jueves, 12 de febrero de 2009

Detienen a un ejecutivo de la City londinense por un fraude de 45 millones

LONDRES.- Un ejecutivo de la 'City' londinense ha sido arrestado en el curso de la investigación de un presunto fraude de 40 millones de libras (45 millones de euros), que reprentaría el caso más importante de los registrados en Reino Unido hasta ahora durante la crisis.

Según informa el diario 'The Times' en su edición digital, la detención del operador Terry Freeman se produjo el pasado lunes en su propia residencia personal, situada en Essex.

Detectives de la Unidad contra el Crimen de la Policía Económica de la City se prensentaron en la vivienda, así como en las oficinas, para incautar un amplio volumen de documentación.

Por el momento Freeman, que dirigía GFX Capital Markets, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras el interrogatorio en el que participó el pasado lunes, que motivó que las fuerzas de seguridad recomendasen a los inversores en la compañía que informen en caso de estar preocupados por su dinero.

El fondo contaba con varias sucursales en la City, si bien, en principio, habría suspendido sus actividades recientemente. Un portavoz de la policía informó de que los oficiales se encuentran ya investigando un posible caso de blanqueo de dinero y delitos penados en la Ley de Mercados y Servicios Financieros.

Las Cámaras de Comercio abogan porque el Estado recapitalice "cuanto antes" a los bancos españoles

ALICANTE.- El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, se mostró partidario de que el Estado refuerce "cuanto antes mejor" los recursos propios de los bancos y cajas de ahorros para que puedan reanudar su función de conceder préstamos a las empresas.

Tras pronunciar la conferencia 'Políticas para salir de una crisis', Javier Gómez-Navarro consideró que "el Ministerio de Economía o el Banco de España tendrán que solucionar" el hecho de que los bancos y cajas vuelvan a otorgar créditos a las empresas, y señaló que esto debe hacerse "cuanto antes mejor".

Así, advirtió que "o se aumentan los recursos propios de los bancos o éstos no prestarán, y como los bancos o no se atreven o no pueden aumentar sus recursos propios", será el Estado el que "tendrá que hacerlo" mediante "cualquier forma de ampliación de recursos propios, que puede ser por cuotas participativas o créditos subordinados en el caso de cajas, y con ampliaciones de capital en el de los bancos".

Preguntado por el nombre de las entidades que podrían necesitar medidas de este tipo, Gómez-Navarro señaló que hay "50 bancos y cajas y cada uno está en situación diferente". Según dijo, "en la banca no se puede decir cuál está mal, porque entonces creas pánico", por tanto no se puede "decir: Pepito está bien y Luisito está mal" porque, según dijo, "el que está mal, acusaría al que lo dice de haberle creado problemas".

De este modo, insistió en que son "generalizaciones aplicables" a cualquier entidad que tenga algún tipo de obstáculo a la hora de prestar a las empresas. "Ha llegado el momento de que o el Ministerio de Economía o el Banco de España tienen que empezar a dar pasos para solucionar este problema", insistió.

Bancaja gana un 29,63% menos en 2008

VALENCIA.- Bancaja registra un beneficio neto atribuido de 345,6 millones de euros en el ejercicio 2008, lo que supone un descenso del 29,63% respecto al resultado obtenido en 2007, según informó en rueda de prensa el presidente de la entidad, José Luis Olivas.

La caja valenciana explicó que el descenso del resultado se debió a una dotación voluntaria de 225 millones de euros. Sin esta aportación, el resultado recurrente del grupo ascendió a 501,4 millones de euros, un 2,08% por encima de los 491,2 millones que ganó en el ejercicio precedente.

El margen de intermediación alcanzó los 1.458,5 millones de euros y fue un 4,22% más alto que el registrado en el mismo periodo de 2007. El margen ordinario se situó en 1.929,7 millones, con un repunte del 2,82%, mientras que el margen de explotación totalizó 1.229,2 millones de euros, un 2% más.

Los recursos gestionados alcanzaron los 79.425 millones de euros, un 0,8% menos, debido a las amortizaciones y vencimientos y a la caída de la actividad en los mercados institucionales de liquidez. Pese a ello, la caja destacó que captó 6.000 millones de euros en imposiciones a plazo (+30%).

La caja destacó el incremento del 5,20% de la actividad crediticia, hasta 85.542 millones de euros, de los que dos terceras partes correspondían a créditos con garantía real.

En este marco, la tasa de morosidad se multiplicó casi por cinco, y alcanzó el 4,28%, frente al 0,85% del año anterior, con una cobertura del 56,8%.

El Congreso aprueba la moción sobre la emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana

MADRID.- El Congreso ha aprobado la moción presentada ERC, sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana y la reciprocidad de Canal 9 en Cataluña, en los términos de la enmienda de sustitución del propio grupo proponente y del PSOE.

Para el diputado de ERC, Joan Ridao, quien señaló que con esta moción se llegará a "un acuerdo histórico", que pasará de los "meros compromisos", "no es lógico" que se pongan barreras en el campo de la libre información, así como que pueda verse Al jazeera en Gandía o Sagunto y no la televisión de Cataluña.

En este sentido, destacó que hace unas semanas se pudo ver cómo el ministro de Industria, Miguel Sebastián, "se inhibía del tema como si no fuera de su incumbencia", y en cambio hoy se denota de forma "clara" como con este acuerdo se "asume la responsabilidad" del Gobierno.

Por su parte, la diputada del PP, Marta Torrado, destacó que la Comunidad Valenciana no tiene porque resignarse, y por ello, reclamó "tener las mismas oportunidades que otras autonomías".

Así, la diputada recordó que el Real Decreto que garantizaba a la región a contar con un tercer multiplex, "sigue paralizado" desde 2007, por lo que instó al Gobierno a que lo "ponga en marcha".

Por su parte, el diputado del PSOE, Ferrán Bono, destacó que fue la Generalitat la que "decidió cerrar los repetidores" que han permitido ver TV3 en la Comunidad Valenciana.

"Si hoy no se puede ver TV3 en diversas comarcas valencianas es porque el Gobierno del PP mandó cortar la señal analógica de la televisión catalana mientras mira hacia otro lado con las decenas de emisoras y cadenas alegales o ilegales que aun funcionan en su territorio", recalcó.

