborra, para "hacer de forma conjunta un calendario de actuaciones, de propuestas en materia de empleo, que se verán reflejadas en los presupuestos de 2012".
   Entre otras medidas para captar un mayor número de ayudas y subvenciones, a medio y largo plazo, el alcalde ha comentado que se está trabajando en la obtención de la denominación de Municipio Turístico para Benidorm o la puesta al día del censo, para llegar a la cifra de 75.000 habitantes, lo que también redundaría económicamente en el municipio. Por otro lado, se ha manifestado en contra de "despatrimonializar" la ciudad con la venta de suelo público.

Pastor dice que la declaración de Ripoll "no tiene por qué dañar a la Diputación" porque ya no es presidente

ALICANTE.- La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha considerado que la causa judicial del Caso Brugal, relativa al Plan Zonal de residuos, en la que está imputado el expresidente, José Joaquín Ripoll, "no tiene por qué dañar a la Diputación Provincial, puesto que él ya no ocupa ese puesto", al tiempo que ha insistido en que habrá que esperar a que sea dictada sentencia "antes de dar opiniones" y ha recordado que las sentencias "las dictan los jueces".

   Tras el pleno ordinario de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor se ha referido a este tema, preguntada por los medios de comunicación por la comparecencia judicial que este mismo jueves ha realizado José Joaquín Ripoll en los juzgados de Orihuela, en la que se ha acogido a su derecho de no declarar.
   A este respecto, ha indicado que actualmente José Joaquín Ripoll, presidente del Puerto de Alicante, "tiene una causa pendiente" y "se ha acogido a su derecho de no declarar", lo cual "entra dentro de un tema procesalmente normal".
  "Esto no tiene por qué dañar a la institución provincial puesto que en estos momentos él no ocupa este puesto", ha dicho Pastor, quien se ha mostrado "partidaria de que actúe la justicia, y una vez que haya actuado la justicia y dicte sentencia, opinemos todos".
   A su juicio, "no es bueno y conveniente para la normalidad democrática que tanto las personas, como la sociedad general emita ya sentencia porque la sentencia la tienen que dictar los jueces".
"Tenemos que esperar", ha dicho.

Negativa de Ripoll
El expresidente de la Diputación y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), José Joaquín Ripoll, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de primera instancia nº 3 de Orihuela, donde estaba citado este jueves para declarar como imputado en relación con la investigación de la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
   Ripoll había llegado a las dependencias judiciales a las 9.55 horas de este jueves, cinco minutos antes de su comparecencia, y ha abandonado el juzgado a las 10.20 horas acompañado de sus abogados.
   El propio Ripoll ha comentado a los periodistas que le esperaban a las puertas de los tribunales que se ha acogido a su derecho de no declarar hasta que se resuelvan los recursos presentados, en los que  pide la nulidad de las escuchas telefónicas recogidas en esta investigación.

Los latinoamericanos 'abandonan' España por la crisis económica y el desempleo

MADRID.- En el tercer trimestre de 2011, el número de ecuatorianos, colombianos, peruanos, cubanos y argentinos, cinco de las principales nacionalidades de extranjeros residentes en España, se ha reducido, según la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

