domingo, 17 de marzo de 2013

González (BBVA) denuncia "mucha laxitud" de los reguladores y supervisores antes de la crisis

MADRID.- El presidente de BBVA, Francisco González, ha denunciado este fín de semana "mucha laxitud" por parte de los reguladores y supervisores antes de que se desencadenara la actual crisis, y ha apuntado indirectamente a estos organismos en España al asegurar que "no están muy lejos de este país".

    González ha aprovechado para lamentar "malos hábitos y conductas fraudulentas" que dieron lugar a la crisis actual, lo que ha considerado una "mala noticia", pero no una "estafa".
   El presidente del BBVA ha defendido que la crisis se "veía venir" desde 2002, ante las señales que mostraba la burbuja inmobiliaria. Y se ha declarado optimista sobre las lecciones de las crisis: "Las crisis dan información con anticipación".
   González ha defendido la elección de Deloitte como auditor de las cuentas y ha reconocido que en la comercialización de algunas participaciones preferentes "hubo abusos", si bien ha afirmado que el banco ha dado y busca "soluciones" al respecto.
   Por último, ha avanzado que la política de retribución de la entidad pasará a ser "vinculante" y no sólo consultiva ante la junta de accionistas, como hasta ahora.

El Consell certifica un ahorro de 1.256 millones en 2012 con las 74 medidas de racionalización y austeridad

VALENCIA.-   Las diferentes conselleries han logrado un ahorro de 1.256 millones de euros con las medidas de racionalización y austeridad en el gasto desarrolladas durante 2012 en el ámbito de la Administración autonómica y gestionadas por la Comisión Interdepartamental creada por la Generalitat. 

   Así se desprende de las certificaciones realizadas hasta el momento ante la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el ámbito de la Generalitat, que se ha reunido esta semana, a partir de 74 medidas de racionalización implantadas en los diferentes departamentos en 2012.
   En conjunto, la Administración contuvo su gasto en 2.000 millones durante 2012 si se suman otras medidas correctoras como el ahorro presupuestario del sector público empresarial, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
   Estos datos ponen de manifiesto "el pleno compromiso del Consell con la reducción del déficit público y son un reflejo de las políticas de austeridad y contención del gasto que han sido puestas en marcha por la Generalitat" para "implantar formas de gestión pública que permitan un mayor ahorro sin que se vean afectadas las prestaciones que reciben los ciudadanos".
   Las medidas de ajuste aprobadas en enero del año pasado han posibilitado en 2012 un ahorro de 687,1 millones de euros, cifra a la que se suman otros 68,2 millones de euros con las certificaciones de otras medidas de ahorro adicionales que ha ido incorporando con posterioridad este mismo órgano.
   A ello hay que añadir que las medidas que figuran en los acuerdos del Consell del 27 de abril y del 16 de noviembre han permitido la certificación de otros 215 millones de euros de ahorro y, finalmente, las actuaciones incluidas en el decreto-ley de desarrollo y adaptación de las disposiciones estatales incluidas en el real decreto-ley de 20/2012 han posibilitado un ahorro certificado de 285,3 millones de euros. En su conjunto, el ahorro total certificado asciende a 1.256 millones.
   En concreto, iniciativas como las implantadas en materia de farmacia extrahospitalaria han reportado un ahorro de 215,7 millones de euros, y las actuaciones contenidas en el Plan de Control de Absentismo han facilitado un ahorro certificado de 49 millones de euros.
   La Comisión Interdepartamental, órgano integrado por representantes de todas las conselleries y entidades autónomas, se creó en febrero del año pasado y tiene, entre sus principales funciones, coordinar y realizar un seguimiento de las políticas de ahorro, así como proponer iniciativas en este sentido. El ámbito de actuación de esta comisión se aplica tanto a las conselleries como a las entidades autónomas y al sector público empresarial y fundacional.

sábado, 16 de marzo de 2013

Puig considera "impresentable" que Díaz Alperi continúe sentado en su escaño de las Corts tras la denuncia de Fiscalía

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, considera "impresentable" que el diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi continúe sentado en su escaño del parlamento autonómico tras la denuncia interpuesta contra él y otras tres personas más por parte de la Fiscalía Superior.

   Puig se ha pronunciado de esta manera en relación a la denuncia presentada por Fiscalía contra Alperi, en la que el ministerio público pone de manifiesto pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010.
   Al respecto, el secretario general del PSPV ha indicado que es "impresentable" que Alperi, "después de todo lo que ha salido, continúe en un escaño en las Corts", opina.
   A su juicio, la "única" responsabilidad en estos momentos es del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y del vicepresidente, José Císcar. Además, entiende que Alperi "ya sabe que ha perdido cualquier confianza de cualquier persona con sentido común".

El ex alcalde de Alicante publicó sus bienes dos días después de empezar a ser investigado

ALICANTE.- El pasado 7 de junio de 2012, en pleno escándalo por la instrucción de la rama alicantina de Brugal, Luis Díaz Alperi publicó a petición propia el informe sobre sus actividades y bienes en la página web de las Cortes. Y este movimiento hizo saltar las alarmas a la Fiscalía, que empezó a pedir información sobre el patrimonio y la facturación del ex alcalde de Alicante y diputado del PPCV, según adelanta 'El Mundo'. 

La denuncia registrada este viernes en el Tribunal Superior de Justicia y que instruirá el magistrado valenciano, Antonio Ferrer, recoge una supuesta operación de ingeniería contable en la que se habría apoyado el dirigente popular para ocultar su verdadero patrimonio.
Hacienda estima que pudo defraudar más de 600.000 euros al ocultar varios millones en ingresos. En el escrito de acusación los fiscales destacan que "a lo largo de su vida parlamentaria como diputado en las Cortes Valencianas jamás ha presentado en el registro de intereses el pasivo de la deuda tributaria".
Casualmente, matiza la Fiscalía, "es el 7 de junio de 2012 cuando de manera voluntaria procede a presentar una nueva declaración de actividades y bienes patrimoniales en la que hace constar un pasivo" por el concepto de deudas muy a largo plazo "por importe de 850.000 euros".

