miércoles, 27 de enero de 2016

La productividad de las universidades valencianas es un 11% superior a la media pese a ingresar un 18,9% menos

VALENCIA.- La productividad del Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV) es un 11% superior a la media española pese a que ingresan un 18,9% menos entre 2010 y 2014, tanto de las fuentes públicas como privadas, por las graves dificultades económicas de los últimos años.

Es una de las principales conclusiones de la tercera edición del informe sobre 'La contribución socioeconómica de las universidades públicas valencianas', que ha sido presentado este miércoles por los cinco rectores y por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Al acto, han asistido además los cinco rectores de la CRUPV (Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes), el conseller de Educacación, Vicent Marzià, y el delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues.
Así, la crisis ha afectado sobre todo a los ingresos destinados a financiar la investigación (-42,4%) y la transferencia tecnológica (-24,2%). Pese a ello, los cambios introducidos en la docencia y la investigación han logrado que se ofrezca "un elevado retorno" fiscal a las inversiones públicas ya que formar a un titulado supera el 10% anual de rentabilidad fiscal para el sector público.
No obstante, el director de Investigación del Ivie y catedrático de la Universitat de València, Francisco Pérez, ha explicado en la presentación de este informe que la crisis ha comprometido "seriamente" la capacidad de las universidades de "obtener más y mejores resultados en ámbitos relevantes al interrumpir líneas de investigación en marcha, reducir e impedir el rejuvenecimiento de sus plantillas, frenar el desarrollo profesional del profesorado y la incorporación del capital humano a las empresas, y debilitar todavía más la escasa colaboración entre universidad y empresa en actividades de transferencia".
Así, las Universidades Públicas Valencianas han incrementado su producción científica un 160% entre 2000 y 2013 y la han internacionalizado significativamente. Sin embargo, los niveles de las actividades de transferencia son "modestos, e incluso se han producido retrocesos en estos años, debido a la falta de recursos".
De este modo, el retroceso del 42,6% de los recursos para investigación es "más relevante" en la Comunitat Valenciana porque una mayor parte del gasto en I+D depende de las Universidades Públicas (47%), muy por encima de lo que sucede en España (28%), a consecuencia de la debilidad del gasto de las empresas e instituciones.
Los efectos del gasto que moviliza el SUPV sobre la actividad y el empleo son muy importantes: incrementan en 50.555 personas el número de personas activas y en 67.000 los ocupados, en la Comunitat Valenciana. Además, genera volúmenes de capital humano y tecnológico "muy relevantes" para la oferta de recursos productivos: en el periodo 2000-2013 estos dos activos suponen el 19,9% de las aportaciones de los factores productivos al crecimiento valenciano.
La rentabilidad fiscal que obtiene el sector público al financiar la enseñanza universitaria pública valenciana es claramente positiva, como consecuencia de los mayores impuestos pagados por los titulados a lo largo de su vida laboral.
La rentabilidad anual es del 12,9% en el caso de un graduado, del 11,6% en el de un licenciado y el 9,9% en el de un diplomado. La sociedad valenciana recibe 2,6 euros -a través de los impuestos recaudados por el sector público, ingresados por los titulados universitarios a lo largo de su vida laboral- por cada euro dedicado por las administraciones a financiar a las universidades para su formación.
En la tercera edición se ha puesto el foco especialmente en analizar el papel de las universidades en relación con las oportunidades de empleo de los titulados, la salida de la crisis económica y la contribución de los universitarios y las universidades al cambio de modelo productivo que la Comunitat Valenciana necesita.
En este sentido, el informe señala la importancia de reforzar las sinergias entre las universidades y el entorno social y económico para impulsar el desarrollo de las actividades basadas en el conocimiento en la Comunitat Valenciana y recuperar el terreno perdido por la economía valenciana en materia de competitividad.
El estudio ha analizado las fortalezas y debilidades de la SUPV por las circustancias actuales. Así, destacan la importancia de las contribuciones a la renta, el empleo, el capital humano y el crecimiento de la Comunitat Valenciana y destaca la adpatación de la oferta educativa a las demandas formativas, "los esfuerzos" por adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior y "los importantes avances" en "la producción, calidad e internacionalización de la investigación".
No obstante, también constata "las tensiones" vividas a causa de los ajustes financieros y de plantillas derivadas de la crisis y "el retroceso" de los proyectos de investigación o de las actividades de transferencia.
Asimismo, el informe recalca la importancia de reconocer la heterogeneidad de las universidades y sus diferentes unidades en especialización, internacionalización y resultados docentes y de investigación, subrayando la necesidad de difundir las buenas prácticas para mejorar la productividad media. El SUPV ha realizado en los años recientes una importante transformación de su oferta docente, que en la actualidad es de 187 títulos de grado y 307 de master diferentes.
El informe, elaborado por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), analiza la actividad y los resultados de las cinco universidades públicas: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche.
El estudio ha sido realizado por el director de Investigación del Ivie y catedrático de la Universitat de València, Francisco Pérez; el investigador del Ivie, profesor de la Universitat de València y decano de la Facultad de Economía, José Manuel Pastor; y el profesor de la Universitat de València Carlos Peraita. En su elaboración han participado los técnicos de investigación del Ivie Eva Benages y Ángel Soler.

Un país gobernado por delincuentes / Ramón Cotarelo *

Imagino que mucha gente recordará a  Aznar diciendo en 2010 o 2011 con su habitual facundia que el PP es incompatible con la corrupción. El contenido de veracidad de tal aserto era más o menos el mismo que cuando aseguraba que en el Irak había armas de destrucción masiva. Dos mentiras como pianos dichas por quien sabía muy bien lo que decía. En el PP no hay sino corrupción y la banda de ladrones y forajidos que lo componen ha arruinado el país a base de robar. En el Irak no había armas de destrucción masiva, pero la intervención de este personaje sin principios ni moral fue la causa política indirecta de cientos de miles de muertos. Hoy el tal Aznar es un hombre próspero, que ha acumulado una considerable fortuna, producto de sus desvelos y sacrificios por la Patria, de la que no deja de hablar.

Veintitrés de los treinta y cuatro ministros del mismo individuo están salpicados en diversos grados por esa corrupción que era incompatible con el PP. Y quien quiera ver alguno de los rostros más conocidos de ese gatuperio de sinvergüenzas que es la Gürtel solo tiene que visualizar el vídeo de la inenarrable boda de la hija del mismo Aznar en El Escorial. Un Aznar, antaño irrefrenable parlanchín, que lleva meses en un silencio de cartujo.

El tiempo está encargándose de poner a cada cual en su sitio que, en el caso de los ladrones del PP, según se ve, es el trullo, en el que ya entran por docenas. Seguirán haciéndolo en los próximos tiempos y ya veremos en donde paran por último el señor Aznar y su sucesor, el señor Rajoy, reconocido cobrador de sobresueldos de procedencia dudosa y beneficiario de dádivas de los ladrones de la Gürtel parecidos a los que recibía su amigo Francisco Camps, otro presunto ladrón de la cruz a la calva.

Por supuesto, todos estos ladrones y sinvergüenzas son gente de orden, bien trajeada y defensora del orden constituido. Todos ellos predican los valores de la civilización cristiana, van a misa y son muy amigos de los curas, esa otra agrupación sistemáticamente dedicada a vivir a cuenta de los demás mientras les predican patrañas sobre la otra vida. Van a procesiones, condecoran trozos de palo a los que llaman vírgenes y se preocupan porque los niños sean adoctrinados en sus supersticiones. Y todos, también, defienden el credo de la libre iniciativa sin regular en el mercado y la necesidad de expoliar todo lo público y privatizarlo para beneficio de sus parientes, amigos y enchufados. Lo llaman liberalismo y contratan esbirros en los medios de comunicación (también pagados con dinero de todos) para que lo prediquen a berridos mientras difaman las alternativas. Por eso se han puesto de nombre Partido Popular, como un banco.

Imagino que mucha gente recordará también cómo, cuando comenzaron a aflorar los casos de corrupción, en 2009, ¡hace ya siete años!, Rajoy reunió a la plana mayor de esta asociación de malhechores para proclamar que no se trataba de una trama del PP, sino de una trama contra el PP. Por que sí era una trama del PP, un partido cuajado de chorizos. Después de esta foto, vinieron los SMS a Bárcenas-Luis-sé-fuerte, la sistemática obstrucciòn a la justicia hasta culminar con la destrucción de los discos duros de Bárcenas, prueba procesal imprescindible y por la cual está imputado hoy todo el PP como persona jurídica.

¿Alguien cree que hay un solo país en el mundo en el que el partido del gobierno esté imputado en un proceso penal y pueda seguir gobernando? ¿Un partido con todos sus tesoreros también imputados, un montón de dirigentes y cargos en la cárcel por ladrones, administrando los recursos públicos? ¿Un partido cuyo presidente, y presidente del gobierno, que lleva cuatro años mintiendo y está acusado de cobros irregulares, presentándose a las elecciones como si no pasara nada?

¿Nadie ve que esto es un disparate inimaginable, solo posible en un lugar en que las normas más alementales de la moral no existen? Pues, sí, según parece, nadie. Y menos que nadie una oposición que en estos años de latrocinio generalizado ha seguido haciendo el juego a la banda de malhechores como si fueran un partido de verdad y un gobierno y un parlamento y no lo que son. 

