lunes, 4 de octubre de 2010

El endeudamiento de los ayuntamientos podría dificultar el objetivo de déficit del Gobierno

NUEVA YORK.- El diario 'Wall Street Journal' advierte de los apuros económicos que atraviesan muchos ayuntamientos españoles debido a su elevado endeudamiento, lo que, en su opinión, pone de manifiesto el "poco espacio" que España tiene para maniobrar su salida de la crisis y puede afectar al Gobierno central en su compromiso de reducir el déficit presupuestario al límite del 3% marcado por la Unión Europea (UE) para 2013.
 
   En un artículo titulado 'Las ciudades españolas pasan apuros bajo una deuda apabullante', el 'WSJ' pone de ejemplo del "próximo frente" de la crisis española a la localidad madrileña de Brunete, que en un esfuerzo por controlar los gastos ha recortado el horario de la biblioteca y el servicio de limpieza de parques. 

   Además, destaca que el Ayuntamiento de este municipio madrileño ha tenido que acordonar los alrededores del consistorio para evitar que las tejas caigan sobre los viandantes en vez de arreglar el tejado y, lo que es "más grave", acumula retrasos de hasta tres años en el pago a proveedores de materiales de construcción y servicios eléctricos y reconoce que, pronto, ni siquiera podrá pagar a sus trabajadores.

   El diario subraya que, en toda España, ciudades que en su momento se beneficiaron de los ingresos derivados del 'boom' inmobiliario ahora están apretando sus presupuestos, recortando servicios y acumulando deuda. De hecho, resalta que, según datos del Banco de España, los 8.000 gobiernos municipales deben a los empresas 13.000 millones de euros, lo que representa más de un tercio de la deuda global, que alcanza 36.000 millones de euros. 

   Los economistas consultados por el diario aseguran que esta situación está ahogando a la economía española y los niveles de empleo. Así, según las previsiones de USB Bank, los ajustes fiscales a todos los niveles amenazan con llevar a España de nuevo a la recesión en el tercer trimestre de 2010, seguido de un tímido crecimiento en el primer semestre de 2011.

   Según Citigroup, en el largo plazo, crece el temor de que el Gobierno tenga que poner en marcha una especie de "rescate local" que tendría consecuencias negativas para la calidad crediticia del país a nivel internacional. Los analistas de la entidad remarcan que  "la crisis de deuda soberana no ha terminado", por lo que cualquier noticia negativa "corre el riesgo de ser magnificada". 

   El diario destaca que el país ya ha intentado reparar sus problemas fiscales mediante la renovación de sus problemáticas cajas de ahorros y la reforma de sus "arcaicas" leyes laborales. Además, señala que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recortado el presupuesto para satisfacer a la Unión Europea y a los inversores internacionales. 


   Asimismo, señala que, aunque el Gobierno ha ofrecido a las ciudades un modesto incremento de su parte de los ingresos por impuestos después de los profundos recortes de este año y el anterior, "abrir mucho más el grifo" pone en peligro el ambicioso compromiso del país con la austeridad. Pero al mismo tiempo, al frenar el gasto, se corre el riesgo de prolongar el "dolor" de las empresas y los trabajadores. 

    En esta línea, el 'WSJ' recuerda que 125.000 empresas, alrededor del 10% de todas las que existen en España, han ido a la quiebra desde que la crisis comenzó en 2008, y la segunda causa más importante del cierre de las pequeñas empresas es el retraso en los pagos por parte de las administraciones públicas, según la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas.

   Por su parte, la patronal de las empresas servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y jardinería, Aselip, destaca que los ayuntamientos deben a las empresas que forman parte del sector 3.400 millones de euros, 1.000 más que el pasado año. Además, asegura que, si no cobran no podrán continuar prestando servicios en los que trabajan más de 100.000 personas.

La Ley de Cajas no obligará a las entidades a disolver sus órganos de gobierno

MADRID.- El Senado ha aprobado una serie de correcciones pactadas entre PSOE, PP y CiU al decreto ley por el que se reforma la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) aprobado hace dos meses para, entre otras cuestiones, evitar que los cambios en los órganos de dirección de las entidades, al objeto de ajustarlos a la nueva normativa, provocaran en breve su disolución completa y la convocatoria de nuevas elecciones de sus cúpulas directivas.

   Las tres formaciones presentaron un paquete de cuatro enmiendas conjuntas a la Ley que regula el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) que modifican diversos aspectos de la nueva LORCA, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha aprobado con la abstención de la Entesa y el Grupo Mixto. 

   La norma pasará ahora a debatirse en el Pleno de la Cámara Baja este jueves, donde previsiblemente se repetirá el mismo resultado en la votación.  

   Así, se cambia "constitución" por "adaptación" en el texto de la disposición que daba un plazo de dos meses, que se cumplirá en los próximos días, para la transición de la asamblea general y los demás órganos de las cajas a la nueva composición que marca la ley tras la salida de los cargos electos, después de la aprobación de los estatutos y reglamentos de las entidades.  

   Los grupos justifican que, al emplearse el término "constitución", refiriéndose a la "adaptación" de los nuevos órganos, cabría interpretar como necesaria la "disolución completa" de los mismos para la formación de otros de nueva planta, mientras que la voluntad de la norma es que las entidades realicen sólo los ajustes precisos para que, con una configuración adaptada a la nueva regulación, los órganos de gobierno puedan continuar operando sin convocar nuevos procesos de elección.

   Por otro lado, precisa el principio de que los presidentes de las cajas queden sometidos a un deber de dedicación exclusiva que les impida, entre otras cosas, desempeñar cargos retribuidos en otras entidades, de manera que quede restringido sólo a los presidentes ejecutivos. 

   PSOE, PP y CiU señalan que, con la redacción vigente, los presidentes, al igual que los directores generales, deben tener dedicación exclusiva, lo cual puede suponer una "carga excesiva" para entidades de menor tamaño y además impide a los segundos simultanear esa función con otros cargos retribuidos, incluidos, por ejemplo, los que pudieran desempeñar en los sistemas institucionales de protección (SIP) constituidos por las propias cajas. 

   Con esta enmienda, según los grupos, al tiempo que se mantiene el objetivo inicial de reforzar la dedicación exclusiva de los cargos directivos de las cajas de ahorro, se permite la retribución externa de los presidentes de las cajas que, no teniendo carácter ejecutivo en sus entidades, participen en otras actividades.

   Otra de las enmiendas fija en un mínimo del 5% de los derechos de voto el porcentaje de representación de las entidades representativas de intereses colectivos, mientras que el máximo será del 10%.

   Por último, se precisa que los acuerdos de la asamblea general se adoptarán como regla general por mayoría simple de votos de los "concurrentes", recuperando así la redacción previa al decreto de julio para eliminar "cualquier duda" sobre la interpretación del precepto y "garantizar la plena seguridad jurídica".