Por si fuera de interés, continúan afirmando para que el magistrado lo tenga en cuenta, Díaz Alperi publicó los datos "dos días después de iniciarse las actividades de comprobación por la Agencia Tributaria y ser requerido por diligencia de 5 de junio de 2012". En realidad, Díaz Alperi firmó el documento de bienes el mismo día en que se enteró de la investigación del fisco, tal y como refleja el documento que acompaña esta noticia.
Todos estos datos son los que empujan a la Fiscalía Superior de la Comunidad a creer que Díaz Alperi "ha construido una apariencia negocial, mediante la intervención de personas interpuestas y a través de las correspondientes falsedades documentales mercantiles, encaminada a simular una deuda por la que se paga a nombre de Díaz Alperi sin que exista justificación contable alguna" para que el resto de empresarios no soliciten la deuda ni los créditos concedidos al ex alcalde.
Por tanto, el ministerio público está convencido de que el que realmente pagaba las deudas era Díaz Alperi con dinero que ocultó al Estado para no pagar impuestos.
Las operaciones sospechosas de Díaz Alperi se consumaron entre los años 2007 y 2010, mientras era alcalde de Alicante y diputado regional en Valencia (aún mantiene su escaño).
En concreto, los supuestos fraudes detectados son tres. Uno hace referencia a la deuda tributaria que tenía contraída el dirigente como responsable de la mercantil Champaka de Promociones SL. El pago de esa cantidad fue satisfecha por un tercero, Taller de Contabilidad, con sede en Madrid. Y lo hizo "en base a un negocio subyacente por el que Alperi resultaba deudor", según la denuncia.
Otra empresa, Maldonado 33 SA, hizo de avalista alegando que tenía un contrato de asesoramiento con el popular. Sin embargo, los investigadores creen que "quien realmente paga" es el ex alcalde "y quien, por lo tanto, tiene el dinero y ha obtenido el ingreso es Díaz Alperi". ¿Por qué? Estas empresas nunca reclamaron el dinero al ex alcalde pese a que la cantidad que tenían que abonar era de un millón de euros. Tampoco reclamaron la ejecución del aval con la excusa de que lo robaron de la caja fuerte (llegaron a presentar denuncia en Comisaría).
"Estamos en presencia de un caso insólito en el ámbito mercantil, más propio de las ONG que de las sociedades con ánimo de lucro", explica al juez la Fiscalía. De hecho, las empresas llegan a considerar que «el crédito es totalmente irrecuperable al contabilizarlo como pérdida al cierre del ejercicio de 2007".
La denuncia explica que tras la inspección de Hacienda las empresas reclaman la deuda a Alperi aunque "en un procedimiento arbitral ante el Colegio de Abogados de Madrid".
Las otros dos supuestos fraudes se centran en operaciones de varios años ligadas a la entrega por parte de Solana de un yate al ex alcalde, el Akra Uno. Por una parte, en 2008, los fiscales creen que Díaz Alperi defraudó 144.862 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de esta embarcación tipo catamarán y de más de 15 metros de eslora.
Y por otra parte, la denuncia sostiene que el diputado no pagó, en 2010, 132.468 euros en impuestos por el cambio de titularidad del barco.
Por este yate, según destapó la investigación Brugal, el dirigente adquirió una empresa, Andarx SL, por sólo 1.500 euros pese a que poseía esta embarcación valorada en 600.000. Andarx la crea Ramón Cerdá en julio de 2005, un liquidador investigado en operaciones de blanqueo de capitales por actividades relacionadas con la creación de empresas express.
En noviembre, esta firma ya figura a nombre de Solana y, en abril de 2008, Alperi entra en el accionarado adquiriendo el 50%. Dos años después, el ex alcalde se hace con el control de la empresa y sus bienes. La Fiscalía ha pedido el interrogatorio de Díaz Alperi y Solana a la mayor brevedad posible.

La primera sesión del “Alicante Fashion Event” lleva al Mercado de Benalúa la combinación entre moda y comercio

ALICANTE.- La primera sesión del “Alicante Fashion Event, que hoy se ha desarrollado en el Mercado de Benalúa, ha combinado la moda y el comercio alicantino, como ha explicado la concejal de Comercio, Belén González, durante la sesión fotográfica que se ha desarrollado en esta instalación municipal donde ha levantado expectación entre los mercadilleros y compradores. La edil, ha comentado, tiene la intención de llevar esta iniciativa al conjunto de los mercados municipales durante los próximos meses.

“Es un manera de expresar el apoyo del Ayuntamiento de Alicante a los comerciantes y, al mismo tiempo, de revalorizar la moda de los diseñadores alicantinos”, ha comentado la concejal. La gerente de Elegante Event, organizadora del acto, Beatriz Ortiz, ha explicado que “tratamos de llevar la pasarela a la calle y que los compradores puedan apreciar el contraste que se produce entre los vendedores y las modelos”.
Entre los diseñadores que han participado en el “Alicante Fashion Event” están Alicia Marín, estudiante de Diseño de Moda y que ha presentado sus propias creaciones; Joyería Bhuda, con diseños artesanales plenos de creatividad; Isabel Aguado, con zapatos de propio diseño, y Clara Orts que ha exhibido prendas de vestir versátiles y para diario que, con complementos, pueden servir también para la noche.
Las diez modelos, antes de llegar al Mercado de Benalúa, han posado en la Plaza de los Luceros. Desde allí, y en un desfile que ha llamado la atención de los ciudadanos, han seguido por las avenidas de Federico Soto, Maisonnave y Aguilera hasta llegar al Mercado Municipal de Benalúa. Allí han posado en el interior de puestos de carne, fruta y verdura junto con los mercadilleros. Han finalizado con un último posado en el mercadillo exterior.

La venta de coches usados en la Comunitat creció un 29,6% en febrero

VALENCIA.- El mercado neto de coches usados en la Comunitat Valenciana creció un 29,6 por ciento el mes pasado en comparación con febrero del ejercicio anterior, según datos de la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

   Todas las comunidades autónomas, a excepción de Madrid, cuyo mercado cayó un 4,9 por ciento, arrojaron cifras positivas el pasado mes.
   Lidera la lista Navarra, con un 53%; y le siguen, según los datos facilitados por Faconauto, Castilla-La Mancha (44%), Baleares (40%), Castilla-León (38%) y Ceuta y Melilla (36%).
   También se registraron aumentos en las ventas de coches usados en la Comunidad Valenciana (29,6%), Extremadura (29,2%), Cataluña (27,4%), Cantabria (26,5%) Galicia (24,3%), La Rioja (24%), Aragón (23,5%), País Vasco (23,4%), Asturias (22,3%), Andalucía (19,4%), Canarias (14,9%) y Murcia (11,5%).

Un juzgado ordena embargar los bienes de Proyectos Temáticos por una deuda de 3,3 millones con el Hércules

ALICANTE.- El juzgado de primera instancia nº 4 de Alicante ha ordenado el embargo cautelar de las cuentas y bienes de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, para hacer frente a la deuda de 3,3 millones de euros que tiene por el patrocinio del club de fútbol Hércules.