Para Bono, "el Gobierno ha favorecido la pluralidad, que brilla por su ausencia en la televisión valenciana". Así, indicó que ésta, hasta ayer, "no había informado nada" sobre el caso instruido por el juez Garzón sobre corrupción que "salpica algunas contrataciones de la Generalitat y del PP".

Asimismo, la diputada de CiU, Montserrat Surroca, destacó que su grupo en el Senado consiguió que se aprobara la moción referente a este mismo tema, por lo que, aunque destacó que habría aspectos que se deberían haber incluido en esta, señaló que "recoge el espíritu" de la presentada por su grupo.

Camps confía en todos los procesos de concurso del Consell

VALENCIA.- El presidente del Consell, Francisco Camps, aseguró hoy en las Corts que confía en "todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat", mientras que los portavoces en la oposición en la Cámara valenciana le exigieron "transparencia" para no "sospechar" de su gestión.

Camps se expresó así en la sesión de control al Consell con motivo de las pregunta formulada el PSPV sobre si puede garantizar que se aplica correctamente la normativa en materia de contratación y donde Compromís se refirió a la 'operación Gürtel' que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se investiga a la empresa Orange Market, a la que la Generalitat ha adjudicado stands de Fitur.

"Garantizo -contestó Camps-- que el funcionamiento de la Administración autonómica es correcto"; "garantizo que está fiscalizado por todas las instancias que corresponde y las fiscalizaciones son correctas" "y garantizo que los más de 100.000 funcionarios" de la Generalitat son "trabajadores excepcionales". "Confío en todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat", manifestó.

Frente a esto, el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, señaló que, con motivo de la investigación judicial sobre Orange Market, Camps está, a partir de ahora, ante una "disyuntiva: sospecha o transparencia". Pero, "hasta ahora -Camps- no ha estado por la transparencia sino más bien por la opacidad", lo que genera "sospechas", apuntó. Por ello, le preguntó si ahora "va a ser capaz de estar, si se atreve, con la transparencia y a responder las preguntas que hasta ahora no han contestado".

Luna, en este sentido, anunció que el próximo lunes a las 12.00 horas se presentará, junto con el diputado socialista José Camarasa, en la puerta de la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, para que les enseñen los papeles que, según dijo, les han estado "ocultando hasta ahora".

El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, señaló --durante una 'question time-- que serán recibidos pero que deberán "ajustarse al Reglamento" de las Corts que establece unas garantías para la oposición y para el Gobierno. Asimismo, hizo hincapié en la honorabilidad del Consell.

El síndic socialista añadió que para que las "proclamas de honorabilidad ofendida tengan credibilidad hace falta abrir las puertas y las ventanas" porque el que "oculta y genera la deuda", luego "no puede quejarse de que los demás sospechen" o piensen que "algo están haciendo mal" o que "están favoreciendo a una 'colla' de amigos" a los que la Audiencia Nacional "está poniendo en su sitio".

Por otro lado, Luna expresó que además de "sospechas" tiene "certezas" de que la Generalitat "sistemáticamente oculta información" en las Corts; "hace más gasto e invierte menos que ninguna otra comunidad"; la deuda está en el "doble de la media por habitante de las comunidades españolas", "están impotentes frente a la crisis porque no tienen dinero", porque están "en bancarrota".

Al respecto, se preguntó si hay "relación de causalidad" entre las cuestiones a las que no han recibido respuesta y la "certeza de que están endeudados hasta las cejas", acaso "ocultan algo que tiene que ver con el despilfarro", se preguntó Luna, quien advirtió de que "no quieren que los demás veamos lo que tiene debajo, pero lo tienen y le va a estallar pronto en las manos. Lo va a pagar".

La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, que también exigió "transparencia" al Consell, advirtió a Camps de que el Consell tiene "problemas con la Justicia y el problema amenaza con llegar a todas las Consellerias" y apuntó que la transparencia "es una aliada de los Gobiernos".

Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, insistió en pedir que la Generalitat deposite en las Corts los contratos y facturas derivados de las relaciones comerciales con Orange Market.

Ante los preguntas de los socialistas por los contratos y valoraciones de adjudicación de Orange Market para diseñar y montar el stand de la Comunitat en Fitur, Camps recurrió al "derecho comparado" para resaltar los puntos positivos de la acción de la Generalitat frente a otras administraciones como la andaluza o la central.

Además, aseguró que es "público y notorio todo lo que hace la Generalitat", se "fiscaliza cada euro", "no se hace nada por capricho" sino a favor del "interés general", al tiempo que reclamó que "quien la haga que la pague" y, de momento en España "quienes pagan por corrupción son los socialistas", apostilló. Igualmente, afirmó que el año pasado se produjeron cerca de 2.000 licitaciones con sólo 150 impugnaciones.

Por otro lado, Luna expresó sus "sospechas" por la adjudicación en la Comunitat de diversos canales de TDT al empresario José Luis Ulibarri, investigado por el juez Baltasar Garzón en el marco de la operación 'Gürtel'. Camps, que intervino a continuación, presentó una foto de Ulibarri saludando al presidente del Gobierno, instó a Luna a que plantee la misma cuestión a Rodríguez Zapatero.

Adif finaliza las obras del Centro de Tratamiento Técnico de ancho ibérico

ALICANTE.- Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento y encargada del desarrollo y gestión de la red ferroviaria, ha finalizado las obras de construcción del Centro de Tratamiento Técnico (CTT) de ancho ibérico de Alicante, que se ubica en los terrenos del complejo ferroviario de la estación, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad pública.

La construcción del CTT está motivada por la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Alicante, que conlleva "la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad y el soterramiento de las vías, con la consiguiente liberación de terrenos ferroviarios para otros usos". La inversión realizada asciende a 5.254.425,09 euros.

El traslado de instalaciones y servicios que implica la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria (RAF) ha motivado la construcción del complejo ferroviario del CTT en la zona sur.

Las obras realizadas han consistido en la ejecución de un nuevo haz de vías compuesto por siete vías y una vía para maniobras, con los desvíos necesarios, electrificación de todas las vías, instalaciones de seguridad y comunicaciones, además de la modificación del paso a nivel, situado a la entrada de Alicante, y la iluminación de toda la playa de vías.

Además, también se ha construido un edificio polifuncional en el que se ubiquen los servicios afectados por la obra de la estación, se han rehabilitado dos naves existentes, que se destinarán a oficinas, la caseta de vigilancia y el cuarto para control de pulsadores y se ha creado un triple foso para reconocimiento de las locomotoras.