Camps responderá a preguntas sobre el último auto del TSJM sobre Gürtel

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, responderá en el próximo pleno de las Corts Valencianes a preguntas de la oposición sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)   que desestima de forma parcial el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira --que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid-- de inhibirse a favor del TSJ valenciano en cuanto a la parte que implica a altos cargos la Generalitat, entre ellos, al propio jefe del Consell. 

   Camps se someterá el próximo jueves a las preguntas que le formularán los portavoces del PSPV y de Compromís y del grupo 'popular' en la primera sesión de control del nuevo período de sesiones que se celebrará tras el paréntesis vacacional.

   En concreto, el portavoz del PSPV, Ángel Luna, inquirirá al jefe del Consell sobre "los razonamientos que le impulsan" a tener un "estado de satisfacción ante un auto judicial que abre la puerta a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana investigue actuaciones del Consell que preside y que podrían resultar constitutivas de los delitos de cohecho y prevaricación, entre otros".

   Según Luna, el pasado viernes 1 de octubre, el presidente de la Generalitat "expresó su satisfacción", según "lo recogido por los diferentes medios de comunicación", por el contenido del auto dictado el 30 de septiembre por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM.

   Por su parte, el síndic de Compromís, Enric Morera, preguntará a Camps sobre los efectos sobre la acción del Gobierno valenciano y el "prestigio" y la "dignidad" del presidente de la Generalitat valenciana del citado auto.

Los ayuntamientos valencianos dejarán de recibir del Estado más de 400 millones de euros en 2011

VALENCIA.- El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha calculado, después de realizar un balance del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011, que los ayuntamientos de la Comunitat dejarán de recibir del Estado más de 400 millones de euros en el próximo ejercicio.

   Para el repesentante del Consel, "el Gobierno central vuelve a ningunear a los ayuntamientos en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, dado que la financiación total de las entidades locales se ve reducida en un 20 por ciento respecto a 2010". 

   "Los Presupuestos del Estado de 2011 dan la espalda a las administraciones locales en el peor momento", ha subrayado el conseller que ha adelantado que la financiación total de las entidades locales valencianas se verá reducida en "algo más de 400 millones de euros". 

   Blasco ha recordado que "en 2010, los ayuntamientos valencianos han recibido recursos extraordinarios por valor de 543,7 millones de euros a través del Plan E que el Gobierno no mantendrá para el próximo ejercicio". 

   Asimismo, ha apuntado que a primeros de septiembre, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, anunciaba una partida adicional para los ayuntamientos que, teniendo en cuenta las cifras del reparto del Plan E, "ascenderá a 130,8 millones para los consistorios de la Comunitat". 

   "Aunque el Gobierno central pretenda hacernos creer que la financiación ordinaria de las corporaciones locales aumenta en 2011 en 130,8 millones, no compensa la desaparición del Fondo Estatal y retira a los ayuntamientos valencianos más de 400 millones", ha argumentado el conseller.   

   Para Blasco, "los consistorios están siendo los paganos de los derroches del Gobierno de Zapatero que viene aplicando unas políticas engañosas, erráticas e improvisadas".

Casi 200.000 alicantinos son ya desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 5.505 personas en septiembre, un 1,11% respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 502.237. De este modo, es la segunda autonomía, por detrás de Andalucía, con mayor incremento del desempleo, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En España, el número de parados aumentó en 48.102 personas en septiembre, un 1,2% respecto al mes anterior, encadenando así dos meses al alza tras aumentar en agosto en más de 61.000 personas. De esta forma, el total de desempleados al finalizar septiembre volvió a superar la barrera de los cuatro millones de personas, al situarse el volumen total de parados en 4.017.763.

   La subida del paro en septiembre, mes en el que suele aumentar el desempleo, es, sin embargo, inferior a la registrada en igual mes de 2009, cuando el desempleo subió en 80.367 personas. 

   Por provincias, la que registró un mayor incremento en el mes de septiembre fue Alicante con 2.650 parados, con lo que el desempleo se sitúa en 199.275, seguida de Castellón con 1.976 con lo que los desempleados se sitúa en 59.511 y por último en Valencia se registraron 879 nuevos parados hasta un total de 243.451. 

  Por sexos, de los 502.237 parados de la Comunitat Valenciana 258.815 son hombres y los 243.422 restantes mujeres; mientras que por edades 58.558 son menores de 25 años, de los que 33.287 son hombres y 25.271 mujeres. 

   De los 5.505 nuevos parados en el mes de septiembre, 7.772 fueron en el sector Servicios y 2.133 en el de Sin empleo Anterior. Por contra en el resto de sectores el desempleo descendió en concreto en  454 en Agricultura, 1.325 en Industria y 2.621 en Construcción. 

   En la Comunitat Valenciana durante el pasado mes de septiembre se firmaron 123.772 contratos, lo que supone un incremento del 38,62 por ciento respecto a agosto. De las nuevas contrataciones 12.160 eran indefinidas y 111.612 temporales.

Cerca del 80% de los usuarios del TRAM lo utiliza en días laborables

ALICANTE.- Cerca del 80 por ciento de los viajeros del TRAM de Alicante lo utiliza entre el lunes y el viernes, periodo en el que el servicio registra su mayor afluencia de viajeros, según ha informado en un comunicado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

   En los ocho primeros meses del año, TRAM ha transportado 3.603.522 viajeros. De ellos, aproximadamente 2.800.000 usuarios han utilizado la red de FGV en la provincia alicantina en un día laborable.

   Aunque la mayor parte de los movimientos del TRAM se registran de lunes a viernes, un 22 por ciento de los viajeros utiliza este transporte los fines de semana. 

   En cuanto a la afluencia de viajeros por franjas horarias, las estadísticas revelan que un 30 por ciento de los usuarios sube al TRAM entre las 8.00 y las 12.00 horas. En estas cuatro horas se concentra el mayor número de pasajeros y, las puntas de mayor afluencia, son entre las 10.00 y las 11.00 horas.

   El resto de usuarios se reparte de forma bastante equitativa hasta las 21.00 horas o de 7.00 a 8.00 de la mañana, mientras que un porcentaje menos importante utiliza el TRAM entre las 21.00 horas y las 7.00 de la mañana.

   En los meses de verano, el porcentaje de viajeros que utiliza el TRAM entre las 8.00 y las 12.00 desciende un punto porcentual respecto a la media anual, y suben, sin embargo, los trayectos realizados a partir de las 19.00 horas.

La socialista Elena Martín fija su objetivo su objetivo en dar a conocer la "nefasta actuación" de Castedo y de los tres concejales imputados

ALICANTE.- La secretaria de Organización del PSPV-PSOE y candidata a la Alcaldía de Alicante por esta formación política, Elena Martín, ha indicado en un comunicado que su objetivo como aspirante a alcaldesa es dar a conocer la, en su opinión, "nefasta actuación" de la primera edil alicantina, Sonia Castedo, y de los tres concejales del consistorio imputados.