   En un auto, la jueza atiende la petición del club de fútbol, y considera acreditada tanto la existencia de una relación contractual entre las dos partes en concepto de patrocinio, como que el club de fútbol "no ha hecho nunca dejación de sus derecho" y ha intentado cobrar lo reclamado desde 2010.
   Así mismo, dada la "situación de insolvencia patrimonial" que vive la Sociedad de Proyectos Temáticos, --que se encuentra inmersa en un proceso de disolución--, la jueza entiende que existe un "evidente riesgo por la mora" y una "elevada probabilidad" de que durante el proceso ocurra "alguna situación con su patrimonio que haga imposible" el pago de la deuda.
   Por ello, estima la petición del Hércules Club de Fútbol y ordena el embargo cautelar de bienes, si bien eleva la caución ofrecida por el demandante de 10.000 a 50.000 euros, como condición para llevar adelante las medidas preventivas, al considerar que esta cantidad "es más proporcionada al importe de la reclamación efectuada".
   De este modo, impone el embargo preventivo de todas las cuentas que Sociedad Proyectos Temáticos tiene en un total de nueve entidades bancarias, las subvenciones que la sociedad tenga pendientes de percibir, y los derechos de crédito que ostenta frente a Terra Mítica --en virtud del préstamo hipotecario contraído por importe de 15 millones de euros--, todo ello hasta el límite de los 3,3 millones de euros adeudados.
    Así mismo, ordena el embargo preventivo de los derechos de crédito  -canon--, que la sociedad demandada cobra a siete mercantiles por la cesión de derecho de superficie y de uso de una parcela situada en los municipios alicantinos de Benidorm y Finestrat, junto al parque Terra Mítica.
   De igual manera, esta medida cautelar ordena que los Registros de la Propiedad correspondientes tomen nota, de forma preventiva, del embargo de cuatro fincas registrales en Benidorm y Finestrat, según recoge el auto, ante el cual cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días.

viernes, 15 de marzo de 2013

La Fiscalía presenta una denuncia en el TSJCV contra Díaz Alperi (PP) por un supuesto delito fiscal

VALENCIA.- La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha presentado una denuncia contra el diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, por un supuesto delito fiscal, según ha confirmado en un comunicado el TSJCV.

   Esta denuncia responde, según han publicado varios medios, al informe elaborado por la Agencia Tributaria sobre los ingresos y patrimonio de Díaz Alperi correspondientes a los años 2007, 2008 y 2010, en los que Hacienda habría detectado más de 650.000 euros no declarados.
   Con la documentación recabada por la Agencia Tributaria, la Fiscalía ha presentado una denuncia ante el TSJCV, competente en este caso dada la condición de aforado de Díaz Alperi. La denuncia no ha sido turnada a ningún magistrado concreto.
   El exalcalde está ya siendo investigado en el TSJCV donde está imputado por los supuestos delitos de revelación información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la causa separada del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante.

La alcaldesa Alonso dice que los empresarios elegirán la ubicación del nudo logístico del Corredor Mediterráneo en Elche

ELCHE.-   La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, del PP,  ha asegurado que serán los empresarios ilicitanos los que elegirán el "lugar idóneo" para ubicar en un futuro un nudo logístico o "puerto seco" junto a la estación del Corredor Mediterráneo a su paso por el término municipal. 

   Alonso ha realizado estas declaraciones, tras haber participado en una reunión de trabajo con el director general de Transportes de la Comunitat Valenciana, Carlos Eleno, alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y con el consejero de Obras Publicas y Transportes de la Región de Murcia, Antonio Sevilla.
   La primera edil de Elche ha resaltado la importancia de que el Ayuntamiento acuerde con los empresarios el "lugar idóneo" para situar esta plataforma logística, para trasladárselo así a Fomento, dado que será la misma iniciativa privada la que creará esta instalación para beneficiarse de las ventajas del Corredor Mediterráneo.
   En este punto, según ha detallado Carlos Eleno, las empresas podrán concentrar la carga para su transporte en trenes adaptados al ancho internacional, que podrán tener una longitud de hasta 750 metros.
   Al respecto, ha recordado que las obras de implantación del ancho ferroviario internacional (UIC) en el eje ferroviario litoral hasta Alicante y Cartagena estarán ejecutadas en 2016.
   Así mismo, Alonso se ha referido al AVE, para detallar que "Elche tendrá su estación de pasajeros en Matola, tal y como está proyectado en un plazo de tres años", y ha explicado que está previsto establecer conexiones de alta velocidad para Cercanías.
   La Dirección General de Transporte y Logística de la Comunitat además estudia la implantación de un transporte en autobús desde la parada de pasajeros del AVE prevista en Torrellano con el Aeropuerto de El Altet, según ha detallado también Carlos Eleno.

La Junta de Personal del Consorcio de Bomberos de Alicante se niega a colaborar en los desahucios

ALICANTE.- La Junta de Personal del Consorcio Provincial de Alicante ha manifestado su disposición de negarse a colaborar en la ejecución de desahucios, por considerar que estas actuaciones están "fuera de sus funciones profesionales", y ha defendido que los bomberos están "para ayudar al ciudadano, no para contribuir a la expansión del problema", según recoge en un comunicado la citada Junta de Personal.

   En un escrito a la dirección del Consorcio Provincial, el presidente de la Junta de Personal, Juan Penalva, subraya que, como "servicio público", su trabajo es el "salvamento de personas y bienes, la extinción de incendios y la prevención y actuación en cualquier siniestro o situación en que la protección civil haga precisa su colaboración".
   Por ello, adelanta la disposición de los bomberos de negarse desde este mismo momento a colaborar en la ejecución del "drama de los desahucios", actuaciones éstas que consideran "fuera de sus funciones profesionales".  
   La Junta asegura no obstante que seguirá "cumpliendo con su función", de acuerdo con el artículo 30 de los estatutos del Consorcio que viene recogida en el artículo 7.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio "cuando implique riesgo para personas o cosas".
   Por ello, solicita que la dirección del Consorcio que se pronuncie y se posicione a "la mayor brevedad" al respecto, y emita una nota técnica a todas las jefaturas informando de cuáles son las competencias profesionales en este tipo de servicios, "para así evitar que la negativa a realizarlas por cualquiera de los trabajadores de este Consorcio provoque un conflicto innecesario".
   Juan Penalva, además, ha trasladado, en nombre de la Junta de Personal, su solidaridad con el bombero de La Coruña que recientemente se negó a participar en una apertura de puerta para que se procediese al desahucio de una mujer octogenaria.
   Así mismo, Penalva ha trasladado su apoyo también a los efectivos del cuerpo de bomberos de Salamanca expedientados por una acción reivindicativa realizada el pasado 13 de febrero para reclamar "más educación, sanidad y seguridad".

Casa Mediterráneo estudia la posibilidad de alquilar su sede para celebrar eventos para conseguir financiación

ALICANTE.-   La directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz, ha afirmado que la institución se "plantea" la posibilidad de alquilar el espacio central de su nueva sede, situada en Alicante, para la celebración de bodas, catering o presentaciones de productos de lujo, como medios de financiación, y ante las deudas que la Generalitat valenciana, y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Jávea, mantienen con la entidad.

