El Parlamento valenciano pide de nuevo que comparezca Fernández Ordóñez por la CAM

VALENCIA.- Las Corts Valencianes volverán a pedir la comparecencia del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la comisión de investigación de la CAM que se celebra en el parlamento autonómico. Esta solicitud la han realizado el PP, Compromís y EUPV, mientras que el PSPV ha reclamado que intervenga, entre otros, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, lo que también ha solicitado la coalición.

   Las comparecencias en la comisión de investigación sobre la CAM, cuya creación aprobaron las Corts por unanimidad en octubre de 2011, comenzaron en mayo de 2012 y, desde entonces, han pasado por este órgano alrededor de un centenar de personas. Asimismo, el pasado día 15 de abril esta comisión abrió un plazo que se cierra este viernes para que los diferentes grupos parlamentarios --PP, PSPV, Compromís y EUPV-- presentaran nuevas propuestas de comparecencia, que se debatirán el próximo lunes.

   Tres grupos parlamentarios --PP, Compromís y EUPV-- han vuelto a solicitar la comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien al igual que otros directivos y exdirectivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se negó a comparecer alegando que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no al ámbito de actuación de las comisiones de investigación de los partlamentos autonómicos.

   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM acordó ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. No obstante, la Fiscalía archivó las diligencias porque "en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna".

   El PP también ha solicitado que acudan a la comisión de investigación los exsubgobernadores del Banco de España José Viñals y Francisco Javier Aríztegui; el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez; los ex directores generales del FROB Julián Atienza y Mariano José Herrera; la ex directora general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda Soledad Núñez; y el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez.

   Por su parte, el PSPV ha pedido las comparecencias del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps; del exjefe del Consell y expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas; así como del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y de la actual presidenta de este órgano María Elvira Rodríguez.

   Julio Segura no acudió a la comisión de investigación sobre la CAM el pasado 4 de marzo, cuando estaba citado y, posteriormente, las Corts recibieron la excusa de Segura basada en un informe del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a instancias de la CNMV, que señala que ni los actuales miembros de este organismo ni los que lo fueron tienen la obligación de comparecer en la comisión sobre la CAM.

   No obstante, la comisión acordó volver a citar al expresidente de la CNMV, después de que la actual presidenta de este organismo, Elvira Rodríguez, haya dicho que no hay "inconveniente" para que comparezca en el parlamento autonómico.

   Por parte de Compromís sus solicitudes de comparecencia incluyen además de a Fernández Ordóñez; a Francisco Camps, Gerardo Camps y José Luis Olivas; al ex director general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez; a los inspectores del Banco de España que ejercieron de fiscalizadores de la CAM a partir de 2008; al exdirector del IVF, Enrique Pérez Boada y al actual, Enrique Montes.

   La coalición también pide que intervengan en esta comisión exmiembros del consejo de aministración de la caja, como el que fue presidente Modesto Crespo; el exsecretario José Forner; y el expresidente y el exsecretario de la comisión de Retribuciones Antonio Gil y Martín Sevilla, respectivamente.

   Además, Compromís plantea que acudan a las Corts el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés; los exdirectores generales Daniel Gil y María Dolores Amorós; el exdirector general de Inversiones Inmobiliarias Daniel Gil, entre otros exdirectores.

   Finalmente, EUPV ha pedido la comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordoñez y del equipo de trabajo de inspectores que realizó la última inspección a la CAM; así como de los directores del área de supervisión de entidades financieras del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) entre 2004 y 2011, además de los dos exdirectores del IVF, Enrique Pérez Boada y Jorge Vela Barcas. También solicitan que intervenga el letrado asesor y redactor de las actas del proceso electoral de la CAM de 2007.

Orihuela exigirá a la Generalitat 3,4 millones de euros por la permuta del Palacio de Justicia

ORIHUELA.- La portavoz del equipo de Gobierno de Orihuela, Antonia Moreno, ha afirmado que el Ayuntamiento "exigirá" a la Generalitat valenciana la cantidad de 3,4 millones de euros en que fue tasada, por el arquitecto municipal, la diferencia de valor entre el actual Palacio de Justicia de la localidad y el antiguo edificio de los juzgados, según ha informado en un comunicado el consistorio.

   Moreno ha señalado que "aunque" el conseller de Justicia, Serafín Castellano, "aseguró" el pasado 7 de marzo, durante una visita a la ciudad, que "antes de acabar" el citado mes presentaría un convenio para evitar la demanda de desahucio por precario que presentó el Ayuntamiento, "todavía no ha cumplido lo que dijo".

   A juicio de la portavoz municipal, este hecho responde "a estrategias dilatorias, tomaduras de pelo y falsas promesas", si bien ha apuntado que "ojalá mañana, el lunes o el martes" se reciba "alguna propuesta" por parte de Conselleria.

   La edil ha recordado que en un primer momento, el departamento autonómico de Justicia propuso hacer una cesión mutua de edificios, lo que, tal y como ha agregado, "hubiera supuesto una grave lesión patrimonial" para la localidad. Además, ha añadido que el posterior informe jurídico solicitado por el Consell "dio la razón" al consistorio, "que siempre solicitó una aportación económica por la diferencia de valor" entre ambos inmuebles.

   En este sentido, ha explicado que el arquitecto municipal peritó en más de 3,4 millones de euros la mencionada diferencia entre los dos edificios, a la cual respondió Conselleria con otro peritaje "de sólo 1,5 millones", argumentando, según Moreno, que el recinto que desde 2005 acoge los nuevos juzgados "ha visto depreciado su valor con el paso de los años".

   "No sólo la diferencia de valor es de 3,4 millones de euros, sino que el Ayuntamiento de Orihuela está en condiciones de exigir los intereses de demora de este pago", ha manifestado, al tiempo que ha calificado la valoración realizada por Justicia "es ilegal".

Benidorm deberá pagar 4,1 millones por la expropiación de un terreno en Foietes

BENIDORM.- El Ayuntamiento de Benidorm pagará una cantidad aproximada a los 4,1 millones de euros a un propietario al que en 2006 expropió un terreno de 4.100 metros en la zona de Foietes, de acuerdo a una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSCJV), según ha informado en un comunicado el consistorio.

   Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa los concejales de Urbanismo y Hacienda, Vicente Juan Ivorra y Natalia Guijarro, respectivamente, quienes han indicado que el dueño del suelo solicitó "años atrás" la expropiación de su propiedad como consecuencia de un cambio de uso establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

   En el año 2006, el Jurado Provincial de Expropiación resolvió sobre ese terreno y, al no estar de acuerdo con la valoración, el propietario acudió a la vía judicial.

   "El Ayuntamiento debería haberse personado en la causa, pero no lo hizo", ha indicado Ivorra, quien ha considerado que, de haberse acordado el precio fijado por el pleno, el Ayuntamiento "sólo habría tenido que pagar 260.000 euros por la finca".

