VALENCIA.- En un ejercicio de periodismo ficción, la pregunta era casi inevitable.
¿Qué hubiera pasado si Rita Barberá o Gerardo Camps no fueran aforados?
Su condición impide que se les pueda detener, imputar o incluso
investigar de manera directa a menos que el caso lo asuma el Tribunal
Supremo.
La respuesta a esta cuestión quizá no se conozca nunca o tal vez en
unas semanas o meses a medida que las pesquisas lleguen a su tramo final
o bien las declaraciones de algunos imputados apunten hacia sus
anteriores superiores jerárquicos. En cualquier caso, actualmente
existen dos caminos abiertos por la Guardia Civil que conducen de forma
irremediable a los sillones de Rita Barberá y de Gerardo Camps. Y si
esta tesis se materializa, las consecuencias para los dos dirigentes del
PP podrían ser letales tanto en lo personal como en lo referente a su
formación. Barberá ya se vio judicialmente cercada con la detención
de una de sus más estrechas colaboradoras: Mari Carmen García-Fuster.
Ella era la responsable de todas las campañas del partido popular
ante la Junta Electoral de zona, pero carece de cualquier competencia en
la contratación de obras o servicios en el consistorio. Esta
circunstancia orienta las pesquisas hacia la primera responsabilidad. No
obstante, el secreto de la investigación impide conocer el detalle de
los hechos que supuestamente pondrían en duda la presunción de inocencia
de la exalcaldesa Barberá.
Similar es la situación de Gerardo Camps. La investigación apunta a
que supuestamente cobró comisiones y participaría de algún modo en la
trama de blanqueo de capitales. El exgerente de Imelsa, al parecer, lo
situó como uno de los puntales de la trama en alguna de sus confesiones
ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO).
Lejos de mostrar preocupación, los dos dirigentes trataron de
trasladar tranquilidad ante el temor de que pudieran verse salpicados
por el asunto. Incluso, en cierta forma, trataban de sacar pecho. «Los
compañeros que son corruptos no son compañeros». Así de tajante se
expresaba el ex vicepresidente y diputado nacional por el Partido
Popular, Gerardo Camps, tras conocer alguno de los pormenores de la
mayor operación contra la corrupción política que acabó con la detención
de varios ex dirigentes de su propio partido.
Con esta palabras, Camps quiso poner tierra de por medio con quienes
le vinculaban directamente con la trama que amañana contratos para
cobrar comisiones. Desde su casa en Benidorm, explicó que nunca se le
había comunicado nada por parte de la Guardia Civil ni del juzgado que
investiga el caso surgido a raíz de la investigación de la empresa
pública Imelsa.
La mañana estuvo trufada de versiones contradictorias acerca de un
posible registro en los domicilios de ambos dirigentes populares. De
inmediato, lo descartó. Añadió que ni su casa familiar ni la de Benidorm
han sido objeto de registro. El diputado popular explicó que el único
que tiene potestad para investigar es el juzgado que está instruyendo
esta causa y que no cree que a él le vaya a afectar. «No se ha hecho
ninguna diligencia ni ahora, ni anteriormente», puntualizó.
Desde el Congreso de los Diputados también llegaban voces en defensa
de Camps. Concretamente, el portavoz de los populares, Rafael Hernando,
aseguró que no le consta que el diputado nacional por Alicante esté
relacionado con este asunto y no tiene «ninguna responsabilidad».
Pese a las palabras exculpatorias que esgrimían tanto Gerardo Camps
como sus compañeros de partido, lo que sí parece claro es que los
indicios se acumulan en su contra.
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