Un perfil de Luis José Barcala Sierra, el nuevo alcalde de Alicante

ALICANTE.- Luis José Barcala Sierra es desde hoy el nuevo alcalde de Alicante. Un puesto que le ha llegado por sorpresa pero que sin duda ha trabajado para ostentarlo. El hasta hoy portavoz del grupo popular en el consistorio, abogado de oficio, fue la persona que denunció a Gabriel Echávarri, exalcalde socialista de Alicante, por un posible caso de fraccionamiento de contratos. La denuncia prosperó y Echávarri fue procesado. El nuevo alcalde también promovió el segundo procesamiento de Echávarri, en este caso por despedir a su cuñada, funcionaria en el Ayuntamiento, justo después de denunciarle. Esta complicada situación judicial rompió el tripartito que gobernaba Alicante y forzó la dimisión de Echávarri.

El nuevo alcalde popular llegó al consistorio alicantino en 2011 y dos años después ocupó la concejalía de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente bajo el mandato de Sonia Castedo. A principios de 2016 Barcala asumió la portavocía del grupo popular y desde entonces se convirtió en un verdadero azote para el gobierno tripartito encabezado por el PSPV. De ahora en adelante, tendrá poco más de un año para gobernar en minoría la segunda alcaldía de España más importante en manos del PP.

El nuevo alcalde de Alicante es un aficionado al dibujo y la pintura que participa de forma activa en las fiestas de la ciudad, especialmente en las Hogueras y la Semana Santa.

Con esposa y dos hijas, este alicantino de 56 años es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y desde los comienzos ha tenido abierto un despacho profesional, aunque también ha trabajado durante un periodo como responsable legal del extinto banco Banesto.

Barcala es afiliado al PP desde 1987, cuando desde Nuevas Generaciones (NNGG) entró a formar parte de la política activa en el año 2011, cuando concurrió a las elecciones municipales en el número 19 de la lista encabezada por la exalcaldesa popular Sonia Castedo.

Aunque no salió elegido en un primer momento, pocos meses después entró en la corporación municipal por la renuncia del también popular y expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, y desde entonces ha sido concejal de la capital provincial.

En los últimos comicios ocupó el cuarto lugar de la lista del PP, tras Asunción Sánchez Zaplana, que dejó el acta por el de senadora, María Ángeles Goitia (que le ha cedido hoy la opción de la candidatura) y José Císcar, que también abandonó para ser diputado autonómico.

Desde joven le gusta la pintura, incluso forma parte de la Asociación de Artistas Alicantinos, y practica varios deportes, es amante de la fotografía y ha explicado a los periodistas que también es un ávido lector, especialmente antes de dormir.

Ha relatado que desde que nació está vinculado a la Hoguera Alfonso el Sabio y que forma parte de la barraca Els chuanos desde 1995: «Me encantan las Hogueras, los Moros y Cristianos y participo en la Semana Santa», ha comentado.

Luis Barcala ofrece a C's sumarse al nuevo gobierno municipal de Alicante

ALICANTE.- Luis Barcala, nuevo alcalde de Alicante, ha ofrecido a Ciudadanos sumarse al nuevo gobierno municipal de la ciudad. Mientras tanto, Nerea Belmonte era abucheada a gritos de "sinvergüenza" y "vendida" por parte de Guanyar. La edil tránsfuga ha tenido que salir escoltada del Ayuntamiento.

Ciudadanos ha preferido votar a su portavoz Yaneth Giraldo, la cual ha cosechado cinco votos. De esta forma, el partido naranja se ha desinhibido de dar cobertura al gobierno de derechas que proyectaba el PP, como si hizo en 2015.
Por último, el otro concejal tránsfuga salido de las filas de C's, Fernando Sepulcre, se ha votado también a si mismo pero lo ha hecho "a boli", según ha relatado en el recuento de votos el secretario, quien lo ha declarado "nulo".

El sentido del voto de Belmonte se ha desconocido hasta el mismo momento de depositar su papeleta en la urna, segúne los portavoces municipales, incluido el nuevo alcalde, Luis Barcala, quien ha explicado que había olvidado sus gafas "de ver" y que pidió a una compañera que le dijera qué votaba la tránsfuga cuando ésta mostraba públicamente su sufragio en el salón de plenos.

"Ahí me di cuenta de que Montesinos se quedaba en 14 votos y que la alcaldía era para el PP", ha confesado el nuevo alcalde quien, en su primer discurso, ha ofrecido a Ciudadanos entrar en el equipo de gobierno para que puedan "llevar a la práctica sus políticas", posibilidad que la formación naranja ya se ha apresurado a rechazar.

Además de ofrecer a Cs formar un gabinete, Barcala ha explicado que, en "una situación hasta cierto punto inesperado", recibe la vara de mando con "tremenda ilusión", y ha pedido "generosidad y paciencia" para que le dejen trabajar el año que queda de mandato.

El nuevo alcalde ha aclarado que no ha mantenido negociación alguna con Belmonte y ha insistido en que desconocía qué iba a hacer en el pleno de hoy.

El voto en blanco de Belmonte ha levantado la ira de los partidos de izquierda, y hasta el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha dicho que se trata de un "tamayazo" y que su partido estará "vigilante" para saber qué contrapartidas pudiera recibir del PP la tránsfuga.

Belmonte inició el mandato como concejal de Acción Social y Vivienda por Guanyar (socio del equipo de gobierno con el PSPV-PSOE y Compromís) pero en 2016 fue echada de su grupo y se quedó sin remuneración por dar unos contratos a una empresa creada por dos amigos después de las elecciones.

La tránsfuga ha culpado de su voto que ha dado la alcaldía al PP al portavoz de su anterior grupo (Guanyar), Miguel Ángel Pavón, "por negarse a restituir mis derechos políticos y económicos" y "no dar su brazo a torcer" en las negociaciones de los últimos días.

En la réplica ante los periodistas, Pavón la ha acusado de haber "antepuesto de forma muy miserable que solo quería un sueldo" y ha añadido que "la ciudad le importa un pimiento".

"No sabemos qué le ha podido ofrecer" el PP a Belmonte, ha continuado el portavoz de Guanyar, quien ha añadido que la no adscrita ha tenido un comportamiento "lamentable" con "un nivel de degradación de un responsable público que ha superado los límites", ante lo cual cree que debería de devolver su acta de concejal.

La socialista Eva Montesinos, que en un principio era la favorita para alcaldesa, ha criticado la "irresponsabilidad" de los cinco concejales de C's y los dos tránsfugas por "haber devuelto la alcaldía al partido más corrupto del país".

Especialmente, ha puesto de manifiesto la "paradoja" de que Belmonte, elegida por la coalición de izquierdas Guanyar, "haya decidido que gobernara el PP".

De igual modo, los portavoces de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y de Compromís, Natxo Bellido, han afeado la conducta de Belmonte y han anunciado que harán una oposición dura.

Incluso, Bellido ha calificado la maniobra de la tránsfuga de "belmontazo" y se ha preguntado "qué le han prometido" desde el PP antes de señalar que en los días previos los partidos de izquierda no podían aceptar su chantaje de "un sueldo para el voto".

El popular Barcala se convierte, de esta inesperada manera, el quinto alcalde de Alicante en la última década tras los también populares Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Miguel Valor, y el socialista Echávarri.

Durante estos tres años de inestable gobierno socialista también han visto mermar sus filas los grupos municipales de Guanyar Alacant y de Ciudadanos. El primero se vio obligado a  expulsar al grupo de nos los adscritos a su concejala de Acción Social y Vivienda después de que se supiese que había concedido varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros de partido. 

C's también abrió un expediente a su concejal  Fernando Sepulcre tras detectarse que había intentado pasar facturas de gastos de su vehículo al grupo de la formación naranja en la Diputación de Alicante donde es diputado. En el organismo provincial, ya como tránsfuga, ha venido dando su respaldo al PP de César Sánchez, cuyo voto permite a los 'populares' seguir gobernando. Ahora, Sepulcre y Belmonte también han dado vía libre a otro gobierno del PP en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana. 

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha acusado a la tránsfuga Nerea Belmonte, ex de Guanyar, de propiciar un "tamayazo" para dar la alcaldía al PP, y ha añadido que los populares deben "aclarar" lo ocurrido.

Muñoz ha seguido en directo el desarrollo del pleno de investidura en el que su compañera de partido Eva Montesinos no ha logrado recabar la mayoría suficiente para ser alcaldesa, lo que ha beneficiado al popular Luis Barcala.

"Hoy se ha producido un 'tamayazo' y la ciudad de Alicante tiene que estar triste por tener un alcalde que ha llegado mediante una serie de cuestiones que tendrán que aclarar en su momento" y ante las cuales, ha advertido, "el PSOE estará vigilante".

