viernes, 26 de octubre de 2012

Prisión provisional para el cantante Francisco por no pagar al empresario Ballester un coche de lujo

ALICANTE.-   La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha decretado prisión provisional para el cantante Francisco, eludible previo pago de una fianza de 6.000 euros en un plazo de 10 días, según recoge el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

   El artista está acusado de estafa por el presunto impago de un vehículo de alta gama de la marca Maseratti, y en su declaración este jueves ante el magistrado de la sección tercera, mostró su "total disposición" de colaborar con la justicia y mantuvo que sufre "ataques puntuales" de agorafobia.
   Durante su comparecencia, Francisco también aseguró que no tiene intención de fugarse y aclaró que no acudió a la anterior citación del pasado mes de julio porque no estaba "en condiciones" debido a su problema de agorafobia, pese a que sí pudo participar días después en "otros actos de carácter público".
   Tras esta vista previa al juicio --que se mantiene para el 16 de enero de 2013--, la Audiencia ha dictado un auto en el que ordena su ingreso en prisión, que el artista puede eludir si paga una fianza.
De este modo, atiende a la petición de la acusación particular, que había puesto de manifiesto que el acusado "en todo momento ha intentado dilatar el procedimiento", y consideraba que "existe riesgo de fuga, dada su facilidad para salir del país por su profesión de artista".
   En el presente auto, la sala recuerda que los problemas de agorafobia del cantante no le impidieron acudir al programa de televisión pocos días después de excusar su presencia ante el tribunal, y destaca que "en ningún momento comunicó su pronta y sorprendente recuperación a fin de poder celebrar la vista en fecha más cercana".
   Por ello, la Audiencia entiende que el acusado "tiene medios suficientes para eludir su presencia ante las actuaciones que deba realizar en este tribunal, y decreta su prisión provisional, eludible previo pago de una fianza de 6.000 euros en un plazo de 10 días.
   Los abogados de Francisco consiguieron el pasado mes de julio que la Audiencia aceptara aplazar la comparecencia prevista para la primera semana de julio, alegando que su cliente había tenido que suspender un concierto a finales de mayo por un "ataque de ansiedad" que presuntamente arrastraba desde entonces y que le mantenía alejado de los escenarios.
   No obstante, en septiembre los propios magistrados tuvieron conocimiento de que el cantante había participado en el programa televisivo 'Dando la nota', de Antena 3.
   Por estos hechos, y tras comprobar que la grabación de esta actuación se había producido cinco días después de la fecha en la que estaba citado para declarar, requirieron al artista que acudiera este jueves.
   El cantante está acusado de un delito de estafa relacionado con el presunto impago de un vehículo de alta gama de marca Maseratti, valorado en 80.000 euros y adquirido en 2004 al empresario y promotor inmobiliario Andrés Ballester, según la calificación provisional de la Fiscalía.
   El contrato de compraventa del vehículo se produjo en enero de 2004, a pagar "dentro de los seis meses siguientes a la firma del contrato". Transcurrido el plazo, se prorrogó el pago hasta septiembre de 2006 por un montante de 88.400 euros, intervalo en el cual Francisco vendió el coche pero sin pagar la deuda contraída.
   El vehículo se debía pagar a cargo de unas comisiones que iba a percibir Francisco en concepto de promoción de unas viviendas que pretendía vender Ballester en Altea (Alicante) valiéndose de la fama del cantante.
   La venta de esos inmuebles finalmente no tuvo lugar, por lo que el empresario ha acusado a Francisco de estafa por el impago del vehículo. A lo largo de este proceso, la defensa del cantante ha reiterado que éste "quiere pagar".
   Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita para el cantante una pena de tres años y seis meses de prisión, una multa de 12 euros diarios durante nueve meses, y el pago de la deuda con el empresario Andrés Ballester que asciende a 88.400 euros.

Pagará la fianza

La abogada del cantante Francisco ha confirmado que hará efectiva la fianza de 6.000 euros en el plazo de diez días para evitar el ingreso en prisión del artista en la causa en la que se encuentra acusado de estafa por el presunto impago de un vehículo de alta gama de la marca Maseratti.
   La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante había decretado este viernes prisión provisional para el cantante Francisco, eludible, previo pago de una fianza de 6.000 euros en un plazo de 10 días, lo que permitirá al artista continuar en libertad hasta la fecha del juicio, señalado para el 16 de enero de 2013.

El Banco de España estudia reorganizar la Dirección General de Supervisión

MADRID.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha nombrado a Ramón Quintana Aguirre director general de Supervisión en sustitución de Jerónimo Martínez Tello, que ha presentado su denuncia. Además ha nombrado a Mariano Herrera García-Canturri director general adjunto de Supervisión.

   Estos nombramientos se enmarcan dentro de una reorganización de la Dirección General de Supervisión que la Comisión Ejecutiva va a estudiar teniendo en cuenta la ejecución de los planes de reestructuración y recapitalización del sistema bancario español, según lo previsto en el Memorando de Entendimiento del pasado 20 de julio acordado con las autoridades de la UE y la participación del Banco de España en la puesta en marcha de la supervisión única en el marco de la Unión Europea.
   Además la Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado una reorganización de la Dirección General de Regulación, que pasará a denominarse Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, y el nombramiento del director general adjunto Fernando Vargas, que cesa como director general adjunto de Supervisión y pasa a ser director del Departamento de Instituciones Financieras de esta Dirección General.
   El nuevo director general de Supervisión, Ramón Quintana, era desde 2008 director del Departamento de Inspección II (grandes bancos). En el año 2000, fue nombrado jefe de Grupo en el Departamento de Inspección de Bancos del Banco de España y, en 2003, coordinador ejecutivo del Departamento de Inspección II.
   Por su parte, el nuevo director general adjunto de Supervisión, Mariano Herrera, era en la actualidad coordinador ejecutivo en el Departamento de Inspección I. En 2011 fue nombrado director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reincorporándose al Banco de España en 2012.

Llamazares exige impedir a bancos que reciben ayudas "ensañarse con ciudadanos"

OVIEDO.- El diputado de IU por Asturias en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha exigido este viernes que ningún banco que haya recibido algún tipo de ayuda pública pueda "ensañarse con los ciudadanos". 

   En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Llamazares ha lamentado el suicido de un comerciante del barrio granadino de la Chana que iba a ser desahuciado. "El drama de los desahucios se ha convertido en tragedia", ha manifestado.
   En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de jueces y legisladores y ha apostado por el "inmediato" cambio normativo para que se pueda aplicar la dación en pago, así como articular otras alternativas, como el pago de alquileres, como ocurre en otros países.

El paro sube en la Comunitat en 26.500 personas en el tercer trimestre, hasta los 702.100 desempleados

VALENCIA.- El número de parados en la Comunitat Valenciana subió en 26.500 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, lo que supone un incremento del 3,93 por ciento, hasta llegar a los 702.100 desempleados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En tasa interanual, el número de desempleados ha crecido en el tercer trimestre de 2012 en 84.700 personas en la región, lo que supone un aumento del 13,73 por ciento. Así, la Comunitat se sitúa como la tercera autonomía con un mayor incremento interanual del número de parados, por detrás de Andalucía (191.300 parados más) y Cataluña (98.400).
   La tasa de paro en la Comunitat se ha situado en el 28,10 por ciento, ligeramente por encima de la nacional, del 25,02 por ciento.
   A nivel nacional, el paro subió en 85.000 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 1,5% más, situándose el número total de desempleados en 5.778.100 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.
   La tasa de paro escaló al cierre de septiembre hasta el 25,02%, porcentaje casi cuatro décimas superior al del trimestre anterior (24,63%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El PSPV destaca que desde que Fabra es presidente cada día hay 242 personas desempleadas en la Comunitat

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) respecto a la Comunitat Valenciana y ha destacado que desde que Alberto Fabra es presidente cada día hay 242 personas desempleadas en la Comunitat Valenciana.