El informe 'Extranjeros residentes en España. Principales resultados', dado a conocer por la citada Secretaría de Estado, señala que la cifra de ciudadanos de Ecuador, la segunda nacionalidad extracomunitaria (no perteneciente a la Unión Europea) con más residentes en España, se ha reducido en 3.234 personas.
Lo mismo ocurre con los colombianos, la tercera comunidad en importancia, que ha disminuido en 1.751, y los peruanos, que se ha reducido en 1.511 residentes.
El principal motivo de la marcha de los latinoamericanos es la elevada tasa de desempleo en España. En el tercer trimestre de 2011, la tasa de paro se situó en el 21,5%, con un número total de desempleados que casi llegó a cinco millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La tasa de desempleo es todavía mayor entre los extranjeros. En el tercer trimestre del año, el desempleo de este colectivo aumentó en 15.000 personas (el 1,32%) hasta situarse en 1.154.200, lo que elevó la tasa de paro de los extranjeros al 32,72%.
El informe 'Extranjeros residentes en España' habla de una "tendencia al equilibrio" entre la cifra de ciudadanos de procedencia comunitaria y los de terceros países, ya que a 30 de septiembre los primeros eran 2.517.268, el 48,46%, frente a las 2.677.622 personas del llamado Régimen General, que sumaban el 51,54% restante.
Madrid y Barcelona son las dos provincias donde viven más ciudadanos originarios de otros países de la Unión Europea (UE), con 398.433 y 257.215, respectivamente, seguidas por Alicante, Valencia, Málaga y Baleares.
En Barcelona, según el informe, es donde viven más extranjeros pertenecientes al Régimen General, 535.761, y por detrás están Madrid, Murcia, Valencia, Alicante y Gerona.
El informe de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración destaca que la cifra de extranjeros de terceros países ha disminuido en 19 provincias.
Los datos trimestrales apuntan un predominio de autorizaciones de larga duración para residir en España, y representan dos de cada tres del Régimen General. En la actualidad, hay vigentes un total de 1.780.503 autorizaciones de larga duración, el 66,49%, lo que supone un incremento del 2,39% con relación al segundo trimestre. Por el contrario, desvela el informe, las autorizaciones de carácter temporal han descendido en 31.870, un 3,43%.
El Observatorio Permanente de la Inmigración confirma además la tendencia al equilibrio entre hombres y mujeres que se viene detectando en los últimos meses. De los residentes que pertenecen al Régimen Comunitario, el 51,60% son hombres y el 48,40% mujeres, mientras que en el General los hombres suman un 53,70 % y las mujeres el 46,30 %.
Entre los inmigrantes de origen africano, los hombres son mayoría, el 62,65%, mientras que entre los procedentes de América Central y del Sur son las mujeres, con un porcentaje que suma el 54,21%. Los hombres, según la misma fuente, son también mayoría entre los asiáticos, el 57,40%, y entre los procedentes de Oceanía, el 58,46%.
Por edades, más de la mitad de los residentes del Régimen General tienen entre 25 y 44 años, el 51,43 %, frente al 18,63 % de los menores de 16 años, 498.732 ciudadanos, y los 317.127 niños, menores de 10 años.
La edad media de estos inmigrantes, que es de 31,7 años, es cinco años inferior a la de los residentes de origen comunitario.

Cospedal llevará a los tribunales al Gobierno central por trasvasar "más" de lo que las normas fijan

TOLEDO.- El Gobierno de María Dolores de Cospedal interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) por autorizar un trasvase del Tajo-Segura en el segundo semestre de este año que, a su juicio, "contraviene las normas de explotación" y se ha trasvasado "más agua de la que las normas fijaban". 

   Así lo ha anunciado el consejero de Empleo y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, donde ha explicado que se interpondrá este recurso "frente al silencio administrativo del MARM que no contestó al requerimiento que se le hizo desde la Consejería de Fomento" tras la aprobación del trasvase desde el Tajo "de 270,8 hectómetros" para la segunda mitad de este año.
   Según Esteban, se ha hecho "lo necesario", que ha sido en primer lugar "pedir explicaciones, y como el requerimiento no se ha atendido, acudir a los tribunales para defender los intereses de Castilla-La Mancha".
"Las leyes están para cumplirlas, y si no se cumplen hay que ir a los tribunales".
   Además, el portavoz ha asegurado que "existe un informe jurídico" solicitado por la Consejería de Fomento "en el que se habla de la alta posibilidad de que el recurso prospere en favor del Gobierno regional".
   En este sentido, Esteban ha subrayado que la postura del Gobierno de María Dolores de Cospedal para solucionar el problema del agua "es abordar desde una perspectiva integral, y solo desde una planificación nacional comprensiva de todas las regiones planteada de forma unitaria es posible resolverlo".
   "Hemos reclamado la propiedad de la cuenca cedente y que debe haber suficiencia para cubrir las necesidades presentes y futuras", ha agregado "Entendemos la solidaridad en este capítulo y nunca se negará desde la región agua para beber y agua para vivir".