Para el secretario de Organización del PSPV-PSOE, "Barcala es el alcalde de una vergüenza compartida por distintos actores", de los cuales ha citado a Ciudadanos (C's), "un partido que dice que es la regeneración democrática y que, con su abstención, ha permitido que el más corrupto vuelva para malversar, gestionar mal y despreocuparse de la ciudad".

Del mismo modo, ha criticado a Belmonte por "preferir mirar su interés personal, retributivo, y olvidarse de los ciudadanos progresistas" por los que consiguió el acta de concejal.

"Sabemos que esto no va a salir gratis", ha incidido Muñoz, quien ha anunciado una oposición de los socialistas "dura".

El secretario de Organización del PSPV-PSOE también ha recordado que su partido "estuvo a la altura" cuando, al ser investigado por presunta prevaricación administrativa, el exalcalde Gabriel Echávarri dimitió el pasado día 9 y se planteó a la oposición "un proyecto regenerador" para seguir con el proyecto socialista.

"Hoy quien pierde es la ciudad de Alicante y los ciudadanos que votaron progreso y ven traicionada su voluntad democrática por un partido, Ciudadanos, que no ha estado a la altura", ha señalado.

Ximo Puig: "Las fuerzas progresistas no podían aceptar ningún chantaje"

TOKIO.- El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado que el PSPV haya perdido la Alcaldía de Alicante después de que la tránsfuga Nerea Belmonte se haya negado a respaldar a Eva Montesinos y haya propiciado la elección del popular Luis Barcala como nuevo primer edil de la ciudad. 

Sin querer ahondar en el tema, Puig ha asegurado que "las fuerzas progresistas en ningún caso podían aceptar ningún chantaje" -en una referencia implícita a las exigencia de Belmonte de recuperar el sueldo que perdió cuando fue expulsada de Guanyar- y que los partidos del tripartito habían actuado con "ética" en este asunto. 

"Yo creo que el Partido Socialista ha actuado con ética y con responsabilidad, como también lo han hecho los grupos progresistas. El PP ha actuado como siempre", ha asegurado este jueves el president al ser preguntado por la prensa durante una recepción en la embajada de España en Tokio, donde se encuentra en una misión comercial.
Puig ha asegurado desconocer los entresijos de las negociaciones que se han desarrollado en los últimos días -lleva en China y Japón desde el sábado- pero ha asegurado que "es evidente es que las fuerzas progresistas en ningún caso podían aceptar ningún chantaje y estamos en el terreno de lo que es ético y lo que no lo es, pero yo creo que no hay ninguna novedad. Hace tiempo que sabemos lo que pasa. Lo único que los ciudadanos tienen que saber es que aquí hay un Gobierno progresista abierto, que gobierna para todos y que no hace trampas", ha asegurado en contraposición a la actuación que ha tenido, a su juicio, el PP.
Del mismo modo, ha señalado que "no es una buena noticia" que vuelva a gobernar "el partido que llevó al descrédito absoluto a Alicante por la corrupción masiva".
En la misma línea, Puig ha defendido que el PSPV "sí ha hecho autocrítica" y que prueba de ello es el hecho de que dimitiera Gabriel Echávarri. 

 "Eso no pasa en la política española por eso creo que hay una constancia de lo que es la ética para unos o para otros", ha destacado el jefe del Consell, que también ha lamentado que "los ciudadanos habían votado progreso y cambio, y ahora se ha propiciado lo contrario y hay unos responsables evidentes".

Luis Barcala (PP), nuevo alcalde de Alicante tras el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte

ALICANTE.- El PP vuelve a gobernar en Alicante después de que la concejal no adscrita Nerea Belmonte haya negado su voto al proyecto encabezado por la socialista Eva Montesinos. Esta se había postulado para sustituir al ex alcalde (también del PSOE) Gabriel Echávarri, quien se retiró tras su doble procesamiento por el presunto fraccionamiento irregular de facturas de Comercio y por el despido de una funcionaria, cuñada del portavoz del PP. 

El PSOE ha llegado al Pleno con 14 votos asegurados. Los de sus concejales, los de Guanyar y los de Compromís. Faltaba el apoyo decisivo, el número 15, que buscaba en Nerea Belmonte (ex de Podemos) y que ha quedado en el aire hasta el último momento. Finalmente, Belmonte ha votado en blanco, lo que no ha sumado el apoyo necesario para los socialistas y ha dejado la vara de mando en manos del portavoz de los 'populares', Luis Barcala, al ser esta la formación con mejores resultados en las últimas elecciones municipales.
La sesión se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de la expresidenta de la Diputación de Alicante y exalcaldesa de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor (PP), que falleció a las 23 horas de ayer por un cáncer.
Durante las últimas semanas y especialmente durante todo este miércoles, una comitiva encabezada por la propia Montesinos y con el refuerzo de dirigentes socialistas valencianos se había reunido con sus dos ex socios del tripartito en Alicante, que le ratificaron el apoyo. También habían mantenido negociaciones con Belmonte, quien exigía -a cambio de su respaldo- recuperar el sueldo que se le retiró en 2016 cuando se descubrió que había dado contratos con dinero público a sus compañeros de candidatura en Podemos.
Aunque en las diferentes conversaciones, los grupos de izquierdas se comprometieron a modificar el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), (cambio que abría la posibilidad a que Belmonte volviera a cobrar) a última hora de la jornada, la concejal exigió por escrito esa promesa. La imposibilidad de conseguirlo ha hecho que acabara decidiéndose por votar en blanco en el pleno.
En su discurso de investidura, Barcala ha destacado que "hemos llegado hasta aquí y poco importa el por qué, lo importante es el para qué". Ha destacado también que hay muchos puntos de coincidencia en los proyectos a realizar, por lo que considera que los acuerdos serán posibles. Tras pedir el apoyo incondicional de los representantes de las Administraciones provinciales, autonómicas y estatal, ha subrayado la necesidad de emprender una ronda de contactos urgentes con ellos, así como también con las asociaciones, organizaciones y vecinos de la ciudad. Barcala ha asegurado que potenciará el papel de la junta de portavoces para que todos los concejales estén informados en todo momento y ha lanzado el guante a Ciudadanos, el otro grupo que ha rechazado votar la reedición del tripartito.
Después de la sesión plenaria, la edil no adscrita, ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte, ha acusado al líder de esta formación, Miguel Ángel Pavón, de ser el responsable de que el PP haya logrado la Alcaldía de Alicante por negarse a respetar su "dignidad y honor" y a no restituirle sus derechos "políticos y económicos" como concejal.
Belmonte ha justificado su voto en blanco en el pleno de investidura, celebrado este jueves, en que "la responsabilidad de que esta situación no se produjese era de Guanyar Alacant, Compromís y el partido socialista".
Por su parte, Pavón ha acusado a la ex podemita de haber actuado de una forma "muy miserable" al permitir con su voto en blanco la llegada del PP a la Alcaldía de Alicante mediante un "fraude" a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas en mayo de 2015.
"El señor Barcala es alcalde por mandato legal", ha subrayado Pavón en atención a los medios en el salón de plenos al término de la sesión. "No por la voluntad popular de la ciudadanía, que han pervertido los concejales de Ciudadanos y los dos tránsfugas, que han antepuesto sus intereses partidistas y personales".
En cuando a su excompañera de partido, Pavón le ha recriminado que solo quisiera "un sueldo" y que la ciudad le importa "un pimiento" y de "traicionar de forma reitareda a la izquierda de esta ciudad". "Estamos en la situación que estamos por ese egoísmo y esos intereses personales y partidistas", ha seguido.
Pavón ha aseverado que Belmonte ha dado la Alcaldía "al partido de la corrupción y de la mala gestión económica" y ha lamentado que se vuelva al "escenario" del mandato anterior. Preguntado por permitir o no un sueldo para Belmonte, Miguel Ángel Pavón ha incidido en que no se les puede achacar haber "traicionado nuestros propios principios" y ha afirmado que llegaron "hasta donde hemos podido ceder" en un documento firmado con Compromís y PSPV para que se le restituyeran derechos políticos y económicos por medio de un Reglamento del Pleno. "Estábamos dispuestos a ceder y ella no ha cedido un milímetro", ha enfatizado. 

"Pero no podíamos garantizarle un sueldo", ha sostenido Pavón que ha dudado sobre qué le pueden haber "ofrecido otros partidos". "No sabemos si el PP le ha ofrecido algo a la señora Belmonte, tendrá que responder a esas preguntas, pero la situación que tenemos hoy es la que es", ha lamentado.