  Puig ha reconocido sobre el desempleo que los datos del tercer trimestre "ya no pueden ser más preocupantes y a este ritmo, sino cambian las políticas, se llegará a final de año al 30 por ciento de paro en la Comunitat", que ya se está en el 28,1 por ciento.
   El líder de los socialistas valencianos ha destacado que la tasa de paro respecto a España es tres puntos mayor, "cuando el PSOE dejó de gobernar, la diferencia de la Comunitat era de tres puntos por debajo de la estatal".
   Puig ha manifestado que el paro continúa aumentado en la Comunitat y se han superado las 700.000 personas desempleadas. "De cada tres nuevos parados en el último trimestre, uno es valenciano", ha indicado gráficamente. En España hay 85.000 personas sin empleo y en la Comunitat hay 26.500 personas nuevos desempleados por lo que "si el paro hubiera crecido igual en España que en la Comunitat habría 270.000 parados más", ha agregado.
   El secretario general del PSPV ha realizado un paralelismo entre la Comunitat y España. "Si la Comunitat Valenciana se comportara como el resto del país durante la crisis, 113.000 valencianos tendrían empleo", ha apuntado.
   Puig cree que "ha acabado el tiempo de las palabras y de los balones fuera del campo". El PSPV propuso un plan de urgencia de empleo para que todo el dinero que dedican las administraciones "tuviera la prioridad del empleo"
"Este plan se ha reducido a poco más de 10 millones de euros y eso no puedo ser", se ha lamentado.
   La solución para Puig es "buscar el gran acuerdo" entre los agentes sociales, económicos y políticos para "resolver y minimizar" esta situación "tan grave".
   El líder de los socialistas valencianos se ha preguntado "dónde está el PP y Fabra" ante esta situación. En estos momentos "están en la ausencia de la reivindicación que necesita".
 "Se trata de cambiar en profundidad las políticas económicas en España y en la Comunitat  porque las políticas de la contención y de la mal llamada austeridad nos llevan a más paro", ha finalizado.

La Sindicatura de Comptes insta a los ayuntamientos a informar de las facturas en el cajón

VALENCIA.-  La Sindicatura de Comptes ha aprobado una instrucción para que los gobiernos locales informen de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, en concreto, las obligaciones vencidas que correspondan a gastos realizados que no han podido aplicarse al presupuesto por cualquier causa, también conocidas como facturas en el cajón.

   La instrucción, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y que entra en vigor este viernes, señala también que los interventores y secretarios municipales deberán remitir los reparos formulados por la Intervención, así como los informes remitidos de fiscalización plena posterior que se refieran a gastos e ingresos por importe superior a 3.000 euros; así como los acuerdos adoptados contrarios al informe del secretario.
   El acuerdo de la Sindicatura de Comptes establece también que las entidades locales deberán remitir a esta institución, antes del 31 de julio de cada año, la información referida al primer semestre del ejercicio.
   Del mismo modo antes del 31 de enero del ejercicio siguiente deberá remitirse la información correspondiente al último semestre del ejercicio anterior.
   Así, con esta instrucción se pretende obtener información sobre los gastos sin dotación presupuestaria o indebidamente adquiridos por cualquier otra causa, los reparos e informes formulados por Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes emitidos por el secretario.
   Igualmente, la Sindicatura podrá requerir el envío de la documentación adicional que considere conveniente. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en que se hubiera planteado.
   El objetivo de esta nueva instrucción, "pionera en España", es, por un lado, apoyar a los interventores y, por otro, incidir en las obligaciones al margen del presupuesto por la repercusión directa que tiene en la estabilidad presupuestaria, según indica la institución en su web.
  La Sindicatura considera que ante la situación económica general, se debe prestar una atención prioritaria a uno de los "problemas crónicos" de las administraciones públicas y especialmente de las entidades locales, como es la práctica de contraer obligaciones al margen del presupuesto.
   Este hecho, que incide directamente en la estabilidad presupuestaria, ha llevado al órgano de control externo a elaborar una nueva instrucción, pionera en España, que regule la información que deben remitir los interventores y secretarios de las entidades que integran el sector público local de la Comunitat Valenciana, según explica.

Hernández Mateo niega que participara en el expediente para adjudicar el contrato de basuras de Torrevieja

VALENCIA.- El exalcalde de Torrevieja y diputado en las Corts Valencianes, Pedro Ángel Hernández Mateo, ha negado que participara en el expediente para adjudicar el contrato de basuras de la localidad alicantina y ha apuntado que solamente pidió buscar a la mejor empresa.

   Así lo ha indicado en el transcurso de su declaración en el juicio que se celebra contra él en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que está acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
   El contrato de basuras era por 10 años por casi 98 millones de euros en total. Según ha declarado en la sala, "pido que se busquen las mejores empresas que haya para resolver este caso. A partir de ahí, no participo en nada más".
   La vista contra Hernández Mateo, --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones--, ha comenzado este viernes, y está previsto que se prolongue, inicialmente, los días 29, 30 y 31 de octubre.
   El exalcalde está acusado de los delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa de Torrevieja y de consultoría para la emisión de informes externos; así como del delito de falsedad documental en la propuesta y en el decreto de adjudicación del contrato de consultoría.

Un exedil de San Fulgencio, condenado a multa por aceptar 5.000 euros por favorecer a supuestos empresarios

ALICANTE.- La Audiencia de Valencia ha condenado a Manuel Barrera, exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Fulgencio, a pagar una multa de 720 euros como autor de un delito de cohecho. El edil fue grabado cuando recibía 5.000 euros a cambio de impulsar los intereses de unos supuestos empresarios en un restaurante de Valencia.

   La sentencia, fecha el 17 de octubre, recoge el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, y estima probado que el 16 de septiembre de 2008, el procesado acudió a un restaurante de la capital valenciana para encontrarse con dos supuestos empresarios con los que había mantenido contactos previos.
   Estos dos individuos le entregaron 5.000 euros como parte mensual de una cantidad total de entre 200.000 y 240.000 euros, a cambio de impulsar los hipotéticos intereses empresariales del grupo que aquellos representaban en una futura actuación urbanística a desarrollar por el ayuntamiento en la zona de 'Las Canteras', en San Fulgencio.
   El tribunal reconoce que los falsos empresarios que entregaron el dinero al acusado no eran tales, y realmente no pretendían corromper al edil, sino simplemente grabarle cogiendo dinero. El procesado, sin embargo, recibió los 5.000 euros por ser edil del Ayuntamiento, aunque, dado que todo era un engaño, no llegó a realizar ningún acto a cambio del dinero.
   El encausado se quedó con la cantidad entregada hasta el 20 de octubre de 2008, fecha en la que los devolvió por medio de su pareja sentimental a la fuerza policial actuante, una vez que se había iniciado el procedimiento judicial para la investigación de estos hechos.
   Por todo ello, y conforme al acuerdo de conformidad alcanzado por las partes --que hizo innecesario constituir el tribunal del jurado--, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia le condena en sentencia firme al pago de una multa de 720 euros por un delito de cohecho.

jueves, 25 de octubre de 2012

Cemex presenta un ERE para 370 trabajadores en España, el 21,2% del total


MADRID.- Cemex España ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 370 trabajadores, el 21,2% de la plantilla total de 1.740 empleados que la multinacional mexicana suma en el país, según informó la empresa.

