jueves, 30 de enero de 2020

El FMI pide cambiar las pensiones para no sostenerlas "a expensas de los jóvenes"

NUEVA YORK.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que mantener el sistema de "generosas" pensiones en España sin modificaciones "no es sostenible" y solo podrá ser respaldado a costa "de la generación más joven, que ya está en desventaja".

Las "generosas" pensiones en España han ayudado a que los mayores hayan "navegado" la crisis mejor que los jóvenes, que han quedado "particularmente en desventaja", señaló el Fondo en un informe sobre el gasto social.
El informe, titulado 'Efectividad y equidad en el gasto social: el caso de España', ha apuntado que "la desigualdad en España es más alta que en sus socios de la Unión Europea (UE)".
"Las pensiones son la parte más grande de la protección social y son consideradas bastante generosas en la comparación regional. Como resultado, la pobreza en la tercera edad en España es relativamente baja y los pensionistas han estado bien protegidos de la crisis financiera global", agregó.
No obstante, advirtió de que mantener el sistema de pensiones "sin reformas integrales no es sostenible y se haría a expensas de la generación más joven, que ya está en desventaja".
Recomienda, en este sentido, incentivar vidas laborales más largas, elevar los ingresos sin aumentar las ya elevadas cotizaciones y alentar los ahorros suplementarios.
El organismo indicó que un cuarto de la población española todavía está en riesgo de pobreza o exclusión social, y en agosto de 2019, pese a la tendencia a la mejora, el 32,2% de la fuerza laboral juvenil de España (entre 16 y 24 años) estaba desempleada, comparado con el 15,4% en la zona euro.
Tras la aguda crisis económica, las políticas de gasto social han elevado la necesidad de responder pero se encuentran restringidas por la "alta deuda pública", cercana al 100% del producto interior bruto (PIB) y tres veces superior a la de 2007, y las presiones de "una sociedad en proceso de envejecimiento".
"El gasto social por sí solo no puede reducir la desigualdad, y los esfuerzos también deberían ser dirigidos hacia un mercado laboral más inclusivo", indicó.
En este sentido, el organismo dirigido por Kristalina Georgieva apuntó que "la gran diferencia en los costes de despido entre los fijos y los temporales continúa siendo la causa de que las empresas ofrezcan pocos contratos indefinidos".
En sus últimas previsiones de crecimiento para España, el organismo proyectó una desaceleración del crecimiento económico hasta el 1,6% en 2020, dos décimas menos de lo previsto, lastrada por la reducción de la demanda interna y las exportaciones.

El Constitucional no ve justificado promover el alquiler mediante decreto

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) considera que el Gobierno "no ha justificado" la necesidad de legislar medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler a través del real decreto, aprobado el pasado marzo, por el que se regulan los contratos en dicho régimen.

Así lo expresan los magistrados, que estiman parcialmente el recurso interpuesto por el PP, en una sentencia cuyo fallo trascendió el pasado martes y que declara nulas dos disposiciones adicionales, incluida la que hasta ahora ha previsto la movilización de suelo público para construir viviendas en alquiler social.
En su recurso, los populares denunciaban los enunciados "genéricos" que contenía la disposición adicional primera, la cual carecía de "medidas reales, efectivas, concretas y de aplicación inmediata" como correspondería a una norma de urgencia.
Dichos argumentos trataron de ser refutados por la Abogacía del Estado, que vinculó este apartado a la "insuficiente oferta de viviendas en alquiler".
Ahora el Constitucional, en su sentencia íntegra conocida este jueves, entiende que el Gobierno "no ha justificado la necesidad de acudir a un real decreto ley" para un aspecto que, en principio, no requiere de la "habilitación de una norma con rango de ley".
El mandato recurrido encomendaba al Ministerio de Fomento "un conjunto de acciones a realizar, entre ellas la negociación con las administraciones sectorialmente competentes, utilizando para este fin todos los instrumentos a su disposición".
Asimismo, le permitía modular los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda para poder atender estas necesidades, y reorientar sus bases para apoyar "exclusivamente" el disfrute de la vivienda en este régimen.
Aspectos que el Pleno del alto tribunal ha declarado inconstitucionales y que el Ejecutivo deberá reformular, al igual que sucede con la también anulada disposición adicional tercera sobre convenios en materia de infraestructuras públicas.
Para los diputados del PP, "se desconoce en qué medida" esta clase de convenios "puede bajar el precio del alquiler", y alegaban que el Gobierno "no proporcionaba ninguna motivación al respecto".
Por el contrario, el Estado fundamentó su decisión en los objetivos de "movilidad sostenible" en un país, España, que se caracteriza por la importante concentración demográfica.
Sin embargo, los magistrados creen que esa justificación no se puede percibir "directamente" ni es "instantánea o inmediata" al no guardar una "necesaria relación" con una "extraordinaria y urgente necesidad previamente definida".
En cambio, avalan el resto del real decreto, que no incluye ninguna medida para fijar los precios de los alquileres, cuya renta deberá actualizarse durante la vigencia del contrato al índice de precios al consumo (IPC).
Para incentivar la oferta de viviendas en este régimen, establece además una serie de medidas fiscales como bonificaciones de hasta un 95 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden, en una norma jurídica, una renta limitada.
También habilita el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, elimina el impuesto de transmisiones en los alquileres de vivienda habitual, establece el derecho de adquisición preferente por parte de las Administraciones en caso de la venta conjunta de un inmueble con arrendamientos, y amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos, o a 7 si es una persona jurídica.
Apartados todos ellos legitimados por la sentencia del Constitucional, que defiende que los cambios en materia de impuestos -IBI, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados- se limitan a corregir parcialmente la forma que tienen de tributar un pequeño grupo de operaciones -las protegidas por el decreto- de entre las muchas sujetas a estos gravámenes.
De igual modo, respalda el sistema de mejora de la accesibilidad en tanto que "trata de paliar las deficiencias que sufren diariamente las personas con movilidad reducida", y las modificaciones en materia de desahucios "por la situación de extraordinaria y urgente necesidad que quiere revertir".
Tras adelantarse el fallo, el secretario de Estado de Vivienda, Pedro Saura, consideraba ayer que el Constitucional había avalado de forma "clara" el real decreto.
Lectura que antes había compartido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que descartó que la opinión de la sentencia sobre las medidas de dinamización fueran afectar a sus planes de ceder suelos públicos a empresas privadas para que construyan y exploten durante 50 años unas 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.
 