Ya como nuevo alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha dicho que "en absoluto, en ningún momento" ha mantenido conversaciones con la edil no adscrita, ex de Guanyar Alacant, Nerea Belmonte.
"No teníamos que negociar nada porque no necesitábamos esos 15 votos", ha sostenido el ya alcalde, en referencia al número de votos que necesitaba Montesinos para alcanzar la mayoría absoluta, dado que el PP llegaba a la Alcaldía si nadie la obtenía por ser el partido más votado en mayo de 2015.
A preguntas de los medios al término de la sesión, Luis Barcala ha negado haber mantenido conversaciones con la edil no adscrita y ha afirmado que la "responsabilidad de buscar" apoyos era de Montesinos y que desde el PP se ha respetado.
Así, preguntado sobre su ofrecimiento expreso a Ciudadanos, ha asegurado que buscará "sondear esa posibilidad" porque hay "cuestiones mayoritarias" en las que están de acuerdo y porque quienes no han formado parte del tripartito deben "asumir la responsabilidad ahora de pasar de oposición a hacer efectivo".
Asimismo, ha recordado a Ciudadanos que se va a las elecciones a "ganar" y "para gobernar" con un programa electoral: "No es muy comprensible presentarse a las elecciones para esperar a las siguientes elecciones y cuando se te presenta la oportunidad de llevar a cabo las políticas por las que has estado peleando durante tres años", siempre la crónica de El Mundo.

Castilla-La Mancha rechaza el triple travase Tajo-Segura para los próximos meses

TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha mostraron este jueves su rechazo al triple trasvase del Tajo al Segura, para los meses de abril, mayo y junio, y apoyaron al Gobierno regional en su propuesta para que las desaladoras de la Comunitat Valenciana y Murcia estén en uso al 100 por ciento para hacer «innecesario» dicho trasvase.

Esta propuesta de resolución, que ha contado con el apoyo de PSOE y Podemos, recibió el voto en contra del PP, quien por su parte, ha instado al Gobierno central y regional a que continúen trabajando por lograr un pacto nacional del agua, si bien la propuesta 'popular' no ha salido adelante al haber sido votada en contra por socialistas y Podemos.

En el debate general que ha concluido con la votación de estas dos resoluciones, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, mostró su apoyo a que el Ejecutivo central apruebe bonificaciones para los regantes de la Comunitat Valenciana y Murcia por el uso de agua desalada, con el objetivo de que «todos», tanto Murcia y la Comunitat Valenciana como Castilla-La Mancha, puedan tener futuro.

García Élez pidió, asimismo, que las desaladoras de la Comunitat Valenciana y Murcia, que han costado 1.289 millones de euros de fondos públicos, funcionen al 100 por ciento de su capacidad, pues apuntó que en los meses que no se han aprobado trasvases debido a la situación de los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, los cultivos de la Comunitat Valenciana y Murcia se han regado con este agua, y aún así no han estado en funcionamiento en su totalidad.

Periodistas del misterio / Guillermo Herrera *

¿Por qué enferman o mueren tantos periodistas dedicados a investigar temas de misterio? Las respuestas a esta pregunta pueden ser muchas, y no descarto ninguna incluidas las teorías conspirativas, pero la explicación más sencilla es la misma que tiene el tabaco: puede ser peligrosa para la salud la investigación de temas densos, oscuros y siniestros, o incluso conducir al trastorno mental. Digamos que cuando buscas demonios, te los llevas a casa de regalo. Yo mismo acabo de eliminar mi blog de “Periodismo de Misterio” por razones higiénicas.

 

Nunca olvidaré el infarto súbito que mató al doctor Jiménez del Oso, pionero en la investigación de estos temas en España. ¿Le hicieron vudú para silenciarlo? Tampoco olvidaré el extraño pinchazo que recibió en la calle el periodista catalán Andreas Faber Kaiser, director de la revista “Mundo Desconocido”, que le contagió el sida y lo llevó a la muerte. El periodismo es una profesión de riesgo, y cuando revelas conspiraciones, más todavía.

En cambio el mayor superviviente de esta raza de periodistas es Iker Jiménez. Su fórmula es muy sencilla: no meterse en camisa de once varas, es decir, no tocar temas que puedan molestar al poder para no perder su trabajo, y mantenerse dentro de la ortodoxia científica, con temas que a veces tienen poco de misterio, o con fantasmas caseros que son demasiado repetitivos.

Otro superviviente veterano es mi amigo Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, con la que yo mismo colaboré hace años. Además de sabio es mucho más astuto que yo, y tiene una habilidad mundana innata para llevarse bien con todo el mundo, porque es un maestro de las relaciones públicas.

Yo mismo fundé y dirigí en 1.988 el primer periódico mensual nacional de misterio llamado “Universo Secreto” aprovechando la misma infraestructura del semanario de sucesos “El Caso” que se hacía desde Almería, pero sólo duró un año porque a mi exjefe Joaquín Abad no le pareció un negocio rentable y en eso se equivocó como en muchas otras cosas.

Actualmente los mejores investigadores y divulgadores del misterio están en la plataforma de vídeos de Youtube y son muy buenos todos ellos. Sólo mencionaré unos pocos nombres pero hay muchos más que me enseñan cosas nuevas todos los días y aprendo mucho de ellos: David Parcerisa, José Luis Camacho, Luis Carlos Campos, León Valverde, Carles Torá y Alberto Canosa, que parece ser un futuro líder profético.

Investigar el misterio y la conspiración es el trabajo más apasionante que conozco, pero a mis años he llegado a la conclusión de que no se puede vivir todos los días con fantasmas o te vuelves loco, y de que hay que hablar de todo como la vida misma, sin excluir lo oculto.

(*) Periodista

El socialista Ximo Puig pone en su currículum oficial una falsa titulación en periodismo

ALICANTE.- Ximo Puig, el presidente valenciano, asegura ser "periodista" cuando en realidad no ha cursado carrera universitaria alguna. Pese a ello, así figura en la web de Transparencia de la Generalitat o en su día en el Congreso.

Según informa el quincenal alicantino el MÁSportal en exclusiva, Ximo Puig Ferrer, presidente de la Generalitat valenciana ha "maquillado" su currículum oficial para presentarse como "Periodista" en el Portal de Transparencia de la Generalitat valenciana. La misma condición, la de periodista, la esgrime en su presentación oficial en el PSPV-PSOE y, anteriormente, en la web del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el presidente valenciano no ha cursado estudios de Periodismo, y ningún otro, en la universidad. Puig carece de licenciatura, diplomatura o grado universitario alguno acreditado y ese "título" periodístico se lo auto otorga avalado por, como dice en el texto, su trabajo en "el ámbito periodístico".

En este sentido, asegura haber trabajado -sin especificar puestos o cargos- en el periódico Mediterráneo de Castellón, en la Agencia EFE, en Radio Popular (ahora COPE) y en la extinta Antena 3 Radio, salvo en el caso de Mediterráneo tampoco indica lugar de trabajo en estas empresas periodísticas.

Fuentes de la Generalitat valenciana consultadas por el citado medio han reconocido que Puig carece de título universitario pero sí han matizado que "comenzó a cursar Periodismo pero no los terminó ya que comenzó a trabajar muy pronto en medios de comunicación". 

Sin embargo, no han sabido precisar en qué universidad comenzó la mencionada carrera.

En apenas dos líneas de su currículum el presidente valenciano despacha su vida laboral al margen de la política y sin detalle alguno sobre su formación académica. No tiene más. 

A día de hoy Ximo Puig es el único presidente de comunidad autónoma de España que no posee título universitario, condición que ha tratado de "disfrazar" asegurando en reiterados documentos que es "periodista".

De esta forma, Puig miente en su declaración no solo ante la Generalitat sino a su propio partido y antes, tal y como ha podido constatar este periódico, en la declaración realizada al Congreso de los Diputados, en el año 2011 resultó elegido diputado por Castellón en la X Legislatura.

Por si fuera poco, en otros documentos oficiales remitidos por la dirección del PSPV-PSOE, como es el caso del portal especializado modelocurriculum.net en su apartado de líderes políticos, Ximo Puig afirma ser "Licenciado en Periodismo".

Dada la postura del PSOE con el caso del supuesto fraude de Cristina Cifuentes -Cifuentes da una pista sobre su futuro político en este tuit- en la consecución del máster en la Universidad Rey Juan Carlos habrá que esperar a la reacción de Pedro Sánchez y el partido ante la "mentira" académica de Ximo Puig que se suma al caso de la falsa licenciatura en Matemáticas del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.

Así colocaba Enrique Ortiz a familiares y amigos

BARCELONA.- LaSexta ha tenido acceso en exclusiva a nuevos audios que demuestran cómo el empresario alicantino Enrique Ortiz colocaba en las administraciones públicas a amigos, conocidos o familiares sin ningún pudor, como si se tratara de su coto privado. Ortiz está implicado, entre otros, en el caso Brugal y en la Gürtel valenciana. Los audios no tienen desperdicio.

En las conversaciones, Enrique Ortiz llena de contenido la palabra nepotismo y nos descubre en toda su crudeza cómo funciona. Lo hace a través de Inusa, una empresa de su conglomerado que tiene la contrata de recogida de basuras y limpieza del ayuntamiento de Alicante.

"¿Cuánto gana una chiquita limpiando ahí en Inusa?", le pregunta Ortiz al gerente. En los audios habla de colocar a una amiga especial: "Me he venido a Benidorm y me he enamorado de una chica".

