ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción mantiene la acusación a los alcaldes del
PP de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los
supuestos delitos de tráfico de influencias, uso privilegiado de
información y cohecho, derivados del amaño del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor de los intereses del
promotor Enrique Ortiz.
El juez que dirige esta pieza del caso Brugal,
el titular del Juzgado nº 5 de Alicante, ha dado por cerrada la
instrucción y ultima el escrito de motivación razonada para enviar el
sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad
Valenciana dada la condición de aforados de ambos acusados. Castedo es
diputada autonómica desde mayo de 2011 y Alperi desde el mismo mes de
2007, recuerda hoy 'El País'.
El titular del destacamento de Anticorrupción de Alicante, Felipe
Briones, ya ha remitido al Juzgado instructor su escrito (preceptivo,
aunque no vinculante para el sentido final de la resolución del
magistrado instructor). En este documento, Briones reproduce, en líneas
generales, la acusación de su primer escrito. En el primitivo, el fiscal
acusaba a 21 personas, entre ellas Castedo y Alperi. Según el fiscal,
ambos altos cargos del PP condicionaron la redacción del PGOU a los
intereses urbanísticos del promotor Ortiz a cambio de dádivas..
El ministerio público sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos
secretos del planeamiento a través del despacho de abogados, propiedad de José Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSPV, Javier Gutiérrez.
De los 21 acusados inicialmente por el fiscal, 17 han quedado
finalmente imputados tras declarar ante el instructor. Los imputados de
mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el
arquitecto Jesús Quesada, y José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.
El magistrado no ha interrogado ni a Castedo ni a Alperi por su
condición de aforados. Este extremo competerá al TSJ, en el supuesto de
que el alto tribunal los impute formalmente.
Por otro lado, la junta de Gobierno de Ayuntamiento de Orihuela, en
manos del tripartito (PSPV, Liberales y los Verdes) ha acordado
personarse como perjudicado en otra pieza del caso Brugal, la que indaga otro supuesto amaño de la contrata de basura del municipio
en favor del empresario Ángel Fenoll. En este sumario hay 40
imputados, entre ellos, los dos últimos alcaldes del PP, José Manuel
Medina y Mónica Lorente, además de una decena de concejales y exediles
populares.
La personación, según una nota oficial del Ayuntamiento, persigue
“pedir responsabilidades personales a los concejales que en su día
apoyaron la adjudicación del servicio municipal de basuras a la UTE que
prestó el servicio hasta el pasado mes de mayo”. Esa UTE está compuesta
por las firmas Sufi, Gobancast y Liasur. Estas dos últimas, según la
investigación judicial, son falsas y constituyen en realidad la tapadera
de la que se valió Fenoll para hacerse con la contrata.
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