   Elena Martín ha opinado que "lo primero que debería estar haciendo la máxima responsable del ayuntamiento es dar explicaciones a los alicantinos y alicantinas sobre los ediles imputados" y, en esta línea, ha instado a Castedo a exigir a sus concejales explicaciones sobre la comisión de los presuntos delitos de los que se acusa.

   En concreto, la dirigente socialista ha explicado que el primer teniente de alcalde, Andrés Llorens, es investigado por una adjudicación en las obras de la plaza de Magallanes y ha añadido que el presidente de la Diputación de Alicante y concejal en el consistorio, José Joaquín Ripoll, y el también edil 'popular' Kiko Sánchez Luna están siendo investigados, a su vez, por presuntos delitos.

   "Las sombras de sospecha recaen sobre un gobierno que parece que seguirá los pasos del silencio ante la corrupción, tan de moda en el equipo de Camps", ha asegurado Martín, para quien los socialistas alicantinos no se dan por vencidos y luchan "por la gente honrada y cansada de mentiras del PP de Camps y Castedo, y por la transparencia que se merecen".

   Asimismo, la secretaria de Organización del PSPV-PSOE ha indicado que "la decencia y la democracia que defiende --el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes-- Ángel Luna seguirán conformando el pilar fundamental del socialismo alicantino", que "continuará exigiendo responsabilidades a todos los que están dando la espalda a la democracia", ha apuntado.

El Ayuntamiento de Alicante defiende al edil Kiko Sánchez, imputado por tráfico de influencias

ALICANTE.- La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Romeu, ha defendido la actuación del concejal de Modernización, Kiko Sánchez, que se encuentra imputado en un caso por un presunto delito de tráfico de influencias, y ha confiado "completamente" en que el procedimiento objeto de investigación "se ha llevado de la manera más escrupulosa y correcta".

   Al término del encuentro informativo ofrecido para presentar los puntos aprobados por la Junta de Gobierno Local, a preguntas de los medios de comunicación sobre la imputación del edil Kiko Sánchez, García-Romeu ha defendido la adjudicación de los servicios que se han llevado a cabo a través de la Concejalía de Modernización de Servicios Municipales.

   Al respecto, ha mostrado su respeto por los órganos judiciales que investigan un presunto tráfico de influencias en el que se encuentra imputado, y ha remarcado que el equipo de Gobierno "en absoluto" va a tomar ninguna medida contra el concejal, sino que va "a esperar a la decisión judicial".

   Además, ha acusado al grupo municipal socialista, --cuyo portavoz ha pedido la dimisión de Kiko Sánchez-- de "estar en campaña".

"El PSOE nuevamente utiliza todas las armas posibles, generalmente fuera de la vía política y dentro del juzgado, para tratar de minar en este caso al equipo de gobierno", ha señalado.

   "En este caso, el PSOE se adelanta, no sólo imputando, sino también ya, condenando e incluso pidiendo la dimisión de una persona sólo por una causa en la que ha ido a declarar".

   Por otra parte, inquirida por la elección de Elena Martín en las primarias del PSOE en la ciudad de Alicante, Marta García-Romeu ha señalado que tiene "poco que decir" porque no la conoce "mucho". 

  "No la conozco mucho, ni su trayectoria, ni en este tiempo hemos tenido ocasión de saber ni lo que piensa ni lo que propone, por lo tanto, creo que tendremos tiempo suficiente para hacer una valoración de la candidata", ha indicado al respecto.

El tomate une a Canarias, Valencia, Murcia y Almería contra el acuerdo agrícola Unión Europea-Marruecos

MURCIA.- Las comunidades de Andalucía, Valencia, Canarias y la Región de Murcia han ratificado este lunes un manifiesto en el que muestran su rechazo al nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, que permitiría al país norteafricano elevar sus exportaciones de las 182.000 toneladas autorizadas actualmente a 285.000 toneladas en el ejercicio 2014-2015, lo que supondría la "desaparición del sector a corto plazo".
 
   Así coincidieron en señalar los responsables de agricultura de las cuatro comunidades autónomas que han suscrito el acuerdo en Murcia, con el que pretenden plasmar su unión en contra del aumento de las exportaciones que recoge el nuevo acuerdo, así como su apoyo a que se respeten los precios de referencia en las aduanas, y a que la UE exija a los cultivos marroquíes los mismos requisitos fitosanitarios que a los europeos.

   En concreto, la declaración, que será presentada a la UE y al Gobierno central, fue ratificada por la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, Maritina Hernández; la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Eugenia Aguilera; la titular de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, María Pilar Merino; y el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá.

   En rueda de prensa, el consejero murciano destacó que las cuatro comunidades firmantes producen entre todas dos millones de toneladas de tomate, lo que representa el 90 por ciento del total nacional, aunque subrayó que el sector ha sufrido "un paulatino descenso de su producción como consecuencia de los acuerdos firmados entre la UE y Marruecos en 1995", lo que justificó porque "se han exportado muchas más toneladas de las que estaban previstas".

   Como ejemplo de los incumplimientos "continuados" del acuerdo de asociación, Cerdá destacó que en el ejercicio 2008/2009, Marruecos exportó 360.000 toneladas, cuando tenía autorizadas 185.000. "Esto hace que se desequilibren los mercados europeos y, debido a que los costes de producción en Marruecos son muy inferiores a los de las comunidades españolas", matizó.

   La consejera andaluza remarcó la idoneidad del momento para oponerse a la firma del acuerdo de asociación, porque está pendiente de ratificación por parte del Parlamento Europeo, que no tenía esa capacidad en anteriores acuerdos, y de superar ese trámite, pasaría al Consejo Europeo, que tiene que dar la rúbrica definitiva.

   Para poner de manifiesto el "daño que supondría este acuerdo", explicó que Andalucía ha exportado más de 500.000 toneladas de tomate en 2009 y que, detrás de esta producción, "hay agricultores que ponen su esfuerzo para superar cada vez más y llegar a los mercados internacionales", mientras que "no se exige una reciprocidad".

   Si llegar a un acuerdo "es malo", para Aguilera, lo "más lesivo" para Andalucía es su incumplimiento y la no exigencia del principio de reciprocidad en lo que respecta a la entrada de productos". Así, remarcó que evitar el acuerdo no es el objetivo del manifiesto firmado hoy, sino que la UE "abra un debate serio sobre la introducción de productos sin suficientes garantías".

   Por ello, reivindicó que, si la UE tiene entre sus principios la defensa de los intereses de los consumidores, a su parecer "tiene que observar claramente el principio de reciprocidad y la entrada de productos que cumplan todos los requisitos que cumplen los productos europeos". Al respecto, solicitó que la UE establezca la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) de frutas y hortalizas, de cara a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

   Así, aunque consideró que acuerdos de asociación "los ha habido, los hay y los seguirá habiendo porque forma parte de la política exterior de la UE", sostuvo que "hay que reivindicar la reciprocidad y que se establezcan mecanismos correctores o planes específicos para los territorios afectados con el fin de mejorar su competitividad".