En cualquier otro lugar civilizado del planeta esta gente estaría toda procesada, empezando por el presidente, el partido ilegalizado y disuelto y convocadas nuevas elecciones para que la gente pudiera elegir políticos menos sinvergüenzas.

¡Ah, pero esto es España! Una "gran nación", según el Sobresueldos.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Miércoles con la redada de la Operación Taula en Valencia, que salpica a Rita Barberá y deja tiritando al PP y a Rajoy de cara a la formación de Gobierno el día que el Rey reinicia los contactos.
Casualidad o no, el lastre se acumula en estos momentos críticos a estas otras líneas simultáneas de corrupción: Caso Acuamed en el que entra en liza Arias Cañete, malversación en Mercamadrid, Bárcenas, nueva cita judicial a Rodrigo Rato...
Portadas y grandes titulares inundados por estas tramas, sus consecuencias y lo último en movimientos poselectorales: Felipe González no publica su esperado artículo en El País pero come con embajadores europeos y se filtra su apuesta de Gobierno PP-C's con abstención del PSOE; ex ministros de la Fundación España Constitucional proponen la gran coalición que evite repetir las elecciones; y Podemos se sube por las paredes tras lo que denomina 'cacicada' al ser relegados al gallinero en el reparto de escaños.
Otros ejes informativos: el Tribunal Supremo dice que hay que devolver el céntimo sanitario; el TC también estudia la última concesión de canales de TDT por si la adjudicación a Atresmedia y Mediaset fomenta el duopolio; Guindos anuncia que la EPA de mañana será ‘la más intensa de la historia’; el gasto en pensiones bate en enero todos los récords con 8.384 millones; y el déficit público a noviembre es del 3,87%.

21-D...
Vozpopuli: Pataleta en Ferraz: El PSOE acusa a Felipe VI de favorecer a Rajoy en los tiempos de la investidura (Federico Castaño). Otro titular: Se estrecha el cerco a Barberá: cinco conversaciones y cinco imputados la salpican en la Operación Taula (Marina Alías). ABC: González aboga por un Gobierno PP-C’s con abstención del PSOE: el referente socialista rechaza cualquier pacto con Podemos, mientras casi 40 ex ministros apuestan por ‘una gran coalición de dos o más partidos constitucionalistas’. Libertad Digital: Rajoy intenta transmitir firmeza contra la corrupción, pero en el PP preocupa Rita Barberá (Pablo Montesinos). Periodista Digital: La corrupción cae como una bomba sobre las negociaciones entre PP y C's. Europa Press: Exministros de PSOE y PP piden un Gobierno de amplio respaldo y una reforma de la Constitución en dos años.
El País: La corrupción le estalla al PP en plena negociación de los pactos: una nueva trama en Valencia apunta a Rita Barberá; el caso dificulta la negociación entre Rajoy y Rivera (J.J.Mateo y N. Junquera). Otro titular: Un informe municipal denuncia malversación en Mercamadrid: el documento, al que ha tenido acceso El País, sugiere la comisión de delitos en la época en que Botella fue alcaldesa (José Antonio Hernández). Otro titular: Entrevista a Cristina Cifuentes: ‘¿Por qué se va a ir Rajoy y no Sánchez? Me parece injusto (Rafa de Miguel). Otro titular: Polémica por la asignación de los peores escaños a Podemos (Fernando Garea). El Español: Al menos 4 contratos de Barberá por 75 millones, bajo sospecha (Daniel Montero y Carlota Guindal).
La Razón: El PP expulsa en horas a los detenidos en Valencia para salvar los pactos con C’s; la Policía arresta a 24 implicados, entre ellos el ex presidente de la Diputación, Alfonso Rus, por cobro de ‘mordidas’; Rivera pide negociar si hay un pacto anticorrupción (Carmen Morodo). Otro titular: Felipe González presiona a Sánchez para que deje gobernar a Rajoy y no se apoye en Podemos: traslada a los embajadores en España de la UE su preocupación por que el PSOE se alíe con los populistas; ex ministros del PP, PSOE y UCD piden un Gobierno de ‘gran coalición’. Otro titular: El Comité Federal del PSOE dará vía libre a un 'pacto imposible': los barones permitirán a Sánchez intentar formar Gobierno con Podemos para que, si fracasa, la responsabilidad sea de Iglesias (Toni Bolaño).

ECONOMÍA
Capital Madrid: España, con ayuda de Draghi, convence a los inversores: el Tesoro consigue colocar más deuda de la prevista (José Hervás). Libertad Digital: España incumple el objetivo de déficit en 2015 y tendrá que aplicar ajustes extra en 2016: las cuentas públicas arrojarán un déficit próximo al 5% del PIB en 2015, casi 10.000 millones de euros por encima de lo previsto (Javier G. Echegaray y Manuel Llamas. El Economista: El Supremo investiga el reparto de las TDT por fomentar el duopolio: admite a trámite un recurso de los anunciantes por los canales a Mediaset y Atresmedia (Eva Díaz y Javier Romera).
El Confidencial: Alerta máxima en las empresas ante una derogación de la reforma laboral (Carlos Sánchez). Expansión: Las operaciones corporativas caen a mínimos de 20 años: parón inversor por la incertidumbre política. El Mundo: Declaramos nada que declarar: los agentes sociales pactan como declaración conjunta guardar silencio (Carlos Segovia). Otro titular: Los 'contratos ocultos' elevan al triple el déficit de Cataluña: El agujero alcanzó en noviembre el 2,21% del PIB, frente al 0,7% previsto (Francisco Núñez). Otro titular: Las 200 mayores fortunas de España, un 16% más ricos en 2015 (José F. Leal).

EMPRESAS
El Confidencial: Cañete ignoró un informe interno que indicaba que Acuamed no pagara a FCC (Rafael Méndez). El País: Caso Acuamed: Arias Cañete ignoró un informe de su ministerio contrario a compensar a FCC; el ex ministro de Agricultura se reunió con la constructora para abordar este acuerdo y pidió a la Abogacía del Estado que buscara si tenía encaje legal (M. Planelles y J.A. Hernández). El Economista: La UE revisa si Acuamed usó irregularmente fondos europeos por 660 millones: el caso, en manos de la Oficina Antifraude (Jorge Valero). Otro titular: Los acreedores acusan a Abengoa de no darles el plan de viabilidad: la empresa afirma lo contrario ante la CNMV.
Vozpopuli: Alerta entre las empresas proveedoras de Abengoa: en tres meses vencen 300 M (Alberto Ortín). El Mundo: La crisis de Abengoa eleva a 800 millones sus impagos a proveedores (Víctor Marínez). Expansión: Repsol evalúa las provisiones por la caída del precio del crudo. Capital Madrid: Endesa lanza su nueva marca para adaptarse a los retos que esperan al sector eléctrico: el cambio de imagen se enmarca dentro del plan estratégico, con inversiones de 4.400 millones hasta 2019 (Julián González). Cinco Días: Enel y Endesa presentan en Madrid su nuevo ‘look’ mundial (Carmen Monforte). Otro titular: Renault opta a un nuevo modelo para Valladolid y más inversión en España (Noemí Navas).

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: Capital Madrid: Los March 'barren' todo el papel de BME y acumulan un 1% adicional en enero: aprovechan la corrección del holding para llegar hasta alrededor del 11% del capital y ya es el primer accionista (Quesada Vargas). Otro titular: Ana Botín recompensa con creces al creador de la cuenta 1/2/3, Rami Aboukhair (José Luis Marco). Economía Digital: El sapo que deberán tragarse los compradores de BPA: comienza el traspaso de los activos y del personal de la banca a Vall Banc, la entidad puente que las autoridades andorranas subastarán a finales de febrero con dudas crecientes sobre la operación (Josep Maria Casas). Confidencial Digital: Grandes del Ibex arremeten contra Mafo por llamarles ‘franquistas’: el ex gobernador del BdE asegura en su nuevo libre que el CEC hereda la cultura empresarial de la dictadura.

OTROS TITULARES DESTACADOS
Cinco Días: Wanda contacta con varias consultoras para vender el Edificio España. Otro titular: Carmena: ‘Seguimos negociando con Wanda’ (Alfonso Simón Ruiz). Libertad Digital: Carmena da otra opción a Wanda para que no abandone Edificio España (Beatriz García). El Economista: Wanda se fija en Málaga ante sus problemas con el Ayuntamiento de Madrid (Alba Brualla). Expansión: El Atlético de Madrid se financia en Wall Street. OKdiario: Pablo Iglesias vive en una VPO ilegal pese a que gana más de 107.000 euros al año (M.A. Ruiz Coll). El Periódico: ERC desautoriza la hoja de ruta de Puigdemont: primeras diferencias en la coalición de gobierno; Esquerra se aferra a la declaración de independencia (Xabier Barrena, Roger Pascual y Fidel Masreal).

