MADRID.- Ryanair presume de ser una de las empresas
más patriotas de Irlanda. Su presidente, el polémico Michael O’Leary, no
duda a la hora de hacer publicidad de la Isla Esmeralda. Por ello, y
gracias a sus dimensiones y a sus supuestas conexiones con las altas
esferas políticas irlandesas, la aerolínea puede sentirse relativamente
tranquila si el Gobierno español pretende acudir a los tribunales de
Dublín para pedir que se revoque su licencia de vuelo. Por más protestas
que los incidentes en sus aviones generen entre los consumidores,
Ryanair llevaría las de ganar en un proceso de este tipo.
Sin embargo,
Madrid tiene más opciones: puede imponer sanciones a la firma o, en
último extremo, impedirle volar sobre su territorio si aprecia que pone
en peligro la seguridad aérea.
Bruselas
lo ha dejado claro: el Gobierno español no tiene competencia para
revocar la licencia de vuelo de Ryanair, aunque la Agencia Española de
Seguridad Aérea (AESA) haya contabilizado 1.201 incidentes en sus
aviones sólo en los seis primeros meses de este año. Según la Comisión
Europea, al tener la empresa su domicilio social en Irlanda, sólo este
país puede retirar dicha licencia. Así lo ha manifestado uno de sus
portavoces, un día después de que la ministra de Fomento, Ana Pastor,
anunciase que el Ejecutivo pretende endurecer las sanciones de la Ley de
Seguridad Aérea para castigar a las aerolíneas que infrinjan esta
normativa.
Por respuesta, O’Leary ha escrito una carta en la que acusa a Fomento de
difamar a a la ‘low cost’, que, insiste, cumple con todas las normas de
seguridad. Estas incluirían no sólo a la legislación española, sino
también a las leyes irlandesas y a los Convenios internacionales de
aviación. Y, sobre todo, al Reglamento sobre mantenimiento de aeronaves
de la Comisión Europea, ya que al operar en el territorio de la UE
Ryanair debe someterse a los parámetros comunes de seguridad aérea
establecidos por la Unión.
Los expertos recuerdan que las actividades que la empresa lleve a cabo
en España quedan dentro de la jurisdicción de los tribunales españoles y
están sometidos a las leyes de nuestro país. Fuentes de la Embajada de
Irlanda indican además que los operadores de esta nacionalidad notifican
los sucesos específicos relacionados con la seguridad a las autoridades
de los Estados en los que se produzcan estos incidentes, que serían los
responsables de las investigaciones pertinentes. Además podrían contar
con la ayuda de los países de operación o en el que esté registrada la
nave. Por eso, si la investigación de la AESA concluye que Ryanair
supone un problema para la seguridad, a Madrid se le presentan varias
alternativas.
La vía de Dublín
Esta sería la opción más difícil. Tanto si decidiese solicitar una
revocación de su licencia como en el caso de que se detectasen
infracciones a la legislación, el Ministerio Fiscal español sería
competente para denunciar a Ryanair ante los tribunales irlandeses. A su
vez, fuentes de la Autoridad irlandesa de Aviación (IAA, por sus siglas
en inglés) explican que cuando un operador con un certificado de vuelo
emitido en Irlanda no satisface las disposiciones de la normativa de
seguridad, las opciones que se le presentan a este organismo van desde
formular una serie de directrices para que cumpla a retirarle la
licencia. Así lo confirma Adam Whyte, abogado del bufete Ruiz-Huerta
& Crespo, que señala también que, aunque no se han establecido
sanciones al respecto, España podría presentar a su vez una queja ante
la propia IAA.
En todo caso, en un proceso de este estilo, Ryanair llevaría las de
ganar, no sólo porque, aparentemente, cumple estrictamente con la
legislación irlandesa de seguridad aérea, sino porque también tendría
muchos elementos a su favor. Así lo explica el abogado especializado en
Derecho irlandés Iván García Bermúdez, quien resalta que la compañía
“jugaría en casa, en tribunales locales y con legislación irlandesa”. A
su juicio, esto supondría “un obstáculo serio” para los demandantes
extranjeros, que tendrían que trasladarse a Irlanda para denunciar,
actuar en inglés y contratar abogados irlandeses.