   De no existir estas medidas, Aguilera dijo que los perjudicados serán "las empresas y cooperativas, así como los agricultores con una pérdida de renta agraria", y no tanto las exportaciones. Sobre todo, indicó que, con este nuevo acuerdo, las producciones andaluzas que se verán afectadas principalmente se encuentran en zonas como Almería, la costa granadina y Huelva.

   Por su parte, Merino hizo hincapié en la importancia del sector del tomate para Canarias, que tiene un siglo de antigüedad y está dedicado íntegramente a la exportación. De hecho, manifestó que Canarias llegó a exportar 360.000 toneladas de este producto en la campaña 1995-1996, aunque actualmente, está exportación se sitúa en torno a 139.000 toneladas de tomate anuales.

   La consejera canaria se preguntó "cómo es posible que se mantengan los precios de entrada en el nuevo acuerdo y no se mejore en absoluto la manera de controlarlos" porque el procedimiento actual del control en las aduanas es "muy complicado y nadie puede llevar a cabo el trabajo para desempeñarlo", justificó.

   Si el acuerdo dañará las exportaciones de Andalucía, Murcia y Valencia, Merino dijo que Canarias resultará "aún más perjudicada porque todas sus exportaciones van en barco y que tiene unos costes añadidos en transporte y empaquetado por ser región periférica de la UE, de forma que sus productos, al llegar al mercado se encuentran muy por encima de los precios de entrada establecidos para Marruecos".

   Por su parte, Hernández remarcó que, en la Comunidad Valenciana, el 55 por ciento de la producción del tomate se dirige a los mercados de exportación, por lo que cualquier acuerdo de asociación con cualquier país tercero tiene un impacto directo. Este impacto, afirmó, se produce desde la firma del primer acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos en 1995, tanto en la superficie cultivable como en volumen de producción, económico y de exportación.

   Hernández insistió en que el nuevo acuerdo va a suponer "un incumplimiento en los precios de referencia y de los contingentes a exportar, de facto, por lo que el efecto en la competencia es directo y supondrá un descenso en los precios de mercado". Además, reprochó que el nuevo acuerdo "va a suponer nuevas inversiones rentables en Marruecos, mientras que el sector en España disminuye".

   Al ser preguntados por qué van a hacer los partidos políticos a nivel europeo, la consejera andaluza dijo que "no se trata de una cuestión de partidos ni de ideologías", puesto que el objetivo es la defensa de los agricultores". Además, reconoció ser "la más autorizada para decir esto", y confesó haber transmitido sus inquietudes a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Elena Espinosa.

   Aguilera apuntó que la decisión de aprobar o no el acuerdo "depende de la política exterior de la Unión Europea, y no de la política sectorial". Además, dijo que en el Parlamento Europeo "hay una mayoría clara de derechas, pero cada uno tiene sus intereses, y los del Gobierno andaluz es defender los intereses de los agricultores andaluces".

   Así, aunque reconoció que "va a ser muy difícil para este acuerdo entre la UE y Marruecos", destacó que una posible solución "pasa por tener una acción mucho más potente de la defensa de esos intereses, que pasan por hacer una coalición bien potente entre las 20 regiones más importantes de la zona mediterránea".

   Para tratar de impulsar la oposición a este acuerdo, el jefe del Ejecutivo murciano mantendrá una reunión este martes, 5 de octubre con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, y ese mismo día, se reunirá con el Grupo Parlamentario del PP en el Parlamento Europeo, así como con el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento, que es miembro del Partido Socialista Europeo.

domingo, 3 de octubre de 2010

Calabuig y Martín serán los rivales socialistas de Barberá y Castedo / David Lozano

El sector "oficialista" se ha impuesto en las dos grandes primarias que se celebraban este domingo en la Comunidad Valenciana, con gran interés político pero bien es cierto que alejadas de los grandes focos de Trinidad Jiménez, Tomás Gómez o José Luis Rodríguez Zapatero.

Los socialistas de Valencia y Alicante dirimían sus diferencias en unas primarias que dejan como vencedores a Joan Calabuig y Elena Martín y como vencidos a Manuel Mata y Antonio Fernández Valenzuela. El peso "orgánico" del partido ha podido con los "rebeldes" Mata y Valenzuela que tendrán que seguir las elecciones locales del 22 de mayo "desde casa".

La participación ha sido alta. En el caso de Valencia, 152 votos han separado a Manuel Mata de su sueño de aspirante a la alcaldía de Valencia. Su oponente, oficialista pero de "segundo plato" tras la inesperada renuncia de Carmen Alborch, Joan Calabuig ha obtenido 702 votos frente a los 543 de Mata
 
En total han pasado por las urnas un total de 1.254 militantes de los 1.762 que estaban llamados a las urnas en este proceso interno de elección de candidatos. Calabuig no lo tendrá nada fácil a partir de ahora porque ya le está "esperando" su rival del PP, la invencible Rita Barberá.

En Alicante la participación ha sido también muy elevada pero la diferencia ha sido mayor entre ambos rivales. Elena Martín ha obtenido un total de 579 votos por los 279 sufragios obtenidos por el histórico dirigentes, ex presidente de la Diputación y de la Cámara de Comercio de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela. 300 votos de diferencia en una cita con las urnas a la que han asistido a votar el 74% de los afiliados de un total de 1.175 con los que cuenta la agrupación socialista local de Alicante.  
 
Martín tampoco lo tendrá fácil para medirse con la popularísima alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

Sánchez de León cree que el PSPV está realizando una "farsa" que crea una imagen de "democracia irreal"

VALENCIA.- La directora de campaña del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Paula Sánchez de León, ha calificado las primarias que está celebrando el PSPV en la región como "una farsa, una pantomima y un teatro que crean una imagen de democracia irreal".

   Sánchez de León se ha expresado en estos términos este domingo en rueda de prensa, al ser preguntada por las primarias que celebra el PSPV esta misma jornada, que ha tildado de "espectáculo lamentable".

   "Mientras en otros partidos de la oposición están peleándose entre ellos para ver quién es el candidato acusándose unos a otros, nosotros nos dedicamos a trabajar y a ver qué fórmulas tenemos para estar cerca de las necesidades y de los problemas reales para aportar soluciones", ha recalcado la dirigente 'popular'.

   En este sentido, ha señalado que el PSPV está "totalmente alejado de la realidad" y está empleando "su esfuerzo, su energía y su tiempo en guerras internas entre ellos", lo que, a su juicio, "los ciudadanos están percibiendo perfectamente y están dándose cuenta" de ello.

   Asimismo, Sánchez de León ha destacado que el partido socialista creó un sistema de primarias "basado en una democracia", que "la realidad está demostrando que es todo menos eso". En este punto, ha recordado las acusaciones de "pucherazo y falsificación" por parte del ex ministro Antonio Asunción "a su propio partido".