 El Gobierno dice que el fallo del TC no afecta 
a temas relevantes para los alquileres

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comunicado que las cuestiones más relevantes del real decreto para promover el alquiler "continuarán estando plenamente vigentes", tras conocer este jueves la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre un recurso interpuesto por el PP.
El Ministerio señala en un comunicado que el real decreto de marzo de 2019 introducía "más de 20 mejoras" en la regulación de los alquileres y también "importantes medidas económicas y fiscales" en materia de vivienda y alquiler, y reitera que todas quedan avaladas por la sentencia del TC.
Los magistrados, no obstante, han estimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP en contra de la citada norma, en una sentencia cuyo fallo trascendió el pasado martes y que declara nulas dos disposiciones adicionales, incluida la que hasta ahora ha previsto la movilización de suelo público para construir viviendas en alquiler social.
El departamento que dirige José Luis Ábalos indica que se ha desestimado el recurso "salvo en lo que se refiere a las disposiciones adicionales primera y tercera, relativas al programa de medidas para promover la oferta en alquiler y a la duración de los convenios en materia de infraestructuras respectivamente".
"Se trata de dos disposiciones adicionales que no forman parte del cuerpo del real decreto ley", añade el Ministerio.
Igualmente, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha reiterado este jueves que el TC avala de manera "clara" el real decreto sobre el alquiler y "tumba" el recurso presentado por el PP.
El 'número dos' de José Luis Ábalos en el rebautizado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) ha señalado que la sentencia avala que los contratos de alquiler obligatorios pasen de 3 a 5 años y de 3 a 7 años en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, mientras que el PP "quería volver al real decreto ley de 2013 y establecerlo en 3 años".
El propio Ábalos ha defendido a través de Twitter que el TC "da la razón al Gobierno al desestimar el recurso del PP" y se pregunta "a ver cómo explica ahora la derecha que garantizar el acceso a la vivienda no es urgente ni necesario".
Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP en el Congreso y coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, ha opinado que la sentencia del TC ha puesto en evidencia la "improvisación" del ejecutivo y ha afirmado que "cuando se gobierna a golpe de Real Decreto Ley ocurren estas patologías".
"Con esta sentencia queda demostrado que la aparente urgencia en la toma de ciertas decisiones no estaba justificada, violentando así la naturaleza misma y la razón de ser de un Real Decreto Ley", ha recalcado el diputado del PP, para quien el "intervencionismo del Gobierno ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional, en un episodio más de una semana para olvidar del ministro Abalos”. 

Las empresas españolas suspenden los viajes de sus empleados a China

MADRID.- Las empresas españolas con presencia en China están suspendiendo los viajes de sus empleados al país asiático y algunas como Bankia y Mango han cerrado sus establecimientos, al tiempo que siguen atentas a la evolución de sus centros de operaciones y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS ha convocado un comité de emergencia para este jueves, formado por epidemiólogos y otros expertos, para determinar si el coronavirus, que ha causado ya al menos 170 muertos, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y, en tal caso, definir las recomendaciones para gestionarla. Y ha declarado finalmente la emergencia internacional.
Entre tanto, unos 6.000 pasajeros de un crucero de la compañía Costa Cruceros procedente de Palma de Mallorca están retenidos en el barco en el puerto de Civitavecchi, en Italia, hasta que concluyan los análisis a una pasajera originaria de Macao que presentaba síntomas compatibles con el coronovirus.
Al tiempo, las empresas españolas en el país asiático activan sus planes de contingencia, que pasan en muchos casos por cancelar los viajes al país, aunque por el momento la mayoría de ellas apenas da información sobre la situación y se limitan a señalar que siguen las recomendaciones de las autoridades.
Recomendaciones que suponen no abrir la oficina ni acudir al puesto de trabajo hasta el 10 de febrero.
La firma española Mango ha sido de las primeras en anunciar el cierre hasta ese día de sus 26 tiendas en China -once propias y quince franquicias-, mientras que Bankia tampoco abrirá su oficina de representación en Shanghái, ni sus tres empleados -dos ciudadanos chinos y un expatriado español- acudirán al puesto de trabajo.
También Denominaciones de Origen (DO) de vino español aconsejan a sus asociados no viajar al país por la propagación del coronavirus de Wuhan y analizan cómo no perder las ayudas para la promoción de sus productos en ese país concedidas por Bruselas.
Bodegas y miembros del sector han admitido su preocupación debido a que China figura entre los diez principales compradores de vino español a nivel mundial, un destino estratégico cuya importancia ha aumentado todavía más desde la puesta en marcha de aranceles en Estados Unidos, en octubre de 2019.
Los inversores, por su parte, trasladan su inquietud en bolsa, donde el temor a la expansión del coronavirus arrastra un día más a las aerolíneas y empresas del sector turístico que caen, en general, por encima del 2 %.
El fabricante de componentes para el automóvil Gestamp, que tiene 11 plantas en China, ha sido claro en su información y ha dicho que tras el brote de neumonía ha ampliado la paralización de la producción que ya había acordado con motivo del Año Nuevo chino.
Banco Santander -con unos 250 empleados, principalmente en Pekín, Shanghái y Hong Kong- ha cancelado los viajes a China o Hong Kong y está recomendando a sus empleados que hubieran viajado allí en los últimos 14 días que acudan a sus centro médicos locales.
Firmas españolas tan diversas como la textil Adolfo Domínguez, con ocho tiendas en el país; la compañía de piscinas Fluidra, con oficina en Shangái y fábricas propias en Ningbó; la farmacéutica Esteve, con una planta en la región de Zhejiang, y la Bodega Matarromera, entre otras, han decidido suspender los viajes de sus profesionales a China.
Banco Sabadell, con 6 empleados en sus dos oficinas de representación en Pekín y Shanghái, les ha recomendado teletrabajar, igual que ha hecho Google, que ha cerrado todas sus oficinas en China.
Sin embargo, la mayoría de las empresas españolas con presencia en China están ofreciendo poca información sobre la situación de sus negocios en el país asiático.
Así, CaixaBank, con 10 trabajadores en las oficinas de Pekin, Shanghái y Hong Kong, dice que están a más de 1.000 kilómetros de distancia del foco de la epidemia y no añade más comentarios.
Siemens Gamesa tiene una fábrica de góndolas (un componente del aerogenerador) en Tianjin y otra fábrica de palas en Lingang y cuenta con oficinas en Pekín y Shanghai, con un total de 1.320 empleados en el país. Sólo comenta que está "monitorizando" la situación de cerca.
La cadena hotelera Meliá sigue atenta a la situación de sus cinco hoteles en China, que siguen operativos aunque con ocupaciones "muy pequeñas" y ha aplicado sus planes de contingencia, pero no precisa más.
Porcelanosa, que desarrolla en China grandes proyectos como el Central Park & Commercial Complex en Shenzhen y tiene más de 30 puntos de venta en diferentes ciudades de China, con un crecimiento en 2019 cercano al 9 %, "no tiene constancia de que les esté afectando en ningún sentido".
La petrolera Cepsa sólo ha informado de que dispone de una planta de producción de fenol en Shanghái, y Prosegur, con una unidad de negocio de seguridad "de pequeño volumen", ha dicho que "no han hecho nada más allá de trasladar las recomendaciones oficiales".
Inditex tiene 577 tiendas en China de todas sus enseñas pero no ha contestado a los requerimientos de información mientras Mango se limita a decir que seguirán las recomendaciones pertinentes.
Mientras, la cadena sueca Ikea sí ha comunicado que cierra desde este jueves hasta nuevo aviso todas sus tiendas físicas en China, un total de 33, según la información de su página web.