La banca española ha asumido costes de hasta 9.000 millones por ejecuciones hipotecarias desde 2007

MADRID.- La banca española ha soportado costes de 6.000 millones de euros desde 2007 por el mantenimiento y comercialización de los inmuebles embargados a consecuencia de la crisis económica, una cifra que se elevaría hasta 9.000 millones de euros de tener en cuenta la gestión del patrimonio adquirido por vía judicial, según un informe de Alteba.

   En concreto, el informe apunta a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que indican que desde 2007 hasta la primera mitad de 2011 se produjeron 350.000 ejecuciones hipotecarias de viviendas, frente a las 10.000 registradas en 2006, una cifra que ha hecho que los bancos se hayan visto "desbordados" y que ha llevado a 125.000 familias a perder su casa.
   Asimismo, identifica los gastos, entre los que destacan el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que supone entre el 6,5% y el 8% del valor de la adjudicación, junto con los costes judiciales, el mantenimiento de los inmuebles, su comercialización e incluso las empresas de recobro que contratan las entidades para recuperar la mora.
   "La banca está haciendo un esfuerzo enorme, para ella no es deseable soportar estos gastos. Prueba de su empeño es que, pese al incremento de la morosidad, el número de procedimientos ejecutivos ha disminuido frente a otros años", ha destacado el presidente de Alteba, Rafael Martín.
   Por todo ello, la compañía de gestión inmobiliaria ha desarrollado el proyecto "Viviremos", un plan basado en la mediación social como forma de entendimiento entre deudor y acreedor costeado por la banca que intentará buscar la solución "menos dramática" al problema.
   Así, equipos multidisciplinares integrados tanto por abogados como por psicólogos y asistentes sociales se encargarán de clasificar a los deudores y conocer su problemática particular.
   "Las relaciones entidad deudor son muy complicadas pero nuestra experiencia nos dice que los deudores asesorados normalmente llegan a un acuerdo con la banca", ha remarcado Martín.
   Además, el presidente de la compañía ha valorado que esta mediación social evitaría muchos de los procesos judiciales, y ha descartado la mediación arbitral al considerar que en muchas de las ocasiones "es demasiado tarde", ya que el daño social ya está hecho.
   Por otra parte, Martín ha insistido en que aunque el desembolso inicial del proyecto podría suponer a las entidades financieras entre el 5% y el 10% de lo que los costes actuales, podría permitirles ahorrar más del 30%.
   Asimismo, ha apelado a que el problema de los embargos de vivienda para las entidades financieras ha trascendido más allá de los costes suponiendo para la banca una erosión de su responsabilidad social corporativa, ya que la percepción social ha empeorado.
   Por ello, el dirigente de Alteba ha destacado la intención de poner en marcha un sello de responsabilidad social corporativa para la vivienda, de modo que el comprador pueda conocer si se han tenido en cuenta las circunstancias de los deudores, con el fin de marcar una distinción.
   Por último, ha asegurado que la compañía ya ha presentado el piloto a una veintena de entidades financieras y que la acogida ha sido "muy buena", a la vez que ha puntualizado que "alguna" entidad ya ha firmado y que hay varias interesadas en ponerlo en marcha.

El presidente de Cajamar, expectante a una fusión con Ruralcaja pese no haber conversaciones 'institucionales'

ALMERÍA.- El presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, se ha mostrado expectante ante la  reunión hoy de la junta directiva de la Asociación Española de Cajas Rurales, en la que se abordará la propuesta del presidente del grupo de Cajas Rurales del Mediterráneo y de Ruralcaja, Eduardo Ferrer, sobre la unión de las asociadas  en un ente colectivo, ya que si esta opción es rechazada podría abrirse un proceso de fusión con la caja almeriense, si bien Pérez Lao ha rechazado que hasta el momento se hayan producido conversaciones "institucionales" en este sentido. 