   La compañía enmarca el ajuste de personal en el 'Plan Horizonte', que ha puesto en marcha para adaptarse al desplome de la demanda de cemento en España una tendencia que, según asegura, "está poniendo en serio riesgo el futuro de esta industria".
   La reducción de plantilla es uno de los siete puntos en los que se estructura el plan de la multinacional para su filial española, que también limita a tres de sus ocho fábricas de cemento la actividad de producción de este material de construcción en España.
   Así, mantendrán su operación integral las plantas de Morata de Jalón (Zaragoza), Lloseta (Baleares) y Alicante. La planta de Buñol (Valencia) operará de forma intermitente y las de Castillejo (Toledo), San Feliú (Barcelona) y Alcanar (Tarragona) operarán como molienda.
   Según datos de Cemex, estas ocho instalaciones suman una capacidad total de producción de 11 millones de toneladas de cemento, volumen equivalente a casi todo el cemento consumido en España en lo que va de año.
   Otro de los ejes del plan pasa por "seguir insistiendo" en políticas de ahorro y mejora de costes para elevar la competitividad e impulsar la exportación de sus productos.
   En esta misma línea, Cemex España prevé centrarse en su negocio y, para ello, reorganizará su estructura societaria y se asociará con un proveedor global de soporte de servicios en procesos administrativos. "Ello nos permitirá centrarnos en fabricar y comercializar nuestros productos y en atender y satisfacer las necesidades de los clientes", argumenta la empresa.
   La filial española de la multinacional pretende asimismo reforzar su presencia en los mercados más relevantes y apostar por nuevas soluciones constructivas, "más eficientes, sostenibles y rentables".
   "El 'Plan Horizonte' nos va a permitir mejorar nuestra competitividad, atender a nuestros clientes de una manera más eficiente y cercana, y mantener el liderazgo de en la industria de los materiales de construcción en España", asegura la compañía.
   Cemex registró una reducción del 19% en sus ventas de cemento en España en 2011, según datos de su memoria anual. España es el tercer mercado del grupo por número de fábricas de cemento, por detrás de México, que suma quince, y Estados Unidos con trece, y aportó el 4% de la facturación mundial del grupo el pasado año.
   Con este ajuste, la mexicana se suma así a Holcim, que el pasado mes de julio pactó un ERE para 295 empleados en España, y a Cementos Portland, que ha acordado un ajuste para 291 trabajadores del área de cemento y negocia un segundo de 299 empleados para la de hormigón.

El alcalde de Jijona, el socialista Ferrán Verdú, deja su acta de diputado autonómico


ALICANTE.- El alcalde de Jijona, el socialista Ferrán Verdú, ha renunciado a su acta de diputado en las Corts Valencianes, por las dificultades para compatibilizar su labor al frente del consistorio, con el trabajo parlamentario y su puesto docente en la Universidad de Alicante, según han explicado fuentes del PSPV.

   La marcha de Verdú dará paso en las próximas semanas al concejal en el Ayuntamiento de Alcoy, Jordi Martínez, el siguiente en la lista autonómica del PSPV, quien ha confirmado su disposición a aceptar el acta de diputado.
   Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, en su visita este jueves a Onda (Castellón), ha destacado que Verdú es "un ejemplo de una persona honrada y honesta", que ha hecho "lo que no hacen los diputados del PP", y "cuando tiene dificultades para cumplir con su obligación, le dice al partido político que le ha puesto en las listas que tiene que abandonar o que no va a poder cumplir adecuadamente".
   "El PP, lejos de eso, se sitúa en la posición de la resistencia de diputados corruptos", y esa es "la gran diferencia con el PSOE, en el que, cuando un diputado no puede cumplir, se va"
Por el contrario, según ha añadido Puig, "en el PP, cuando un diputado roba, se queda con la aquiescencia del señor Fabra".

Trabajadores del TRAM marchan por el centro de Alicante en protesta contra el ERE previsto en FGV

ALICANTE.- Cerca de 200 trabajadores del servicio tranviario TRAM de Alicante y representantes del comité de empresa se han manifestado este jueves por varias calles del centro de la capital alicantina en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto en el ente autonómico Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), y que, según los convocantes de la marcha, alcanzará a 400 empleados.

   La movilización ha partido desde la Plaza del Ayuntamiento poco después de las 12.00 horas y, distribuida en varios sectores, ha discurrido por la Rambla Méndez Núñez y la avenida de Alfonso el Sabio hasta llegar a la Diputación Provincial.
   A lo largo de la manifestación, los más de 200 asistentes, según fuentes de la organización, han vestido camisetas amarillas contra los recortes y han hecho sonar cacerolas y silbatos, mientras lucían pancartas en las que defendían el tranvía público y los puestos de los trabajadores.
   En las cabeceras de la marcha han lucido lemas como 'No al ERE en FGV', 'En defensa del TRAM' y 'En defensa del Trenet', al igual que han mostrado otros donde se leía 'No al cierre, no a la reducción del servicio de la línea 9', que conecta las localidades alicantinas de Benidorm y Denia.
   En cuanto al objeto de sus protestas, han señalado que "Conselleria ha decidido despedir a no menos de 400 trabajadores de FGV" y han apuntado que esta reducción laboral está motivada "por la construcción de líneas que no funcionan", en referencia a la línea 2, que enlazará el centro de la ciudad con la población de San Vicente del Raspeig.
   Igualmente, han criticado que "se han comprado 30 trenes que permanecen parados" y que "se han contratado a 18 altos directivos con sueldos abusivos". "Así podríamos confeccionar una lista interminable de despilfarro. Ahora, injustamente, sólo contemplan corregir su mala gestión en forma de despidos y recortes masivos", han manifestado en un documento que han repartido durante su protesta.
   En este escrito, además, han advertido a los usuarios de que esta situación hará que se reduzca el número de vehículos y que "muchas" estaciones estén "cerradas al servicio".
 "Tendrán menos personal con quien resolver sus dudas o problemas y tendrán que sufrir el abandono de dependencias, trenes e instalaciones", han alertado en el mismo sentido.

La Comunitat, segunda región con mayor número de ERE hasta agosto, con 3.118, un 47,9% más

MADRID.-   El número de Expedientes de Regulación de Empleo autorizados en la Comunitat Valenciana asciende en los ocho primeros meses del año de 2012 a un total de 3.118, lo que supone un incremento del 47,9 por ciento en relación con el mismo período de 2011, y lo que sitúa a la región como la segunda con mayor cantidad, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   De esta forma, Cataluña (4.223) se sitúa como la primera región con mayor cantidad de ERE, y tras la región valenciana, se sitúa País Vasco (1.936), Madrid (1.820), Castilla y León (1.696) y Galicia (1.684).
   Según los datos del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio, el número de trabajadores afectados en la Comunitat de enero a agosto ha sido de 33.445 empleados.
   Por provincias, en los ocho primeros meses del año, Alicante ha registrado un total de 5.193 trabajadores afectados; Castellón un total de 6.692 afectados y en Valencia, un total de 21.560 trabajadores

La Cumbre Social del País Valenciano llama a la ciudadanía a decir '¡Basta ya!' con una "huelga social"

VALENCIA.- La Cumbre Social del País Valenciano --integrada por más de 60 entidades sociales-- ha hecho este jueves un llamamiento a la "rebelión ciudadana" frente a la "agresión a sus derechos" laborales, democráticos y sociales que, según han alertado, está llevando a cabo el Gobierno del PP, y han instado a sumarse a la convocatoria de Huelga General el 14 de noviembre para convertirla en una "huelga social y ciudadana" en la que plantearán diversas acciones de protesta para que cada cual se movilice "de la forma que considere, que pueda y que sea más efectiva".

   Bajo la premisa de que 'Nos dejan sin futuro, hay culpables, hay soluciones' para salir la crisis, la Cumbre Social ha alertado de que "nos estamos jugando mucho" y la ciudadanía tiene que decir '¡Basta ya!' a una política de recortes que "están pagando los ciudadanos, siempre los mismos". Por ello, ha invitado a "todos los colectivos sociales" a unirse el 14 de noviembre a una protesta que se extenderá a nivel europeo, también en países como Francia, Italia, Malta, Grecia y Portugal.
   Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha participado el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana, Toni Pla, junto a Josep Revert de FAPA-Valencia, Isabel Labuiga de la asociación de mujeres Antígona, y el responsable del Área Socioeconómica e Igualdad del Consejo de la Juventud, Juan Gabriel Martínez.
   Es el momento de "dar respuesta" a las políticas del Gobierno central. "Hay otra forma de salir de la crisis, pero la estamos pagando los ciudadanos de siempre" a costa de "años y años de conquistas sociales", ha señalado Pla.
   El representante vecinal ha llamado a la movilización "no solo a los trabajadores" sino todos aquellos que están "sufriendo en sus carnes la agresión a los pilares del bienestar": desahuciados con la "patada en la calle", jubilados que sostienen familias enteras con sus pensiones, parados, jóvenes con un "horizonte oscuro", inmigrantes que "les quitan el derecho a ser persona", funcionarios, a "lo que va a quedar" del mundo de la cultura, asociaciones de todo tipo e incluso a los "niños y niñas" para "que salgan con sus padres a defender su futuro, a recuperar la calle y los valores que están aboliendo".
   Para ello, cada colectivo social propondrá en los próximos días diferentes acciones --que todavía se están debatiendo-- para movilizar a los ciudadanos que podrán ir desde caceroladas en las plazas de los barrios, hasta no usar el transporte público o no comprar. Iniciativas para "paralizar" el país.
   En este sentido, Labuiga ha querido dejar claro que no se trata de ir contra las tiendas de los barrios sino de hacerles ver que "apoyamos su lucha" para "forzar a la Administración a que tenga en cuenta a esas pequeñas tiendas y empresarios".
   En la misma línea, Martínez ha señalado que "si antes los jóvenes veíamos un futuro negro, ahora no vemos futuro de ningún tipo".
 "La reforma laboral ha empeorado la situación, las tasas universitarias han subido, nos han excluido del sistema sanitario y han recortado a los jóvenes investigadores", ha ejemplificado.
   Después, el representante juvenil ha leído un manifiesto de la Cumbre Social en el que califican los Presupuestos Generales del Estado para 2013 como un "claro atentado a los derechos laborales" y han alertado que un rescate "agravaría todavía más el sufrimiento", cuando el índice de pobreza, según datos del INE, asciende ya al 21,8%.
   "Están provocando pesimismo, resignación, miedo y descontento" ha apuntado, y frente a ello ha animado a movilizarse el 14N "porque nos dejan sin futuro, porque hay culpables y hay soluciones. La ciudadanía tiene la palabra", ha concluido.