La agricultura global tiene un problema de siembra

CHICAGO.- Los cultivos responsables con el clima están recibiendo más atención de agricultores y compañías de alimentos a medida que aumenta la presión por encontrar formas sostenibles de agricultura. Entra Kernza al panorama, un nuevo grano que ya tiene poderosos patrocinadores como General Mills Inc. y el apoyo de la academia.

Kernza es un grano similar al trigo que se puede usar en panes, cereales o incluso servir como arroz pilaf. También es un cultivo perenne, lo que significa que se puede sembrar una vez y luego cultivarse durante varios años. Ayuda al medio ambiente porque captura carbono en el suelo a través de su sistema de raíces profundas y requiere menos insumos químicos.
El signo revelador de los beneficios verdes de Kernza está debajo del suelo. Para los no iniciados, tierra es tierra. Pero los agricultores pueden hablar de innumerables variedades, desde tierra roja y arcillosa, hasta árida, seca y arenosa. 
Luego está lo que se obtiene cuando se desentierra una pradera natural: tierra oscura, rica y aterciopelada, todo un sueño. Cuando Carmen Fernholz, agricultor de Minnesota, inició un cultivo de prueba de Kernza después de siete temporadas, eso fue exactamente lo que vio.
“Era exuberante, la calidad, la estructura, todo era hermoso”, dijo Fernholz.
¿Por qué importa la buena tierra? Porque significa mucho menos fertilizante sintético en el suelo, lo que reduce las posibilidades de escorrentía química y restaura la materia orgánica natural del suelo. Recordemos la “zona muerta” para la vida marina en el Golfo de México, causada en parte por la escorrentía de fertilizantes de la agricultura estadounidense.
La riqueza del suelo refleja el sistema de raíces profundas de Kernza, que puede formarse porque el cultivo se siembra una vez cada cinco años más o menos. Eso contrasta con los principales productos básicos como el maíz y el trigo, cultivos anuales que se replantan cada temporada y contribuyen a la erosión del suelo, el agotamiento de nutrientes y otros problemas ambientales.
La Universidad de Minnesota ha estado trabajando con científicos de un grupo sin ánimo de lucro en Kansas llamado Land Institute para desarrollar Kernza, producto casero a partir de pasto de trigo silvestre y perenne.
Para Fred Iutzi, presidente de Land Institute, el trabajo está ayudando a solucionar un problema que comenzó hace unos 10.000 años en los albores de la agricultura.
Hay otros perennes en proceso, como una variedad de arroz que crece en miles de hectáreas en el sur de China. Estos cultivos también ofrecen beneficios a los agricultores, que ahorran en semillas. 
Los costos de combustible también son más bajos, con equipos de plantación necesarios solo cada cinco años. Durante la temporada de crecimiento, los campos Kernza también se pueden reutilizar varias veces. El cultivo también proporciona paja para el forraje.
Kernza aún se encuentra en etapa de desarrollo. Se necesita más trabajo para ayudar a aumentar los rendimientos, lo que le permitiría competir en la producción comercial a gran escala. Esto aún podría estar a 10 años.

España mira al "brexit" con inquietud por residentes, turismo y Gibraltar

MADRID.- La salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se consumará finalmente en la medianoche de este 31 de enero, genera inquietud e interrogantes en España, donde no se pueden medir totalmente las consecuencias en empresas y ciudadanos.