   El presidente de la rural almeriense ha señalado que Cajamar no pertenece a la Asociación Española de Cajas Rurales, por lo que, sobre lo que pueda trascender en la reunión de este jueves solo espera conseguir "algún dato de forma indirecta", pese a lo que es consciente de que del resultado de la misma "pueda haber algo" en los próximos días.
   Pérez Lao, que ha achacado a "rumores externos" y "conservaciones de pasillo" la posible fusión, ha manifestado que conoce la existencia de una propuesta de Ruralcaja para potenciar un grupo de más de 40 cajas rurales aunque desconoce la determinación que se tomará finalmente. No obstante, asegura que la ambición de Cajamar "no está en que Ruralcaja se venga o se deje de venir" sino que "queremos que se vengan aquellas que están convencidas".
   "Nuestro deseo está en que todas las entidades financieras, sobre todo las rurales, resuelvan los problemas y sepan adaptarse a la realidad actual", ha dicho antes de mostrar su interés en potenciar el Grupo Cooperativo Cajamar, sentido en el que ha indicado que solo queda la ratificación de las asambleas para aprobar la entrada de la Caja Rural de Canarias.

La Kutxa exige al Banco de España que no "prolongue la agonía" de las entidades inviables

MADRID.- El presidente de la Kutxa, Xabier Iturbe, ha exigido al Banco de España que actúe para culminar la reestructuración del sector financiero y "no prolongar la agonía de las entidades que no aguantarán" los problemas en los que lleva inmerso el sector desde hace tres años y que amenazan con convertirse en una "tormenta perfecta en 2012". 

   Es el tiempo de distinguir entre quienes lo han hecho mejor y peor y que el regulador actúe en consecuencia", ha pedido Iturbe durante la inauguración de unas jornadas organizadas por Funcas y CECA.
   "No podemos perder más tiempo en esta carrera de obstáculos", ha remarcado Iturbe, quien ha denunciado también el actual "caos normativo", que lastra las decisiones de las entidades.
   Iturbe ha destacado la deuda privada y pública como primer problema del sector, que ha achacado a la falta de confianza desatada en los mercados, "asustados" ante la "falta de acuerdo" de los políticos, que se han mostrado incapaces de alcanzar una "visión común" de Europa, "o por lo menos coordinada".
   Esta situación, añadida a falta de liquidez, aboca al sector a un "gravísimo problema de caída de los márgenes" de todas las entidadades que, de continuar, abocará al sector a un "inminente colapso" del sistema por falta de rentabilidad del negocio.
   Por otro lado, ha advertido de que es necesario que las medidas de ajsute son necesarias, pero si no se incentiva al tiempo el emprendimiento se producirá una "jibarización" de la economía española.

Los ayuntamientos podrían ahorrar 2.700 millones anuales al externalizar los servicios de urbanismo y residuos

MADRID.- Los ayuntamientos españoles podrían ahorrar casi 2.700 millones de euros anuales al externalizar la gestión de las áreas de urbanismo y residuos, lo que supone al menos un 20% sobre el presupuesto de cada partida a través de ciertas deducciones fiscales y del control del gasto. 