OPINIONES
Editorial en El País: ‘Perversión de la política; Mariano Rajoy debe someterse esta vez a la votación de investidura o renunciar sin dilación’. Manuel Jabois en el mismo diario: ‘¿Llorar por los viejos tiempos? El PP empieza a tener más gente defendiéndose en el banquillo que trabajando en los gobiernos’. Xavier Vidal-Folch en el mismo diario: ‘Una propuesta para Cataluña: el inmovilismo acrecienta el secesionismo; la reforma constitucional federal es adecuada pero tardía; urge un paco previo de blindaje catalán, en forma de disposición adicional rápida, como propuso Herrero de Miñón’. Otro editorial: ‘Supervisión eficaz: hay que revisar el sistema español de vigilancia de las instituciones financieras y homologarlo al que rige en las economías más avanzadas’.
Editorial en La Razón: ‘Sánchez debe sumarse al diálogo entre Rajoy y Rivera’. Editorial en El Imparcial: ‘La gran corrupción sigue minando al PP’. Editorial en El Mundo: ‘Rajoy puede pagar ahora por su tibieza contra la corrupción’. Editorial en La Vanguardia: ‘Corrupción sin fin en Valencia’. Editorial en El Periódico: ‘Redada contra el PP valenciano’. Editorial en El Español: ‘’¿Por qué consintió el lodazal valenciano, señor Rajoy? Editorial en ABC: ‘Ex ministros unidos por España: la Fundación España Constitucional apela a que C’s, PSOE y PP reediten el ‘espíritu de la Transición’. Otro editorial: ‘La maldición del Partido Popular’. Manel Manchón enEconomía Digital: ‘¿Y si Mafo tiene razón con su obsesión por De Guindos?’. Carlos Carnicero en el mismo medio: ‘De las pataletas de Podemos al ingenuo Sánchez’.

'Podemos' pide la comparecencia de Barberá en las Corts para que explique "su presunta vinculación" con el caso

VALENCIA.- El portavoz de Podemos en las Corts, Antonio Montiel, ha pedido la comparecencia de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para que explique "cómo afecta su presunta vinculación en el caso Imelsa a su cometido como senadora".

Montiel, en un comunicado, ha señalado que "la condición de la señora Barberá como alcaldesa responsable de los nombramientos de los ahora investigados compromete la imagen de la Comunidad Valenciana en el Senado" y, por ello, ha solicitado la presencia y declaración de la exprimera edil en comisión parlamentaria.
El síndic de Podemos quiere que comparezca para que explique "de qué manera su presunta vinculación al caso Imelsa afecta al ejercicio de su cargo de senadora en representación de los intereses públicos de los valencianos y valencianas" y "qué decisiones piensa tomar en consecuencia".
"Hay personas vinculadas a Rita Barberá en su etapa como alcaldesa y, por tanto, es importante que la señora Barberá tenga posibilidad de explicarse", ha dicho Montiel, quien ha añadido que "ella fue quien las nombró y por tanto quien tiene la posibilidad de aclarar cualquier aspecto relacionado con la actividad que desarrollaron".
El síndico del grupo parlamentario Podemos efectúa esta petición en base al artículo 16.2 de la ley 9/2010 de Designación de Senadores y Senadoras en representación de la Comunidad Valenciana y el articulo 168 del Reglamento de las Corts Valencianes.

Rajoy señala que mientras no se acuse a Barberá o a Gerardo Camps "están absolutamente limpios"

MADRID.- El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha señalado este miércoles, preguntado por si tomará medidas contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá o el diputado Gerardo Camps en caso de ser imputados, que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están "absolutamente limpios".

"Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", ha proclamado, si bien ha reiterado que cualquier persona acusada será apartada del partido.
Asimsimo, ha subrayado, en una entrevista en Telecinco, que las detenciones que afectan a exaltos cargos del PP que se han producido en Valencia "demuestran que no hay impunidad" y que las instituciones funcionan. "El PP ha sido y seguirá siendo implacable", ha enfatizado.
Tras reconocer que los casos de corrupción son lo que "más daño" ha hecho al PP ante las elecciones, ha apostado por tomar más medidas para evitar que se repitan los casos de corrupción en el futuro. "Cualquier persona del PP que se vea involucrada será apartada inmediatamente", ha proclamado.
Además, ha asegurado este miércoles que los recientes casos de corrupción "no tienen por qué dificultar" las negociaciones que ha abierto para intentar formar gobierno, y ha recalcado que su formación ha sabido "reaccionar" y ha sido "implacable" ante los casos de corrupción. Además, ha dicho que cualquier persona involucrada en una irregularidad será "apartada" del PP.

martes, 26 de enero de 2016

El Consell destaca que ha reducido el déficit pese al "desfase entre ingresos y gastos" del anterior Gobierno

VALENCIA.- La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha destacado este martes que el actual Gobierno valenciano consiguió en noviembre pasado reducir la cifra del déficit de 2015 con respecto al mismo periodo de 2014.

La minoración, sin tener en cuenta los anticipos otorgados por el Ministerio, es del 0,08 por ciento del PIB y se produce "pese a que los anteriores responsables dejaron el Consell con un desfase entre los ingresos y gastos hasta junio del 1,38 por ciento, 1.391 millones de euros, cuando el límite anual para ese ejercicio era del 0,7 por ciento".
Así lo ha indicado Ferrando en un comunicado tras conocer la información hecha pública este martes por el Ministerio de Hacienda, según la cual el déficit de la Comunitat Valenciana hasta noviembre se situó en el 1,92 por ciento del PIB, con lo que se situó como la tercera región con mayor porcentaje, superada sólo por Cataluña y Murcia.
Clara Ferrando ha subrayado "los esfuerzos que se están haciendo desde la Generalitat para poner en orden las cuentas autonómicas, tras el desbarajuste de los anteriores gestores".
En concreto, las cifras difundidas por el Ministerio señalan que el Consell, a 30 de noviembre de 2015, registró un déficit del 1,92 por ciento del PIB --1.938 millones de euros--. Esta cifra es inferior a la certificada para el mismo periodo de 2014, tal como muestra el informe completo del ministerio, en el que se distinguen los datos con anticipos y sin anticipos.
Sin los adelantos que el Gobierno concedió al anterior Consell y que seguían vigentes en noviembre de 2014, el déficit entonces alcanzó el 2,00 por ciento (1.948 millones). Si no se incluyen los anticipos (93 millones), el déficit de noviembre de 2014 se situaría en el 1,90 por ciento (1.855 millones).
La secretaria autonómica de Hacienda ha subrayado que estos datos han sido posibles, "a pesar de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, pese a que los anteriores gestores son responsables de casi las tres cuartas partes del déficit alcanzado en noviembre, toda vez que el 1,38 por ciento de desfase existente en junio concentraba el 72 por ciento de todo el déficit en los once primeros meses del ejercicio".
Ferrando ha recalcado que "las comunidades de diferente signo político estamos por el principio de estabilidad de las administraciones, pero nosotros no tenemos por qué asumir el ritmo que se nos quiere imponer y que comporta un sufrimiento adicional para una inmensa mayoría de familias".
"Hemos demostrado que estamos por cumplir pero no con estos ritmos", ha insistido, para reiterar su exigencia de "una reforma del sistema de financiación autonómica con el fin de garantizar unos recursos que cubran los servicios públicos fundamentales de los valencianos en condiciones de igualdad con el resto de españoles".
"El Gobierno reconoce que estamos infrafinanciados pero luego no hace nada para paliarlo, nos condena a los préstamos del FLA y encima ahora pretende cobrarnos intereses por esos préstamos", ha aseverado Ferrando.

Dirigentes del PP, ex altos cargos de la Diputación y dos personas de confianza de Rita Barberá, los detenidos en Valencia

VALENCIA.- La operación anticorrupción bautizada como "Operación Taula" que hoy se está desarrollando en Valencia contra altos cargos del PP se ha saldado, de momento, con varios detenidos entre los que se encuentran destacados dirigentes del partido en la provincia.

Entre los arrestados del "caso Imelsa" está el expresidente de la Diputación de Valencia (2007-2015) y del PP provincial (2004-2015), Alfonso Rus, que ha sido detenido en la empresa familiar que tiene en el Polígono Industrial de Xátiva, su localidad natal y de la que fue alcalde desde 1995 hasta 2015. Durante la mañana, la Guardia Civil seguía registrando el domicilio del otrora presidente del PPCV en presencia suya y en compañía del Fiscal Anticorrupción. Fue quien nombró a Marcos Benavent como gerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa.
Otro de los capturados en la redada es el alicantino Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exsecretario autonómico de Educación. El sospechoso también fue delegado de la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), dependiente de la Generalitat. Caturla, que estaba considerado como "mano derecha" de Rus, renunció a todos sus cargos (también era miembro del consejo de Administración en las empresas públicas Girsa, Egevasa e Imelsa) el pasado mes de mayo, después de que el PP aceptara su solicitud de suspensión cautelar de militancia y funciones. Entonces, se incorporó a la empresa privada. En unas grabaciones aparecería dialogando con Benavent sobre el cobro de comisiones por adjudicación de contratos.
Entre los arrestados en la redada de hoy también se encuentra el exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina. Éste formaba parte del núcleo duro de Rus, tanto en la entidad provincial como en el partido, donde hasta hoy mismo aún era responsable de Organización. En la actualidad era asesor del grupo popular en la Diputación. También estaba considerado, como Caturla, "mano derecha" del expresidente del PPCV.
Emilio Llopis, exalcalde de Genovés, exjefe de gabinete de Alfonso Rus y actual asesor del grupo municipal en la Diputación de Valencia, también figura entre los detenidos de hoy en la "Operación Taula". Sobre él se difundió una supuesta conversación suya con Benavent en la que se hablaría de obtener dinero de un proyecto urbanístico.
María José Alcón, exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia junto a Rita Barberá y que en los últimos tiempos, antes del relevo en el gobierno municipal, también fue asesora de ésta en la Alcaldía, es otra de las arrestadas en la redada de hoy. Fue suspendida de militancia en mayo, tras conocerse unas grabaciones según las cuales cobró supuestamente comisiones en 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia. Alcón también es la esposa del que fuera vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos.
Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia desde 1991, es otra de las arrestadas hoy. Se trata de una persona de confianza de la exalcaldesa Rita Barberá. Durante la redada, la Guardia Civil ha registrado las instalaciones del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano desde media mañana.
El exdiputado del PP en las Cortes valencianas y exsecretario autonómico de Educación David Serra está, asimismo, entre los detenidos de hoy. El exdiputado está también imputado en el 'caso Gürtel', en concreto en la pieza que investiga la supuesta financiación irregular del PP valenciano.      