España mantiene, junto con Irlanda, una de las dos fronteras terrestres con el Reino Unido (la de Gibraltar) y un elevado nivel de turistas y ciudadanos de ambos países que residen en el otro, y todo ello hace que las implicaciones bilaterales del "brexit" sean muy importantes.
Con el fin de conocer las prioridades españolas para la negociación de la relación futura con el Reino Unido viajó este jueves a Madrid el negociador principal de la UE, Miguel Barnier, que mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros del Ejecutivo.
Tras el encuentro, el Gobierno español recordó en un comunicado que es partidario de establecer una relación lo más estrecha posible, preservando la integridad del mercado interior, la autonomía de decisión de la UE y un marco regulatorio equiparable, y que las materias prioritarias para España, de cara a la negociación futura, son la pesca, la agricultura y los servicios.
El divorcio entre Londres y Bruselas se ha ido gestando poco a poco, debido a la indefinición y los retrasos en el Parlamento británico a los que ha obligado la inestabilidad política británica, y por ello el período transitorio será de once meses y concluirá a finales de este año.
A pesar de que el tiempo pasado desde el referéndum del "brexit" de junio de 2016 ha permitido ir tejiendo acuerdos bilaterales entre Madrid y Londres sobre Gibraltar, la inminencia del momento final genera interrogantes por lo que esta situación inédita pueda provocar cuando acabe ese período.
Ambas partes prevén acordar antes del 31 de diciembre todos los aspectos de su relación futura y hasta entonces la legislación de la UE, incluida la libre circulación de personas de trabajadores, seguirá aplicándose en el Reino Unido.
El futuro de esa libertad de circulación es lo que más preocupa. En el Reino Unido viven unos 180.000 españoles y, al igual que los ciudadanos de otros países de la UE, hay inquietud acerca de si las autoridades británicas respetarán, y cómo, los derechos de residencia adquiridos.
Y también preocupa cómo podrán acceder españoles y comunitarios en general al mercado de trabajo británico, un país que tradicionalmente absorbe inmigración.
Por otra parte, se calcula que en España residen cerca de 300.000 británicos (235.000 registrados oficialmente), la mayoría en zonas costeras del Mediterráneo. Muchos de ellos son jubilados que buscan pasar sus últimos años al abrigo del sol y del buen tiempo.
Pero también hay entre ellos profesionales asentados en España, algunos de los cuales trabajan a distancia para empresas británicas, con viajes periódicos en aerolíneas de bajo coste a sus sedes corporativas.
Para todos es clave el mantenimiento de su estatus legal como residentes y el cobro de las pensiones de jubilación.
El acuerdo de salida británica de la UE "no incluye derechos clave" para los británicos que viven en España, como los de libre circulación o de ofrecer servicios profesionales en la nueva Unión Europea, lamenta EuroCitizens, una asociación de británicos residentes en España
Las empresas, grandes y pequeñas, están muy preocupadas por el impacto en el comercio -sobre todo los trámites aduaneros- y las finanzas, pero también en cuestiones legales como la protección de marcas o los derechos de propiedad intelectual.
Un ejemplo es el Banco Santander, la mayor entidad financiera de España y de la zona euro, que tiene una importante filial británica. "No sabemos las condiciones (finales) de salida, pero nos hemos preparado para cualquier eventualidad", declaró este miércoles la presidenta del banco, Ana Botín.
Las ventas de productos españoles a Reino Unido han caído un 8,28 % desde que, en 2016, los británicos votaron a favor de abandonar la UE. Han bajado de los 20.076,57 millones de euros a cierre de 2016 a los 18.413,93 millones hasta noviembre de 2019, último dato disponible en la estadística de la balanza comercial que publica la Secretaría de Estado de Comercio.
No obstante, a falta de conocer el dato de diciembre, todo apunta a que las exportaciones se van a recuperar en el conjunto de 2019 respecto a 2018, año que cerró con un volumen de ventas de 18.580,54 millones.
No obstante, el comercio bilateral de bienes sumó 30.500 millones de euros en 2018, con un incremento anual del 2,8 % y un superávit a favor de España de 7.528 millones de euros.
El turismo es un asunto clave para España. Millones de turistas británicos visitan el país cada año, con un impacto económico aproximado en este país de unos 13.300 millones de euros, según cifras oficiales del Gobierno británico.
El mantenimiento de ese flujo turístico es fundamental para amplias zonas turísticas españolas, que temen que parte de ese movimiento se desvíe a países mediterráneos de turismo de bajo coste.
La atención sanitaria en suelo español a ciudadanos británicos (sean turistas o residentes) y su compensación (en España la sanidad pública es gratuita) es otro asunto a definir.
Por otra parte, está la controvertida cuestión de Gibraltar, la estratégica ciudad que controla el estrecho del mismo nombre y bajo dominio británico desde 1704.
Se trata del único lugar (salvo Irlanda) donde el Reino Unido tiene una frontera terrestre con otro país de la UE. Ahí, entre británicos que hablan español con acento andaluz, está el paso fronterizo más pequeño del "brexit".
Cada día atraviesan la conocida como "verja" de Gibraltar casi 15.000 trabajadores, así como 200 camiones de transporte.
En Gibraltar no hay desempleo, pero al otro lado de la frontera, en La Línea, alcanza casi el 31 por ciento de la población activa, por lo que un impacto económico negativo del "brexit" en la rica colonia británica preocupa mucho a la deprimida comarca con la que bordea.
"La dependencia (económica) es total", reconoce el español Lorenzo Periañez, presidente del grupo transfronterizo que reúne a empresarios y sindicatos de ambos lados.
El pequeño territorio, de 32.000 habitantes, vive sobre todo de la industria de servicios financieros, como las empresas de juego y apuestas por internet. De hecho, Gibraltar, con 6,8 kilómetros cuadrados, alberga ahora mismo 13.536 empresas, que son 3.300 menos que hace un año.
España y el Reino Unido firmaron a finales de 2018 una serie de acuerdos bilaterales en cuestiones como derechos de trabajadores transfronterizos, medio ambiente, cooperación fiscal y aduanera y lucha contra el contrabando de tabaco.