Correa sobornó a cargos de Madrid y Valencia para obtener contratos

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que decretó anoche el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Gürtel' que dirigían un "conglomerado de empresas" que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando".

Con el objetivo de "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses econónomicos", Garzón señala que los miembros de la trama les entregaban "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban "obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas", dice el juez.

En un auto hecho público hoy, el magistrado añade que, según un informe policial, Correa "planeaba salir de España el pasado día 7" y estaba realizando gestiones "para obtener la residencia en un país de Centroamérica".

El grupo estaba liderado por Correa y de él formaban parte "en inmediata relación de jerarquía" su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

miércoles, 11 de febrero de 2009

El cierre del Tajo-Segura acabaría con más de 120.000 puestos de trabajo según la CHS

MURCIA.- Más de 120.000 empleos corren peligro en la Región de Murcia, Alicante y Almería si el Trasvase Tajo-Segura deja de funcionar. Esa es la conclusión más pesimista del análisis elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre la importancia económica de los volúmenes de agua trasvasados al Sureste español desde la cuenca del Tajo.

El informe, que plantea varios escenarios según la incidencia de un cierre del acueducto en el valor de producción en los sectores agrario e industrial, así como en el sector servicios relacionado con el abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, plantea la hipótesis de una grave incidencia en la economía del Sureste en cualquiera de los tres supuestos, con pérdidas de miles de puestos de trabajo en todo caso.

El estudio, que lleva la firma del jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS, Mario A. Urrea, evalúa el valor de producción de los regadíos del Trasvase y compara su rendimiento -en euros por metro cúbico de agua trasvasada- con los márgenes medios de los regadíos en el resto de cuencas. Estos valores, según el informe, "son tres veces superiores a los valores medios de los regadíos de la cuenca cedente".

Entre las conclusiones del informe, se establece que el Trasvase es vital para el sector agrario de la cuenca del Segura, ya que el 35% de los recursos del regadío provienen del Tajo. Es también, según el análisis, un significativo motor económico del Sureste español y del conjunto de España, puesto que ya en el año 2000 aportaba el 2,33% al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Además de esta contribución a la riqueza nacional, el informe destaca el valor añadido del sector agrario para Murcia, que aporta el 6,7% del PIB regional y el 11% del empleo y tiene un "importante efecto multiplicador" para otros sectores como el industrial, tanto en empleo como en aportación al PIB.

En sus conclusiones, la CHS valora la incidencia que tendría el cierre en cuanto a producción agrícola e industrial en las zonas que se benefician del Trasvase y evalúa tres supuestos de pérdidas de puestos de trabajo. El peor de ellos cifra en 23.922 los empleos que se perderían en el sector agrícola, a los que se sumarían otros 98.085 en el conjunto de la economía del Sureste.

El Parlamento Europeo sigue breando al depredador urbanismo especulativo de la costa mediterránea española

BRUSELAS.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó hoy, con los votos en contra de los socialistas y los 'populares' españoles, un informe en el que amenaza con congelar los fondos estructurales para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

El informe --aprobado por 23 votos a favor, once en contra y una abstención-- pide la suspensión y la revisión de todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Las duras críticas que contiene el informe hacia el urbanismo en España salieron adelante pese a que los eurodiputados del PSOE y del PP habían presentado enmiendas coincidentes para suavizar su contenido y suprimir parte de las denuncias.

La mayoría de estas enmiendas fueron rechazadas porque no contaron con el respaldo de sus colegas conservadores y socialistas europeos, que apoyaron el texto original, elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, e incluso lo endurecieron.

El informe todavía debe ser votado por el pleno de la Eurocámara, que está previsto que se pronuncie el próximo 26 de marzo. Los socialistas y los populares españoles anunciaron que presentarán una resolución alternativa.

Si sale adelante el texto aprobado este miércoles, será la tercera vez que el Parlamento Europeo respalde un informe que censura los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. En las dos ocasiones anteriores, los socialistas españoles votaron a favor, pero esta vez han cambiado de postura y se han acercado a las tesis defendidas por el PP.

En todo caso, la eurodiputada socialista Maruja Sornosa dijo que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es el mayor responsable del informe porque no ha ajustado la Ley Urbanística Valenciana a las exigencias de la normativa comunitaria pese a las peticiones de la Eurocámara y la denuncia interpuesta por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El primer informe del Parlamento sobre el urbanismo en España se centraba en la Comunidad Valenciana, mientras que en el aprobado este miércoles se generalizan las críticas al resto del país.

"Si desde el Gobierno del señor Camps se hubiesen hecho las cosas de forma adecuada, en este momento no estaríamos con una mala imagen", afirmó Sornosa, que volvió a reclamar un pacto en la Comunidad Valenciana sobre urbanismo. Indicó en todo caso que el informe del Parlamento "no tiene ninguna validez" y ha salido adelante sólo porque da argumentos a los eurodiputados británicos y alemanes de cara a las elecciones europeas de junio.

En contraste con esta postura, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo criticó al Gobierno central por no haber comparecido ante la Eurocámara para "defender el buen nombre de su país", tal y como pidió el PP. También censuró a los socialistas españoles por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España y les acusó de "rectificar tarde".

A su juicio, el informe "es un cañonazo en la línea de flotación de lo que es la salida de la crisis" porque transmite una imagen de España "absolutamente falsa y extraordinariamente dañina para los intereses de las empresas y los trabajadores españoles" al afirmar que el derecho de propiedad no está protegido.

La ponente del informe señaló que su aprobación constituye una "gran victoria" para los denunciantes, y subrayó que la mayoría de ellos son españoles. Auken dijo que espera que el Gobierno español "se lo tome en serio" y recordó que pueden "pedir una congelación de los fondos (europeos) si es necesario".

Su compañero de grupo, David Hammerstein, destacó que "el Partido Socialista y el Partido Popular españoles se han quedado aislados, marginados". "Sus argumentos no convencen a nadie porque hay miles y miles de ciudadanos españoles y europeos que han visto los abusos urbanísticos", remachó.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, afirmó que el informe representa un "tirón de orejas muy fuerte a todas las administraciones del Estado". Y va "al centro del problema", que, en su opinión, ha sido "la apuesta por un crecimiento económico totalmente salvaje que ha situado a España en estos momentos de la crisis en el peor estado para poder salir adelante".

