Resumen de Confidenciales

Lunes con la recta final de la segunda ronda para una investidura esquiva: Rajoy dice que va a seguir en la madriguera y Sánchez en su laberinto, se las tiene tiesas con los barones y la gran prensa, que lo pone a caldo por su huida hacia Podemos. En realidad, los editoriales piden que se vayan los dos. Se palpa el hartazgo nacional.

El president Puigdemont critica al Rey y dice que no hay ‘neutralidad’ en su actitud sobre el independentismo, como si hubiera equidistancia entre cumplir la ley y saltársela. Los gestores del independetismo catalán siguen con sus jueguecitos semánticos para ver si cuela lo ilegal bajo el matiz de ‘intención de’. Pero empiezan a responder los constitucionalistas: la Societat Civil, la plataforma Pi i Margall de periodistas…

Resultados de Bankia esta mañana: presentará un beneficio de 867 millones en 2015 según el consenso de analistas de Europa Press, 955 según Reuters y 1.057 según Bloomberg.

Noticia no tan buena: Sharon White, directora general de Ofcom, el regulador británico de Comunicaciones, ha recomendado a Bruselas que no apruebe la venta de O2, filial de Telefónica, a la rival Three. Y lo ha hecho no por carta, sino en un artículo en Financial Times este lunes, pero colgado en la web del periódico a las 20:28 de anoche. Argumento de White, el de siempre: que supone que la fusión irá en contra de los consumidores con una subida de precios por quedar menos operadoras en el mercado. Alega que la más pequeña Three pasaría a ser la más grande, con más del 40% de cuota. Gran eco del artículo en toda la prensa británica.

21-D...

El País: El PP presiona al Rey para que no ofrezca la investidura a Rajoy y cree que no lo hará (J. Casqueiro y A. Díez). Otro titular: Sánchez prepara ya un pacto para gobernar si el Rey se lo pide (Rafa de Miguel). La Vanguardia: PSOE y C’s negociarán un pacto tras verse con el Rey: soberanía, corrupción, economía y Europa, ejes de Rivera para la negociación; Rajoy volverá a declinar su investidura por falta de apoyos (Iñaki Ellakuria). El Mundo: Rajoy y Sánchez irán a Zarzuela cuestionados en sus partidos: crecen las voces en el PP que piden a Rajoy que dé un paso al lado; los ‘históricos’ creen que el líder socialista es el ‘caballo de Troya’ que pueda acabar pactando con Podemos un Gobierno con respiración asistida (Marisol Hernández y Marisa Cruz). Otro titular: La lista de cargos públicos que cobró en B incluye a Rita Barberá (Juan Nieto).

Capital Madrid: El Rey culmina la segunda ronda de consultas con más incertidumbre aún: el PP presiona al PSOE para evitar que Sánchez forme Gobierno, pero podría perder su batalla (José Hervás). Libertad Digital: Rivera llega a Zarzuela como el único que puede evitar repetir elecciones. Otro titular: Históricos del PSOE avisan: Podemos es ‘tóxico, desleal y nos destrozaría’. La Razón: Los barones críticos con Sánchez controlan al 54% de los militantes que votarán el pacto. Otro titular: Podemos sonríe a ETA: dirigentes en el País Vasco apoyan la hoja de ruta de Sortu para excarcelar terroristas (J.M. Zuloaga).

ABC mete cizaña sin venir a cuento, o según se mire, abre a toda portada un nuevo frente sin comerlo ni beberlo: El PNV quiere la nación vasca y la autodeterminación: los nacionalistas aprobarán este mes su hoja de ruta hasta 2020, que pasa por lograr una ‘segunda transición’ para el País Vasco. Vozpopuli: El PSOE avisa a Sánchez: intentar la investidura sin apoyos pondría al Rey en aprietos (Federico Castaño). Otro titular: Más problemas para Sánchez: Ciudadanos pierde el miedo a nuevas elecciones generales (Segundo Sanz). Otro titular: Podemos forzará el anticipo electoral si Sánchez no acepta un gobierno de coalición (Carlos Fonseca).

OKdiario: Acusan a la cúpula de Podemos de 12 delitos ante el Supremo por la financiación ilegal de Irán (M.A. Ruiz Coll). Otro titular: Podemos quiere eliminar el vídeo en el que Iglesias aboga por el uso de cócteles molotov. Estrella Digital: La obsesión de Pablo Iglesias por hundir IU y fichar a Alberto Garzón (Elsa S. Vejo). Cuartopoder: Díaz disputará a Sánchez el liderazgo del PSOE ante unas elecciones anticipadas: ya ha informado a sus partidarios y a miembros de la Ejecutiva que optará a la elección en las primarias del mes de mayo. (Luis Díez).

Confidencial Digital: Pedro Sánchez está ya diseñando su gobierno: Chacón a Exteriores, Sevilla para Economía, Hernando en Interior; otros nombres que maneja: Meritxell Batet (Presidencia o Justicia), Luz Rodríguez (Empleo) y Ángel Gabilondo (Educación). Otro titular: Los banqueros no quieren hablar con Podemos: Ana Botín, FG, Fainé y Gorigolzarri no han mantenido contactos con Pablo Iglesias, aunque sí se han reunido con Manuela Carmena y Ada Colau. Público: Nadie sabe qué hacer si ni Rajoy ni Sánchez se someten a una investidura. (Juan Antonio Blay).

ECONOMÍA

Capital Madrid: España, al borde de la parálisis inversora: la patronal Oficemen prevé un crecimiento del un 7%, pero teme que algunos proyectos no salgan porque la incertidumbre política ahuyenta a los inversores y fondos de inversión inmobiliarios (Julián González). El Confidencial: El equipo económico del PP hace las maletas desengañado del Ibex y CEOE (José Antonio Navas). El Economista: El déficit público crece en nueve autonomías. Cinco Días: Cataluña, la región que aplica el mayor IRPF a rentas bajas y medias: un salario de 14.000 euros paga en impuestos un 10% más que la media. El País: Los contratos precarios llegan a su máximo histórico en 2015 (Manuel V. Gómez). Otro titular: Bruselas: ‘La recuperación no mejora los índices de pobreza’ (Claudi Pérez).

EMPRESAS

Capital Madrid: Los minoritarios de Realia tienen 37 millones de acciones con prima asegurada del 33%: Carlos Slim se hará con otro 3% de la inmobiliaria por canje de deuda antes de la OPA, oferta que anuncia un precio mejor del que pagaron en la última ampliación (Marcos Celada). Otro titular: La alianza de Gamesa y Siemens revoluciona el negocio mundial de las renovables: Iberdrola, principal accionista del fabricante español, lleva el peso de las conversaciones para crear el grupo que liderará los proyectos que se abren en China, India y países emergentes (J. González). El Confidencial: Panamá se niega a compensar a Sacyr en parte de sus reclamaciones por el Canal.

Vozpopuli: Agricultura y Hacienda consintieron durante años los pufos de Acuamed con las empresas (Baltasar Montaño y Ó. López-Fonseca). Otro titular: Soraya quiere que rueden cabezas en los ministerios por Acuamed. Otro titular: Slim trata de forzar la OPA sobre FCC a costa de dar por terminado su pacto con Esther Koplowitz (Raúl Pozo). Otro titular: TDT: el Gobierno estudia si Mediaset se salta la ley cono su nuevo canal en HD (Rubén Arranz). Otro titular: La vieja Pescanova teme que la banca maniobre y provoque su desaparición (Alberto Ortín). Mil21: Endeudamiento, pérdidas y modelo de negocio obsoleto lastran El Corte Inglés; los servicios secretos siguen con preocupación la guerra civil en El Corte Inglés: instalado en el imaginario español, su estabilidad crea confianza social.

Expansión: Revolución en el móvil: el cliente podrá hacer cambios exprés de operador al desaparecer la tarjeta SIM. Otro titular: Londres pide a Bruselas que no apruebe la venta de O2 por Telefónica (Roberto Casado). Otro titular sobre algo adelantado la semana pasada por Eldiario: OHL pide apartar al CEO del consorcio del AVE a la Meca. Cinco Días: Coches más jóvenes: Tráfico quiere reducir la edad media de 11,6 a 7 años en 2020; el Gobierno y los concesionarios plantean 11 medidas de acción; entre las propuestas, erradicar las prácticas ilegales y más conectividad. Otro titular: Elcogás, adiós a la planta experimental con carbón limpio. Otro titular: isolux se acoge a un plan de recuperación en Brasil para negociar deuda.

El Economista: Ferrovial entra en redes eléctricas tras negociar con Abengoa e Isolux; pretende comprar activos en Brasil y puja por dos líneas de alta tensión en Chile (Javier Mesones). Otro titular: Dia abre 565 franquicias pese a la batalla legal por posibles abusos: las tiendas asociads ya suponen el 59,7% del total (Javier Romera). Otro titular: Enel unifica su marca y sólo mantendrá Endesa en España. Economía Digital: Aigües de Catalunya Limited, la empresa con matriz en Caiman y Bermudas constituida para adquirir ATLL (Quim Aranda).

SECTOR FINANCIERO

Vozpopuli: Hipotecas fáciles, préstamos en 24 horas…; la banca vuelve a volcarse en el crédito (Nicolás M. Sarriés). Otro titular: Moltó, del ‘míreme a la cara’ a Mariano Rubio al banquillo de los acusados por CCM: el martes comienza el juicio contra el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha por su gestión al frente de la entidad. La Razón: La financiación de las familias crece un 45%: entre enero y noviembre los bancos han concedido 68.062 millones de euros en préstamos hipotecarios y para financiar el consumo (Jesús Martín). Eldiario: ¡Cuidado! Se dispara el número de chiringuitos financieros (Rocío Martínez Rincón).

