El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. 

La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.

El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 

En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 

Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 

También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". 

"No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".

La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". 

La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 

Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".

La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. 

En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". 

"Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días. 

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 

En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.

Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 

Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.

 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.

La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 

Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 

La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 

En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.

Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 

Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 

De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.

Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 

Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.

Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.

Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.

El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.

Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 

Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.

El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.

Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 

Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 

Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.

Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.

Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 

Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).

En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 

Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.

Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.

Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

Los parados alicantinos tampoco pagarán por los medicamentos

VALENCIA.- Los valencianos, castellonenses y alicantinos que estén cobrando la prestación o el subsidio por desempleo y cuyas rentas anuales sean inferiores a los 18.000 euros no pagarán por los medicamentos a los que el Estado aplica actualmente un copago del 40%. 

Así lo han anunciado esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig junto a la consellera de Sanidad, Carmen Montón. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo beneficiará a unos 230.000 personas, casi la totalidad del colectivo de parados en la Comunitat Valenciana, según se ha apuntado, y tiene un presupuesto anual de 10 millones de euros. Actualmente los parados de larga duración que han perdido el derecho a percibir el subsidio ya están exentos del copago.

Con esta medida, el Consell amplía el número de personas beneficiarias de las ayudas al copago farmacéutico de la que ya disfrutan pensionistas de rentas bajas, discapacitados y menores vinculados a personas que cobren por debajo de 18.000 euros anuales.

Gracias a esta ampliación de las ayudas, la consellera ha defendido que se avanza en la «recuperación de derechos» de los colectivos más desfavorecidos, los que tienen un índice de abandono de los tratamientos médicos más alto en parte por el copago de los medicamentos. 

"Con estas ayudas se ha conseguido reducir el abandono de los tratamientos en un 39 % así que son ayudas que están beneficiando la salud de las personas más vulnerables de la Comunitat Valenciana", ha dicho la consellera.

Montón ha defendido, por otra parte, que estas nuevas ayudas frente al copago farmacéutico se han artiulado «con la suficiente seguridad jurídica». 

«Este gobierno ha demostrado que siempre encuentra la fórmula para garantizar la salud como derecho», ha asegurado ante la posibilidad de que, como en ocasiones anteriores, el Gobierno central recurra la aplicación de estas medidas para anular los copagos farmacéuticos impuestos desde 2012.

El PSPV vuelve a ser un reino de taifas solo sostenido por la Presidencia de la Generalitat

VALENCIA.- La dilatada y penosa travesía en el desierto que los socialistas valencianos vivieron entre 1995 y 2015, cuando se encontraban sin poder institucional relevante, sirvió de escenario para luchas cainitas -a veces distribuidas en seriales- que se celebraron durante dos décadas y en las que los congresos orgánicos eran acontecimientos conocidos por convertirse en batallas de simpatías y animadversiones en las que también contaba el bagaje territorial y otras cuestiones que, a menudo, eran peregrinas e indescifrables para los ajenos al día a día de la formación socialista, según publica Valencia Plaza.

Tal fue la hegemonía del PP en la Comunitat Valenciana, que llegó un momento en el que muchos jóvenes dirigentes socialistas acusaban en privado a algunos de sus 'mayores' de sentirse cómodos en esa sempiterna oposición. Resulta difícil de creer que altos cargos de un partido como el PSPV llegaran a perder sus aspiraciones de gobernar, pero la realidad es que el partido del puño y la rosa, al menos por momentos, ofreció intensamente esa apariencia durante aquel periodo. Una sensación que, algún veterano responsable ya retirado, evoca ahora a tenor de los últimos acontecimientos que están atravesando los socialistas estos días: "Tengo la sensación de que el partido sigue actuando como cuando estaba en la oposición", comentaba uno de ellos a Valencia Plaza.

Así, la creencia de que los procesos internos -provinciales, comarcales y locales- celebrados en los últimos meses se han cerrado en falso ha comenzado a extenderse. A día de hoy, el clima en el PSPV parece indicar que solo la posesión de la Presidencia de la Generalitat que recae en los hombros de Ximo Puig evita una guerra civil en la formación socialista. O lo que es lo mismo, se respira en ocasiones un ambiente más dirigido a los preparativos de cara a una futura contienda orgánica que a conducir las energías para volver a ganar las elecciones autonómicas y locales.

Tal y como se preveía, la vigilancia a la hora de que cada facción mantenga su espacio en el partido para no perder ni un centímetro frente a otras familias es constante. En Valencia, el proceso provincial se cerró con un pacto por el que se elevó a rango de líder a la diputada Mercedes Caballero, próxima al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Apenas unas semanas tardaron en surgir los primeros roces entre la nueva secretaria general y el responsable de Organización, Vicent Mascarell, elegido en este caso por el entorno de Ximo Puig y, en concreto, por la división Gandia del PSPV liderada por el ex vicesecretario de Organización, Alfred Boix, y el ex vicesecretario de Relaciones Institucionales -ahora asesor en Presidencia-, José Manuel Orengo.

De aquel proceso provincial, también salió escaldado el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, quien amagó con presentarse para liderar el PSPV de Valencia pero que dio un paso atrás al percatarse de que no tenía el respaldo de las huestes de Puig debido a rencillas con parte de su entorno arrastradas del congreso nacional del partido. 

Rodríguez, se rearmó en los cónclaves comarcales y ha tejido una interesante red de apoyos locales. La reconciliación entre el presidente de la Diputación y, en particular, con el sector de Gandia próximo a Puig parece complicada, con lo que la vigilancia entre ambas corrientes es constante.

En los cónclaves comarcales, también hubo tensiones e incluso batallas entre otros grupos: el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, obtuvo algún espacio como en Camp de Morvedre pero se le escapó l'Horta Sud a manos principalmente del 'abalismo', que también triunfó en l'Horta Nord. El 'ximismo' -afines a Puig- se tuvo que conformar con la valiosa victoria de Sandra Gómez en València capital y con situar varios responsables de Organización en varias comarcas buscando tener vías de entrada en las distintas demarcaciones. Una estrategia impulsada por el actual 'número tres' del partido, José Muñoz.

De esta manera, el partido salió de este maratón orgánico de forma relativamente solvente aunque con la sensación de que la estabilidad dependía de un juego de equilibrios demasiado delicado presidido además por una notable desconfianza entre los principales actores. Todo ello bajo el paraguas de un presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volcado en lo institucional y con cierta predisposición natural a enviar las cuestiones de partido a segundo plano.

Alicante destapa las vergüenzas del PSPV

Más grave está siendo lo que ocurre en Alicante. En los últimos años, la fortaleza orgánica de Puig se había fraguado especialmente en esta provincia. El jefe del Consell, además, ha dirigido constantemente la mirada al sur consciente de que, también electoralmente, esta demarcación resulta clave para mantener la Generalitat dado que, a priori, Compromís tiene allí más dificultades para el crecimiento.

En esta misión, el hombre fuerte del líder del PSPV en Alicante ha sido desde hace años el histórico Ángel Franco, quien siempre mantenía una relación fluida con la anterior Ejecutiva de Puig y, especialmente, con los dirigentes de Gandia. De hecho, se produjo cierto debate y malestar interno dentro del 'ximismo' cuando el jefe del Consell decidió bendecir al alcalde de Xàbia y portavoz en la Diputación de Alicante, José Chulvi, como nuevo líder provincial, dado que esta propuesta chocaba con los planes de Ángel Franco.