El cantante alcoyano 'Francisco' acusado de estafa por el promotor inmobiliario Andrés Ballester

ALICANTE.- El cantante alcoyano 'Francisco' ha declarado este jueves ante la Audiencia Provincial de Alicante que sufre "ataques puntuales" de agorafobia, y ha mostrado su "total disposición" de colaborar con la justicia en la causa en la que se encuentra imputado como presunto autor de un delito de estafa, relacionada con el presunto impago de un vehículo de alta gama de la marca Maseratti.

   El artista se ha presentado en la mañana de este jueves ante la sección tercera de la Audiencia Provincial en una vista previa al juicio --que se mantiene para el 16 de enero de 2013--, tras la cual el magistrado tiene que decidir en los próximos días si mantiene su libertad bajo fianza u ordena su ingreso en prisión provisional.
   Durante su comparecencia, Francisco ha asegurado que no tiene intención de fugarse y ha mantenido que no acudió a la anterior citación del pasado mes de julio porque no estaba "en condiciones" debido a su problema de agorafobia, según han indicado fuentes judiciales.
   Los abogados de Francisco consiguieron el pasado mes de julio que la Audiencia Provincial de Alicante aceptara aplazar la comparecencia prevista para la primera semana de julio, alegando que su cliente había tenido que suspender un concierto a finales de mayo por un "ataque de ansiedad" que presuntamente arrastraba desde entonces y que le mantenía alejado de los escenarios.
   No obstante, en septiembre los propios magistrados tuvieron conocimiento de que el cantante había participado en el programa televisivo 'Dando la nota', de Antena 3.
   Por estos hechos, y tras comprobar que la grabación de esta actuación se había producido "cinco días después" de la fecha en la que estaba citado para declarar, requirieron al artista que acudiera este jueves.
   El cantante está acusado de un delito de estafa relacionada con el presunto impago de un vehículo de alta gama de marca Maseratti, valorado en 80.000 euros y adquirido en 2004 al empresario y promotor inmobiliario Andrés Ballester, según la calificación provisional de la Fiscalía.
   El contrato de compraventa del vehículo se produjo en enero de 2004, a pagar "dentro de los seis meses siguientes a la firma del contrato". Transcurrido el plazo, se prorrogó el pago hasta septiembre de 2006 por un montante de 88.400 euros, intervalo en el cual Francisco vendió el coche pero sin pagar la deuda contraída.
   El vehículo se debía pagar a cargo de unas comisiones que iba a percibir Francisco en concepto de promoción de unas viviendas que pretendía vender Ballester en Altea valiéndose de la fama del cantante.
   La venta de esos inmuebles finalmente no tuvo lugar, por lo que el empresario ha acusado a Francisco de estafa por el impago del vehículo. A lo largo de este proceso, la defensa del cantante ha reiterado que éste "quiere pagar".
   Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita para el cantante una pena de tres años y seis meses de prisión, una multa de 12 euros diarios durante nueve meses, y el pago de la deuda con el empresario Andrés Ballester que asciende a 88.400 euros.

La Comunidad Valenciana recibirá la semana próxima 700 millones del Fondo de Liquidez Autonómica

VALENCIA.-   El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha explicado este jueves que el Gobierno valenciano está "trabajando" con el Ministerio de Hacienda para "no sólo pagar los vencimientos" y, en este sentido, ha anunciado que "la semana que viene van a venir 700 millones de euros para poder afrontar las necesidades que tiene esta Comunitat".

   Fabra se ha expresado de esta manera en la sesión de control en las Corts con motivo de la pregunta formulada por el portavoz socialista, Antonio Torres, en relación a la recepción del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En este sentido, le ha exigido a Fabra que sea "valiente" y destine el dinero de este fondo primero a proveedores y dependientes "porque los bancos ya han sido beneficiados en exceso".
   El jefe del Consell ha defendido la adhesión al FLA, cuya "única condición" es el cumplimiento del objetivo de déficit --en el 1,5 por ciento del PIB--. "Seguro que a final de año estamos por debajo", ha remarcado Fabra.

El juez condena a Sabadell CAM y anula una venta de preferentes y de cuotas participativas

VALENCIA.- Un juzgado de la localidad castellonense de Segorbe ha condenado a Banco CAM a abonar a una pensionista 23.285 euros al anular un contrato de compraventa de valores de participaciones preferentes y cuotas participativas, porque la entidad incumplió su deber de información.

La sentencia anula las órdenes de compra de renta fija y valores de renta variable suscritas el 8 de junio de 2010 entre M.R.E. y Banco CAM al afirmar que la cliente no fue informada correctamente y ni siquiera le fue entregado un folleto informativo de los valores.
El error en el consentimiento deriva de la defectuosa información proporcionada a la cliente, que no conocía el verdadero alcance del negocio, señala el fallo hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El juzgado considera abusivas dos cláusulas, una relativa al conocimiento del significado y trascendencia de la operación ya que no fue informada correctamente, y otra sobre la exclusión de toda responsabilidad derivada de la contratación por parte de la entidad bancaria.
La mujer pensionista pretendía lograr la máxima rentabilidad de sus ahorros, procedentes al parecer de la venta de un inmueble en el extranjero, por "el lícito deseo" de cualquier persona de mantener y aumentar su patrimonio y sin ánimo especulativo.
Según la sentencia, la operación que se presentó como principal fue un depósito a plazo (que es una operación de perfil conservador y no especulador), y como accesorias, las órdenes de compra.
La entidad dio información verbal a la cliente en productos complejos, lo que lleva al juez a afirmar que sorprende que la información sea explicada "de palabra" vista la extensión y complejidad de los folletos informativos de participaciones preferentes o cuotas participativas.
"Serían necesarias varias horas para exponer y asimilar solo el resumen del folleto informativo de participaciones preferentes", señala el fallo, que agrega que es llamativo que la cliente no formulara ninguna pregunta al director de oficina pues le deberían haber surgido numerosas dudas. Entre ellas, la fecha de vencimiento de 31 de diciembre del año 3000 o la emisión por una sociedad de las Islas Caimán. Por ello concluye que se le ofreció una información tan simplificada que no le generó suspicacias.
La sentencia cree que la contratación pudo deberse a la confianza en el director de la oficina, y señala que quizá por eso firmó un test de conveniencia que le atribuía una edad inferior a 30 años y otros dos tests con información contradictoria, uno de los cuales señalaba que su profesión (pensionista) tenía poca relación con temas financieros y el otro afirmaba que sí tenía cierta relación.
La arbitrariedad de las respuestas a esos tests permite "hacer una idea" de la ligereza con la que se abordó la negociación de las preferentes y cuotas participativas, argumenta la sentencia, que no es firme y se puede recurrir.

miércoles, 24 de octubre de 2012

Del “JASP” al “JASA”, pasando por el “NINI” / Francisco Parra *

No recuerdo en los últimos años, que nada me haya angustiado más como presenciar las recientes imágenes de las cargas policiales sobre grupos de manifestantes, generalmente jóvenes. Fíjense, que estamos apaleando a los jóvenes de este país, porque piden trabajo y futuro en su tierra. No entiendan de mi comentario que reprocho nada a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Nada más lejos de mi intención. La policía cumple las órdenes del poder político con abnegación y eficacia. Este es el típico enfrentamiento en el que ambos tienen razón, unos en protestar y otros en reprimir.