La venta de cigarrillos repunta en España por primera vez tras 10 años de caídas

MADRID.- El número de cajetillas de cigarrillos vendidas en España creció un 0,5% en 2019, hasta los 2.243 millones de unidades, en la que supone su primera subida después de una década ininterrumpida de caídas.

Así se desprende de los datos anuales conocidos este jueves y publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), que reflejan cómo la comercialización de cigarrillos ha bajado drásticamente en los últimos diez años, aunque esta caída se fue ralentizando hasta el cambio de tendencia del pasado año.
Las estadísticas de este organismo -correspondientes únicamente a Península y Baleares, sin incluir Ceuta y Melilla- revelan que el último aumento en el comercio de este producto databa de 2008, cuando se cerró el año con 4.500 millones de cajetillas vendidas, el doble que ahora.
Entre ese año y el 2013 -coincidiendo, entre otros factores, con la crisis económica o la implementación total de algunas medidas de la ley antitabaco- se concentró la mayor parte de ese descenso, y desde entonces siguió cayendo pero de forma más leve.
Por comunidades, Cataluña lidera la clasificación con cerca de 427 millones de cajetillas comercializadas -cada una de ellas con 20 cigarrillos-, muy por delante de Andalucía (361,3 millones) y Madrid (282,9 millones).
La venta de cigarrillos generó ingresos por valor de 10.201 millones de euros en 2019, un 0,3% más que el ejercicio anterior. No obstante, mientras que la cifra de cajetillas comercializadas se ha desplomado cerca de un 50%, el volumen de facturación acumula un retroceso del 12% en la última década. De esta forma, el precio medio por unidad en 2019 ascendió a 4,5 euros.
El ránking por marcas de cigarrillos sigue liderado por Marlboro (13,81% de cuota de mercado, frente al 13,94% de 2018), seguido de Camel (9,6%, frente al 8,91% de un año antes), Winston Classic (8%), Chesterfield (8%); Fortuna (7,37%), Lucky Strike (7,32%), Winston (5,21%) y L&M (4,25%).
Por compañías, Philip Morris controla el 30,72% del negocio de cigarrillos en España; a continuación figuran Altadis-Imperial Tobacco España (28,03%), Japan Tobacco International (24,5%) y British American Tobacco España (11,84%).
En el resto de las labores destaca el incremento registrado en las ventas de tabaco de pipa, que crecieron más de un 40%, hasta las 1.290 toneladas. La comercialización de picadura de liar aumentó un 3,4%, hasta las 6.012 toneladas, mientras que bajó un 2,63% la comercialización de cigarritos (1.825 toneladas) y un 6% la de cigarros (465 toneladas).
El informe dedica un apartado al cultivo de tabaco con datos de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) que arroja que en la última campaña el volumen contratado fue de 21.968 toneladas.

Banco Sabadell registra pérdidas en el 4º trimestre por incremento de provisiones

MADRID.- El banco español Sabadell incurrió contra pronóstico en unas pérdidas de 15 millones de euros en el cuarto trimestre, frente a un beneficio de 80 millones de euros un año antes, debido a un incremento superior al esperado en provisiones contra insolvencias y a los números rojos de su filial británica TSB.

Los analistas consultados habían anticipado de media un beneficio neto de 16 millones de euros.
El fondo de la tabla se vio empañado por provisiones por un total de 370 millones de euros para cubrir el saneamiento de ventas de activos inmobiliarios de más de 6.000 millones de euros cerradas en el último trimestre de 2019.
Como otros bancos españoles, Sabadell salió al extranjero de compras en busca de mayores ingresos, pero la adquisición de TSB en 2015 se ha visto plagada de importantes fallos tecnológicos.
En el cuarto trimestre, TSB registró una pérdida de 34 millones de euros.
Con todo, Sabadell duplicó con creces el beneficio en el conjunto del año con un resultado atribuido de 768 millones de euros, después de que en 2018 se viese muy penalizado por los costes extraordinarios de 637 millones de euros ligados a la integración y los problemas informáticos de TSB.
El margen de intereses anual bajó un 1,4% a 3.622 millones de euros, caída que Sabadell achacó a la aplicación de una norma contable internacional, a la titulización de préstamos y a los bajos tipos de interés.
En el cuarto trimestre, esta variable (que mide el beneficio que un banco gana con su actividad principal de préstamo una vez restado el coste de los depósitos) alcanzó los 910 millones de euros, un 2,4% menos que en el cuarto trimestre del año anterior, aunque mejoró un 0,4% más desde el tercero.
Al igual que muchos otros bancos europeos, las entidades financieras españolas están sufriendo presión en sus márgenes por los niveles negativos en los tipos de interés de referencia del BCE, lo que dificulta que las entidades ganen dinero con su negocio tradicional de crédito.
El grupo vio crecer su crédito vivo un 3,7% a 144.572 millones al cierre de 2019 gracias al préstamo a pymes y grandes empresas, y a un crecimiento en hipotecas.
La ratio de morosidad del grupo se situó en diciembre en el 3,8%, desde el 4,2% de 2018, mientras que el ratio de capital de máxima calidad CET 1 Fully loaded se ubicó en el 11,7%, ganando 34 puntos básicos en el cuarto trimestre del ejercicio.
"De esta forma, el banco cumple el objetivo presentado de cerrar el año 2019 con un ratio de capital CET1 fully loaded como mínimo del 11,6%, mejorando así el guidance anunciado", destacó.
Sin embargo, no alcanzó su objetivo de rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de acabar el año con un porcentaje superior al 6,5% al situarse en el 5,9% o un 5,2% en términos recurrentes, esto es, sin contar con el impacto de resultados extraordinarios.
Para 2020, el banco espera un ROE recurrente estable respecto a 2019. En cuanto al capital, prevé que el CET 1 fully loaded se mantenga en los alrededores del 12%.
Por otra parte, el consejo de administración de la entidad aprobó el reparto de un dividendo complementario en efectivo de 0,02 euros por acción que se suma a otro pagado a cuenta por el mismo importe, haciendo que la retribución anual represente aproximadamente el 40% de los beneficios del grupo.