   "Estamos viendo cómo el partido socialista se reparte la derrota, mientras que nosotros nos dedicamos a trabajar, trabajar y trabajar", ha concluido la directora de campaña del PPCV.

Los ríos del mundo se encuentran en crisis

NUEVA YORK.- Los ríos del mundo están en crisis, incluyendo los de América del Norte y Europa, donde los gobiernos han invertido billones de dólares para limpiar sus reservas de agua dulce, según mostró un estudio.

"Los riesgos para la seguridad del agua para consumo humano y la diversidad biológica son epidémicos", dijo Charles Vorosmarty de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, coautor del informe en la publicación Nature.

El equipo internacional de científicos estimó que casi el 80 por ciento de la población mundial - unos 5.000 millones de personas - vive en zonas de alto riesgo para la seguridad del suministro de agua, debido a una mala gestión y a la contaminación fluvial.

"Ríos en crisis", titulaba la revista en su portada.

Un mapa señala un alto nivel de riesgo, en rojo, en gran parte de Estados Unidos, incluida la cuenca del Misisipi, además de casi toda Europa. India, con la cuenca del Ganges, y el este de China, con el río Yangtze, también aparecen en rojo.

El incremento de la riqueza significa con frecuencia un aumento de los riesgos, por ejemplo por una mala colocación de las presas o un aumento de la contaminación debido al uso de fertilizantes, pesticidas y otros agentes químicos. Las naciones ricas, entonces, encubrieron su mala administración instalando plantas de tratamiento muy caras.

Los autores insistieron en la necesidad de un replanteamiento de la situación para salvaguardar los ríos, especialmente en aquellos menos afectados, situados en las naciones en desarrollo. La población mundial va camino de alcanzar los 9.000 millones de habitantes en 2050, en comparación con los 6.800 millones de hoy en día.

Los investigadores anuncian en el estudio publicado que van a examinar detenidamente una serie de doble riesgo, por un lado para el suministro de agua potable a las personas y, por otro, para la diversidad biológica en los ríos, que abarca desde los peces hasta los cocodrilos.

"Dada la tendencia al alza en la extinción de especies, la población humana, el cambio climático, el uso del agua y las presiones del desarrollo, los sistemas de agua potable seguirán amenazados durante mucho tiempo", escribieron los científicos.

Los ríos menos afectados se encuentran en Siberia, Canadá, Alaska, la cuenca del Amazonas o el norte de Australia, según dijeron. Algunas zonas del Amazonas, el Congo y el Nilo corren poco riesgo.

En las naciones ricas, es más difícil que la gente comprenda los problemas que surgen de los suministros de agua defectuosos, porque el agua de grifo se potabiliza.

"En el mundo industrializado, la estrategia de gestión del agua es la de poner parches a los problemas al final de la cadena en lugar de atender las causas subyacentes", dijo Peter McIntyre, coautor de la investigación en la Universidad de Michigan.

El estudio solicita que el resto de naciones no sigan a los ricos que habían invertido billones de dólares en la gestión de ríos, presas y plantas hidroeléctricas, construyendo diques artificiales para posibilitar tierra de labranza en las llanuras pantanosas.

"Si les preocupan las inundaciones, deberían querer preservar las llanuras húmedas de las zonas bajas, ya que éstas absorben la conmoción de las inundaciones", dijo Vorosmarty.

"Eso eliminaría la necesidad de construir un sistema de contención de inundaciones que cuesta millones de dólares", añadió.

A modo de un ejemplo positivo, la ciudad de Nueva York compró una zona de las Montañas Catskill para ayudar a proporcionar agua naturalmente filtrada, al considerar que es más barato que instalar una planta de tratamiento.

Los autores del estudio dijeron que podría llevar décadas que los políticos se comprometan lo suficiente como para solucionar el problema. 

"Mientras tanto, una fracción sustancial de la población mundial e innumerables especies de agua dulce siguen amenazadas", afirmaron.

El Papa exhorta a no ceder ante la mafia en su viaje a Sicilia

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI concluyó su visita de un día a Palermo, capital de la isla italiana de Sicilia, con una condena a la mafia, que calificó "como un camino de muerte", y lanzó un mensaje a los sicilianos para que no cedan, ni se resignen al crimen organizado. 

De esta primera visita de Benedicto XVI a Sicilia se esperaban palabras de condena a la mafia, que azota la región, como ya hizo Juan Pablo II en su visita a Agrigento en 1993.

El Papa alemán aprovechó su reunión en la Plaza Politeama de Palermo ante cerca 20.000 jóvenes para lanzar su mensaje: "No ceded a las sugestiones de la mafia, que es un camino de muerte, incompatible con el Evangelio", exhortó.

Sus palabras fueron acompañadas por una fuerte ovación de los chicos y chicas presentes.
A los jóvenes de Sicilia, Benedicto XVI les pidió que sean "arboles que radican sus raíces en el río del bien" y les instó a "no tener miedo de contrastar el mal".

"Seréis como un bosque que crece, quizá silencioso, pero capaz de dar fruto, de dar vida y de renovar en modo profundo vuestra tierra", agregó.

Durante su discurso, el Papa citó a algunos sicilianos como el juez Rosario Livatino, asesinato por la mafia en 1990, o las jóvenes beatas Pina Suriano y Chiara Badano, de quienes dijo que no se conoce su historia porque "no son noticia".

"El mal hace más ruido", pero ellos, añadió el papa Joseph Ratzinger, "son la fuerza , el futuro de Sicilia".

Benedicto XVI llegó hoy a Palermo para participar en las jornadas regionales de la juventud y de la familia, pero también dejo claro que su visita quería expresar su cercanía a los sicilianos.

"Sé que en Palermo, como en toda Sicilia, no faltan dificultades, problemas y preocupaciones, pienso en los que viven en condiciones de precariedad, a causa de la falta de trabajo, de la incertidumbre por el futuro y del sufrimiento físico y moral a causa del crimen organizado", explicó durante la homilía de la misa que ofició en el Foro Itálico.

Ante las cerca 250.000 personas que abarrotaron la explanada donde se celebró la misa, Benedicto XVI lanzó un mensaje a los sicilianos para que no "tengan miedo de testimoniar con claridad los valores humanos y cristianos".

"No os avergoncéis", les exhortó, tras añadir que quien se tiene que avergonzar es quien "hace el mal a la comunidad civil y religiosa con acciones que no salen a la luz".

Y agregó: "La tentación del rendirse y de la resignación, viene a quien es débil en la fe, a quien confunde el mal con el bien a quien piensa que ante el mal, a menudo profundo, no hay nada que hacer".

En todos los actos que presidió, Benedicto XVI quiso recordar y poner como ejemplo la figura de Don Pino Puglisi, asesinato el 15 de septiembre de 1993 por la mafia, cuando cumplía 56 años, porque no se le perdonó que quisiese alejar del crimen a los jóvenes del barrio Brancaccio.

El viaje del Papa a Palermo concluyó con un homenaje, que no estaba incluido en el programa oficial, al juez Giovanni Falcone.