Resulta que, en pocos años hemos pasado de tener “JASP”, (jóvenes aunque sobradamente preparados), a no hablar más que de los “JASA”, (jóvenes aunque soberanamente apaleados) y de los “NINI”, (ni trabajo, ni estudio). Por supuesto que a estas manifestaciones callejeras tan de moda, promovidas por colectivos con nombre de día del mes, (cuando tengamos ya 365 movimientos de este tipo no se que haremos…), acuden personas con muy diversas intenciones. Los hay que van simplemente allá donde hay lío, a otros les parece divertido, algunos van contra todo…., pero cada vez va más gente que entendemos como “normal” y en particular, muchos jóvenes preparados, que están absolutamente desencantados con el modelo sociopolítico y económico que les hemos dejado en herencia. Intentan desesperadamente hacer algo contra quienes entienden que son responsables de esta situación, que desde luego, ellos no han creado. La lástima es, que por desgracia, este tipo de acciones tienen un impacto mínimo en la solución de esta situación.

Estimados jóvenes de este país, no continuéis jugándoos el físico ante las Fuerzas de Seguridad. Es prácticamente inútil. Lo que de verdad preocupa al poder político de este país es no disponer de dinero para financiar la macroestructura burocrática que ellos mismos han creado para su propio beneficio y que se niegan a desmontar a toda costa.

¿Y que se puede hacer?.

Pues en mi opinión, lo mejor que se puede hacer es coger las maletas e irse a otro país.

Otro país, en el que haya trabajo.
Otro país, en el que te formen convenientemente para desempeñar eficazmente tu trabajo o negocio.
Otro país, en el que de verdad, ayuden a los emprendedores y no les pongan miles de trabas burocráticas que solo sirven para engordar la estructura de poder vigente.
Otro país, en el que valoren tus conocimientos.
Otro país, en el que con tu trabajo e impuestos contribuyas al bienestar de la sociedad y no a alimentar el clientelismo político, la corrupción, el enchufe, ..
Otro país, en el que la clase política trabaje desinteresadamente por su gente y no para su propio beneficio personal.
Otro país, donde los políticos, de verdad, intentan solucionar los problemas de la sociedad y no crear otros problemas o alentar debates estériles para ocultar sus propios fracasos.
Otro país, donde los políticos no vivan en una permanente especulación electoralista y dediquen su tiempo a trabajar en beneficio de su pueblo.
Otro país, donde el interés general esté por encima del interés de partido.
Otro país, donde los políticos, en su ególatra afán de protagonismo y de enriquecimiento, no embarquen a su pueblo en faraónicos y millonarios proyectos inútiles.
En suma, otro país donde impere el sentido común en el comportamiento de sus políticos.

Y se preguntarán….¿existen países así?. Pues hombre, ya se sabe que en todas partes “cuecen habas”, pero no cabe duda, que el punto de corrupción, desfachatez, apoltronamiento y cara dura al que ha llegado la clase política en España no tiene comparación en los países de nuestro entorno.

Y también se preguntarán…., ¿y que conseguimos huyendo?. Pues varias cosas. En primer lugar, trabajo, dinero, independencia económica, reconocimiento y autorrealización, que para empezar no es poco. También aprenderán idiomas, se enriquecerán con la convivencia en otro entorno cultural y hasta puede que formen familia en el extranjero.

Y también se preguntarán…., ¿y cómo afecta nuestra huída a la clase política española?. Pues de entrada, parte de su trabajo, en forma de impuestos, no financiará el despropósito político, tanto nacional como autonómico en el que vivimos. Pero si se generaliza esta actitud, el estado central y el autonómico, cada vez dispondrá de menos ingresos para financiar su perniciosa y putrefacta estructura, con lo cual, se podría llegar a una situación límite en la que el porcentaje de pensionistas en relación a los trabajadores en activo sea insostenible. Veamos si entonces se deciden a no extorsionar más a la población y por fin, empiezan a reducir la brutal y desproporcionada magnitud de la estructura institucional que han creado.

Así que, amigo JASA, ves pensando en viajar a Austria, Noruega, Alemania, Holanda, Dinamarca.., o más lejos si hace falta.

(*) Economista

El TSJCV anula una orden que obligaba a desmantelar un campo de golf en el sur de Alicante

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la resolución de la Generalitat que en diciembre de 2008 ordenaba al propietario de un campo de golf, construido sin previo informe de impacto ambiental en San Miguel de Salinas, reponer el daño causado y devolver el terreno al estado seminatural original.

La finca 'El Espartal' se encuentra en el ámbito de la 'Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor', catalogado por la Generalitat como 'Lugar de Interés Comunitario' (LIC), que desde julio de 2001 el Consell se proponía a integrar en la Red Natura 2000.
En una sentencia del 26 de junio de 2012, que cuenta con el voto particular de dos de los magistrados, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo estima probado que los terrenos en los que el particular construyó el campo de golf "no era terreno seminatural, sino agrícola".
Por ello, admite que, de acuerdo con el Decreto 162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat valenciana, la construcción de esta infraestructura no requería de evaluación de impacto ambiental.
Por consiguiente, el tribunal estima el recurso contencioso-administrativo planteado por el afectado, y entiende que la obligación de reponer el terreno al estado seminatural impuesta al actor por las resoluciones administrativas recurridas "es contraria a Derecho".
Esta consideración, añade, no se ve condicionada por el hecho de que, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Salinas promovido por el Ayuntamiento de ese municipio, el suelo afectado por el campo de golf se califique como suelo no urbanizable de protección forestal y natural (SNU1) en el que no se encuentre permitido el uso de campo de golf.
Dos de los magistrados de la sala han emitido su voto particular en esta causa, ya que disienten de la resolución al considerar que no ha quedado acreditada la consideración del terreno como agrícola de producción de cultivos de regadío o de secano, en fecha anterior a su transformación en campo de golf con césped y plantas ornamentales.
Además, coinciden con la administración autonómica en que eran terrenos seminaturales --terrenos agrícolas abandonados en proceso de matorralización que perdieron su condición de uso agrícola por el transcurso del tiempo--.
Respecto al LIC 'Sierra Escalona' y 'Dehesa de Campoamor' al que pertenecen los terrenos desde julio del 2001 --en fecha anterior a la transformación del terreno en campo de golf--, los magistrados entienden que esta actuación ponía en peligro la conservación de los recursos naturales, especies protegidas y habitats, tal y como marca la directiva europea.

Los empleados públicos ganan un 30% más que la media

MADRID.-   El sueldo medio anual de los trabajadores con contratos temporales fue un 32% inferior al de los contratados de manera indefinida durante el año 2010, mientras que el sueldo anual del sector público superó en un 30,8% el salario medio, según la 'Encuesta Anual de Estructural Salarial' del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a 2010.