El Economista: Ada Colau negocia con los bancos la cesión a Barcelona de 1.400 pisos: estudia poner topes al precio del alquiler (Iván Gutiérrez). Otro titular: La otra inversión del presidente del BBVA: reciclar para hacer tejidos; ha desembolsado casi 3,5 millones en Ecoalf (F. Tadeo). Otro titular: Más de 770.000 millones de euros se cobijan al 0% (Cristina García y Ana Palomares). Expansión: Abengoa, Sareb y otros sobresaltos de los bancos. Otro titular: El beneficio de Bankia rondará los mil millones, según las previsiones. Europa Press: Bankia presentará un beneficio de 867 millones en 2015, según el consenso de analistas.

OTRO TITULARES DESTACADOS

El Español: El Constitucional prepara un varapalo al Gobierno de Rajoy por el tasazo judicial: ya tiene un proyecto de sentencia para tumbar varias tasas fijas y la cuota variable de todas, al considerarlas una restricción indebida del derecho a la Justicia (María Peral). Otro titular: Comisiones del 3% con facturas de la pastelería del alcalde: los Sumarroca ocultaron 303.000€ en sobornos a través del pago de dos facturas a la panadería del alcalde de Torredembarra tras construir un aparcamiento (Esteban Urreiztieta y Daniel Montero). ABC: Las mordidas de la Púnica casi triplican el valor del suelo adjudicado por Granados. Otro titular: Bill Clinton a ABC: ‘Hillary avisó a Wall Stret de que sino cambiaban el país quebraría’.

El Confidencial: JxS da forma a un plan soberanista que no quebrante las leyes vigentes (Antonio Fernández). Otro titular: Benzaquen, condenado por Falciani, se esfuma: condenado en firme a siete años y 21 millones de multa, cierra la mayoría de sus empresas y no pisa su casa; fuentes de su entorno lo sitúan en Israel (Rafael Méndez). La Razón: Los ilegítimos de los ‘señoritos’ piden Justicia: centenares de hijos de empleadas domésticas presentan demandas de paternidad (B. Tobalina). Otro titular: La línea roja del fiscal para pactar con Urdangarin y Torres: 6 años de cárcel (Ricardo Coarasa). OKdiario: Felipe VI ordenó a Torres-Dulce que tratara a la infanta como a un ciudadano más y el fiscal se negó (M.A. Ruiz Coll).

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La Generalitat distribuye más de 13.500 nuevos ordenadores para cubrir las necesidades del área educativa

VALENCIA.- La Generalitat comenzará en febrero la distribución de 13.510 nuevos ordenadores a los centros educativos de la Comunitat Valenciana con el fin de renovar el equipamiento informático y cubrir las necesidades formativas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Con un presupuesto de 7,2 millones de euros, el nuevo equipamiento informático comenzará a llegar a las aulas de la Comunitat a principios del próximo mes de febrero. Consiste en 13.510 nuevos ordenadores, a los que hay que añadir 425 servidores para aulas de Primaria y Secundaria.

Para el director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Vicente Aguiló, "con este proceso pretendemos poner al día el equipamiento obsoleto existente en los centros educativos de la Comunitat, para hacer frente a los nuevos requerimientos técnicos que la educación necesita en la actual sociedad digital del siglo XXI".

Aguiló ha explicado que "todos los ordenadores cuentan con la última versión de la distribución de "software" libre valenciana de la Generalitat, LliureX 15.05, mientras que los equipos destinados a Formación Profesional también están dotados de Windows, puesto que este sistema operativo es necesario para ejecutar algunas aplicaciones que los alumnos encontrarán en el mundo laboral y que deben aprender a utilizar".

El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ha añadido que "esta renovación de ordenadores responde a la voluntad del Gobierno valenciano de reconstruir la educación y ha recordado que buena parte de los ordenadores que se retiran ahora ya tenían casi una década de antigüedad". Asimismo, ha destacado que "es imprescindible reponer los equipos para asegurar la integración de las TIC en las escuelas e institutos como herramienta de uso transversal entre todas las materias educativas".

De los 13.510 ordenadores, 4.600 son ordenadores básicos conocidos como clientes ligeros que irán destinados, fundamentalmente, a aulas de Primaria. El modelo de clientes ligeros implantado en el sistema educativo valenciano permite a un sólo ordenador asumir el trabajo del aula y actuar como servidor, de modo que ejecuta las aplicaciones y permite a otros ordenadores funcionar como clientes ligeros, utilizando los mínimos recursos, según el comunicado.

"Los clientes ligeros son ordenadores más económicos que los normales, tienen menos averías y son más fáciles de mantener, por lo que son excelentes para el trabajo diario en Primaria", ha añadido el director general, Vicente Aguiló.

El resto se divide entre los 5.750 ordenadores de sobremesa que irán destinados, principalmente, a Secundaria, y los 3.000 asignados a Formación Profesional.

Según Aguiló, "el reparto entre clientes ligeros, ordenadores con LliureX para Secundaria y ordenadores con Windows para FP se ha realizado de acuerdo con las necesidades de equipamiento detectadas para cada nivel educativo".

 "Los alumnos de Secundaria y ciclos formativos tienen unos requerimientos más elevados y un cliente ligero, de momento, no cubriría todas sus necesidades", ha añadido.

Respecto a los 160 equipos portátiles que también irán destinados a los centros, el director general ha explicado que se trata de una previsión de necesidades "relacionada con la Educación Especial, ya que estos equipos pueden ir destinados a alumnos con discapacidad visual o motora".

"Por ello, en el momento en que lo recomienden los especialistas en la materia, los alumnos de Educación Especial recibirán ordenadores o tabletas especialmente adaptados para cada caso", ha comentado el director general de Política Educativa.

Mulet asegura que el PP es "una organización criminal" y se pregunta porqué la Fiscalía no inicia su "ilegalización"

VALENCIA.- El senador de Compromís Carles Mulet se ha preguntado este domingo por qué la Fiscalía General del Estado no ha iniciado el procedimiento de "ilegalización" del Partido Popular por "organización criminal".

Mulet se ha manifestado en estos términos a través de un artículo remitido a los medios, en el que ha considerado que "el último episodio de esta larga semana --en referencia a la 'Operación Taula'--, con Rus detenido y el entorno directo de Rita Barberá también en el cuartelillo, después de todo lo que ha caído sobre los cargos de ese partido", demuestra "hasta qué punto" el PP "era eso, una organización criminal, donde mientras algún concejal de pueblo se creía su papel de gestor público, buena parte se dedicaba a robar a los contribuyentes".

En esta línea, el senador se ha referido en su texto a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y, concretamente, al Capítulo 3 de la misma, sobre la disolución o suspensión judicial de los partidos. Así, en el apartado de Procedimiento, ha citado un fragmento de dicha ley, que establece que "están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su disolución, el Gobierno y el Ministerio Fiscal".

"¿Por qué no actúa entonces la Fiscalía General del Estado si estamos ante una organización criminal? Seguro que por menos se ha movido toda la maquinaria del Estado y la Fiscalia", ha apostillado Mulet.

El área mediterránea perdió el 20% de todos los montes quemados

MADRID.- Los incendios arrasaron el pasado año en España cerca de 103.000 hectáreas -concretamente 102.945-, más del doble que en todo 2014, según el avance del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Estos datos reflejan un repunte de los incendios, pero sobre todo de la superficie afectada en ellos, ya que se pasó de los siete grandes incendios de 2014 a 15 fuegos de más de 500 hectáreas el pasado año.

El pasado mes de diciembre fue, además, inusualmente activo, ya que el fuego arrasó un total 28.236 hectáreas en España, casi un tercio (27%) del total de superficie calcinada por el fuego en todo el año.

El Ministerio señala, en su avance, que el 15,49% de los incendios registrados el pasado año se dieron en el Mediterráneo. El Noroeste, con un 52,29% de los fuegos, fue el área más afectada, seguida de las comunidades interiores, que sufrieron el 31,44%. Canarias escapó con un 0,77% de los incendios.

Respecto a la superficie afectada, el 20,78% se encuentra en el Mediterráneo, según los datos del Ministerio. El 43,50% de la extensión arbolada ardió en el noroeste; el 35,63% en las comunidades interiores; y el 0,09% en Canarias. Sobre la superficie forestal, la mayor parte, el 53,70%, se quemó en el noroeste; el 29,35% en las comunidades interiores; el 16,85% en el Mediterráneo y el 0,10% en Canarias.

Diciembre se encuentra fuera de los meses de mayor peligro y de la campaña de incendios forestales. Este año, sin embargo, su siniestralidad fue muy superior a la media mensual del ejercicio. Concretamente, en ese mes se quemó más del triple que en la media mensual (8.578 hectáreas). La mayor parte de los fuegos del último mes del año se produjeron en el norte de la Península, desde Orense hasta los Pirineos, a lo largo de la cordillera Cantábrica.

Precisamente, en estos días la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advertía del elevado riesgo de incendios en esas áreas, debido a las altas temperaturas, el fuerte viento y la sequedad del terreno, después de semanas sin precipitaciones. No obstante, la Fiscalía de Medio Ambiente abrió una investigación para determinar las posibles causas de todos estos siniestros.