   Según los datos de la firma internacional de auditoría y asesoramiento legal Russell Bedford, estos dos servicios suponen casi la cuarta parte de los gastos de los municipios españoles y con su externalización se podría aliviar gran parte de los problemas financieros que "exprimen" a muchos consistorios.
   De los 59.000 millones de euros que los municipios gastan al año, más de 9.700 millones se dedican a urbanismo y 3.761 millones a la gestión de residuos. Por este motivo, estas son, según Russell Bedford, las áreas principales en las que los ayuntamientos pueden obtener un considerable ahorro a través de su externalización.
   La externalización de servicios municipales permitiría además sanear sus cuentas, ya que el déficit de los consistorios se ha disparado un 103% desde 2007, al pasar de los 3.200 millones a los 6.500 millones, aunque la participación de la iniciativa privada en las áreas de urbanismo y residuos podría reducir ese nivel de déficit un 40%, hasta los 3.800 millones.
   Según Russell Bedford, la situación actual de las administraciones públicas y la escasez generalizada de recursos obliga al planteamiento de "nuevas formas de gestión innovadoras" en la prestación de los servicios públicos que mantengan inalterada su calidad pero que a la vez consigan mejoras en los costes.
   Las fórmulas de colaboración público-privada, las empresas mixtas previstas en el ordenamiento jurídico o las diversas fórmulas de gestión pública que la ley permite a la propia administración pueden ser "uno de los elementos clave a explorar en esta nueva situación".
   Además, el socio fundador de Russell Bedford España, Gabriel Martínez, considera que la gestión privada es "conveniente" porque es el elemento clave para asegurar la obtención de un coste adecuado, así como el cumplimiento de unos estándares de calidad mínimos. "Los costes de personal se racionalizan en función del mercado laboral y la eficiencia se logra con un dimensionamiento óptimo de las plantillas", añade.
   Aunque urbanismo y residuos son los dos servicios con mayores recursos susceptibles de ser externalizados, Russell Bedford identifica otras áreas en las que se suele tener la posibilidad de obtener mejoras importantes en la eficiencia, como los proyectos medioambientales, la limpieza y mantenimiento de edificios públicos, la limpieza viaria y la conservación de parques y jardines y los servicios de apoyo a la corporación.
   En el área de inversiones, destaca la construcción y explotación de determinadas infraestructuras públicas, equipamientos o inversiones (aparcamientos públicos o techos de edificios públicos para producción de energía fotovoltaica). Incluso considera factible "desinvertir" en obra civil y aportar parte de esa inversión a sociedades mixtas para procurar tesorería a los ayuntamientos.

Cuatro de cada diez padres gastarán más de 100 euros en juguetes, los más generosos de Europa

MADRID.- Cuatro de cada diez padres españoles, el 40% del total, destinará más de cien euros por niño en juguetes estas Navidades pese al escenario de crisis económica, caracterizado por el enfriamiento del consumo, según un estudio sociológico de Imaginarium sobre hábitos de juegos y juguetes en seis países.

   En concreto, los padres españoles serán los más generosos de Europa a la hora de comprar juguetes, frente a los portugueses, que estas Navidades serán los más austeros, ya que el 85% se mantendrá por debajo de los cien euros.
   Por detrás de los españoles se situarán los hongkoneses, de los que el 35% gastará más de cien euros, seguidos de Italia y Alemania, donde sólo el 20% de los padres gastará más de cien euros por niño.
   Según el estudio, el presupuesto medio en juguetes estas Navidades se sitúa entre 50 y 100 euros por niño, franja en la que se posicionan el 51% de los padres españoles, el 54% de los italianos, y el 60% de los alemanes.

Guerra apela a la regeneración de "la clase política conservadora valenciana"

ALICANTE.- El presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, ha abogado por "una regeneración no sólo de la clase política conservadora valenciana", sino también de la sociedad para que "sea capaz de sancionar con dureza conductas completamente inmorales".
 