El informe denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

El Parlamento asegura que "las personas que hayan adquirido de buena fe una propiedad en España que haya sido declarada ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles".

Bancaja agota en dos meses la línea de financiación del IVF

VALENCIA.- Bancaja ha agotado, en sólo dos meses, la dotación de 46 millones de euros correspondientes a la línea de financiación empresarial del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dirigida a dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas valencianas (pymes) con las que la entidad ha gestionado un total de 206 operaciones.

Junto a ello, Bancaja sigue trabajando en la concesión de las otras dos líneas del IVF destinadas a facilitar la renovación de flotas y la inversión en activo fijo, según informaron en un comunicado fuentes de la caja.

Este hecho demuestra, según las mismas fuentes, el "interés" de la entidad de apoyar activamente la financiación empresarial y de las familias. De hecho, a partir de hoy, también estará operativa la línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) Liquidez 2009, que tiene por objeto dotar de capital circulante a autónomos y pymes, que desarrollen proyectos empresariales solventes y viables.

El importe máximo a financiar será de 500.000 euros, aportando ICO el 50 por ciento y Bancaja el 50 por ciento restante. El riesgo de las operaciones también será asumido en un 50 por ciento por el ICO, hasta que el volumen del importe de fallidos llegue al cinco por ciento de su aportación de fondos. El tipo de interés será fijo y referenciado por el ICO, más un diferencial que podrá ser de 1,50, 2,00 ó 2,50. El plazo de amortización será obligatoriamente de tres años, incluidos seis meses de carencia.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos y pymes con menos de 250 trabajadores, y que tengan un volumen de negocio anual que no exceda de 50 millones de euros o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

Bancaja realizó en 2008 más de 4.600 operaciones a través de las líneas de financiación ICO, por un volumen de más de 246,22 millones de euros. Esta cifra la sitúa como una de las entidades financieras españolas más activas de las líneas del ICO.

En 2009, la entidad prevé superar las cifras alcanzadas el año anterior, a través de su adhesión a las siguientes líneas del ICO: Plan de Fomento Empresarial, e ICO Liquidez, Avanza, Transporte, Vivienda, Moratoria Hipotecaria, Moratoria Pymes, Plan Vive y Renove Turismo.

El Banco de España no descarta una intervención en las cajas de ahorros

ZARAGOZA.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió hoy de que "no se puede descartar" una intervención estatal en los bancos y cajas de ahorros españoles, si bien matizó que por el momento "no es necesario".

"Hasta ahora en España no es necesario, pero a la vista de la intensidad de la crisis, no se puede descartar nada", dijo Fernández Ordóñez al término de su intervención en unas jornadas organizadas por la Federación de Usuarios de Cajas de Ahorros.

El gobernador contestaba así a una pregunta de los periodistas sobre si veía factible la posibilidad de una intervención estatal en las cajas de ahorros si la crisis se endurece, a la que Fernández Ordóñez contestó refiriéndose a todas las entidades financieras, no sólo a las cajas, según precisó posteriormente el Banco de España.

El máximo responsable del instituto emisor recalcó que el sistema financiero español es "muy sólido", pero se enfrenta a "problemas importantes" como el aumento de la morosidad y su elevada exposición al sector inmobiliario.

En este escenario, ahondó, es evidente que no asistiremos a un crecimiento del crédito como en años anteriores, lo que afecta a los resultados empresariales, a lo que se añade el mayor coste de la financiación exterior.

"Todo eso debe llevar a las entidades a saber que necesitan reestructurarse, se fusionen o no", dijo el gobernador, para quien, a veces, "es buena una fusión" como fórmula de aunar fuerzas, de reestructurarse.

"Si una fusión mejora la solvencia y la situación financiera, adelante, lo que nos importa es tener un sistema financiero sólido", insistió el gobernador del Banco de España.

En cualquier caso, Fernández Ordóñez, aseguró hoy que "hay que estar contentos" de que los bancos y cajas de ahorros tengan buenos beneficios, porque éstos son la primera linea de defensa de las entidades frente a la crisis.

"Depositantes y usuarios deben estar muy contentos de que las entidades tengan buenos resultados, es satisfactorio", dijo al término de su discurso en unas jornadas organizadas por la Federación de Usuarios de Cajas.

Fernández Ordóñez afirmó que los beneficios de las entidades financieras están cayendo, pero confió en que desciendan "poco", al tiempo que incidió en la necesidad de que se utilicen para afrontar adecuadamente el "oscuro" escenario.

En este sentido, sostuvo que en el reparto de los beneficios las entidades financieras deben tener en cuenta que la crisis "puede ser muy duradera y deben dejar recursos dentro de las instituciones, no como en otros años", por lo que el organismo vigila "estrechamente" las provisiones que realizan las entidades.

Sobre la contracción del crédito, Fernández Ordóñez describió la situación de "círculo vicioso" en la que cae tanto la demanda como la concesión de los mismos en un entorno de contracción del consumo.

"Todo es verdad, que la demanda de créditos cae es evidente, como pone de manifiesto que se compren menos casas y menos coches, pero es verdad que los bancos, en la medida que la morosidad aumenta y la financiación es complicada, tienen una actitud más cuidadosa a la hora de dar créditos", argumentó.

El PPCV creará un reglamento interno de contratación de proveedores

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, anunció hoy que su formación elaborará un reglamento interno de contratación de proveedores para que "situaciones así" no se vuelvan a producir, dijo en relación a la investigación judicial sobre Orange Market.

No obstante, añadió que en las contrataciones realizadas "no ha fallado nada" y apuntó que lo que no quieren es que, por una situación que es "ajena" al PPCV, "ocurran estas cosas".

Preguntado por qué quiere decir con "situaciones así", apuntó que el objetivo de este reglamento es establecer unos requisitos a los proveedores que contraten con el PPCV para la elaboración de actos, que permitan "garantizar que situaciones así --reiteró--" no se repitan.

Costa, que se expresó de esta manera en una rueda de prensa convocada en la sede popular de Valencia al ser preguntado por las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre Orange Market en la denominada operación 'Gürtel', explicó que el encargado de la elaboración de este texto es el vicesecretario general del PPCV, David Serra, junto con los servicios jurídicos de la formación.

En este sentido, afirmó que "el PPCV ha cumplido siempre con sus compromisos de forma escrupulosa" y que sus cuentas son "escrupulosamente limpias, consolidadas con las del PP nacional y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas".