    Ahora, sin embargo, "gracias a los concejales de Urbanismo de entonces, Agüera y González de Zárate, el Ayuntamiento ha sido condenado a multiplicar por diez la cantidad a pagar sin contar los intereses de demora", han lamentado.

   Por su parte, la concejala Natalia Guijarro, ha cifrado en 4,1 millones de euros la cantidad a abonar calculados los intereses legales y ha recordado que "cuando en marzo de 2009 recayó la sentencia no firme, el concejal de Urbanismo y el alcalde Pérez Fenoll no hicieron absolutamente nada por recurrirla".

   "Esa cantidad, sin embargo, supone multiplicar por diez el valor que el pleno del Ayuntamiento otorgó en el año 2004 a dicho suelo debido a que el gobierno del PP en aquellos años no se personó en el contencioso administrativo interpuesto por el propietario del terreno.

   Guijarro también ha recordado que el actual equipo de gobierno, al llegar otra sentencia en 2011, designó un letrado para personarse en la causa.

   "Lo hemos intentado todo para que nos aceptaran los recursos, pero el TSJ nos ha dicho que ya era muy tarde", ha apuntado, para añadir que "eso es lo que pasa cuando se hacen las cosas con tan poca seriedad como las hacía el PP".

   Ahora, según la titular de Hacienda, el Ayuntamiento de Benidorm está estudiando "todas las opciones que hay" para pagar lo que fija la sentencia "tratando de que el Plan de Ajuste no se vea muy afectado, pero hay que tener la seriedad que no tuvo el PP".

Castedo asegura que "peleará hasta el final" la aplicación del IVA reducido en las Hogueras de San Juan

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado este miércoles que el equipo de gobierno local seguirá "peleando hasta el final" la aplicación del IVA reducido en los trabajos y servicios correspondientes a las fiestas de las Hogueras de San Juan, que se celebran en la capital alicantina cada mes de junio.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas tras entregar los diplomas a las asociaciones participantes en los premios Francisco Liberal, al ser preguntada por la decisión de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados de rechazar --con el voto en contra del PP-- la iniciativa de aplicar el IVA reducido en fiestas y tradiciones de la Comunitat Valenciana, como las Fallas de Valencia y las Hogueras de Alicante.

   Así, interrogada por si el Ejecutivo alicantino "peleará" contra el rechazo, ha subrayado que lo hará "hasta el final".

 "Es un compromiso que adquirimos en su momento con el mundo de la fiesta porque creemos en ellos, y vamos a seguir peleándolo hasta el final. Nos lo rechacen las veces que nos lo rechacen. Imagino que algún día llegará en que no nos lo rechacen, aunque sea por hastío o por cansancio", ha añadido al respecto.

   Igualmente, y sobre la posibilidad de plantear otras medidas de ayuda a la fiesta, tales como exenciones fiscales, ha afirmado que "todavía no" se ha estudiado "ninguna", y ha agregado que desconoce "si será posible aplicar alguna otra fórmula".

 "En principio vamos a continuar intentando conseguir lo que tenemos que conseguir", ha agregado.

   Además, ha destacado el concepto de arte efímero de las Hogueras, ya que, tal y como ha explicado, "llega un momento, el día de la Cremà, en que ese arte desaparece y vuelve nuevamente a crearse". 

"Es un concepto que a lo mejor cuesta mucho entender fuera de la Comunitat, pero que evidentemente tenemos que hacérselo ver, porque es importante para nosotros y una garantía de continuar con la misma calidad en los monumentos fogueriles que tenemos ahora", ha manifestado.

La Junta de Jueces paraliza los desahucios 30 días para que los afectados puedan demostrar cláusulas abusivas

ALICANTE.- La Junta Sectorial de Jueces de primera instancia, mercantil y registro civil del partido judicial de Alicante han acordado paralizar los desahucios pendientes en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNE) durante 30 días, con el objetivo de que los afectados puedan demostrar la existencia de cláusulas abusivas, según el escrito del acuerdo judicial, remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   La reunión, celebrada este pasado martes, tenía por objeto estudiar un criterio común sobre las resoluciones a adoptar en materia de ejecución hipotecaria, tras la directiva 93/13/CEE y su jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) en materia de protección del consumidor.

   Así, la junta sectorial de jueces alicantinos ha decidido facilitar al demandado en el procedimiento hipotecario la obtención de un pronunciamiento judicial efectivo de nulidad de cláusula abusiva por quebrantamiento de los derechos del consumidor.

   Igualmente, el órgano judicial ha considerado que "debe informarse" al afectado de su derecho "a fin de que pueda solicitar la suspensión" del procedimiento de ejecución hipotecario, "acreditando la existencia" de un proceso declarativo "que pueda resultar necesario para garantizar la plena eficacia de la decisión final" a adoptar.

   De este modo, ha valorado que el plazo a conceder a las personas implicadas en desahucios para hacer valer el citado derecho "no podrá exceder de 30 días", y ha acordado la paralización de los lanzamientos pendientes en el SCNE "a fin de que cada juzgado lleve a cabo el contenido" de la resolución, cuyo objetivo es "evitar que el demandado no sufra un perjuicio irreparable".

El Ayuntamiento de Alicante pedirá fianzas a los 'macroeventos' ante posibles gastos posteriores de limpieza o seguridad

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha señalado que el Ayuntamiento de la ciudad podrá solicitar fianzas a los organizadores de los 'macroeventos' que se celebran en la capital alicantina, ante la posibilidad de que generen gastos posteriores de limpieza o de seguridad en la zona en que se celebren, con el objetivo de que el municipio no tenga que pagar esos costes.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas tras entregar los diplomas a las asociaciones participantes en los premios Francisco Liberal, al ser preguntada sobre la petición realizada por la Concejalía de Urbanismo de una fianza económica para la próxima celebración de una 'macrofiesta' universitaria, y si se plantea la posibilidad de ampliar la medida a eventos similares.

   Así, ha afirmado que ese tipo de decisiones se "irán aplicando" dependiendo de las zonas de celebración, ya que, tal y como ha agregado, "no hay que olvidar que luego suponen un coste muy importante a la ciudad desde el punto de vista de la limpieza o de la seguridad".

   "Evidentemente, esos eventos no son gratuitos y quien los hace también está cobrando, con lo cual es lógico que se hagan cargo del coste posterior de limpieza, de seguridad, y de todo lo que pueda suponer al Ayuntamiento un gasto importante y al margen de lo que es habitual", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que la medida "se ampliará siempre que vaya a suponer un coste para la ciudad".

   Además, e interrogada sobre si es una decisión con intenciones disuasorias, ha resaltado su interés en que se celebren eventos en la ciudad, pero también en que la capital alicantina "no tenga que pagar un coste por los mismos, con lo cual, a quien le interese llevar adelante esos eventos tiene que acarrear con el coste que le supone a la ciudad".