La venganza parecía haberse consumado en los procesos comarcales, donde el flamante líder provincial Chulvi apenas logró éxitos mientras que las apuestas del histórico dirigente funcionaron en casi todas las demarcaciones.

No obstante, la marejada, lejos de descender, se ha transformado en tsunami en los últimos días. Primero, con la victoria del 'sanchista' Alejandro Soler en el congreso de Elche y la derrota de la candidata próxima al alcalde, Carlos González, la opción cercana a Puig. Segundo, con la crisis abierta en la ciudad tras la pérdida de la alcaldía a manos del PP: en apenas 24 horas, Eva Montesinos ha pasado a ser la aspirante del PSPV a la vara de mando a ser destituida como portavoz municipal. 

Una maniobra dirigida por Ángel Franco que ha soliviantado sobremanera en la calle Blanquerías donde se ubica la sede central del PSPV, que por si faltara aderezo al explosivo cóctel tiene todavía pendiente las conclusiones de la comisión interna respecto al caso investigado en los tribunales que aludía a una posible financiación irregular del partido.

Así, y si bien tal y como informa Alicante Plaza la situación apunta a reconducirse en las próximas horas con una posible restitución de Montesinos, la tensión alcanzada en este episodio evidencia que el PSPV sigue viviendo en un clima de tensión impropio de un partido que se encuentra presidiendo la Generalitat y llevando el timón en un buen número de instituciones.

Puigdemont, president / Ramón Cotarelo *

La decisión de la mesa del Parlament de admitir la delegación del voto de Comín ha provocado un auténtico guirigay. El País, fervoroso defensor de M. Rajoy, se lanza al panegírico: "El PP ayuda a la formación de un gobierno en Cataluña". Sería la primera vez. 

Añade el diario que ni PP ni C's ni PSC impugnarán la delegación de voto, segunda después de la de Carles Puigdemont. Y esgrime una poderosa razón: hay que evitar nuevas elecciones.

Pero nada de eso es seguro. El Confidencial avisa de que Rajoy estudiará "acciones legales" por el voto delegado de Comín. Tanto no parece dispuesto a ayudar a la formación de un gobierno catalán. 

A su vez, el PSC también anuncia que recurrirá la delegación de voto de Comín y anima al Tribunal Constitucional a actuar de oficio para impedirla. La tal delegación resulta problemática. Quizá los de C's la acepten, pero no encaja tampoco en su ánimo normal.

Puede que la finalidad esgrimida por el B155 de evitar las elecciones sea inalcanzable si quienes quieren descartarlas hacen todo lo posible por traerlas. Estos recursos postergarán el pleno de investidura y harán perder un tiempo precioso. Recuérdese, queda un mes para la convocatoria automática. 

En el ínterin, el pleno abordará el próximo 3 de mayo la reforma relámpago de la Ley de la Presidencia para posibilitar la investidura a distancia de Puigdemont. A favor de ese paso vota todo el bloque indepe, incluida la CUP. Mayoría absoluta. 

Cuando falten quince días para la convocatoria automática, el gobierno de España se encontrará con una decisión del Parlament por mayoría absoluta de investir al "prófugo" Puigdemont. Puigdemont o elecciones. La ineptitud del gobierno español lo obliga a elegir entre dos formas de derrota. 

Tolera la investidura a distancia y desactiva toda su política represiva, incluido el frente judicial,  o se arriesga a una victoria independentista abrumadora en lista de país que solo podría evitarse convirtiendo las elecciones en la misma farsa en que se ha convertido la acción de los tribunales. 

Hay que hacer trampas

Ya es extraño el titular del periódico de La Moncloa: "Rajoy se resiste a profundizar el 155 aunque haya elecciones". Está repleto de sobreentendidos y subentendidos. Si "Rajoy se resiste" es porque alguien le presiona en un sentido que a él no le gusta; indudablemente, el de "profundizar el 155". 

¿Quién puede ser? Indudablemente, el propio El País, fiero guerrero de la unidad de España; pero seguramente no en nombre propio sino de los "halcones" del gobierno, sobre todo las "halconas".

Porque ¿qué diantres quiere decir "profundizar el 155". Aparte de la detestable sintaxis, ¿qué significa "profudizar" un artículo de una ley? Está claro, endurecerlo, hacerlo más exigente, más restrictivo. ¿Cómo? 

Varias formas son evidentes: intervenir y censurar TV3, ilegalizar organizaciones sociales y/o políticas independentistas. Y, por esa vía, hasta el destino de tropas en Catalunya. ¿No está ya la Guardia Civil, que es un cuerpo de naturaleza militar? 

De esa forma se hará realidad la mentira propalada por Pedro Sánchez en el extranjero de que, siendo España un Estado de derecho, cabe defender todas las opiniones políticas. Mentira. Las independentistas no se pueden mantener. Son tratadas como delitos. Aquí ya son delito hasta los colores.

El titular aun es más perverso y amenazador. La conjunción adversativa, "aunque" delata la intencionalidad. Rajoy se resiste a aumentar su dictadura, aunque haya elecciones. Esto es, la cercanía de elecciones parece a El País motivo suficiente para intensificar la dictadura. 

No le da vergüenza alguna porque pertenece a esa  corriente "democrática" que solo convoca elecciones si las gana al precio que sea, incluso al de hacer trampas. Está en juego la unidad de la patria y, ya se sabe: con razón o sin ella. 

De ahí que estos paladines del tongo patriótico se escandalicen de que M. Rajoy "se resista" a "profundizar" (o sea a reprimir más y más injustamente) el 155, el artículo de plenos poderes.

Eso pasa hoy día por periodismo serio.

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Los socialistas fulminan a Eva Montesinos de la portavocía municipal en Alicante

ALICANTE.- Tras digerir el revés político que supuso perder la alcaldía, Eva Montesinos ha recibido un segundo varapalo, en este caso procedente de sus propios compañeros de filas, según Radio Alicante.

La ejecutiva local de los socialistas ha fulminado a Eva Montesinos al frente de la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante. La candidata derrotada a la Alcaldía de Alicante será relevada por Miguel Castelló, quien asumió su acta de concejal el pasado jueves.

A Montesinos le han comunicado esta tarde la decisión de la dirección de su partido, horas después de que el domingo, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se desplazará a Alicante para insuflar ánimos a los suyos tras la perdida de la Alcaldía y para asegurar que iniciaban el camino para la recuperación de la misma.

Un acto con el que parecía escenificarse un apoyo a Montesinos tras el pleno del pasado jueves en el que la falta de un voto impidió que se convirtiera en la próxima alcaldesa de Alicante.

En un comunicado, los socialistas afirman que han realizado un análisis político de los hechos ocurridos la pasada semana y que han tomado la decisión para ganar con solvencia "dentro de la izquierda y el progresismo político" las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Añaden que van a trabajar desde todos los ámbitos sociales para explicar el trabajo realizado durante los últimos tres años por el grupo municipal y para mostrar los proyectos que han quedado pendientes para conseguir que "Alicante sea una ciudad mejor y con más oportunidades para todos".

