Realmente, los vuelos que se van a contratar son de varios tipos. En primer lugar, se trata de viajes dentro de territorio nacional para trasladar a “aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deben ser alojados en Centros de Internamiento, o que estando ya ingresados en dichos centros deben ser trasladados a otros”. Por ejemplo, migrantes en situación irregular que han arribado en patera a Canarias e Interior decide que deben ser trasladados a la Península.
Interior, alegando razones de seguridad, no suele dar información de estos vuelos. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que el ministerio obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluido siempre como requisito en todos los contratos. No habrá excepciones en la nueva licitación, que recogerá una cláusula específica que obligará a las compañías a formar a toda la tripulación y al resto de personal involucrado para que guarde “la adecuada reserva y confidencialidad” en lo relativo a “fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante” para el operativo.
Según los datos que maneja la agencia de noticias EFE, hasta junio de 2023 se habían ejecutado 1.942 expulsiones y devoluciones. En 2022 fueron 3.642 y en 2021, 3.594. Las cifras de estos últimos tres años están muy alejadas de las que se registraban antes de la pandemia: 11.153 personas expulsadas o devueltas en 2019 y 11.384 en 2018. Lo que refleja que, después de que los vuelos quedaran en suspenso en 2020 por el coronavirus, el ritmo de las repatriaciones sigue estando muy por debajo del registrado en los años previos.
El Gobierno tampoco desglosa las cifras por nacionalidades. Hacerlo, argumenta, podría generar “problemas” en las relaciones exteriores de España con los países afectados y dificultar en el futuro la documentación de los inmigrantes irregulares en sus respectivas embajadas y consulados, lo que “afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones”.
A la espera de que se redacte el pliego de condiciones, Interior suele estipular el coste de los viajes en función de varios parámetros: las horas de vuelo, un suplemento por posicionamiento de los aviones cuando los viajes se inicien en cualquier aeropuerto distinto al de Barajas, y la hora de estancia en tierra en determinadas situaciones.
Así, por ejemplo, si el avión fletado tiene un máximo de 75 plazas el coste por hora de vuelo es de 9.900 euros. La hora de permanencia en tierra son 1.500 euros extras. Si el vuelo sale desde Canarias el suplemento es de 14.000 euros.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras realiza al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar en este periodo de tiempo, indicando itinerarios, número de personas a transportar y fechas estimativas.
Esta previsión, de carácter meramente informativo y sin valor vinculante, tiene por objeto facilitar una gestión eficaz de los recursos por parte del adjudicatario, que actualmente es la UTE Evelop-Air Nostrum. Interior solicita estos vuelos con una antelación mínima de 48 horas para traslados nacionales y de ocho días naturales para los vuelos internacionales.
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