 "Creo que es lo lógico", ha enfatizado.

   Igualmente, ha apuntado que estos 'macroeventos' "nunca" se sabe "cuando finalizan y qué coste le va a suponer a la ciudad". 

"Es una fianza, y se devolverá la parte que pueda sobrar después de que el Ayuntamiento haya pagado todo lo que haya supuesto la celebración de ese macroevento", ha sentenciado.

   Por otra parte, y preguntada por la posibilidad de alquilar espacios en la sede de la Cámara de Comercio de Alicante para ubicar dependencias municipales, ha confirmado que se está "estudiando", y ha anticipado que "entre esta semana y la que viene" podría tomarse la "decisión definitiva, viendo la capacidad de la sede cameral, que es alta, tiene una gran capacidad".

La juez cita como testigos a tres representantes del PSOE que en 2007 integraron el Consorcio de la Zona XVII

ORIHUELA.- La titular del juzgado de primera Instancia nº 3 de Orihuela, que investiga la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, ha citado a declarar, en calidad de testigos, a los representantes socialistas de tres ayuntamientos alicantinos que integraron en 2007 el Consorcio de la Zona XVII.

   Así, en un auto fechado el pasado 16 de abril, la juez ha fijado para el próximo 21 de mayo --a las 9.00 horas-- la comparecencia del alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, mientras que el ex primer edil de Benijófar, José Luis González Sánchez, acudirá a las 10.30 horas, y el representante del PSOE en Guardamar del Segura, Vicente Avilés González, lo hará a partir de las 12.00 horas.

   La decisión judicial responde a una petición realizada por la representación procesal del exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós --imputado en la pieza--, que solicitaba, por un lado, el sobreseimiento de su causa, y, subsidiariamente para el caso de que no se accediera a ese extremo, tomar declaración como testigos a los miembros de los consistorios alicantinos del PSOE adheridos e integrantes del Consorcio del Plan Zonal XVII, en 2007.

   De este modo, pidió practicar la referida diligencia con los mencionados Mateo, González Sánchez y Avilés González, además de con socialistas de los ayuntamientos de Albatera, Benejúzar, Bigastro, Guardamar del Segura, Los Montesinos y San Isidro.

   Los representantes de Amorós --imputado por tráfico de influencias, revelación de secretos o información privilegiada facilitada por autoridad y cohecho-- también reclamaron requerir a los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante para que emitieran un informe sobre la composición, funciones, competencias e independencia del Consorcio respecto a la institución provincial.

   En tercer lugar, solicitaron librar oficio a la secretaria del Consorcio para certificar la composición de dicho órgano en 2007, determinando la participación institucional y el número de votos que corresponden a cada uno de sus integrantes, y especificando la formación política que gobernaba en ese año en los ayuntamientos participantes.

   A la vista de estas peticiones, la juez dispone, en primer lugar, que "no ha lugar al sobreseimiento de la causa" contra Amorós, y subraya que "no hay que olvidar que el solicitante ostenta la condición de imputado debido a su insistencia en querer declarar como tal".

   En este sentido, la defensa del exportavoz socialista argumentó, entre otros aspectos, que el teléfono de su representado "fue objeto de intervención, grabación y escucha" entre el 4 y el 31 de julio de 2007, cuando se registraron conversaciones entre terceros de "nulo interés para la causa".

   Al respecto, la titular del juzgado oriolano recalca que la instrucción "no ha terminado, por lo que en principio la petición es extemporánea", y agrega que las "conversaciones entre terceros no pueden desecharse sin más cuando su contenido se corrobora con aspectos colaterales" de los diálogos.

   Finalmente, además de las citaciones de los testigos, niega el sobreseimiento, y dispone librar oficio a la secretaría del Consorcio para que certifique la composición del mismo en 2007, determinando la participación institucional y el número de votos que corresponden a cada uno de sus integrantes, especificando en el caso de los ayuntamientos participantes, el partido que en ese año gobernaba en cada uno de ellos.

La huelga de secretarios judiciales obliga a aplazar el juicio entre Ciudad de la Luz y Aguamarga

ALICANTE.- La huelga de secretarios judiciales convocada para este miércoles ha obligado a aplazar a mañana el juicio previsto para hoy en el juzgado de primera instancia nº 7 de Alicante para resolver el contrato entre Ciudad de la Luz y Aguamarga Gestión de Estudios, según han confirmado fuentes judiciales.

   La primera vista del litigio que mantienen ambas partes debía iniciarse a las 9.30 horas de este miércoles, pero la decisión de la secretaria judicial de secundar el paro ha llevado a trasladar la sesión a este jueves, jornada en la que la sala intentará concluir todo el juicio.

   Con el cambio de fecha, este jueves serán citados a declarar en calidad de testigos, cargos directivos del complejo cinematográfico como los exdirectores José María Rodríguez Galant, Elsa Martínez y el actual responsable José Antonio Escrivà; el exdirector de Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) Eusebio Monzó, el ex director general de Grandes Proyectos Luis Lobón y la ex directora general de Coordinación de Proyectos de la Generalitat, Cristina Morató, entre otros.

   En el supuesto de que no diera tiempo a practicar la toma de declaración de los testigos, la pericial y la exposición de las conclusiones en una sola jornada, se estudiará señalar al viernes un segundo día para dar por finalizada la vista oral.

   El juzgado de primera instancia nº 7 de Alicante decidió en julio de 2011 unificar las demandas cruzadas planteadas por ambas partes, dado que la resolución del conflicto en torno a la rescisión del contrato condiciona las decisiones a adoptar en torno a las cantidades adeudadas y la estimación de las supuestas indemnizaciones.

   Aguamarga gestiona el complejo audiovisual alicantino desde 2000, si bien en octubre de 2010 Ciudad de la Luz rescindió el contrato unilateralmente por supuestos incumplimientos de la adjudicataria y no le ha abonado las facturas desde agosto de 2009.

   Este impago llevó a la gestora a presentar una demanda por la que le reclama ocho millones de euros en concepto del canon mensual acordado, así como cerca de tres millones de euros por daños y prejuicios.

   La Generalitat Valenciana por su parte justificó en su día su decisión de rescindir el contrato en base a las nuevas "circunstancias" registradas en torno a la mercantil, como la muerte del presidente de la compañía, el director Luis García Berlanga, y la entrada en el consejo de administración de la empresa privada de una serie de personas que, en opinión de la administración, carecían del "reconocimiento y la capacidad profesional requeridos".

   Por su parte, Aguarmarga Gestión de Estudios defiende que ha mantenido su actividad y que el contrato se encuentra "plenamente vigente", y por ello "ha seguido adquiriendo compromisos, ha procedido a la renovación de contratos con empresas de mantenimiento, y no ha dado de baja a directivos ni al resto del personal de la sociedad".

