Camps se expresó así en la sesión de control al Consell con motivo de las pregunta formulada el PSPV sobre si puede garantizar que se aplica correctamente la normativa en materia de contratación y donde Compromís se refirió a la 'operación Gürtel' que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se investiga a la empresa Orange Market, a la que la Generalitat ha adjudicado stands de Fitur.
"Garantizo -contestó Camps-- que el funcionamiento de la Administración autonómica es correcto"; "garantizo que está fiscalizado por todas las instancias que corresponde y las fiscalizaciones son correctas" "y garantizo que los más de 100.000 funcionarios" de la Generalitat son "trabajadores excepcionales". "Confío en todos los procesos de subasta y contratos que se hacen por concurso por la Generalitat", manifestó.
Frente a esto, el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, señaló que, con motivo de la investigación judicial sobre Orange Market, Camps está, a partir de ahora, ante una "disyuntiva: sospecha o transparencia". Pero, "hasta ahora -Camps- no ha estado por la transparencia sino más bien por la opacidad", lo que genera "sospechas", apuntó. Por ello, le preguntó si ahora "va a ser capaz de estar, si se atreve, con la transparencia y a responder las preguntas que hasta ahora no han contestado".
Luna, en este sentido, anunció que el próximo lunes a las 12.00 horas se presentará, junto con el diputado socialista José Camarasa, en la puerta de la sede de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, para que les enseñen los papeles que, según dijo, les han estado "ocultando hasta ahora".
El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, señaló --durante una 'question time-- que serán recibidos pero que deberán "ajustarse al Reglamento" de las Corts que establece unas garantías para la oposición y para el Gobierno. Asimismo, hizo hincapié en la honorabilidad del Consell.
El síndic socialista añadió que para que las "proclamas de honorabilidad ofendida tengan credibilidad hace falta abrir las puertas y las ventanas" porque el que "oculta y genera la deuda", luego "no puede quejarse de que los demás sospechen" o piensen que "algo están haciendo mal" o que "están favoreciendo a una 'colla' de amigos" a los que la Audiencia Nacional "está poniendo en su sitio".
Por otro lado, Luna expresó que además de "sospechas" tiene "certezas" de que la Generalitat "sistemáticamente oculta información" en las Corts; "hace más gasto e invierte menos que ninguna otra comunidad"; la deuda está en el "doble de la media por habitante de las comunidades españolas", "están impotentes frente a la crisis porque no tienen dinero", porque están "en bancarrota".
Al respecto, se preguntó si hay "relación de causalidad" entre las cuestiones a las que no han recibido respuesta y la "certeza de que están endeudados hasta las cejas", acaso "ocultan algo que tiene que ver con el despilfarro", se preguntó Luna, quien advirtió de que "no quieren que los demás veamos lo que tiene debajo, pero lo tienen y le va a estallar pronto en las manos. Lo va a pagar".
La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, que también exigió "transparencia" al Consell, advirtió a Camps de que el Consell tiene "problemas con la Justicia y el problema amenaza con llegar a todas las Consellerias" y apuntó que la transparencia "es una aliada de los Gobiernos".
Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, insistió en pedir que la Generalitat deposite en las Corts los contratos y facturas derivados de las relaciones comerciales con Orange Market.
Ante los preguntas de los socialistas por los contratos y valoraciones de adjudicación de Orange Market para diseñar y montar el stand de la Comunitat en Fitur, Camps recurrió al "derecho comparado" para resaltar los puntos positivos de la acción de la Generalitat frente a otras administraciones como la andaluza o la central.
Además, aseguró que es "público y notorio todo lo que hace la Generalitat", se "fiscaliza cada euro", "no se hace nada por capricho" sino a favor del "interés general", al tiempo que reclamó que "quien la haga que la pague" y, de momento en España "quienes pagan por corrupción son los socialistas", apostilló. Igualmente, afirmó que el año pasado se produjeron cerca de 2.000 licitaciones con sólo 150 impugnaciones.
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