Banco Sabadell gana 768 millones, un 134 % más, superada la crisis de TSB

BARCELONA.- El Banco Sabadell ha cerrado 2019 con un beneficio de 768 millones de euros, un 134 % más que en 2018, cuando su resultado se vio lastrado por los problemas derivados de la migración tecnológica de su filial británica, TSB.

Con estos resultados, el consejo de administración de la entidad ha acordado la distribución de un dividendo complementario en efectivo de 0,02 euros brutos, lo que eleva la retribución al accionista en 2019 a 0,04 euros brutos por acción.
Los ingresos del negocio bancario del grupo, que engloban el margen de intereses y las comisiones netas, aumentan en el último año un 1 %, hasta los 5.061 millones, en un entorno de tipos negativos, y los directivos del banco han traslado a los analistas la confianza de que este año sigan mejorando.
El margen de intereses se sitúa en 3.622 millones, un 1,4 % menos, mientras que las comisiones netas crecen un 7,7 %, hasta los 1.439 millones, impulsadas por el buen comportamiento de las de servicio, con incrementos en todos los segmentos, según la información remitida a la CNMV, el supervisor bursátil.
A cierre del año, el margen básico de la entidad asciende a 5.061 millones, un 1 % más, en tanto que el margen bruto disminuye un 1,6 %, hasta los 4.932 millones.
El Sabadell destaca en un comunicado que en 2019 ha logrado reducir sus costes en un 1,8 %, hasta los 3.213 millones, y mejorar su eficiencia, que se sitúa en el 55,6 %, frente al 58,3 % del año anterior.
El total de dotaciones y deterioros de 2019 suma 938 millones, 382 millones menos que el año anterior.
En cuanto a la ratio de capital de máxima calidad, se ha incrementado de forma progresiva en el último año, hasta el 11,7 %, y la idea es que esté muy cerca del 12 % a finales de este año, según el Sabadell, que mañana viernes expone las cuentas en una rueda de prensa en Madrid.
A finales 2019, el crédito vivo del banco se sitúa en 144.572 millones, un 3,7 % más interanual; los recursos de clientes en balance totalizan 146.309 millones, un 6,5 % más, y los de fuera de balance caen un 2 %, hasta los 43.163 millones.
El Sabadell, que gestiona un volumen de recursos de 213.095 millones, un 3,6 % más, ha intensificado en el último año la actividad de captación de empresas y particulares, con 418.228 altas y 258.550 nuevas nóminas.
Respecto a la actividad en nuevos préstamos hipotecarios y de consumo, crece un 11 %, superando los 6.300 millones, como también aumentan la facturación de tarjetas (14 %), las primas de seguros de protección (15 %) o las cuotas de facturación de terminales de venta (17,2 %).
El banco que preside Josep Oliu ha cerrado en 2019 la venta de varias carteras institucionales, lo que le ha permitido reducir los activos problemáticos en balance y la tasa de morosidad, que ahora se sitúa en el 3,83 %, frente al 4,22 % de finales de 2018.
Así, los activos problemáticos en balance presentan una reducción de 954 millones en el último año, dejando su saldo en 7.326 millones, de los que 6.141 corresponden a activos dudosos y 1.185 a adjudicados.
También la filial británica del Sabadell, TSB, ha mostrado en 2019 una evolución favorable, tras los graves problemas que acarreó su migración tecnológica, lo que ha permitido impulsar el beneficio del Sabadell.
TSB ha iniciado en los últimos meses su nuevo plan estratégico, basado en la mejora de la eficiencia, el incremento de los ingresos del negocio bancario, la rentabilidad y la transformación digital, y prevé alcanzar un beneficio de entre 130 y 140 millones de libras -entre 154 y casi 166 millones de euros al cambio actual- en 2022.
El banco ha registrado un crecimiento del 8,5 % interanual de su inversión crediticia viva, hasta los 36.496 millones, mientras que los recursos de clientes en balance se han situado en 35.423 millones, un 9 % más.
Los costes totales de TSB alcanzan los 1.052 millones de euros, lo que supone un descenso del 8,4 % respecto a 2018, y los gastos derivados de la restructuración ascienden a 50 millones.

El PP estudia llevar al juzgado las ayudas de Puig al grupo de Moll

VALENCIA.- A mediados del mes de julio de 2019, la Abogacía de la Generalitat valenciana emitió un informe acerca de que el presidente del Gobierno autonómico, Ximo Puig, no tuvo obligación de abstenerse en la aprobación del decreto regulador del Instituto Valenciano de Finanzas que blindó la venta con un 70% de descuento (1,9 millones de deuda) del Grupo Zeta al Grupo Prensa Ibérica Media, propiedad del editor aragonés Javier Moll, recuerda El Confidencial.

Ximo Puig era accionista en uno de los periódicos objeto de venta a Moll, 'Mediterráneo de Castellón'. Ocho meses después de solicitar el expediente en el Parlamento autonómico, al Partido Popular le han llegado, por fin, los papeles solicitados.
"En cuanto lo estudiemos a fondo veremos si se ha cometido alguna irregularidad, como sospechamos. No es muy normal que el 'president' no se abstuviera, con sus intereses económicos en juego, durante la reunión del Consell [15 de marzo de 2019] que dio vía libre a la quita".
Hay que recordar que el PP ya ha llevado a los tribunales las subvenciones, cercanas a un millón de euros, a las empresas de Francisco Javier Puig, hermano del jefe del Gobierno valenciano.
Sin embargo, sostienen las mismas fuentes populares, "también albergamos muchos recelos porque no hay que olvidar que la consejera de Justicia y Gobernación de la Generalitat, Gabriela Bravo Sanestanislao, es la compañera sentimental de Puig y fiscal de carrera".
Otro de los temas económicos/mediáticos que asombran a la oposición política valenciana es la concesión de una subvención de 224.000 euros a la Cadena SER para unas jornadas en las participan Ximo Puig, Rodríguez Zapatero y Manuela Carmena, entre otros, mediante un concurso sin publicidad.