   Este litigio entre ambas partes se produce en un contexto marcado por la decisión de la Comisión Europea, que en mayo del pasado año dictaminó que las ayudas concedidas por el Gobierno autonómico a la Ciudad de la Luz, y cuyo importe ascendió hasta los 265 millones de euros, eran "ilegales" y ordenó su devolución.

   Esta decisión además ha llevado al Consell a sacar a la venta ordenada de activos las instalaciones de Ciudad de la Luz, opción que en este mes de abril ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea.

La UA crea Human Fertility, su primera cátedra en fertilidad y reproducción asistida

ALICANTE.- La Universidad de Alicante (UA) ha creado la Cátedra Human Fertility, que bajo la dirección de la bióloga María José Gómez Torres, estudiará aspectos tales como los efectos de la vitrificación del esperma, la repercusión de la contaminación ambiental en todos los ámbitos de la reproducción humana y los últimos avances sobre la selección embrionaria, según ha informado en un comunicado la institución académica. 

   La directora del proyecto y doctora en biología María José Gómez Torres, del departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha resaltado este martes que esta cátedra está llamada a convertirse "en centro de formación y foro de debate y divulgación científica en el campo de la reproducción asistida".

   La presentación de la cátedra, que cuenta con la colaboración de la empresa In Vitro Fertilisation Spain, (IVF Spain), ha estado presidida por el rector de la UA, Manuel Palomar, que ha insistido en la importancia de las cátedras universitarias, "un modelo que funciona porque pone en valor los conocimientos e intereses comunes de las partes implicadas y favorece la permeabilidad entre el mundo empresarial y académico e investigador".

   Por parte de IVS Spain, Carlos Bezos, responsable de Desarrollo de Organización, ha explicado que la cátedra "es la materialización" de una la labor de "investigación y desarrollo no solo desde el ámbito médico sino también económico" que esta empresa lleva a cabo desde sus "orígenes".

   Según Bezos, la creación de Human Fertility ofrece "un marco institucional donde poder investigar no solo con la Universidad sino con otros socios". Al respecto, ha mostrado su satisfacción por poder " compartir el conocimiento con la sociedad y otras empresas porque en una economía colaborativa cuanto más inviertes, más ganas".

   El representante de IVF Spain ha resaltado el aspecto formativo de esta iniciativa, dado que tanto personal de la compañía como de otras empresas "tendrá la posibilidad de compartir técnicas y procedimientos", ha dicho.

   Así mismo, la directora de la cátedra ha avanzado que una de las primeras acciones será lanzar un concurso de ideas para la creación de un logo que identifique la cátedra, además de la puesta en marcha de una serie de conferencias sobre reproducción y fertilidad a la que invitarán a "todos los sectores de la sociedad con intereses en este campo".

Las Corts instan al Consell a reivindicar y hacer un seguimiento de actuaciones para implantar el Corredor Mediterráneo

VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado, con los únicos votos a favor del PP, una proposición no de ley presentada por este grupo en la que insta al Consell a reivindicar y efectuar un seguimiento activo de las actuaciones a realizar por el Estado para la implantación del ancho internacional en el Corredor Mediterráneo, con sus respectivas conexiones a los puertos de Castellón, Sagunto, Valencia y Alicante. El PSPV y EUPV han votado en contra, mientras que Compromís se ha abstenido.

   Asimismo, el PP plantea en su iniciativa que las Corts respalden todas las gestiones realizadas hasta el momento por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y por el Consell de cara a la implantación del ancho internacional y del tercer carril en el Corredor Mediterráneo "en el menor tiempo técnicamente posible".

   El portavoz del PP, Jorge Bellver, ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es "dejar constancia de una manera clara y explícita el apoyo del grupo parlamentario popular a la implantación del ancho internacional y del tercer carril". Así, ha subrayado que el Corredor Mediterráneo "es una obra de todos y para todos; una iniciativa de presente y con muchísimo futuro".

   Bellver ha destacado que esta infraestructura "no solo es viable económicamente", sino también "imprescindible socialmente para reactividad nuestro tejido productivo". Asimismo, ha puntualizado que este proyecto supone una inversión de 3.000 millones, de los que 1.600 ya están en ejecución o licitación.

   El síndic 'popular' ha hecho hincapié en que el Corredor Mediterráneo se está llevando a cabo a pesar de la "coyuntura complicada" y del "agujero de 4.300 millones de euros que dejó al anterior Gobierno cuando dejó el Ministerio". "El Corredor Mediterráneo es un proyecto al que no renunciamos y no renunciaremos", ha resaltado.

   Compromís ha presentado una enmienda de adición, que ha sido rechazada por el PP, en la que pedía, entre otros asuntos, que se realizaran "de manera inmediata" las modificaciones presupuestarias oportunas para posibilitar la redacción de los proyectos y avanzar la licitación de las obras del corredor, con una aportación mínima de 500 millones de euros para el ámbito de la Comunitat Valenciana.

   El diputado de la coalición Josep Maria Pañella ha defendido esta enmienda con la que, a su juicio, los 'populares', "tienen la oportunidad de aclarar si de verdad están dispuestos a plantarle cara al gobierno de Rajoy si no pone el dinero para el Corredor Mediterráneo". Según Pañella, con la propuesta presentada por el PP, se busca "hacer la ola al 'president' al Consell"·

   Bellver no ha aceptado la enmienda de Compromís, porque considera que "no tiene ningún sentido" y, en esta línea, ha acusado a la coalición de haber presentado una iniciativa "para no aprobar la del grupo parlamentario popular". "Sin dinero no vamos a hacer absolutamente nada", ha subrayado el parlamentario de Compromís, quien ha tildado de "burla a los ciudadanos" la proposición no de ley del PP.

   Por su parte, el parlamentario socialita Francesc Signes ha destacado que su grupo "no va a entrar en el juego de proposiciones trampas y mentiras, que solo buscan justificar la ineficacia de Fabra que está siendo chuleado por Madrid". 

"El impulso a la iniciativas se dan en el BOE y no aquí", ha apostillado.

   Signes ha lamentado que "cada día que pasa estamos más lejos del Corredor Mediterráneo", y ha asegurado que el PP "nunca ha estado a favor de verdad de esta infraestructura". Así, ha indicado que en 2003, cuando José María Aznar era el presidente del Gobierno, "dejaron al Corredor Mediterráneo fuera de ser un eje prioritario de la red europea de transportes". Asimismo, considera que Rajoy "todavía está intentando colar el Corredor Central".