   Muñoz ha subrayado que Casa Mediterráneo "todavía" no tiene presupuesto para 2013, y ha apuntado que el del año anterior contó "exclusivamente" con la aportación del Ministerio de Asuntos Exteriores, cifrada en 720.000 euros, y otra del Ayuntamiento de Alicante, por valor de otros 50.000.
   En este sentido, ha incidido en que esa cantidad se destinó a mantener las actividades de la institución, así como sus infraestructuras y "todo lo que haya que hacer".
 "Si comparamos eso con el presupuesto de cuatro millones que había, tenemos que adaptarnos, pero las empresas se adaptan todos los días, y los contribuyentes también, y los trabajadores. Hay que adaptarse y ya está", ha resaltado.
   La entidad, a través de un comunicado, ha detallado que del presupuesto comprometido por parte de los diferentes miembros del consorcio, el Ministerio ha pagado los 7,5 millones de euros especificados, mientras que la Generalitat ha abonado 456.470 de los 2,5 millones fijados, por lo que su deuda equivale al 81,89 por ciento.
   En cuanto a los municipios, el Ayuntamiento de Alicante mantiene una deuda del 56,35 por ciento, después de haber aportado 550.000 euros de los 1,2 millones comprometidos; al tiempo que Benidorm debe el 92,06 de su partida, fijada en 630.000 euros, y de la que ha cumplido con 50.000. Por último, el consistorio de Jávea ha hecho frente a 400.000 de 630.000 euros, por lo que su deuda representa un 36,51 por ciento.
   Ante esta situación, e interrogada sobre si va a solicitar estas cantidades, Muñoz ha enfatizado que lo hace "todos los días", en cada consejo rector. "Digo que me deben tanto, y que quede en acta que reclamo el dinero", a lo que ha añadido que "no sólo" le importa el montante adeudado, sino el porcentaje, un aspecto que, a su juicio, refleja el "interés" hacia Casa Mediterráneo.
   En la misma línea, y sobre el futuro económico de la institución, la directora general ha expresado su creencia en que está "asegurado".
 "Casa Mediterráneo lo que tiene que hacer es adaptarse a su desgraciada realidad, y si no tiene dinero lo tiene que buscar por otros lados, pero es lo que hacemos todos", ha destacado.
   "No podemos vivir como vivíamos, punto, lo asumimos, y lo que tenemos que hacer es intentar cobrar lo que deben y buscar otros medios de financiación, que pueden ser operaciones privadas", ha agregado, tras lo que ha hecho referencia también a la "reducción de gastos".
   De la misma manera, ha expuesto que tanto particulares como empresas "están preguntando" si existe un precio de alquiler para celebrar bodas, catering o presentaciones de productos de lujo en la sede. "Necesito financiación, si me la regalan divino, pero si no, vendo", ha recalcado, y ha puesto los ejemplos de Casa Árabe y Casa América, que realizan medidas similares "desde hace mucho tiempo".
   Por lo que respecta a las nuevas instalaciones, que serán inauguradas de manera oficial el próximo 23 de marzo con una actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argelia, se ha mostrado "orgullosa" del edificio, si bien ha afirmado que "podría estar mejor, quizá". Además, ha resaltado el carácter "abierto" de su diseño, y ha añadido que "es bueno para una institución pública ser transparente".
   Sobre las actividades de futuro, ha enfatizado que el objetivo es "seguir trabajando" y continuar con la programación, "no tanto de actos públicos, sino de diplomacia económica intensa por todo el Mediterráneo".
 "No podemos dedicarnos ahora a actos como conciertos, tenemos que rentabilizar el dinero de los contribuyentes, y seguimos haciendo muchos actos fuera", ha señalado.
   Por lo que respecta al recinto, ha explicado que es una estación de trenes que pertenece al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que, a través de un contrato, cede su uso para un periodo de 30 años a cambio de la rehabilitación del inmueble.
   La directora general ha indicado que la citada relación contractual tiene una cláusula que especifica que si Casa Mediterráneo no constituía en el edificio su sede antes de 2014 "perdería todo lo invertido" y la terminal "volvería" a ADIF, por lo que el proyecto inicial para la construcción de la sede, valorado en siete millones de euros, se sustituyó por la actuación recientemente finalizada.
   "Se rediseñó la operación para conseguir algo en lo que podamos estar dentro, que constituya nuestra sede, que el edificio esté utilizado, no se nos caiga, y con el tiempo seguiremos haciendo otras acometidas, porque falta mucho por hacer", ha asegurado, y ha hecho referencia al suelo, que ha sido prensado, y que según las previsiones, "cada tres o cuatro" eventos "probablemente" tendrá que "volver" a ser tratado.

El juez de Brugal pide a la AEAT información de la empresa que presuntamente pagó el viaje a Creta de Alperi

ALICANTE.- El magistrado instructor del 'caso Brugal' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha solicitado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que aporte "cuantos datos" posea de la mercantil Rocafort de Negocios SL de 2007, 2008 y 2009, por su presunta relación con el pago de parte del viaje en jet privado a Creta realizado en agosto de 2008 por el entonces alcalde de Alicante y actual diputado, Luis Díaz Alperi.

   En una providencia, el magistrado Juan Climent, que investiga presuntas irregularidades en relación con el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), además requiere al representante legal y socio único de esta sociedad, el empresario valenciano Ricardo Fuster, que entregue "a la mayor brevedad" la contabilidad "íntegra" de este mismo periodo.
   Este requerimiento, ante el que cabe recurso en el plazo de tres días, se produce días después de que uno de los empresarios imputados por el pago de este viaje declarara ante el tribunal que fue Rocafort de Negocios SL la que sufragó los gastos de las vacaciones de Díaz Alperi, imputado en la causa.
   El representante legal de la sociedad es Ricardo Fuster, también imputado en esta causa por un presunto delito de cohecho en relación con el pago del citado viaje, quien el pasado noviembre se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado que instruye el caso.

martes, 12 de marzo de 2013

Castedo dice que si hay que poner en marcha la L2 TRAM con gestión pública por ser más rápido, "que se haga"

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha afirmado este martes que si hay que poner en marcha la Línea 2 (L2) del tranvía alicantino TRAM "con una gestión pública porque es más rápido, que se haga", y ha subrayado que ella "solamente" quiere que el servicio se active "cuanto antes".

   Castedo ha realizado estas declaraciones tras la inauguración de la remodelación del Parque Tossal de la ciudad, y al ser preguntada sobre la celebración de una comisión de Infraestructura en las Corts Valencianes cuyos miembros han votado en contra de la puesta en marcha inmediata de la citada línea y de su gestión pública.
   Así, la primera edil y diputada autonómica del PP ha indicado que desconocía el desarrollo de la referida reunión, si bien ha resaltado que, "desde luego", está "a favor" de que la L2 del TRAM, que unirá la capital alicantina con San Vicente del Raspeig, se active "cuanto antes".
 "Me da exactamente igual que sea de manera pública o privada, exactamente igual, solamente quiero que se ponga en marcha cuanto antes", ha enfatizado.
   Además, ha considerado que "al final" la ciudad tiene una infraestructura "que ha costado muchísimo dinero a todo el mundo y que ahora mismo no está sirviendo para nada", por lo que se ha mostrado partidaria de "empezar a pensar un poquito en las necesidades reales que existen en Alicante y que tienen los alicantinos, y si hay que poner en marcha la línea, y hacerlo con una gestión pública porque es más rápido, que se haga", ha agregado.

El Ayuntamiento de Alicante estudia el cambio de nombre del parque 'Ruíz de Alda'

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha anunciado que el Ayuntamiento estudia la solicitud del colectivo cultural Alicante Vivo para cambiar la denominación del parque Ruiz de Alda de la ciudad, nombre de uno de los fundadores de la Falange.   