   En concreto, el salario medio bruto medio alcanzó los 22.790,20 euros en 2010, frente a los 29.811,67 euros del sector público. El sector privado, por su parte, presentó un salario medio de 21.231 euros, un 6,8% inferior al promedio anual.
   Por su parte, el salario anual de los directores y gerentes superó ampliamente los 50.000 euros en 2010, sobrepasando así en un 148,8% el salario medio de aquel año.
   También se situaron por encima del salario medio los técnicos y profesiones científico intelectuales (un 45,6% por encima) y los técnicos y profesionales de apoyo (un 22,5% superior), mientras que el resto de ocupaciones presentaron salarios inferiores a la media, siendo los más bajos los de los trabajadores en ocupaciones elementales.
   Aunque el salario medio anual se aproximó a los 23.000 euros en 2010, el INE precisa que el salario más frecuente en 2010 fue de 16.489,9 euros anuales, con una diferencia entre ambos de más de 6.000 euros. El organismo estadístico explica esta diferencia en el hecho de que aunque pocos trabajadores cobraban salarios muy altos en 2010, "influyeron notablemente en el salario medio".
   Las diferencias salariales entre hombres y mujeres apenas han variado respecto a la anterior encuesta. En general, la ganancia media anual de los hombres fue de 25.479,74 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 77,5% de esta cuantía, con 19.735,22 euros.
   El INE ha destacado que el número de mujeres que ganaron menos de 14.000 euros al año fue mayor que el de varones. A partir de esta cifra, las mujeres de cada nivel salarial son siempre inferiores en número al de los hombres con el mismo sueldo.
   Los datos de Estadística reflejan que la actividad económica que presentó el mayor salario medio en 2010 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 48.803,35 euros por trabajador de media al año, un 114,1% más que la media anual. A continuación, se situaron las actividades financieras y de seguros, con 41.638,7 euros, un 82,7% más que el promedio nacional.
   Por el contrario, los salarios medios anuales más bajos correspondieron a la hostelería, con 14.629,55 euros; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 15.682,32 euros, cantidades inferiores en un 35,8% y un 31,1% al promedio.
   Por comunidades autónomas, los salarios más elevados correspondieron a País Vasco (26.593,7 euros), Madrid (25.988,95 euros) y Cataluña (24.449,19 euros), frente a las remuneraciones más bajas, que se localizaron en Canarias (19.315,56 euros), Extremadura (19.480,55 euros) y Galicia (20.241,99 euros).
   Por edades, el organismo estadístico ha resaltado que en 2010 hubo una relación positiva entre la edad de los trabajadores y el nivel salarial, de forma que los de mayor edad, los más antiguos y los más experimentados percibieron los salarios más elevados.
   El salario medio anual en 2010 para los trabajadores de 20 a 24 años fue de 13.349,15 euros, frente a los 28.234,60 euros de los trabajadores de 55 a 59 años.

La Generalitat pondrá unas 1.200 viviendas a disposición de las familias desahuciadas

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha anunciado este miércoles que la Generalitat Valenciana pondrá unas 1.200 viviendas a disposición de las familias desahuciadas, en el marco del Programa Alquila Plus, un plan de vivienda en materia de alquiler, dirigido específicamente a las familias que han perdido su vivienda. 

   Bonig ha respondido este miércoles a la diputada socialista María José Salvador, en la sesión de control al Consell en el pleno de las Corts, que ha retomado su actividad a las 16.30 horas. En concreto, la parlamentaria socialista le ha preguntado por las medidas que va a tomar su Conselleria para hacer frente a los desahucios.
   La titular de Infraestructuras ha indicado que el Gobierno valenciano cuenta con 1.200 viviendas, de las que 605 se encuentran vacías y algo más de 600 están pendientes de que el Consell recobre su titularidad "bien por impagos o porque están en litigios".
   Además, ha señalado que la Generalitat ha recuperado 26 viviendas en Paterna y cinco en Castellón, que "junto a las del parque público de la Generalitat" se pondrá a disposición de las personas afectadas por los desahucios.  
   Isabel Bonig ha señalado que la Generalitat ya ha tomado medidas contra los desahucios, como la puesta en marcha del programa de alquiler de interés social. Para el impulso de este plan, el Consell ha mantenido reuniones con ayuntamientos "para aunar esfuerzos" y, además, ha elaborado un modelo de convenio de colaboración, que ya ha enviado a más de 20 ayuntamientos y remitirá a otros diez consistorios para su aprobación.
   La consellera ha comentado que ya se ha dictado una resolución que recoge los requisitos para acceder al Programa Alquila Plus y ha subrayado que los interesados ya pueden solicitar su inscripción.
   María José Salvador, por su parte, ha denunciado que la Comunitat Valenciana es la que más desahucios registra y ha puntualizado que en lo que va de año se han realizado 8.600. Asimismo, ha criticado que el Consell ha anunciado dos veces el mismo plan, en noviembre de 2011 y en junio de 2012.
   Bonig le ha respondido que la autonomía con más desahucios no es la Comunitat Valenciana, sino Andalucía y ha destacado que la competencia en esta materia es estatal "y es un ámbito que entra exclusivamente en el derecho privado".
   La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que viste una camiseta en la que podía leerse 'No al ERE en FGV', también ha preguntado a Bonig por las medidas para frenar los desahucios.
   Bonig ha señalado que el desahucio de una familia "es un hecho lamentable que a todos nos gustaría poder evitar", pero ha señalado que "se produce en el ámbito privado y la competencia corresponde al Estado, como dice la Constitución".
   Oltra, que viste una camiseta en la que puede leerse 'No al ERE en FGV', ha criticado que "aquí el dinero público se va a rescatar la banca" por lo que considera que "tendremos que pedirle algo a cambio".  Además, ha resaltado que "lo que dice la Constitución es que la gente tiene derecho a una vivienda digna".

Una decena de centros de la Comunitat han solicitado ya el uso del 'tupper' en el comedor escolar

VALENCIA.-   Un total de 10 centros escolares de la Comunitat Valenciana --siete de ellos de la provincia de Valencia y tres de Castellón-- han solicitado hasta el momento permitir el uso de la fiambrera en su comedor, han informado hoy fuentes de la Conselleria de Educación. 

   Desde el departamento de Campanar han explicado que no existe un plazo para que los centros puedan solicitar el uso de los 'tuppers' en el comedor escolar, sino que se trata de un proceso abierto, lo que significa que en cualquier momento, si así lo solicitan los padres y lo acuerda el consejo escolar por mayoría de dos tercios.
   Así, insisten, "en cualquier momento a lo largo del curso los consejos escolares podrán decidir, con plena autonomía, si los alumnos pueden hacer uso de la fiambrera, siempre en función de las plazas vacantes y del alumnado y del centro".
   La administración autonómica recuerda que la propuesta debe partir de los representantes de los padres y madres de alumnos en el consejo escolar y la decisión de implantar este servicio debe ser aprobada al menos por dos tercios de los representantes del mismo. Así mismo, el acuerdo tendrá validez solo para el curso 2012-13.
   Educación destina este curso 1,45 euros por alumno y día para costear el servicio de comedor y los monitores que se ocupan de todos los escolares que se quedan a comer en el centro, tanto de los que optan por la comida suministrada en el comedor como por los que decidan llevar la comida de casa.
   Esta medida "ha permitido que las familias que deciden hacer uso de la fiambrera no tengan que hacer ningún tipo de desembolso económico para cubrir el servicio y puedan ahorrar", recalcan.
   De este modo, la Conselleria destinará a los centros un total de 232 euros anuales por cada uno de los alumnos que hagan uso de las instalaciones del comedor escolar y decidan llevar la comida de su casa, han concluido.

Cruz Roja distribuirá en las próximas semanas 603.000 kilos de alimentos a 39.000 personas

ALICANTE.- Cruz Roja Alicante ha anunciado que en las próximas semanas repartirá más de 600.000 kilos de alimentos entre los sectores de la población "más desfavorecidos" de la provincia, en lo que será la segunda fase del Plan de Ayuda Alimentaria 2012 de la que se beneficiarán cerca de 39.000 personas, 800 más que en la primera etapa del reparto, según ha informado en un comunicado la organización humanitaria.