Le da igual que suponga problemas judiciales que para él no son más que "películas" o que haya que echar a otro trabajador para hacer hueco.

"Mira a ver los puestos que hay por ahí y que sea sobre 200.000 pelas", dice Ortiz. "Tengo que tirar a uno para meterla a ella", le explica el gerente. "Pues lo tienes que tirar", le responde Ortiz.

Su insistencia es tal que al gerente de la empresa, José Candel, le da hasta la risa. "Yo le voy a dejar un piso para que viva y tú le das trabajo", dice el empresario.

Para él, Inusa es un coto particular en el que igual coloca a los amigos de la alcaldesa, Sonia Castedo, que hace fijo al hijo de su primo, refugia durante el invierno al capitán de uno de sus barcos o coloca a la examante de un expolítico importante de Alicante.

Todo pagado con dinero público del ayuntamiento como él mismo reconoce: "que se la coma el ayuntamiento antes que yo, que tengo que quitarme gastos".

Gastos que salen del bolsillo de los alicantinos.

Ya hay fecha para el primer examen de las oposiciones a maestro de este año en la C. Valenciana

VALENCIA.- La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte publicará en los próximos días la orden de convocatoria del procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo de maestros, que establece el día 26 de junio como la fecha en la que se realizará el primer examen de la oposición.

Se trata de la oferta pública de empleo por la que se cubrirán 3.000 plazas del cuerpo de maestros, 975 de las cuales corresponden a Educación Primaria, 675 a Educación Infantil, 500 a Audición y Lenguaje, 400 a Inglés, 180 a especialistas de Educación Física, 150 de Música y 120 de Pedagogía Terapéutica.

Al respecto, el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha aseverado: "Iniciamos la convocatoria del mayor número de plazas de oposiciones a docentes de la última década, ya que convocamos 3.000 plazas este año y 10.000 más hasta 2021".

"Esta oferta tan amplia -ha proseguido- la hemos llevado a cabo desde el Gobierno del Botànic porque priorizamos la gestión de los servicios públicos que benefician a los valencianos y las valencianas de forma directa y la estabilidad en educación es uno de los servicios fundamentales".

De esta manera, a las 3.000 plazas para Infantil y Primaria convocadas para cubrir este año, se sumarán 5.000 plazas para Secundaria y otros cuerpos docentes, cuyos procesos selectivos serán convocados en 2019. Asimismo, en el 2020 habrá oposiciones para 2.500 plazas de libre acceso de Secundaria y otros cuerpos docentes, y en el 2021 habrá 2.500 plazas más para Infantil y Primaria.

"Pretendemos, así, ir dando más estabilidad a la plantilla docente, lo que repercutirá en una mejora de la calidad educativa, ya que los centros dispondrán de un mayor número de personal funcionario de carrera y este, a su vez, podrá optar a destinos definitivos", ha asegurado Marzà.

Educación ha incorporado como novedad que las solicitudes para realizar las pruebas se realicen de manera telemática por parte de los aspirantes. Las personas interesadas deberán presentar sus solicitudes entre el 20 de abril y el 4 de mayo, cuyo modelo oficial estará disponible en la sede electrónica de la Generalitat (https://www.sede.gva.es) y en el enlace: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones.

En este sentido, los formadores TIC de los Cefire ofrecerán asesoramiento a aquellos aspirantes que tengan alguna duda respecto al procedimiento de solicitud telemática.

Además, por primera vez, la orden de Educación de la Generalitat explicita que los tribunales de oposición serán paritarios en la medida de lo posible y, además, figura por escrito que si alguna aspirante da a luz con el proceso iniciado, podrá retomarlo después del parto hasta que se hagan públicas las notas del resto de candidatos.

Por parte del Ministerio de Educación se ha fijado para todas las comunidades autónomas que la experiencia docente pase de 5 a 7 puntos. Además, se ha establecido que se extraerá un tema más en el sorteo para redactar la parte A del examen de oposición. Dependiendo de los temas que tiene cada especialidad, se extraerán 3, 4 o 5 temas (hasta ahora eran 2, 3 o 4 temas).

También, el Ministerio marca que la nota final se obtendrá de ponderar en un 60 % la fase de oposición y un 40 % los méritos. Hasta ahora la fase de oposición equivalía a 2/3 y la de méritos a 1/3, detalla la administración a través de un comunicado.

La fase de oposición constará de dos pruebas, que tendrán carácter eliminatorio, tal como obliga a cumplir el Ministerio. La primera de las pruebas tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta y constará de dos partes, que serán valoradas conjuntamente.

La segunda prueba tendrá como objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de la persona aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente, y consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica.

César Sánchez: "En dos semanas, el Ebro vierte lo necesario para regar Alicante dos años"

ALICANTE.- El río Ebro ha vertido en las dos últimas semanas un volumen de agua similar a lo que necesita la provincia de Alicante "para regar" durante dos años, ha lamentado el presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez.

Sánchez ha firmado este miércoles el Pacto Provincial del Agua junto al PSPV-PSOE, Compromís, representantes de los regantes y otros agentes implicados, en el primer acuerdo de estas características en España con tanto apoyo político y que pretende ser "ejemplo" de cara a un Pacto Nacional del Agua.
En declaraciones a los periodistas, Sánchez ha afirmado que se le pone "la piel de gallina" al ver las imágenes de los desbordamientos del Ebro a su paso por varias provincias del norte.
"Lo que en un par de semanas o tres se ha vertido al mar por parte del Ebro es lo mismo que necesita la provincia de Alicante para regar dos años", se ha quejado.
El dirigente del PP ha expresado su esperanza en que el Pacto Provincial del Agua que acaba de suscribir con el resto de partidos en la Diputación de Alicante, excepto EU-IU, "tenga un eco nacional y sea ejemplo para que haya un Pacto Nacional del Agua donde las principales fuerzas políticas se comprometan a solucionar los problemas hídricos que tiene el sureste español".
"España no necesita agua sino redistribuir bien la que tiene, con infraestructuras, compromiso y generosidad", por lo que ha solicitado que las fuerzas "sean capaces de aparcar el debate político y pensar en las personas y no solamente en los territorios"
De esta forma, ha proseguido, se beneficiará tanto a los usuarios como a los principales sectores económicos: el turismo, la industria y agricultura.
Sánchez ha destacado que el "gran" Pacto Provincial del Agua es fruto del trabajo desarrollado en los últimos meses y ha agradecido el "compromiso y generosidad" tanto del PSPV-PSOE como de Compromís para consensuar con el PP con "cesiones" en un "ejercicio de corresponsabilidad".
A partir de ahora, se acometerá un análisis exhaustivo de la situación hídrica de la provincia a través de varias líneas de trabajo, concretamente los trasvases Tajo-Segura, Júcar-Vinalopó y los regadíos.
Sánchez ha puesto de manifiesto que la Diputación de Alicante ha invertido durante el presente mandato 30 millones de euros en infraestructuras del agua, en actuaciones planteadas por los regantes.

Profesores universitarios reaccionan y llaman a actuar contra una “corrupción académica” generalizada en España

MADRID.- "Estamos hartos del secreto a voces sobre la desigualdad en el trato y el favoritismo, de la corrupción que no deja huella documental, de la falta de transparencia y la imposibilidad de obtener justicia al denunciar abusos y de la represalia como amenaza y respuesta". 

Con estas palabras, una treintena de catedráticos y profesores universitarios españoles  denuncian la situación que vive la universidad de la que, según explican, el escándalo del máster de Cristina Cifuentes es solo un ejemplo que les ha servido para unirse contra las corruptelas que se siguen produciendo en las instituciones educativas españolas.

A través de un manifiesto, estos miembros de la comunidad académica aseguran estar asistiendo a un "escándalo sin precedentes" ante el caso de la presidenta madrileña  desvelado por eldiario.es. 

Y consideran que "el futuro de la universidad pública y la ciencia en España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo". 

Los firmantes del texto, entre los que hay docentes de las principales universidades públicas españolas, consideran que "el comportamiento de Cristina Cifuentes es reprobable por motivos sobrados, pero especialmente porque instituye la impunidad". 

Porque "el mensaje que está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta delictiva tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso las judiciales. Es, en definitiva, una llamada a la generalización de la corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la formación para la sociedad del conocimiento", sostienen.

Realizando un repaso a la situación que vive la universidad española, los firmantes advierten de que al igual que otros sectores, "la I+D española ha tratado de soportar la crisis como ha podido". 

Pero aseguran que, en este caso, "detrás de lo que parecía simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido un muy desigual reparto de los costes y esfuerzos, según criterios tan poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la endogamia heredada". 

Denuncian, así, que mientras las autoridades universitarias y científicas "han centrado sus quejas en la falta de financiación, en buena medida se han acomodado a relatos autocomplacientes sobre la excelencia".