Pese al aumento, a nivel general la cifra de 2015 se mantiene ligeramente por debajo (5,11%) de la media de la década, que son 108.493 hectáreas quemadas. 2015 se aleja así de 2014, que fue el año con mejores resultados del decenio, con 48.833 hectáreas quemadas.

¿Se pueden recuperar votos? / Enrique Cocero *

Si echamos la vista dos semanas recordaremos que repasábamos los resultados de los distintos partidos en  las elecciones del 20-D tomando como referencia el resultado nacional y el número de escaños que aportaba cada circunscripción.

Tras los acontecimientos de ahora hace una semana se acumulan las posibilidades y se suceden las conjeturas de qué ocurrirá. Barones del PSOE que no quieren pactar con Podemos; Pablo Iglesias que ya tiene perfilado el Consejo de Ministros y un Rivera que no aparece mucho, pero la última vez que no apareció, hizo posible la elección del presidente del Congreso.

Es cierto que Patxi López ha sido elegido presidente de la Cámara Baja por el menor margen de toda la historia de nuestra adolescente democracia, pero lo que ha ocurrido en las pasadas generales ha sido también un cambio reductor sobre lo que veníamos conociendo. ¿Todo? No. Al menos ahora tenemos más grupos políticos (aspiracionales y de facto) y más ruido que señal (o al menos más que las últimas elecciones).

Pero lo que ocurra en las próximas semanas en términos de negociaciones no entra dentro del ámbito de este blog, al menos no si no hay elecciones. Cierto que ya hemos empezado a leer las primeras encuestas porque la perspectiva de repetir comicios es un camino tan abierto como casi cualquier combinación para formar Gobierno.

Todos hemos oído que Pedro Sánchez se está desgastando de cara al electorado al perseguir y no poder concluir un pacto. Que Mariano Rajoy ha dado un paso a un lado ya que no tenía apoyos, algo que algunos han visto como contraste con el ímpetu por llegar a Moncloa del socialista y otros como movimiento catalogado de hasta "antisistema".

Hemos visto cómo Pablo Iglesias, en vez de tener 69 diputados, tiene tres problemas (luego veremos que es un problema generado a partir de una solución muy inteligente). Hemos visto cómo el Congreso de los Diputados tiene "gallinero", algo que se me escapa ya que no es un teatro (no voy a tirar de ironía fácil aquí), sino una cámara legislativa.

Cierto que la distribución no es la más adecuada y menos en un momento en el que la percepción mediática es importante. Ahora, espero que haya una nueva asignación y espero que, en honor a todo lo que está ocurriendo con el reparto, ésta sea una legislatura que no se caracterice por el abstencionismo en sesiones y plenos.

Y, como no podía ser de otra manera, lo que más se repite al hablar sobre la sombra de nuevas elecciones (algo que no hablará muy bien de nuestra cultura democrática), es que si llegan tendrían más que perder PSOE y Ciudadanos que PP y Podemos. Así que toca preguntarse, ¿qué hay por perder o recuperar en caso de unas nuevas elecciones?

Este ejercicio que vamos a acometer solo es posible realizarlo con PP y PSOE ya que ambos tienen recorrido como para ver variabilidad y son dos partidos que aspiran a la presidencia del Gobierno.

Empecemos por el Partido Popular ya que fue el partido más votado y el que más se comenta que puede recuperar terreno. Tengamos en cuenta que el PP ha perdido 63 diputados y 6,5 millones de votos en estas elecciones, así que vayamos eliminando extremos ¿Cuáles han sido las circunscripciones en las que más se ha votado al Partido Popular?

Tracemos una línea psicológica en el 40% y veamos quiénes se han comportado por encima de este límite:

Como extremo superior de los resultados debemos señalar que hemos eliminado de la muestra Ceuta y Melilla por el bajo volumen de votos y escaños (ambas uno) que mueven y que, además, son feudos del Partido Popular e inapelables.

Salvo Murcia, todos están en los rangos más bajos de escaños que la provincia otorga (tres y cuatro). Solo Soria da dos escaños y, de las ocho que dan tres escaños, el PP supera el 40% en cuatro de ellas: Ávila, Cuenca, Palencia y Zamora. Si cogemos las elecciones del 2000 al 2015 en estas cuatro el PP siempre ha sacado dos diputados, aunque el mínimo en votos conseguidos sea en todas ellas este último año (algo razonable, por otra parte). A este grupo incorporaremos Segovia, donde el PP ha sacado diputados diputados en las cinco últimas elecciones.

Quitando estas circunscripciones tan "machaconas", si quisiéramos un plan de emergencia para unas elecciones con poco tiempo ¿qué provincias serían más sensibles para recuperar votos? Vayamos ahora a por el otro extremo y saquemos del plan aquellas que el pasado mes dieron resultados muy pobres dejando al PP fuera de las primeras plazas. Estas serían todas las pertenecientes al País Vasco y a Cataluña, donde sabemos que la cuestión conservadora la cubre el PNV en el primer caso y que en ambas ha habido un giro importante hacia la izquierda.

Hemos detectado tres grupos. El primero al que corresponde un óvalo granate representa aquellas circunscripciones que más han variado su orientación respecto al Partido Popular en estos quince años. Es importante resaltar que toda la Comunidad Valenciana está aquí incluida, así como Canarias, cuatro provincias andaluzas y Zaragoza junto a Guadalajara. 97 escaños dan entre todas ellas en los cuales el PP se ha dejado de 2011 aquí más de un tercio de los diputados perdidos.

El "outlier" de este grupo es Asturias que, debido a la unión PP + Foro, ha conseguido amortiguar la caída en votos no penalizando en ningún escaño.

En el grupo señalado con un óvalo azul el PP ha perdido once diputados, lo que nos deja el último tercio con la mitad de los diputados perdidos. En este grupo encontramos Madrid, Cantabria (donde se ha pasado de cuatro escaños en 2011 a dos), Navarra, La Rioja... Son provincias que han venido funcionando bien o incluso muy bien al PP, pero al poner una cantidad importante de diputados en juego y con la entrada de los nuevos partidos, producen diferencias ajustadas y el reparto de escaños se resiente.

La situación del PSOE es distinta. Dado que consiguió un 22% de los votos vamos a poner su barrera psicológica en el 30%.

Las dos provincias extremeñas, cinco andaluzas y dos castellanomanchegas. No deja de ser curioso que en las que hemos visto del Partido Popular hubiera cuatro castellanoleonesas y dos gallegas, más Murcia y Cuenca (recordando que Almería estaba en el mismo grupo que Murcia).

Pero siguiendo con el PSOE debemos añadir que, menos en Ceuta y Melilla, ha puntuado en todas las circunscripciones con algún escaño.

Ya vimos con anterioridad que el PSOE ha sido, a lo largo de estos años, capaz de lo mejor y lo peor. De ganar muchos votos y, en la elección siguiente, perder muchos más. Esto hace que su dispersión nos presente mayor rango que la del PP (que hasta la fecha perdía y ganaba votos en paquetes de medio millón).

En el cuadro azul vemos las provincias que antes hemos destacado, un poco más abajo Albacete, Cádiz y Málaga que completan casi toda Andalucía a falta de Almería, que ha sido siempre un radical libre en lo que al PSOE se refiere.

Y en el óvalo granate encontramos hasta veintitrés provincias que son bastante volubles para el PSOE. Por ejemplo, está todo Castilla y León y casi Galicia, a falta de A Coruña. ¿Conclusión? El PSOE es un partido mayoritario, pero el electorado le ha estado premiando y castigando no con mucha sutileza y, salvo en Andalucía, ha ido perdiendo carácter e influencia.

¿Acaso los partidos tradicionales es verdad que tienen una forma anquilosada de hacer política? Posiblemente. Dejemos claro que si hacia algo está evolucionando la sociedad es hacia lo que se llama 'retail', sí, incluso en política. Internet nos ha traído el comercio electrónico, las redes sociales, los anuncios segmentados según pautas de comportamiento, televisión a la carta o más canales de los que podamos llegar a asimilar y cada vez más son temáticos y no generalistas... Es decir, la economía (que mueve el mundo) hace ya tiempo que se dio cuenta de que había puertas a las que llamar para encontrar clientes.

No estoy hablando de una forma de convencer al electorado aplicando estrategias o tácticas de campañas americanas o británicas. Hablo de ir al votante y esto es algo que la gente de Podemos ha sabido hacer. No ya solo en la forma de comunicar, sino en quién les pide el voto y dentro de qué ámbito están actuando. En Comú, Compromís o En Marea (por muy mala pinta que tenga el experimento) han sabido dar con la tecla de la cercanía.

En cambio, los partidos grandes aún no han sabido poner en práctica o potenciar el hecho de que tiene impacto el mensaje segmentado al votante, hablando de las preocupaciones de su entorno concreto y no del de la generalidad.

(*) Consultor

http://blogs.elconfidencial.com/espana/intencion-de-voto/2016-01-31/se-pueden-recuperar-votos_1144215/

Puig aboga por "la reconquista del orgullo de los valencianos" y desvincular a la Comunitat de "la derrota moral" del PP

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este domingo que el Consell va a tener como eje fundamental de su política "la reconquista del orgullo real de los valencianos" porque "somos buena gente, trabajadora, honesta, emprendedora, creativa y capaz", por lo que ha considerado que ha llegado el momento de que se deje de asimilar la Comunitat Valenciana como "la derrota moral y económica de lo que ha hecho el Partido Popular".