   La diputada de EUPV Marina Albiol, por su parte, ha destacado que el Corredor Mediterráneo "es el titular que se le da a la conexión con Europa" y, por lo tanto, considera que "no solo hay uno". Al respecto, ha expresado el rechazo de su partido a "vincular el Corredor a una vía de Alta Velocidad, sin tener en cuenta otra alternativa", y ha criticado que el AVE "es innecesario, insostenible, extremadamente caro y escasamente rentable".

Los alemanes ven a España como un país de ociosos y corruptos

MADRID.- Una mayoría de alemanes considera a España un país corrupto, poco fiable, pobre, tradicional y de ciudadanos ociosos. Así lo refleja el último barómetro de la Marca España elaborado por el Real Instituto Elcano, en el que destaca el deterioro "enorme" que ha sufrido la imagen del país en Alemania.

   El resultado de este estudio de opinión, comparado además con la imagen que ofreció una encuesta realizada en Alemania en 1996, demuestra la caída "muy importante" que ha tenido la percepción de España entre los alemanes en los últimos 20 años.

  Así, además de mantenerse "tópicos" como que España no es un país moderno -un 77% cree a día de hoy que el nuestro es un país tradicional--, la crisis económica ha tenido un impacto "dramático" en su imagen: en estos años la desconfianza hacia España se ha multiplicado por cinco y un 49% de los alemanes no confía actualmente en España o los españoles, cuando en 1996 era uno de cada cinco alemanes.

   Cuatro de cada diez alemanes descalifican a los españoles como "ociosos y poco trabajadores"; un 40% los considera "egoístas; el 43% asocian a España con "debilidad" y hasta un 71% con "conflicto social", y un 71% ve a España un país "pobre". Además, un 48% de los alemanes cree que España es un país "corrupto", un porcentaje que llega hasta el 55% en el caso de los entrevistados con estudios universitarios.

   En definitiva, según ha apuntado el investigador principal de Opinión Pública del instituto, Javier Noya, los datos muestran que "se ha terminado el 'milagro español'" y "ya no somos los prusianos del sur".

   El tercer barómetro elaborado por el instituto de pensamiento de opinión ha llevado sus encuestas, además de a Alemania, a Reino Unido, Estados Unidos, México, Rusia y China. Los resultados muestran que la imagen más negativa de España, después de Alemania, está en Reino Unido.

   De hecho, son los británicos quienes opinan creen de manera más mayoritaria que España saldrá de la crisis a "largo plazo". Un 53% de los entrevistados en este país así lo cree, seguido por un 44% de los alemanes. Para China, en cambio, sólo un 15% de los encuestados ve lejos la salida de la crisis para España.

   Las 3.036 encuestas por internet para elaborar este estudio se realizaron entre los días 25 de marzo y 4 de abril. Noya ha explicado que en tres de los países, China, Rusia y México se pudo preguntar en concreto por la imputación de la Infanta Cristina, que tuvo lugar el 3 de abril, ya que todavía faltaba trabajo de campo por realizar.

   Los resultados obtenidos muestran, según ha explicado, que la imputación de la hija del Rey no tuvo "efecto" en la imagen del país, ya que no se percibieron cambios en las respuestas de los entrevistados.

El PSPV exige que se "prohíba de forma expresa" el pago de sobresueldos a cualquier cargo público

VALENCIA.-   La presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, ha explicado que su formación plantea que se "prohíba de forma expresa el pago de sobresueldos a cualquier cargo público". Además, también incorporan la "incompatibilidad de cargos remunerados en una misma persona". 

   Barceló ha explicado en un comunicado que esta medida se incluye en la propuesta de reacción democrática presentada por el secretario general del PSPV, Ximo Puig, los socialistas  apuestan por "aumentar los mecanismos legales de control público mediante instrumentos e instituciones adicionales".

   Siguiendo esta línea, los socialistas se comprometen a que sus cargos públicos y los que formen parte de la dirección "firmen un Código de Ejemplaridad, Ética y Buen Gobierno que obligue a mantener una conducta ejemplar en sus actividades" y, por tanto, se especifica que la "renuncia a cualquier obsequio o donación, salvo los que tengan un valor estrictamente simbólico o protocolario".

   También proponen que se cree un Portal de la Transparencia en todas las administraciones para que "todos los ciudadanos puedan acceder y comprobar el uso que se hace del dinero público".

   Por último, para aumentar la transparencia se aplicará esta Ley de Transparencia a "todos los partidos y representantes y se propondrá la inclusión de los sindicatos, organizaciones empresariales, la Casa Real y la Iglesia". En esta norma, tal y como ha señalado Barceló, "se establecerá la obligatoriedad de los poderes públicos de dar la información que soliciten los ciudadanos".

   Por otra parte, todas las instituciones gobernadas por el PSPV firmarán con las empresas contratistas un pacto por la "transparencia, la ética y la integridad" y se recoge la obligación de "incorporar a representantes de la sociedad para que fiscalicen en las mesas de contratación", así como, "el refuerzo no solo de los criterios objetivos para adjudicar los contratos sino también de los mecanismos legales que impidan contratar a empresas condenadas por corrupción".

   Los socialistas también plantean que se publiquen en la web oficial los contratos laborales de alta dirección y de todos los contratos con proveedores de bienes y servicios e la administración".

   Además, en esta línea, se deberán publicar todas las adjudicaciones, ofertas ganadoras, perdedoras, concursos y resoluciones incluidos en los contratos menores" y para evitar los sobrecostes de los contratos públicos se "reforzará por ley la imposibilidad de rebasar un límite máximo sobre el precio inicialmente propuesto".

   Igualmente Para aumentar "al máximo la transparencia", se publicarán las cuentas del partido y se planteará que la Sindicatura de Comptes pueda auditar "con agilidad y rapidez" las cuentas anuales "sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas por ley". De la misma manera se "reforzarán los mecanismos de colaboración" entre la Agencia Tributaria, INSS y otras entidades con este Tribunal cuando se detecten indicios de corrupción en las cuentas de un partido.

   Los socialistas proponen también que se "modifique el Código Penal para regular la responsabilidad penal de los partidos y la tipificación como delito de financiación ilegal de la actividad política y electoral".

   En cuanto a las consecuencias de realizar cualquier tipo de práctica ilegal o corrupta, los socialistas plantean que "se suspenda de sus responsabilidades a los imputados por corrupción y se demande o se investigue a los autores de falsas imputaciones".

   Además, quieren que "se impulsen cambios legales que eliminen el aforamiento de los parlamentarios que estén implicados en delitos de corrupción" y que "se amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción a 15 años y no a diez como está ahora".

   La diputada socialista ha señalado que es "fundamental que se agilicen las acciones judiciales para luchar contra la corrupción" y, para ello, plantean que se "prevea un procedimiento preferente en los delitos por corrupción política y se dotará de más recursos y mecanismos necesarios al poder judicial para que la investigación se más rápida".