   Esta distribución solidaria tendrá lugar a través de 27 Asambleas Locales de la institución humanitaria en la provincia, así como mediante otras asociaciones y entidades adscritas al Plan de Alimentos --un total de 79 a nivel provincial--.
   La campaña de Ayuda Alimentaria 2012 depende del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y está encuadrado en las medidas de regulación del mercado de productos agroalimentarios de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE).
   Cruz Roja ha explicado que el objetivo de este plan es, por un lado, poner a disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de calidad y, por otro, distribuir los excedentes de ciertos productos agrarios en poder de los organismos públicos de intervención de la UE.
   Este programa incluye productos que responden a una dieta "variada y de calidad", y que tratan de paliar algunas de las carencias detectadas por el Informe de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja Española, como el 26,3 por ciento de las personas atendidas por la organización que "no puede comer alimentos con proteínas al menos tres veces a la semana".
   En la presente edición de la campaña, como novedad, se incluye el reparto de aceite de oliva, legumbres fruta envasada y productos con proteínas. Además, las más de seiscientos toneladas de alimentos incluyen arroz, pasta, tomate frito, galletas, conservas de atún, leche entera UHT y zumos, entre otros productos.
   Asimismo, para la población infantil la organización ha indicado que contempla repartir cereales, leche de continuación y, por primera vez en este reparto, botes de papilla.
   La ayuda de alimentos que se distribuirá en las próximas semanas se dirige a individuos o grupos familiares "especialmente vulnerables", como familias con menores o con personas mayores a su cargo, familias monoparentales, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, entre otros.
   También podrán beneficiarse las personas incapacitadas para el trabajo o afectadas por toxicomanías o Sida, menores en situación de desamparo, mujeres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, asilados, exreclusos, transeúntes y personas mayores perceptoras de las pensiones "más bajas".

martes, 23 de octubre de 2012

PSPV, EU y Compromís muestran su sorpresa por la decisión de Castedo de pedir la nulidad del interrogatorio

ALICANTE.- Los portavoces de los grupos municipales del PSPV y EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ull y Miguel Ángel Pavón, así como la diputada autonómica por Compromís Mireia Mollà, han mostrado su sorpresa ante la decisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de pedir la nulidad del interrogatorio que le estaba realizando el fiscal en el caso 'Brugal', solicitud que le ha sido denegada.

   Tras la última jornada en la que Castedo ha prestado declaración ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Miguel Ull se ha preguntado en un comunicado si la alcaldesa ha pedido la nulidad "porque no le ha gustado como le han ido las cosas estos días".
   "¿Se ve ya culpable y tiene miedo de perder el cargo?", ha indicado el portavoz socialista, quien ha recordado que Castedo decía que "lo tenía clarito y que se iba a explicar en 10 minutos".
   Por su parte, el portavoz de EU ha calificado la estrategia judicial de Castedo de "bandazo" y ha considerado que sus declaraciones "carecen ya de toda credibilidad".
   "No se puede estar dos años vendiendo la idea de la indefensión que le causaba no poder declarar ante un tribunal para defenderse de las acusaciones del Fiscal Anticorrupción y tras tres días de declaración ante el TSJCV pedir de repente la nulidad del interrogatorio", ha señalado Pavón.
   La diputada de Compromís ha asegurado que "ahora que las cosas no pintan demasiado bien para la alcaldesa de Alicante, parece que ya no está tan contenta como decía de estar imputada y que se le han acabado las ganas de explicarse ante la Justicia por los delitos que se le atribuyen".
   Mollà ha destacado que las horas de interrogatorio de Castedo la han convertido "en el cargo público que lleva más tiempo declarando, una buena muestra de que por mucho que quiera burlarse de la justicia y de la inteligencia de los ciudadanos, no puede eludir su imputación".
   La diputada también ha recordado las "justificaciones increíbles" que, según ha dicho, se desprenden de su testimonio ante el juez. La petición de nulidad del interrogatorio, a su parecer, "demuestra cómo de desesperada se encuentra y que echa por tierra la actitud desafiante que había demostrado desde que se conoció que estaba siendo investigada por este caso".
   Las tres formaciones políticas además han considerado "insostenible" que Castedo lleve "casi dos semanas ausentes" del día a día municipal, a causa de su imputación en el caso 'Brugal' y han insistido en pedir que dimita "cuanto antes para dejar de perjudicar a la ciudad".

La Comunitat Valenciana es la autonomía donde es más caro pasar la ITV

MADRID.- El coste de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) varía hasta en un 146 por ciento en función de en la comunidad autónoma en la que se realice para los turismos de motor diésel y hasta un 247 por ciento en el caso de motocicletas y ciclomotores. Del total de autonomías, la Comunitat se sitúa como la región con los costes más elevados.

   En concreto, según ha advertido Facua-Consumidores en Acción a raíz de un estudio en el que ha comparado las distintas tarifas de la ITV, los precios de la Comunitat son los más altos, al registrar un coste de 63,23 euros que cuesta pasar la revisión a un vehículo con motor diesel (48,54 euros para los de gasolina con catalizador y 41,56 euros para turismos de gasolina sin catalizador).
   Detrás de la Comunitat se sitúa Castilla y León (55,72 euros para motores diésel, 46,47 euros para gasolina con catalizador y 37,04 euros sin catalizador). Mientras, las tarifas más económicas de las diecisiete comunidades autónomas son las de Extremadura y Asturias (25,67 euros y 27,10 euros, respectivamente, en todos los turismos).
   La subida media que se ha producido con respecto a 2011 es del 3,89 por ciento, incluyendo el incremento del IVA, del 18 por ciento al 21 por ciento, a partir del 1 de septiembre, en aquellas comunidades que lo aplican a la tarifa de la ITV.
   Esto ha motivado "un ligero encarecimiento" de las tarifas, ya que, si bien Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Melilla y Navarra habían mantenido el importe de otros años, éste se ha visto incrementado por la subida del IVA.
   Teniendo en cuenta esta subida, la tarifa media de la ITV de los turismos y vehículos de hasta ocho plazas se sitúa en 37,91 euros, un 3,9 por ciento por encima de los 36,49 euros de 2011.
   Las mayores subidas de precio de la ITV para turismos de hasta ocho plazas se han producido en la ciudad autónoma de Ceuta, con una subida media del 9 por ciento, pues al incremento de las tarifas se une la subida del IPSI de seis puntos. A esta ciudad autónoma le sigue la isla de Menorca, de las Islas Baleares, y País Vasco con un incremento del 5,7 por ciento.
   En las ITV de motocicletas, Aragón ha aplicado subidas del 26,9 por ciento, que justifican por la necesidad de adquirir nuevos equipamientos específicos para adaptarse a la nueva normativa y que en su momento no se actualizaron las tarifas y la ciudad autónoma de Ceuta del 9 por ciento.
   A estas tarifas, que establecen las propias comunidades autónomas, hay que sumar la tasa de tráfico fijada por el Ministerio del Interior en 3,60 euros, que se mantiene igual que en 2011. Comparado con 2004, esta tasa ha subido un 63,6 por ciento, mientras que el IPC de enero de 2004 a enero de 2012 es de un 23 por ciento, advierte Facua.
   Las diferencias tarifarias en los vehículos a motor de hasta tres ruedas, motocicletas y ciclomotores llegan a alcanzar el 247,5 por ciento. La tarifa media de la ITV de estos vehículos es de 20,93 euros, con un incremento este año del 4,7 por ciento con respecto a los 19,99 euros que se cobraban en 2010.
   Castilla y León se sitúa nuevamente como la comunidad más cara, donde la inspección tiene un coste de 37,04 euros (en este caso para las motocicletas, pues los ciclomotores en esta comunidad tienen un coste de 14,93 euros) con un incremento de 2,6 por ciento con respecto a 2011 por el aumento del IVA.
   A esta comunidad le siguen Madrid, 31,93 euros, y Galicia, 30,20 euros (para los ciclomotores, esta comunidad establece una tarifa de 19,69 euros). Y ello frente a los 11,78 euros de Murcia (10,66 euros o 12,907 euros, según se trate de estaciones de la Administración o de empresas privadas, respectivamente).
   Facua ha pedido que antes de aprobar las nuevas tarifas a aplicar por las estaciones de ITV, éstas realicen estudios para conocer las necesidades en los próximos años e incrementar las tarifas de manera "progresiva y razonable". Asimismo, la asociación ha criticado que ninguna de las empresas de ITV de Madrid les haya facilitado los precios que están aplicando en la actualidad.

Císcar insiste en que no habrá imputados en las próximas listas electorales del PP

ALICANTE.- El presidente provincial del PP en Alicante, José Císcar, ha reiterado que en las próximas listas electorales del PP en la Comunitat Valenciana "no va a haber imputados" y ha mostrado su confianza en que, en los dos años y medio que faltan para los próximos comicios, "estarán resueltos la mayoría de los procesos judiciales que están en marcha" y en los que hay diputados 'populares' implicados.