Guerra hizo estas declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la exposición sobre la transición política en España, en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), al ser preguntado por los casos de presunta corrupción política en la Comunitat y la situación de Caja Mediterráneo (CAM) y Banco de Valencia, intervenidas por el Banco de España.
El político socialista ha manifestado que tiene "la impresión de que la elite regional conservadora se ha comportado como nuevos ricos a los que les dan una chequera de la que se puede tirar para cualquier cosa".
"Desde el punto de vista moral, me avergüenza esta situación que hay en la Comunidad Valenciana y la insensibilidad de la población, que no es capaz de sancionar duramente estos comportamientos", que "me causan un escalofrío terrible", ha dicho.
A su juicio, esas conductas son "una falta de ética absoluta, lo contrario de lo que debe ser la política".
Por otra parte, ha considerado que para que el PSPV-PSOE se convierta en una alternativa real al poder tiene que "trabajar, hay que trabajar mucho".
"La mayoría de las personas cree que con la revolución de los medios de comunicación todo es fácil y que desde un despacho se puede hacer todo, pero no es verdad", ha opinado.
Guerra ha indicado que cuando habla con los militantes socialistas les dice que "tienen que gastar dos cosas: zapatos y saliva".
"Hay que moverse mucho y hablar mucho. Si se hace de una manera continuada, el fruto se consigue, y es lo que hay que hacer en todas partes, también en el partido socialista valenciano", ha subrayado.
Preguntado sobre si el nuevo Gobierno popular será capaz de sacar a España de la crisis, ha estimado que "será muy difícil", pero ha manifestado que "ojalá acertara" en sus decisiones.
"Me gustaría que lo lograra, que acertará en las decisiones", aunque "todavía no puedo calificar lo que van hacer, porque no lo han dicho", ha expuesto Guerra, quien ha lamentado que "hasta ahora no tenemos ninguna idea de cuál es su proyecto. Cuando se sepa, podremos enjuiciarlo", ha apostillado.
"Guste o no guste, y a mi no me gusta mucho, es el Gobierno de todos los españoles", ha agregado.
Guerra ha explicado que, si se analiza lo que está pasando en el mundo, "la teoría que desde el grupo popular han dicho en la campaña de que con llegar ellos, con cambiar el Gobierno, esto se iba a resolver resulta difícil de aceptar, porque en el mundo está habiendo transformaciones muy fuertes".
En este sentido, ha afirmado que "cada día se genera en los movimientos de Bolsa un beneficio equivalente a 70 veces el que se obtiene con la economía productiva", lo que revela que el capitalismo ya "no está interesado en la producción", sino en "los movimientos financieros, y eso ahoga a todos los países del mundo".
Dicho problema, según Guerra, "está incidiendo especialmente en Europa, porque las autoridades europeas no han tenido el suficiente coraje de negarse a aceptar que grupos como las agencias de calificación" -que, a su juicio, son "agencias mafiosas"- están "estafando al mundo".
Para el político socialista, las agencias de calificación "rebajan la categoría de un país porque han comprado en ese país" para luego "vender más caro", por lo que "están haciendo unas fortunas inmensas engañando a la gente".
En su opinión, "las autoridades europeas no han sabido independizarse" de esos grupos, y actitudes como la de Alemania, que "se está comportando muy insolidariamente" con ellos mismos y, por tanto, con Europa, perjudican al futuro económico de los restantes países.

martes, 29 de noviembre de 2011

Las Cortes Valencianas ya no tienen dinero para pagar las nóminas a los diputados


VALENCIA.- La obligación de pagar las deudas pendientes con los proveedores ha dejado a las Cortes Valencianas sin dinero para cumplir con las nóminas y las pagas extra de diciembre de los diputados y los funcionarios del parlamento valenciano, según revela 'El Mundo'.

Hace solo un mes, la liquidez de las Cortes parecía garantizada -así lo aseguraban desde la institución- pese a que el enorme gasto de los últimos años había dejado los ahorros bajo mínimos, sin embargo la congelación de los ingresos que la Generalitat Valenciana dedica en sus presupuestos al parlamento autonómico ha vaciado definitivamente las arcas de la institución. Hasta ahora, las Cortes sobrevivían gracias al superávit de años anteriores, lo que se conoce como los "ahorrillos" de las Cortes, sin embargo en una reciente reunión se decidió dar prioridad al pago a los pequeños proveedores del parlamento y se aprobó abonar cerca de 500.000 euros pendientes desde el pasado mes de junio.
La actual situación económica de la institución hace inviable ahora mismo asumir el pago de las nóminas del próximo mes, que ascendería a casi 1,6 millones de euros contando con las extras de Navidad.
Pese a que las Cortes se han apresurado a garantizar que se pagará "con normalidad en el mes de diciembre la nómina tanto a los diputados como a los trabajadores", lo cierto es que la Mesa de la cámara ha tratado su crisis económica este martes y ya se han iniciado los contactos con la Conselleria de Economía para buscar una solución.
Las Cortes han trasladado esta mañana a los diputados que ante la falta de liquidez será el gobierno valenciano quien garantice el pago de las nóminas.
En esta línea, el portavoz del PP, Rafael Blasco, ha hecho hincapié en que este extremo del impago es "imposible".
"Las Cortes no van a encontrarse en una situación que haga imposible el pago de las nóminas", ha destacado Blasco, quien ha recordado que el pago de la nómina de diciembre se hace efectivo a partir del 20 de ese mes.
Asimismo, ha hecho hincapié en que las Cortes, los grupos y los diputados valencianos "han hecho un ejemplo de austeridad". En esta misma línea, el síndic del PP ha incidido en que estos parlamentarios "han dado ejemplo al apretarse el cinturón y bajarse los sueldos".
Por su parte, la portavoz adjunta del PSPV, Cristina Moreno, que ha comparecido acompañada por la diputada socialista Carmen Ninet, ha destacado que su partido todos los días lleva a cabo iniciativas para que cobren "todos a los que la Generalitat les debe".
Preguntada por si los parlamentarios socialistas estarían dispuestos a no cobrar la nómina de diciembre ni la paga extra de Navidad para que hubiera dinero para otras institucions, Moreno ha respondido que el presupuesto de las Cortes "nada tiene que ver con el de otras instituciones", y ha añadido que la cámara valenciana es "soberana".
También se ha referido a este tema la síndica adjunta de Compromís, Mònica Oltra, quien ha incidido en que "con el dinero que va al poder legislativo deberíamos ser extremadamente cuidadadosos". En su opinión, "lo de menos" es la nómina de los diputados.
La portavoz del grupo parlamentario de EUPV, Marga Sanz, en su intervención, ha dicho que no han preguntado en la Junta de Síndics sobre este tema.