Empleadas de hogar y sector agrícola destruyeron 60.000 empleos en 2019

MADRID.- El pasado año se generaron 402.300 puestos de trabajo, pero fue el peor dato desde 2013, último año de la crisis, y un 30% menos de ocupados que un año antes. Y un tercio del centenar de sectores en los que se divide la actividad en España se anotaron destrucción de empleo, entre ellos trabajadoras del hogar y del campo. 60.000 puestos de trabajo destruidos entre los dos. 

En el caso de las empleadas del hogar, modificar el contrato y recortar la jornada laboral de la trabajadora para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son los caminos que muchos empleadores han cogido ante un incremento que algunas familias no pueden o están dispuestas a desembolsar de golpe. 
En apenas un mes, de diciembre a enero de 2019, la nómina de estas empleadas se encareció en casi 200 euros cada mes, encarecimiento al que hay que sumar también la subida correspondiente en las cotizaciones a la Seguridad Social. 
El resultado ha sido que estas trabajadoras -más del 90% son mujeres- están en su nivel más bajo desde el año 2015, según Estadística. La cifra total de ocupados es de 580.000 
El propio Gobierno reconoció que ambos colectivos son los más vulnerables al incremento del SMI. El exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, admitió que el colectivo de las empleadas del hogar encajó el incremento de costes pasando al mercado negro en una magnitud de 13.000 personas. Y sobre el sector agrario, aseguró que han dejado de cobrar horas extraordinarias como compensación por la subida de su salario básico.
A finales de 2019 la ocupación en el sector agrícola estaba en la cifra más baja desde 2015. En un país como España, donde la mayoría de explotaciones agrícolas tienen un carácter profesional y necesitan -aunque sea de forma puntual a lo largo del año- contratar personal, la subida del SMI a 900 euros es un factor sensible para muchas de ellas. El coste volverá a encarecerse este año tras el nuevo alza del 5,5%, hasta los 950 euros.
La encuesta del INE ha reflejado que en tan solo tres meses Extremadura, región eminentemente agrícola, perdió 20.000 ocupados y se mantuvo a la cabeza del paro en España con una tasa del 28,68%. 
Estos malos resultados empujaron al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a reconocer públicamente que «los datos son rematadamente malos» y están vinculados al campo. 
Por ello reclamó un encuentro urgente con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el «impacto» y las «consecuencias» que la subida del SMI está teniendo en el sector agrario en Extremadura.
Tras estas declaraciones, los agricultores demandan una intervención más directa del Gobierno a la hora de fijar los precios de sus productos y compensaciones para detener el impacto del SMI

El interventor de Alicante paraliza el pago de la limpieza de diciembre

ALICANTE.- El interventor municipal en el Ayuntamiento de Alicante ha paralizado el pago del mes de diciembre del servicio de limpieza urbana y recogida de basuras después de que haya surgido una discrepancia entre el Ayuntamiento y la adjudicataria del servicio, UTE Alicante. 

Según ha podido saber El Mundo, la empresa no está conforme con que el consistorio le haya cargado el coste de la auditoría donde revisaba el material con el que se prestaba el servicio, por lo que ha interpuesto una reclamación que ha bloqueado la certificación. 
El estudio sobre el estado del material llegaba a la conclusión de que era necesario realizar una importante inversión para renovar parte de la flota de limpieza. A raíz de este documento el equipo de Gobierno prevé invertir 2,5 millones de euros en comprar más de una docena de vehículos, con un plazo de vigencia de diez años.
El del material no es el único conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la mercantil participada por el promotor Enrique Ortiz. El área de Limpieza interpuso este verano sanciones a la adjudicataria por haber incumplido determinados parámetros del servicio. El resultado es que se detrajo de los pagos mensuales una cantidad superior a los 120.000 euros, algo que también ha sido objeto de recursos por parte de los responsables de la UTE.
Asimismo, la semana pasada el concejal de Limpieza, Manuel Villar, manifestó su intención de aumentar en 550.000 euros el importe del contrato al asegurar que en las condiciones actuales el pliego no garantiza que la ciudad esté limpia. Con esta afirmación desmiente al ex edil del PP que preparó y presentó el pliego, Andrés Llorens, quien prometió en 2013 que no habría nuevas ampliaciones de contrato al ser «de todo incluido».
En la oposición, tanto Compromís como Unidas Podemos han criticado que esta modificación se impulse cuando queda tan solo un año para el vencimiento del contrato (otoño de 2021), y, muy especialmente, sabiendo que el equipo de Gobierno ha manifestado la voluntad de no ejecutar ninguna prórroga. 
La idea del alcalde, de hecho, es dividir el contrato en dos (limpieza por un lado y recogida de basuras por otro) para atraer a un mayor número de empresas especializadas. Manuel Villar, por su parte, calificó el pasado martes de «hipócrita» a Compromís, al asegurar que su portavoz, Natxo Bellido, ya respaldó en su día una hipotética subida del precio del contrato cuando la propuso el ex alcalde socialista Gabriel Echávarri, e insistió en que para poder cubrir las zonas de expansión de la ciudad es necesario aumentar el importe que se destina a la empresa. 
La limpieza de Alicante ha sido noticia en los últimos años por aparecer de manera invariable como una de las peor consideradas de España. En concreto, y según la encuesta tanto de la Organización de Consumidores (OCU) como del Observatorio de Servicios Urbanos, Alicante es la penúltima ciudad de España en cuanto a la calidad del servicio, al menos desde el punto de vista de la percepción de sus residentes. 
Ante esta situación el equipo de Gobierno ha intentado reorganizar el servicio rescatando al técnico que redactó el pliego, Sebastián Chicote, para que fiscalice la contrata y empiece a preparar el pliego del año que viene.
Lo que no ha hecho el PP es recuperar la auditoría que sí figuraba en las condiciones de 2013 sobre el absentismo del personal, y que fue liquidada por el ex edil de Guanyar Víctor Domínguez. 
Ese informe, que pagaba la empresa y que debía ejecutarse anualmente, reflejó durante los tres primeros años de contrato que UTE Alicante incumplía los parámetros de absentismo que había prometido para que la oferta que hizo durante el proceso de adjudicación no se considerase temeraria. 
En concreto, la mercantil elaboró un informe en el que fijaba en el 5,25% el absentismo máximo, un porcentaje que el propio Chicote calificó de inalcanzable; desde entonces lo ha doblado.