Blanco (EUPV) afirma que la figura política de Camps "dista mucho de estar rehabilitada"

VALENCIA.- El diputado y portavoz adjunto de EUPV en las Cortes, Ignacio Blanco, ha indicado, tras conocer la declaración del vicesecretario de Estudios y Programas del PP Esteban González Pons ante el juez instructor del 'caso Nóos', que la figura política del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, "dista mucho de estar rehabilitada, a pesar de lo que digan él y sus partidarios porque, además, su futuro judicial, es muy negro, puesto que podría ser imputado en el 'caso Nóos' en cualquier momento", ha dicho.

   "Las declaraciones de González Pons ante el juez Castro vuelven a dejar en evidencia que Camps, desde la Generalitat, fue el padrino de los negocios de Urdangarin", ha agregado.

   Asimismo, ha criticado la actuación de González Pons: "a quién era entonces portavoz del Consell, no se le puede eximir de responsabilidad, porque cuando alguien firma un papel, y además formando parte del Gobierno, está asumiendo las consecuencias de sus actos", ha puntualizado.

El tráfico marítimo del puerto de Alicante con Argelia aumenta en el primer trimestre de 2013 un 60% frente a 2012

ALICANTE.- El tráfico marítimo entre los puertos de Alicante y Argelia registró un incremento del 60 por ciento durante el primer trimestre del presente año, frente a 2012, mientras que el movimiento con las Islas Canarias creció entre el cinco y el diez por ciento en el mismo periodo, según ha informado en un comunicado la Autoridad Portuaria alicantina (APA).

   Los datos los ha hecho públicos el presidente de la APA, Joaquín Ripoll, durante la reunión del Consejo de Administración de la entidad celebrado este lunes, en la que ha realizado un balance sobre los principales tráficos del puerto de la ciudad.

   Ripoll ha resaltado que la dársena alicantina es "similar" a la de Orán o a la de Argel "en cuanto a medios materiales, infraestructuras o grúas", lo que, a su juicio, convierte a Alicante "en un buen puerto de salida, completamente homologable" a los anteriormente citados.

   "Se están consolidando esos tráficos --Orán y Argel--, y estamos asistiendo a un incremento cercano al 50 por ciento en los últimos años con respecto al anterior, lo que nos hace pensar que este año se puede cerrar con una cifra cercana a las 200.000 toneladas, frente a las 50.000 que se movieron en 2010", ha apuntado.

   Igualmente, ha informado de la participación de Alicante como "única" Autoridad Portuaria en un encuentro que tuvo lugar el pasado 15 de abril junto a representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y más de medio centenar de empresarios españoles.

   En su intervención en el consejo, ha dado cuenta del trabajo desarrollado para "consolidar y fomentar" las líneas con Argelia, una tarea que ha calificado de "compleja y complicada, debido a las condiciones del país, diferentes de las europeas, y en la que los trámites suelen ser distintos", si bien ha subrayado la "gran receptividad" encontrada por parte de las autoridades argelinas.

   Por lo que respecta al tráfico con las Islas Canarias, que también ha definido de "prioritario", ha expuesto que las cifras se han incrementado entre el cinco y el 10 por ciento. "El tráfico con Canarias sigue teniendo un moderado pero continuo crecimiento, situado en el seis por ciento de contenedores y en el 10 en la carga", ha concretado.

   Finalmente, ha expresado su confianza en que abril "va a ser bueno" para el puerto alicantino, y ha cifrado en un 10 por ciento el aumento que se podría alcanzar en el citado periodo, "que es el objetivo a lograr en este ejercicio", ha sentenciado.

El Ayuntamiento de Alicante aprueba un crédito de 2,6 millones para pagar facturas de limpieza viaria a una empresa de Ortiz

ALICANTE.-   La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de un crédito superior a los 2,6 millones de euros para pagar facturas, correspondientes al pasado marzo, del servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, realizado por la mercantil Ingeniería Urbana, participada por el empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal'.

   Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa el portavoz adjunto del Ejecutivo alicantino, Juan Seva, quien ha detallado que el punto se ha acordado por la vía de urgencia en la reunión previa del órgano municipal.

   Seva ha señalado que el importe total se deriva de facturas por valor de 1,29 millones de euros correspondientes a trabajos de recogida de residuos, y otros 1,36 millones del servicio de limpieza viaria, llevados a cabo durante el pasado marzo.

   Igualmente, y también como urgencia, la junta de Gobierno ha validado otro reconocimiento de créditos y convalidación, por un montante superior a los 539.000 euros, relativos a gastos derivados del suministro de energía eléctrica para el alumbrado público y edificios municipales, desarrollados durante el mismo mes por la empresa Nexus Energía.

   En este caso, una partida de más de 283.000 se refiere a costes de alumbrado, mientras que una segunda, que asciende hasta los 184.000, es para gastos de suministro eléctrico en dependencias; y una tercera, superior a los 69.000 euros, para colegios de la capital alicantina.

   Por otra parte, Seva ha confirmado, al ser preguntado por los periodistas, que durante la reunión del órgano Ejecutivo se ha abordado la posibilidad de alquilar, por parte del consistorio, espacios en la sede de la Cámara de Comercio con el objetivo de trasladar dependencias municipales para ahorrar en esta materia.

   Así, ha resaltado que la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, "ha dicho formalmente que sí a la operación", y ha concretado que la intención del equipo de Gobierno es "hacerlo lo antes posibles". El portavoz adjunto ha expuesto que el ahorro de la medida permitiría pasar de los 600.000 euros anuales invertidos en alquiler de dependencias a unos 350.000.

   "La oferta de la Cámara es ahora y ya, y entendemos que es una buena oportunidad que no se podía dejar pasar", ha enfatizo. Igualmente, e interrogado sobre si se habían concretado espacios a incluir en el acuerdo de arrendamiento, ha especificado es un asunto en el que se trabaja desde la mañana de este lunes.

   "La Cámara nos ha remitido una relación de los planos del edificio, planos de planta, y ahora hay que ver los espacios para ver la distribución entre el personal de la entidad y del Ayuntamiento y las posibilidades que hay en base a eso", ha explicado.

   Seva también ha indicado que, dentro del orden del día, se ha validado el proyecto de expediente instruido para la exacción de Contribuciones Especiales, por la mejora del servicio de extinción de incendios en 2013, cuya base imponible asciende a 1,5 millones de euros.

   En este sentido, ha matizado que los sujetos pasivos de este tributo son las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo en el término municipal alicantino, mientras que las cuotas se distribuyen en proporción al importe de las primas que cada entidad recaude.

   Además, y como asuntos ordinarios, se ha aprobado la entrega a cuenta de 150.000 euros como parte de la subvención establecida entre el consistorio y el Club de Baloncesto Lucentum, para el desarrollo de la actividad deportiva durante la temporada 2012/2013.