Puig ha incidido en todos los valores que representan la Comunitat y, en su visita a la Feria Gastronómica de la Alcachofa de Benicarló, ha declarado que precisamente, la Comunitat "es el trabajo de los agricultores para hacer los mejores productos, el trabajo en todos los ámbitos que llevan a cabo los valencianos, y no tiene nada que ver con el paradigma de corrupción que ha implantado el Partido Popular".

En este sentido, ha lamentado la "hipoteca reputacional" que tiene la Comunitat en estos momentos y que ahora "los valencianos estamos intentando levantar". Por ello, ha asegurado que no se puede consentir que "la Comunitat continúe sometida al resultado final de una política nefasta del Partido Popular", que "ha abusado de los valencianos, de la buena fe de mucha gente que les ha dado su confianza y que finalmente han defraudado de una forma terrible", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, Puig ha reivindicado que "no se va a permitir la discriminación masiva a la que se le ha sometido a la Comunitat con la infrafinanciación" porque ha habido "un cóctel letal entre corrupción, mala gestión e infrafinanciación" y "una parte fundamental ha sido la falta de recursos por parte del Estado", ha indicado.

Ximo Puig defiende la colaboración institucional para una sociedad más cohesionada

CASTELLÓN.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado hoy por la colaboración entre las instituciones, como herramienta principal para conseguir "la mejora de la vida de las personas" en una sociedad "más cohesionada", tras visitar el Ayuntamiento de Benicarló.

Puig ha asegurado asimismo ser un "convencido" del municipalismo, ya que ha defendido que desde los ayuntamientos se pueden llevar a cabo "muchas más acciones que influyan en los ciudadanos que desde ámbitos más lejanos", informa la Generalitat en un comunicado.

El president ha asistido también a la inauguración de la Feria Gastronómica de la Alcachofa de Benicarló, donde ha destacado el valor de la alcachofa como "símbolo del trabajo de la tierra" de esta localidad.

"Tradición y modernidad es la esencia de Benicarló, una ciudad con raíces profundas y la ambición de representar la mejor convivencia en un espacio en el que todas las personas tengan la oportunidad de tener una vida digna con trabajo y bienestar", ha manifestado.

Del mismo modo, Puig ha hecho hincapié en la necesidad de ayudar al sector agrario a modernizarse de la mano de, entre otras acciones, la creación de un plan agroalimentario valenciano, y ha asegurado la voluntad de la Generalitat de aunar esfuerzos entre los sectores público y privado.

Pro-AVE denuncia "la marginación" de la Comunitat en política ferroviaria

VALENCIA.- El presidente de la Fundación Pro-AVE y vicepresidente de FERRMED, Federico Félix, lamenta que la Comunitat Valenciana sea "la gran marginada de la política ferroviaria", una situación que "tanto desde la razón económica como del interés nacional" considera "incomprensible". 

Félix denuncia que la Comunitat está siendo objeto de "serios agravios en proyectos fundamentales" para su futuro, y cita la "sistemática posposición de la conexión en alta velocidad entre Alicante y Valencia". 

El problema, añade el presidente de Pro-AVE, "es grave", pues se trata de conectar dos de las principales áreas urbanas de España, "y lo único que hay que hacer es finalizar un tramo de unos veinte kilómetros entre La Encina y Xàtiva y ejecutar ciertas obras de electrificación", que sólo requiere una asignación presupuestaria de unos 25 millones y un endeudamiento de Adif de unos 125 millones. "Esta es una vieja reivindicación de la sociedad civil valenciana, a la que el ministerio de Fomento ha respondido con promesas siempre incumplidas", ha lamentado.

Según Félix, el segundo gran agravio" en materia ferroviaria "es la siempre prometida y nunca ejecutada conexión en alta velocidad entre Castellón y Valencia", un tramo relativamente corto que no sólo uniría a Valencia con el área urbana de Castellón-Villarreal, sino que conectaría a ésta con el centro de España, con el que mantiene una fuerte relación económica y turística. Lamenta la "frustración" que estos incumplimientos genera, y la "sensación de burla" que producen las dilaciones y la falta de explicaciones, un agravio comparativo a su juicio con otras regiones.

"Resulta inconcebible que Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla-la Mancha tengan todas sus principales ciudades conectadas en alta velocidad, y Galicia y Castilla-León una buena parte de ellas, y en la Comunidad Valenciana, la cuarta región en importancia, aún no se visualice el tan necesario AVE Regional que una las capitales de provincia", añade.

Para Félix, donde más se evidencian estas carencias es en el Corredor Mediterráneo y en la línea Zaragoza-Sagunto, ya que asegura que en estos casos, además, "es el interés nacional el gran perjudicado". 

"La modernización de la línea Zaragoza-Sagunto, reivindicada reiteradamente por los gobiernos y el mundo empresarial aragonés y valenciano, constituye una inversión moderada (inicialmente de entorno a 50 millones) para su uso en el tráfico de mercancías entre el Valle del Ebro y el puerto de Valencia, Sagunto", explica.

Esta infraestructura "no sólo supone mejorar la conectividad entre dos importantes ejes de desarrollo español (el Mediterráneo y el del Valle del Ebro), sino un salto en la competitividad de importantes actividades industriales, como la automovilística, y el refuerzo de la posición de España en los mercados internacionales".

El proyecto de mayor impacto, agrega, es el del Corredor Mediterráneo para el tráfico de mercancías en ancho europeo, y aunque reconoce que a corto plazo no puede ser una realidad por motivos presupuestarios, defiende que la implantación del tercer carril, una solución "provisional", por su coste y rapidez de ejecución, "permitiría disponer ya de una salida a Europa por ferrocarril". 

"La no ejecución de esta obra constituye un serio quebranto para la economía valenciana y nacional, al ser este estratégico para conectar en tiempo récord la economía del Arco Mediterráneo con Europa", advierte.

Dada la trascendencia de estos proyectos para el futuro de la Comunitat Valenciana y España, así como la modesta inversión que su implantación requiere, Pro-AVE exige su "rápida ejecución", y señala que será una prioridad en sus reivindicaciones mediante una acción conjunta y coordinada de sociedad civil, responsables públicos y actores políticos.

Rechazan otra vez investigar por vía penal unas obras ilegales en la Playa de San Juan

ALICANTE.- Un juzgado ha rechazado de nuevo investigar por vía penal la supuesta permisividad del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del PP, con la construcción de un supermercado en la Playa de San Juan, unas obras que la Justicia declaró ilegales en 2012.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Alicante ha desestimado el recurso de reforma planteado por los vecinos afectados contra un auto anterior que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa.

Las diligencias se incoaron a raíz de una querella por prevaricación presentada por la comunidad de propietarios del edificio Torre Don Juan contra la exedil de Urbanismo, Marta García Romeu (PP) y un técnico municipal.

La magistrada ya archivó la investigación el pasado julio en un auto en el que invocaba el «principio de intervención mínima del Derecho Penal», al considerar que «la irregularidad denunciable es corregible en vía administrativa». Los querellantes recurrirán el nuevo fallo ante la Audiencia Provincial.

Juzgan al exalcalde de Orxeta (PSPV) por no actuar contra una fábrica ilegal

ALICANTE.- El excalcalde de la localidad alicantina de Orxeta Vicente Llinares (PSPV) será juzgado el próximo jueves en Alicante por supuestamente permitir en esta población la instalación y actividad de una fábrica ilegal de hormigón en una parcela que él mismo había vendido a la empresa.

La fiscalía solicita provisionalmente para él, por un delito de prevaricación, un año de cárcel y diez de inhabilitación para cargo público por unos hechos que se remontan a finales de 1999, cuando el procesado presidía la corporación municipal.

El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal nº6 de Alicante, después de que tuviera que suspenderse a mediados de noviembre debido a la enfermedad de un abogado de la acusación particular.

Además del antiguo primer edil, en el banquillo de los acusados se sentará el administrador de la empresa, para el que la Fiscalía reclama dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.

Según la calificación provisional del Ministerio Público, el administrador de la firma Hormigones Orxeta SL instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta.

El terreno consistía en dos parcelas que estaban calificadas como suelo no urbanizable de especial protección de monte, y el empresario carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque esperaba obtenerla en un futuro próximo "de acuerdo con el alcalde", relata el fiscal.

De hecho, la mercantil había comprado el terreno al entonces primer edil por diez millones de pesetas (60.000 euros), de los que adelantó dos (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales.

Llinares, que presidió la corporación de esta localidad de menos de mil habitantes ubicada en la comarca de La Marina Baixa entre 1983 y 2011, denegó la licencia de actividad a la fábrica en diciembre de 1999 e incoó un expediente de disciplina urbanística por las obras sin licencia.

Sin embargo, lo hizo solo a efectos formales, pues no adoptó después medida alguna para restaurar la legalidad urbanística, de forma que "incumplió su deber de garante" de la misma y consintió por tanto "las obras de construcción y la actividad industrial", según el escrito fiscal.

Un vecino afectado por los trabajos los denunció de forma reiterada, pero el entonces regidor lo ignoró y, en cambio, promovió un expediente para reclasificar el terreno a suelo industrial que fue aprobado provisionalmente por el pleno municipal el 21 de junio de 2000, pero rechazado después por la Generalitat.