Punset insta a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentra "sobre todo" ahí

VALENCIA.- El divulgador científico Eduardo Punset ha explicado este martes que lo que, "hasta ahora, hemos aprendido de la administración" es a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentran "sobre todo" en estas administraciones.

   Punset, durante la presentación en Valencia de su último libro 'Viaje al optimismo', en el que defiende la implantación de un gobierno mundial, considera un "error considerable coartar los métodos globales de financiación local". "Los ayuntamientos se encontraron sin dinero y echaron mano de cualquier cosa", ha apostillado.
   El presentador de 'Redes' ha subrayado que España todavía "no ha recurrido al liderazgo de los jóvenes" y ha aseverado que hasta que esto no se haga el país no saldrá de la crisis". Aunque se ha mostrado seguro de que esto "se hará".
   En este sentido, ha comentado que en tiempos pasados cuando una sociedad entraba en crisis siempre recurría a los jóvenes por "su fuerza,  capacidad creativa e innovación". Sin embargo, en España no pasa esto desde la Transición, ha indicado.
   Asimismo, el escritor catalán ha manifestado que no se está viviendo "una crisis planetaria". "Esto no existe para un economista", ha afirmado el divulgador, quien ha explicado que hay países que están en expansión y otros en crisis.
   Para luchar contra esta situación y contra el pesimismo, ha instado a recuperar el "reconocimeinto social", algo que considera "fundamental" para ser feliz, como ha demostrado una encuesta que llevaron a cabo unos investigadores británicos. A su juicio, "es muy difícil ser pesimista hoy en día".
   Entre los elementos que alimentan este optimismo, ha mencionado la esperanza de vida. "Cómo se puede ser pesimista cuando la esperanza de vida aumenta dos años y medio cada década", se ha preguntado. A este respecto, ha recalcado que es "la primera vez en la historia de la evolución" que "hay vida antes de la muerte".
   Punset ha señalado que si el siglo XX fue el de "redistribución de la riqueza", el XXI será el de la "redistribución del trabajo". Así, ha explicado que debido al incremento de la esperanza de vida las personas tienen "vidas redundantes".
"No se han eliminado los daños perversos de la senectud, pero sí se han retrasado en el tiempo".
   Preguntado sobre las pautas a seguir para cambiar la educación, un tema que aborda en su libro, el autor ha explicado que la Fundación Eduardo Punset y otros colectivos están buscando introducir lo que considera "una revolución en el sistema educativo", que es incluir "el aprendizaje emocional" en las escuelas.
   Sobre las redes sociales, Punset, el autor español con más apoyo en estas plataformas con 133.000 seguidores en Twitter y 650.000 "amigos" en Facebook, considera esta herramienta "muy importante" porque "nos tiene comunicados con el resto del mundo". El estudio solitario que defendían los intelectuales antaño "ahora ya no le hace a uno grande sino extinguirse".