Las plantillas universitarias y científicas españolas, añaden, siguen teniendo "los salarios más bajos y las peores condiciones laborales de Europa, con una explotación sistemática de los investigadores precarios y profesores bochornosamente mal remunerados con la aquiescencia de los rectorados y departamentos". 

Asimismo, denuncian el papel de los sindicatos, que "tampoco han denunciado convenientemente la amortización de las plazas de profesorado jubilado".

Celebran que, al estallar el 'caso Cifuentes', han sido los estudiantes, "minorizados en la representación, marginados en la gestión universitaria y primeros perjudicados por toda esta pantomima, quienes con su iniciativa han impedido que la Universidad en cuestión dé carpetazo rápido al asunto". 

Pero, a su juicio, el problema es el resto de los miembros de la universidad, de la Rey Juan Carlos de Madrid y de todas las demás del Estado "¿Qué tiene que suceder para que los profesores universitarios y científicos españoles, que dedican su actividad social a señalar los problemas y retos de la sociedad y estudiar las soluciones mejores, admitan que su propio entorno laboral merece al menos la misma atención crítica que los asuntos a los que dedican su actividad profesional?", se preguntan.

A su juicio, dejar el análisis de la situación de la universidad en "unas cuantas manzanas podridas excepcionales es de un eufemismo miope". Así, consideran que "las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que sustentan este caso son bien conocidas por cualquier académico" porque "no son una excepción sino prácticas corrientes". Lo que sucede, apuntan "es que nadie habla de ellas en público y muchos prefieren no admitir su proliferación".

Por todo ello reivindican "romper el cerco de manipulación interesada, de silencio cómplice y de aquiescencia pasiva que mantiene a la comunidad académica bajo un poder oligárquico". 

No tienen duda en culpar de la situación actual al PP, bajo cuyo mandato en el Gobierno "se han traspasado algunas de las propias líneas rojas de este modus operandi, y en estos años de su gobierno la corrupción académica ha sido elevada a un sistema institucional de actividades ilegales al servicio del diseño de carreras académicas fraudulentas para futuros cargos de la administración y figuras políticas y de la empresa privada". Advierten, sin embargo, de que el formato "es muy anterior".

"Es ese aprovechamiento oligárquico y patrimonial de lo público por agentes individuales y colectivos lo que primero degrada los bienes comunes, sirviendo en bandeja los argumentos a favor de la privatización. Es también el caldo de cultivo de una cultura que acosa a quienes intentan resistirse a su poder de imposición o seducción, y que se hace manifiesta a cada tanto, desde la selección y promoción del profesorado hasta el funcionamiento de las agencias de evaluación pasando por los rectorados con sobrerrepresentación de profesorado funcionario y llegando hasta las secretarías de educación de los gobiernos autónomos y ministerios estatales, las cuales han abandonado cualquier perspectiva acerca de los fines colectivos y sociales de la universidad y el CSIC que no comporte su subordinación a medidas arbitrarias de corto plazo o a subrepticios intereses privados", argumentan. La universidad, explican, se está convirtiendo "en el trampolín para todas las puertas giratorias futuras de los corruptos".

Como primera medida para hacer frente a ese sistema exigen la dimisión de Cifuentes "sin tener que esperar a ninguna investigación", dado que aunque "el esclarecimiento de responsabilidades penales seguirá su curso", como ciudadanos requieren "responsabilidades políticas máximas ya, y entre ellas también la dimisión del equipo rectoral de la URJC por las dudas que ha sembrado en la gestión de este escándalo".

Exigen, asimismo, "empezar por admitir que todos hemos convivido con esa cultura del favor, de la relación personal, la jerarquía impuesta de manera arbitraria, de la irregularidad para favorecer a este candidato o perjudicar a aquel, de la lucha banderiza de grupos organizados: una cultura de la endogamia y la corrupción que a menudo se sitúa por encima de adscripciones ideológicas y es reproducida de forma cotidiana por muchos en la universidad".

"Hartos" de la impunidad, convocan a todos los profesores e investigadores a expresar su "repulsa por la situación de la I+D, en contra de la corrupción y a favor de la democratización de la gestión del capital humano" en las universidades. Pretenden, así, que su manifiesto, inicie un "ciclo de reflexión crítica y movilización que incluya en primer término los problemas de funcionamiento interno del mundo académico en todo el Estado". "Necesitamos abrir una nueva etapa", concluyen.

Entre los firmantes están figuras vinculadas a Podemos como Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED, Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid o Germán Cano, profesor Titular de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Además, lo suscriben Ángel Gordo, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Pablo Sánchez, investigador de la Universidad del País Vasco; Marisa González de Oleaga, profesora de Historia Política de la UNED, o la socióloga Mariana Ruiz de Lobera.

Las novedades autonómicas del IRPF y las que vendrán en 2018

MADRID.- La Campaña de la Renta 2017 ha dado el pistoletazo de salida, y los contribuyentes que todavía no hayan confirmado el borrador, tienen hasta el próximo 2 de julio para recabar todos sus datos fiscales que les permitanrendircuentas a Hacienda.

Una de las recomendaciones principales a tener en cuenta son las deducciones que aplica cada comunidad autónoma. Y es que cada región tiene sus propios beneficios fiscales en determinadas materias como la vivienda, el alquiler o la guardería.

Por ello, elRegistro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha recogido en su último documento técnico las nuevas deducciones autonómicas del IRPF que entraron en vigor en 2017 y que deberán ser tenidas en cuenta sus residentes en la declaración de de la renta de este año. Son las siguientes:

• Islas Baleares: deducción del 15% por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 36 años y discapacitados.
• Cantabria: se amplía el ámbito de aplicación de la deducción de 100 euros por pariente discapacitado en aquellos casos en que el contribuyente conviva con su cónyuge o hermano con discapacidad física, psíquica o sensorial de grado igual o superior al 65%.
• Cataluña: derogan la deducción del 7,5% por inversión en vivienda habitual. Con respecto al porcentaje incrementado de deducción del 9% para determinados contribuyentes (jóvenes, discapacitados, etc.), se mantiene, pero se incluye un requisito adicional para su aplicación, que consiste en que la base imponible total menos el mínimo personal y familiar no puede exceder de 30.000 euros.
• Extremadura: desaparece la deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural.
• Murcia: deducción del 30% por donaciones dinerarias cuyo destino sea la investigación biosanitaria a favor de determinadas entidades.
• La Rioja: se introduce una deducción de 120 euros por nacimiento o adopción del primer hijo. Se incrementa el porcentaje de deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural, que pasa del 7 al 8%. Se introduce una deducción del 5% por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños municipios. Se introduce una deducción del 15% de los gastos en escuelas infantiles o personal contratado para el cuidado de los hijos de 0 a 3 años. Se introduce una deducción de 300 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente. Desaparece la deducción por fomento del autoempleo.
• Comunidad Valenciana: aprueba la escala con tipos del 10 al 25,5%. Se incrementa del 5 al 20% la deducción por instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas a aprovechar fuentes renovables de energía en la vivienda habitual. Deducción del 20% por obras realizadas en la vivienda habitual, o en el edificio en la que esta se encuentre, siempre que tengan por objeto su conservación o la mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad. Deducción del 21% por las cantidades satisfechas por la adquisición de abonos culturales de empresas o instituciones adheridas al convenio específico suscrito con Culturarts Generalitat sobre el Abono Cultural Valenciano.

En 2018 las autonomías también han introducido una serie de novedades de las que podrán beneficiarse los contribuyentes en la declaración del año que viene:

• Islas Baleares: deducción de 1.500 euros por gastos por cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual. Deducción del 75%, con un máximo de 400 euros, por los gastos de primas de seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas de alquiler de inmuebles situados en las Islas Baleares destinados a vivienda. Deducción del 15%, con un máximo de 400 euros, de los gastos de alquiler de vivienda por razón del traslado temporal de su isla de residencia a otra del archipiélago balear en el ámbito de una misma relación laboral por cuenta ajena.
• Canarias: deducción de 250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente. Deducción de 100 euros por familias monoparentales, siempre que el contribuyente no conviva con persona distinta de sus descendientes. Deducción del 15% para determinadas donaciones a la Administración pública canaria, empresas culturales, científicas… Se regula una escala para determinar el porcentaje de deducción por donaciones a entidades sin ánimo de lucro (hasta 150 euros un 37,5% y el resto un 15%). Deducción del 10%, con una base máxima de 7.000 euros, de las cantidades destinadas por los titulares de bienes inmuebles a la rehabilitación energética. Deducción de 100 euros por gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio. Deducción del 10% de los gastos de enfermedad, incluyendo los originados por la adquisición de aparatos y complementos, gafas graduadas y lentillas. Deducción de 500 euros por familiares dependientes con discapacidad.
• Extremadura: aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,50 al 25%.
• Galicia: deducción del 15% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de inmuebles situados en centros históricos, con un límite de 9.000 euros. Deducción del 20%, con un límite de 20.000 euros, de las cantidades invertidas en la adquisición de capital social en empresas agrarias y sociedades cooperativas agrarias o de explotación comunitaria de la tierra. Deducción por las ayudas recibidas por los daños causados por los incendios en Galicia durante octubre de 2017.
• La Rioja: aprueba la tarifa autonómica con tipos del 9,50 al 25,50%. Incrementa los mínimos por discapacidad de descendientes en un 10% (3.300 y 9.900 euros). Deducción de 100 euros mensuales por cada hijo de 0 a 3 años cuando la residencia habitual radique en pequeños municipios. Deducción de hasta 600 euros por cada hijo de 0 a 3 años escolarizado en escuelas o centros infantiles. Deducción del 15% por adquisición de vehículos eléctricos nuevos siempre que pertenezcan a alguna de las categorías definidas en la Directiva 2017/46/CE y cumplan ciertos requisitos (la base de la deducción no podrá superar ciertos límites). Deducción de 100 euros por arrendamiento de vivienda a jóvenes menores de 36 años a través de la bolsa de alquiler del Gobierno de La Rioja. Deducción del 30-40% de los gastos por acceso a internet para jóvenes emancipados. Deducción del 15-20-25% de los gastos por suministro de luz y gas de uso doméstico para jóvenes emancipados. Deducción del 15%, con base máxima de 9.000 euros, por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 años.