   La primera edil ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración de la remodelación de esta zona verde a preguntas de los periodistas sobre la denominación del espacio, situado en la ladera del monte Tossal.
   Castedo ha indicado que "se llama como se ha llamado siempre, Ruiz de Alda", y ha agregado que "existe una solicitud de cambio de nombre, que solamente pidió Alicante Vivo, y que en su momento "se empezó a estudiar".
   "Hoy se inaugura el nuevo parque, ya llegará el momento de estudiar el cambio de nombre y de llevarlo adelante, pero que nadie se ponga medallas que no le corresponden, porque es algo que nació" del citado colectivo "y nadie se había preocupado de este parque, absolutamente nadie", ha resaltado.
   Igualmente, ha explicado que el hecho de llevar adelante la remodelación de la zona "claro" que estaba pensada por el consistorio, si bien "se hizo más rápido precisamente por la insistencia de la asociación".
 "En el momento que toque se llevará adelante el cambio de nombre", ha asegurado al ser interrogada nuevamente sobre el tema.
   Ante la elección de una nueva denominación, ha subrayado que "es un parque que tiene muy claro el nombre que debe tener en el futuro, básicamente por una razón, porque los lugares en una ciudad deben, de alguna manera, hacer referencia a su historia, y ser agradecidos con quien un día los creó, por eso creo que a veces es muy fácil poder saber qué nombre llevará en el futuro", tras lo que ha afirmado que será el de Doctor Rico.
   En la inauguración también ha estado presente el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, quien ha expuesto que la actuación ha contado con un presupuesto de aproximadamente un millón de euros del Plan Confianza, y que constituye la primera parte de la intervención sobre el monte Tossal.
   Llorens ha señalado que el objetivo de la remodelación ha sido recuperar el espacio como un "área de convivencia, de diversión, de amistad y de familia", donde se han plantado más de 200 árboles nuevos, entre pinos y otras variedades, así como más de 300 arbustos grandes.
   Igualmente, ha explicado que se ha instalado un sistema de riego por goteo con agua reutilizada, y una iluminación de bajo consumo, "por lo que su mantenimiento energético sería equivalente al de una casa pequeña de la ciudad". Además, cuenta con dos zonas diferenciadas de juegos infantiles, un área de petanca, una de merendero con bancos y mesas, y un parque completamente accesible.

El oriolano Emilio Bascuñana deja definitivamente la presidencia provincial de Cruz Roja

ALICANTE.- El presidente en funciones de Cruz Roja Alicante Emilio Bascuñana deja definitivamente su labor al frente de la organización, y hasta la elección de su sucesor será sustituido, de manera temporal, por el vicepresidente de la institución, Luis Maestre, según ha informado en un comunicado Cruz Roja.

   En la reunión mantenida por el comité provincial, Bascuñana comunicó su dimisión definitiva como presidente de la institución, cargo que representaba desde el año 2004 hasta que presentó su renuncia el pasado mes de diciembre, para participar en las elecciones a la asamblea local del PP en Orihuela, votación que perdió ante la candidata Pepa Ferrando.
   Desde diciembre, Bascuñana ocupaba el cargo en funciones para facilitar la transición y relevo presidencial. Ahora, en su última intervención como presidente provincial ante el comité provincial solicitó a todas las asambleas locales el "máximo compromiso con las personas más vulnerables de la provincia" y pidió "continuar con el esfuerzo y el empeño de atender a más personas afectadas por la crisis".
   Despedido con un aplauso unánime de los miembros del comité, Emilio Bascuñana aseguró que continuará siendo voluntario de base en la asamblea local de Cruz Roja en Orihuela, su ciudad natal.

Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 61 Hm3 y 969 los del Tajo en la última semana

MURCIA.- Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 733 hectómetros cúbicos, lo que supone 61 hectómetros cúbicos más que la pasada semana, según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
 
   En comparación con el año anterior, los embalses del Segura disponen de 83 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha de año anterior y 361 hectómetros cúbicos más que la media que suele almacenar en esta época del año (372 hectómetros cúbicos). 
   Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 64,2 por ciento de su capacidad total.
   En el conjunto nacional, la reserva hidráulica se encuentra al 73,5 por ciento de su capacidad, tras aumentar esta semana --marcada por las copiosas precipitaciones en toda la Península-- un total de 3.187 hectómetros cúbicos (hm3) respecto a la semana anterior, lo que representa un incremento del 5,8 por ciento. En la actualidad hay 40.684 hectómetros cúbicos de agua embalsada.
   Las variaciones más significativas de esta semana se han producido en la cuenca del Tajo, que ha ganado 969 hectómetros cúbicos y las Cuencas Internas del País Vasco, que han perdido un hectómetro cúbicos. En general, las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península y la máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 95 litros por metro cuadrado.
   Por ámbitos, la reserva en el Cantábrico se encuentra al 82,1 por ciento; en Miño-Sil, al 82,4 por ciento; en Galicia Costa, al 89,9 por ciento; en las Cuencas internas del País Vasco, al 95,2 por ciento; en Duero, al 60,9 por ciento; en Tajo, al 62,2 por ciento; en  Guadiana, al 83,4 por ciento; en la Cuenca Atlántica Andaluza, al 92,2 por ciento; y en Guadalquivir, al 92,4 por ciento.
   Además, la Cuenca Mediterránea Andaluza está al 77,9 por ciento; Segura, al 64,2 por ciento; Júcar, al 46,2 por ciento; Ebro, al 74,1 por ciento y las Cuencas internas de Cataluña, al 65,0 por ciento.

lunes, 11 de marzo de 2013

Las Corts remitirán un escrito a la presidenta de la CNMV para que autorice a Segura a comparecer en la comisión de CAM

VALENCIA.- La comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes ha acordado por unanimidad enviar un apercibimiento al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, así como remitir un escrito a la presidenta actual de este órgano, Elvira Rodríguez, para que autorice a Segura a intervenir en el parlamento autonómico. 

   Así lo han decidido los cuatro grupos parlamentarios después de que Julio Segura no acudiera a la comisión de investigación sobre la CAM el pasado lunes, cuando estaba citado a las 12.00 horas. Posteriormente, las Corts recibieron la excusa de Segura basada en un informe del Consejo de Estado solicitado por el Ministerio de Economía y Competitividad, a instancias de la CNMV, que señala que ni los actuales miembros de este organismo ni los que lo fueron tienen la obligación de comparecer en la comisión sobre la CAM.
   En concreto, el escrito del Consejo de Estado indica que "no teniendo los órganos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en tanto que ajenos al ámbito competencial de la Comunitat Valenciana, la obligación de comparecer ante la comisión de investigación constituida en las Corts Valencianes sobre el proceso de intervención de la CAM, no se advierte el incumplimiento de un deber de comparecencia derivado de la comunicación del presidente de las citadas Cortes".
   La diputada de Compromís Mireia Mollà ha propuesto advertir a Segura de los "posibles delitos" por no comparecer. Asimismo, el parlamentario del PP Vicente Betoret ha planteado explicar al expresidente de la CNMV que la comisión de investigación de la CAM no pretende "fiscalizar" su trabajo al frente del organismo, sino solamente que les facilite información que permita "aclarar cuestiones que no están claras".
   Por su parte, el parlamentario socialista Ángel Luna ha explicado que Julio Segura "no es autónomo", sino que "está obligado por ley a solicitar el permiso de la presidenta actual de la CNMV". Por ello, los grupos parlamentarios también han decidido remitir un escrito a Elvira Rodríguez explicando las razones por las que consideran que Segura debería intervenir para ayudar a aclarar el proceso que llevó a la intervención de la caja alicantina por parte del Banco de España.
   El representante de EUPV Lluís Torró ha señalado que les queda "el derecho a protestar y reclamar" y, por ello, ha propuesto poner en conocimiento de la Fiscalía la incomparecencia de Segura. No obstante, han acordado esperar a conocer la respuesta de Segura y de la CNMV al escrito que remitan. En este sentido, Mireia Mollà ha subrayado la necesidad de tener "todas las herramientas" antes de dirigirse al ministerio fiscal.
   En este sentido, cabe recordar que siete directivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se negaron a comparecer en la comisión de investigación de la CAM la pasada primavera. Ante estas negativas, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM acordó ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal, que finalmente archivó las diligencias porque "en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna".
   Por otro lado, los cuatro grupos parlamentarios han aceptado una propuesta formulada por diputada de Compromís de enviar a la Audiencia Nacional el diario de sesiones de la comisión de investigación por si le puede servir en el proceso judicial que ha abierto contra la anterior cúpula directiva de la caja alicantina.