En abril de 2002, Llinares suscribió un convenio con Hormigones Orxeta SL en el que autorizaba la actividad, que el pleno ratificó en julio de ese año, pese a que la aprobación definitiva de la recalificación de suelo se estaba demorando.

La planta de hormigón funcionaba "a pleno rendimiento" a 4 de diciembre de 2007, fecha en la que un juzgado ordenó su paralización, y, un año después, el 30 de enero de 2009, seguía en la misma ubicación, añade la acusación pública.

La Diputación de Alicante dedicará 100.000 euros a huertos urbanos públicos en 2016

ALICANTE.- La Diputación de Alicante dedicará durante 2016 un total de 100.000 euros a crear y mantener huertos urbanos públicos, un fenómeno ya presente en casi la mitad de los municipios de la provincia.

Desde 2013 la Diputación ha invertido 300.000 euros a este tipo de huertos, a los que se suman ahora 100.000 más.

Ubicados en pleno corazón de las ciudades, estos espacios están destinados al cultivo individual o familiar y constituyen una nueva dotación pública para los ayuntamientos contribuyendo no sólo a la plantación ecológica de frutas y hortalizas sino también al fomento de las relaciones sociales y educativas.

Estos huertos también suponen un banco de pruebas "idóneo" para aquellos emprendedores que quieran hacer de la agricultura su modo de vida, por lo que se configura como un elemento potencial de desarrollo económico y de generación de empleo.

"Los beneficios de los huertos urbanos son múltiples tanto desde el punto de vista alimenticio como medioambiental, social y económico", en palabras del presidente del gobierno provincial, César Sánchez, del PP, puesto que la agricultura ecológica que desarrollan es sumamente respetuosa tanto con la producción de alimentos como con el medio ambiente, la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales.

Las ayudas de la institución están orientadas a dar apoyo económico a los ayuntamientos para que puedan asumir tanto el gasto corriente generado por estas áreas agrícolas como las inversiones necesarias para su desarrollo y mantenimiento.

La Diputación apoya económicamente la organización de actividades formativas para los usuarios, así como la compra de herramientas y la colocación de elementos de señalización para las dotaciones.

De esta manera, las ayudas de la institución provincial se traducen en vallados perimetrales y separaciones de parcelas, en la instalación de acometidas de luz, agua y sistemas de riego localizado, así como en la construcción e instalación de casetas de aperos, entre otros fines.

Sánchez ha insistido en que estas áreas verdes mejoran y vivifican el paisaje de los municipios, y se convierten en "bellos elementos estéticos que contribuyen también a reducir la huella del carbono".

Del mismo modo, los huertos urbanos favorecen la sostenibilidad en las ciudades y suponen un gran recurso pedagógico para la educación y sensibilización ambiental y nutricional de los ciudadanos, además de ser lugares de encuentro y convivencia.

"Los huertos urbanos constituyen una alternativa de ocio que mejora la salud y la calidad de vida de las personas, aportando grandes beneficios físicos y mentales, así como la integración social de personas mayores, y colectivos en riesgo de exclusión", ha incidido Sánchez.

El PSPV critica la falta de "lealtad institucional" de Montoro por un recorte de 63 millones de euros a la Generalitat

VALENCIA.- El portavoz de Hacienda de los socialistas en las Corts, José Muñoz, ha denunciado la "ausencia total de lealtad institucional y la manía manifiesta hacia los valencianos" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras anunciar el recorte de 63 millones de euros de los ingresos que su ministerio debe transferir a la Generalitat en compensación por la deuda generada por el anterior gobierno autonómico al no aportar a Hacienda las retenciones de los funcionarios de la Comunitat, según ha informado el PSPV en un comunicado.

En este sentido, Muñoz ha indicado que es "clave y fundamental para la supervivencia de la Generalitat que tanto Montoro como Rajoy salgan del Gobierno de España, puesto que están ahogándonos financiera y económicamente a los valencianos", al tiempo que ha incidido en la necesidad de conformar un nuevo gobierno de progreso "que permita que las relaciones entre el Gobierno Central y la Generalitat se vuelvan a normalizar".
"La larga lista de atropellos a los derechos de los valencianos no hará más que aumentar si permitimos que el PP siga al frente del gobierno", ha manifestado Muñoz, quien ha añadido que esta decisión de Montoro "es la última de una serie de agravíos intolerables hacia la Comunitat que desde el PSPV no vamos a seguir tolerando".
El dirigente socialista ha señalado además que "Montoro debería de ser declarado de forma inmediata persona 'non grata' en la Comunitat" y le ha instado a que "explique a los ciudadanos cómo vamos a pagar a los proveedores o a garantizar la supervivencia de las PYMES valencianas si sus decisiones van únicamente encaminadas a hundir al gobierno de Ximo Puig y a los valencianos por intereses puramente partidistas".
En esta línea, Muñoz ha señalado que la deuda que ahora reclama al nuevo gobierno "fue generada por las irregularidades de Moragues y Fabra, al quedarse las retenciones de IRPF de los funcionarios de la Generalitat que deberían de haber sido remitidas a Hacienda" y le ha recriminado que "mientras a los gobiernos del PP les permitía desarrollar todo tipo de irregularidades financieras y les eximía del pago de las mismas, ahora quiera cobrar todas las deudas del PP al nuevo gobierno por el mero hecho de izquierdas".
"Montoro quiere terminar de ahogar a la Comunitat para responsabilizar a un gobierno de progreso de la ruina cuando el partido que ha dejado una deuda de más de 40.000 millones y quien ha permitido que los valencianos recibamos 200 euros menos per capita que el resto de españoles para servicios básicos ha sido su propio partido con el despilfarro del PPCV; la ineptitud de Rajoy y su complicidad para permitir el saqueo sin exigir explicaciones", ha denunciado.
Muñoz ha dicho también que esta decisión se une a la "persecución constante de Hacienda hacia el gobierno de Ximo Puig" y ha puesto de manifiesto "los innumerables recortes de fondos y exigencias de pago" que ha trasladado al gobierno de la Generalitat desde su llegada a la presidencia el pasado mes de mayo.
"Montoro obligó nada más llegar al poder Ximo Puig a modificar unos presupuestos que había autorizado seis meses antes a Fabra; ha congelado durante meses el pago del FLA que agilizaba al PP y, además, ahora nos pide el pago de 246 millones de euros en concepto de intereses cuando a Fabra le prestaba dinero a tipo cero por ciento", ha apuntado el portavoz socialista, quien también ha indicado que "a ello hay que añadir la intención de Rajoy y de Montoro de que los valencianos asumamos ahora la multa de 18 millones impuesta a España por la manipulación del déficit y por la ocultación de facturas que llevaron a cabo los gobiernos de Camps y Fabra".
"No vamos a tolerar que los valencianos paguemos de nuestro bolsillo más desmanes del PP, puesto que no es nuestra responsabilidad", ha incidido Muñoz, que ha asegurado que "si no es Montoro quien asume el pago de la misma, deberá de ser el PPCV y los responsables de los gobieros de Fabra quienes asuman sus irregularidades".

EU dice que el PPCV "ha tenido un comportamiento de comando corrupto al frente de las instituciones públicas"

ALICANTE.- Esquerra Unida Alacant ha señalado este domingo que el PPCV "ha tenido un comportamiento de comando corrupto al frente de las instituciones públicas en las que ha gobernado", según ha indicado a través de un comunicado.

Esta formación, que ejerce como acusación popular en el caso Brugal en las ramificaciones de Alicante, ha expresado su "repulsa ante las nuevas informaciones aparecidas en medios de comunicación", en referencia a la Operación Taula, y ha mostrado su "satisfacción al ponerse al descubierto la trama corrupta generalizada del PP en la Comunitat Valenciana".

"En los últimos días están aflorando en multitud de medios y en investigaciones policiales lo que esta organización política venía denunciando desde hace años, que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha tenido un comportamiento de comando corrupto al frente de las instituciones públicas en las que ha gobernado", han apuntado.

En este sentido, han destacado que la diputada de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez, fue quien denunció en Fiscalía "la trama que desencadenó la investigación judicial y por la que se ha detenido a 24 personas, muchas de las cuales se encontraban en la dirección del Partido Popular de Valencia, hoy por hoy, desmantelado desde la dirección de Madrid". "Un sistema instaurado por el PP en esta Comunidad que desde EU tachamos de puro latrocinio", han apostillado.

La confianza de los inversores en la Comunidad Valenciana se mantuvo estable en 2015

MADRID.- La confianza del inversor español ha bajado en el último trimestre de 2015 debido a las dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica, y el 53 % de los inversores prevé que la crisis no termine hasta el 2020, según el índice de confianza que elabora J.P. Morgan Asset Management.

Ese indicador sitúa la confianza de los inversores españoles en 0,14 puntos entre octubre y diciembre del año pasado, y suma así dos trimestres consecutivos de descensos.

No obstante, el índice se encuentra en terreno positivo desde el cuarto trimestre de 2014, casi dos años y medio después de haberse situado en negativo durante toda la crisis.

La incertidumbre de los inversores españoles se refleja sobre todo en el enfriamiento de las expectativas en torno a la mejora de la economía y su fortaleza, así como en la volatilidad de los mercados.

El 53 % de los encuestados todavía considera que el fin de la crisis se producirá dentro de más de cuatro años, y el 27 % estima que el PIB bajará en los próximos seis meses, un porcentaje que es cinco puntos superior al que se registró en el tercer trimestre.