El responsable popular resaltó que en el curso de estas investigaciones "no hay ningún miembro del PP detenido" y que son los populares "los más interesados" en que esta situación se aclare.

Por ello, aseguró que cualquier persona que ponga en tela de juicio o insinúe que existe relación del PPCV con las causas investigadas, "se las verá" con esta formación porque "utilizará todos los medios legales para poner a salvo la imagen del partido y sus cargos públicos".

De esta manera, afirmó que no van a "aportar ni un sólo gramo a una cuestión que está en secreto de sumario", al tiempo que pidió "respeto" y "prudencia" al proceso judicial porque es una causa abierta. Costa añadió que "nada más podemos aportar porque, aunque no lo parezca, esto es una investigación sometida a secreto de sumario".

Sobre la relación del PPCV con Orange Market, Costa señaló que ha sido "exclusivamente" profesional, aunque recordó que desde el pasado viernes "se ha decido prescindir permanentemente de sus servicios.

Inquirido por si además ha mantenido relaciones comerciales con otra de las empresas investigadas, Costa manifestó que su "única relación" fue con Orange Market y reiteró que sobre el proceso y la investigación "no tenemos más que añadir".

Por otro lado, preguntado por si aceptarán en las Corts la tramitación de cuestiones como las planteadas en 2005 por el PSPV sobre los contratos de Orange Market con la Generalitat, que fueron rechazadas por los populares, Costa contestó que el PP "ha estado siempre en la transparencia y en facilitar la máxima información a los grupos parlamentarios".

Otra cosa es que la pregunta "no estaría bien formulada", algo que "le ocurre mucho al PSPV", apostilló.

Propietarios de Sierra Escalona y Sierra de Carrascoy piden al Parlamento Europeo la suspensión de ayudas a Valencia y Murcia

MURCIA.- El asesor jurídico de las asociaciones de propietarios de Sierra Escalona, en Orihuela, y Sierra de Carrascoy, en Murcia, Diego de Ramón, se ha dirigido por escrito al Parlamento Europeo para que se abra una investigación sobre la extensión de zonas protegidas en sitios menos propicios que otros y para saber por qué se han elegido precisamente esas zonas y no otras en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

El letrado de los afectados habla de abusos urbanísticos a sus defendidos, incluso tras la resolución del Parlamento Europeo de junio de 2007, con vulneraciones graves de la propiedad privada en el caso de Sierra Escalona, donde el Consell aumenta la imposibilidad de protección por las servidumbres de paso en el citado parque natural, a la vez que no señala nuevas zonas para ello por los intereses urbanísticos de empresas valencianas que se disputan las zonas ya recalificadas.

En Murcia, el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque regional del Valle-Carrascoy también vulnera, a su juicio, derechos de propiedad al no ajustarse a los límites del LIC (Lugar de Interés Comunitario), encubriendo una expropiación forzosa por fijar una doble protección en algunas zonas, sin justificar con el rigor científico adecuado y sin un mapa debatido con los grupos sociales reconocidos.

En ambos casos, De Ramón constata tala de pinos en terrenos de propiedad privada, que se extienden a terrenos colindantes a la zona protegida para percibir más ayudas europeas sin que se den legitimadoras justificaciones técnicas de rigor al existir ya urbanizaciones con miles de viviendas en el caso de Sierra Escalona.

En su escrito de súplica, el abogado de ambas asociaciones habla de que las víctimas de esta urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales, cuando sólo la Comunidad Valenciana ha recibido ayudas de la Unión Europea por un montante de 5.800 millones de euros desde 1.990, por lo que solicita también que se proteja el valor económico de los propietarios, junto con sus derechos inherentes a la propiedad privada, y su justa compensación.

(Aprovecha para recordar que las autoridades de Valencia y Murcia todavía no han puesto en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por su legislación específica).

Que se paralice todo tipo de extensiones de las zonas declaradas protegidas y las ayudas económicas que tengan que recibir ambas regiones hasta tanto no se verifiquen los extremos expuestos de extensión de la protección sobre lo más fácil pero no comprometiéndose con políticas de protección de nuevos parajes de valor ambiental aunque estén cerca de urbanizaciones.

Tras exponer la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica del derecho de propiedad en España y la falta de aplicación adecuada y coherente de la legislación ambiental, el letrado señala en su escrito al Parlamento Europeo que ambos extremos son la causa de muchos abusos y laxitud en los procedimientos judiciales, que han generado una forma de corrupción endémica, donde el ciudadano europeo es la primera víctima.

Pide también que las autoridades presupuestarias de la Unión Europea congelen o interrumpan los fondos para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud de los tratados y mantenerlos en reserva hasta que estos problemas se resuelvan, incluso pedir la devolución de lo ya recibido para financiar proyectos que no respeten las reglas comunitarias.

Y que se abra una investigación por el Tribunal de Cuentas europeo sobre la fiscalidad de los fondos recibidos sobre temas de la Red Natura 2000 y otros para protección de parques naturales o zonas protegidas medioambientales, requiriendo a las regiones de Valencia y Murcia para que cumplan la resolución del Parlamento Europeo del 21 de junio de 2006.

Concluye el representante legal de ambas asociaciones su petición, sugiriendo que la investigación solicitada debería ser previa a la aprobación de nuevas ayudas y subvenciones a las regiones de Valencia y Murcia mediante una supervisión imparcial de la Dirección General XI de la Comisión Europea y que se señalen nuevas zonas a proteger en distintos sitios de la costa valenciana y murciana, necesitados verdaderamente de esa protección ante la alta tasa de urbanización ya existente.

martes, 10 de febrero de 2009

La Plataforma de Defensa del Transporte convoca a los camioneros a un paro desde el 27 de febrero

MADRID.- La Plataforma en Defensa del Transporte ha convocado a los transportistas de mercancías por carretera a secundar un paro indefinido a partir del próximo 27 de febrero, según informó la organización.

Con esta convocatoria, la plataforma pretende denunciar la situación del sector e instar al Gobierno a abrir una negociación sobre las medidas que proponen para garantizar la subsistencia de sus empresas, que se está viendo agravada por la actual coyuntura de crisis.

La Plataforma en Defensa del Transporte, que ya secundó el paro realizado en el sector en junio de 2008, asegura representar a unas 20.000 empresas y autónomos.