El juez Gómez Bermúdez llama a declarar a 34 exdirectivos y exconsejeros de la CAM

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha llamado a declarar para los días 19 y 20 de marzo y 2 y 3 de abril a 34 exdirectivos y exconsejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en el marco de la causa en la que investiga los créditos que la entidad concedió al expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés. 

   Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 cita a los responsables de la caja "en calidad de testigos" aunque al mismo tiempo les aconseja que acudan "acompañados de letrado", que podrá "estar presente sin intervenir" en la declaración, al objeto de "garantizar al máximo el derecho de defensa" en el caso de que su "condición procesal" cambiara a la de imputado.
   Entre los citados se encuentran exconsejeros de la CAM como el vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, o su antecesor, Luis Esteban.
   También tendrán que declarar ante el juez el exdirector general adjunto de la caja, Agustín Llorca; el de Negocio, Fernando Martín Yáñez; el de Participaciones Empresariales, Joaquín Meseguer; el de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez; el exsecretario general, José Pina. Además, ha sido citado por error el expresidente de la entidad Vicente Sala, que falleció en agosto de 2011.

   Los primeros testigos, que tendrán que declarar el 19 de marzo a partir de las 10.00 horas, serán Aniceto Benito Núñez, Natalia Caballé Tura, Luis Esteban Marcos, Gregorio Fernández Piqueras, Natalia Ferrando Amorós, José Forner Verdú, José García Gómez, Jesús Navarro Alberola y Fernando C. Martín Yáñez.
   El día 20 lo harán Manuel Navarro Bracho, Benito José Nemesio Casabán, Raquel Páez Muñoz, Elia María Rodríguez Pérez, José Rovira Garcés, Martín Sevilla Jiménez, Ángel Óscar Strada Bello, Ginéz Pérez Ripoll y Francisco Martínez García.
   También declararán como testigos el día 2 de abril Juan Bernal Roldán, Pilar Cáceres González, Pere Joan Devesa Martínez, José Enrique Garrigós Ibáñez, Susana Maestre González, Manuel Muelas Yébenes, Juan Pacheco Carrillo y Rosa Ana Perán Bazán.
   El auto también cita para el 3 de abril a Vicente Sala Belló (ya fallecido), Ángel Martínez Martínez, Armando Sala Lloret, Salvador Pilés Besó, Enrique Puig Mora, Agustín Llorca Ramírez, José Pina Galiana y Joaquín Meseguer Torres.

   Gómez Bermúdez imputa indiciariamente a Avilés delitos societarios y de administración desleal en una pieza separada de la causa principal en la que investiga si la entidad concedió a sus empresas de forma irregular créditos por valor de 17 millones de euros.
   Según un informe del Banco de España que consta en la causa, Avilés utilizó uno de los créditos ICO Renove Turismo que le fueron concedidos para adquirir 80.000 euros en participaciones preferentes de la entidad de las que se deshizo "antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja". En concreto, pagó un interés del 1,50% para obtener el crédito y obtuvo una remuneración por sus participaciones preferentes del 7,25%, obteniendo un beneficio neto del 5,75%.
   El informe también revelaba que el expresidente de la CAM Modesto Crespo percibió 640.000 euros entre los años 2009 y el 2011 en concepto de dietas que no fueron aprobadas por la Asamblea, lo que supone 30 veces más de la cantidad máxima autorizada por la entidad. En función de su cargo le habrían correspondido 20.645.
   En el caso de Avilés, la Asamblea General aprobó que percibiese en el conjunto de los tres ejercicios un total de 14.996 euros, aunque se llegó a embolsar 308.000.

Aena cobrará un euro por usar los carros portaequipajes en El Altet

MADRID.- Aena comenzará a cobrar un euro durante este año por usar los carros portaequipajes en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona El Prat, Málaga, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur y Alicante, una medida con la que espera ahorrar solo en el aeródromo madrileño 3,2 millones de euros anuales.

   Fuentes del gestor aeroportuario han explicado que aunque aún no existe fecha concreta para la puesta en marcha del sistema, el aeropuerto de Madrid-Barajas será el primero de la red en contar con este nuevo modelo de gestión.
   Así, han señalado que ya se están instalando en el aeródromo de la capital las máquinas que se usarán para gestionar los carros portaequipajes, a la vez que se están adaptando los carros al nuevo sistema, recalcando que el uso de éstos en la zona de embarque seguirá siendo gratuito.
   Madrid-Barajas destina cada año 3,7 millones de euros a la gestión y mantenimiento de estos carros portaequipajes, un coste que con el nuevo sistema se reducirá hasta medio millón de euros anuales, con un ahorro de costes de 3,2 millones.
   Desde el ente público han destacado que la medida tiene como objetivo poner en valor la empresa con el fin de hacerla "sostenible" y "viable" económicamente, aunque manteniendo la oferta de un servicio de calidad.
   Respecto al precio, un euro por carrito, han apuntado que la tarifa será "similar" a la de otros aeropuertos europeos como los de Múnich, Hahn, Colonia y Düsseldorf, en Alemania, o los aeródromos de Milán, Génova, Turín o Roma-Fiumicino, en Italia.
   Además, han puntualizado que los precios españoles serán inferiores a los de otros países como Reino Unido, donde en los aeropuertos de Bristol, Cardiff, Manchester, Leeds, Luton o Birmingham, la tarifa oscila entre una y dos libras esterlinas (1,1 y 2,2 euros).
   De igual modo, ha hecho hincapié en que el sistema de pago por uso es utilizado por uno de cada cuatro aeropuertos en el mundo, remarcando su utilización en los aeródromos norteamericanos, en los que el precio oscila entre 1,5 y cuatro dólares (1,15 y 3,07 euros).