¿Dónde están desapareciendo las sucursales bancarias?

VALENCIA.- La población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio ha aumentado un 34% desde 2008 debido a la reestructuración del sector bancario español, que continúa reduciendo la red de sucursales repartidas por todo el territorio, especialmente en los municipios más pequeños.

Así lo asegura el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático de la Universitat de València, que indica que en 2017 operaban en España 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que supone un 40% menos que en 2008 y advierte de que los colectivos más afectados por el cierre de oficinas son las personas mayores y con menor cultura financiera.

Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de poblaciones sin oficina bancaria, un problema que afecta al 16% de sus habitantes, mientras que prácticamente todos los municipios de Murcia y Baleares tienen, al menos, una sucursal.

Por provincias, la red que más se ha recortado ha sido la de Barcelona, que ha perdido más de la mitad de sus sucursales bancarias (-54%), al pasar de 5.819 oficinas en 2008 a las 2.676 de 2017, y también ha sido importante el descenso en Gerona y Tarragona, ambas con un 49% menos de oficinas que en 2008.

También han sufrido descensos las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Castellón (-52 %), Valencia (-46%) y Alicante (-45%)-; Zaragoza (-47%) y Ourense (-46 %), mientras que Cuenca (-17%), Ciudad Real (-19%), Teruel (-21%) y Badajoz (-21%) han sido las zonas en las que se ha perdido menor porcentaje de oficinas.

El cierre de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales y, según el análisis, en 2016 se contabilizaron 4.114 municipios que no disponían de oficinas bancarias, es decir, el 50,7% del total de los pueblos de España.

Esta exclusión financiera afectaba a las 1.256.590 personas que residen en esas localidades, lo que supone un 34,2% más que en el año 2008 y, en conjunto, representan el 2,7% de la población española, frente al 2% en el año 2008.

Además de Castilla y León, autonomía más afectada por la exclusión financiera, ésta también es muy acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes tiene que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria. En estas últimas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29%, el 37% y el 40% de sucursales bancarias entre 2008 y 2017.

El análisis señala que más de la mitad de los municipios de España carecen de oficina bancaria y otro 15,8% dispone de una única entidad de depósito que ofrece servicios a través de sucursales. Se trata de otros 1.281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el 3,1% de la población.

Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las que más población rescatan de la exclusión financiera, ya que ofrecen sus servicios en el 67% de estos municipios, mientras las cooperativas de crédito lo hacen en otro 21 % de las poblaciones. Solo el 12% de los municipios que cuentan con oficinas de una única entidad financiera han sido rescatados de la exclusión financiera por un banco, añade el análisis del IVIE.

En este contexto, en el que ha sido necesario cerrar oficinas para asegurar la viabilidad del sector bancario y en el que previsiblemente se seguirán cerrando en los próximos años, el IVIE señala que es importante que tanto las entidades financieras como las administraciones públicas implementen medidas para evitar la exclusión financiera.

En el primer caso, el avance de la banca por internet es la mejor vía, mientras que en el segundo es necesario asegurar que el acceso a la red llegue a toda España, concluye el análisis.

La cuenca del Segura llega a 312 Hm3 de reserva de agua

MADRID.- Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 312 hectómetros cúbicos, 15 más que la semana pasada, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. 

Están ya al 27% de su capacidad total y disponen sólo de 60 hectómetros menos que en la misma fecha de año anterior. 

La cabecera del Tajo alcanzó ayer, por su parte, los 593 hectómetros y mantiene un elevado ritmo de aportaciones, al tiempo que se derivan los primeros 20 hectómetros al Segura autorizados por el Ministerio. 

El sistema Entrepeñas-Buendía está al 27%, mientras que la totalidad de la cuenca del Tajo supera el 72%, con 7.934 hectómetros de reservas. 

El Ebro se encuentra al 80,6%, con unas reservas de 6.158 hectómetros. 

A nivel nacional, la reserva hidráulica se sitúa en el 68,6%, con 38.461 hectómetros, cinco más que el año pasado y cerca de la media del último decenio. En la última semana se han recogido otros 1.833 hectómetros.

El trasvase del Tajo permite al Taibilla reducir la necesidad de pozos de sequía

CARTAGENA.- Los 80 municipios adheridos a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) han aumentado su consumo de agua en lo que va de año hidrológico un 4 por ciento, a pesar de la recomendación dada a finales del año pasado para reducir la demanda en un 15 por ciento debido a la sequía.

En un comunicado emitido tras el Comité Ejecutivo de este organismo estatal, en el que están representados los ayuntamientos, la MCT ha detallado que el incremento global hasta el mes de febrero era de un 4 por ciento respecto al mismo periodo del año hidrológico anterior.

Este dato supone un incremento de casi 20 puntos por encima del objetivo marcado, que pretendía lograr que el consumo por parte de los municipios se redujera en unos 30 hectómetros cúbicos hasta septiembre de 2018.

Precisamente, la MCT ha lanzado una campaña de concienciación en los medios de comunicación de la Región de Murcia y la provincia de Alicante bajo el lema 'Agua que malgastes hoy la necesitaras mañana'.

La dirección también ha informado a los miembros del Comité Ejecutivo de los recursos para los próximos meses y los consumos registrados desde el inicio del año hidrológico.

Por otra parte, el trasvase de 20 hectómetros cúbicos para el segundo trimestre del año desde la cabecera del Tajo permitirá a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) reducir la necesidad de recursos extraordinarios, principalmente los pozos de sequía.

Respecto al ámbito económico, la evolución de la deuda de los ayuntamientos ha alcanzado mínimos históricos el pasado mes de febrero debido, en gran parte, que los consistorios de Totana y Moratalla han saldado gran parte de la deuda que tenían con la MCT.

Así, la deuda exigible asciende a 3,2 millones de euros cuando hace un año alcanzaba casi 15 millones y en 2012 llegó a ser de 30 millones de euros. Además, la dirección ha resaltado que el anteproyecto de presupuestos del Estado para 2018 contempla el incremento de gastos corrientes y servicios de la MCT, achacable al mayor gasto presupuestado en energía eléctrica y compra de agua ante la necesidad de tener que producir y comprar un mayor volumen de caudales desalados.

El comité también ha analizado la adjudicación de la impulsión del Ramal de Cieza por más de 8 millones de euros, cuyo objetivo es renovar una antigua conducción de la década de los 60 del siglo pasado para alcanzar una mayor garantía en el suministro al eliminar las frecuentes averías actuales, al tiempo que se mejora la eficiencia hidráulica y energética del sistema.

Las infraestructuras proyectadas incluyen un nuevo depósito de 15.000 metros cúbicos junto a la potabilizadora de Sierra de la Espada, una impulsión y conducción de 6.580 metros y un nuevo depósito de regulación al final de la impulsión de 10.000 metros cúbicos. El plazo de ejecución es de 18 meses.

Vuelven las borrascas para el fín de semana

MADRID.- La húmeda primavera que estamos experimentando no ofrece tregua. Los cielos despejados que podemos esperar en toda la Península y ambos archipiélagos llegan a su fin con la entrada de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) por el suroeste el viernes, que dejará cielos nubosos y precipitaciones de distinta intensidad hasta el domingo, según informa la Agencia Nacional de Meteorología (Aemet).

Jueves

Se espera aumento de la nubosidad en el norte de las islas Canarias de más relieve, con precipitaciones que serán más probables durante la segunda mitad del día. Predominio de tiempo estable y cielos poco nubosos con desarrollo de nubosidad de evolución diurna en el resto del país. No se descartan algunos chubascos dispersos y ocasionales por la tarde, o incluso alguna tormenta, en el interior de Galicia.