   Este importe representa el 30 por ciento de la cantidad total acordada --500.000 euros--, y se suma a otros 100.000 --un 20 por ciento-- concedidos anteriormente. Ambas entregas se han llevado a cabo tras las pertinentes solicitudes por parte del presidente de la entidad deportiva.

   Finalmente, se ha validado el abono de los complementos de productividad para los trabajadores del Servicio de Acción Social que intervinieron en la situación de emergencia declarada como consecuencia del desalojo urgente de un edificio en la calle Diputado José Luis Barceló, en el que vivían 157 vecinos. De este modo, se pagarán importes comprendidos entre los 262 y los 1.257 euros en base al excedente horario realizado por los funcionarios que colaboraron en los trabajos.

CCOO denuncia que los tiempos de las listas de espera en el Hospital General se han duplicado en un año

ALICANTE.- La sección Sindical de CCOO en el Hospital General Universitario de Alicante ha destacado que los tiempos de las listas de espera se han duplicado en el último año, debido "al recorte de 20 millones de euros del Plan de Choque, que favorece que los pacientes sufran demoras de hasta un año en recibir la atención que precisan", según ha informado en un comunicado el citado sindicato. 

   CCOO ha recordado que el año pasado existía una demora media de 47 días en este centro hospitalario que afectaba a 373 pacientes, mientras que en 2013 la demora media se ha disparado a 98 días, y afecta a 2.607 pacientes --casi siete veces los pacientes que se veían afectados hace sólo un año--.

   Estas cifras, implican además, que en la práctica 620 pacientes tengan que esperar más de 180 días para ser intervenidos, y en algunas especialidades, las listas de espera superen el año de demora, tal y como ocurre en Traumatología y Oftalmología.

   Ante esta situación, CCOO considera "inaceptable" este "aumento brutal" de las listas de espera, por lo que exige a la Conselleria de Sanitat que "revierta el dinero recortado correspondiente al Plan de Choque a la red pública sanitaria", de modo que "se rentabilicen los quirófanos propios de los hospitales públicos para que puedan funcionar al cien por cien tanto por la mañana como por la tarde".

   "No es ético pretender ahorrar dinero a costa de la salud de los ciudadanos, y es que si aumentan tan desproporcionadamente las listas de espera, los principales afectados serán los pacientes, a quienes se les podría ocasionar graves daños", han señalado las mismas fuentes.

   Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha señalado que "es probable que haya habido un repunte tras la eliminación del plan de choque". No obstante, ha recordado que desde que se adoptó esta medida Sanidad ha impulsado iniciativas para el aumento de la actividad quirúrgica, que en 2012 creció un cuatro por ciento con respecto al año anterior y durante el primer trimestre de 2013 ha crecido un diez por ciento.

El exedil de Fiestas de Novelda niega haber malversado 26.000 € con la organización de la Cabalgata de 2007

ALICANTE.-   El exconcejal 'popular' de Fiestas de Novelda, Ricardo Monzó, ha negado haber malversado alrededor de 26.000 euros de dinero público con la contratación de servicios para la Cabalgata de los Reyes Magos de 2007 a dos empresas que no llegaron a cobrar el importe de las facturas, pese a que éstas constaban como pagadas en el Ayuntamiento de la localidad.

   La fiscal pide para el exedil y para otro de los procesados --entre ellos un agente de Policía Local de Novelda adscrito a alcaldía, que compaginaba su trabajo con una empresa de espectáculos-- una pena de siete años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad documental para cada uno, así como 11 años de inhabilitación y la indemnización conjunta de unos 26.000 euros a las dos empresas que han resultado perjudicadas por el impago.

   La tercera procesada es una mujer que trabajaba en la empresa de espectáculos del Policía Local, para la cual el ministerio público pide una pena de un año de prisión por falsedad en documento mercantil, acusada de firmar una factura por importe de 12.000 euros con la que el edil justificó la contratación de los animales de la Cabalgata.

   En la primera vista del juicio que se celebra este lunes y martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, tanto el exedil como los otros dos procesados han defendido su inocencia.

   Ricardo Monzó ha explicado que el agente procesado realizó labores de intermediario en la contratación de las carrozas de la Cabalgata de Reyes y en el alquiler de unos animales para el mismo desfile. Por ello, ha asegurado, el día 5 de enero le entregó en mano y en efectivo cerca de 14.000 euros, y el 8 de enero de otros 12.000 euros para que pagara sendos servicios.

   El citado agente, sin embargo, ha mantenido que su papel era "únicamente de chófer" del edil y ha asegurado que "nunca" recibió dinero en efectivo para pagar a nadie. Este mismo funcionario, además, ha explicado que como "chófer" era "habitual" que pagara de su propio bolsillo las comidas en los restaurantes, dinero que después le era devuelto de las arcas municipales.

   En este caso, según ha relatado el funcionario, momentos antes de la salida de las carrozas en la Cabalgata de Reyes, un colectivo vecinal requirió tres de las carrozas para el día siguiente cuando el edil se encontraba ausente.

   Así, ha explicado el agente, él mismo "solucionó el problema firmando un pagaré a la empresa de las carrozas, por 12.000 euros", para garantizar el pago del servicio. En la causa constan otros dos pagarés firmados por él a la misma empresa, sobre los que ha dicho no recordar las circunstancias.

   El exconcejal ha remarcado que desconocía que el agente hubiera firmado ningún pagaré, y que posteriormente se enteró "por la prensa". Monzó también ha recordado que los empresarios le llamaron para reclamarle el impago de las facturas, pero habló con el agente y éste le aseguró que era "un malentendido" y que "todo estaba en orden", por lo que no realizó más averiguaciones al respecto.

   Tampoco realizó "más averiguaciones" el policía cuando, según ha explicado el propio funcionario, detectó un "ingreso de 25.000 euros en concepto de Cabalgata de Reyes' en la cuenta de su empresa de espectáculos. No obstante, sí ha confirmado que esta cantidad se traspasó a otra cuenta "posiblemente para evitar que se cobraran los pagarés" firmados a las dos empresas afectadas, ha indicado.

   Así mismo, la empresa de Aspe que prestó el servicio de alquiler de animales, no cobró el importe superior a 10.000 euros, si bien el concejal de Fiestas presentó una factura por este concepto de la empresa del agente para justificar parte de sus cuentas ante el Ayuntamiento.

   La tercera imputada ha asegurado que ella "simplemente realizaba recados, atendía el teléfono, limpiaba la oficina y hacía recados" para su jefe, el agente de Policía, quien, según ha dicho, le pidió que firmara la factura "que era un documento que no era oficial y que no iba a ningún sitio".

   "Mi función era hacer caso a lo que me pedía" el procesado, se ha defendido la imputada, quien ha aclarado que ella "no llevaba la contabilidad de la empresa y no sabía que era ilegal" lo que estaba firmando.

