MADRID.- Un documento incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' desglosa
las millonarias pérdidas que provocaron a "la cuenta de resultados" de
la sociedad estatal las numerosas irregularidades en la construcción de
la desaladora de Torrevieja (Alicante) por parte de Acciona, según adelanta http://vozpopuli.com
No sólo fue el mayor 'pelotazo' de la trama, sino también el que mayor perjuicio económico ha provocado al erario. Un documento elaborado por los trabajadores de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) que denunciaron en 2014 las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la empresa dependiente
del Ministerio de Agricultura detalla que la desaladora de Torrevieja
(Alicante) ha terminado provocando un 'agujero' de más de 227 millones
de euros
entre sobrecostes de inversión "por mala gestión" y los causados por la
explotación ineficiente de la misma.
El informe, que se ha incorporado
al sumario y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que la construcción de la instalación también se salió de lo presupuestado y el precio final se vio incrementado en más de un 18% hasta los 219 millones de euros, sin IVA. El contrato, ganado por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua, es uno de los seis que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha incluido en la investigación de la 'Operación Frontino' que se saldó con 13 detenidos la semana pasada.
El propio magistrado destacaba en el auto del pasado miércoles por el que envió a prisión a cinco de los arrestados
que esta instalación, que entró finalmente en servicio en 2015, estaba
llamada a ser "la mayor de Europa" por su capacidad de producción de
240.000 metros cúbicos al día. El valor de su adjudicación en agosto de
2006 así lo corroboraba: más de 185 millones de euros, sin IVA,
que iban a ser financiados en parte por la Unión Europea (UE).
Sin
embargo, ese precio se quedó pronto corto. Según refleja un informe
elaborado por los trabajadores de Acuamed en 2013, siete años después de
que se fallara el concurso, ya hubo en 2011 un modificado del precio final
de más de 34 millones de euros, un 18,38% del valor inicial. De este
modo, el valor final de la instalación se situaba en 219,4 millones que
los técnicos consideraban "debería ser ya el precio final de una instalación eficiente". Se equivocaban.
De hecho, aquel fue sólo el primer varapalo económico que, como se
encargaba de recalcar un documento que fue remitido al Consejo de
Administración de Acuamed en abril de 2014 por Francisco Valiente, el directivo que denunció los amaños y fue despedido,
tuvo consecuencias económicas mucho más graves para la "cuenta de
resultados" de la propia sociedad estatal. Así, el informe detallaba que
cuando éste se redactó ya había millonarios "sobrecostes en la
inversión por mala gestión".
En primer lugar, la pérdida de 55 millones de fondos europeos que
debían haber servido para financiar parte de la obra. En segundo lugar,
otros 27,4 millones por lo que se calificaba de "inversión con defectos o inoperativa".
A ellos, sumaba otros 17 millones que reclamaba en un primer momento
Acciona en concepto de "liquidación". Y, finalmente, otros 24,3 millones
en "reclamaciones sobrecostes".
En total, 123,8 millones de euros, a la que los
autores del estudio añadían una última partida: "Sobrecostes en la
explotación provocados por la mala gestión". Se refierían al gasto
energético necesario para el funcionamiento de la planta desaladora que
no tuvo ninguna utilidad y que se elevó a 103,5 millones, según sus cálculos. Una cuantía que elevaba el cúmulo de pérdidas por encima de los 227 millones de euros. Un millonario 'agujero' que vino acompañado de graves irregularidades
en el desarrollo de las obras, según destacaba el auto del juez Eloy
Velasco del pasado 20 de enero. En el mismo, el magistrado señalaba que
fue, precisamente, "la presión de pretender cobrar
fondos europeos" lo que llevó a la dirección de Acuamed a
dejar "libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos conniventes que ésta estaba acabada cuando no era así". Faltaban "ajustes, remates, había bombas con fisuras...".
Todo ello llevó a Acciona
a reclamar una liquidación que "implicaba causar a la Administración 3
millones de euros de perjuicio".
De hecho, el juez afirmaba que para ello, la empresa adjudicataria
planteó "discrepancias en mediciones que eran mentira" y que se referían
a diques y emisarios. El objetivo de la compañía, dos de cuyos altos
directivos fueron detenidos por la Guardia Civil, era alcanzar esa cifra
"mediante liquidaciones y reclamaciones basadas en partidas hinchadas,
mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones
irreales".
Pretendían facturar a la sociedad estatal 17 millones de euros de más
(cifra que el informe de los trabajadores de Acuamed recogen en la
partida "reclamaciones liquidación") aunque al final lo dejaron en 10
millones. Unas cifras infladas que provocaron que los técnicos de Typsa, la empresa que se encargó de la supervisión técnica de las obras,
se negaran a firmar la liquidación final de los trabajos presentada por
Acciona. Uno de ellos así lo declaró la semana pasada en la Audiencia Nacional.
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