Temperaturas diurnas en descenso en la mitad oriental peninsular, Baleares y, sobre todo, en Canarias. Las nocturnas subirán en la mitad occidental peninsular y bajarán en Canarias. Se esperan intervalos de viento de intensidad fuerte en el oeste de Canarias. En el área del Estrecho e interior de Cádiz levante fuerte con rachas muy fuertes. 

Viernes

En el norte de islas Canarias de mayor relieve se esperan precipitaciones, más frecuentes en la primera mitad del día. En los litorales de Huelva y Cádiz y en las ciudades de Ceuta y Melilla se pueden producir chubascos al final del día ocasionalmente acompañados de tormenta. En el resto del país, se espera que continúen predominando los cielos poco nubosos o despejados, con desarrollo de nubosidad de evolución diurna, sin descartar que se produzcan chubascos débiles, ocasionales y dispersos en Galicia, cordillera Cantábrica, Pirineos y sierras prelitorales del Levante.

En Canarias, las temperaturas descenderán de forma apreciable. En el interior peninsular se espera un descenso ligero. Sin cambios en Baleares y en las zonas litorales. Viento de componente norte en Canarias, con intervalos de fuerte en las islas occidentales. Predominio de la componente este en el resto del país, con Levante fuerte o muy fuerte.

Sábado

Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en el suroeste peninsular con chubascos en las provincias occidentales andaluzas, que pueden ser tormentosos y más intensos y frecuentes en el litoral atlántico. Las precipitaciones se irán extendiendo a otras zonas de Andalucía Occidental, Extremadura y ya con baja probabilidad, suroeste de Castilla-León. En el resto de la Península, se desarrollarán algunos intervalos de nubes de evolución diurna sin consecuencias. En Canarias también se esperan precipitaciones en el norte de las islas. En Baleares cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas ascenderán en Canarias y buena parte de la mitad este peninsular, y descenderán de forma apreciable en el suroeste. En Baleares se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. El viento será del noroeste en Canarias, con intervalos fuertes en las islas occidentales. Levante fuerte en el Estrecho e interior de Cádiz y en los litorales de Alborán.

Domingo

En el tercio occidental de la Península, nuboso o cubierto, o chubascos y tormentas que en localidades de Extremadura y Andalucía occidental pueden ser fuertes o persistentes. Con menor probabilidad, los chubascos afectarán también al resto de la mitad occidental peninsular. No se esperan en el área mediterránea. En Canarias nuboso con lluvias y chubascos, más probables en el norte de las islas.

Las temperaturas pueden descender de forma notable en puntos del Cantábrico occidental. En el resto, ligeros ascensos o sin cambios. Viento de norte en Galicia y de componente este en el resto de la península, con intervalos fuertes en el sureste. Probablemente remita el Levante del Estrecho.

Moody's sube la nota de la región, que sigue por debajo del aprobado

MADRID.- La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody's subió este miércoles un escalón la nota de nueve autonomías (Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco), en tanto que ha mantenido la de Cataluña lejos del aprobado.

En su informe, en el que también eleva un nivel la nota de Barcelona y Vizcaya, la agencia explica que esta acción es consecuencia de la subida de calificación que aplicó a España el pasado viernes por la fortaleza de la economía y tras haberse mostrado resistente al riesgo asociado a Cataluña.

De esta forma, la provincia de Vizcaya y el País Vasco suben a notable bajo (A3), un nivel por encima de la calificación de España, algo habitual por su régimen fiscal especial.

Barcelona, Castilla y León, Galicia y Madrid quedan en el mismo nivel que España, con un aprobado alto (Baa1), en tanto que Andalucía y Extremadura quedan un escalón por debajo (Baa2 o aprobado).

Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana se quedan un escalón por debajo del aprobado (Ba1) tras la subida de nota, en tanto que Cataluña mantiene la misma calificación (Ba3) a tres escalones del aprobado, con lo que estas cuatro comunidades siguen en la franja del llamado «bono basura».

Moody's ha mantenido la perspectiva estable a todas ellas, salvo a Cataluña, que sigue en perspectiva negativa como reflejo de la incertidumbre política que se mantiene en esta comunidad.

Empleo prepara una nueva ayuda a parados de 430 euros de hasta seis años de duración

MADRID.- El Ministerio de Empleo trabaja contra reloj para intentar alcanzar en los próximos 11 días un acuerdo con comunidades autónomas y agentes sociales sobre la nueva ayuda a los parados de larga duración que sustituirá a los actuales programas complementarios de paro —el Plan Prepara, el Plan de Activación Para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI)—. Esta nueva ayuda consistirá en una prestación única de 430 euros al mes que se denominará Renta Complementaria de Desempleo (RED) y su duración se podrá prolongar hasta seis años, según ha sabido Abc. 

La premura con la que se trabaja obedece a que el próximo día 30 finaliza la vigencia de la última prórroga del Plan Prepara, por lo que apenas queda tiempo para alcanzar un acuerdo y evitar que ningún beneficiario se quede sin prestación. La idea del Ejecutivo, por tanto, es que la nueva ayuda esté ya en vigor el 1 de mayo.

Después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales algunos aspectos del Plan Prepara en lo relativo a la distribución de las competencias, el Ejecutivo comenzó a trabajar junto a los interlocutores sociales en el diseño de una nueva ayuda a parados de larga duración —aquellos que llevan más de un año en situación de desempleo— que unificara los actuales programas. 

Con la nueva prestación el Gobierno pretende eliminar cualquier riesgo de conflicto competencial con las comunidades autónomas, por lo que deja claro que se trata de una prestación por desempleo de la Seguridad Social. Es decir gestionada por el sistema.

La ayuda de 430 euros que perfila el departamento que dirige Fátima Báñez amplía la duración del actual subsidio para beneficiarios con responsabilidades familiares. Así la duración máxima pasaría de 30 meses a un máximo de 72 meses. 

Esta ampliación permite dar entrada a los colectivos con responsabilidades familiares que ahora se benefician del Prepara y el PAE, que son a los que afectaría su supresión, y a los mayores de 45 que luego acceden a la RAI.

Según la propuesta que tienen sobre la mesa las regiones, empresarios y sindicatos, para los mayores de 45 el derecho sería de 66 a 72 meses y para los menores de 45 años el derecho sería de 29 a 35 meses. En ambos casos, según la duración de la prestación agotada.

Además, se permitirá el acceso a beneficiarios sin responsabilidades familiares menores de 45 años cuando han agotado una prestación por desempleo igual o superior a 12 meses. La duración en este caso sería de 5 meses.

También se ampliaría la duración del actual subsidio para los mayores de 45 años sin responsabilidades familiares de los 6 meses actuales (que podría llegar a un máximo de 45 meses con Prepara y RAI) hasta un máximo de 36 meses (se trataría de absorber a los solicitantes de RAI, y compensar los 33 meses a que podrían tener derecho).

Para los que finalizan un trabajo sin cotizaciones suficientes para poder acceder a la prestación contributiva se sustituye el actual subsidio de cotizaciones insuficientes, ampliando su duración y mejorando el régimen de acceso. 

Así, para los periodos cotizados inferiores a 6 meses, se elimina el requisito de responsabilidades familiares. Actualmente se puede cobrar el subsidio 3, 4 y 5 meses por haber trabajado entre 3, 4 y 5 meses respectivamente, pero solo si se tienen responsabilidades familiares.

Ampliación de derechos

La propuesta del Gobierno apunta una ampliación de duración de derechos. Está previsto que los subsidios de 3, 4 y 5 meses pasen a ser de 4, 5 y 6 meses respectivamente (se amplía su duración en un mes) y los subsidios de 6 meses (por haber trabajado más de 180 días y no tener responsabilidades familiares) se amplían 2 meses y pasan de 6 a 8 meses.

Para el caso de los subsidios de 21 meses (por haber trabajado más de 180 días y tener responsabilidades familiares), se amplían 3 meses pasando de los 21 actuales a los 24 meses.

Además con carácter transitorio, en tanto se garantice su protección por la asistencia social, la RED protegería a diversos colectivos que no derivan de la pérdida del empleo. Es el caso de retornados, excarcelados y revisión de invalidez, actualmente protegidos por 18 meses de subsidio, con la misma duración en RED.

Para los colectivos que quedarían desprotegidos por la supresión de la RAI se perfila una ayuda de 18 meses para los retornados de la Unión Europea y de 36 meses para las víctimas de violencia de género (actualmente son 33 meses). Y los mayores de 55 años accederían a la Renta Especial Desempleo en las mismas condiciones que el actual subsidio para mayores de 55.

El FROB baraja vender un 20% de Bankia

MADRID.- La cotización de Bankia no acompaña al FROB para que coloque el 61% que tiene del capital de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. Al organismo que preside Jaime Ponce le gustaría desprenderse de las acciones que posee de Bankia antes de que se cumpliera el plazo legal para su privatización, en diciembre de 2019, recoge Cinco Días. 

