VALENCIA.- El pleno del Consell valenciano ha aprobado
este viernes un plan de control del absentismo del personal dependiente
de la administración para reducir en medio punto anual el índice de
ausencias por incapacidad temporal durante los próximos cuatro años, lo
que supondrá un ahorro de 18,3 millones al año en cada uno de estos
ejercicios. Las acciones de este plan comenzarán a aplicarse a partir
del próximo lunes con su aplicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana (DOCV) y prevé sanciones por ausencias injustificadas.
Así lo ha indicado el vicepresidente y portavoz del Consell,
José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo
autonómico, en la que ha explicado que el objetivo es "igualar de manera
progresiva" la tasa de absentismo laboral en la administración pública
al sector privado y conseguir que esta sea "más eficaz, eficiente y
productiva".
La Generalitat ha definido, "por ser muy amplio", el concepto
de absentismo laboral: "Toda ausencia de una persona de su puesto de
trabajo en horas que correspondan a un día laborable, dentro de la
jornada real de trabajo".
Así, el plan de absentismo se dirigirá a una media de 126.386
trabajadores por año, distribuido entre personal funcionario laboral,
personal sanitario, docente y de justicia al servicio de la Generalitat.
Entre las medidas contempladas en el plan se encuentran la
homologación de los permisos y licencias de incapacidad temporal en
todos los departamentos de la administración o el descuento "automático"
en la nómina del trabajador público de aquellas ausencias que no estén
debidamente justificadas desde el primer día, y cuya reiteración podría
desembocar en la apertura de un expediente disciplinario en caso de
reincidencia por parte de un funcionario. Si es personal laboral, la
medida puede llegar al despido.
En este sentido, ha apuntado que las ausencias temporales
"injustificadas y excesivas --unas horas al día-- puede dar pie a la
apertura de un expediente disciplinario". El portavoz del Consell ha
apuntado que "habrá que analizar caso por caso".
Císcar ha apuntado que se intensificarán los controles de
acceso, mediante la instalación de tornos o el uso de la 'huella
digital' en los edificios, de tal modo que queden registradas las
entradas y salidas de los trabajadores, aunque ha reiterado que el plan
"no está hecho para sancionar porque sí", sino para conseguir una mayor
productividad, y que se analizarán las distintas situaciones "caso por
caso".
En este sentido, ha indicado que el índice de absentismo
temporal en 2010 fue del 5,03 por ciento, frente al 3,36 por ciento del
ámbito privado. En 2011 fue del 4,65 por ciento frente al 3,05 por
ciento, en los mismos ámbitos. El coste anual de las "jornadas perdidas"
lo ha cifrado la administración en 179 millones de euros.
Para la aplicación del plan, se hará un seguimiento y control
mensual y anual del absentismo en las consellerias, por parte de sus
responsables de personal. Asimismo, se implantarán protocolos médicos
para reducir el impacto del absentismo, y se transferirá a las mutuas la
gestión y cobertura de las contingencias derivadas de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.
Así, un trabajador que sufra un accidente laboral "ya no
acudirá a su médico de cabecera, sino que será atendido en la mutua
correspondiente". Para ello, la Generalitat adjudicará a una empresa
concreta esta tarea de control, que antes realizaba el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
Císcar ha asegurado que esto no supondrá un coste adicional
para la Generalitat porque el dinero que se aportaba a la Seguridad
Social, se destinarán a la mutua adjudicataria. El Consell prevé que
este modelo esté en funcionamiento entre enero y febrero del año que
viene.
El plan prevé la creación de un Comité Director para elaborar
un informe anual de evaluación, informar periódicamente de la evolución
del absentismo y aprobar, en su caso, las medidas correctoras y que
estará integrado por seis representantes de las consellerias de
Hacienda, Economía, Sanidad, Justicia y Empleo. Asimismo, dará cuenta
del ahorro generado por esta iniciativa.
A preguntas de los medios de si se ha consultado a los
sindicatos este plan, ha explicado que los representantes de los
trabajadores pueden aportar sugerencias a esta iniciativa, aunque "no
hay obligación legal" de consultarles porque "no afecta a derechos
laborales". Más bien, "se refuerza una obligación que ya tienen, que es
no tener ausencias injustificadas de su puesto de trabajo".