La Comunitat Valenciana recibe 816.507 turistas extranjeros hasta marzo, un 7,7% más

MADRID.-   La Comunitat Valenciana ha recibido un total de 816.507 turistas internacionales hasta el mes de marzo, lo que supone un avance del 7,7 por ciento con respecto al mismo periodo de 2012, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) difundida este lunes por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

   Así, la Comunitat figura como la segunda autonomía con el mayor incremento de turistas extranjeros, solamente superada por Islas Baleares, que ha experimentado un aumento del 10,9 por ciento. En el mes de marzo llegaron a la autonomía 340.800 turistas internacionales, lo que supone un crecimiento del 5,5 por ciento, impulsado por una mayor afluencia de turistas franceses y nórdicos.

   A nivel nacional, España recibió 9,4 millones de turistas internacionales hasta marzo, lo que supone un 2,3 por ciento más respecto al mismo periodo de 2012. El departamento dirigido por José Manuel Soria ha destacado que este incremento en cerca de 210.000 llegadas durante el primer trimestre se debe fundamentalmente al impulso de mercados como Francia (+11,4 por ciento) y los Países Nórdicos (+11,8 por ciento).

   Reino Unido, el principal mercado para España, registró una caída del 0,7 por ciento entre enero y marzo, mientras que Alemania, el segundo más importante, repuntó un 3,7 por ciento en los tres primeros meses del año.

   En marzo llegaron a España 3,8 millones de turistas extranjeros, lo que supone un aumento del 7,9 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, un alza motivado por el efecto de la Semana Santa que en 2012 se celebró el mes de abril.

IU pide al Gobierno que recupere la finca Punta del Arenal, de Jávea, vendida a un ministro franquista

ALICANTE.- El diputado en el Congreso de IU por Valencia, Ricardo Sixto, ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a recuperar el dominio público sobre la finca Punta del Arenal de Jávea, que fue vendida en 1959 a un ministro de Francisco Franco y en cuyo interior se encuentran restos de una factoría pesquera de época romana, "uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de la costa española".
Según ha informado Esquerra Unida en un comunicado, este espacio fue vendido en 1959 por el Ayuntamiento de Jávea al exministro Mariano Navarro Rubio, quien "se construyó una lujosa residencia". Posteriormente, una empresa vinculada a su familia ha disfrutado durante años de la concesión de la parcela, ha explicado el diputado.

Para Sixto, resulta "injustificable" que este espacio no se convierta en público "de inmediato". y ha detallado que la concesión de la empresa Puntar SA, titular de uso y aprovechamiento de los terrenos, caducó el pasado mes de abril de 2012.

Según ha indicado, el parlamentario preguntó hace meses por segunda vez al Gobierno sobre la situación de esta finca 7.000 metros cuadrados sin obtener respuesta, por lo que ha denunciado "el absoluto desinterés" del Gobierno central para aclarar el tema.

Sixto ha censurado que la venta de terrenos del litoral a influyentes cargos de la dictadura franquista "respondía a privilegios que todavía hoy se mantienen". En 2007 casi todas las parcelas volvieron a ser públicas, aunque según Sixto, "la más significativa de las excepciones es la de este exministro".

El Altet cobrará un euro por la utilización de carros portaequipajes

MADRID.- El aeropuerto madrileño de Barajas inició ayer viernes el cobro de un euro por el uso de los carros portaequipajes en la "zona pública", una medida que será implantada en otros seis aeropuertos y con la que Aena espera ahorrar ocho millones de euros anuales.

Los aeropuertos donde también se cobrará por el uso de los carros son los de Barcelona-El Prat, Málaga, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur y Alicante, según Aena, que resaltó que los que se encuentran en la zona de embarque seguirán siendo gratuitos.

En su primer día de funcionamiento en Barajas, un joven surafricano "con mucho mundo recorrido" y cargado de mochilas, que había pagado por el uso del carro, calificó la iniciativa de "ridícula" y señaló que es la primera vez que abona este servicio en un aeropuerto.

Otros pasajeros manifestaron que no se habían enterado de que había que pagar porque habían encontrado el carro en la terminal y lo habían cogido sin más.

Esto se debe, según relataron varios trabajadores de la empresa Clece, que gestiona este servicio, a que el sistema implantado es "poco operativo".

Según su relato, el viajero debe introducir un euro en unas máquinas situadas en los puntos de recogida, en los que obtiene una ficha, que, posteriormente introduce en una ranura del carro, como sucede en los supermercados.

Una vez utilizado el carro, lo abandona en la terminal y son los empleados de Clece los que se encargan de devolverlo a los puntos de recogida.

En las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto hay siete empleados de Clece por turno, la misma cifra de trabajadores con los que cuenta la T4, ya que en febrero pasado se les aplicó un ERTE, por lo que la plantilla quedó reducida a la mitad, motivo por el cual -aseguran- "no dan abasto".

Aena ha asegurado que este nuevo modelo de gestión y mantenimiento de carritos portaequipajes forma parte de las medidas puestas en marcha para "poner en valor la empresa con el fin de hacerla sostenible y viable económicamente, pero manteniendo la oferta de un servicio de calidad".

Además, el ente público destacó que "supone nuevos planteamientos en aras de conseguir una mayor eficiencia organizativa y la reducción de los costes de explotación".

Según sus datos, el coste de gestión y mantenimiento de los carros portaequipajes en toda la red de aeropuertos es de 11,8 millones de euros anuales, de los que un 87 % corresponde a los siete de mayor tráfico.

Así, el cobro de un euro por la utilización de cada carro en esos siete aeropuertos implicará un ahorro de ocho millones de euros anuales, es decir, una reducción del coste del servicio del 78 %.

La gestión y mantenimiento de carros portaequipajes en Barajas suponía 3,7 millones de euros anuales y con el nuevo modelo esta cantidad se reducirá a 500.000 euros, "lo que supone un ahorro de costes estimado de 3.200.000 euros".

La empresa gestora de los aeropuertos españoles ha detallado que el precio de un euro por el uso del carrito es similar al de otras instalaciones europeas, como es el caso de las alemanes de Múnich, Hahn, Colonia y Dusseldorf; las italianos de Milán, Génova, Turín o Roma (Fiumicino), o las de Atenas.

También destacó que la tarifa es inferior a la que se aplica en aeropuertos del Reino Unido, como son los casos de Bristol, Cardiff, Manchester, Leeds, Luton o Birmingham, donde el precio de la utilización de los carros oscila entre 1 y 2 libras (entre 1,17 y 2,34 euros).

Aena asegura que el sistema de pago por uso es utilizado por uno de cada cuatro aeropuertos en el mundo, especialmente en aeropuertos norteamericanos, donde el precio oscila entre 1,5 y 4 dólares (1,19 y 3,18 euros).