Entre las reivindicaciones de este colectivo destaca la condonación del IVA del ejercicio 2008, permitir una carencia de un año en los créditos del sector y la "inmediata" aplicación de la Ley de la morosidad, fijando el cobro de los servicios de transporte en un plazo máximo de 30 días, con sanciones para los incumplidores.

Asimismo, piden que el Gobierno abra una negociación sobre un paquete con estas y otras medidas que ayuden a las empresas transportistas, por considerar ineficientes las aprobadas tras el paro de junio del pasado año.

La plataforma asegura haber remitido ya escritos al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Economía y Hacienda planteando su convocatoria de paro indefinido a partir del 27 si no se abre antes la referida negociación.

Las compañías de bajo coste europeas transportaron 149,5 millones de pasajeros en 2008, un 15,7% más

MADRID.- Las aerolíneas de bajo coste europeas transportaron el pasado año un total de 149,5 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 15,7% con respecto al ejercicio anterior, y alcanzaron un factor de ocupación del 81,5%, según los datos publicados por la Asociación de Aerolíneas Europeas de Bajo Coste (Elfaa).

En 2008, Ryanair fue la 'low cost' europea que más pasajeros transportó, al registrar 57,7 millones de viajeros y un factor de ocupación del 81,1%. La compañía irlandesa, con una flota de 169 aviones, finalizó el ejercicio con 794 rutas en 148 destinos.

En segundo lugar se situó easyJet con 44,6 millones de pasajeros y un factor de ocupación del 84,6%. La 'low cost' británica terminó el año con 400 rutas en 109 destinos, operadas con una flota de 166 aviones.

En cuanto a España, Clickair alcanzó los 6,3 millones de viajeros y contabilizó un factor de ocupación del 69,9%. La 'low cost' española, con una flota de 24 aviones Airbus A320-200, cerró el año con 43 rutas en 36 países, según los datos de Elfaa.

A nivel global, las 'low cost' europeas contaron con una flota con una edad media de 5,2 años y emplearon a 23.306 trabajadores durante el pasado ejercicio.

"Las últimas estadísticas demuestran que el modelo de negocio del bajo coste es robusto, incluso en tiempos de crisis para la industria aérea", destacó el secretario general de la asociación, John Hanlon.

Hanlon aseguró que las 'low cost' miembro de la asociación seguirán creciendo y manteniendo los altos factores de ocupación, lo que, junto con unas flotas jóvenes, permitirá minimizar el impacto medioambiental de los vuelos.

Elfaa está compuesta por las aerolíneas de bajo coste Clickair, easyJet, flybe, Jet2.com, Myair.com, Norwegian, Ryanair, Sky Europe, Sverige Flyg, transavia.com y Wizz Air.

Zapatero: el "brusco bloqueo" de la liquidez ha "yugulado" la economía

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró anoche que "el brusco bloqueo" de la liquidez es, sin duda, responsable "en buena medida" de que se haya "yugulado" la actividad y de que se haya resentido tanto el empleo, especialmente en algunos sectores muy intensivos en mano de obra.

Durante su séptima comparecencia en el Congreso de los Diputados para hablar de la crisis, Zapatero afirmó que en los últimos años "se han cometido muchos excesos" y que ahora los ciudadanos están pagando "la codicia ilimitada" y la "especulación irresponsable" en la que incurrieron aquellos que se aprovecharon de unos mercados financieros "mal regulados".

Sin embargo, el presidente del Gobierno insistió una vez más en que el sistema financiero español ha resistido "con éxito" al terremoto de septiembre, aunque no ha sido inmune a la caída de la confianza, que ha provocado la restricción de crédito y ha estrechado la liquidez de muchas empresas.

Por este motivo, aseguró que permanecerá "especialmente atento" a la evolución del crédito en España, consciente de que la recuperación económica pasa necesariamente por que éste fluya de las entidades financieras a las familias y las empresas. "Quiero reiterar que el Gobierno ha hecho y hará todo lo que está en su mano para que eso suceda", subrayó.

En este sentido, afirmó que el Ejecutivo impulsará una acción coordinada internacionalmente para evitar el colapso del sistema financiero; que movilizará, a través del ICO, el mayor volumen de recursos de la historia para financiar a las empresas, y que será flexible a la hora de introducir nuevas líneas y modificar las existentes, siempre y cuando ello contribuya al reestablecimiento del canal de crédito.

El jefe del Ejecutivo aseveró una vez más que Gobierno es consciente de que hay que amortiguar los "graves problemas de liquidez y financiación" que hoy viven muchas pequeñas y medianas empresas, y que sabe que la estabilidad de los mercados financieros es una condición "previa e imprescindible" para la reactivación económica.

En este sentido, insistió en que el Ejecutivo, movido por esta convicción, adoptó durante el último trimestre del año las medidas necesarias que consideraba "indispensables" para restaurar la normalidad en las condiciones de acceso al crédito por parte de los ciudadanos.

En concreto, se refirió al Fondo de Adquisición de Activos Financieros y recordó que ha realizado ya cuatro operaciones de compra de activos de la "máxima calidad" por un importe superior a los 19.000 millones de euros, al tiempo que se ha concedido la autorización a 53 entidades de crédito para utilizar, previo pago de la prima correspondiente, la garantía del Estado en las emisiones de deuda que lleven a cabo durante 2009.

Asimismo, destacó que, hasta la fecha, no ha sido necesaria ninguna actuación del Fondo de Garantía de Depósitos ni tampoco se ha juzgado necesario aplicar la medida cautelar de reforzamiento del capital de ninguna entidad española. "No ha habido pues, inyección directa alguna de fondos públicos a ningún banco o caja de ahorros", subrayó.

Por otro lado y ante la preocupación del Gobierno en una situación de demanda muy debilitada y un endurecimiento "claro" de las condiciones de acceso al crédito, recordó que el Ejecutivo ha establecido la mayor movilización de recursos financieros de la historia, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con cerca de 30.000 millones de euros. "Todas las líneas ICO que anuncié en mi comparecencia de finales de noviembre, ya están operativas", aseveró.

No obstante, subrayó que habrá que esperar algunas semanas para apreciar su alcance y efectividad, aunque insistió en que a través de estas líneas ya se han concedido créditos a más de 2.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos por un volumen total de 185 millones de euros.