Sin embargo, las señales que refleja este índice son variadas, ya que por otro lado hay un mayor optimismo sobre la evolución de la bolsa española y el 30 % de los encuestados cree que subirá en los próximos seis meses, frente al 27 % que mantiene su fe en las bolsas europeas.

Los mercados emergentes y la Bolsa japonesa son los que suscitan menos optimismo sobre futuros avances.

En cuanto a los productos donde piensan invertir los españoles en el próximo semestre, continúa el avance de los activos de ahorro a largo plazo, frente a los depósitos o libretas de ahorro.

El indicador señala que ha aumentado en casi cuatro puntos los inversores que centran su atención en los fondos de inversión, renta variable o fija y planes de pensiones, que suponen el 21 % del total.

Por otra parte, el índice de confianza de J.P. Morgan también mide de forma semestral las expectativas de los inversores en las siete comunidades autónomas más representativas y señala que Andalucía y Aragón fueron las más optimistas entre julio y diciembre del 2015 y Cataluña y Castilla y León, las más pesimistas.

En Andalucía, la confianza de los inversores mejoró en el segundo semestre del año pasado y el indicador se situó en 1,6 puntos, cuatro más que en la primera mitad del año.

En sentido contrario, en Castilla y León se registró un gran deterioro y la confianza retrocedió 3,2 puntos y cayó hasta el -1 situándose en niveles de hace tres años.

También en Cataluña, el índice de confianza se situó en terreno negativo entre julio y diciembre de 2015, después de haberse mantenido un año y medio en positivo.

Por otra parte, mientras en la Comunidad Valenciana y en Madrid la confianza de los inversores se mantuvo estable, en el País Vasco bajó hasta 0,1 puntos, frente a los 2,8 que registro en el primer semestre del año pasado.

La confianza de los inversores vascos supone el mayor retroceso de las comunidades consideradas en el estudio.

En Galicia, el índice baja hasta 0,5 puntos pero la confianza continúa en valores positivos y completa dos años por encima de cero.

La encuesta de confianza de J.P. Morgan se ha realizado sobre una muestra de 1.421 entrevistas a inversores españoles de más de 30 años y que son consumidores de productos de ahorro e inversión como acciones, fondos, letras del Tesoro, Bonos del Estado o depósitos.

La abrupta caída del petróleo ensombrece Argelia

ARGEL.- La abrupta caída de los precios del crudo y sobre todo la perspectiva de que no se van recuperar a corto y medio plazo los niveles anteriores ha dibujado un halo de pesimismo en el rostro de los argelinos, cada día más preocupados por el futuro del un país.

Tras décadas acostumbrados a las generosas y casi omnipresentes subvenciones estatales, las políticas de austeridad adoptadas por el actual gobierno y la subida de los precios de productos básicos, como los carburantes, hacen cada día más difícil a las familias llegar a fin de mes.

Y también al actual régimen mantener una economía paternalista plenamente dependiente del petróleo, que supone más del 97 por ciento de los exportaciones de un país que apenas produce nada y que se ha acostumbrado a consumir productos extranjeros, ahora cada vez más caros.

Expertos apuntan a que esta es solo la punta del iceberg de un problema que probablemente será mayor en un par de años, cuando de verdad se vean los efectos en la recaudación estatal de la bajada del petróleo y se dispare el déficit.

Citados por medios locales, esos analistas subrayan que 2016 ya va ser especialmente duro para los argelinos, afectados por el nuevo presupuesto general del Estado, elaborado sobre la base de un precio de referencia del barril de petróleo de 37 dólares.

Los citados presupuestos, aprobados el pasado 30 de diciembre, prevén el aumento de los precios en diferentes carburantes entorno a un 40 por ciento.

Para los argelinos, los taxis y otros transportes son ahora mucho más caros, pese a que el Gobierno había asegurado que los precios se mantendrían.

Sentado dentro de su coche, Said espera a los clientes y explica que antes solía llenar el tanque por 1.300 dinares (11,18 euros), un precio que ahora se eleva a 1.700 (14,62 euros).

También otros servicios básicos como el agua y la electricidad se han encarecido en torno a un 7 por ciento en el primer caso y entorno al 17 por ciento cuando el consumo se eleva por encima de los 125 Kilowatios/Hora (KWH).

"Creo que la gente va a protestar cuando pase un trimestre, en ese momento va descubrir la diferencia del precio respecto a facturas anteriores", auguró un economista que prefirió no ser identificado.

Argelia ya sufrió un conato de protestas sociales en 2011, al rebufo de las revueltas similares que estallaron en países vecinos como Túnez o Egipto.

Pero entonces el gobierno pudo "comprar la paz social" con una mezcla de cierta represión policial y un programa de desarrollo económico, con aumento de los salarios y otras medidas parecidas que pudo poner en marcha gracias a la robustez del mercado petrolero.

Una táctica que los expertos creen que ahora tiene más difícil repetir en caso de que el malestar y las protestas vuelvan a las calles.

El propio gobernador del Banco de Argelia, Mohamed Laksaci, ha advertido del fuerte deterioro de las finanzas públicas, sobre todo de la reserva de divisas, que han descendido en 32 millones de dólares entre septiembre de 2014 y julio de 2015, pasando de 185.000 millones de dólares a 152.000.

Además, la balanza comercial aumentó su déficit desde el principio del año pasado porque el país importa prácticamente todo lo que consume.

Expertos en economía local calculan que el país puede sostenerse en sus actuales reservas tres o cuatro años, un tiempo durante el cual Argelia debe aprovechar para diversificar las inversiones y reformar el mercado de trabajo, en el que el gobierno es aún el principal empleador.

En este ambiente, el Ejecutivo ya ha empezado a tomar algunas medidas de cara a un futuro que se pronostica agitado, como el lanzamiento de una nueva campaña de reclutamiento en el seno de la Policía Nacional.

Una decisión adoptada poco después de que estallaran las primeras protestas en ciudades orientales como Tigzirt, Setif y Batna, donde cientos de ciudadanos salieron días atrás para exigir la mejora de sus condiciones de vida y poder adquisitivo.

La última de estas ciudades ya fue escenario de los primeros disturbios y choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los que murió una anciana a causa de inhalación de gases lacrimógenos mientras que otras 71 personas resultaron heridas.

La institución Ferial Alicantina (IFA) podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat

VALENCIA.- Feria Valencia podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat. Así lo ha anunciado el portavoz de Hacienda del grupo socialista en las Corts, José Muñoz, así como las diputadas Concha Andrés y David Cerdán, que han comenzado a elaborar el plan de trabajo de la Comisión de Investigación solicitada por el PSPV sobre las instituciones feriales valencianas “y los numerosos indicios de malversación de fondos públicos, sobrecostes y corrupción que envuelven tanto a Feria Valencia como a la Institución Ferial Alicantina (IFA)”. 

En este sentido, Muñoz ha indicado que “todavía no se ha conocido el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat”. En este sentido, el portavoz en la comisión, José Muñoz, ha señalado que todavía no se ha conocido “el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat, puesto que todos los incididos apuntan a que de nuevo volveremos a ser noticia por otro caso de saqueo de fondos públicos por parte de los dirigentes del PPCV”, según ha informado el PSPV en un comunicado.

Además, ha insistido en “la necesidad de que esta comisión sirva para conocer a ciencia cierta y en profundidad todo lo sucedido tanto en Feria Valencia como en IFA, así como depurar las responsabilidades de quienes ordenaron y encabezaron un entramado que ha dejado más de mil millones de deuda para las arcas valencianas”. Así mismo, Muñoz ha lamentado que “tal y como aseguraban algunos dirigentes ‘populares’, la fiesta  de la corrupción en el PP no se acabe nunca” y ha puesto en valor las investigaciones tanto periodísticas como de compañeros socialistas “que durante años denunciaron los sobrecostes y las irregularidades que el patronato de Feria Valencia, encabezado por Rita Barberá, estaba llevando a cabo”.

En este sentido, ha insistido en “lo sorprendente y lamentable que es tener que denunciar las constantes negligencias del PP en todas las administraciones y entidades que presidía o controlaba” y se ha referido a “los numerosos escándalos” que envuelven a dos entidades “que se nutrieron de dinero de todos los valencianos, pero que se sirvieron de su naturaleza jurídica privada para evitar los controles públicos durante años, dilapidar las arcas públicas, y que emplearon su connivencia con los dirigentes del PP para ocultar y perpetuar su entramado corrupto”, ha destacado. Muñoz y los diputados Concha Andrés y David Cerdán han denunciado que “la cueva oscura en la que se convirtieron las instituciones feriales ha dejado en total 1.097 millones de euros de deuda a las arcas valencianas que tendremos que pagar entre todos”.

Además, han incidido en que su trabajo se centrará en  descubrir y depurar responsabilidades de las personas que “al tiempo que saqueaban las arcas públicas y dejaban en la calle a más de 100 trabajadores en un ERE, aprobaron una macroampliación con 300 millones de sobrecostes -86 por ciento más- sin justificación o camuflados en facturas falsas; o que gastaron más de 7.600 euros en regalos de lujo para la alcaldesa entre los que se encuentran bolsos, fulares o cheques regalos de importantes marcas y boutiques”.