 Císcar se ha mostrado convencido de que la carga de trabajo que soporta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) permitirá a los magistrados que instruyen causas en las que están imputados diputados como Rafael Blasco, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, o su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, resolver los casos antes de las elecciones de 2015.
   Tras realizar un análisis sobre los congresos locales del PP que se celebrarán del 10 al 13 de diciembre en la práctica totalidad de los municipios de la provincia de Alicante, José Císcar ha explicado que "ser presidente local del PP no concederá beneficios para ser luego candidato en las próximas elecciones".
   No obstante, ha puntualizado que "ser alcalde sí concederá esas ventajas, salvo en el caso en que pudiera llegar imputado al proceso de elección de candidatos o a las elecciones municipales y autonómicas".
   En ese supuesto, ha recordado que el presidente regional del PP Alberto Fabra "ya lo ha dejado claro, y ha dicho que en las próximas elecciones no va a haber imputados en las listas que dependan de la dirección regional o provincial de Alicante".
   En el caso de las listas autonómicas, los presidentes de las diputaciones y las alcaldías de las capitales provinciales, --como es el caso de la ciudad de Alicante--, la decisión se elevará al comité electoral nacional del PP, aunque dado que la propuesta debe partir de los órganos provinciales, esta elección también debería cumplir esta máxima, según ha reconocido.
   Preguntado sobre la posibilidad de que el TSJCV abra juicio oral contra Sonia Castedo y Díaz Alperi por el llamado caso 'Brugal', en el que se encuentran imputados por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, Císcar ha señalado que el partido "no tiene sobre la mesa ese escenario", y ha mostrado su disposición a "esperar" la evolución de este proceso.
   En este punto, ha confirmado que llamó por teléfono a la alcaldesa de Alicante para "desearle suerte" y "darle ánimo" en su cita para declarar ante el TSJCV el pasado viernes, situación que ha reconocido que personalmente para cualquier persona es "un momento duro".
   En cuanto al exalcalde de Alicante, también citado a declarar en breve por la misma causa, ha aclarado que no le llamó porque lo vio en las Corts unos días antes y allí le deseó en persona "mucho ánimo y suerte".
   Por otra parte, el presidente provincial del PP ha detallado que la nueva estructura --por juntas de distrito-- aprobada la semana pasada por el Comité Ejecutivo para la ciudad de Alicante, pretende que el partido "sea más operativo en el día a día" en una organización local con 14.000 afiliados.
   "En el último congreso provincial del PP este Reglamento de organización fue aprobado por unanimidad, y nadie cuestionó esta figura", ha apuntado, en alusión a "quienes ahora (dentro del PP alicantino) dicen que quieren impugnar" este modelo.
   "Nosotros tenemos el camino de Alicante muy claro, y aunque estudiaremos esas posibles impugnaciones, consideramos que el proceso es inmaculado y que funciona bien en otros sitios", ha subrayado al respecto.
   En esta línea, ha explicado que la comisión constitutiva creada para llevar a cabo esta reorganización local, primero dividirá el territorio de Alicante en distritos, determinará a cuál de estos distritos corresponde cada afiliado, y elaborará un borrador de reglamento de funcionamiento de las citadas juntas de distrito.
   Así mismo, se ha referido al proceso de asambleas locales que se celebrarán del 10 al 13 de diciembre, en el que, ha avanzado que la dirección provincial del PP será "neutral" y "sólo intervendrá" si alguien se lo pide para "mediar por una solución de consenso".
   En este proceso asambleario no participarán las localidades alicantinas de Calpe y Jávea, donde recientemente el PP ha constituido gestoras para depurar irregularidades en el censo, --en el caso de Calpe-- y para aunar sensibilidades, --en el caso de Jávea--.
   En las agrupaciones en las que los candidatos no lleguen a un acuerdo, las asambleas realizarán las votaciones pertinentes como un proceso "normal y necesario", y el Partido Popular apoyará al ganador, al que se le pedirá que "intente la integración de quien no ha ganado".

Castedo se muestra segura de haber convencido al juez tras su declaración de 16 horas en el TSJCV

VALENCIA.-   La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, ha concluido, después de tres días, su declaración ante el magistrado Juan Climent, instructor de una de las piezas del conocido como 'caso Brugal'. En sus cerca de 16 horas de interrogatorio, la primera edil ha defendido que nunca hubo ningún trato de favor hacia nadie, que actuó bajo la legalidad --amparada en el consistorio--, y que no entregó al empresario Enrique Ortiz ningún plano del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de que éste se hiciera público.

   El magistrado citó a Castedo el pasado jueves, día 18, y preveía que el interrogatorio no se extendiera más de dos horas, puesto que a las 12.00 horas estaba prevista la declaración del antecesor en el cargo de la imputada y actual diputado, Luis Díaz Alperi.
   Sin embargo, el juez tuvo que aplazar la citación de Alperi --quien tendrá que acudir al tribunal valenciano el día 5 de noviembre-- y prolongar la citación de la alcaldesa. Así, Castedo ha estado declarando durante tres días --viernes, lunes y martes--, unas 16 horas.
   Hoy, el último día de interrogatorio, ha vuelto a desgranar sus principales líneas de defensa: que jamás entregó ningún plano del PGOU a Ortiz; que nunca hubo ningún trato de favor hacia nadie; y que actuó bajo la legalidad que el ayuntamiento le permitía. Así, ha indicado que no hizo nada "irregular", según han informado fuentes conocedoras del proceso.
   Esta última sesión --en la que la alcaldesa ha contestado a las preguntas del fiscal, de su abogado, y de los letrados de Ortiz y del arquitecto Jesús Quesada, pero no al resto de acusaciones (EU y PSPV)-- se ha visto interrumpida cuando el abogado de Castedo ha solicitado la nulidad de la declaración hasta ese momento realizada, al estimar que se habían incluido grabaciones que consideraba nulas, y por dilaciones indebidas, por poner conversaciones en las que Castedo ni aparecía.
   Tras esta petición, el magistrado ha pedido su opinión a las partes del procedimiento, y ha decidido inadmitir la solicitud porque no se realizaba de acuerdo con las exigencias del artículo 240 de LOPJ. En el interrogatorio no se ha solicitado ninguna medida cautelar.
   Sobre este asunto, Castedo ha apuntado a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta del tribunal valenciano que ella había venido a responder por unos hechos, "y no a dar opiniones sobre conversaciones que tengan terceras personas, en las que yo en ocasiones ni tan siquiera aparezco ni se me nombra. No me parece lógico ni justo", ha dicho.
   Con todo, la primera edil ha asegurado se marchaba "satisfecha" de "haber pasado el trago de tener que estar aquí", y ha lamentado que su interrogatorio ha sido "excesivamente lento". Pese a todo, ha insistido en que estaba "satisfecha".
   Al concluir el interrogatorio, Castedo también ha querido matizar unas declaraciones que había hecho hoy a la entrada, cuando a preguntas de un periodista sobre si preveía acabar hoy con el fiscal, ha contestado, entre risas: "preveo acabar con el fiscal antes de que el fiscal acabe conmigo".
   Según ha comentado la primera edil al respecto, esta frase "parece ser que se ha entendido como una amenaza mía", por lo que ha solicitado la grabación a los periodistas porque, según le han dicho, "es posible que la lleven al ministerio fiscal". Esto es un ejemplo, tal y como ha comentado, de "cómo se pueden tergiversar las cosas".
   Por otro lado, preguntada por las declaraciones efectuadas por el presidente provincial del PP en Alicante, José Císcar, quien ha indicado que en las próximas listas electorales del PP en la Comunitat "no va a haber imputados", ha dicho: "pues mire". Seguidamente, ha intentado aclarar que ella no tiene ninguna imputación por parte de la sala, si no que había venido a declarar al tribunal con un abogado "en una condición". Frente a ello, tanto en el auto del magistrado instructor inicial, como en el dictado por Juan Climent, se le atribuyen unos presuntos delitos en calidad de imputada.