Sánchez busca en su grupo parlamentario el apoyo que le niegan los barones / José Hervás *

Otra nueva semana llena de incertidumbres de cara a dilucidar si algún partido del arco parlamentario nacional contará con los apoyos suficientes para formar Gobierno, o si por el contrario, aparecerá más claro que la solución al impasse actual pasa porque Mariano Rajoy ceda el puesto para que lo intente Pedro Sánchez o por convocar nuevas elecciones generales.

Con mucha pro­ba­bi­li­dad, las in­cer­ti­dum­bres no que­darán re­sueltas en los pró­ximos siete días, pues el Rey no podrá to­davía pro­poner un can­di­dato para que se so­meta a la se­sión de in­ves­ti­dura hasta que haya re­ci­bido de nuevo a todos los re­pre­sen­tantes que de­signen los par­tidos po­lí­ti­cos, y no los habrá oído ni co­no­cerá la res­puesta del primer can­di­dato al de­bate, el pre­si­dente del Partido Popular, hasta que lo vea de nuevo el viernes por la tarde.

La in­cer­ti­dumbre no es buena para la eco­no­mía. Como alerta el mi­nistro de Economía en fun­cio­nes, Luis De Guindos, los in­ver­sores temen un go­bierno que re­vierta las re­for­mas. La úl­tima subasta de deuda, en la que no se pudo co­locar todo el papel ini­cial­mente pre­visto, le es­taría dando la razón de lo que po­dría su­ceder si no lo­grá­ramos un go­bierno que tran­qui­lice a los mer­ca­dos.

Ante la cada vez más po­sible al­ter­na­tiva de que Pedro Sánchez sea quien se pre­sente a la se­sión de in­ves­ti­dura, éste está tra­tando de ob­tener el apoyo ex­plí­cito y uná­nime del grupo par­la­men­ta­rio, para vencer la re­sis­tencia de al­gunos de los ba­rones a la po­si­bi­lidad de que cuente con el apoyo en­ve­ne­nado de Podemos y de al­gunos par­tidos na­cio­na­lis­tas. Así, el mar­tes, a me­dio­día, ha con­vo­cado al Grupo Parlamentario Socialista del que es­pera su apoyo sin fi­su­ras. Pese a ello, no se es­pera que haya un solo día sin so­bre­saltos antes de que llegue el fin de se­mana.

Por otra parte, ni las en­cuestas ni las de­cla­ra­ciones de los lí­deres pa­recen ayudar a aclarar el fu­turo. Si nos ate­nemos a los son­deos, el úl­timo de ellos, el del diario El País, pu­bli­cado este do­mingo, pa­rece que es­tamos abo­cados a que se ce­le­bren nuevas elec­cio­nes.

Según este dia­rio, el 49% de los es­pañoles pre­fe­riría un Gobierno pre­si­dido por el PP con apoyo del PSOE y Ciudadanos, mien­tras que el 44% lo re­cha­za­ría. Cuando se pre­gunta en el sondeo por un go­bierno de pro­greso pre­si­dido por Pedro Sánchez, el apoyo al mismo cae al 36%, mien­tras que un 58% lo re­chaza.

Y añade el sondeo otro dato re­ve­la­dor: el 62 % de los es­pañoles con­si­dera que la si­tua­ción de la crisis po­lí­tica ac­tual ten­dría más fácil sa­lida sin Rajoy y el 50 % sin Pedro Sánchez. Esto ha lle­vado el diario del Grupo Prisa a pedir en dos edi­to­riales con­se­cu­tivos que tanto Rajoy como Sánchez den un paso al lado para fa­ci­litar la go­ber­na­bi­lidad del país y dejen a otros lí­deres de sus par­tidos que al­cancen los acuerdos que ga­ran­ticen la go­ber­na­bi­lidad de España.

No pa­rece que ni uno ni otro vaya a ha­cerlo en las pró­ximas ho­ras. Los nú­mero dos de los res­pec­tivos par­ti­dos, Cospedal y Luena, han vuelto a ha­blar este do­mingo para man­te­nerse en sus ideas ini­cia­les. El PP pro­pone un go­bierno de gran coa­li­ción: PP, PSOE y Ciudadanos. Y el PSOE, lo re­chaza, pero las alianzas po­si­bles ten­drían muy di­fícil con­se­guir las re­formas cons­ti­tu­cio­nales que han anun­ciado si no cuenta con el apoyo del PP, cuyos 123 dipu­tados po­drían vetar esas re­for­mas.

Por ello, los po­pu­lares han ha­blado a través de su se­cre­taria ge­ne­ral, María Dolores de Cospedal, quien ha de­fen­dido en Guadalajara la idea de una “necesaria se­gunda Transición”, fruto del acuerdo entre los ‘partidos cons­ti­tu­cio­na­listas mo­de­ra­dos’.

La ne­ga­tiva ha ve­nido de nuevo del lado de los so­cia­listas por parte de su se­cre­tario de Organización, César Luena, para quien “ahora es el mo­mento de Rajoy, le toca a Rajoy, no puede es­con­der­se”. Si llega el mo­mento “Pedro Sánchez va a estar dis­puesto para que haya un cambio pro­gre­sista y re­for­mista, que sirva a la ma­yoría de los es­paño­les". Es de­cir: sin Mariano Rajoy, a quien volvió a re­cordar que se trata del pre­si­dente del primer par­tido impu­tado en España por co­rrup­ción.

(*) Periodista

'Caso Acuamed': el mayor 'pelotazo' de la trama acumula 227 millones en sobrecostes

MADRID.- Un documento incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' desglosa las millonarias pérdidas que provocaron a "la cuenta de resultados" de la sociedad estatal las numerosas irregularidades en la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante) por parte de Acciona, según adelanta http://vozpopuli.com

No sólo fue el mayor 'pelotazo' de la trama, sino también el que mayor perjuicio económico ha provocado al erario. Un documento elaborado por los trabajadores de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) que denunciaron en 2014 las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura detalla que la desaladora de Torrevieja (Alicante) ha terminado provocando un 'agujero' de más de 227 millones de euros entre sobrecostes de inversión "por mala gestión" y los causados por la explotación ineficiente de la misma. 
El informe, que se ha incorporado al sumario y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que la construcción de la instalación también se salió de lo presupuestado y el precio final se vio incrementado en más de un 18% hasta los 219 millones de euros, sin IVA. El contrato, ganado por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua, es uno de los seis que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha incluido en la investigación de la 'Operación Frontino' que se saldó con 13 detenidos la semana pasada.
El propio magistrado destacaba en el auto del pasado miércoles por el que envió a prisión a cinco de los arrestados que esta instalación, que entró finalmente en servicio en 2015, estaba llamada a ser "la mayor de Europa" por su capacidad de producción de 240.000 metros cúbicos al día. El valor de su adjudicación en agosto de 2006 así lo corroboraba: más de 185 millones de euros, sin IVA, que iban a ser financiados en parte por la Unión Europea (UE). 
Sin embargo, ese precio se quedó pronto corto. Según refleja un informe elaborado por los trabajadores de Acuamed en 2013, siete años después de que se fallara el concurso, ya hubo en 2011 un modificado del precio final de más de 34 millones de euros, un 18,38% del valor inicial. De este modo, el valor final de la instalación se situaba en 219,4 millones que los técnicos consideraban "debería ser ya el precio final de una instalación eficiente". Se equivocaban.
De hecho, aquel fue sólo el primer varapalo económico que, como se encargaba de recalcar un documento que fue remitido al Consejo de Administración de Acuamed en abril de 2014 por Francisco Valiente, el directivo que denunció los amaños y fue despedido, tuvo consecuencias económicas mucho más graves para la "cuenta de resultados" de la propia sociedad estatal. Así, el informe detallaba que cuando éste se redactó ya había millonarios "sobrecostes en la inversión por mala gestión". 
En primer lugar, la pérdida de 55 millones de fondos europeos que debían haber servido para financiar parte de la obra. En segundo lugar, otros 27,4 millones por lo que se calificaba de "inversión con defectos o inoperativa". A ellos, sumaba otros 17 millones que reclamaba en un primer momento Acciona en concepto de "liquidación". Y, finalmente, otros 24,3 millones en "reclamaciones sobrecostes".
En total, 123,8 millones de euros, a la que los autores del estudio añadían una última partida: "Sobrecostes en la explotación provocados por la mala gestión". Se refierían al gasto energético necesario para el funcionamiento de la planta desaladora que no tuvo ninguna utilidad y que se elevó a 103,5 millones, según sus cálculos. Una cuantía que elevaba el cúmulo de pérdidas por encima de los 227 millones de euros. Un millonario 'agujero' que vino acompañado de graves irregularidades en el desarrollo de las obras, según destacaba el auto del juez Eloy Velasco del pasado 20 de enero. En el mismo, el magistrado señalaba que fue, precisamente, "la presión de pretender cobrar fondos europeos" lo que llevó a la dirección de Acuamed a dejar "libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos conniventes que ésta estaba acabada cuando no era así". Faltaban "ajustes, remates, había bombas con fisuras...".
Todo ello llevó a Acciona a reclamar una liquidación que "implicaba causar a la Administración 3 millones de euros de perjuicio". De hecho, el juez afirmaba que para ello, la empresa adjudicataria planteó "discrepancias en mediciones que eran mentira" y que se referían a diques y emisarios. El objetivo de la compañía, dos de cuyos altos directivos fueron detenidos por la Guardia Civil, era alcanzar esa cifra "mediante liquidaciones y reclamaciones basadas en partidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones irreales". 
Pretendían facturar a la sociedad estatal 17 millones de euros de más (cifra que el informe de los trabajadores de Acuamed recogen en la partida "reclamaciones liquidación") aunque al final lo dejaron en 10 millones. Unas cifras infladas que provocaron que los técnicos de Typsa, la empresa que se encargó de la supervisión técnica de las obras, se negaran a firmar la liquidación final de los trabajos presentada por Acciona. Uno de ellos así lo declaró la semana pasada en la Audiencia Nacional.