La forma jurídica adoptada por Ryanair es la de un holding que engloba a
otras cinco compañías, todas ellas con la misma personalidad jurídica,
dedicadas a distintas actividades dentro de los servicios de navegación
aérea. Como señala García Bermúdez, esta estructura, que está
“perfectamente contemplada en el Derecho irlandés”, le permite conseguir
capital y beneficios y tener “una responsabilidad limitada ante
cualquier accidente o fatalidad”, ya que ésta afectaría únicamente al
dinero desembolsado por los accionistas.
Por otro lado, el hecho de estar radicada en el extranjero exime a la
empresa del pago del impuesto de sociedades en España, donde,
paradójicamente, se beneficia de más del 50% de las subvenciones al
sector aéreo. Asimismo, y según apunta el secretario del sindicato de
pilotos SEPLA, José María Íscar, desde Irlanda Ryanair subcontrata, a
través de empresas de trabajo temporal, a cerca del 70% de sus pilotos.
Una empresa dominante en un país rescatado
Pero también hay otros factores que desaconsejarían esta opción. Uno de
ellos serían los posibles problemas diplomáticos que se pudieran
desatar, sobre todo teniendo en cuenta que Irlanda es, según los
expertos, “un país amigo” y un socio europeo. Y Ryanair, con unos
beneficios anuales de 503 millones de euros y más de 8.000 empleados,
sería “una empresa dominante” en una nación que ha tenido que ser
rescatada por la UE.
A esto se unirían las buenas relaciones de su presidente con varias
figuras de la clase política dublinesa. O’Leary, procedente de una
familia de granjeros, es el empresario más rico de Irlanda, y ello sin
haber terminado sus estudios universitarios. En todo momento ha tratado
de presentarse a sí mismo como “la voz de los pobres” de la Isla
Esmeralda, pero a su boda en 2003 habrían asistido, entre otros, un
comisario europeo y la por entonces viceprimer ministra irlandesa.
Las influencias de O’Leary podrían haberle dado una gran capacidad de
maniobra, que le habría permitido desde comprar una licencia de taxi
para poder circular a toda velocidad con su coche por las calles de
Dublín a convertir a la compañía creada por los hermanos Ryan en 1985 en
un grupo internacional que aspira a comprar el aeropuerto británico de
Stansted y a fusionarse con la aerolínea irlandesa de bandera, Aer
Lingus. Una operación que, en opinión de algunos analistas, no sería
vista con malos ojos por el Gobierno irlandés, pese a la existencia de
varias divergencias.
Ahora bien, lo que Irlanda no estaría dispuesta a tolerar serían
infracciones a la normativa de seguridad aérea, por lo que los
especialistas no descartan que Madrid pudiera contar con su colaboración
en esta materia. Y más aun si se tiene en cuenta que Ryanair ha
protagonizado en los aeropuertos irlandeses varios incidentes similares a
los sufridos en España.
Para algunas organizaciones de consumidores, como FACUA, la aerolínea
estaría llevando a cabo acciones fraudulentas sistemáticamente. En este
sentido, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, considera que no
basta con que los ciudadanos puedan demandar a Ryanair ante los
tribunales españoles. A su juicio, las administraciones están actuando
“de forma incompetente” a la hora de imponer multas severas a la
empresa, y critica la falta de transparencia acerca de dichas sanciones.
Por su parte, José María Íscar subraya que la implantación de un sistema
de “sanciones disuasorias”, algo que España sí puede hacer sin ningún
problema, pondría freno a las prácticas de Ryanair y de otras ‘low
cost’. Varios expertos abogan por que el Gobierno español se decida
finalmente a llevar esta propuesta a las instituciones comunitarias.
Bruselas sería, precisamente, la otra alternativa que, según García
Bermúdez, le quedaría a España, ya que podría no sólo solicitar el
respaldo de la Comisión, sino iniciar también un procedimiento
sancionador que, en el caso de que se apreciase una vulneración de la
normativa europea, podría culminar con una multa millonaria para la
empresa.
El último recurso
En el supuesto de que ninguna de esas opciones prosperase, a España
todavía le quedaría un último recurso, que consistiría en hacer uso de
su soberanía nacional e impedir el acceso de los aviones de Ryanair a su
espacio aéreo si se constatase que amenazan a la seguridad. El problema
radicaría en el posible conflicto que esto pudiese conllevar respecto a
las normas comunitarias, tal y como apuntan fuentes acreditadas en el
campo del Derecho espacial consultadas por ARNdigital. Pero casi todos
los expertos coinciden en que esta situación podría llevarse a la
práctica en un caso extremo, al igual que sucedió tras el plante de los
controladores aéreos en diciembre de 2010.