Pero también le gustaría, como a Economía, colocar estos títulos como mínimo a 4 euros, precio al que vendió en diciembre de 2017 un 7% de la entidad financiera (el primero del 7,5% lo vendió en febrero de 2014), y pese a todo la operación presentó minusvalías, con las consiguientes críticas de los contribuyentes y distintos partidos políticos. Bankia cerró ayer a 3,69 euros por título, frente a los 4,02 euros de hace un año.

Pero el reloj corre en contra del FROB si no quiere que el Gobierno vuelva a ampliar el plazo de privatización, mientras que el BCE y Bruselas presionan para que el Estado salga ya de su capital. Solo quedan 18 meses para que se cumpla el plazo. El FROB tiene sobre la mesa varios análisis o proposiciones de los bancos de inversión y de la propia cúpula de la entidad, que han testado en las últimas semanas el posible interés de los inversores institucionales por Bankia.

De todas las vías analizadas la que más les gusta es la llevada a cabo por el británico Lloyds, cuya privatización finalizó justo hace un año y con sustanciosas plusvalías para el Estado. Tras realizar dos colocaciones entre inversores institucionales de un 15,8% del capital de Lloyds en septiembre de 2013 y marzo de 2014, el Gobierno se fue deshaciendo del resto de sus acciones con un goteo de ventas en el parqué.

Esta es la fórmula que más les convence de las analizadas. Además, es la que más se adapta a lo que ahora reclaman los inversores institucionales. 

Según admitió el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la junta de accionistas de la entidad los títulos del banco “no están teniendo una evolución positiva” este año, por lo que mejorar su valor es un tema “clave”. 

Un día antes, el banquero y el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, explicaron que los fondos de inversión aún están muy interesados en la banca española, aunque reconocieron que el interés se centra, en el caso de Bankia, en la compra de paquetes entre el 0,3% al 0,5% como mínimo por inversor, es decir, de unos 100 millones de euros por fondo. 

De esta forma, el reto es colocar entre un 15% a un 20% en el mercado en las próximas ventas. Por debajo de estas cantidades el interés desciende considerablemente.

El precio es otro inconveniente. Los inversores parecen poco proclives a comprar por encima del valor en Bolsa. Conocen la presión por privatizar Bankia, además cada vez que se aleja en el tiempo la esperada subida de tipos de interés también afecta negativamente al valor.

Otras claves

Dividendo. Bankia espera repartir un dividendo de 2.500 millones de euros entre 2018 y 2020, para lo que se apoyara en el exceso de capital para dar una remuneración extra al accionista, principalmente el Estado.

Aportación. Bankia recibió del Estado 22.424 millones de euros, a los que se suman 1.600 millones de BMN. Ha devuelto 2.800 millones, aunque se encuentran aún en la matriz de Bankia, BFA.

Plusvalías. Las arcas públicas británicas obtuvieron un beneficio de 894 millones de libras (1.050 millones de euros) con la operación de salida de Lloyds, incluyendo los dividendos recibidos en los dos últimos años, según explicó el Gobierno británico en mayo de 2017.

De la Serna pide un pacto de Estado a 20 meses de que venza la concesión de la AP-7

VALENCIA.- Tan solo restan un total de 20 meses para que expire la actual concesión de la autopista que recorre de norte a sur la Comunitat. La decisión del Ministerio de Fomento está tomada: no se va a prorrogar el actual acuerdo con Aumar, la filial de de Abertis que gestiona la infraestructura. Pero aún le queda otra medida por adoptar, y no menos importante: ¿Qué hacemos con el peaje de la AP-7?, se pregunta http://valenciaplaza.com

El ministro del ramo, Íñigo de la Serna, subrayó de nuevo este martes su intención de lograr un pacto de Estado con las principales formaciones políticas sobre el futuro de las autopistas de peaje en España. El dirigente se halla entre la espada y la pared. Los gobiernos autonómicos -entre ellos el Valenciano- presionan para acabar con el pago por el uso de las infraestructuras, pero tal decisión supondría cargar al erario el abultado coste de su mantenimiento, que en la actualidad recae sobre las concesionarias.

Por ello aspira a un pacto de ámbito nacional con el que repartir el peso de una decisión siempre difícil: la de pasar la factura al ciudadano. "No me resisto a pensar que podemos alcanzar un acuerdo sobre un tema que supera los límites de una legislatura", decía, todo pese a que apenas le queda tiempo: la AP-1 Burgos-Armiñón, actualmente en manos de Itínere, vence el 30 de noviembre de este mismo año, de modo que todas las miradas están puestas sobre esta vía, que podría determinar el nuevo modelo para las concesiones que expiran a partir de diciembre de 2019.

El debate está entre licitar nuevas concesiones, que serían más económicas por tratarse de infraestructuras concluidas y consolidadas pero, en consecuencia, mantendrían el cobro de peaje; o bien incorporar las autopistas a la red de carreteras del Estado y cargar su mantenimiento a los presupuestos.

La Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana aporta un dato interesante a este debate. Según subraya su presidente, Manuel Miñés, "la ya insuficiente dotación presupuestaria destinada a Conservación de Carreteras de la Red Estatal en Comunidad" vería incrementado en un 23% su "kilometraje a conservar y mantener" al incorporar los 367 kilómetros de la AP‐7 a los actuales 1.577 existentes.

Es por ello que el organismo considera "inviable" la propuesta de eliminar los peajes. "Siguiendo el principio de 'quien contamina paga' y que es mucho más justo que paguen los usuarios de la infraestructura que todos los contribuyentes" -proponen los contratistas en un informe elaborado al respecto- "convendría sacar a licitación nuevamente y por un periodo máximo de 50 años el servicio de explotación y mantenimiento de la autovía". Eso sí, plantean nuevas tarifas: "Dado que la infraestructura está amortizada se establecería un canon más bajo que el peaje actual".

Los transportistas, por su parte, replican que "quien contamina ya está pagando, y no precisamente una cantidad pequeña". Son palabras del presidente de la patronal del sector Fevet, Francisco Corell, que subraya que la aportación anual en toda España con el impuesto a los hidrocarburos asciende a la friolera de 6.500 millones de euros.

"Además se da la circunstancia de que no se reinvierte en infraestructuras viarias ni el 10% de esta cantidad. Mantener los peajes sería agravar todavía más este castigo a los transportistas", afirma, y agrega que "también representa un agravio respecto a territorios donde se han desarrollado las vías rápidas desde la iniciativa pública sin la implantación de peajes". "Queremos que desaparezca el peaje, nos parece lo más adecuado", resume Corell.

Los argumentos de la Generalitat, defendidos desde el inicio de la legislatura por la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, van en la misma dirección. 

"Deseamos que cuando termine la concesión el 31 de diciembre de 2019 la AP-7 pase a ser libre y gratuita, y además creemos que se debería haber empezado ya a trabajar en los ramales de conexión con el resto de la red de carreteras, unas infraestructuras que deberían estar preparadas para cuando se libere. Fomento no ha avanzado nada en este sentido y ahora le entran las prisas por alcanzar un pacto de Estado", lamentan desde el departamento.

Propuestas intermedias

Entre los dos extremos también hay propuestas intermedias para resolver el dilema sobre el futuro de los peajes en la AP-7. Una de ellas es la de la patronal hotelera de Benidorm y de la Comunitat Valenciana (Hosbec). Su presidente, Toni Mayor, si bien se posiciona a favor de mantener los peajes para salvaguardar "la existencia de una infraestructura viaria rentable y en buen estado de conservación que dé un buen servicio al sector turístico", sugiere "la creación de un bono para los residentes" que compense el mantenimiento de los peajes. Mayor considera que la libre apertura trasladaría a la autopista "problemas como los de los by-pass de València o Alicante, "masificados por el paso de camiones".

Abertis, la propia gestora de la AP-7 a través de su filial Aumar, también sugiere una propuesta intermedia, aunque en este caso más ambiciosa y de ámbito nacional: peajes 'blandos' en toda la red de autovías de España -incluidas también las que ahora no tienen-. "Ahora existe una oportunidad de definir un sistema sostenible y equitativo", indicó hace unos meses el presidente de Abertis, Salvador Alemany. "Con la disponibilidad presupuestaria es difícil que las vías de alta capacidad puedan ser gratuitas", agregó.

El dirigente subrayó además que España es un "isla" en el marco europeo en materia de autopistas y pago por uso. Según indicó, mientras en Francia e Italia el 80% de las vías de alta capacidad son de pago, este porcentaje se reduce en España al 21%.

En esta misma línea, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) ha elaborado recientemente un estudio que también contemplaba la posibilidad de implantar un peaje 'blando' con bonificaciones a los residentes. Esta fórmula, según el estudio, permitiría seguir obteniendo un superávit con la explotación de la vía entre Alicante y València y, descontado el gasto de mantenimiento, liberaría hasta 270 millones de euros para destinar a inversiones en infraestructuras.