Tras comunicarle su relevó, Montesinos ha abandonado la reunión de la dirección socialista.

Fuentes municipales aseguran que la confección del nuevo grupo municipal en la oposición y la elección de los cargos de confianza que les asesorarán -tan solo dos- ha tenido que ver en la destitución de Montesinos.

Miguel Castelló tomó posesión de su acta de concejal en un pleno que se celebró antes del que se llevó a cabo para elegir al nuevo alcalde. Durante la etapa de los socialistas al frente del gobierno municipal de Alicante fue asesor de la Concejalía de Fiestas.

Además de Castelló, la dirección del grupo municipal estará encabezada por Fernando Marcos, como portavoz adjunto y por Gloria Vara, como secretaria.

Según la versión del diario Información,  la dirección socialista en la ciudad de Alicante, controlada por el exsenador Ángel Franco, es la que ha decidido apartar a Montesinos como portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante.
En una muy tensa reunión de la Permanente de la ejecutiva del PSOE en Alicante, en la que no han faltado gritos, se ha decidido apartar a Montesinos como líder del grupo municipal socialista, que desde el pasado jueves forma parte de la oposición municipal. 
La socialista nunca ha sido afín al exsenador Ángel Franco, que controla la ejecutiva socialista, al igual que hace en la agrupación desde los últimos veinte años.
Montesinos, que ha salido visiblemente afectada de la reunión de la dirección socialista, no se ha quedado a la ejecutiva socialista que se ha celebrado a continuación y en la que se ha confirmado a Miguel Castelló. En un primer momento, apuntaba a nuevo portavoz del PSOE Carlos Giménez, hombre fuerte de Franco en el grupo municipal socialista.

Mitsubishi se fija en la Comunitat Valenciana para invertir ante la situación de Cataluña

VALENCIA.- La empresa japonesa Mitsubishi, ante la situación política de Cataluña, ha mostrado su interés por la Comunitat Valenciana como foco de atracción de inversiones que de forma natural irían a Cataluña, según ha indicado el 'president' valenciano, Ximo Puig, cuya misión en Japón y China "cumple expectativas" para abrir nuevos mercados e impulsar la llegada de turistas a la Comunitat.

Puig, que ha encabezado una misión comercial en China y Japón para favorecer los intercambios comerciales e impulsar el turismo a la Comunitat, se ha reunido con un dirigente de Mitsubishi, Mikio Sasaki, como presidente del Comité Bilateral Empresarial, que ha traslado su interés por conocer la situación de la de la Comunitat y cómo estaba reaccionando con respectos a la situación política.

El directivo japonés ha preguntado por la disposición de la Comunitat y se le ha trasladado la existencia de un entorno de "estabilidad política, una seguridad jurídica, y desde luego la mayor, voluntad de cooperación", según Puig, que ha insistido también en "la transparencia y la innovación como factores para atraer a los inversores japoneses junto a la hospitalidad para aterrizar en la Comunitat".

Esa misma preocupación la han detectado en la mayoría de las reuniones mantenidas en la misión, según el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, aunque no se ha preguntado directamente, "porque son muy exquisitos, sino indirectamente", ya que "alababan que en la Comunitat estuvieran recibiendo empresas de otra parte, aunque la preocupación existe sobre todo como país".

Durante la misión comercial, en la que ha participado una comitiva institucional junto a los directores de los puertos de València y Castellón, representantes empresariales, y una veintena de empresas valencianas con intereses en estos países, ha planeado la situación de Cataluña tanto para invertir como para su inclusión en circuito de viajes ya que al ser la entrada de los turistas japoneses es Barcelona muchos deciden no venir y directamente cambian de país.

En los encuentros en ambos países, en los que ha habido reuniones con empresas ya instaladas en la Comunitat como Cosco (China) en Valencia y UBE (Japón) en Castellón, se ha presentado a la autonomía como un lugar de oportunidades para los que están intentando invertir en el sur de Europa, para que se establezcan relaciones comerciales y se invierta.

Puig, que considera un "éxito" la misión, que ha cumplido las expectativas, ha explicado que han tratado de hacer un aterrizaje "lo mas suave posible" de dos realidades; que la Comunitat debe continuar creciendo en exportaciones, ya que en Europa los destinos están "muy maduros" y hay que ampliar mercado, así como la necesidad de atraer inversión de ambos países.

Ante esta situación oriente es "fundamental" y en concreto la economía japonesa y china, según Puig, que ha destacado que Cosco es una aliado preferencial y ha brindado su ayuda para instalar empresas chinas en la Comunitat y en Japón, el ejemplo de "éxito" de UBE hace que como prescriptor pueda atraer inversiones que se concretan ya en la intención de dos empresas químicas, de su misma región y sector, de instalarse en suelo valenciano.

Para Japón, la Generalitat se ha marcado el objetivo multiplicar por 5 las exportaciones y alcanzar en 2025 los 500 millones anuales y se ha anunciado la 'operación Shanghai' para facilitar a las firmas valencianas la participación en la Feria de la exportación que "se celebrará en esta ciudad china ante la intención aperturista de este país que tiene un desequilibrio comercial quiere impulsar relaciones al exterior".

"Vivimos el momento valenciano por diferentes razones y tiene que servir para atraer nuevas inversiones, para proyectar nuevos mercados para nuestros productos", ha indicado Puig que ha explicado que está intentando ser la región que, "siguiendo la recomendación de ampliar mercados europeos", esta haciendo mas esfuerzo y eso da "buena reputación y capacidad de liderar, desde la humildad siempre, una perspectiva de libre comercio en favor de lo que es la prosperidad.

En turismo, se ha potenciado que la Comunitat se conozca "mas y mejor" ya que estos centros emisores "son fundamentales para el futuros del sector a nivel mundial pero son muy irrelevantes aún en la Comunitat" y hay "mucho que ofrecer" a dos países interesados especialmente por la cultura, las compras, la gastronomía, las tradiciones y las fiestas populares.

Con la Academia de Turismo China se ha iniciado una colaboración que "permita la obtención del certificado chino" que proporcionará el "aterrizaje masivo" de turistas de este país asiático y se han realizado acciones con un objetivo a largo plazo en el que "se espera sembrar y recoger frutos en 10 años", según ha señalado la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, y el del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat, José Vicente Morata, consideran que la semana ha sido productiva y valoran que se realicen misiones lideradas por el presidente de la Generalitat porque abre muchas puertas

Salvador ha indicado que el peso económico mundial ha cambiado y hay una concentración muy importante de las exportaciones valencianas en Europa, el 60%, y hay que empezar ir hacia el continente americano y sobre todo el asiático que va a ser el predominante en los próximos años.

Morata considera que Europa sigue siendo una mercado interesante y el Mediterráneo y el Puerto de València se ha quedado "en un sitio ideal como puerta para Europa y para África y eso se da a conocer en reuniones con empresas y viajando".

Cómo cobrar la Renta Valenciana de Inclusión que entra en vigor hoy

VALENCIA.- Es el proyecto estrella de Mónica Oltra, una nueva renta que "rescata personas" al adquirir como un derecho una prestación para poder tener "una vida digna". Por ello, hay más cuantías para más personas en una ayuda que entra hoy en vigor y supone un giro al sistema de 180 grados. Estas son las claves de la nueva Renta Valenciana de Inclusión, según Levante-EMV.

Cuatro modalidades: ¿Qué renta debo pedir?

La ley introduce cuatro modalidades de prestaciones, en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona:

- Renta de inclusión social: garantiza el derecho a la inclusión y las personas titulares o beneficiarias suscriben voluntariamente un acuerdo de inclusión social

- Renta de ingresos mínimos: las personas titulares o beneficiarias no suscriben el acuerdo de inclusión social, lo que hace que la cuantía disminuya. Existen colectivos como puedan ser personas con problemas de adicción o de salud mental que no están en condiciones de realizar un itinerario de inserción sociolaboral.

- Renta complementaria de ingresos por prestaciones (Entra en vigor en 2019)

- Renta complementaria de ingresos por trabajo (Entra en vigor en 2020)

Cuantías de la renta: ¿Cuánto dinero es y cómo se adjudica?

- La renta valenciana de inclusión social tiene una cuantía que varía en función del número de miembros de la unidad familiar y de si se acepta o no el acuerdo de inclusión social.

- Una de las novedades más significativas de la nueva ayuda respecto de la anterior es que las personas destinatarias tendrán el acceso directo: A las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de la educación secundaria, formación profesional y estudios universitarios, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmaceútica y ortoprotésica. En el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más.

- Asimismo se contempla un incremento de hasta el 25% para sufragar gastos derivados del alquiler o el pago de cuotas hipotecarias, así como para garantizar el acceso a los suministros básicos.

- La prestación tendrá carácter indefinido siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción. La renovación se hará cada 3 años.

Titulares de la nueva renta: ¿Quién puede pedirla?

- Personas que hayan residido en la Comunitat Valenciana durante los últimos 12 meses o un total de 5 años de los últimos 10. En esta última situación estarían por ejemplo aquellas personas que se fueron al extranjero a trabajar durante la crisis pero que quieren volver.
Esta restricción no existe para las personas refugiadas, asiladas y víctimas de violencia de género o explotación sexual o trata.

- Personas con recursos económicos inferiores a la cuantía de la renta valenciana de inclusión.

- Personas sin bienes muebles o inmuebles, distintos a la vivienda habitual, que indiquen medios suficientes o superiores a la RVI (excepto patrimonio especialmente protegido de personas con discapacidad). Aquí tampoco se incluyen los inmuebles o partes de inmuebles donde se realizan la o las actividades por cuenta propia que constituyan la fuente de ingresos de la unidad de convivencia

- Personas que no ocupen plaza en un centro de atención residencial.

- En líneas generales ser mayores de 25 años. Salvo en los siguientes supuestos:

     * Para mayores de 18 años en los casos de que hayan tenido entre 1-2 años de alta en la seguridad social y tengan un hogar independiente anterior; estén en situación de dependencia o diversidad funcional, en situación de orfandad, que hayan estado entre los 15 y los 17 años en el sistema de protección o de reducación para personas menores de edad.

     * Para mayores de 16 años cuando tengan menores, personas con diversidad funcional o dependencia a su cargo, que hayan sido víctimas de explotación sexual o trata, así como de violencia de género o intrafamiliar, o que estén participando en un programa de preparación para la vida independiente.

Otras novedades de la ley: Las unidades de convivencia

- La unidad de convivencia será considerada aquellas personas que convivan en una misma vivienda o alojamiento por vínculos matrimoniales o relación permanente análoga, parentesco por consaguinidad hasta el segundo grado, acogimiento familiar o guarda con fines de adopción, filiación, afinidad hasta el primer grado.

- La ley establece como novedad la posibilidad que en una misma vivienda hayan dos unidades de convivencia en los siguientes casos:

      * Víctimas explotación sexual o trata, violencia de género o intrafamiliar.

      * Abandono domicilio habitual, junto con descendientes, o en su caso, por ruptura matrimonial por separación o divorcio, o por ausencia de recursos económicos para sufragar alojamiento, o por otra situación extrema.

      * Desahucio de vivienda habitual (sin propiedad ni usufructo de otra vivienda).

      * 16-24 años con menores a su cargo.

      * 18-24 años que haya estado en el sistema de protección o de reeducación entre los 15 y los 17 años.

      * 16 y 18 años en programas para la preparación de la vida independiente.

      * Menores de 25 años con pensión de orfandad.

- Sólo podrán formar parte de dos unidades de convivencia simultáneamente menores en régimen de guarda y custodia compartida.

Casos prácticos: 4 supuestos

1.- Familia con todos sus miembros en paro
En este caso por ejemplo un matrimonio con dos hijos menores de edad formarían una unidad familiar de cuatro miembros, lo que supone una ayuda de más de 700 euros, que al incorporar el complemento de vivienda y gastos energéticos se eleva hasta los 880 euros. A esto habría que añadir por ejemplo todas las ayudas escolares a las que tendrían derecho (por ejemplo: acceso a la educación gratuita de 0 a 3 años, becas para comedor y transporte escolar?).

2.- Persona que vive fuera de la Comunitat Valenciana y quiere regresar
En este caso, y siempre cuando la persona haya vivido un total de 5 años de los últimos 10 en la Comunitat Valenciana, podrá solicitar la ayuda a su regreso a la Comunitat Valenciana desde el primer día. En este caso si habláramos de una persona sin cargas familiares cobraría una ayuda de 515 euros, que se podría incrementar en un 25 por ciento en el caso de que se añadiera la ayuda para vivienda y energía (644 euros).

3.- Matrimonio separado y sin ingresos
Aquí además poder pedir la ayuda el cónyuge que se queda en el domicilio familiar con los hijos, también podrá solicitarlo aquél que tiene que volver a vivir con sus padres, que tienen pensiones bajas. En el caso, por ejemplo, de un hombre separado que tras abandonar su domicilio particular tiene que volver a vivir con sus padres, podrá solicitar la ayuda, que en su caso será de 515 euros.

4.- Familia monoparental
Una mujer con dos hijos a su cargo y sin ingresos podrá solicitar esta ayuda y percibirá 660 euros, que se convertirán en 825 si también pide el complemento de vivienda. Aquí también tendrá acceso directo a todas aquellas ayudas en el ámbito educativo o sanitario al que tengan acceso ella o sus hijos.

Dónde solitar la nueva renta

- Las solicitudes se tramitan a través de los servicios sociales municipales, que serán los encargados de realizar la parte de valoración e intervención con la persona solicitante. Mientras que el proceso de tramitación y pago de la ayuda se ejecutará a través de la Administración autonómica.

- Para agilizar todo el proceso, además de las inversiones que se han hecho en los últimos años desde la Conselleria para reforzar los equipos sociales municipales (en 2018 el presupuesto de Igualdad cuenta para este fin con una partida de más de 41 millones de euros que van a permitir a los ayuntamientos contratar a 1.573 profesionales), se ha puesto en marcha una aplicación informática que por primera vez permitirá que los servicios sociales municipales y la Administración autonómica.

- Asimismo, en las semanas previas a la entrada en vigor de la ley se han realizado desde la Conselleria cursos de formación para todos los trabajadores de los servicios sociales municipales.

El Gobierno central envió requerimientos a 660 ayuntamientos españoles por incumplir sus planes de ajuste

MADRID.- Un total de 660 ayuntamientos españoles recibieron requerimientos del Gobierno central por incumplir sus planes de ajuste durante el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del cierre. El dato sitúa Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias, como las autonomías que cuentan con una mayor porcentaje de municipios incumplidores.

Los planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Estos datos se han conocido a raíz de una respuesta escrita del Ejecutivo nacional al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. A lo largo del país, hay 660 ayuntamientos que recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus planes de ajuste en el ejercicio 2016. 

La mayoría de administraciones locales pertenecen a Andalucía (201), Comunidad Valenciana (88) y Cataluña (82). Ante estos datos, el socialista Heredia reprocha al Gobierno que «utilice medidas coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los entes locales».

El menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia tienen cifras más reducidas, de solo uno en cada caso. 

Para Heredia, las entidades locales tienen que pagar unos «intereses desorbitados» si se acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les supone «un serio problema».

En este sentido, el diputado considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es «nefasta» porque se resiste a considerar a los ayuntamientos «como adultos» para que puedan invertir el superávit en generar empleo, a través de inversiones que «son mayores de edad» para decidir.

Los extranjeros compraron el 13,1% de las viviendas vendidas en España en 2017

MADRID.- Los extranjeros compraron el año pasado el 13,1% de las viviendas que se vendieron en el conjunto de España, según el Anuario Inmobiliario del Colegio de Registradores correspondiente al pasado ejercicio.

Las comunidades autónomas con mayor peso de compra por parte de extranjeros, que coinciden con las de mayor actividad turística, fueron Canarias, con un 31,4%, seguidas de Baleares (31,3%); Comunidad Valenciana (26%); Murcia (18,8%); Andalucía (13,8%) y Cataluña (12,9%).

En términos absolutos, dado el crecimiento del volumen de operaciones, los extranjeros superaron las 61.000 compras de vivienda en el último año en el conjunto de España, frente a las poco más de 53.000 de 2016.

Casi el 7% de las hipotecas sobre vivienda suscritas en España en 2017 fueron firmadas por extranjeros, más de 21.000 préstamos, según el Colegio de Registradores.

La hipoteca media solicitada por este segmento de la población fue de 128.452 euros, una cantidad que superó en un 1,5% a la del año anterior y que se situó por encima de los 117.243 euros que pidieron de media los españoles para este mismo fin.

Las comunidades autónomas con más hipotecas firmadas por foráneos fueron Cataluña (con el 20,2% del total); Comunidad Valenciana (19,2%); Andalucía (17,4%) y Comunidad de Madrid (14,4%).

En cuanto al importe medio de estos préstamos, los más elevados se solicitaron en Baleares, con 244.148 euros, Comunidad de Madrid (155.070 euros); Cataluña (143.143 euros) y Andalucía (141.699 euros).

Por países de procedencia, los rumanos fueron los que más porcentaje de hipotecas sobre vivienda contrataron en relación con el total de las formalizadas por extranjeros, con un 11,6%; seguidos por los británicos (9,3%); chinos (8,4%); italianos (5,8%); franceses (4,6%); marroquíes (4,2%) y alemanes (4%).

Por lo que respecta a los importes medios, los alemanes solicitaron las cantidades más elevadas, con 234.102 euros, seguidos de los noruegos (217.981 euros); daneses (192.990 euros), holandeses (181.429 euros); suecos (171.394 euros), británicos (166.968 euros) y franceses (153.987 euros).

Valencia, junto a otras CC AA liderará el crecimiento español durante 2018, según BBVA

MADRID.- La Región de Murcia, Madrid, Aragón, País Vasco y Baleares liderarán el crecimiento de España en 2018, con un aumento de sus economías superior al 3%, según las estimaciones de BBVA Research, que apunta a que la mejora del entorno exterior, que potencia las exportaciones de bienes, es una de las principales claves de la revisión al alza del crecimiento de España, hasta el 2,9%.

Las revisiones en la contabilidad regional, que introducen una aceleración en las comunidades del Cantábrico (Asturias, Cantabria, Aragón y País Vasco), el impacto de la incertidumbre en Cataluña, una política monetaria que continúa siendo laxa y una política fiscal que será algo más expansiva, contribuyen también a justificar el aumento de las expectativas de crecimiento de las distintas comunidades autónomas.

La mejora del sector exterior es la principal clave para la revisión al alza del crecimiento en España en 2018. Según el Observatorio Regional de BBVA Research, las regiones más favorecidas por esta situación son la Región de Murcia (+0,8 puntos porcentuales), Asturias, Aragón y Madrid (+0,7 puntos) y la Comunidad Valenciana (+0,6 puntos).

Junto con las cinco comunidades que más crecerán, figuran asimismo, con una tasa del 3%, Cantabria, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Asturias. 

Igualando el crecimiento medio del conjunto de España (2,9%), aparecen Canarias y Castilla-La Mancha. El resto de comunidades crecerán por debajo: Andalucía (2,7%), Castilla y León (2,5%), Cataluña (2,5%), Extremadura (2,7%) y La Rioja (2,6%).

De cara al próximo año, cuando se espera un crecimiento del PIB del 2,5%, las previsiones de la entidad financiera apuntan a que el liderazgo del crecimiento virará en mayor medida hacia el norte peninsular, gracias a la aceleración de las exportaciones y el menor impulso del turismo y la demanda interna.

Aumentos salariales en algunas CCAA

Por otro lado, la gran creación de empleo en los últimos dos años y las perspectivas de evolución favorable del mercado de trabajo pueden comenzar a traducirse en aumentos salariales en algunas comunidades. Esto podría deberse a la fuerte reducción de la tasa de paro en ciertas regiones, que podría comenzar a mostrar una falta de empleados cualificados en el sector industrial (especialmente en comunidades del Norte, como Navarra) o en servicios turísticos (por ejemplo, en Baleares).

La desaceleración de la demanda interna, ya anunciada en trimestres anteriores, afectará al turismo nacional. La Región de Murcia, Andalucia, Comunidad Valenciana y Cataluña, además de Galicia y Madrid, serán las comunidades que más se resientan por esta situación, ya que al efecto propio de su demanda interna cabe añadir el que se pueda generar por ser los principales destinos de estos viajeros turísticos.

Sin embargo, los anuncios de una política fiscal más expansiva podrían compensar en parte lo anterior, «lo que podría reforzarse si se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018», según apunta BBVA. Esto podría ser especialmente positivo para aquellas comunidades autónomas donde el sector público tiene un mayor peso en la economía, como es el caso de Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha, indicó el economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso.

Por otro lado, la aprobación de los PGE también puede favorecer a las comunidades autónomas que cumplieron su objetivo de déficit, lo que podría impulsar la inversión en el País Vasco, Navarra, Canarias y Baleares.

Tal y como avanzaba BBVA Research en el 'Observatorio Regional' correspondiente al cuarto trimestre de 2017, la tensión política en Cataluña se tradujo de inmediato en un estancamiento en la demanda interna. «El efecto de la incertidumbre, sin embargo, ha estado acotado a algunos sectores como el turismo y el comercio, y estuvo limitado en el tiempo», sostiene Miguel Cardoso. 

Por otro lado, los efectos se están notando sobre todo en Cataluña y afecta en menor medida a aquellas economías más dependientes de esta región.

Aunque la incertidumbre se mantiene elevada, Cardoso destaca que los indicadores apuntan a que tanto en Cataluña como el resto de España el crecimiento continúa mostrando un buen ritmo durante el primer trimestre de 2018.

La Comunidad Valenciana, tercera más incumplidora con sus proveedores en febrero

MADRID.- El período medio de pago a proveedores (PMP) del conjunto de las autonomías se ha situado en febrero en 15,70 días, 0,70 días menos que en enero, aunque la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad Valenciana superan esta media e incumplen el plazo de 30 días establecido por ley.

Según informó este lunes el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cantabria registró un plazo medio de 57,84 días; seguida de la Comunidad Valenciana, con 35,03 y de Murcia, 34,54, pero, al igual que en meses anteriores, ninguna comunidad ha superado el plazo de pago de 60 días.

Los 15,70 días que tardaron las autonomías en pagar sus facturas suponen un incremento en 2,20 días en la ratio de operaciones pagadas, que pasan de 10,77 a 12,97 días, así como a la disminución de 3,29 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, que pasó de 21,57 a 18,18 días.

En relación con el PMP global, la cifra supone el segundo mejor dato publicado desde el inicio de la serie (septiembre de 2014), tan sólo superior al de diciembre, y por decimoquinto mes consecutivo -diciembre de 2016-, se sitúa por debajo de los 30 días, el plazo máximo de pago a proveedores establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Por lo que respecta a la deuda comercial de las comunidades autónomas, se ha reducido en 143,12 millones de euros, tras una bajada del 2,71 por ciento con respecto al mes anterior, situándose en 5.142,19 millones de euros, lo que equivale al 0,42 por ciento del PIB nacional.

En conjunto, desde 2012 y hasta febrero de 2018, las catorce autonomías que suscribieron un plan de ajuste han reducido su deuda comercial, en términos homogéneos, un 81,63 por ciento.

En febrero, además, se ha alcanzado el menor volumen de deuda comercial comunicado desde el inicio de la publicación de la serie, en septiembre de 2014.

También se ha producido una reducción de la deuda no financiera, en 261,10 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,67 % con respecto al mes anterior y se sitúa en 9.501,56 millones, equivalente al 0,83 por ciento del PIB nacional, sin considerar al País Vasco.

Al igual que en el caso de la deuda comercial, el dato supone el menor volumen de deuda no financiera comunicada desde el inicio de la serie.

Por lo que respecta a las corporaciones locales, las entidades de cesión presentan un periodo medio de pago a proveedores de 67,57 días, lo que supone un aumento sobre enero de algo más de 9 días.

Además, de las 147 entidades que han presentado información, 110 cumplen con el PMP en febrero, lo que quiere decir que el 73,34 % presentan en ese mes un PMP igual o inferior a 30 días, añade Hacienda.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días) y que representan al 14 % de las que presentan información del subsector, el Periodo Medio de Pago se sitúa en los 13,94 días, «confirmando la estabilidad histórica» del PMP en los 13-15 días«.

De las principales ciudades, solo Sevilla tiene un plazo medio superior a 60 días y, junto con Palma de Mallorca, supera los 30 días. Valencia está en 5,92 días.

Los siguientes cuadros recogen, por comunidades autónomas y por principales ciudades, el periodo medio de pago a proveedores, detallado por la ratio de operaciones pagadas en febrero, las que están pendientes de pago y la media del pago a proveedores (PMP).

Presupuestos 2018: cómo afectarán a la pensión

MADRID.- Las pensiones de los trabajadores autónomos son, en líneas generales, la más reducidas del grueso de los pensionistas.  De hecho, la pensión media del autónomo alcanza los 646,30 euros mensuales según establece la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) y 720,09 euros conforme a lo aportado por el Ministerio de Empleo, una cifra limitada, según recoge infoautonomos.eleconomista.es.

Estas cifras son motivo de reivindicaciones por parte del colectivo y tienen que ver con el incremento de la pensiones contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 aún a falta de aprobación y puesta en marcha.

¿A cuánto asciende ese incremento en la pensión del autónomo?

Desde la asesoría online de Infoautónomos analizamos la subida y las razones por las que las prestaciones por jubilación de los autónomos son tan estrechas.

El pasado verano nos hacíamos eco de que las intenciones del Gobierno pasaban por un incremento anual en las pensiones del 0,25%, el mínimo establecido por ley. Esta subida básica se mantendría hasta el año 2022 pero las peticiones populares ha obligado al ejecutivo a dar un giro de tuerca en las Cuentas Públicas de 2018 y finalmente el incremento será mayor de lo esperado.

La partida presupuestaria para estas prestaciones sociales alcanza 127.110 millones, un 3,5%  más que en 2017, periodo en que el aumento de las pensiones fue de apenas 0,25%.

El porcentaje de incremento de las pensiones en 2018 queda establecido de la siguiente forma:

• 3% de incremento en las pensiones mínimas y no contributivas
• 2% para las pensiones de viudedad
• 1.5% para pensiones por debajo de 700 euros mensuales
• 1% para pensiones entre 700 y 800 euros mensuales

Como ya hemos indicado, la pensión media del autónomo no alcanza los 700 euros, por tanto, según lo indicado con anterioridad,  el incremento estimado para estas pensiones es del 1,5% . Este aumento revalorizará diez euros mensuales la cuantía de la pensión.

Sin embargo, la subida se queda corta; una gran parte de los autónomos seguirán cobrando una pensión tan estrecha que no alcanza los 735 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si tomamos como referencia la aportación de UPTA,  la pensión media del autónomo pasará de los 646,30 euros actuales a 655,99 euros.

El menor de los incrementos previstos, el del 1% se aplicará sobre las pensiones entre 700 y 800 euros.

La pensión media del autónomo varía entre los 640 y 720 euros en función de la fuente de información y el periodo establecido.

Sin embargo, en lo que no hay variación es en la brecha existente entre la pensión del autónomo y el asalariado que llega a ser de 500 euros.  Esta diferencia abismal es uno de los principales motivos por lo que el trabajador por cuenta propia continúa cotizando tras alcanzar la edad de jubilación en lo que se conoce como jubilación activa.

La falta de un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales da lugar a que el 80% de los autónomos esté cotizando, hoy por hoy, por la base mínima lo que redunda en unas coberturas sociales muy limitadas, especialmente la pensión del autónomo que es irriosoria si  el trabajador siempre ha cotizado por la base mínima.

Desde Infoautónomos recomendamos optar por cotizaciones superiores a la mínima cuando los resultados de la actividad económica lo permitan y muy fundamentalmente conforme el autónomo se aproxime a la edad de jubilación.

Rota será un cuartel estratégico de la UE tras el ‘Brexit’

MADRID.- Rota ya es la mayor base de la Armada española y, probablemente, de la US Navy en el sur de Europa. Tras el Brexit, en marzo próximo, se convertirá también en uno de los cinco cuarteles generales estratégicos (OHQ) de la UE, en sustitución de Northwood (Reino Unido), lo que supondrá una inversión de 1,5 millones y la incorporación de unos 50 militares europeos. Rota aspira también a relevar a Northwood al mando de operación Atalanta de lucha contra la piratería, según revela hoy El País.

El ejercicio Milex 18, que se desarrolla desde el pasado 13 abril hasta el próximo miércoles, servirá para certificar a Rota como cuartel general operacional de la UE, listo en todo momento para ejercer el mando de cualquier misión u operación en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).

Nadie duda de que Rota superará con creces el examen ya que la base naval, que alberga cuatro destructores lanzamisiles estadounidenses y el cuartel general de la Flota española, está preparada para misiones más exigentes que las “no ejecutivas” a las que se limita la UE. Coincidiendo con este ejercicio, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto a una amplia delegación de diplomáticos y representantes militares de la UE y la OTAN visitará este lunes la base.

Con su designación, Rota se sumará a otros cuatro cuarteles generales que ya tiene la UE: París (Francia), Postdam (Alemania), Larissa (Grecia) y Roma (Italia). Y sustituirá a Northwood, cuando Reino Unido salga de la Unión. Estos cuarteles están a mitad de camino entre el Estado Mayor de la UE, en Bruselas, y al mando de la fuerza en el teatro de operaciones.

Defensa estima en 1,5 millones la inversión necesaria para acomodar el nuevo cuartel general, en el que trabajarán 95 militares, la mitad españoles y el resto de los 26 países socios. Gran parte del coste lo pagará la UE, según las fuentes consultadas.

Pero España no quiere que Rota sea un cuartel general solo sobre el papel o inactivo y pretende que herede de Northwood el mando de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería, que desde 2009 desarrolla la UE en el Cuerno de África.

Esta aspiración tropieza, sin embargo, con la competencia de Italia, que quiere llevarse el mando de Atalanta a Roma, desde donde se dirige la Operación Sophia de lucha contra el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo central. El argumento italiano es que agrupar las dos misiones en un mismo cuartel general facilita las sinergias y ahorra costes. Justo lo contrario de lo que argumentó en su momento para oponerse a que Sophia se dirigiera desde Northwood.

Consciente de que la batalla no está ganada, España se ha buscado un poderoso aliado. Según adelantó Abc, Cospedal y su homóloga francesa, Florence Parly, remitieron el pasado 28 de marzo a la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, una carta en la que presentaban la candidatura conjunta de Rota, que asumiría el mando de la EUNavfor Somalia, y la base francesa de Brest, que se haría cargo del Centro de Seguridad Marítima del Centro de África (MSCHOA). Este centro, también ubicado en Northwood, vigila permanentemente el tráfico marítimo desde el golfo de Adén hacia el mar Rojo.

España considera que tiene argumentos sobrados para reclamar el mando de la Operación Atalanta. No solo fue uno de los más firmes impulsores de su puesta en marcha, sino que ha sido el único país que ha mantenido una presencia permanente en el teatro de operaciones, con la participación de 37 buques de la Armada y 31 destacamentos del Ejército del Aire durante la última décda. Actualmente, España aporta el buque de aprovisionamiento Patiño y un avión de patrulla marítima P3 Orion desplegado en Yibuti.

Más allá de la Operación Atalanta, España es el único país que ha participado en todas las operaciones de la UE y en este momento es su mayor contribuyente: un 30% de todos los efectivos de las misiones militares europeas son españoles.

La base de Rota tiene, además, acreditada su “eficacía, experiencia, accesibilidad, seguridad y garantía de disponibilidad”, en palabras del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre.

Los expertos coinciden en que el traslado a Rota del mando de la operación Atalanta sería lo más lógico desde el punto de vista militar y lo más justo desde el punto de vista político. Pero el Ministerio de Defensa no se fía y por eso ha buscado la complicidad de Francia y el apoyo de Alemania. La última palabra la dirá, previsiblamente en mayo, la italiana Mogherini.

La banca analiza instalar oficinas multimarca en zonas rurales

MADRID.- El proceso de cierre de oficinas es imparable. No así el del recorte de las plantillas de las entidades financieras. Eso es al menos lo que aseguran tanto en el sector financiero como entre los supervisores bancarios. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, reiteró el pasado día 10 de abril en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, que España cuenta “con muchas oficinas en comparación con Europa”, razón por la que el proceso de cierres debe seguir. Durante el pasado año entre bancos y antiguas cajas de ahorros clausuraron 1.379 oficinas al situar su número total en 27.320 locales, según datos que publica hoy Cinco Días.

Nada que ver, no obstante, con los 4.286 cerrojazos que se dieron en 2013, el mayor de la historia. En total, desde que se inició la crisis financiera en 2008 hasta 2017 la red comercial del sector se ha reducido de media un 40%, aunque si solo se analiza el de las entidades asociadas a CECA el porcentaje se eleva a un 44,5%.

Pero las tendencias han ido variando a lo largo de la década de crisis. Así, mientras que inicialmente, el declive de las cajas de ahorros, con sus necesidades de ayudas públicas, desembocaron en una fuerte reestructuración de estas instituciones, ahora son los bancos los que están desprendiéndose de un mayor número de locales. El pasado año los bancos asociados a la AEB prescindieron de 734 agencias, para situar su número en España en 15.074. En el caso de las antiguas cajas los cierres ascendieron a 645 oficinas al contar en diciembre de 2017 con 12.246 oficinas.

En cuanto a las plantillas, el goteo de salidas se mantiene en el sector desde 2009, aunque, como es lógico se va atenuando, aunque el recorte de empleo sigue siendo significativo. En 2017 salieron 4.019 empleados entre bancos y antiguas cajas, número bastante inferior a los 8.551 trabajadores que tuvieron que abandonar sus puestos en 2016, o a los 18.443 que salieron en 2013, el mayor número de la historia como consecuencia del ajuste sufrido en las cajas.

Pero al contrario de lo que pasa en el cierre de oficinas, el goteo de salidas en las entidades asociadas a la CECA siguen siendo superiores. En 2017 dejaron su trabajo en estas firmas 2.398 personas, para situar el número de empleados en 72.344. Mientras que la cifra de despidos se reduce a 1.621 si se analizan solo los bancos de la AEB. 

En conjunto, la plantilla de bancos y excajas ha disminuido un 31,6% en el sector desde 2008, aunque el porcentaje se eleva al 39,3% si únicamente se tiene en cuenta a las firmas adheridas a CECA. Solo en 2017, el recorte de plantilla se sitúa en un 2,1%, que se eleva a un 3,2% en el caso de las asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Varias fuentes financieras aseguran que tras estos drásticos recortes, “las salidas seguirán, pero serán mucho más moderadas”. Fuentes sindicales, de hecho, mantienen que “la fusión de las redes de Santander y Popular supondrá también salidas de empleados, pero estamos convencidos de que serán inferiores a ajustes anteriores”. 

La razón, la firma que preside Ana Botín no quiere cerrar demasiadas oficinas urbanas. Además, está embarcada en un proyecto para crear sucursales mucho más grandes, que necesitan más empleados por agencia.