Sin referéndum no hay salida / Ramón Cotarelo *

Por enésima vez: no hay una "cuestión catalana"; hay una "cuestión española".

Como sabíamos desde el inicio de 2015, un año con cuatro consultas electorales, lo decisivo en todas ellas sería Cataluña. Así ha sido y sigue siendo. Y agravado. Sin resolver el problema en Cataluña, España no es gobernable. Y ahora, para mayor claridad, desde las elecciones del 20D, el gobierno del país depende de los partidos independentistas catalanes, ERC y DiL.  
Hace cuatro o seis años, esta situación no hubiera sido un problema grave porque los nacionalistas  no eran entonces tan claramente soberanistas. Los últimos cuatro años del infame desgobierno de una partido corrupto, dirigido por una persona a todas luces indigna de ocupar el cargo, han convertido a los nacionalistas en independentistas y aumentado la cantidad de estos en Cataluña hasta la mitad del electorado. Antes los catalanistas solían achantarse. Ahora, no; ahora no se achantan; ni se callan. Piden un referéndum de autodeterminación. Y van a hacerlo.

Sin en ese referéndum, España es ingobernable.

¿Cómo hemos llegado aquí? Por la fabulosa incompetencia de una clase política que, una vez más, está a la bajura de la tradición histórica de la oligarquía española, cuya estupidez, egoísmo y ceguera son proverbiales. Todo este vodevil de los pactos y las coaliciones; todas las triquiñuelas de registrador de Rajoy, las ansias de niñato de Iglesias, los titubeos de burócrata de Sánchez, sirven para que los periodistas se las den de enterados sin que sepan de la misa la media, como los mismos protagonistas ya que, si los 17 diputados de Junts pel Si, votan en contra, en España no puede haber gobierno de izquierda alguno, pues no da la aritmética y solo unos gobiernos de derecha que llevarían al sistema al colapso.

Con el voto en contra del independentismo catalán solo hay cuatro fórmulas posibles y todas de derechas: un gobierno de gran coalición (PP y PSOE), uno de "concentración nacional" (PP, PSOE y C's) y dos minoritarios de la derecha (uno del PP y otro del PP y C's) y estos dos últimos, solo contando con la abstención del PSOE. Los cuatro simbolizarían el colapso de la segunda restauración por la desnaturalización de la política parlamentaraia, la falta de perspectivas y la incapacidad de evitar el choque con Cataluña que España no puede reprimir porque la UE no la dejará.

Mientras PP, PSOE y C's sigan aferrados al "no" al referéndum catalán, la única alternativa al escenario anterior serían nuevas elecciones. Según los gurús al uso estas serían desaconsejables porque su resultado no diferiría de la situación actual. No sé de dónde sacan esa conclusión. El resultado puede ser mucho peor que el actual. El partido de Iglesias puede estallar. Los andaluces no quieren ser menos que los catalanes de En Comú Podem y también piden "voz propia" en el grupo parlamentario de Podemos. O estos entran pronto en el gobierno (de ahí sus prisas frenéticas por pillar ministerios) o, al final, a Iglesias le va a quedar un grupo de cuatro incondicionales.

La pregunta obligada es: ¿por qué se empecina el PSOE en negar el referéndum catalán que, sin embargo, es compatible con sus antiguos documentos programáticos de la época anterior a Suresnes? A estas alturas del debate, vistos todos los argumentos doctrinales, políticos, jurídicos, históricos, etc, está claro que la única razón por la que el PP, C's y el PSOE se oponen al dicho referéndum es la razón de la fuerza. No porque no.

Debiera darles vergüenza, al menos a los socialistas. ¿No creen estos que España es una nación y, probablemente, muchos  ellos coincidan con el de los sobresueldos en que es una "gran nación"? Pruébenlo. Una gran nación, como el Canadá o la Gran Bretaña, no tiene miedo a reconocer el derecho de autodeterminación de sus naciones integrantes. Y estas, pudiendo decidir, no se separan. ¿Por qué no puede ser igual en España? Porque los nacionalistas españoles, en el fondo, desconfían de la nación que predican, no creen en ella y se malician que perderían el referéndum. Son falsos e hipócritas. Por ello prefieren mentir y obligar a las naciones del Estado español a permanecer en él en contra de su voluntad antes que correr el riesgo de que se descubra su superchería, que dura siglos.

Esa desconfianza, ese miedo cerval a quedarse sin un país heredado, tradicionalmente maltratado y administrado como un cortijo, los lleva a creer que, si se presentan a las elecciones en España con el referéndum catalán en el programa, las perderán. Tienen miedo. No se atreven. 

Las naciones no se han hecho nunca con cobardes. Confíen en el electorado español que es mayor de edad, demócrata e ilustrado. Incluyan el referéndum catalán en sus programas. Pruebe Podemos y haga pedagogía de la necesidad del referéndum. Ojalá el PSOE se liberara del peso muerto de sus dirigentes más reaccionarios y tuviera el valor de incluirlo igualmente, con la misma pedagogía. De ser eso así, esas elecciones serían tan plebiscitarias como fueron las del 27 de septiembre de 2015 en Cataluña; serían ese referéndum a nivel de toda España sobre la autodeterminación de Cataluña que los nacionalistas españoles (esos que dicen no ser nacionalistas) usan siempre para boicotear una salida civilizada y democrática a la cuestión catalana  que, repito, es la cuestión española. 

De esta forma también se desbloquearía la situación y se abriría la posibilidad de un referéndum vinculante catalán con una pregunta negociada con el Estado. Dicho sea, de paso, en memoria del recientemente fallecido jurista Francisco Rubio Llorente, quien aconsejaba asimismo la celebración de ese referéndum.

Y esto no sería una "segunda transición", esa tontería que repiten los políticos españoles incapaces de ver un palmo más allá de sus intereses personales. Sería algo mucho más profundo y duradero. El comienzo de la solución del viejo contencioso territorial que tiene al país postrado hace 300 años.

 IIª transición: el carcunda, el petulante y la cínica

La transición, la famosa transición, como todos los empeños humanos, no fue modélica, pero acabará reconociéndosele tal condición si siguen los desaforados ataques que sufre y se continúa propugnando su superación no a base de enterrarla bajo el manto de la crítica y el olvido sino, paradójicamente de propugnar una reedición en forma de IIª transición. No sé si quienes la postulan tienen base lógica para criticar la primera cuando quieren repetirla.

He oído invocar la necesidad de la IIª transición a tres personas muy significativas: Aznar, Pablo Iglesias y María Dolores Cospedal.

Aznar, desde su espíritu de carcunda, falangista independiente y franquista por convicción y destino, estuvo siempre en contra de la primera transición. El Estado autonómico le parecía una charlotada y, para mostrar su apego al franquismo se afilió a Alianza Popular, luego PP, un partido fundado por el ministro de propaganda de Franco, Fraga Iribarne. Para acabar con la democracia de la Iª transición se inventó una IIª que solo existía en su cabeza y en la de su aliado en los años noventa, Anguita, con quien fraguó una pinza que trataba ante todo de destruir a Felipe González y al PSOE, al que ambos odiaban. Como sé que quedan algunas gentes aún convencidas de que no hubo aquella más que evidente pinza, les aconsejo escuchar la entrevista de 2012 de Periodista Digital a Cristina Almeida, por aquel entonces afiliada al PCE y a IU que lo explica con toda claridad en el minuto 28:20.

Dispuesto a tomar el relevo de Anguita (no en la pinza pero sí en el deseo de aniquilar al PSOE por sorpasso), Iglesias habla de otra IIª transición. Es imposible saber si es la de Aznar porque ninguna es real sino un mero flatus vocis demagógico, pero sí apunta a su objetivo: la Iª transición, que ahora es el régimen turnista. Las propuestas del líder de Podemos rebosan petulancia, pedantería, bisoñez y afán por desplazar al PSOE. Algunos dirigentes de este se han sentido molestos y hablan de "humillación" y "chantaje". Son vagidos de impotencia. En la política no hay sensiblería (salvo si da votos) y los de Podemos hacen bien en apretar. Es su derecho. Y el PSOE, en lugar de quejarse, debe responder ganando a su adversario, cosa que se consigue con relativa facilidad. Basta con decirle que respete los tiempos antes de aplicar su receta de un descarnado "quítate tú para que me ponga yo".