Benedicto XVI se detuvo en el punto de la carretera hacia el aeropuerto palermitano de Punta Raisi donde murió el juez y los hombres de su escolta en un atentado a manos de la mafia para depositar un ramo de flores.

Antonio Francés será el candidato del PSPV en Alcoy en las municipales de 2011 tras derrotar a Carles Ferrer en primarias

VALENCIA.- El diputado socialista en el Congreso Joan Calabuig será quien encabezará la lista del PSPV a la Alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales tras imponerse en el proceso de primarias al parlamentario en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, por un total de 159 votos, según fuentes socialistas.

Calabuig ha logrado 702 apoyos de la militancia socialista frente a los 543 de Mata, de un total de 1.254 votos en un censo de 1.762 militantes. Además, se han contabilizado dos votos en blanco y siete nulos, según las mismas fuentes.
Valencia es una de las once ciudades de más 50.000 habitantes en las que hoy se han celebrado primarias, además de las comunidades de Madrid, Canarias y Murcia. En otro de los municipios valencianos, Sagunto, se ha impuesto Manuel Cargo, con el 52% de los votos (104 sufragios), frente al 48% de José Luis Chover (96 votos).
En Alcoy, según fuentes de la dirección federal del PSOE, ha ganado Antonio Francés, con 190 votos (el 60,70%), frente a Carles Ferrer, que ha obtenido 123 papeletas (39,3%).
En Alicante, será Elena Martín, secretaria de Organización del PSPV-PSOE de la Comunidad Valenciana, quien encabezará la candidatura socialista a la alcaldía de esta localidad, con el 67,48% de los votos emitidos.

Elena Martín dobla en votos a Fernández Valenzuela para disputar la alcaldía de Alicante a Sonia Castedo

ALICANTE.- Elena Martín se ha impuesto a su oponente Antonio Fernández Valenzuela para alcaldable en Alicante por el PSPV. Según datos provisionales, la secretaria de Organización del PSPV habría conseguido 579 votos y Fernández Valenzuela, poco menos de la mitad, 279. 

Ha votado el 73,95% de los afiliados socialistas de Alicante, un porcentaje que corresponde a unos 869 afiliados de los 1.175 que se tienen censados.

La votación se inició a las 10 horas en la sede del PSPV, en la calle Pintor Gisbert, donde se habilitó una única mesa con presidente y dos vocales. Los militantes han podido ejercer su derecho al voto hasta las 20 horas de hoy domingo de manera ininterrumpida.

De entrada, Elena Martín contaba con la ventaja que suponían las 715 firmas avalistas de su candidatura frente a las 255 conseguidas a duras penas por Fernández Valenzuela para imponerse con cierta distancia.

Hasta última hora, el ex presidente de la Diputación, Valenzuela, estaba convencido  de que podría lograr más votos que avales presentados aunque finalmente la historia le ha recordado que es un político completamente amortizado e irrecuperable para la gestión pública.

Martín ha destacado, tras conocerse los resultados, que se encuentra "muy ilusionada", dado que la diferencia de votos ha sido holgada y ha apuntado que "recorrerá" la calle y se pone a disposición de los vecinos para trabajar "por otro Alicante posible", según han indicado  fuentes de su entorno.

Asimismo, ha exigido a Castedo que explique las imputaciones de tres ediles del PP en el consistorio por distintos casos de corrupción y ha augurado que ganará las próximas elecciones municipales.

   Con este resultado, Martín se ha impuesto al empresario y ex presidente de la Diputación de Alicante y de la Cámara de Comercio Antonio Fernández Valenzuela, quien anunció a finales de agosto su intención de presentarse como candidato a la Alcaldía de Alicante.

La secretaria de Organización del PSPV era la candidata de la Ejecutiva Local, que aprobó su nombre el pasado 6 de septiembre de forma unánime. Ambos consiguieron los avales para poder competir en unas primarias --715 apoyos Martín-- y 255 Antonio Fernández Valenzuela, de los 235 requeridos.

   En el caso de Alcoy, Toni Francés ha conseguido el apoyo de 190 militantes frente a los 123 de Carlos Esteve, en un censo de 355 personas, de las que han participado 314 en este proceso y donde se ha contabilizado un voto nulo.

El SIP de la CAM aspira a comprar alguna entidad

SANTANDER.- El presidente de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio Orizaola, cree que el proceso de integración de cajas continuará con una "segunda ronda" en la que el Sistema Institucional de Protección (SIP) que va a conformar junto a CAM, Cajastur y Caja Extremadura aspira a comprar alguna entidad o algún otro SIP.
 
   Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE en la que también ha avanzado que la entidad cántabra espera cerrar este año con un beneficio antes de impuestos en torno a 25 millones de euros.

   En la entrevista, el presidente de Caja Cantabria ha explicado que la entidad y sus tres socios han conseguido conformar un SIP "magnífico", "francamente excelente", en su opinión, "el mejor de España", lo que redundará en un "afianzamiento total" de la entidad cántabra y de las otras tres cajas de cara al futuro.

   Y en ese futuro, según dice, se van a "producir nuevos movimientos" que el SIP podrá "aprovechar para seguir creciendo y seguir aumentando su fortaleza financiera". De hecho, ésa es una de las razones por las que Caja Cantabria optó por integrarse en un grupo de estas dimensiones, aunque sea con una participación pequeña.

   Ambrosio ha explicado que Caja Cantabria podría haber elegido otros socios y formar un SIP en el que su peso se situara en torno a un 20 ó 25 por ciento, en lugar del 9% que tendrá en el banco que creará junto a CAM, Cajastur y Caja Extremadura.

   "Había que decantarse, o por la foto, o por seguridad y futuro. Podíamos haber llegado a formar un grupo notable en cuanto a activos y volumen de negocio, pero no magnífico, como el de ahora. Podíamos haberlo hecho más pequeño, con otras entidades, y en lugar de un 9, hubiéramos podido tener un 20 o un 25 por ciento. La foto pudiera haber sido mejor, pero desde el punto de vista de expectativas de futuro, hubiera sido notablemente peor", ha argumentado.

   Según ha explicado, una de las razones que llevó a decantarse por un grupo de mayor tamaño --será la quinta entidad financiera del país, tercera en el ámbito de las cajas-- es esa nueva fase que augura en el proceso de concentración.

   De esta forma, se podrá participar en el proceso como "jugador activo, es decir, como comprador de alguna otra caja o algún otro SIP" en el caso de que "se llegue a esa segunda ronda". Lo que descarta es que esa nueva fase de concentración acabe ligando Caja Cantabria al banco Santander y ha opinado que esos movimientos futuros serán "entre cajas".

Que la justicia nos ampare / J.J. Pérez Benlloch

Quizá no fue buena idea arrojar una piedra en el hemiciclo de las Cortes para demostrar que se estaba libre de toda culpa, tal como hizo el portavoz socialista Ángel Luna en el pasado debate sobre política general. 