El abogado Diego de Ramón denuncia que entidades valencianas daban créditos sin garantías a cambio de "recalificación de terrenos"

VALENCIA.-   El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en nombre de la Plataforma de Afectados en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de la CAM, ha asegurado este lunes en la comisión de investigación al respecto que funciona en las Cortes Valencianas, que había entidades financieras de esta región que coincidían en "muchos clientes" y que, en ocasiones, concedían créditos "sin garantía, ni hipoteca". 

"Con la recalificación del terreno se daban los créditos", ha denunciado.

   Diego de Ramón, que ha comparecido en esta comisión de investigación sobre la CAM en las Corts Valencianes, ha subrayado que "todo lo que ha sucedido en la CAM es totalmente criticable a los responsables políticos que designaron".
 "De la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps; y otros personajes políticos todavía sin identificar", ha puntualizado.
   En su opinión, existía "un circuito, una autovía financiera para un determinado grupo político", formada por "Banco de Valencia, Bancaja y CAM". En este sentido, ha indicado que había "una fuerte presencia política" en las cajas de ahorro, donde los partidos "manipulaban".
   De Ramón ha lamentado que la CAM se encontraba "disparada, estaba como enloquecida, daba créditos a todo el mundo". Ha recordado que el Banco de España no permitía conceder créditos por más del 20% de los recursos propios de cada entidad y, por ello, ha asegurado que 17 cajas crearon "una sociedad para que estuviera fuera del alcance de la agencia de calificación de riesgo".
   Asimismo, ha criticado que "la CAM ha engañado siempre" y que el Banco de España "no vigilaba nada", por lo que cree que tiene "una gran responsabilidad" por haber hecho "dejación de funciones". También ha explicado que la caja alicantina en los años 2007 y 2008 "no tenía ni un duro, ni tenía credibilidad en las entidades financieras" y, por ello, ha afirmado que la caja preparó "una acción continuada y planificada" como fue la venta de cuotas participativas y de participaciones preferentes.
De Ramón ha asegurado que la emisión de cuotas participativas fue fruto de "una planificación meticulosa" para captar a clientes con "perfiles más bajos", entre los que se encontraban personas disminuidas, mayores y "sin ninguna cultura financiera", que "no podían entender donde se metían".
   Al respecto, ha puntualizado que de los siete millones de clientes, la CAM eligió a los de "perfil más bajo", en concreto a personas de "entre 60 y 80 años" y a jóvenes "con escasa instrucción financiera, que no podían valorar dónde se metían". Según ha asegurado, algunos clientes eran suizos y franceses y, en algún caso, ha indicado que se formalizaron operaciones "con un traductor que no sabía español".
   También se ha referido a los "enchufes" en la obra social de la CAM en Valencia y Murcia donde había "hijos de presidentes". Preguntado por el papel del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Diego de Ramón ha explicado que presentó una queja por la "falta de intervención".
   El abogado, que ha interpuesto cinco querellas, se ha preguntado "¿por qué no se intervino en el año 2007?" para solucionar la situación de la caja, y se ha referido a "los 1.600 millones que se dieron" y a las "inversiones en paraísos fiscales". En este sentido, considera que "todavía no se sabe nada de la CAM", por lo que cree necesario "un proceso de instrucción más complejo, más profundo, para que quede limpia la verdad".
   Diego de Ramón, quien ha asegurado que pedirá a las Corts el dinero que ha gastado en acudir a la cámara y en comer, ha solicitado a los grupos parlamentarios que "persigan" al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura por no comparecer en las Corts.
"Quiero que se persiga a Julio Segura por no comparecer aquí", ha dicho, aunque ha afirmado que el "personaje clave" para saber lo ocurrido en la CAM es el exdirector financiero y exsecretario general de la entidad, José Pina Galiana.
Por ello, ha pedido a la Fiscalía que "persiga" a Galiana, quien ya aseguró el pasado octubre en esta comisión de investigación que en la caja cumplieron "escrupulosamente" las indicaciones del Banco de España.
De Ramón también ha responsabilizado al supervisor bancario de la mala gestión de la CAM: "El Banco de España indudablemente tiene una gran responsabilidad porque ha hecho una dejación de funciones".
Según el letrado murciano, "la CAM ha engañado siempre" porque la labor de policía bancaria que ahora ejerce el Banco Central Europeo estaba antes en manos del Banco de España, que "no vigilaba nada".
El abogado se dirigió hace unos tres años a la expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez para quejarse por la actuación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en la CAM, petición que posteriormente, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, trasladó a la Conselleria de Hacienda, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta, según ha indicado.
   Además, cree que sería "conveniente" que las Corts Valencianes se dirigieran al Banco de España para conocer "los créditos superiores a 600.000 euros" que ha concedido la CAM, a qué personas, entidades o empresas y cuáles han sido los votos del consejo de administración y de los órganos ejecutivos para aprobarlos.
En este sentido, ha pedido que se investiguen los créditos que la CAM dio a equipos de fútbol, la razón por la que concedió la dación en pago a viviendas de la promotora Polaris World y no a otros particulares, y las inversiones en México, Marruecos y paraísos fiscales desde 2007, cuando la caja no tenía "ni un duro".
El abogado ha presentado cinco querellas relacionadas con la gestión de CAM, la primera de ellas en 2007 y "antes de que ningún político levantase la voz", ha defendido. 

El juez Gómez Bermúdez admite a trámite una querella de IU contra Federico Trillo

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los 15 "querellados", entre los que se encuntran el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, exdirigentes de esta formación como Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, y empresarios de la construcción. 

   En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 acuerda la apertura de una investigación por estos hechos y ordena a los querellados que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular".
   La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.
   Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.
   A todos ellos los querellantes atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y  asociación ilícita.

domingo, 10 de marzo de 2013

El abogado que ejerce la acusación particular en el proceso judicial contra la CAM comparece este lunes en las Corts

VALENCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, quien ejerce la acusación popular en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra la excúpula de la CAM, comparecerá este lunes en la comisión de investigación sobre la caja alicantina que se celebra en las Corts Valencianes.

   Diego de Ramón es el representante legal de los afectados por la compra de preferentes y cuotas participativas, y está citado a intervenir en el parlamento autonómico a las 16.30 horas, en la comisión que trata de aclarar el proceso que llevó a la intervención de la CAM por parte del Banco de España el 21 de julio de 2011.

   Previamente, comparecerán, a las 10.30 horas, el representante de impositores de la CAM, Víctor Baeta y, a continuación, a partir de las 12.00 horas, será el turno del integrante de la Plataforma de Afectados, Carlos Pena.


El Fiscal pedirá 20 años de cárcel para dos etarras por atentar en la costa alicantina en el verano de 2002

MADRID.-   La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá este lunes sendas penas de 20 años de cárcel para los etarras Óscar Celarain, alias 'Peio', y Andoni Otegi Eraso, 'Iousu', por colocar varias bombas en un restaurante de Torrevieja y en la playa de Santa Pola durante la campaña de atentados que ETA llevó a cabo en la costa levantina durante el verano de 2002.

   Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el fiscal considerará a Celarain y Otegi autores de un delito continuado de estragos terroristas y exigirá que indemnicen a los perjudicados por los desperfectos causados en varios edificios y vehículos como consecuencia de los ataques.
   En su escrito de conclusiones provisiones, el representante del Ministerio Público mantiene que los etarras formaban parte del 'comando Argala' de ETA y participaron en la 'campaña de verano' que desplegó la banda terrorista contra zonas de alta concentración turísticas durante 2002.
   El 9 de agosto de 2009, la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) de Vitoria y el diario 'Gara' recibieron dos llamadas telefónicas anunciando la colocación de dos artefactos explosivos en el restaurante 'Queen Burger' de Torrevieja y en la Gran Playa de Santa Pola.
   El establecimiento fue desalojado y acordonado, antes de que la bomba, compuesta con entre 4 y 5 kilos de dinamita 'titadyne', hiciera explosión a las 14.00 horas en el servicio de caballeros, ocasionando importantes daños materiales en el restaurante, en el edificio en cuyos bajos se ubicaba y en los vehículos estacionados en las inmediaciones.
   Al mismo tiempo, se había iniciado la búsqueda del otro artefacto anunciado en la Gran Playa de Santa Pola frente a la discoteca 'Elcano'. Tras una búsqueda infructuosa, el DYA recibió una nueva llamada advirtiendo de que se encontraba enterrado junto a un grupo de palmeras próximo a la citada discoteca.
   Finalmente, el 12 de agosto se localizó una mochila con el explosivo enterrada a entre 1,20 y 1,50 metros de profundidad en la playa, la cual fue desactivada por artificieros de la Guardia Civil. Ambas acciones terroristas fueron reivindicadas por ETA en el diario Gara en un comunicado publicado el 14 de agosto de 2002.
   Según el fiscal, los acusados se hospedaron entre el 28 de julio y el 2 de agosto de aquel año en el camping Bahía de Santa Pola, ubicado a 400 metros del acuartelamiento de la Guardia Civil contra el que también atentaron.
   Tras su detención en Francia, se les ocupó una cinta de vídeo en la que aparecían imágenes y fotografías de las viviendas atacadas, así como la documentación falsa que habían utilizado. Consta también una 'autocrítica' en la que detallaron su actuación en el verano de 2002, haciendo referencia a los atentados cometidos en la zona de Santa Pola y Torrevieja.
   La Audiencia Nacional condenó el pasado mayo a 843 años de cárcel a Otegi y Celarain por colocar un coche bomba contra la casa-cuartel de Santa Pola, que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002 causando la muerte de un hombre que esperaba el autobús y una niña de seis años, hija de un agente de la Guardia Civil.

Una mujer con tres hijos logra un alquiler social de 100 euros tras evitar el desahucio durante dos años

ALICANTE.- Una mujer con tres hijos ha conseguido llegar a un acuerdo con su entidad bancaria para pagar un alquiler social de 100 euros al mes y permanecer en su vivienda tras "dos años de luchas y negociaciones interminables" en los que evitó hasta cuatro desahucios.

   Según ha informado uno de los coordinadores de Stop Desahucios Torrevieja y Vega Baja, Antonio, Ana Belén se ha visto obligada a ocupar su vivienda después de que la comisión judicial ejecutara el lanzamiento cuando ella se encontraba dando a luz en el hospital a su tercer hijo.
   No obstante, al regresar a casa, permaneció en la vivienda e incluso el banco llegó a interponer una denuncia por ocupación ilegal, que posteriormente fue retirada tras las negociaciones, en las que ha participado la asociación.
   Tras dos años de lucha, el viernes Ana Belén firmó con el banco un contrato de alquiler de cinco años con una renta de 100 euros al mes, lo que demuestra, para el coordinador, que "si la entidad quiere, hay soluciones".

Fomento estudia asumir las autopistas con problemas y que los bancos les inyecten 1.200 millones

MADRID.- El Ministerio de Fomento estudia un proyecto para constituir una sociedad de capital público que asuma la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según informaron fuentes del sector.

El Departamento que dirige Ana Pastor habría alcanzado ya un acuerdo con los bancos españoles acreedores de estas autopistas, que estarían además dispuestos a realizar una inyección de financiación de 1.200 millones de euros. En la actualidad, las vías suman un pasivo de 3.500 millones.
Las constructoras y concesionarias que actualmente tienen la titularidad de las autopistas reclaman a la Administración negociar este proyecto con el fin de que les abone los importes que emplearon en construir las vías, una vez que las traspasaran a la nueva sociedad.
Con este proyecto, que aún está en una "fase inicial", Fomento y la banca buscan solucionar el problema de insolvencia que arrastran una decena de autopistas de peaje, de las que seis están en concurso de acreedores.
El sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones de los terrenos para construir las vías y el desplome del tráfico por la crisis constituyen las principales causas de sus equilibrios económico-financieros.
En concreto, según explicaron dichas fuentes, el plan pasa por constituir una sociedad, con capital 100% público y dependiente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), entidad del grupo Fomento. Esta firma se quedaría con todas las acciones de las autopistas con problemas, inicialmente a coste cero, tan sólo asumiendo su deuda.
En paralelo, los bancos españoles, a los que las autopistas deben 2.300 millones, comprarían la deuda de 1.200 millones que las vías tienen con entidades extranjeras.
La banca pasaría a tener todo el pasivo (3.500 millones de euros) frente al Estado, con la mayor garantía que ello supone. Además, habrían ya aceptado inyectar financiación por 1.200 millones de euros más para afrontar las expropiaciones.
Toda la financiación tendría un tipo de interés del 3% y un plazo de amortización único a treinta años. Según dichas fuentes, no computaría en déficit porque la sociedad pública de autopistas generaría ingresos (cobro del peaje) y porque la Administración no rescata las vías, sino que se queda con las acciones de sus sociedades concesionarias.
El Gobierno estudia este proyecto toda vez que las dos líneas de ayudas que articuló para estas autopistas (la concesión de préstamos participativos y las cuentas de compensación) no se han hecho efectivas.
Las autopistas que actualmente presentan problemas son la decena de vías más 'jóvenes', cuya construcción coincidió con el 'boom' del precio del suelo y ahora sufren la caída de los tráficos. Media docena de ellas se han acogido ya al concurso de acreedores. Se trata de las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo.

Las cajas de ahorros han perdido casi 25.000 empleos desde el inicio de la crisis

MADRID.- El número de empleados de las cajas de ahorros se ha reducido en 24.317 trabajadores (-19,6%) desde el tercer trimestre de 2008, con lo que a 31 de diciembre de 2012 el número total de trabajadores se situaba en 99.737 personas, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

   Esta reducción también ha sido patente en el número de oficinas, que se ha visto rebajado en 4.743 sucursales, lo que supone un recorte del 20,5% hasta las 18.414.
   A comienzos de 2010, en España había un total de 45 cajas de ahorros, de las que 43 han participado o se encuentran participando en algún proceso de consolidación, lo que en volumen de activos totales medios representa el 99,9% del sector.
   En la actualidad existen un total de 14 entidades o grupos de entidades con un volumen medio de activos de 84.967 millones a septiembre de 2012, frente a las 45 entidades que existían en diciembre de 2009 con un volumen medio de activos de 84.967 millones de euros.