“La gestión en las entidades feriales es el anti-ejemplo de una gestión eficaz y honrada”, ha apuntado Muñoz, quien además ha recordado que “la Fiscalía Anticorrupción también investiga a Feria Valencia por su vinculación con la red Gürtel y la financiación ilegal del PPCV a través de dos facturas por valor de 1’2 millones a Orange Market; así como por el uso indiscriminado de cuatro tarjetas ‘black’ por parte de sus principales dirigentes con las que se pagaron inusuales viajes a Costa Rica, Shangai, Zurich o el Moulin Rouge”.

“Quizás el PP insistió tanto en negar hasta tres comisiones de investigación en las entidades feriales porque sabía que lo que ellos defendían como conjeturas y condicionales eran auténticos casos de corrupción de dimensiones hasta ahora desconocidas”, ha reiterado el dirigente socialista, quien ha recordado que la investigación también se extenderá a la deuda de hasta 70 millones de IFA, así como al incremento de hasta un 600% en los gastos de mobiliario; las sorprendentes facturas de hasta 118 millones en publicidad o los 22 millones que se destinaron a viajes “que curiosamente coinciden con Navidad o puentes festivos”. Por todo ello, el grupo socialista ya está elaborando un plan de trabajo en el que exigirán la comparecencia tanto de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta del patronato; así como de los presidentes de las entidades, o la exdirectora general de Feria Valencia Belén Juste entre otros. “No vamos a permitir que sigan quedando indemnes quienes autorizaron y se lucraron de una red que saqueaba dinero de todos los valencianos para llenar los bolsillos de unos pocos”, ha sentenciado Muñoz antes de lamentar que “en lugar de favorecer las relaciones empresariales valencianas y alicantinas, las ferias se hayan utilizado para manchar y lastrar todavía más nuestra imagen”.

Desde el PSPV también han lamentado la “connivencia” manifiesta entre los dirigentes de Feria Valencia con el PP y han señalado que “mientras este saqueo se llevaba a cabo y se saqueaban las arcas públicas, desde la entidad ferial se permitió que el PP dejase sin abonar el pago de más de medio millón de euros por la celebración del Congreso Nacional de 2008 en el que Mariano Rajoy fue elegido presidente y que fue gestionado por el propio Bárcenas”.

El PSPV advierte: "Todavía no se ha conocido el mayor escándalo del PP"

VALENCIA.- El portavoz de Hacienda del grupo socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, advierte de que "todavía no se ha conocido el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat", a la espera del resultado de la comisión de investigación de las Instituciones Feriales.

Muñoz, junto a las diputadas Concha Andrés y David Cerdán, ha comenzado a elaborar ya el plan de trabajo de la Comisión de Investigación solicitada por el PSPV sobre las instituciones feriales valencianas, ante los "indicios de malversación de fondos públicos, sobrecostes y corrupción que envuelven tanto a Feria Valencia como a la Institución Ferial Alicantina (IFA)".

En un comunicado, Muñoz se muestra convencido de que "todavía no hemos conocido el mayor escándalo de corrupción del PP en la Comunitat, puesto que todos los incididos apuntan a que de nuevo volveremos a ser noticia por otro caso de saqueo de fondos públicos por parte de los dirigentes del PPCV".

Ha insistido asimismo en la necesidad de que esta comisión sirva para "conocer a ciencia cierta y en profundidad todo lo sucedido tanto en Feria Valencia como en IFA", así como "depurar las responsabilidades de quienes ordenaron y encabezaron un entramado que ha dejado más de mil millones de deuda para las arcas valencianas".

El diputado socialista ha lamentado que "tal y como aseguraban algunos dirigentes populares, la fiesta de la corrupción en el PP no se acaba nunca", y ha destacado las investigaciones tanto periodísticas como de compañeros de partido "que durante años denunciaron los sobrecostes y las irregularidades que el patronato de Feria Valencia, encabezado por Rita Barberá, estaba llevando a cabo".

En este sentido, Muñoz ha insistido en "lo sorprendente y lamentable que es tener que denunciar las constantes negligencias del PP en todas las administraciones y entidades que presidía o controlaba". Según señala, "la cueva oscura en la que se convirtieron las instituciones feriales ha dejado en total 1.097 millones de euros de deuda a las arcas valencianas que tendremos que pagar entre todos".

Ha incidido además en que su trabajo se centrará en descubrir y depurar responsabilidades de las personas que además de "saquear las arcas públicas y dejar en la calle a más de 100 trabajadores en un ERE, aprobaron una macroampliación con 300 millones de sobrecostes (86 % más) sin justificación o camuflados en facturas falsas; o gastaron más de 7.600 euros en regalos de lujo para la alcaldesa de importantes marcas y boutiques".

El grupo socialista ya está elaborando un plan de trabajo en el que exigirán la comparecencia tanto de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta del patronato; así como de los presidentes de las entidades, o la exdirectora general de Feria Valencia, Belén Juste, entre otros. "No vamos a permitir que sigan quedando indemnes quienes autorizaron y se lucraron de una red que saqueaba dinero de todos los valencianos para llenar los bolsillos de unos pocos", ha sentenciado Muñoz.

Los juzgados de la Comunitat tienen "en juego" 1.300 millones de euros

VALENCIA.- Los juzgados españoles tienen "en juego" más de 40.000 millones de euros, según ha explicado el decano de los jueces valencianos, Pedro Viguer, quien advierte de la trascendencia de la eficiencia judicial sobre el sistema económico, como responsable de posibles "nudos en la tubería del flujo económico".

Viguer explica que sólo en las cuentas de consignación de la Comunitat Valenciana se registraron el año pasado movimientos cercanos a los 1.300 millones de euros, la mitad de ingresos y otro tanto en salidas, todo ello a pesar de que en estas cuentas se ingresan porcentajes mínimos de los importes que son objeto de litigio.

"Si no somos capaces de resolver estos litigios en un plazo razonable la Justicia se convierte en un obstáculo para la economía, y eso es algo que obviamente tienen muy en cuenta los inversores extranjeros", señala Viguer. Además, añade, "el retraso excesivo puede provocar incluso el hundimiento o la desaparición de una empresa, por lo que una reclamación en vía civil puede derivar en concurso de acreedores o reclamaciones en los juzgados de lo social".

Por este motivo, considera necesaria "una apuesta verdadera por la justicia en este país", y señala a la cifra de jueces en España como uno de los puntos clave. "Si en Europa hay unos 21 jueces por cada 100.000 habitantes de media, en España tenemos unos 11, y en la Comunitat Valenciana entre 9 y 10, de modo que estamos por debajo incluso de la media nacional", explica.

Por otra parte, Viguer lamenta el "escaso recorrido" de las 58 medidas contra la corrupción que medio centenar de jueces decanos plasmaron el pasado mes de diciembre en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción". Ante la "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público", los jueces decanos reclamaron la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción, agravar las penas de delitos como tráfico de influencias o prevaricación o la revisión de la figura del aforado.

"Eran medidas concretas, algunas de ellas no requerían más que ligeras modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero al contrario de lo que esperábamos, se han planteado otras medidas que obstaculizan el trabajo judicial, como la limitación de los plazos de instrucción, que no se comprenden entre quienes conocemos los procedimientos en el día a día", señala Viguer. "Esta reducción de plazos no tiene sentido cuando determinados trámites, como una comisión rogatoria o la solicitud de un análisis de ADN, pueden demorarse durante meses", agrega.

Sin embargo, el decano de los jueces valencianos subraya el "papel relevante" que el poder judicial ha tenido en los últimos años a la hora de "llamar la atención sobre determinadas prácticas que no estaban siendo muy adecuadas" en relación a deudas, procesos hipotecarios o productos financieros complejos. "Desde 2013 han entrado en los juzgados de Valencia unos 13.500 asuntos relacionados con productos financieros, alrededor de 9.500 sobre acciones y 4.000 sobre preferentes, lo cual ha supuesto un contratiempo enorme para los juzgados", explica Viguer.

Así, los juzgados de Primera Instancia se han reforzado con cinco jueces, que en el último trimestre de 2015 han emitido 500 sentencias. "Es cuestión de meses que podamos dar una salida razonable a esta acumulación de asuntos. En un año se han emitido aproximadamente unas 5.000 sentencias entre los 22 jueces de Primera Instancia y los cinco refuerzos, y el volumen de trabajo ha quedado reducido a menos de la mitad", reconoce el juez decano.

En este sentido, Viguer considera necesario "dar un impulso a la Ley de Segunda Oportunidad" que "juega un papel importante en países vecinos" desde la perspectiva del control judicial como garante de la buena fe.

En los últimos meses, el Decanato de los jueces de Valencia ha elaborado la primera guía nacional para la aplicación del Estatuto de la Víctima -que entró en vigor el pasado mes de octubre- para delimitar las funciones de todos los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas y lograr que "los órganos judiciales sean de acogida, asesoramiento, protección y asistencia".

"Estamos satisfechos con la acogida de este tipo de iniciativas. Los juzgados de Valencia fueron pioneros en julio de 2014 en la implantación de un sistema para evitar confrontaciones visuales entre víctimas y acusados que posteriormente ha quedado reconocido como un derecho explícito para las víctimas", en el citado Estatuto, concluye.

No quito ni pongo rey, pero... / Ramón Cotarelo *

...ayudo a mi señor."

La complejidad alcanzada por el sistema de partidos tras las elecciones de 20D va a dar para mucha cábala. Mucho fino análisis. Mucha sardina arrimada a la propia ascua. Mucho sondeo interpretado con cándida intencionalidad. En fin, algún contertulio saldrá del programa en una camisa de fuerza.