Zapatero recordó que en la última reunión con los principales responsables del sistema financiero español se abordó el mayor esfuerzo que empresas y familias tienen que hacer para poder financiar sus decisiones de gasto, y que, contando con la colaboración y compromiso de las entidades, el Gobierno decidió impulsar y flexibilizar algunas de estas líneas de apoyo a la financiación para que lleguen con más efectividad a los ciudadanos.

De hecho, el presidente consideró que "todo apunta" a que la nueva línea ICO-Liquidez, destinada a financiar el capital circulante de las pymes, tendrá tanta aceptación que agotará, en pocas semanas, su dotación (10.000 millones de euros).

Además, recordó que el Gobierno ha autorizado el traspaso de fondos desde la línea ICO-Pyme a la línea ICO-Liquidez y ha previsto la ampliación de su importe en el caso de agotamiento de la dotación económica de ambas líneas, al tiempo que ha ampliado el plazo máximo más dilatado de la línea ICO-Moratoria pyme 2009 hasta cinco años, y ha aprobado modificaciones de la línea ICO-Moratoria Hipotecaria para favorecer su eficacia.

Con todo, reiteró que el Estado ha puesto sus recursos, a través del ICO, al servicio de dos objetivos esenciales del Gobierno: favorecer la liquidez y la inversión de las pequeñas y medianas empresas con el fin de que puedan continuar su actividad y, con ello, mantener su nivel de empleo; y facilitar a los parados y autónomos que hayan perdido su negocio el pago de las cuotas hipotecarias.

Los socialistas no valencianos pretenden poner límites de fecha y caudal al Tajo-Segura

MADRID.- Los socialistas, no los murcianos o valencianos, proponen 600 hectómetros 'no trasvasables' y hablan de 2015 como la fecha de 'la extinción del Tajo-Segura' tras agrupar todas sus propuestas en nueve enmiendas, que afectan al preámbulo y nueve títulos del Estatuto de Castilla-La Mancha, y que han presentado en solitario al apreciar que la negociación con el PP estaba bloqueada y que este partido decía cosas diferentes en Castilla-La Mancha y en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.

Al menos, eso recogen las enmiendas presentadas por el grupo socialista a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, propuestas que han sido ya registradas, según el secretario general del grupo parlamentario socialista, Ramón Jáuregui, y el diputado por Toledo Alejandro Alonso.

La sexta enmienda del PSOE pretende modificar la política hidráulica fijada en el texto que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en enero de 2007 y que establece la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Ese planteamiento ha sido suprimido de la disposición transitoria primera del texto y se ha incluido sólo en el preámbulo, sin fuerza normativa y como una voluntad del Parlamento autonómico.

La enmienda socialista plantea que el preámbulo del texto hable de una "progresiva disminución del agua trasvasable y el cumplimiento de los objetivos medioambientales" fijados en la directiva marco del agua de la UE, "cuya eficacia plena habrá de alcanzarse en el año 2015 y que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, conllevaría la extinción del trasvase".

En el preámbulo y en el articulado se recoge otro de los aspectos clave de la propuesta: que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo plantee "la disminución progresiva de los caudales trasvasables y el aumento de las reservas no trasvasables para atender las necesidades de la propia cuenca que los poderes públicos de Castilla-La Mancha han estimado en 600 hectómetros cúbicos".

La enmienda del PSOE propone que la Junta de Comunidades tenga que ser informada con carácter previo ante cualquier trasvase o cesión de agua que afecte a las cuencas de la comunidad, a fin de que emita preceptivamente un informe, que requeriría respuesta motivada.

Recoge también la participación de Castilla-La Mancha en el proceso de planificación hidrológica de las cuencas que afecten a su territorio y en los órganos de dirección de las cuencas hidrográficas intercomunitarias que le afectan.

Tras presentar las enmiendas, Jaúregui ha explicado que, en materia de agua, el PSOE ha tratado de respetar el texto, que combina "cierta fidelidad" al espíritu de lo propuesto por las Cortes de Castilla-La Mancha con un principio fundamental: que sólo el Estado puede decidir sobre la planificación del agua y determinar qué es trasvasable o no, o cuándo se trasvasa.

Detenido en Valencia el presidente de 'Orange Market'

MADRID.- El presidente de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, fue detenido anoche en Valencia por orden del juez Baltasar Garzón en el marco de la denominada operación Gürtel contra una trama de corrupción presuntamente dirigida por el empresario Francisco Correa, según informa la Cadena Ser.

El arrestado era trasladado a última hora de la noche hasta Madrid, donde está previsto que declare ante el juez en las próximas horas.

La detención de Álvaro Pérez se produjo después de que fuera registrada la sede de Orange Market en Valencia y se obtuvieran numerosos contratos del PP valenciano y de la Comunidad Valenciana, entre ellos los stand de Fitur.

El actual consejo de Orange Market lo constituyen Alvaro Pérez Alonso (en el centro de la imagen) como presidente; Cándido Herrero Martínez como consejero delegado y José Ramón Blanco Balín, como consejero. No obstante, entre sus accionistas aparece Pablo Crespo Sabarís, detenido en el marco de esta misma operación.

Esta empresa fue constituida el 24 de julio de 2003 con un capital de 3.006 euros, divididos en 3.006 acciones de un euro cada una, que se repartió entre Luis de Miguel Pérez y el ahora detenido Pablo Crespo Sarabis. El primero se quedó con 3.005 acciones y el último pagó un euro por una acción.

El socio de Pablo Crespo en Orange Market, Luis de Miguel Pérez, coincide con este en otras sociedades de las que es administrador y que también están siendo investigadas, como Special Events, Easy Concepts y Pasadena Viajes.

La consejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Angélica Such, aseguró este lunes que la empresa Orange Market fue la que obtuvo la puntuación más alta --20 sobre 20-- en el concurso público convocado por la Generalitat para el diseño, montaje y desmontaje del stand en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), aunque reconoció que la oferta presentada por esta empresa era la más cara. En este caso, el 50% en los criterios de elección respondía a la oferta económica.

Según explicó, los baremos para la elección de los proyectos de el diseño, montaje y desmontaje del stand en las ediciones de Fitur desde 2005 a 2009 son, según informó la consellera: creatividad, estética y funcionalidad del diseño principal y adaptabilidad a otras ferias, 30%; creación de un elemento unificador de las distintas marcas turísticas de la Comunidad en el pabellón, 15%; criterio de mejoras, 5% y el 50% el precio de la oferta.

En este caso, la propuesta de Orange Market era la más cara con 789.500 euros, frente a los 779.320, 713.500, 776.150, y 706.400 euros que ofrecieron el resto de empresas --que fueron cinco--.

La consejera subrayó que la propuesta de Orange Market destacaba por una "buenísima creatividad", el diseño, porque lograba conectar la campaña de la Consejería 'Te doy Todo' con la idea actual de llevar la oferta turística "lo más segmentada posible" y, porque la capacidad de adaptación de los stands "era el mejor" para las distintas ferias en las que se iba a presentar.

Asimismo, preguntada por la composición de la Mesa de Contratación, Such afirmó que trasladará la información "que haga falta" pero, subrayó que "aquí no estamos bajo sospecha de nada" porque el expediente "ha sido perfectamente tramitado". Además, añadió que Orange Market es "una de las más de 40 empresas que hemos adjudicado" proyectos a lo largo de 2008.

Por otro lado, preguntada por si el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, ejerció de interlocutor de la empresa con la consejería, Such contestó: "supongo que sí" aunque, dependería del tipo de reunión y el área de trabajo a tratar. Sobre Francisco Correa y Pablo Crespo, detenidos en la operación, aseguró no conocerles.

El Montgó acoge más de 650 especies de flora, de las que 117 son raras o están en peligro de extinción

ALICANTE.- El Parque Natural del Montgó, de 21.000 hectáreas de superficie, alberga más de 650 especies de flora, de las cuales 117 se consideran endémicas, raras o en peligro de extinción. La abundancia de endemismos indica una elevada biodiversidad, según un estudio sobre vegetación autóctona en el Montgó elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente.

En el área de influencia del parque existen hasta 900 especies vegetales en acantilados litorales, vegetación rupícola, plantas de pedregales, praderas, maquia y bosque, matorrales, cultivos y barrancos, según informó en un comunicado la Generalitat, con datos del estudio.

La investigación también señala las plantas autóctonas, representativas de hábitats del Montgó, que pueden emplearse en jardines, en concreto, plantas de acantilados litorales con vegetación rupícola, como la amapola dorada y el enebro; umbría con maquia y bosque, como es el caso del madroño, fresno de flor, el escaramujo o el laurel; solana, matorral y praderas, como el palmito, la arrasca, el tomillo, la alhucemilla, el cardo de peña, el lino azul, la abejera y el barrerte. También pueden emplearse plantas de barrancos y ribazos, como el calamento o el mirto, o de cultivos, tales como viñas, olivos, algarrobos y almendros.

Respecto a las plantas invasoras más importantes en el Parque Natural del Montgó, el estudio asegura que son la pitera y la chumbera, procedentes de zonas de clima mediterráneo y semi-desértico en América del Norte. El peligro radica en que estas especies se extiendan a zonas rocosas y acantilados del Montgó, donde se hallan las especies autóctonas más sensibles.

Tradicionalmente, la chumbera y la pitera se han plantado en las casas de campo cercanas a los pueblos del parque natural. De las chumberas, se aprovechaban los frutos para la alimentación y de la pitera, la fibra para la elaboración de cuerdas. Con el tiempo, la plantación se ha extendido a los jardines privados, con el riesgo de que las semillas se dispersen y lleguen a rocas y acantilados.

La mayoría de las viviendas de las zonas limítrofes con el parque natural del Montgó disponen de jardines privados más o menos grandes. En muchos de estos jardines se utilizan especies alóctonas que pueden llegar a invadir ecosistemas naturales, y competir con flora autóctona de gran valor ecológico, lo que implicaría una amenaza para la biodiversidad del parque, según la investigación llevada a cabo por Medio Ambiente.

En la actualidad, la Conselleria de Medio Ambiente está realizando una cartografía para localizar las zonas del Montó con mayor presencia de chumberas y piteras para, posteriormente, desarrollar un plan de actuación.

Asimismo, este departamento está llevando a cabo el programa 'Jardines autóctonos, jardines vivos' que tiene como objetivos implicar a la población local en la conservación y mejora del medio, reproducir hábitats autóctonos en zonas de alta presión humana y disminuir el riesgo de pérdida de biodiversidad en el parque natural y su área de influencia.

Para cumplir estos objetivos, se están realizando actividades de educación ambiental dirigidas a escolares, conferencias de sensibilización a dueños de jardines, viveristas y técnicos de ayuntamientos, así como cursos de formación profesional.

El presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Segura para 2009 ascenderá a 73,8 millones de euros

MURCIA.- El presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para 2009 ascenderá a 73,8 millones de euros, de los que 41,3 millones serán para inversiones con fondos propios (con un incremento del 1,4 por ciento respecto a 2008) que se triplicarán mediante inversiones financiadas con fondos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, según informaron fuentes de la CHS en un comunicado.

En el año 2008, las inversiones ejecutadas con fondos propios alcanzaron los 38 millones de euros, con un nivel de ejecución del 93 por ciento -más del doble del habitual entre 2002 y 2004-. A dicha inversión se añadió la realizada con fondos de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que ascendió a 88,2 millones de euros, un total de 126, 2 millones de euros.

De este modo, esta inversión gestionada directamente por la CHS es independiente de las que el Gobierno de España llevó a cabo a través de otros organismos y sociedades estatales, tales como la Mancomunidad de Canales del Taibilla, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (Seiasa), Aguas de la Cuenca del Segura (AcuaSegura) o Aguas de las Cuencas Mediterráneas (AcuaMed).

Y es que, la CHS ejecutó la totalidad del Programa FEDER de la Unión Europea para el Periodo 2000-2006. En concreto, el organismo de cuenca realizó obras por valor de 58,4 millones de euros. Asimismo, la Confederación, dado que ha ejecutado más del cien por cien de las actuaciones previstas, solicitó formalmente un incremento de ayudas (en total 1,9 millones de euros), que permitiría absorber ayudas que no puedan ser asumidas por otros organismos.

El Programa FEDER-CHS 2000-2006 estaba compuesto por 62 actuaciones en total, encuadradas en el eje 3, medida 6, de los Programas Operativos Integrados (POI's) de la Región de Murcia (31 actuaciones), Comunidad Valenciana (16 actuaciones), Castilla-La Mancha (dos actuaciones) y Andalucía (una actuación). Y del eje tres, medida dos, en el caso del POI Región de Murcia (12 actuaciones).