MADRID.- El virus de la corrupción se
ha metido hasta la cocina del Estado para hacer negocio con la sequía.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado una trama en la empresa pública Acuamed
(Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA) que, con la colaboración
imprescindible de grandes constructoras nacionales, cobró presuntamente
comisiones por amañar adjudicaciones para la ejecución de embalses,
desaladoras y conducciones hidráulicas, y aceptó incrementos de hasta un
10% en el precio inicial de esas obras.
Según han revelado a www.elconfidencial.com fuentes cercanas a la llamada operación Frontino -denominada
así en honor a un ingeniero hidráulico del Imperio Romano-, los 13
detenidos en esta primera fase habrían ocasionado un perjuicio a las
arcas públicas superior a los 20 millones de euros.
La red operaba desde Acuamed, la empresa pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente encargada de planificar, adjudicar y gestionar las obras hidrológicas de la vertiente levantina, desde Cataluña a Andalucía Oriental, encaminadas en su mayoría a combatir el déficit hidrológico que sufre esta región de España.
La red operaba desde Acuamed, la empresa pública del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente encargada de planificar, adjudicar y gestionar las obras hidrológicas de la vertiente levantina, desde Cataluña a Andalucía Oriental, encaminadas en su mayoría a combatir el déficit hidrológico que sufre esta región de España.
Los
expertos en delitos económicos del Instituto Armado registraron la sede
principal de la entidad en Madrid y también sus delegaciones en Murcia y
Valencia. Por ahora, los principales implicados en el caso son el
director general de la empresa pública, Arcadio Mateo del Puerto, y la
directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco. También
han sido arrestados técnicos, como Pablo Martín y Sergio Grau, y
responsables territoriales, como Jaime de Miguel, del área de Murcia,
entre otros. Además, otros 35 imputados deberán prestar declaración en
los próximos días.
Entre los primeros arrestados también figuran directivos de constructoras que habrían accedido a pagar comisiones a los empleados de Acuamed a cambio de contratos o modificaciones sobrevenidas en el coste de las obras, todas durante la última legislatura. Como adelantó El Confidencial, entre las empresas implicadas se encuentra Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), adjudicataria del proyecto para la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona), una obra que fue licitada en 165 millones de euros pero que ya asciende a 190 millones. Agentes de la Guardia Civil detuvieron este lunes a empleados de FCC involucrados en el escándalo y registraron las oficinas de la compañía.
El otro gran proyecto bajo investigación es la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), que se terminó en 2013 pero no entró en funcionamiento hasta el pasado verano. Se trata de la mayor planta de este tipo en Europa, capaz de generar 80 hectómetros cúbicos de agua dulce al año. La inversión fue planeada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y costó 300 millones de euros. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, responsables de la UTE integrada por las empresas Acciona y Romymay que construyó la planta y detenta su gestión durante 15 años habrían conseguido que los responsables de Acuamed autorizaran certificaciones de obra fraudulentas para inflar los costes reales de mantenimiento.
El foco se sitúa igualmente sobre un contrato de 10,9 millones de euros para la construcción de un sistema de refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable de los municipios alicantinos de Campello y Mutxamel. Las obras se licitaron en octubre de 2013 y fueron adjudicadas en julio de 2014. Todavía no han concluido pero los investigadores de la UCO tienen indicios de que los directivos de Acuamed adjudicaron fraudulentamente ese proyecto a la empresa Altyum Proyectos y Obras, que publicita el logro en su propia página web.
Por último, los agentes han detectado irregularidades en las certificaciones de obra de la desaladora de Carboneras (Almería). La construcción de la planta finalizó en 2009 pero aún están pendientes de pago facturas que habrían sido infladas por la firma adjudicataria con la connivencia de los responsables de la empresa pública dependiente de Agricultura. Otros proyectos de menor envergadura siguen bajo investigación y podrían acabar elevando el fraude de 20 millones de euros contabilizado hasta ahora.
El origen de la denuncia que provocó la apertura de este caso en septiembre de 2014 partió de la propia Acuamed, según han confirmado fuentes cercanas a las pesquisas. El anterior director de Ingeniería y Obras de la sociedad, Francisco Valiente, denunció ante su consejo de administración estas supuestas prácticas corruptas, pero la advertencia fue ignorada y Valiente acabó siendo relevado en el cargo. El directivo decidió entonces reiterar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que tras estudiar su contenido decidió abrir un procedimiento tutelado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que ha acabado desembocando en la operación Frontino.