Como en los graves momentos de la historia patria, El País interviene con un editorial producto de su profunda identificación con la estabilidad de esta monarquía parlamentaria, y con formulaciones verdaderamente audaces: El PSOE no es la CUP. La idea del diario parece ser advertir de ello a Pedro Sánchez que, si lo ignora, debe de ser el único en todo el país. La advertencia se estructura en una cadena de razonamientos, sentados como verdades incuestionables pero que son altamente cuestionables. Se parte del supuesto de que el propósito de Sánchez de someter a consulta a las bases del partido la posible coalición es un disparate producto de sus lamentables errores que el diario refuta minuciosamente.

El primero es tratar de imitar a Podemos. Un error, no porque consultar esté mal, sino porque, según el editorialista, Podemos lo dice, pero no lo hace, sino que recurre a unos rituales controlados por la dirección leninista. Esto no es un error; es un juicio de intenciones del editorialista.

El segundo es que se trata de un golpe de efecto y un intento de vencer a los barones. Que sea un golpe de efecto o no, no quiere decir nada respecto a la justificación de la medida considerada errónea, y que Sánchez quiera ganar por la mano a los barones es lógico. O ¿ha de entenderse que,  como son los barones, él debe dejarse gobernar y adaptar su criterio a lo que se le imponga?

Error es también por cuanto el recurso a las bases, populista por definición, revela problemas de liderazgo dentro de la categoría de "políticos mediocres". Ni se le ocurre al editorialista que quizá los problemas de liderazgo sean mejores para el interés general que el liderazgo sin problemas. Un ejemplo bien a mano, el sólido liderazgo de los cuatro inenarrables años de Rajoy. Y en cuanto a la categoría de "políticos mediocres" pues, en fin, el mismo caso viene al pelo.

Igualmente erróneo es ocultar estos planes a los barones y saltarse, dice el editorial, "a la torera" las reglas del juego democrático del partido. Suponiendo que la idea no se le haya ocurrido en el último momento (sin que ello vaya en detrimento de su calidad), lo que haría irrelevante la intervención de los barones, lo de saltarse "a la torera" las reglas de juego es afirmación cuyo contenido de verdad descansa exclusivamente en el empleo del sintagma "a la torera". Las tales reglas del juego vienen en los estatutos y estos son susceptibles de tantas interpretaciones como personas ocupen los cargos.

Sánchez reincide en el error por ignorar un hecho que el editorialista enuncia como incontrovertible, esto es, que el PSOE es más un partido de electores que de militantes. Por supuesto, la distinción no quiere decir nada a nuestros efectos. Desde el momento en que los partidos se mantienen gracias a la financiación pública cuya cuantía se mide por la cantidad de votos y no de afiliados, lo que los partidos quieren son electores, no militantes. Pero mientras los electores no puedan identificarse como electores de un partido, las decisiones sobre este las tomarán los militantes, lógicamente. Consultarlos no es una demasía.

Lo errores se trasladan del orden teórico al práctico. Sánchez, según parece, no se ha enterado de que las elecciones del 20D no han dado una mayoría clara de izquierdas ni de derechas. Como con los errores, si no se ha enterado, debe de ser el único del país y es de suponer que alguien le habrá informado. Un tertuliano, por ejemplo, siempre en la pomada.

Error es igualmente pasarse de simpático en la vida. A El País le parece irresponsable ese propósito de ir tendiendo la mano "a derecha y a izquierda". En fin, supongo que para eso tiene dos. El diario, sin embargo, insiste en que es un error porque Iglesias y Rivera no se tragan. Cada vez las reflexiones son más profundas. Yo no sé si alguien habrá encontrado alguna vez en la naturaleza un animal con unas tragaderas más grandes que las de los políticos.

Pero el error definitivo, el que llevará al suicidio a Sánchez si lo comete, es no seguir los sabios consejos de Felipe González, dios menor tutelar del diario que le dio hace poco cancha en una entrevista para exponer su pensamiento. Un juicio salomónico: que ninguno de los partidos dinásticos sea un obstáculo para que el otro gobierne. Así, sin más, tercera vía de concordia.

Ignoro qué entenderá González por "gobernar". Apuesto algo a que el resto de los mortales entendemos "aplicar un programa". Corresponde a los socialistas demostrar a su antiguo secretario chino y actual jarrón general por qué deben gobernar ellos y aplicar su programa. No es mi tarea.

Mi tarea es poreguntar González, como ha hecho, Iñaki Gabilondo si él cree que se debe dejar gobernar otros cuatro años al Rajoy de los sobresueldos y el partido imputado en un proceso penal. Y preguntar, algo más allá, si cree que el gobierno del PP es un gobierno y el PP un partido. O son otra cosa, procesalmente hablando. Y, aun más allá: si conoce cómo las está pasando la gente, si tiene idea de los indicadores de desigualdad, pobreza, miseria, emigración, etc.

Propiciar que este gobierno arbitrario, injusto, abusivo, autoritario, corrupto, expoliador siga campando por sus respetos otros cuatro años sí que es un error. No hace falta un editorial para verlo. Basta con abrir los ojos.

 

El Tribunal Constitucional, 

ministerio del gobierno español

El gobierno español presume de enfrentarse al independentismo catalán solo con las armas de la ley y el Estado de derecho. Dentro de ese espíritu, su vicepresidenta, en rueda de prensa del viernes, tras el consejo del ministros, anunció que el gobierno instaba al Tribunal Constitucional a anular todos los actos que la Generalitat realizara emanantes de una declaración de independencia. Sostenía que ello era lógico pues si tal declaración fue anulada en su día por ese mismo tribunal, sus consecuencias han de ser nulas.

En efecto, es muy de agradecer que el gobierno español no emplee en principio el ejército, la guardia civil, la represión y la violencia, como ha hecho tradicionalmente para contrarrestar el soberanismo catalán. Que recurra a la justicia e inste a los jueces a actuar en el marco de la legalidad en vez de proceder reventarla a cañonazos según inveterado proceder imperial.

Solo que esas declaraciones y ese espíritu son falsos y un engaño.

Alguien podría decir que el engaño, el fraude, consiste en “judicializar” un problema que no es jurídico sino político, esto es, en instrumentalizar a los jueces para que resuelvan un problema que los políticos no pueden solucionar. Fue una queja muy frecuente entre especialistas y estudiosos en los comienzos del rodaje del Estado de las Autonomías en los años 80, cuando se planteaban continuos recursos competenciales al Tribunal Constitucional y hasta los magistrados se quejaban de que el gobierno y los partidos los usaran como parapeto para ocultar su incapacidad de resolver los problemas por vía de negociaciones políticas.

Pero esto también era, no ya totalmente falso y embustero como las intenciones del gobierno actual, sino erróneo.

Y era erróneo entonces y es falso hoy porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ni forma parte del Poder Judicial. Llevar los problemas políticos ante él no es “judicializarlos”. Eso es falso, una estratagema. El Tribunal Constitucional es un órgano político compuesto por juristas nombrados políticamente y con una finalidad política. Su actual presidente está ahí porque fue militante del PP, del partido del gobierno, por cuanto sabemos, subjetivamente sigue siéndolo y su función es resolver los asuntos en sentido favorable a una parte, al PP que es quien lo puso en donde está.

O sea, usar el Tribunal Constitucional para zanjar un contencioso político no es “judicializarlo”; es “politizarlo”. El hecho de que la Constitución residencie la jurisdicción constitucional (esto es, la competencia para resolver problemas constitucionales) en un órgano ad hoc llamado Tribunal Constitucional, al que se acompaña de la parafernalia léxica de la justicia (autos, sentencias, providencias, etc) no quiere decir nada. El invento es una triquiñuela autorreferencial que no otorga a sus decisiones legitimidad alguna sino solo una legalidad de parte y, por tanto, inútil. El ejemplo más obvio: por sentencia de 2010, ese Tribunal Constitucional decidió que los catalanes no podían considerarse a sí mismos una “nación”. Como decidir este disparate carece de todo sentido jurídico hubo que hacerlo de tan alambicado modo que la decisión no es justa ni injusta sino, simplemente, ridícula porque el de “nación” no es un concepto sino un sentimiento y ningún tribunal del mundo podrá jamás imponer o arrebatar a nadie un ápice de sentimiento nacional.

 

Por tanto, la decisión del gobierno, anunciada a bombo y platillo, de no ir por la vía de la pura represión y de acudir a los tribunales es un engaño más consistente en emplear la represión disfrazada de acción judicial, utilizar los mismos elementos de violencia camuflándolos como magistraturas que, en realidad, obedecen las consignas del gobierno como podrían hacer los militares o la guardia civil.

Y eso es lo que hay que destapar como lo que es, como una superchería. Y hacerlo con atención porque puede resultar difícil explicarlo en el extranjero, en donde, en principio, la patraña de “judicializar” falsamente los problemas políticos puede encontrar crédito en función del prestigio que entre gentes civilizadas tienen palabras como “tribunal”, “jueces”, “magistrado” o “justicia”.

Quede claro que no hay tal. Se trata de referir a un órgano político una decisión política en el sentido favorable a los intereses del gobierno de turno. ¿Valor de este procedimiento a los ojos de la justicia, del Estado de derecho? Cero. ¿Valor para justificar luego un posible recurso a la violencia si el soberanismo persiste? Todo. Ahí reside el peligro y eso es lo que hay que denunciar.

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED