jueves, 30 de enero de 2020

El PSOE ganaría las elecciones en la Comunitat con un 34,5% de los votos, 21 puntos más que el PP


VALENCIA.- El PSOE ganaría las elecciones generales en la Comunitat Valenciana con un 34,5% de los votos, según la estimación del Barómetro de enero de 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas. Los socialistas superarían en 21 puntos al segundo partido más votado, el PP.

En concreto, los 'populares' obtendrían en la Comunitat Valenciana un 13,5% de los votos, seguidos de Vox, con un 10,5; y Unidas Podemos, con el 10,2. Por detrás quedarían Ciudadanos, con un 5,6% y Més Compromís, con el 4,9, según la estimación del voto+simpatía del CIS.
Las distancias se acortan en la pregunta de voto directo. Un 26,3% de los encuestados en la Comunitat Valenciana han afirmado que votarían al PSOE; un 11,8% al PP; el 9,5% a Vox y un 9,2% a Unidas Podemos. En este caso, Més Compromís supera a Ciudadanos, ya que un 4,6% de los encuestados han afirmado que les votarían, frente al 3,3% de Cs.
El CIS también pregunta por cuál sería la segunda opción de los votantes. En este caso, un 24,3% de los encuestados han afirmado que votarían a Unidas Podemos; el 15,3%, a Ciudadanos; el 10,4%, al PP; el 9,9%, al PSOE; el 9,4%, a Més Compromís, y el 2% a Vox.
Debido a la cercanía a las anteriores elecciones, el barómetro pregunta también por el recuerdo de voto. De los encuestados, un 85,5% han afirmado que sí fueron a votar; 12,5% prefirieron no votar; el 1,3% no fueron a votar porque no pudieron y un 0,3% fue al colegio electoral pero no pudo ejercer su derecho.
Según el barómetro, el 29,6% de los encuestados afirman haber votado al PSOE; el 12,5%, al PP; el 10,9% a Unidas Podemos; el 9,2% a Vox; el 6,6%, a Ciudadanos; y el 4,9%, a Més Compromís.
Estos datos contrastan con los de las elecciones del 10 de noviembre. En el caso del PP, los resultados de los comicios fueron 10,5 puntos superiores a los de la encuesta (23,07%), y en el caso de Vox, 9,6 puntos por encima (18,48%). En el lado contrario, el PSOE obtiene un porcentaje en esta encuesta superior en dos puntos al que obtuvo en las urnas.
El barómetro pregunta también por la gestión del gobierno, aunque se refiere al ejecutivo en funciones, debido a que el actual no estaba conformado durante el proceso de encuestado. Un 36,8% de los participantes considera que la gestión de Sánchez es "regular", el 22% la ve mala; el 18,4, buena; el 17,1%, muy mala; y el 1,6%, muy buena.
A la pregunta de si un gobierno del PP lo haría mejor, el 14,1% han considerado que sí; el 37,8%, que igual; y el 36,8%, que peor. Para un 9,9% de los valencianos encuestados, un gobierno de Vox lo haría mejor que el socialista, para un 19,7%, sería igual; y para el 51,6%, peor. Un gobierno de Podemos -en el momento de la encuesta, la formación no estaba en el ejecutivo todavía- sería mejor para el 8,9%; igual, para el 36,8%; y peor, para el 34,5%.
La realización de la encuesta coincidió temporalmente con la investidura y la formación del gobierno, por lo que el barómetro pregunta también por la posibilidad de que los valencianos fueran a votar de haberse convocado unas terceras elecciones, mediante una escala del 0 al 10.
En este caso, el 47,4% afirmó que "con toda seguridad, iría a votar" -respuesta que corresponde al número 10-, un dato por debajo de la media de las comunidades autónomas (56,9%). Un 9,5% dijo que "con toda seguridad, no iría a votar" -respuesta que corresponde al 0-, también menos que la media de las autonomías (11,2). Un 13,2% de los encuestados se situó en el 9; un 8,6%, en el 8 y un 5,3%, en el 7.
El mismo método de la escala se ha utilizado a la hora de preguntar la posibilidad de que los encuestados voten por uno u otro partido. De los valencianos encuestados, un 20,4% ha afirmado que "con toda seguridad, no votaría nunca" al PSOE; mientras que el 7,9% ha afirmado que "con toda seguridad lo votaría siempre". La media de esta escala, siendo 0 la primera variable comentada y 10 la segunda, es un 4,5.
En el caso del PP, un 32,2% de los encuestados afirma que "con toda seguridad, no lo votaría nunca", mientras que el 3% dice que "con toda seguridad, lo votaría siempre". Así, la media de los 'populares' se sitúa en el 3. En el caso de Vox, un 57,6% se sitúa en el 0 (no lo votaría nunca), mientras que el 3,6%, en el 10 (lo votaría siempre). La media del partido de Santiago Abascal se sitúa en el 1,8.
Respecto a Podemos, un 35,2% no lo votaría nunca, mientras que un 3,9% lo votaría siempre. La media de los de Pablo Iglesias se queda en el 3. En esta pregunta, la encuesta distingue entre Podemos e Izquierda Unida: si la formación que dirige Alberto Garzón se presentara en solitario, un 40,1% de los encuestados no la votaría nunca, mientras que el 3,3% la votaría siempre (la media se queda en el 2,8).
En el caso de Ciudadanos, un 30,6% de los encuestados no lo votaría nunca, y solo un 0,3% lo votaría siempre. Su media se queda en el 2,7 (el 0 es nunca y el 10 es siempre). En el caso de Más País, un 38,2% no lo votaría nunca, y un 0,7% lo votaría siempre. Su media se sitúa en el 2,4.
Respecto a la valoración de los líderes políticos, el mejor valorado por los valencianos es Pedro Sánchez, que se queda en el 4,3 (una décima más que el 4,2 de la media de las autonomías". En segunda posición se sitúa Alberto Garzón, en el 3,8; y el tercero mejor valorado es Pablo Iglesias (3,7). Ambos reciben mejor valoración en la Comunitat Valenciana que en la media de España, donde se quedan en el 3,5.
En cuarta posición empatan los dos líderes que se estrenan en esta encuesta, Inés Arrimadas (Cs) e Íñigo Errejón (Más País-Més Compromís), que se quedan en el 3,6. Su valoración también es más positiva en la Comunitat que la media estatal, que se queda en el 3,3.
En la cola de esta clasificación se sitúan Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox), a quienes los encuestados valoran con un 3,3 y un 2,8 respectivamente. Casado obtiene la misma valoración que en la media, mientras que Abascal recibe una nota dos décimas superior por parte de los valencianos que del conjunto de los españoles (2,6).

El gasto en bienestar comunitario de 2019 en Elche se sitúa en 134,89 euros por habitante, un 3,08 menos

ELCHE.- El gasto de Elche en bienestar comunitario, la partida municipal con más peso, ha descendido en 2019 en la misma tónica que años anteriores, según un informe elaborado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en el que se analiza la evolución de las cuentas municipales entre los años 2010 y 2019 para 20 ciudades españolas en base a cifras oficiales.

El informe muestra que los principales gastos presupuestarios del Ayuntamiento de Elche en 2019 fueron, en primer lugar, bienestar comunitario -que engloba servicios como gestión de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, servicios funerarios y alumbrado- con 134,89 euros/habitante; en segundo lugar, seguridad y orden público con 66,02 euros/habitante; en tercer lugar, transporte con 42,98 euros/habitante.
Le sigue, por orden de gasto, educación -que engloba administración general de educación, funcionamiento de centros docentes de preescolar y primaria y educación especial y servicios complementarios de educación- con 22,63 euros/habitante; promoción turística con 6,78 euros/habitante y, por último, promoción y fomento del deporte con 2,27 euros/habitante. 
El análisis de OSUR también tiene en cuenta los indicadores protección y mejora del medio ambiente y vivienda, partida con las que no se cuenta con datos de Elche.
Asimismo los indicadores muestran que, "pese a la grave situación de contaminación atmosférica de Elche", el gasto en transporte público por habitante se redujo más de un 8% en 2019, pasando de 46,81 euros/habitante a 42,98 euros en 2019. La ciudad que más gasta en esta partida es Bilbao que se sitúa en los 116,43 euros/habitante.
El director general de OSUR, Lorenzo Dávila, ha resaltado que "la deficiente calidad del aire es un tema preocupante en Elche, sin embargo, el gasto en transporte público por habitante se redujo más de un 8% en 2019 con el impacto que esto tiene tanto en la gestión de la movilidad como en la renovación de la flota".
En materia de educación, Elche sigue manteniendo el título de la ciudad que menos gasta de todas las analizadas, con un descenso en 2019 de un 5% respecto a 2018. En promoción y fomento del deporte, Elche es la segunda ciudad analizada con menor gasto en 2019 (2,27 euros por habitante), un 1,3% menor respecto a 2018.
Con respecto al gasto en instalaciones deportivas, una partida que no se incluye dentro del indicador de deporte, es de 4,51 euros, lo que la convierte en la tercera por la cola con un pronunciado descenso del 57% en el último año.
Como en el resto de los ayuntamientos analizados, el indicador bienestar comunitario es al que más dinero se destina desde el gobierno de Elche con 134,89 euros/habitante, lo que supone 3,08 euros menos que en 2018. Unas cifras que confirman la tendencia a la baja desde 2015 cuando se asignó 146,23 euros por ciudadano.
En recogida, gestión y tratamiento de residuos, Elche gastó 42,96 euros en 2019 (un 0,8% menos que el año anterior) y en limpieza viaria, el gasto se mantuvo prácticamente invariable en 67 euros por habitante, la misma cifra que desde 2016.
El gasto en seguridad y orden público en Elche, sin embargo, ha aumentado pasando de 71,61 euros/habitante en 2019 a 74,70 euros en 2019, dentro de la media nacional (70,42 euros/habitante).
En información y promoción turística, Elche destina 6,78 euros/habitante manteniéndose dentro de los 6 euros desde el año 2016, una cifra que se encuentra dentro de la media de las ciudades analizadas (4,55 euros/habitante), pero lejos de Vigo que, con 16,25 euros por habitante, es el gobierno municipal que más destinó. No se cuentan con datos de Elche en las partidas de protección y mejora del medio ambiente y vivienda, también incluidas en el informe.
El Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) ha analizado 21 partidas presupuestarias de 20 ciudades españolas con diferentes gobiernos entre los años 2010-2019 y de los datos se desprende que la tendencia de gasto en los ayuntamientos analizados es en general a la baja.
De hecho, el análisis de las partidas presupuestarias de 2019 en términos agregados muestra que, respecto a 2018, la partida de bienestar comunitario disminuye un 6,36%, medio ambiente disminuye un 4,27%, vivienda disminuye un 1,27%, así como educación que a su vez disminuye un 4,56%.
En el caso de la partida de seguridad, nos encontramos con que disminuye un 7,13%, turismo disminuye un 25,08%, la partida de transporte público lo hace un 5,18%, mientras que en la partida de deporte la caída es de un 8,30%.
Este análisis comparativo del gasto de las principales 20 ciudades españolas en 2019 se basa en los presupuestos comprendidos entre los años 2010 y 2018, y se nutre de las cifras que publica el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local recogidos en gobierto.es.

Alicante aumenta en 2018 el gasto en servicios públicos en todas las partidas excepto en transporte

ALICANTE.- La ciudad de Alicante aumentó en 2018 el gasto en casi todas las partidas excepto en transporte público, según el informe del Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) que destaca que el área al que más dinero se ha destinado es la de Bienestar comunitario con 135 euros por habitante y la que menos, medio ambiente, con 0,94 euros por habitante. 

El informe, que analiza la evolución de las cuentas municipales entre los años 2010 y 2018 (al no contar todavía con datospublicados para el año 2019), señala que el gobierno de la ciudad de Alicante aumentó en 2018 el gasto municipal en bienestar comunitario, seguridad y orden público y vivienda, según las cifras de la AIReF.
La ciudad de Alicante, la única de las 20 analizadas que no facilitadatos sobre el gasto público a los organismos oficiales, solo constan los de 2018, según las mismas fuentes, destina la mayor partida a bienestar comunitario -que engloba alcantarillado, abastecimiento de agua potable, recogida, gestión y tratamiento de residuos, limpieza viaria, cementerios y servicios funerarios y alumbrado público- (135 euros/habitante); seguridad y orden público (84,84 euros/habitante) ytransporte público (42 euros/habitante).
Le sigue educación -que engloba administración general de educación, funcionamiento de centros docentes de preescolar y primaria y educación especial y servicios complementarios de educación- (31 euros/habitante); vivienda -que engloba promoción y gestión de vivienda de protección pública y conservación y rehabilitación de la edificación- (9,38 euros/habitante); promoción y fomento del deporte (2,53 euros/habitante) y medio ambiente (0,94 euros). El estudio de OSUR también tiene en cuenta el indicador turismo, no obstante, en Alicante no se cuentan con datos de esta partida.
Las cifras de la AIReF reflejan que el gobierno de Alicante ha aumentado el gasto en casi todas las partidas, la excepción es transporte público. En todas las categorías incluidas en bienestar comunitario, el gasto de 2018 aumentó respecto al año 2017, excepto en cementerios y servicios funerarios, que se redujo a la mitad (de 3,18 a 1,50 euros por habitante).
En cuanto a seguridad y orden público, el gobierno municipal de Alicante destinó en 2018, 84,84 euros por habitante, mientras que en 2017 la inversión fue de 78,55 euros. Transporte público fue la partida que más redujo el gasto respecto a 2017, pasando de 50 euros porhabitante a 42 euros, menos que ciudades comparables como, Granada, Murcia o Vigo el mismo 2018.
Dentro de la categoría de educación, Alicante gastó en 2018, 31 euros en 2018, misma cantidad que en 2017. La partida que más dinero se lleva dentro de educación es funcionamiento de centros docentes de preescolar y primaria y educación especial, a los que se destina 29,89 euros por habitante.
En materia de vivienda, el gasto rebasó los 9 euros por primera vez, pasando de 4,11 euros en 2015 a 8,01 euros en 2016, 7,65 euros en 2017 y 9,38 euros en 2018, mientras que en deporte se destinó 2,53 euros/habitante, prácticamente como 2017 (2,54 euros/habitante). En cuanto a protección y mejora del medio ambiente, el gasto en Alicante también superó levemente el del año 2017 (pasando de 0,92 euros a 0,94 euros).
El director general de OSUR, Lorenzo Dávila, ha destacado que "Alicante ha aumentado su gasto municipal en 2018, una inversión que, en algunas partidas, era muy necesario, por ejemplo, en limpieza viaria, una partida que aumentó pasando de 51,70 euros en 2017 a 52,33 euros en 2018". En cuanto a protección y mejora del medio ambiente, ha resaltado que el gasto también superó levemente el del año 2017, "aunque no suficiente para afrontar los niveles de contaminación de la ciudad".
La ciudad de Alicante aumenta en 2018 el gasto en servicios públicos en todas las partidas excepto en transporte

La ciudad de Alicante aumentó en 2018 el gasto en casi todas las partidas excepto en transporte público, según el informe del Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) que destaca que el área al que más dinero se ha destinado es la de Bienestar comunitario con 135 euros por habitante y la que menos, medio ambiente, con 0,94 euros por habitante. El informe, que analiza la evolución de las cuentas municipales entre los años 2010 y 2018 (al no contar todavía con datos publicados pa ...

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La Eurocámara pide medidas vinculantes para paliar la brecha salarial, que supera los 5.000 € en la Comunitat

BRUSELAS.- El Pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que se ponga en marcha en la UE una estrategia que incluya medidas vinculantes sobre transparencia ante la brecha salarial, que en el caso de la Comunitat Valenciana revela una diferencia de retribución media anual para las mujeres 5.344 menor que la de los hombres.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al ejercicio 2017, publicados en 2019, la ganancia anual media en el caso de los varones se estimó en la Comunitat Valenciana en 23.867,74 euros, mientras, que la de las mujeres fue de 18.523,81 euros.
En una resolución aprobada este jueves, por 493 votos a favor, 82 en contra y 79 abstenciones, la Eurocámara valora positivamente la intención de la Comisión Europea de poner sobre la mesa esta cuestión y establezca medidas que ayuden a corregir la desigualdad existente entre hombres y mujeres en materia salarial.
La resolución insta a estudiar medidas para la transparencia en la fijación de sueldos y para la obligación de cumplimiento tanto para el sector público como en el privado. Para ello, la política debe fijar objetivos claros y establecer mecanismos de vigilancia. El ejecutivo comunitario se ha comprometido a presentar en marzo una nueva estrategia de Igualdad para el mes de marzo que incluya medidas para atajar la brecha salarial.
La Eurocámara se muestra a favor de que se revise el plan de acción para la brecha salarial y que se establezcan objetivos concretos a nivel nacional con un plazo de cinco años. Sobre las diferencias que se registran a nivel de pensionas, los eurodiputados reclaman medidas que ajusten las cotizaciones a los periodos dedicados a cuidados, pensiones mínimas adecuadas, prestaciones de supervivencia y permisos familiares también para los hombres.
Durante el debate parlamentario que tuvo lugar hace unas semanas, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, se comprometió a presentar en marzo su nueva estrategia y adelantó que su departamento trabajará en pro de la “transparencia salarial” y llegó a poner sobre la mesa medidas como ofrecer a los trabajadores información sobre la escala salarial o requerir a las empresas que auditen ese tipo de información.
“La discriminación salarial ha ido demasiado lejos. El principio de mismo trabajo mismo sueldo ha estado en los tratados desde 1957, pero en Europa las mujeres siguen recibiendo de media un 16% menos de sueldo que los hombres. Es hora de atajar esto”, recalcó la comisaria maltesa.

Las defensas de los siete acusados del crimen de Polop piden que no se someta a veredicto el juicio por falta de pruebas

ALICANTE.- Las defensas de los siete acusados del asesinato en octubre de 2007 del entonces alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, han pedido a la magistrada de la Audiencia de Alicante que el juicio no se someta a veredicto del jurado por falta de pruebas.

Así lo han solicitado en una sesión en la que las partes han ratificado sus conclusiones y las han elevado a definitivas. La magistrada ha rechazado esta petición formulada por las defensas que representan al exconcejal de Urbanismo y sucesor de Ponsoda en el Ayuntamiento de Polop, Juan Cano, y otras seis personas más entre acusados como inductores y autores materiales del asesinato.
La Fiscalía ha indicado que pese a que no hay un aprueba directa, y que no se ha encontrado el arma, "sí hay una pluralidad de indicios y el testimonio del testigo protegido", que trabajó de portero en el club Mesalina, lugar donde presuntamente se urdió el crimen.
Según fiscal y acusación particular, Alejandro Ponsoda fue tiroteado en la cabeza a las puertas de su domicilio, en "un ataque sorpresivo" del que "no tuvo capacidad de defenderse".
Para la acusación pública ha quedado probado que Juan Cano, el empresario Salvador Ros y los dueños del Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gato, acordaron el asesinato en el interior del local de alterne, "el peor de los ámbitos delincuenciales, según la UCO", ha dicho.
Las acusaciones, que sostienen que el objetivo era que Cano se hiciera con la Alcaldía, han afirmado que "fue un tiro por encargo", y se pagó a los autores materiales, Raúl Montero, Robert Franek y Radim Rakowski, que "solo lo hicieron por enriquecerse", ya que no conocían al entonces alcalde de Polop.
La fiscal ha pedido al jurado que contemplen el contexto, que los hechos sucedieron hace diez años y que Cano, considerado principal inductor, sigue paseando por Polop tras "insultar" y "enfrentarse" a los miembros de la Guardia Civil, y amenazar al testigos y familiares, según se ha podido escuchar durante el juicio.
Asimismo, ha destacado que las detenciones se produjeron dos años después del asesinato, a la vez que ha negado que existiera presión para que la UCO cerrara la investigación en falso. Así, ha defendido que se investigó todo, "las amenazas de los vecinos y la vida personal" de la víctima.
Ministerio fiscal y acusación particular sostienen que había una "planificación" ya que, a partir de 2003, pese a que Juan Cano se queda fuera del Ayuntamiento, intenta mantener el control de Urbanismo, apoyado por el testimonio de Juan Andrés Llorens, con el que se ha demostrado, asegura la fiscal, que la actitud de Cano en el Ayuntamiento hasta 2007 "no era una colaboración", sino un intento "de golpe de Estado".
En cuanto a los intermediarios, las acusaciones aseguran que a Cano se le ha situado en varias ocasiones en el club Mesalina en compañía de los responsables, Hermosilla y Gatto, y del amigo íntimo del exconcejal, el empresario Salvador Ros al que Raúl Montero, uno de los presuntos autores materiales, le vendió un arma.
Respecto al testigo protegido, señalan que ha quedado demostrado que en 2007 era portero del Mesalina y que, según ha declarado en Instrucción, Juan Cano, al que describió como director de la CAM, en una reunión en la sala VIP, junto a Hermosilla, Gatto y Ros, le encargó el asesinato de Ponsoda y que tras negarse, oyó que se lo habían encargado a Raúl Montero Trevejo, a Robert Franek y a Radim Rakowski.
En cuanto a la autoría material, han incidido en que en el asesinato se utilizaron dos pistolas y cartuchos compatibles con las intervenidas a Raúl Montero, y a Robert Fraenek y Radim Rakowski, en sendas operaciones en Sueca y Benidorm.
Por su parte, las defensas de Raúl Montero, Radim Rakowski y Robert Franek, acusados de ser autores materiales del asesinato, han asegurado que no hay pruebas de que sus clientes participaran en los hechos, por lo que han solicitado un veredicto de no culpabilidad.
La defensa de Montero califica de "hipótesis", "conjeturas" y "rumores" los testimonios durante el juicio y ha cuestionado al testigo protegido, que dos años después del asesinato aparece "por arte de birlibirloque" y se pretende que se dé a sus declaraciones el "carácter de Dios", ha indicado.
Por su parte el abogado de Radim Rakowski asegura que no hay la más mínima prueba ni de que se haya reunido con los inductores del crimen ni que haya hablado por teléfono con ellos para organizar el asesinato.
Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de 25 años de prisión para cada uno de los instigadores e inductores del asesinato con alevosía y precio -- Juan Cano, Salvador Ros, Pedro Hermosilla y Raúl Gatto -- y 27 años a los tres acusados de ser autores materiales del asesinato -- Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski--, a los que suma tenencia ilícita de armas.

Callosa de Segura coloca la Cruz de los Caídos en el Museo y el PSPV recuerda que es "ilegal" exponerla


ALICANTE.- El Ayuntamiento de Callosa de Segura, gobernado por el PP, ha colocado la Cruz de los Caídos, retirada durante el pasado mandato por el anterior equipo de Gobierno de izquierdas, en el Museo del Cáñamo de la localidad. El PSPV ha recordado que es "ilegal" exponerla.

El consistorio ha indicado que se ha hecho para cumplir con la sentencia de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga a custodiar "adecuadamente todos los elementos, pedestal y cruz".
Para ello, la Cruz ha sido ubicada "en una dependencia anexa" a la nave central del museo local, "donde estará protegida de las inclemencias meteorológicas", señala el Consistorio en su página web.
Las fuentes municipales consultadas este jueves, han precisado por su parte que la cruz está "a buen recaudo" de modo que "está dentro del museo pero no está expuesta, ni nada de eso".
Asimismo, han precisado que "no existe ninguna leyenda" en la cruz que haga referencia a los "caídos por Dios y por España". 
 Por su parte, desde el PSPV, la portavoz de Calidad Democrática, Cooperación y Derechos Humanos, Trini Castelló, ha advertido al Partido Popular que "volver a exhibir en Callosa del Segura la Cruz de los Caídos por Dios y por España es ilegal".
En ese sentido, la dirigente socialista ha explicado que la cruz se retiró hace dos años "en virtud de dos sentencias y del artículo 39 de la Ley de Memoria Democrática".
Trini Castelló ha exigido a la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que "recuerde a los cargos de su partido que la ley está para cumplirla". 
"De nuevo vemos cómo las políticas del PP se mimetizan con las de la extrema derecha", ha reprochado la portavoz de Calidad Democrática y ha reprobado que Bonig respalde actuaciones "que ningún partido democrático de Europa apoyaría".
"En esa cruz aparece el nombre de 83 víctimas que cayeron por Dios y por España" ha destacado la portavoz socialista quien ha indicado que eso es "claramente un enaltecimiento del franquismo". 
 La Cruz se retiró en cumplimiento de una resolución del Ayuntamiento en aplicación de la Ley de Memoria Histórica el 29 de enero de 2018, en una actuación que se saldó con la detención de una pareja de jóvenes de Crevillent por supuestamente alterar el orden público al lanzar petardos a la zona donde estaban trabajando los operarios.
El consistorio retiró la Cruz de los Caídos de la fachada de la iglesia de San Martín, lo que provocó protestas de parte de la ciudadanía. Miembros de la Plataforma en Defensa de la Cruz permanecieron un total de 401 días, desde el 26 de diciembre de 2016, concentrados junto a ella para evitar su retirada.
Finalmente en noviembre de 2018, el juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Elche desestimó el recurso de Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura, de enero de 2017, que rechazaba una propuesta del PP para mantener la cruz de los caídos en la plaza de la Iglesia y avaló la retirada en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
La sentencia recalca que la cruz solo representa a "la facción" que ganó la guerra y que es un monumento "marcadamente político" y con una finalidad distinta a la de la fe católica.

Un 86,2% de los valencianos cree que el cambio climático se está produciendo debido a la acción humana

VALENCIA.- Un 86,2% de los valencianos cree que se están produciendo cambios imprevistos en el clima debido a las acciones humanas sobre el medio y la naturaleza, mientras que solo un 2,3% considera que no se está produciendo un cambio climático y un 8,6% dice que "estamos ante una etapa más del clima, igual que de forma natural ha habido cambios en el clima a lo largo de la historia".

Estas son las respuestas que recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de enero de 2020, que con motivo de la Cumbre del Clima de Madrid del mes de diciembre, ha preguntado a sus encuestados acerca del cambio climático.
Además de las preguntas concretas sobre esta temática, el CIS también incluye los problemas medioambientales como posible respuesta a la pregunta "¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?" y "¿Cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más?".
En la primera de ellas, solo un 0,7% de los encuestados cree que los problemas medioambientales son los principales de España; mientras que un 2% los sitúa como segundo principal problema, y un 1,3%, como tercero. Por orden de porcentajes, "Los problemas medioambientales" es la 17ª respuesta más dada cuando se pregunta por el principal problema de España, empatada con la vivienda y la educación, y a mucha distancia de la más habitual, el paro (33,6%).
En el segundo caso, un 3% de los encuestados ha afirmado que los problemas medioambientales les afectan personalmente. En este caso, es la 15ª respuesta más habitual, también alejada de los problemas de índole económica (27,6%); el paro (20,7%) y aquellos relacionados con la calidad del empleo (20,7%).
Respecto al interés por los valencianos sobre la información del cambio climático, un 43,1% afirma que sigue las noticias relacionadas con bastante interés; un 21,4%, con mucho interés, y un 22,4% con poco interés. A un 13,2% de los encuestados no les produce ningún interés este tipo de información. Este último dato se sitúa cuatro puntos por encima de la media de las autonomías (9,2).
Preguntados por el impacto del cambio climático, un 60,6% de los encuestados cree que este se puede reducir; un 22,2% cree que se puede detener y un 8,1%, que no se puede hacer nada en la situación actual.
Un 49,2% de los encuestados cree que la situación actual es de "emergencia climática", mientras que un 42,8% afirma que la situación es grave, pero no de emergencia climática. Solo para el 3% se "exagera" al hablar del peligro que supone el cambio climático.
El barómetro pregunta sobre acciones que se pueden llevar a cabo a nivel global como respuesta ante el cambio climático. Una de ellas son los acuerdos internacionales para reducir gases contaminantes, en las que un 33,7% de los valencianos dice confiar poco; un 27,6, bastante; y un 13,8%, mucho.
Un 30,6% confía poco en la acción de los gobiernos y las administraciones, mientras que un 24,2%, no confía nada; un 28,3%; bastante y un 14,5%, mucho. En cuanto a las acciones individuales, un 47,8% confía bastante; un 23,9%, poco; un 16,8%, mucho y un 8,4%, nada.
En cuanto a las acciones de las empresas que contaminan para dejar de hacerlo, un 27,6% no confía nada; un 26,9% confía poco y otro 26,9% bastante; y un 15,2%, mucho. La investigación tecnológica recibe más adhesiones, ya que un 52,2% confía bastante y un 22,9%, mucho. Solo un 13,1% confía poco y un 8,4%, nada.
Preguntados sobre la COP25, el 46,2% de los encuestados en la Comunitat ven positivo que España haya acogido esta cita, mientras que el 11,9% lo ve "muy positivo". Un 28,9% considera indiferente esta circumstancia, mientras que para un 4,3% es negativo, y para un 0,8%, muy negativo.
Ahora bien, respecto de la utilidad de la cumbre, un 42,7% de los encuestados consideran que ha sido "poco útil", y un 18,6, "nada útil". Solo un 2% de los encuestados ven la cumbre "muy útil", mientras que un 26,9% cree que ha sido "bastante útil". Un 9,9% dice no saber cuál ha sido la utilidad de este encuentro internacional.
Asimismo, un 63,2% de los encuestados se ha informado diariamente por los medios de comunicación del desarrollo de la cumbre; un 7,1% ha acudido a manifestaciones o movilizaciones y un 12,6% ha participado en grupos o foros de debate en redes.
La encuesta también incluye preguntas respecto a los hábitos que pueden adoptar las personas para ser más respetuosas con el medio ambiente. Reciclar es el más habitual entre los valencianos, ya que un 79,6% lo hace habitualmente, y un 12,2% no lo hace habitualmente, pero estaría dispuesto a hacerlo. Un 7,9% también afirma que no está dispuesto a hacerlo.
Un 34,2% afirma reducir habitualmente su uso de vehículos contaminantes, mientras que un 44,4% dice que no lo hace, pero estaría dispuesto a hacerlo. Un 8,2% afirma que no está dispuesto a ello.
Respecto de la posibilidad de utilizar transportes que no contaminan, un 24,3% lo hace habitualmente, mientras que el 50% estaría dispuesto a ello, y un 8,6% no lo está.
No utilizar envases de plástico es una de las preguntas con el mayor número de respuestas "no lo hace habitualmente, pero estaría dispuesto a hacerlo". Un 19,4% afirma que no gasta este tipo de embalajes habitualmente, mientras que un 9,5% no se muestra dispuesto a hacerlo.
Las dos propuestas que más oposición encuentran son consumir productos naturales o ecológicos que no hayan contaminado aunque sean más caros y obtener energía de placas solares. En el primer caso, un 17,1% de los encuestados no estaría dispuesto a pagar más por productos menos contaminantes, mientras que un 16,8% no querría obtener su energía de la instalación de placas solares.
De hecho, solo un 2,6% de los encuestados afirma utilizar la energía solar de manera habitual y un 72,7% no lo hace habitualmente, pero estaría dispuesto a ello. Mientras, un 22% de los encuestados consume habitualmente productos menos contaminantes, y un 59,9% estaría dispuesto a hacerlo aunque esto suponga pagar más por ellos.
Al final de este bloque, el barómetro pregunta respecto al futuro. Un 84,5% de los valencianos cree que hay que renunciar a algo en el presente para vivir mejor en el futuro, mientras que el 11,2% se decanta por "el futuro es tan incierto que es mejor vivir sin renunciar a nada".

La Generalitat Valenciana afronta el Brexit con "responsabilidad y cierto optimismo"

VALENCIA.- El secretario autonómico de Turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, ha destacado que desde el punto de vista del turismo la Comunitat afronta el Brexit "con responsabilidad, pero también con cierto optimismo porque es un mercado que no se ha visto resentido en los últimos años".

Así se ha pronunciado sobre el abandono este viernes de Reino Unido de la Unión Europea tras 47 años: "Debemos continuar con la línea de trabajo que hemos impulsado los últimos años y que nos han consolidado como uno de los destinos turísticos preferidos entre los británicos a pesar de las noticias del Brexit".
Según ha dicho, hay un hecho "contundente" durante los últimos años y es que el turismo no se ha resentido "más que algunas fluctuaciones" y lo importante es continuar "cultivando" las relaciones con el mercado británico, que es el principal mercado emisor en el ámbito internacional, con un 31% de la cuota de mercado.
Así, ha apostado por "continuar trabajando en el refuerzo de marketing, diversificando la capacidad de seducir a otros segmentos de la propia demanda británica, más allá de nuestro consolidado producto de sol y playa".
Colomer ha incidido en la necesidad de que la Comunitat se abra a las grandes tendencias del Reino Unido como el birdwatching, la enogastronomía, el senderismo, el turismo cosmopolita, o MICE, además de a otros mercados europeos.
"Vamos a continuar trabajando con el mercado británico para mantener un mercado profundamente vinculado a la Comunitat Valenciana", ha indicado, recordando que "el público británico adora España, y fundamentalmente la Comunitat Valenciana y Costa Blanca".
Colomer también ha recordado que "el mercado británico no concibe las vacaciones como una cuestión ligada al lujo, sino como una necesidad, integrada en la vida y planificación de las familias", por lo que ha recalcado que "si seguimos reforzando producto y sintonizando con el mercado británico, nuestras ventajas competitivas nos permitirán un horizonte de cierta estabilidad".

La UE subvenciona a 77 ayuntamientos valencianos con 1.150.000 euros para implantar Wifi gratuito en espacios públicos

VALENCIA.- La Unión Europea (UE) ha subvencionado a 77 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con 1.150.000 euros para cada uno, en los tres paquetes de ayudas contemplados en la iniciativa europea WIFI4EU, que establece la obligatoriedad, en 2020, de que los espacios públicos de la UE dispongan de WiFi gratuito de calidad.

La empresa Cambium Networks ha colaborado en esta iniciativa asesorando a los ayuntamientos a la hora de solicitar las ayudas y formando a funcionarios municipales y proveedores locales, según ha indicado en un comunicado.
La Comunitat Valenciana ha sido, tras Andalucía, Cataluña y Castilla y León, la cuarta autonomía en recibir un mayor número de ayudas, "gracias a la proactividad y rapidez de sus municipios", en un programa que, en sus tres convocatorias, siguió un formato de concesión que tenía en cuenta el orden de llegada de las solicitudes y el 98% de los bonos disponibles se solicitaron en los primeros 60 segundos de cada convocatoria.
En la primera convocatoria, 17 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana lograron las ayudas; en la segunda 51 y nueve en la tercera. 
En el total nacional, 876 ayuntamientos españoles recibieron 13.140.000 euros en ayudas a lo largo de las tres convocatorias.
Dentro de la Comunitat por provincias, Valencia encabeza la lista por número de ayudas con 43 municipios, seguida de Alicante con 19 y Castellón con 15.
El objetivo de WIFI4EU es que cualquier espacio público ofrezca Wifi de calidad y gratuito. En paralelo, en 2020 y de acuerdo con los objetivos de la Agenda Digital, todos los europeos, vivan donde vivan, deben tener acceso a un mínimo de 30 megas de Internet de calidad y, el 50% de la población acceso a internet con un ancho de banda superior a 100 MB.

El bipartito de Alicante se rompe con la lengua y la educación sexual

ALICANTE.- Tres debates especialmente sensibles, y no relacionados directa y exclusivamente con la ciudad de Alicante, han conseguido dividir -por primera vez de manera significativa y evidente- las posiciones mantenidas en el salón de plenos por los dos partidos que conforman el equipo de Gobierno: Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). Y el mérito (si puede considerarse como tal) se lo debe apuntar Vox, que habría conseguido que los populares les acompañasen en sus postulados, mientras Cs mantiene sus pretensiones de desmarque en busca del espacio político del centro

La división de la posición de voto en el bloque del bipartito se ha desencadenado en el debate sobre la declaración institucional presentada por el partido de Santiago Abascal para solicitar que Alicante deje de estar considerado como municipio de predominio valenciano-parlante en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. También sobre una segunda propuesta defendida por Vox para que se impartan sesiones formativas y campañas publicitarias sobre los riesgos que supone el aborto para las mujeres. 
Y, con antelación, en la propuesta defendida por Unides Podem EU para defender la legislación vigente en materia de educación sexual frente a las restricciones que promueve el llamado 'pin parental' defendido por Vox (y ya implantado en algunas autonomías como la de Murcia), según la crónica de Alicante Plaza
En las tres iniciativas, el PP se ha posicionado junto a Vox, mientras que Cs ha sumado sus cinco votos a los 13 de los grupos que conforman el eje progresista: PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís. ¿El resultado? PP y Vox han sido derrotados en las tres votaciones.
Por partes. 
En la defensa de la propuesta sobre el valenciano, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha defendido que su propuesta trata de propiciar "la adaptación de la Ley a la realidad social", ya que, a su juicio, "en esta ley se miente, puesto que se dice que Alicante es un municipio valenciano-parlante". 
Así, ha señalado que "según la encuesta de 2015, el uso del valenciano es mínimo, de un 12,13%, frente al 84% del castellano; y eso en el ámbito familiar". Por ello, ha recalcado que la adscripción de Alicante a la zona valenciano-parlante "es un arma más de esa política expansiva de la lengua de la que hace gala Compromís", ha señalado.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha respondido que la declaración institucional es una muestra más de "los intentos de la derecha por volver a los tiempos del NO-DO y de romper el consenso constitucional". 
"Es un ataque al Estatuto de Autonomía y a la Constitución", ha incidido, "cuando lo que cabe es avanzar en la defensa de los derechos lingüísticos de los valenciano-parlantes que se ven vulnerados todos los días".
 "No se puede sostener de ningún modo que en Alicante el castellano esté en peligro", ha abundado. "El problema", ha señalado, "es que PP y Cs puedan secundar esa iniciativa; si la derecha se alinea en esa posición de la extrema derecha". 
Por último, ha llegado a tildar la propuesta de una traición a la historia y la tradición de Alicante y ha señalado que supone "escupir al escudo de la ciudad". Con todo, ha señalado que la iniciativa no tiene ningún recorrido político efectivo, ya que se queda en una declaración sin más consecuencias.
En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Unides Podem EU, Xavi López, quien ha insistido en la necesidad de defender la tradición valenciano-parlante de Alicante como seña de identidad. 
Además, ha anunciado su intención de proponer un reglamento municipal de uso del valenciano que no se planteó durante el pasado mandato.
El portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa, también ha reaccionado frente a la propuesta de Vox al considerar que se trata de "un elemento más de esta guerra de imposiciones". 
"El problema no es hablar; el problema es imponer, que es lo que está haciendo Compromís", ha enfatizado. 
Así, ha señalado que "la lengua no se puede imponer" y ha señalado que, en todo caso, "Cs estaría de acuerdo en apoyar una propuesta de reprobación frente al conseller Vicent Marzà por su política impositiva, pero no podemos apoyar una declaración que al final también acaba en el mismo resultado de imposición", ha enfatizado.
El portavoz de PSPV-PSOE, Paco Sanguino, ha manifestado "estar de acuerdo en que se debe ejercer la libertad, pero desde la responsabilidad de mantener un legado histórico". "Lo que ha reseñado usted del 12% representa 700 años de historia en esta ciudad", ha señalado. En esta línea, ha señalado que el PP ha mantenido el predominio lingüístico valenciano en Alicante con hasta 8 consellers distintos, por lo que ha planteado a Vox la posibilidad de retirar la propuesta. También ha retado al PP a no apoyar la iniciativa desmarcándose de Vox, en un gesto en el que no ha tenido éxito.
Por el PP, ha intervenido la edil de Educación, Julia Llopis, quien se ha mostrado sorprendida porque "al parecer ahora la culpa de lo que está pasando con la lengua la tienen las familias, y que no la tiene ni Compromís, ni el PSPV", ha dicho. 
"¿Cuándo comienza esa guerra plurilingüe? En el 2016, con la llegada del Botànic, que lo único que hizo fue robarnos a las familias el derecho a decidir", ha señalado. En esta línea, ha vuelto a acusar a Compromís de practicar "el sectarismo". 
 "Hay que revisar esa zonificación, por eso las familias pedimos esa modificación, aunque lo cierto es que eso debería ser por familias y no por territorio", ha concluido. 
En la segunda de las declaraciones institucionales defendidas por Vox, relacionada con el asesoramiento y la publicidad sobre los riesgos que supone el aborto para la mujer, se ha vuelto a reproducir el mismo escenario. 
Ortolá ha insistido en la necesidad de facilitar mayor información para fomentar la prevención con el propósito de "preservar los derechos del nasciturus". Por su parte, los grupos del eje progresista han sostenido que las mujeres que se someten a un aborto en los supuestos legales que permite la legislación reciben una completa información sobre las consecuencias que conlleva esa decisión. Y en esa postura se ha sumado la edil de Igualdad y Juventud, María Conejero, desde las filas de Cs.
No obstante, la también edil de Acción Social (además de Educación), Julia Llopis, ha incidido en que, pese a que la redacción de la propuesta no es la que debería, el PP coincidía en el fondo del planteamiento y que debía apoyar que se facilitase más información sobre los riesgos de un aborto. 
Acto seguido, ha tomado la palabra el alcalde, Luis Barcala, para disipar dudas y explicar la posición de voto. Así, ha explicado que "en este pleno hemos debatido ya sobre la importancia de la educación y de la formación, así que no vemos qué problema existe en que se facilite más información desde esos ámbitos".
Por último (aunque, en realidad, ha sido la primera iniciativa en debatirse), el desencuentro entre PP y Cs también se ha producido en el debate sobre la propuesta formulada por Unides Podem EU para manifestar el apoyo a la legislación en materia de derechos de los niños y el rechazo a "cualquier tipo de censura educativa que posibilite a los padres privar a sus hijos de recibir enseñanza y formación en valores constitucionales como el derecho a la igualdad". 
En resumen, una propuesta hasta cierto punto preventiva frente al ya citado 'pin parental' defendido por Vox. En este debate, Cs también ha marcado distancias respecto al PP en sendas intervenciones protagonizadas por el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, y por la edil de Educación, Julia Llopis.
Santos Pérez ha defendido su apoyo a la propuesta al sostener que resulta imprescindible que se facilite información y formación sobre la diversidad sexual, religiosa e ideológica, y ha añadido que le hubiese gustado, por su experiencia personal, "que se le hubiese explicado qué es ser homosexual". 
Llopis, por su parte, ha defendido la propuesta de Vox al sostener que, en último término, de lo que se trata es de que "existe un problema con la educación, por la intervención de los partidos de la izquierda, que ha generado desconfianza en las familias".
Lo cierto es que en el transcurso del resto del pleno -de cerca de 8 horas de duración y, otra vez, marcado por un tono bronco y por el cruce de descalificativos- los dos socios de Gobierno se han mantenido alineados hasta el punto de llegar a compartir intervenciones a través de un único portavoz, como bloque. PP y Cs también han conseguido sumar a Vox a sus dos propuestas institucionales relacionadas con el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos y para instar a Pedro Sánchez a explicar (y romper) sus acuerdos con "populistas, independentistas y herederos de ETA).
Juntos, igualmente, han rechazado la propuesta defendida por PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís para modificar el reglamento del pleno. E incluso las dos fuerzas no han tenido reparos en respaldar algunas de las iniciativas defendidas por los grupos progresistas como la creación de una comisión sobre el futuro del servicio de transporte público en autobús, otra sobre la isla de Tabarca y otra sobre la conservación de los BICs. 
Así que, en principio, nada hace indicar que las diferencias puestas de manifiesto durante la sesión vayan a suponer el cese de su convivencia política al frente de la gestión municipal, pese a que este episodio se sume a otras fricciones ya desencadenadas desde la firma del pacto de gobierno: el proceso de elección del nuevo director del Teatro Principal, el recurso frente a la sentencia de la ZAS del Centro o la negociación del presupuesto, todavía pendiente de aprobación.
De hecho, la lectura de las coincidencias entre PP y Vox también podría calibrarse justo en esa dirección, a modo de intento de acercamiento para conseguir el respaldo que el bipartito necesita (gobierna en situación de minoría, con 14 concejales en una corporación de 29 ediles) para que su propuesta de planificación económica prospere con más votos a favor que en contra.
Sea como fuere, al margen del progreso que pueda tener la negociación del presupuesto tras el desenlace del pleno, y de la comparecencia del concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, para explicar el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con los funcionarios para mejorar sus condiciones laborales, la sesión también sirvió para que el PP, Cs y Vox volviesen a rechazar otra propuesta presentada por el PSPV-PSOE para instar a la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación de la Generalitat.
En ese debate se produjo la primera intervención del mandato del concejal del PP y presidente de la Diputación, Carlos Mazón, en el pleno. El popular ha incidido en que, en las conversaciones que viene manteniendo con los representantes de la Generalitat, ya ha puesto de manifiesto que el equipo de Gobierno de la institución provincial (también compuesto por PP y Cs) solo promoverá su participación en ese fondo si se cumplen tres condiciones: que no sea de adscripción obligatoria, que se cambie el criterio de primar a los beneficios con más población, y que se resuelva la transferencia de las competencias impropias asumidas por la Diputación como la gestión del Doctor Esquerdo, el Hogar Provincial y el Instituto Pedro Herrero.
Y, por último, también merece mención aparte la falta de propuestas de acuerdo promovidas por el equipo de Gobierno sometidas a debate; la atribución de responsabilidades al interventor municipal en el bloqueo de la gestión municipal, que el bipartito ha deslizado en varios momentos del debate; así como la multitudinaria protesta llevada a cabo por los funcionarios, frente al incumplimiento del acuerdo de compromisos firmados por el alcalde, Luis Barcala, en la antesala de las elecciones municipales de mayo, siempre según la crónica de Alicante Plaza.             

El FMI pide cambiar las pensiones para no sostenerlas "a expensas de los jóvenes"

NUEVA YORK.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que mantener el sistema de "generosas" pensiones en España sin modificaciones "no es sostenible" y solo podrá ser respaldado a costa "de la generación más joven, que ya está en desventaja".

Las "generosas" pensiones en España han ayudado a que los mayores hayan "navegado" la crisis mejor que los jóvenes, que han quedado "particularmente en desventaja", señaló el Fondo en un informe sobre el gasto social.
El informe, titulado 'Efectividad y equidad en el gasto social: el caso de España', ha apuntado que "la desigualdad en España es más alta que en sus socios de la Unión Europea (UE)".
"Las pensiones son la parte más grande de la protección social y son consideradas bastante generosas en la comparación regional. Como resultado, la pobreza en la tercera edad en España es relativamente baja y los pensionistas han estado bien protegidos de la crisis financiera global", agregó.
No obstante, advirtió de que mantener el sistema de pensiones "sin reformas integrales no es sostenible y se haría a expensas de la generación más joven, que ya está en desventaja".
Recomienda, en este sentido, incentivar vidas laborales más largas, elevar los ingresos sin aumentar las ya elevadas cotizaciones y alentar los ahorros suplementarios.
El organismo indicó que un cuarto de la población española todavía está en riesgo de pobreza o exclusión social, y en agosto de 2019, pese a la tendencia a la mejora, el 32,2% de la fuerza laboral juvenil de España (entre 16 y 24 años) estaba desempleada, comparado con el 15,4% en la zona euro.
Tras la aguda crisis económica, las políticas de gasto social han elevado la necesidad de responder pero se encuentran restringidas por la "alta deuda pública", cercana al 100% del producto interior bruto (PIB) y tres veces superior a la de 2007, y las presiones de "una sociedad en proceso de envejecimiento".
"El gasto social por sí solo no puede reducir la desigualdad, y los esfuerzos también deberían ser dirigidos hacia un mercado laboral más inclusivo", indicó.
En este sentido, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva apuntó que "la gran diferencia en los costes de despido entre los fijos y los temporales continúa siendo la causa de que las empresas ofrezcan pocos contratos indefinidos".
En sus últimas previsiones de crecimiento para España, el organismo proyectó una desaceleración del crecimiento económico hasta el 1,6% en 2020, dos décimas menos de lo previsto, lastrada por la reducción de la demanda interna y las exportaciones.

El Constitucional no ve justificado promover el alquiler mediante decreto

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) considera que el Gobierno "no ha justificado" la necesidad de legislar medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler a través del real decreto, aprobado el pasado marzo, por el que se regulan los contratos en dicho régimen.

Así lo expresan los magistrados, que estiman parcialmente el recurso interpuesto por el PP, en una sentencia cuyo fallo trascendió el pasado martes y que declara nulas dos disposiciones adicionales, incluida la que hasta ahora ha previsto la movilización de suelo público para construir viviendas en alquiler social.
En su recurso, los populares denunciaban los enunciados "genéricos" que contenía la disposición adicional primera, la cual carecía de "medidas reales, efectivas, concretas y de aplicación inmediata" como correspondería a una norma de urgencia.
Dichos argumentos trataron de ser refutados por la Abogacía del Estado, que vinculó este apartado a la "insuficiente oferta de viviendas en alquiler".
Ahora el Constitucional, en su sentencia íntegra conocida este jueves, entiende que el Gobierno "no ha justificado la necesidad de acudir a un real decreto ley" para un aspecto que, en principio, no requiere de la "habilitación de una norma con rango de ley".
El mandato recurrido encomendaba al Ministerio de Fomento "un conjunto de acciones a realizar, entre ellas la negociación con las administraciones sectorialmente competentes, utilizando para este fin todos los instrumentos a su disposición".
Asimismo, le permitía modular los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda para poder atender estas necesidades, y reorientar sus bases para apoyar "exclusivamente" el disfrute de la vivienda en este régimen.
Aspectos que el Pleno del alto tribunal ha declarado inconstitucionales y que el Ejecutivo deberá reformular, al igual que sucede con la también anulada disposición adicional tercera sobre convenios en materia de infraestructuras públicas.
Para los diputados del PP, "se desconoce en qué medida" esta clase de convenios "puede bajar el precio del alquiler", y alegaban que el Gobierno "no proporcionaba ninguna motivación al respecto".
Por el contrario, el Estado fundamentó su decisión en los objetivos de "movilidad sostenible" en un país, España, que se caracteriza por la importante concentración demográfica.
Sin embargo, los magistrados creen que esa justificación no se puede percibir "directamente" ni es "instantánea o inmediata" al no guardar una "necesaria relación" con una "extraordinaria y urgente necesidad previamente definida".
En cambio, avalan el resto del real decreto, que no incluye ninguna medida para fijar los precios de los alquileres, cuya renta deberá actualizarse durante la vigencia del contrato al índice de precios al consumo (IPC).
Para incentivar la oferta de viviendas en este régimen, establece además una serie de medidas fiscales como bonificaciones de hasta un 95 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden, en una norma jurídica, una renta limitada.
También habilita el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, elimina el impuesto de transmisiones en los alquileres de vivienda habitual, establece el derecho de adquisición preferente por parte de las Administraciones en caso de la venta conjunta de un inmueble con arrendamientos, y amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos, o a 7 si es una persona jurídica.
Apartados todos ellos legitimados por la sentencia del Constitucional, que defiende que los cambios en materia de impuestos -IBI, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados- se limitan a corregir parcialmente la forma que tienen de tributar un pequeño grupo de operaciones -las protegidas por el decreto- de entre las muchas sujetas a estos gravámenes.
De igual modo, respalda el sistema de mejora de la accesibilidad en tanto que "trata de paliar las deficiencias que sufren diariamente las personas con movilidad reducida", y las modificaciones en materia de desahucios "por la situación de extraordinaria y urgente necesidad que quiere revertir".
Tras adelantarse el fallo, el secretario de Estado de Vivienda, Pedro Saura, consideraba ayer que el Constitucional había avalado de forma "clara" el real decreto.
Lectura que antes había compartido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que descartó que la opinión de la sentencia sobre las medidas de dinamización fueran afectar a sus planes de ceder suelos públicos a empresas privadas para que construyan y exploten durante 50 años unas 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.
 
 El Gobierno dice que el fallo del TC no afecta 
a temas relevantes para los alquileres

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado que las cuestiones más relevantes del real decreto para promover el alquiler "continuarán estando plenamente vigentes", tras conocer este jueves la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre un recurso interpuesto por el PP.
El Ministerio señala en un comunicado que el real decreto de marzo de 2019 introducía "más de 20 mejoras" en la regulación de los alquileres y también "importantes medidas económicas y fiscales" en materia de vivienda y alquiler, y reitera que todas quedan avaladas por la sentencia del TC.
Los magistrados, no obstante, han estimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP en contra de la citada norma, en una sentencia cuyo fallo trascendió el pasado martes y que declara nulas dos disposiciones adicionales, incluida la que hasta ahora ha previsto la movilización de suelo público para construir viviendas en alquiler social.
El departamento que dirige José Luis Ábalos indica que se ha desestimado el recurso "salvo en lo que se refiere a las disposiciones adicionales primera y tercera, relativas al programa de medidas para promover la oferta en alquiler y a la duración de los convenios en materia de infraestructuras respectivamente".
"Se trata de dos disposiciones adicionales que no forman parte del cuerpo del real decreto ley", añade el Ministerio.
Igualmente, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha reiterado este jueves que el TC avala de manera "clara" el real decreto sobre el alquiler y "tumba" el recurso presentado por el PP.
El 'número dos' de José Luis Ábalos en el rebautizado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) ha señalado que la sentencia avala que los contratos de alquiler obligatorios pasen de 3 a 5 años y de 3 a 7 años en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, mientras que el PP "quería volver al real decreto ley de 2013 y establecerlo en 3 años".
El propio Ábalos ha defendido a través de Twitter que el TC "da la razón al Gobierno al desestimar el recurso del PP" y se pregunta "a ver cómo explica ahora la derecha que garantizar el acceso a la vivienda no es urgente ni necesario".
Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP en el Congreso y coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, ha opinado que la sentencia del TC ha puesto en evidencia la "improvisación" del ejecutivo y ha afirmado que "cuando se gobierna a golpe de Real Decreto Ley ocurren estas patologías".
"Con esta sentencia queda demostrado que la aparente urgencia en la toma de ciertas decisiones no estaba justificada, violentando así la naturaleza misma y la razón de ser de un Real Decreto Ley", ha recalcado el diputado del PP, para quien el "intervencionismo del Gobierno ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, en un episodio más de una semana para olvidar del ministro Abalos”. 

Las empresas españolas suspenden los viajes de sus empleados a China

MADRID.- Las empresas españolas con presencia en China están suspendiendo los viajes de sus empleados al país asiático y algunas como Bankia y Mango han cerrado sus establecimientos, al tiempo que siguen atentas a la evolución de sus centros de operaciones y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS ha convocado un comité de emergencia para este jueves, formado por epidemiólogos y otros expertos, para determinar si el coronavirus, que ha causado ya al menos 170 muertos, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y, en tal caso, definir las recomendaciones para gestionarla. Y ha declarado finalmente la emergencia internacional.
Entre tanto, unos 6.000 pasajeros de un crucero de la compañía Costa Cruceros procedente de Palma de Mallorca están retenidos en el barco en el puerto de Civitavecchi, en Italia, hasta que concluyan los análisis a una pasajera originaria de Macao que presentaba síntomas compatibles con el coronovirus.
Al tiempo, las empresas españolas en el país asiático activan sus planes de contingencia, que pasan en muchos casos por cancelar los viajes al país, aunque por el momento la mayoría de ellas apenas da información sobre la situación y se limitan a señalar que siguen las recomendaciones de las autoridades.
Recomendaciones que suponen no abrir la oficina ni acudir al puesto de trabajo hasta el 10 de febrero.
La firma española Mango ha sido de las primeras en anunciar el cierre hasta ese día de sus 26 tiendas en China -once propias y quince franquicias-, mientras que Bankia tampoco abrirá su oficina de representación en Shanghái, ni sus tres empleados -dos ciudadanos chinos y un expatriado español- acudirán al puesto de trabajo.
También Denominaciones de Origen (DO) de vino español aconsejan a sus asociados no viajar al país por la propagación del coronavirus de Wuhan y analizan cómo no perder las ayudas para la promoción de sus productos en ese país concedidas por Bruselas.
Bodegas y miembros del sector han admitido su preocupación debido a que China figura entre los diez principales compradores de vino español a nivel mundial, un destino estratégico cuya importancia ha aumentado todavía más desde la puesta en marcha de aranceles en Estados Unidos, en octubre de 2019.
Los inversores, por su parte, trasladan su inquietud en bolsa, donde el temor a la expansión del coronavirus arrastra un día más a las aerolíneas y empresas del sector turístico que caen, en general, por encima del 2 %.
El fabricante de componentes para el automóvil Gestamp, que tiene 11 plantas en China, ha sido claro en su información y ha dicho que tras el brote de neumonía ha ampliado la paralización de la producción que ya había acordado con motivo del Año Nuevo chino.
Banco Santander -con unos 250 empleados, principalmente en Pekín, Shanghái y Hong Kong- ha cancelado los viajes a China o Hong Kong y está recomendando a sus empleados que hubieran viajado allí en los últimos 14 días que acudan a sus centro médicos locales.
Firmas españolas tan diversas como la textil Adolfo Domínguez, con ocho tiendas en el país; la compañía de piscinas Fluidra, con oficina en Shangái y fábricas propias en Ningbó; la farmacéutica Esteve, con una planta en la región de Zhejiang, y la Bodega Matarromera, entre otras, han decidido suspender los viajes de sus profesionales a China.
Banco Sabadell, con 6 empleados en sus dos oficinas de representación en Pekín y Shanghái, les ha recomendado teletrabajar, igual que ha hecho Google, que ha cerrado todas sus oficinas en China.
Sin embargo, la mayoría de las empresas españolas con presencia en China están ofreciendo poca información sobre la situación de sus negocios en el país asiático.
Así, CaixaBank, con 10 trabajadores en las oficinas de Pekin, Shanghái y Hong Kong, dice que están a más de 1.000 kilómetros de distancia del foco de la epidemia y no añade más comentarios.
Siemens Gamesa tiene una fábrica de góndolas (un componente del aerogenerador) en Tianjin y otra fábrica de palas en Lingang y cuenta con oficinas en Pekín y Shanghai, con un total de 1.320 empleados en el país. Sólo comenta que está "monitorizando" la situación de cerca.
La cadena hotelera Meliá sigue atenta a la situación de sus cinco hoteles en China, que siguen operativos aunque con ocupaciones "muy pequeñas" y ha aplicado sus planes de contingencia, pero no precisa más.
Porcelanosa, que desarrolla en China grandes proyectos como el Central Park & Commercial Complex en Shenzhen y tiene más de 30 puntos de venta en diferentes ciudades de China, con un crecimiento en 2019 cercano al 9 %, "no tiene constancia de que les esté afectando en ningún sentido".
La petrolera Cepsa sólo ha informado de que dispone de una planta de producción de fenol en Shanghái, y Prosegur, con una unidad de negocio de seguridad "de pequeño volumen", ha dicho que "no han hecho nada más allá de trasladar las recomendaciones oficiales".
Inditex tiene 577 tiendas en China de todas sus enseñas pero no ha contestado a los requerimientos de información mientras Mango se limita a decir que seguirán las recomendaciones pertinentes.
Mientras, la cadena sueca Ikea sí ha comunicado que cierra desde este jueves hasta nuevo aviso todas sus tiendas físicas en China, un total de 33, según la información de su página web.

La agricultura global tiene un problema de siembra

CHICAGO.- Los cultivos responsables con el clima están recibiendo más atención de agricultores y compañías de alimentos a medida que aumenta la presión por encontrar formas sostenibles de agricultura. Entra Kernza al panorama, un nuevo grano que ya tiene poderosos patrocinadores como General Mills Inc. y el apoyo de la academia.

Kernza es un grano similar al trigo que se puede usar en panes, cereales o incluso servir como arroz pilaf. También es un cultivo perenne, lo que significa que se puede sembrar una vez y luego cultivarse durante varios años. Ayuda al medio ambiente porque captura carbono en el suelo a través de su sistema de raíces profundas y requiere menos insumos químicos.
El signo revelador de los beneficios verdes de Kernza está debajo del suelo. Para los no iniciados, tierra es tierra. Pero los agricultores pueden hablar de innumerables variedades, desde tierra roja y arcillosa, hasta árida, seca y arenosa. 
Luego está lo que se obtiene cuando se desentierra una pradera natural: tierra oscura, rica y aterciopelada, todo un sueño. Cuando Carmen Fernholz, agricultor de Minnesota, inició un cultivo de prueba de Kernza después de siete temporadas, eso fue exactamente lo que vio.
“Era exuberante, la calidad, la estructura, todo era hermoso”, dijo Fernholz.
¿Por qué importa la buena tierra? Porque significa mucho menos fertilizante sintético en el suelo, lo que reduce las posibilidades de escorrentía química y restaura la materia orgánica natural del suelo. Recordemos la “zona muerta” para la vida marina en el Golfo de México, causada en parte por la escorrentía de fertilizantes de la agricultura estadounidense.
La riqueza del suelo refleja el sistema de raíces profundas de Kernza, que puede formarse porque el cultivo se siembra una vez cada cinco años más o menos. Eso contrasta con los principales productos básicos como el maíz y el trigo, cultivos anuales que se replantan cada temporada y contribuyen a la erosión del suelo, el agotamiento de nutrientes y otros problemas ambientales.
La Universidad de Minnesota ha estado trabajando con científicos de un grupo sin ánimo de lucro en Kansas llamado Land Institute para desarrollar Kernza, producto casero a partir de pasto de trigo silvestre y perenne.
Para Fred Iutzi, presidente de Land Institute, el trabajo está ayudando a solucionar un problema que comenzó hace unos 10.000 años en los albores de la agricultura.
Hay otros perennes en proceso, como una variedad de arroz que crece en miles de hectáreas en el sur de China. Estos cultivos también ofrecen beneficios a los agricultores, que ahorran en semillas. 
Los costos de combustible también son más bajos, con equipos de plantación necesarios solo cada cinco años. Durante la temporada de crecimiento, los campos Kernza también se pueden reutilizar varias veces. El cultivo también proporciona paja para el forraje.
Kernza aún se encuentra en etapa de desarrollo. Se necesita más trabajo para ayudar a aumentar los rendimientos, lo que le permitiría competir en la producción comercial a gran escala. Esto aún podría estar a 10 años.