Fuentes de Acuamed han matizado que la destitución de Valiente no guarda ninguna relación con la denuncia que presentó, y aseguran que el documento fue analizado hasta por tres servicios jurídicos distintos para comprobar si podían desprenderse responsabilidades penales de los hechos que reflejaba. Sin embargo, mantienen las mismas fuentes, ninguna de esas tres instancias consideró que hubiera indicios de delito en la denuncia.
No creen los mismo los investigadores ni tampoco el instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, que imputa a los detenidos por esta presunta trama especializada en amañar obras contra la sequía los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, entre otros. Los funcionarios de la UCO ya han comprobado que directivos de Acuamed recibieron obsequios y viajes de las constructoras implicadas, pero las indagaciones continúan abiertas.
Entre los primeros arrestados también figuran directivos de constructoras que habrían accedido a pagar comisiones a los empleados de Acuamed a cambio de contratos o modificaciones sobrevenidas en el coste de las obras, todas durante la última legislatura. Como adelantó El Confidencial, entre las empresas implicadas se encuentra Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), adjudicataria del proyecto para la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona), una obra que fue licitada en 165 millones de euros pero que ya asciende a 190 millones. Agentes de la Guardia Civil detuvieron este lunes a empleados de FCC involucrados en el escándalo y registraron las oficinas de la compañía.
El otro gran proyecto bajo investigación es la desalinizadora de Torrevieja (Alicante), que se terminó en 2013 pero no entró en funcionamiento hasta el pasado verano. Se trata de la mayor planta de este tipo en Europa, capaz de generar 80 hectómetros cúbicos de agua dulce al año. La inversión fue planeada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y costó 300 millones de euros. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, responsables de la UTE integrada por las empresas Acciona y Romymay que construyó la planta y detenta su gestión durante 15 años habrían conseguido que los responsables de Acuamed autorizaran certificaciones de obra fraudulentas para inflar los costes reales de mantenimiento.
El foco se sitúa igualmente sobre un contrato de 10,9 millones de euros para la construcción de un sistema de refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable de los municipios alicantinos de Campello y Mutxamel. Las obras se licitaron en octubre de 2013 y fueron adjudicadas en julio de 2014. Todavía no han concluido pero los investigadores de la UCO tienen indicios de que los directivos de Acuamed adjudicaron fraudulentamente ese proyecto a la empresa Altyum Proyectos y Obras, que publicita el logro en su propia página web.
Por último, los agentes han detectado irregularidades en las certificaciones de obra de la desaladora de Carboneras (Almería). La construcción de la planta finalizó en 2009 pero aún están pendientes de pago facturas que habrían sido infladas por la firma adjudicataria con la connivencia de los responsables de la empresa pública dependiente de Agricultura. Otros proyectos de menor envergadura siguen bajo investigación y podrían acabar elevando el fraude de 20 millones de euros contabilizado hasta ahora.
El origen de la denuncia que provocó la apertura de este caso en septiembre de 2014 partió de la propia Acuamed, según han confirmado fuentes cercanas a las pesquisas. El anterior director de Ingeniería y Obras de la sociedad, Francisco Valiente, denunció ante su consejo de administración estas supuestas prácticas corruptas, pero la advertencia fue ignorada y Valiente acabó siendo relevado en el cargo. El directivo decidió entonces reiterar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que tras estudiar su contenido decidió abrir un procedimiento tutelado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que ha acabado desembocando en la operación Frontino.
Fuentes de Acuamed han matizado que la destitución de Valiente no guarda ninguna relación con la denuncia que presentó, y aseguran que el documento fue analizado hasta por tres servicios jurídicos distintos para comprobar si podían desprenderse responsabilidades penales de los hechos que reflejaba. Sin embargo, mantienen las mismas fuentes, ninguna de esas tres instancias consideró que hubiera indicios de delito en la denuncia.
No creen los mismo los investigadores ni tampoco el instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, que imputa a los detenidos por esta presunta trama especializada en amañar obras contra la sequía los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, entre otros. Los funcionarios de la UCO ya han comprobado que directivos de Acuamed recibieron obsequios y viajes de las constructoras implicadas, pero las indagaciones continúan abiertas.
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