La ciudad activa el contrato del plan de residuos

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante procedió ayer a la apertura de los sobres de 'documentación' y 'proposición' de los dos licitadores presentados, Grupotec Servicios de Ingenería S.L. y IDOM Consulting Engineering Architectures SAU, para adjudicarse el contrato de redacción de la documentación técnica para la aprobación del Plan Local de Residuos y del proyecto de gestión del Plan Zonal 9, Area 4, de la Comunidad Valenciana correspondiente al municipio y su posterior licitación con un plazo de un año y un presupuesto de 157.300 euros.
Un equipo técnico multidisciplinar externo con la dirección municipal preparará la documentación en cuatro meses y supervisará la exposición pública y licitación en una segunda fase que durará ocho meses.
El concejal de Limpieza, Manuel Villar, explicó que con este paso se retoma «el proceso iniciado para preparar la planificación de los planes de residuos y posterior licitación de las contratas después de un paréntesis de casi dos meses hasta que el Tribunal Central de Recursos Contractuales nos ha dado la razón tras paralizar el procedimiento el recurso presentado por el Colegio Profesional de Ciencias Ambientales».
«Tras la apertura de plicas, ambas propuestas serán valoradas e informadas por los técnicos municipales, para establecer su clasificación en una posterior Mesa de Contratación y antes de su aprobación definitiva por la Junta de Gobierno» explicó el edil.
«Vamos a ser uno de los primeros municipios de la Comunidad Valenciana en desarrollar el Plan Local de Residuos y el proyecto de Plan Zonal de Residuos de la CV».

El tráfico en la AP-7 aumentó un 77% tras la liberación de peajes

BARCELONA.- La desaparición de los peajes en la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Cádiz y Sevilla han tenido un impacto mayor del esperado en la intensidad del tráfico de esas vías de altea densidad. Según los datos manejados por el  Ministerio de Fomento, procedentes de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los siete primeros días del mes de enero del 2020 el incremento medio del tráfico fue del 77%, según publica hoy El Periódico.  


La DGT, no obstante, pone de manifiesto “el significativo aumento de intensidad en el primer día laborable tras las festividades navideños superior al 100%”. El lunes 7 de enero el aumento del tráfico fue del 105,26%: Pero el sábado, 4 de enero, el aumento de la intensidad fue del 118,13%. Ni una de esas siete primeras jornadas del año registró un incremento inferior a la media registrada por la AP-1, entre Burgos y Armiñón --primera autopista de peaje cuya concesión ha vuelto al Estado—que ha sido del 30%. 
El incremento más moderado del tráfico en la AP-7 fue el primer día del año, que registró un aumento de la intensidad del 46,39%. 
Desde luego, los datos disponibles van más allá de las previsiones del Ministerio de Fomento. José Luis Ábalos comentaba poco antes de que se levantaran peajes las expectativas del ministerio: “Tenemos ya una experiencia con la AP-1 en Burgos, que acabó el peaje el año pasado y ha registrado un 30% de incremento del tráfico. Lo previsible en este caso de la AP-7 es que sea del orden de ese incremento, que es absorbible”, comentó en una entrevista publicada por este diario. 

Más vehículos pesados

La mayor densidad en las vías liberadas tiene mucha relación con el incremento de los vehículos pesados por esas autopistas. La autovía mediterránea registró un incremento del 63% del tráfico de camiones y destaca el primer día del año, con un 79,19%. Como consecuencia de la mayor densidad, se produjo un descenso de la velocidad medio de circulación. 
Cabe destacar que la intensidad también se ha incrementado en la autopista andaluza, particularmente el primer día laborable completo del año, el 7 de enero, en el que se incrementó el tráfico en un 96%, aunque la media de esos días fue inferior: 60,3%. En esta autovía, sin embargo, el aumento de tráfico pesado fue más intenso: superó el 100% cuatro de los siete días analizados 
El Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está actualmente instalado los sistemas para controlar la intensidad media diaria en los diversos tramos de ambas autopistas A partir de su instalación, podrá recoger datos mensuales contratados.
Fomento ya esperaba que se produjera una redistribución del tráfico desde las carreteras convencionales que van paralelas a las autopistas, como la N-340 o N-332 en el caso de la AP-7 o la N-IV en el caso de la AP-4. Este descenso mejorará sensiblemente la congestión y las condiciones de seguridad vial de estas vías paralelas y por otra parte, “la mayor intensidad de tráfico de las autopistas harán que sea necesario adaptarlas a las nuevas condiciones de explotación. 
Básicamente, habrá que analizar los niveles de servicio del tronco y de los enlaces para ver si es necesario aumentar su capacidad, también aumentar la conectividad con el territorio a través de nuevos enlaces”, considera Fomento.