Al brillante y templado diputado, acaso el más elocuente de los parlamentarios de expresión castellana de cuantos han pasado hasta ahora por esta tribuna, le sobran recursos dialécticos para replicar la insidia que le teñía de sospechas, sin necesidad de recurrir a una escenificación que ha condensado el interés mediático en perjuicio de otros aspectos críticos y más relevantes de estas sesiones. 

No obstante, el gesto propició que el presidente Francisco Camps, ávido de triunfos por modestos que sean frente a su implacable adversario, aprovechase la oportunidad para convertir la simbólica china en "arma arrojadiza" y ultrajante de la "sacrosanta Cámara de la palabra valenciana", tal como dijo.

Mucha hipérbole y no poca coentor para describir una institución que está en constante proceso de devaluación política desde que gobierna el PP y muy especialmente el referido molt honorable. Resulta evidente que el carácter sagrado que éste le otorga no impide que allí cunda la mentira, la ocultación y el abuso donde debería resplandecer la transparencia y la vocación democrática sin necesidad de que el Tribunal Constitucional haya de restaurar, tal como ha hecho, derechos elementales conculcados por el partido gobernante.

Pero resulta obvio que estos correctivos judiciales, como las protestas de la oposición, se las ha traído al pairo a un partido que confunde la mayoría electoral absoluta con el fuero para hacer lo que le place confiando en que las urnas le absolverán. El PP valenciano está persuadido de que es inamovible y que la realidad no demolerá la ficción felicitaria y el sermón victimista en que está instalado. 

En esta misma sesión de Cortes que glosamos, como en otras precedentes, el jefe del Consell ha sido pródigo en la descripción de una Comunidad que, de creerle, sería Jauja, cuando lo bien cierto es que está hecha unos zorros, como se decanta del paro descomunal que padecemos, el índice de crecimiento inferior siempre a la media española, la devastación del sector industrial, la ruina de las finanzas públicas y una atonía que mina capítulos esenciales como la sanidad y la enseñanza.

El analista político Josep Ramoneda cavila en un libro reciente sobre la "dictadura de la indiferencia" que actualmente pervierte las democracias. Aquí en el País Valenciano ese fenómeno tiene, como es sabido, un precedente incívico: el menfotisme, por el que nos desinteresamos de lo que socialmente nos atañe. No es una virtud, sino todo lo contrario, por el individualismo insolidario y a menudo grosero que conlleva. 

Conocida esta idiosincrasia, unida a la flojera de las alternativas políticas en juego, quizá hayamos de confiar -sin demasiada confianza, ciertamente- en la acción de la justicia y en la condena de las corruptelas y corrupciones que salpican la Comunidad desde Castellón a Torrevieja, con mención especial del titular de la Generalitat. 

Sobre este penden delitos varios y graves que ha de sustanciar el TSJ de Valencia a pesar del filibusterismo judicial desarrollado por el diputado Federico Trillo. No es la solución idónea, pero alguna ha de producirse para promover un cambio y recuperar el clima de honradez y eficiencia que el PP ha malversado.

El juez que investiga a Ángel Luna fue alto cargo con Joan Lerma / David Lozano

La portavoz del Ejecutivo, Paula Sánchez de León, había anunciado que los servicios jurídicos del PP estudiaban presentar una querella contra Ángel Luna con la intención de que se aclarasen sus relaciones y supuestos favores del empresario Enrique Ortiz, ahora imputado por el caso Brugal.

Sin hacer ruido mediático, los populares argumentaron una denuncia contra el actual portavoz del PSPV en la cámara autonómica que presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), con celeridad el Alto Tribunal valenciano ha admitido la querella del PPCV pero ha tenido una "singular idea" a la hora de decidir a qué magistrado se le adjudica la instrucción de la causa abierta contra Luna

Y es que el TSJCV ha elegido al magistrado Juan Climent como juez encargo de instruir e investigar la denuncia interpuesta contra Ángel Luna, una decisión judicial ordinaria e intrascendente si no fuera porque Climent fue un alto cargo en el último gobierno socialista que tuvo la Comunidad Valenciana. 

Efectivamente, el ahora magistrado fue nada más y nada menos que secretario general de la Presidencia de la Generalitat Valenciana en los tiempos de Joan Lerma como jefe del Ejecutivo. Juan Climent lleva ejerciendo dos décadas en el Tribunal Superior de Justicia desde que Les Corts le eligiera para el Alto Tribunal valenciano a propuesta del PSPV.

Como ya ha publicado El Semanal Digital, la denuncia de los populares solicita que se investigue la relación entre Luna y el constructor alicantino Enrique Ortiz. Cabe recordar que el portavoz socialista adjudicó en su etapa de alcalde de Alicante casi el 30% de los contratos a la empresa del empresario y aplicó la fórmula del fraccionamiento de contratos. 

Pocos meses después de perder la alcaldía, Ángel Luna comenzó a trabajar en la constructora de este empresario, que también realizó y pagó unas reformas en el domicilio particular del portavoz socialista por un valor de 700.000 pesetas, aproximadamente. 

El plantón de Alarte a Luna

Las Cortes Valencianas han celebrado esta semana su cita parlamentaria más importante de la legislatura, el último Debate de Política Regional antes de las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo. Como era de esperar, era ésta una sesión ineludible para los grupos con representación parlamentaria y absolutamente todo aquel que tiene algo que ver con la política autonómica estuvo presente en el mencionado debate, nadie se lo quiso perder… Una afirmación ésta que sería del todo correcta si no tenemos en cuenta el "pequeño detalle" de que el secretario general del PSPV -y líder de la oposición- Jorge Alarte incomprensiblemente decidió no asistir a Les Corts, dejando así "abandonados" a sus compañeros de partido que primero mostraron incredulidad y posteriormente su indignación. 

Y es que los diputados del PSPV no daban crédito cuando por los pasillos de la Cámara se fue extendiendo la noticia de que su líder había decidido no hacer acto de presencia en Les Corts para seguir el Debate, a través de Canal 9, desde su despacho en la calle Blanquerías. Alarte cambió de planes en el último momento porque sí tenía previsto asistir al parlamento valenciano. A partir de ese momento la ausencia del secretario general, que pasó inadvertida para el resto de los grupos, fue el tema que monopolizó el interés (y preocupación) de los diputados del PSPV-PSOE. Ni la piedra de Ángel Luna, ni el discurso de Francisco Camps ni los finos dardos que lanzaba a los socialistas el portavoz del PP, Rafael Blasco, fueron capaces de acaparar la atención de unos diputados del PSPV que en privado condenaban abiertamente la ausencia de su jefe. 

