VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha resaltado este jueves que las
cuentas del partido, tanto a nivel regional como nacional, están
auditadas por el Tribunal de Cuentas, al ser preguntada sobre las
informaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP
valenciano, en el marco de las investigaciones de la Operación Taula, y
las supuestas 'mordidas' del 3 por ciento cobradas durante una década.
Bonig ha señalado que el caso está bajo secreto de sumario y
cuando éste se levante podrá verse si esto es así. De confirmarse, ha
dicho, "nos parece bochornoso y repugnante como no puede ser de otra
forma" y pondrán en marcha "todas las medidas para que no suceda".
Ha
explicado que "el partido presentaba sus cuentas, han sido auditadas
por el Tribunal de Cuentas" e incluso hay una investigación en este
órgano y ya dirán los tribunales "lo que tengan que decir".
Preguntada
sobre si considera que debe reforzarse el control interno de las
cuentas, ha destacado que el PP opta desde hace tiempo por "gerentes con
un perfil técnico" y ha incidido en que el PPCV presenta sus cuentas en
Madrid, el partido "da el visto bueno" y después son auditadas por el
Tribunal de Cuentas".
También, ha agregado, están estudiando la
posibilidad, "como pasa en muchas empresas públicas o privadas, de que
una auditoría externa audite, pero eso ya se está haciendo", ha dicho,
porque el Tribunal de Cuentas las fiscaliza.
Asimismo, ha puesto
en valor que "si hoy se puede investigar a una persona jurídica es
porque el PP ha reformado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para que eso sea posible" porque "hasta ahora la
responsabilidad penal era para personas físicas". También se han
endurecido las penas por delitos de corrupción y la financiación ilegal,
ha dicho, para resaltar que "otros hablan mucho de regeneración pero no
apoyaron al PP en estas medidas".
La investigación contra una
supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada
Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP
valenciano y, también, al blanqueo de capitales.
Los integrantes de esta trama se servían de sus
puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas
públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos
fraudulentos. Entre los detenidos --hay 24-- están el expresidente
'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en
la capital María José Alcón.
Las fuentes consultadas han señalado
que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se
estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación
ilegal del PP en esta comunidad y que algunos altos cargos 'populares'
tuvieran conocimiento de estos hechos.
En este sentido, señalan
que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de
Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al
exvicepresidente económico y diputado 'popular' Gerardo Camps, aunque de
momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.
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