Recientemente, Cospedal ha enarbolado la misma bandera de Aznar e Iglesias de la IIª transición. Por supuesto, es un ejercicio de cinismo que supera el que la señora se ha gastado en estos atroces cuatro años que ha infligido a los castellano-manchegos. IIª transición, en realidad como recuperación de la primera, con su espíritu de diálogo, consenso y acuerdo. Es imposible imaginar cara más dura cuando se recuerda cómo ha tratado a patadas a todo el mundo en la región, ha menospreciado a la oposición, dejado sin servicios sociales a los más necesitados, amparado todo tipo de chanchullos y presuntas corrupciones, protegido una pandilla de auténticos facinerosos que pasaban por periodistas, regiamente pagados con el dinero de todo pero a su exclusivo servicio.

Ninguna de las tres peticiones de una IIª transición pasa de ser una consigna para fieles pero las dos últimas, la del petulante y la cínica tienen un elemento en común: las dos tratan de forzar la mano al PSOE que, guste o no al heredero de Anguita y la heredera de Aznar, es el partido de la centralidad política y el que, a pesar de su desastroso resultado electoral del 20D es imprescindible en cualquier fórmula de gobierno. Y ninguno de los dos atina ni de lejos con el tono que debería utilizar para convencer a quien necesita de que se avenga a ir a su lado: el petulante menosprecia, insulta y provoca y la otra, adula, miente y amenaza. Los dos dicen querer gobernar con el PSOE, pero lo que en el fondo quieren los dos es destruirlo.

Ignoro si el PSOE "estará a la altura" (que no es la que Iglesias le señala con aviesa intención) porque en él proliferan los barones y gerifaltes de antaño, todos con más conchas que los galápagos, empeñados en batallas internas, sin proyecto, sin ideas, sin respuestas y que pueden hacer mucho daño. Sobre todo a una estructura de dirección que ha improvisado bastantes soluciones pero arrastra un complejo agudo por su falta de audacia en los cuatro años pasados en una oposición subalterna y que se hacen notar hoy en su carencia de originalidad e iniciativa.

No habrá IIª transición pero sí es posible que haya nuevas elecciones para resolver una disfunción temporal de la Iª.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

'Fenadismer' aplaude que el Supremo reconozca la culpa del Estado en el 'céntimo sanitario'

MADRID.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha manifestado públicamente su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo en el que reconoce la culpa del Estado en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, popularmente conocido como 'céntimo sanitario'.

En una nota de prensa, Fenadismer considera "un triunfo del Estado de Derecho" esta sentencia, que ha dado la razón a miles de reclamaciones presentadas. "Es un claro ejemplo de que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estamos sometidos al mismo ordenamiento jurídico en todas nuestras actuaciones", ha dicho.
Los recursos que ha admitido el Supremo se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que a instancias del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fueron rechazando las miles de solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados por este impuesto. Los recursos buscan recuperar los pagos realizados en períodos ya prescritos de un tributo declarado ilegal por Bruselas.

Una nueva trama de corrupción sacude al PP de Valencia y se salda con el arresto de Rus, Alcón, Serra y Caturla

VALENCIA.- Una nueva operación anticorrupción desplegada este martes en la Comunitat Valenciana, relacionada con la empresa pública Imelsa, ha sacudido de lleno al PP y ha culminado con 24 personas detenidas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus; la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento María José Alcón; el exdiputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

Junto a ellos, los agentes de la Guardia Civil también han detenido al exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; al ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la corporación provincial Salvador Deusa; el exalcalde de Genovés Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano María del Carmen García Fuster; y el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos --exmarido de Alcón--.
Además, han arrestado a 13 empresarios, a dos arquitectos y a un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia --personal de confianza del grupo 'popular'--, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Los detenidos comenzarán a pasar a disposición del juzgado en próximas horas.
Así mismo, en esta operación --que la Guardia Civil ha bautizado como 'Operación Taula'-- hay 29 investigados --imputados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)--, entre ellos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia Alfonso Novo y el asesor municipal de este partido Luis Salom. Ambos han sido citados a declarar mañana en el juzgado.
Esta operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en coordinación con dos de los tres fiscales Anticorrupción de Valencia, Vicente Torres y Pablo Ponce, ha contado además con 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat.
Del total, se han practicado 14 registros en domicilios particulares, entre ellos, el de Rus; y otros 19 en sedes sociales como en la empresa pública de construcción de infraestructuras escolares Ciegsa y fundaciones --la Fundación Jaume II, que en su día estuvo presidida por Vicente Burgos, la sede de un equipo de fútbol --Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente--, la sede del grupo municipal del PP en Valencia, y la agencia de comunicación Engloba.
En concreto, los agentes han acudido al domicilio de Rus, en Xàtiva, sobre las ocho de la mañana, y han permanecido allí durante más de siete horas, hasta pasadas las 15 horas. A su salida, Rus ha sido recibido entre los gritos de "corrupto" y "ladrón" de ciudadanos que se han concentrado a las puertas de su inmueble.
El exdirigente 'popular' ha salido en un vehículo blanco del garaje del edificio en el que reside en la capital setabense ocultando su rostro con un portafolios. Rus fue alcalde de Xàtiva desde 1995 y hasta las elecciones municipales de 2015 y presidió el Club Deportivo Olímpic de la ciudad.
La operación afecta a varias administraciones valencianas --Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de Valencia-- cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta por EUPV ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo gerente era Marcos Benavent.
Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy. El pasado mes de mayo, cuando tuvo que acudir al juzgado a declarar como imputado, se describió como un "yonqui del dinero" que se había llevado "de todo" durante su etapa en la Diputación de Valencia. En ese momento ya avisó públicamente de que iba a salir "mierda a punta pala" en este procedimiento.
La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del fiscal del caso, concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción nº 18 el pasado mes de marzo.
El juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La operación sigue abierta y la causa continúa secreta.

Bruselas registra la Granada Mollar de Elche como denominación de origen

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha incluido este martes a la Granada Mollar de Elche (Alicante) en su registro de denominaciones de origen protegidas, bajo la mención de Indicación Geográfica Protegida (IGP) y Denominación de Origen Protegida (DOP), respectivamente.

La distinción otorgada a la Granada Mollar de Elche supone que al menos uno de los estadios de la producción, transformación y elaboración del producto, ha tenido lugar en el área a la que se refiere la denominación. 
Y  se une así a la lista de más de 1.310 alimentos ya protegidos por la UE para cuidar sus lugares geográficos, denominaciones de origen y productos de especialidad tradicional.

Stepv reclama una reunión con la Conselleria de Educación para analizar el mapa de infraestructuras escolares

VALENCIA.- El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv) ha reclamado una reunión con la Conselleria de Educación para analizar el mapa de infraestructuras escolares. El sindicato, en un comunicado, ha recordado que la Conselleria de Educación ha presentado este martes a los medios de comunicación el mapa de infraestructuras escolares para esta legislatura.

Stepv ha recordado que ésta es una demanda que lleva años reclamando y que le trasladó al conseller de Educación, Vicent Marzà, en la reunión bilateral que tuvo lugar el pasado más de octubre, es decir, "la revisión del mapa escolar de todas las etapas educativas, la rehabilitación inmediata de los centros que presentan deficiencias en las instalaciones y la eliminación de todos los barracones".
El sindicato ha valorado "positivamente" este paso que ha dado la Conselleria, pero ha lamentado que "no haya sido tratado previamente con la comunidad educativa en los ámbitos de participación y negociación". Por eso, Stepv ya ha solicitado una reunión para analizar esta propuesta y hacer las aportaciones oportunas.
Finalmente, ha instado los centros educativos de la Comunitat Valenciana a analizar la propuesta de la Conselleria para comprobar si las necesidades de los centros están bien recogidas y hacer llegar al sindicato sus propuestas.

El Consell eliminará los barracones y construirá 124 centros educativos esta legislatura

VALENCIA.- El Gobierno valenciano construirá 124 centros educativos nuevos y eliminarán las aulas prefabricadas que existen en otros 116 colegios e institutos con el objetivo de acabar esta legislatura con los barracones y devolver "la dignidad" a las aulas ya que más del 50% de los 1.391 centros públicos necesita de alguna actuación con unos 270.000 alumnos afectados.