Un estudio del BCE señala que en España el número medio de empleados por sucursal es de 6,5, frente a los 13,1 del conjunto de Europa. Por cierto, Santander ha comenzado a fusionar unas 200 sucursales suyas con las de Popular. 

Fuentes sindicales aseguran que esta iniciativa se debe a que una gran parte de estas oficinas estaban prácticamente al lado, y lo que ha hecho la entidad que preside Ana Botín es trasladar a los trabajadores de Popular a la agencia de Santander, pero con sus ordenadores y con sus clientes. 

“Aún no es una unión de redes por su fusión. En el caso actual los empleados de Popular y Santander pueden compartir local, pero no clientes”, explican estas fuentes.

Volviendo al tema inicial, este cierre masivo de oficinas en la última década ha provocado que 1,3 millones de españoles de zonas rurales, según datos de 2016, hayan sido excluidos financieramente al no tener oficinas bancarias en su zona de residencia. 

Las últimas estadísticas del Banco de España indicaban que hasta un 70% de los pueblos de menos de 100 habitantes, y más de la mitad de los pequeños municipios de todo el país ya no tienen sucursal en sus territorios.

Esta exclusión financiera ha logrado sensibilizar a las entidades, o puede que haya sido por alguna recomendación de los supervisores, pero lo cierto es que en el sector se ha abierto un debate para buscar vías de colaboración entre el conjunto de los bancos. Una de las ideas es crear oficinas multimarca en las zonas rurales, aquellas donde no hay sucursales para que el cliente pueda realizar su operativa.

El proyecto pasaría por compartir locales, pero cada entidad se turnaría en días de la semana. Esta iniciativa, gestada entre los bancos de la AEB, o por lo menos comentada por esta asociación, no sería la única fórmula de colaboración que analiza la banca.

Compartir centros tecnológicos, incubadoras y aceleradoras fintech, crear una tarjeta de crédito común, o plataformas como ocurrió con la aplicación de pequeños pagos inmediatos Bizum o con la fusión de los tres medios de pago existentes hasta ahora (Servired, 4B y Euro 6000), forman parte de este debate abierto para estrechar la colaboración en el sector financiero, que permitirá ahorrar costes.

La banca vendió 50.758 millones en ladrillo tóxico a los fondos en el 2017

BARCELONA.- España lideró el año pasado la venta de carteras de hipotecas morosas en Europa, con la venta de créditos con un valor nominal de 50.758 millones de euros (de los 104.000 millones que se traspasaron en toda Europa), según el estudio sobre el inmobiliario problemático elaborado por la consultora Evercore que recoge La Vanguardia. 

En el 2017 el Santander, con la venta del ladrillo del Popular a Blackstone por 30.000 millones de euros, y BBVA, con la venta de una cartera de 13.000 millones a Cerberus, se situaron entre los cinco mayores vendedores de Europa. “Es previsible que este año y el que viene volvamos a ser líderes en la venta de inmuebles adjudicados e hipotecas morosas” señala Íñigo Laspiur, director de Finanzas Corporativas de la consultora CBRE. “Ahora mismo ya hay carteras en venta por más de 8.000 millones”.

Durante los primeros años de la crisis financiera, fueron las entidades de Irlanda y Gran Bretaña quienes lideraron la venta de activos inmobiliarios adjudicados, pero ahora han tomado el relevo los bancos españoles e italianos (líderes en operaciones en el primer trimestre de este año). “La regulación del BCE, que dispara las provisiones y sobre todo las directrices contables que les obliga a aumentar las dotaciones de capital, están acelerando las ventas de los activos tóxicos”, señala Laspiur. Las ventas, además, se ven impulsadas por la recuperación del mercado inmobiliario y por el alto nivel de provisiones que ya han realizado los bancos. “En la mayoría de ventas las entidades bancarias ya ganan dinero, o al menos no pierden”.

Laspiur explica que a esto contribuye que los fondos están aceptando precios más altos por el ladrillo tóxico español: si en el 2013, cuando la Sareb empezó las primeras ventas en bloque, exigían retornos del 15% anual para comprar los activos, ahora las rentabilidades han bajado hasta apenas el 8% cuando compran créditos hipotecarios sobre inmuebles de calidad.

Las ventas de carteras de activos, por su gran tamaño, están en manos de muy pocas entidades. “Solo Blackstone, Cerberus, Apollo y Lone Star pujan por carteras de más de 5.000 millones de euros, mientras que en operaciones más pequeñas están también muy activas firmas como Bain Capital, Oaktree o el Deutsche Bank”, señaló Laspiur. Esta falta de competencia permite a los fondos comprar inmuebles a un precio muy por debajo del de mercado. “No es sólo por una cuestión de tamaño –añade–. Los fondos asumen el riesgo de gestionar las deudas (con una negociación con el deudor o en los tribunales) para acceder a la propiedad del inmueble. Es un proceso sofisticado, que atrae a pocas empresas”. Para las entidades financieras, sin embargo, “la venta de activos adjudicados y créditos morosos en grandes paquetes les permite acelerar su saneamiento y liberar recursos, porque vendiéndolos uno a uno tardarían años”.

Laspiur señala que el 2017 marcó un punto de inflexión en la estrategia de los bancos de desinvertir en el ladrillo. “Antes se estaban haciendo operaciones pequeñas. Sareb, por ejemplo, el más activo, ha hecho más de 30 ventas, seguido por el Sabadell, CaixaBank y Bankia. El año pasado, sin embargo, Santander y BBVA crearon un vehículo (una sociedad) al que aportaron sus activos malos, y lo vendieron quedándose una participación minoritaria, lo que les permite a la vez desconsolidar los activos y retener parte de la propiedad para beneficiarse de las subidas de precios que está viviendo el mercado inmobiliario”, señala Laspiur. “Es una fórmula muy buena, y creo que vamos a ver más operaciones este año”. A su juicio, serán la Sareb, CaixaBank y Sabadell las entidades que van a liderar las ventas del ladrillo este año.

En conjunto, las entidades financieras del sur de Europa concentran ahora el grueso de los inmuebles adjudicados y créditos morosos de Europa, según los datos de la consultora Evercore, que prevé que este año se cierren operaciones por valor de unos 80.000 millones, con España de nuevo a la cabeza (en estos momentos supone el 78% de las carteras en venta en Europa, según la consultora). España, recuerda Íñigo Laspiur, empezó la limpieza del ladrillo de las entidades financieras en el 2013, tarde respecto a los países anglosajones, pero antes que Italia o Grecia, que apenas han empezado. “Los grandes fondos miran al sur”, señala. Los italianos Monte de Paschi y Banca Marche estuvieron ya el año pasado entre los vendedores más activos, mientras que en Grecia los cuatro grandes bancos están bajo presión de las autoridades comunitarias para acelerar su saneamiento.

El banco malo español o Sareb es el mayor propietario de Europa de activos tóxicos, según Evercore, con unos activos adjudicados por 75.000 millones, por delante del de Irlanda (le quedan 27.000 millones) y Reino Unido (20.000). Los bancos más afectados son italianos (Intesa San Paolo, Unicredito, Atlante Fund y Monte dei Paschi) y griegos (Pireus y Alpha). En España es el Sabadell, con activos adjudicados y créditos morosos de 14.000 millones, que tras los saneamientos son apenas 4.000.