Era el principio de una tormenta que estos días vuelve a azotar al socialismo valenciano. Hay comentarios para todos los gustos y ninguno de ellos favorables al "plantón" de Jorge Alarte. "Sólo faltó él", "no lo entiendo", ¿"tendría otra cosa más importante que hacer?, "es una falta de respeto"… son algunos de los comentarios que se escucharon de compañeros de Alarte que condenaron también que "alguien que pretende ser el próximo presidente de la Generalitat no puede ausentarse de este trascendental Debate". El primitivo enfado dio paso posterior a otras reflexiones comparaciones que recordaban que cuando Joan Ignasi Pla era líder del PSPV y, como Alarte, no ocupaba un escaño en Les Corts; siempre acudía a debates significativos para, una vez concluídos, ofrecer a la prensa sus valoraciones.

Parte de los barones socialistas calificaron el plantón de Alarte de "error imperdonable" y volvieron a cuestionar su valía como cartel electoral para enfrentarse a Francisco Camps. Su liderazgo interno ya está más que en entredicho. Además del enfado colectivo en el grupo socialista, el mal ambiente se incrementó con el desafortunado gesto de su síndico, Ángel Luna, al arrojar una piedra sobre la Cámara regional. Algunos diputados del PSPV aplaudieron la ocurrencia, los pocos, pero la mayoría de ellos la calificaron como "fuera de lugar". El clima tenso predonima en el día a día del socialismo valenciano.

España va mal / Ignacio Ramonet

Se acabó la paz social. La huelga general del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral decidida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero constituye la apertura de una temporada social probablemente agitada. 

El Gobierno ha prometido presentar al Congreso, antes de final de año, un nuevo proyecto de ley que pretende elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación y ampliar el periodo de cómputo, para fijar la cuantía de la pensión, de los últimos 15 años de vida activa a los últimos 20... Sumado a la reforma laboral y al decretazo de mayo pasado que rebajó el salario de los funcionarios, congeló las pensiones y recortó los gastos en obras públicas, este proyecto acrecienta la ira de las organizaciones sindicales y de buena parte de los asalariados. 

De antemano, el Presidente del gobierno ha presentado sus decisiones como irrevocables: "Al día siguiente de la huelga general -alardeó en Tokio el 1 de septiembre- seguiremos con la misma actitud". Lo cual incita a los sindicatos a prever ya nuevas jornadas de protesta. 

En su intransigencia, el Ejecutivo español sigue el modelo de otros gobiernos europeos. En Francia, a pesar de tres recientes movilizaciones masivas contra la reforma de las pensiones, el presidente Nicolas Sarkozy ha reiterado que no modificará la ley. En Grecia, seis huelgas generales en seis meses han sido desoídas por el Primer Ministro Yorgos Papandreu. 

Amparándose en el principio de que, en democracia, la política se decide en el Parlamento y no en la calle, estos dirigentes ignoran el desconsuelo de amplias categorías sociales obligadas a recurrir a la huelga o a la manifestación callejera, expresiones de la democracia social, para reflejar su malestar específico (1). 
 
Actuando de ese modo, tales gobiernos yerran. Se comportan como si la legitimidad electoral se impusiese sobre las demás formas de legitimidad y de representación, y en particular sobre la legitimidad de la democracia social (2). En cualquier caso, esa inflexible actitud puede alentar a las masas descontentas, en una segunda etapa, a rechazar el diálogo social y a buscar un enfrentamiento frontal. 

Sobre todo que, desde mayo pasado con el anuncio del brutal plan de ajuste, el disgusto de una parte importante de la sociedad española no ha parado de exacerbarse (3). Entre los casi cinco millones de desempleados, los trabajadores precarios, los jóvenes sin empleo, las mujeres asalariadas, los pequeños funcionarios y las familias de todos ellos se extiende la convicción de que el Ejecutivo los ha sacrificado. 

Al mismo tiempo, a través del fondo de rescate bancario, el gobierno transfería a las instituciones bancarias y de ahorros (responsables de la burbuja inmobiliaria) hasta 90.000 millones de euros... No contemplaba aumentar significativamente la fiscalidad de las rentas más altas, ni crear un impuesto sobre las grandes fortunas, ni reducir los presupuestos de defensa (unos 8.000 millones de euros anuales), ni la financiación de la Iglesia católica (unos 6.000 millones de euros), ni tan siquiera la partida presupuestaria de la Casa Real (casi 9 millones de euros)...    

Lo que desazona a muchos ciudadanos es la certeza de que el Ejecutivo ha adoptado esas medidas regresivas contra los asalariados, más que por convicción, por dictado de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Y por presión de los mercados financieros que, bajo amenaza de no invertir, exigen una caída de los salarios y una reducción del nivel de vida. 
 
De hecho, así lo reconoció ante un grupo de inversores japoneses el propio Presidente Zapatero: "Estamos abordando -confesó- las reformas que más preocupan a los inversores internacionales" (4). Y ante los máximos directivos de los principales bancos de negocios y fondos de inversión de Estados Unidos repitió que esas medidas  las adoptaba "para que los inversores y los mercados valoren la firme determinación que tengo de hacer que la economía española sea competitiva" (5). 

La reforma laboral no tiene ninguna relación con el recorte del déficit público ni con la reducción de los presupuestos del Estado, principales exigencias de los mercados financieros. Pero como el gobierno no puede devaluar la moneda para estimular las exportaciones, decidió favorecer el desplome de los salarios para ganar en competitividad. 

Lo peor es que tan desacertadas medidas tienen pocas garantías de éxito. Los datos del paro registrados en agosto pasado, con la reforma ya en vigor, demuestran que el 93,4% de los contratos realizados fueron temporales... O sea, la precariedad continúa dominando el mercado laboral. La única diferencia es que ahora, a los empresarios, el despido les resulta más barato. 

Después de la crisis de los años 1990, el paro tardó trece años en reducirse al nivel medio europeo; en una época en que la tasa de crecimiento era muy fuerte y España recibía masivamente fondos estructurales europeos. Hoy, con esta reforma laboral y  con una previsión de raquítico crecimiento de larga duración, "el empleo en España -según la economista estadounidense Carmen Reinhart- no recuperará los niveles de 2007 hasta... 2017" (6). 

Entretanto, rechazado por sus propios electores, este gobierno habrá perdido probablemente el poder y cedido la dirección del país a la oposición conservadora y populista. Generalmente es lo que ocurre -lo vimos en Alemania, Reino Unido y más recientemente en Suecia- cuando los partidos de izquierda reniegan de sí mismos y optan por políticas desvergonzadamente derechistas.

Notas:
(1) El voto democrático, precisamente por ser general y universal, no siempre permite la expresión de sensibilidades particulares.
(2) Léase Pierre Rosenvallon, "Le pouvoir contre l'intérêt général", Le Monde , París, 21 de septiembre de 2010.
(3) Según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PSOE pierde 3,1 puntos. Sólo el 2,5% de los encuestados dice que la situación económica es buena o muy buena, frente al 22,6% que la considera regular y el 74,4% que la define como mala o muy mala.
(4) El País , Madrid, 1 de septiembre de 2010.
(5) Ibid , 21 de septiembre de 2010.
(6) Ibid , 12 de septiembre de 2010.