Así, lo ha anunciado este martes el presidente del Consell, Ximo Puig, junto al conseller de Educación, Vicent Marzà, en la presentación del Plan de Infraestructuras Educativas en un acto celebrado en el Palau de Generalitat, para demostrar, ha recalcado, que se trata de "un proyecto fundamental" para el Gobierno valenciano.
Marzà ha explicado que "se ha acabado la época en la que se prometía por encima de sus posibilidades, mentían y hacían una planificación de los centros clientelar" para "favorecer a Ayuntamientos amigos en los que sacar más votos".
Al respecto, ha puesto cifras concretas del resultado de la "vergüenza" que fue Ciegsa y su "nefasta" gestión: de los 1.391 centros educativos públicos, 24 están íntegramente en barracones, 69 necesitaban ser reconstruídos por su situación "deplorable", 139 están parcialmente en barracones, 463 tienen carencias puntuales y la planificación escolar exigía que ocho más estuvieran ya construidos.
Así, 37.378 alumnos necesitan de nueva construcción, 7.080 están íntegramente en barracones, 30.298 estudian en centros antiguos que necesitan de una reforma y 13.549 en centros que tienen algún barracón.
Sin embargo, el anterior gobierno del PP sólo construyó 22 centros de 2012 a junio de 2015, mientras que ha destacado que el nuevo gobierno iniciará las obras de siete centros de julio a diciembre de 2015 y sólo en 2016 se prevé construir 31 centros nuevos.
De este modo, el Gobierno invertirá 423 millones en la construcción de estos 124 nuevos colegios durante toda la legislatura: 60 en Valencia y 32 en Castellón y Alicante respectivamente. "Con la mitad de los sobrecoste de Ciegsa no habrían barracones, lo que demuestra que la derecha gestiona muy el interés general, la economía y gestiona en beneficio de unos cuantos", ha recalcado Puig.
Marzà ha destacado que la construcción de estos centros se hará con criterios "objetivos" y que cualquier ciudadano podrá consultar "las listas organizadas y baremadas con rigor por orden de actuaciones". 
"Algún alcalde de izquierdas nos dirá que su centro no está pero nosotros valoramos si de verdad es necesario y no como hacía el PP por si era amigo", ha apuntado.
De este modo, el Mapa de las Infraestructuras Escolares detalla el comienzo de las obras de cada centro y los criterios de prioridad para aquellos centros que estén íntegramente en barracones o en más del 50%, por las "lamentables" condiciones en que se encuentran y los nuevos centros que hay que construir porque lo requiere el volumen de alumnado de una población.
De forma paralela, se realizarán actuaciones en los 116 centros que tienen algún barracón por orden de prioridad en aquellos centros que cuentan con tres o más módulos y otra prioridad de actuación en centros que tienen hasta dos módulos prefabricados. Para no discriminar a los centros más pequeños se sacará el porcentaje de barracones sobre el total. El presupuesto estimado para abordar estas actuaciones es de 60 millones de euros.
Además, irán haciendo las reformas, en coordinación con los ayuntamientos afectados, en los 463 centros que las necesitan "a medida que se tengan suficientes recursos debido a la infrafinanciación" que sufre la Comunitat Valenciana.

La operación por 'Imelsa' engorda la lista de casos de corrupción que salpican al PP valenciano

VALENCIA.- La operación desplegada este martes por la Guardia Civil a raíz de la investigación de una supuesta trama de cobro de comisiones a través de la empresa pública Imelsa pasa a engordar la lista de casos de corrupción que en los últimos años han salpicado al PP valenciano.

En la redada llevada a cabo hoy hay cursadas un total de 24 órdenes de detención y entre los arrestos destacan nombres significativos de la antigua cúpula de los 'populares' de Valencia, entre ellos el expresidente provincial y de la Diputación, Alfonso Rus, o la exconcejala de Cultura María José Alcón, entre otros.
La Valenciana es una de las comunidades autónomas en los que se han destapado más tramas, como la del caso Gürtel, una red con ramificaciones nacionales que ha puesto en el punto de mira a varios exdirigentes del PP valenciano. La expresidenta de las Corts Valencianes Milagrosa Martínez; las exconselleras Angélica Such y Alicia de Miguel, el exvicepresidente del gobierno autonómico Vicente Rambla y el exdiputado David Serra son algunos de ellos.
Hay que recordar que por una pieza relacionada con Gürtel, la del caso de los trajes, llegaron a ser juzgados el exjefe del Consell Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV Ricardo Serra por un delito de cohecho impropio, del que finalmente fueron declarados por un jurado popular no culpables.
En la actualidad, Camps está siendo investigado por otro asunto de posible corrupción, el llamado caso Valmor, relacionado con las irregularidades en la contratación y gestión del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia y la compra de la empresa Valmor.
Otro asunto que marcó durante años al PPCV, esta vez en Castellón, fue el caso Naranjax, por el que el expresidente del PP en esta provincia y de la Diputación Carlos Fabra cumple condena en prisión por delito fiscal.
Alicante también ha sido escenario de sonadas investigaciones, como la del denominado caso Brugal --donde se investigan presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana-- que aún se está instruyendo y en la que está imputada la que fuera primera edil de la capital, Sonia Castedo.
Otro caso con repercusión nacional es Nóos, que se juzgará en Palma de Mallorca. Este asunto llegó a Valencia a raíz de la contratación de varias ediciones de los Valencia Summit con el instituto que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Este proceso llevará al banquillo de los acusados al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau --actual esposo de María José Alcón, una de la s detenidas por Imelsa-- y al ex secretario autonómico de Turismo con el PP Luis Lobón.
Entre los asuntos que implican una mayor cuantía económica destaca el caso Emarsa, donde se investiga un posible agujero de 25 millones de euros en la gestión de agua de al depuradora de Pinedo (Valencia). Por este asunto, ya está acusado formalmente el que fuera vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises Enrique Crespo.
Ya en la cárcel se encuentra el exconseller de Solidaridad y exparlamentario valenciano Rafael Blasco por la pieza principal del caso Cooperación, por la que fue condenado al desviar dinero público que iba destinado a diferentes proyectos de ayuda humanitaria en el Tercer Mundo. Todavía quedan por instruirse dos piezas en las que está imputado.
Precisamente, su mujer, la exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Consuelo Ciscar, ha sido recientemente imputada por sobrecostes en la compra de obras de arte y publicaciones durante su etapa al frente del museo. Se da la circunstancia de que esta causa está en manos del mismo juzgado y fiscal que se encargó de la de Rafael Blasco.
Otro de los últimos casos destapados, también con repercusión nacional, es por el que resultó detenido el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller durante varios gobiernos 'populares', Serafín Castellano. Aquí se trata de dirimir si benefició a una empresa con contratos de extinción de incendios con cuyo jefe coincidía en cacerías.
Ayer mismo, la presidente del PPCV, Isabel Bonig, decía a preguntas de los medios que no le "preocupaba" que nuevos casos judiciales afectaran a dirigentes del partido y subrayaba que los miembros de esta formación política son "los primeros interesados en que se esclarezca absolutamente todo".

El PSPV pedirá que todas las administraciones afectadas se personen en las causas de corrupción vinculadas al PP

VALENCIA.- El PSPV va a pedir a todos sus grupos tanto municipales como provinciales y autonómicos a que insten a sus respectivas administraciones a personarse en las causas de corrupción vinculadas al PPCV y en las que éstas se hayan visto afectadas.

Así lo ha anunciado el vicesecretario general y de Organización del PSPV, Alfred Boix, en un comunicado tras conocer la operación contra la corrupción que está desplegando la Guardia Civil, en la que ha sido detenido, entre otros, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.
De esta forma, y tras las últimas informaciones sobre el caso Imelsa que vuelven a implicar a la cúpula del PP valenciano en una trama de corrupción, Boix ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones recurran a sus gabinetes jurídicos para que se personen en las causas abiertas si se han visto afectadas "y puedan llegar hasta el final no sólo en la depuración de responsabilidades, sino también en la recuperación del dinero robado por los exmandatarios de las mismas para beneficiar a amigos, enriquecerse personalmente y financiar de forma irregular a su propio partido".
En este sentido, Boix ha calificado de "inadmisible" que "mientras los valencianos sufríamos una situación de emergencia social y con graves deficiencias y recortes en la prestación de servicios básicos como Educación, Sanidad o Servicios Sociales, el PP y sus dirigentes estuviesen únicamente preocupados por cerrar y negociar el cobro de comisiones con la adjudicación de contratos públicos millonarios", y ha señalado la necesidad de que "no sólo se juzgue a los culpables, sino que también se les exija que devuelvan todo el dinero que han robado a los valencianos".
Por ello, el dirigente socialista ha puesto en valor la "lucha implacable contra la corrupción que siempre hemos llevado a cabo los socialistas" y ha incidido en que es fundamental que "las administraciones afectadas defiendan los derechos de los valencianos y exijan recuperar sus recursos públicos personándose como acusación".
Así, Boix ha incidido en que todos los grupos socialistas presentarán la iniciativa para que las instituciones puedan personarse en los casos abiertos.
Por su parte, el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, ha calificado de "lamentable" la imagen de la Comunitat como una autonomía "totalmente corrupta que de nuevo han vuelto a trasladar al resto de España los dirigentes del PP", y ha asegurado que "aunque la fiesta del PPCV en las administraciones públicas valencianas acabó hace seis meses, la resaca está siendo terrible para los ciudadanos, que tenemos que asumir cada día y hacer frente a los desmanes de su juerga de corrupción, de saqueo de dinero público y de malversación de fondos".
"No hace falta ninguna declaración policial más para que sepamos que el PP es un partido totalmente corrupto que está saqueando a los ciudadanos", ha señalado el dirigente socialista, antes de incidir en que "los valencianos y valencianas no podemos seguir siendo testigos de cómo la Guardia Civil y la Fiscalía detiene una vez más a exdirigentes populares y registran sus sedes y las de las administraciones públicas en busca de documentación".
Por ello, ha hecho un llamamiento "urgente" a la presidenta del PPCV para que se pronuncie "de forma contundente y de una vez por todas y se enfrente a los dirigentes de su partido a los que siempre ha defendido, puesto que ya no son posibles más evidencias de la implicación reiterada de su partido en casos corruptos" y le ha recordado que su tarea es la de "sanear, limpiar, desestructurar y refundar una casa que está podrida desde sus cimientos y que nos ha arruinado a todos los valencianos".
"Si va a seguir callada ante la corrupción que afecta al PP como hizo la pasada semana ante la imputación de Consuelo Císcar igual es que Bonig no está tan dispuesta como quiere vendernos a limpiar una casa de cuyas fiestas fue testigo directo" ha apuntado Mata antes de apuntar que "igual Bonig no debería de estar tan tranquila en relación al caso Rus después de su detención y la posible implicación de la ex alcaldesa Rita Barberá a la que ella misma aupó como parte de su equipo de dirección".
En cualquier caso, desde el grupo socialista han recordado que muchos de los casos que hoy se investigan "ya fueron denunciados en su día por los socialistas como el caso Ciegsa, en cuyas dependencias la Guardia Civil se ha personado para recabar información y que tiene pendiente la creación de una comisión de investigación en las Corts tras la denuncia por sobrecostes millonarios y la deuda de más de 2.400 millones desvelados por el grupo socialista".
"La gestión del PP en cualquier nivel de la administración es un campo minado y cualquiera que pase por él queda claro que tiene el riesgo de implosión", ha sentenciado Mata antes de mostrarse convencido de que "no podemos seguir soportando ni aquí ni en Madrid a un partido cuya actuación al frente de las administraciones pública roza lo criminal y que puede acabar siendo imputado directamente por su implicación en los hechos que hoy se investigan.

