La Fiscalía advierte de las adopciones fraudulentas de perros “para poder salir a la calle”

MADRID.- El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher ha dado instrucción a los fiscales provinciales de analizar si las adopciones de perros que se están produciendo en estas semanas son honestas o fraudulentas, al temer que se puedan estar realizando para tener un can que sirva de excusa para salir a la calle mientras dure el confinamiento para frenar la expansión del coronavirus.

En un escrito dirigido el 26 de marzo a las fiscalías provinciales, Vercher solicita que se “atienda especialmente esa problemática, habida cuenta su posible naturaleza fraudulenta”, ya que constata que en estos momentos desconoce si esas adopciones o acogimientos obedecen a intereses realmente honestos por parte de los adoptantes o si son simplemente planteamientos espurios y destinados a tener una excusa, por parte de los nuevos titulares de los cánidos, para poder salir a la calle.

Precisamente, el Real Decreto del Estado de Alarma para frenar el coronavirus permite entre sus excepciones al confinamiento salir a pasear a perros con paseos cortos para atender a sus necesidades fisiológicas, y para alimentar a las colonias felinas y a aquellos que estén en fincas y centros de protección animal.

El fiscal va más allá y considera “previsible” que, una vez pasado el estado de alarma se empiecen a producir abandonos de animales adoptados en este contexto y recuerda que el abandono de animales en condiciones en las que peligre su vida e integridad, constituye un delito del artículo 337 bis del Código Penal.

De este modo, les insta a que procedan cuando tal tipo de abandonos se produzcan y a que se comunique el oficio dictado por el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo a las entidades publicas o privadas con competencias en la materia, de manera que estén en condiciones de informar a la Fiscalía de la realización de tal tipo de abandonos, facilitándose con ello la aplicación del Código Penal.

Asimismo, les interesa a comunicar del mismo modo sobre el contenido del oficio a las autoridades policiales de cada provincia para que hagan un correcto seguimiento del oficio.

Vercher recuerda que la protección penal de los animales domésticos deja claro que los animales tienen derechos, si bien no hay todavía una unidad de criterio bien definida, jurisprudencialmente hablando, sobre qué tipo de derechos se trata. 

“Sin duda es un tema que está en pleno proceso evolutivo”, precisa.

Por tanto, el fiscal observa la necesidad de que los animales domésticos no acaben siendo desplazados por el Estado de alarma, ni sus derechos queden desprotegidos o dejados al margen indebidamente.

La instrucción llega tras observar el fiscal que se está produciendo o se ha producido hasta recientemente un “importante número de adopciones o acogimientos”, y algunos centros de acogida reconocen que han entregado en acogida a la totalidad de animales, especialmente perros, en la fase inicial del proceso que ha desembocado en la declaración del estado de alarma.

De hecho, añade que algunos centros admiten que se siguen realizando adopciones por vía telemática, aunque con las dificultades lógicas de acceso del adoptante al centro de acogimiento animal. “Es decir, de una forma u otra y en mayor o menor medida, el proceso continúa”, insiste.

Pero el problema, según Vercher es que se desconoce si esas adopciones o acogimientos obedecen a intereses realmente honestos por parte de los adoptantes o si son simplemente planteamientos espurios y destinados a tener una excusa, por parte de los nuevos titulares de los cánidos, para poder salir a la calle.