Las Corts constituyen la comisión para "dar luz" a las "dudas" sobre la adjudicación de plazas residenciales

VALENCIA.- Las Corts Valencianes han constituido este martes la comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad a personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figuran Lubasa o Sedesa --propiedad de la familia Cotino--, además del empresario Enrique Ortiz.

En la sesión constitutiva ha sido elegido como presidente el socialista Ignacio Subías, que ha mostrado su voluntad de que esta comisión "dé luz a las múltiples dudas" sobre la adjudicación de más de 6.000 plazas residenciales, dado que pese a las peticiones de información, algunos datos "nunca se obtuvieron", siempre con "la serenidad que se necesita en una investigación de estas características".
Como vicepresidenta ha sido designada la diputada de Compromís Mireia Mollà y como secretario el parlamentario de Ciudadanos, Alberto García.

El déficit de la Comunitat en noviembre se situó en el 1,92%

MADRID.- El déficit de la Comunitat Valenciana hasta noviembre se situó en el 1,92 por ciento del PIB, con lo que se situó como la tercera región con mayor porcentaje, superada por Cataluña y Murcia, según los datos ofrecidos por Hacienda.

La Región de Murcia registra junto a Cataluña los mayores desvíos del déficit público en noviembre, con un saldo negativo del 2,21 por ciento, seguidas de la Comunidad Valenciana (-1,92%), Extremadura (-1,88%), Aragón (-1,61%), Andalucía (-1,31%), Castilla-La Mancha (-1,17%), Madrid (-1,11%) y Castilla León (-1,03%).

Por debajo del 1% pero con un déficit superior al objetivo anual se quedaron La Rioja (-0,97%) y Cantabria (-0,81%) mientras que Baleares es junto a País Vasco (-0,27%), Canarias (-0,31%), Galicia (-0,50%) y Asturias (-0,58%) las únicas que cumplen con el objetivo anual (-0,7%). Por su lado, Navarra se anotó un déficit del 0,72% y el resto sobrepasaron el 0,7%.

El equipo de Gobierno de Alicante entiende que la condena a Moreno no está entre los supuestos para cesarla como edil

ALICANTE.- El equipo de Gobierno municipal en Alicante entiende que la condena al pago de una multa de 6.000 euros por injurias a la Corona impuesta a la concejala de Juventud y Protección Animal, Marisol Moreno, no está entre los supuestos acordados entre PSPV, Guanyar Alacant y Compromís para pedir su cese de competencias.

En atención a los medios, el portavoz municipal, Natxo Bellido, ha manifestado que la sentencia les hace "entender todavía más" que no hay motivo para la dimisión de la edil de Guanyar Alacant porque "no se pide inhabilitación para cargo público" y porque las declaraciones de la concejala se vertieron cuando no ocupaba esa responsabilidad. Asimismo, ha sugerido que es un caso "del pasado" y circunscrito al "ámbito privado" de la edil.
Además, "se han rebajado mucho las pretensiones que había" y, por ello, el equipo de Gobierno "entiende que no se ha vulnerado el pacto que marcaba muy claramente las causas para pedir el cese de competencias".
"A Marisol no se le ha condenado en ejercicio de su cargo público", ha argumentado Bellido que ha anunciado que elevarán al pleno del jueves una moción para que se motiven "cambios legislativos", entre los que deben figurar la desaparición del delito de injurias a la Corona, junto a la Ley Mordaza, porque el Rey debería tener "el mismo trato que para cualquier otro ciudadano".
La propia concejala ha asegurado que el equipo de Gobierno le ha transmitido su respaldo antes del juicio y que el alcalde, Gabriel Echávarri, fue "uno" de los que le envió un mensaje de apoyo, aunque no ha hablado "personalmente" con él.
Por su parte, el portavoz del PP, Luis Barcala, ha matizado que Marisol Moreno es "el primer concejal de Alicante condenado por un delito" y ha dicho "no entender" los argumentos de defensa expresados por Natxo Bellido porque "la ley es igual para todos".
Así, ha acusado al portavoz municipal de utilizar la ley según le "conviene".
"La ley, la que me conviene, esa es buena y la aplico arrajatabla, como en los veladores, pero si no me gusta: no la respeto, no la cumplo e intento que no se respete".
No obstante, ha instado al alcalde Gabriel Echávarri a que "no eluda su responsabilidad". "Marisol Moreno es concejal de Guanyar pero miembro del equipo de Gobierno que preside Echávarri y es responsable de su equipo, sea del grupo que sea", ha opinado y ha señalado: "es lo que tiene un tripartito, que tienes concejales de tu partido y de otro".

Anticorrupción detiene en Valencia al político alicantino Máximo Caturla

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción y los Cuerpos de Seguridad del Estado llevan a cabo una macrorredada desde primera hora de la mañana que afecta directamente a ex altos cargos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, entre ellos Alfonso Rus, Rita Barberá y María José Alcón. Hasta el momento hay diez detenidos, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia, y se han llevado a cabo quince registros.

La Policía ha detenido al expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP en la provincia, Alfonso Rus, por una presunta trama de corrupción en la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa) que el juzgado lleva investigando desde hace casi un año en colaboración con el exgerente de esta sociedad Marcos Benavent, según han informado fuentes conocedoras de la operación. También está detenido el expresidente de la corporación provincial, el alicantino Máximo Caturla.
La Guardia Civil está registrando esta mañana el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y el Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Alfonso Rus fue presidente hasta junio de este año.
Los registros en el Ayuntamiento podrían deberse a la posible implicación en el caso de la que fuera concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón, investigada por el supuesto cobro de comisiones entre los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia.
Asimismo, los registros en el Olímpic de Xàtiva se deben a que Rus presidía el equipo desde el año 2006 y se investiga si durante su mandato en la Diputación la entidad trabajó con empresas de la presunta trama dirigida desde Imelsa. Cuando los agentes se han personado en el club no había nadie, lo que ha obligado a algún responsable a desplazarse y a abrirles las puertas para que efectuaran el registro.
Además, hasta el club se ha desplazado un teniente de alcalde de Xàtiva como representante del ayuntamiento porque esta entidad es titular del campo de fútbol.
El caso Imel se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
El diario Levante-EMV ya avanzó el domingo que la Fiscalía y el juez preparaban decenas de detenciones, tras meses de colaboración de Benavent para descifrar la trama empresarial, seguir la pista internacional del dinero saqueado e intentar recuperarlo.
El caso se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.
A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus --nacido en 1950-- contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".
Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.
También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación --estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015-- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia --fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat--.

miércoles, 20 de enero de 2016

La Fiscalía pide al juez Velasco prisión para los once detenidos por 'Acuamed', incluido el delegado en Valencia

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy prisión para los once detenidos que han declarado esta mañana por el fraude en la empresa pública Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed), aunque en el caso de ocho de ellos ha reclamado que se les impongan fianzas para eludir su ingreso en la cárcel.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, retomará esta tarde las declaraciones a los dos detenidos que quedan por comparecer ante él: el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, y el funcionario Pablo Martín.
Entre los once que han comparecido esta mañana ante el juez figuran Miguel Jurado Fernández, presidente de FCC Construcción, y Justo Vicente Pelegrini, director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras.
También la directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed y sus delegados en Murcia y Valencia, así como Manuel Moreno Maestre, presidente de Pipeline y que ya estaba siendo investigado en el caso Marismas sobre una trama de facturas falsas en beneficio de Abengoa en Sevilla.
De estas once personas, solo dos han accedido a prestar declaración ante Velasco, mientras que los otros nueve se han acogido a su derecho a no hacerlo.
A los arrestados se les imputan los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
El juez retomará las comparecencias a las 16.30 horas y una vez haya tomado declaración a los dos detenidos restantes decidirá si enviarlos a prisión o dejarlos en libertad.
Esta operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado un fraude en contratos de la empresa pública Acuamed que podría ascender a unos 25 millones de euros.
La investigación se centra en una supuesta trama que desde Acuamed habría adjudicado de forma fraudulenta obras y falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.
Las obras objeto de investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.
La pesquisas se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias han sido declaradas secretas.